sábado, 19 de septiembre de 2015

MULTIHOMICIDIO EN LA NARVARTE: EL PAQUETE NEGRO Y EL SOBRE AMARILLO


Unas videograbaciones –obtenidas de cámaras ajenas al sistema de seguridad de la Ciudad de México– fueron hechas llegar a la fiscalía que investiga el multihomicidio de la colonia Narvarte. En ellas se observa a los presuntos asesinos sacar del Mustang, en el cual huyeron de Luz Saviñón, un paquete negro y un sobre amarillo (y sólo eso), que entregaron a personas que los esperaban en una camioneta y con quienes se alejaron del lugar. Cada vez se sostiene menos la hipótesis del robo como móvil de la matanza de cuatro mujeres y del fotoperiodista Rubén Espinosa.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el expediente del caso Narvarte, ya de 10 tomos, hay indicios sólidos de que los tres presuntos homicidas ya detenidos –el último de ellos, César Omar Martínez Zendejas, el viernes 11– contaron con la complicidad de al menos tres personas más, dos de los cuales recibieron de los victimarios un paquete negro y un sobre amarillo tres horas después del crimen, lo que echa por tierra el móvil del robo que pretende construir la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Con las cámaras de vigilancia del C-4, y algunas particulares, agentes de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio armaron los fotogramas del Mustang rojo, propiedad de Milena Virginia Martín, y de una camioneta Suburban oscura en la que se trasladaban los presuntos copartícipes, desde el momento de la huida hasta el intercambio.

Esto fue lo que vieron las cámaras de seguridad de la policía capitalina: A las 15:03 horas uno de los implicados salió del edificio de Luz Saviñón y subió al Mustang. Arrancó y dio vuelta a la derecha en la calle Zempoala. A las 15:11 ingresó a Cumbres de Acultzingo y Doctor José María Vértiz. Después tomó avenida Universidad hasta el Eje Central. A las 15:27 viró en Obrero Mundial hasta llegar a la calzada de Tlalpan, donde enfiló rumbo al sur.

De acuerdo con el seguimiento, el auto circuló sobre esa vialidad hasta el cruce con Río Churubusco. Según la declaración ministerial de Abraham Torres Tranquilino (otro de los detenidos), en el Mustang iban él y Martínez Zendejas. Sin embargo en las periciales dactiloscópicas tomadas al vehículo no aparecen las huellas del primero, el expolicía capitalino.

Fue en ese intervalo, dijo Torres, cuando agentes de tránsito los detuvieron a la altura de la estación Xola del Metro, presuntamente porque Omar, el conductor, no usaba el cinturón de seguridad.

El expolicía dijo que fue él quien se bajó del auto para “arreglarse” con los uniformados, pues Omar se puso “muy nervioso” porque traía la pistola con la que disparó a las víctimas y sus zapatos estaban manchados de sangre.

De acuerdo con su declaración, el auto siguió hasta el estacionamiento de un hotel ubicado en esa vialidad, donde lo alcanzaron los dos ocupantes del Stratus que –aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina no lo detectó en el seguimiento de las cámaras– sirvió de “muro” desde que salieron rumbo al departamento.

A las 15:50 horas las cámaras de la SSP ubicaron al Mustang en la calzada de Tlalpan y Río Churubusco –en un lugar que no especificaron– y “ahí permanece el auto hasta las 18:51 horas”, según el seguimiento de la policía capitalina.

Torres Tranquilino dijo que él, Daniel Pacheco Gutiérrez y Martínez Zendejas llegaron al departamento de Luz Saviñón en una camioneta Suburban, propiedad de Daniel, quien solía guardar en ella armas largas porque, según su dicho, éste y Omar eran miembros del grupo delincuencial Los Zetas.

El seguimiento a la Suburban muestra que tras perpetrarse el crimen fue atrás del Mustang hasta llegar al Eje 4 Xola. Ahí la camioneta continuó hasta el Eje Central, dio vuelta en Xola y cruzó Tlalpan. A las 15:20 horas fue ubicada circulando en la avenida Napoleón, esquina con Sucre, en la colonia Moderna.

De esa hora, el reporte de la policía capitalina se salta hasta las 18:34 horas, cuando localizó a la misma camioneta en la calzada de Tlalpan, a la altura de Obrero Mundial. Los ojos de la policía la siguieron por toda la vialidad primaria hasta el Eje 8, a donde llegó a las 18:43.

Según las cámaras de la SSP, el Mustang y la Suburban se reunieron en la calzada de Tlalpan a la altura de la calle 20 de Agosto (cerca de la estación General Anaya) a las 18:50 horas. De ahí siguieron juntas hasta el trébol de la avenida Taxqueña, por donde continuaron hacia el oriente, hasta la esquina de Paseo de los Abetos, colonia Paseos de Taxqueña, a las 19:02.

En ese punto el Mustang dio vuelta a la izquierda y la Suburban se enfiló por Paseo de los Jardines hasta su cruce con la avenida Escuela Naval Militar. En ese lugar y hora termina el seguimiento de la SSP en poder de la PGJDF.

Las videograbaciones particulares aportan un elemento fundamental a la investigación: una transacción entre los presuntos homicidas y sus cómplices.

LA ENTREGA

El pasado 5 de agosto uno de los investigadores del caso, identificado como “comandante en jefe” Alejandro Valencia Velásquez, entregó a la Fiscalía Central de Homicidios una “memoria USB de color rosa con negro con el número 1303786038 G04G” en “buen estado”. Según declaró en el acta de “Procesamiento de los indicios” de la investigación FBJ/BJ-1/T2/4379/156-07, el funcionario la recibió de un sujeto al que no identificó en calles de la delegación Coyoacán.

La memoria contenía siete videos tomados de cuatro cámaras diferentes, identificadas con los números 2, 3, 7 y 9. Los fotogramas impresos y contenidos en el Tomo VII de la investigación muestran que a las 19:07 horas del 31 de julio, el Mustang llegó a la calle Paseo de los Abetos.

A bordo del auto iban dos personas. Del lado del copiloto bajó un hombre vestido con pantalón de mezclilla y sudadera verde. Se dirigió a una camioneta oscura estacionada del otro lado del camellón. Cruzó algunas palabras con sus tripulantes y regresó al Mustang.

Enseguida, dos personas bajaron de la camioneta y se aproximaron a la cajuela del auto. El primero la abrió, sin guantes. En ese momento se acercó un tercer sujeto que vestía playera clara y pantalón oscuro.

Uno de los hombres que bajó de la camioneta sacó de la misma cajuela del Mustang un bulto negro, pequeño. El hombre de sudadera verde le entregó un sobre amarillo que momentos antes había sacado por la ventanilla del lado del conductor del mismo vehículo.

Hecha la doble entrega, el conductor cerró la cajuela. Luego todos subieron a la camioneta y se retiraron a las 19:11 horas.

El Mustang quedó abandonado, tal como lo encontró la PGJDF el 4 de agosto.

Con base en estas evidencias, los abogados coadyuvantes solicitaron oficialmente a la PGJDF que les permita ver los videos originales y que se realice un peritaje en antropometría y fisonomía para determinar las características y rasgos de los hombres que aparecen en estos videos.

También piden que se llame a declarar nuevamente a Pacheco y Torres para que hablen de sus cómplices y del destino final de la camioneta usada para realizar el intercambio.

Según el peritaje dactiloscópico, se encontraron 11 fragmentos de huellas útiles en el Mustang –seis en las ventanas y el espejo “de vanidad”– y en el departamento. No obstante, la confronta con las huellas de Torres y Pacheco no arrojaron ­coincidencias.
PREGUNTAS SOBRE MILENA

Desde el pasado 2 de agosto el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, mencionó el robo como línea de investigación del multihomicidio. Y aunque ninguna autoridad de la PGJDF ha informado qué robaron los asesinos, las filtraciones de información se concentran en Milena Virginia Martín, la única extranjera entre las víctimas, como objetivo del crimen.

Más: en sus declaraciones ministeriales, Pacheco Gutiérrez y Torres Tranquilino aseguran que ella se dedicaba a la prostitución y tenía en su poder un cargamento de cocaína que había recogido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El expolicía aseguró que la conoció el año pasado en el bar Life, de la colonia Condesa, y que incluso la cuidó cuando convalecía de unas cirugías estéticas. El día del multihomicidio, dijo, él fue quien llamó a la puerta del departamento, habló con Milena para que les facilitara la entrada. Hasta se filtraron fotografías donde supuestamente aparecen juntos en una fiesta.

Sin embargo, en los 10 tomos del expediente no hay evidencia de que la PGJDF haya hecho esfuerzo alguno por comprobar los dichos de los detenidos.

El jueves 10, Karla Micheel Salas, David Peña y Leopoldo Maldonado, abogados coadyuvantes de la familia de las víctimas Nadia Pérez y Rubén Espinosa, ingresaron a la PGJDF un escrito dirigido a José Francisco Coronilla Argueta, titular de la Unidad de Investigación 21 Bis de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, con una lista de 53 preguntas y observaciones de la investigación.

En el documento, cuya copia tiene Proceso, al menos 10 puntos se refieren a Milena. Los abogados preguntan si la PGJDF ya se entrevistó con quienes compartieron departamento con la colombiana antes de que se mudara a Luz Saviñón, así como con su anterior arrendadora; si ya habló con los vecinos de ese otro lugar y si éstos identifican a Alejandra Negrete como trabajadora doméstica.

Cuestionan si la Policía Cibernética ya revisó el correo electrónico de la colombiana, que ella proporcionó a las autoridades ministeriales en la carpeta de investigación CI-FBJ/BJ-4/U1-2C/D/01901/07-2015, cuando interpuso una demanda por despojo contra su antigua casera, y si ésta ya fue llamada a declarar.

Sobre el Mustang, que presuntamente era de Milena, los abogados preguntan si las autoridades ya investigaron al anterior dueño, a quien supuestamente la mujer le quedó a deber 50 mil pesos.

La coadyuvancia pregunta a la PGJDF si tiene información de cómo Milena conoció a Alejandra y desde cuándo la segunda trabajaba para la primera, así como si ha identificado a amistades y conocidos de la colombiana que pudieran aportar información sobre sus actividades.

En este sentido también cuestiona si las autoridades capitalinas ya solicitaron información al Registro Público de la Propiedad, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la empresa MS Model Management S. A. de C. V., donde Milena trabajó como modelo.

Por último, y a propósito de las acusaciones sobre su presunta participación en actividades de narcotráfico –basadas únicamente en las declaraciones de los dos detenidos, que son contradictorias entre sí– los abogados demandan a la PGJDF saber si ya solicitaron información al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y al Instituto Nacional de Migración sobre esas acusaciones.

“Todas estas preguntas se las tuvimos que hacer a la procuraduría de manera oficial, porque en ninguno de los tomos del expediente encontramos información al respecto. No saben nada de Mile y la han pintado como una narcotraficante y una persona horrible. Todo eso se desprende de la declaración de dos sujetos, cuyos hechos son poco creíbles y no tienen sustento de nada. No hay nada sobre la vida de Mile en México”, explica Salas.

Sigue: “Si la línea de investigación de la procuraduría es Mile y su relación con los supuestos responsables, deberían investigar sobre eso; pero no hay nada en el expediente que confirme que se conocían y tenían una relación de lo que fuera. Puede ser cierto, pero no lo han podido ­comprobar”.

Por si no fuera suficiente el enredo, el lunes 7 los abogados coadyuvantes, así como representantes de la Clínica contra la Trata de Personas que acompaña las ­reuniones semanales con autoridades de la PGJDF, solicitaron a ésta la oportunidad de que un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuviera presente en el encuentro del jueves 10 con los encargados del caso, como testigo del avance de las investigaciones.

Sin embargo, según Peña, “nos negaron el acceso de este personal para que no vieran las inconsistencias y falta de transparencia que manejan las autoridades de la procuraduría”.

El viernes 11, la PGJDF dio a conocer la captura de Martínez Zendejas, de 32 años, en la delegación Coyoacán, la zona de influencia de los tres presuntos asesinos de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro y Milena Virginia Martín.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/SARA PANTOJA/ 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

PASTA DE CONCHOS: OTRO FRACASO DE MURILLO KARAM


MÉXICO, D.F. (apro).- “Es una decisión presidencial”, dijo a los deudos un solemne Jesús Murillo Karam sobre el rescate de los cuerpos de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. Era el 4 de julio de 2013 y el gobierno de Enrique Peña Nieto se estrenaba con promesas de cambio en la política de seguridad y derechos humanos.

Peña Nieto había promulgado la Ley de Víctimas superando el estancamiento que venía del sexenio de Felipe Calderón; Murillo anunciaba la eliminación del arraigo y un nuevo mecanismo de búsqueda de desaparecidos, para lo cual se nombró subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, al veterano panista Ricardo García Cervantes.

Esperanzados en el nuevo discurso, a la cita con Murillo y García Cervantes acudieron Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz; Trinidad Cantú, madre del trabajador Raúl Villasana; además, estaba la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach; el sacerdote Carlos Rodríguez, así como los abogados Manuel Fuentes Muñiz y Rodrigo Olvera Briseño.

A tres años de distancia, la “decisión presidencial” fracasó. Las causas que produjeron la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos seguirán siendo una incógnita. El compromiso para el esclarecimiento quedó en un carpetazo por prescripción de delitos que dejan en la impunidad a quienes tuvieron responsabilidad en la tragedia minera de 2006.

Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para continuar con la indagatoria abierta el 13 noviembre de 2013, luego de que la serie de acciones previas del gobierno de Coahuila, del sindicato minero, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de otras instancias gubernamentales, junto con las trabas que pusieron jueces federales, resultó en que la denuncia por desaparición con la que se intentó abordar el caso no podía desahogarse. La incompetencia se declaró el pasado 1 de septiembre.

Para determinar que no podía investigarse en la mina siniestrada, la PGR y la justicia federal dieron por válido un peritaje realizado por Daniel Wooton, un supuesto perito estadunidense contratado por la empresa propietaria de la mina, y por lo tanto no independiente, cuya conclusión fue legitimada por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila en 2007.

La madrugada del 19 de febrero de 2006, un siniestro provocó que 65 trabajadores carboneros quedaran atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, una subsidiaria del Grupo México, el emporio ferro-minero de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más acaudalado del país.

En los días que siguieron al accidente, Grupo México informó que, debido a las altas temperaturas generadas por una explosión, no había posibilidades de que los trabajadores estuvieran con vida, e inclusive Protección Civil y la Secretaría de Salud del estado aseguraron que era imposible encontrar restos, si acaso habría cenizas, con una explicación similar a la que se dio en la “verdad histórica” por el caso Ayotzinapa y la incineración en el basurero de Cocula.

No obstante, la empresa se comprometió a sacar los restos humanos de la mina para darles sepultura, sin que la PGR ni las autoridades de Coahuila asumieran la investigación en el lugar de los hechos, esto es, la escena del crimen quedó a cargo de los posibles perpetradores. Durante el tiempo que duró el “rescate”, sólo dos cuerpos fueron localizados. Las necropsias revelaron que no murieron calcinados, como decían la empresa y el gobierno, sino por asfixia. Entonces, todo se encaminó en los meses siguientes a cerrar la estructura y a impedir por todos los medios que alguien la investigara.

En marzo de 2007, Grupo México anunció la suspensión de los trabajos con base en un estudio conocido como “Informe Wooton” –llamado así por el mencionado estadunidense–, que entre otros aspectos decía que si continuaban, podían desatarse epidemias regionales de salmonela, sida y tuberculosis.

Los deudos de los mineros y defensores de derechos humanos que los apoyaban, consideraron que esa justificación era absurda, luego de consultar a científicos que descalificaron ese tipo de contagios. No obstante, la STPS dio por buena la información. Por la presión de los deudos, se instruyó un nuevo estudio del Foro Científico y Tecnológico, que el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, interpretó a modo para evitar a toda costa que hubiera trabajos en el lugar, cancelando así la posibilidad de recuperar los restos humanos y resolver lo que originó el siniestro durante todo el sexenio de Felipe Calderón.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015)


DETIENEN A UNO DE LOS SECUESTRADORES MÁS BUSCADOS DEL EDOMEX


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Uno de los nueve secuestradores más buscados del Estado de México fue detenido durante un operativo en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Las autoridades mexiquenses ofrecían una recompensa de 50 mil pesos a quien diera informes que ayudaran a la detención de Erick Noé Huitrón García.

La captura fue reportada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de su cuenta de Twitter.

“@MichoacanPGJ captura en #Zitácuaro a probable responsable secuestro y homicidio”, informó la corporación.

Huitrón García forma parte de una lista de nueve presuntos plagiarios que fueron exhibidos en carteles de recompensa en abril de este año por las autoridades del Estado de México.

Entre ellos están Jacob Sánchez Palomares, Rosendo Enrique Tapia, Jorge Bárcenas Delgado, Eduardo Iturbe Álvarez, Bárbara Itzel Vargas Castro, Hugo Ernesto Fonseca, Oswaldo Torres Macedo, Isidro Antonio Tinoco.

Con la captura de Huitrón suman ya cuatro detenciones de las nueve que incluye la lista, pues Vargas Castro, Torres Macedo y Tinoco ya fueron aprehendidos.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

PROHÍBEN EN JUÁREZ LOS NARCOCORRIDOS; MULTARÁN HASTA CON 350 MIL PESOS


CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El Cabildo de Juárez prohibió ayer por unanimidad que artistas y grupos musicales canten narcocorridos en espectáculos públicos.

Los regidores aprobaron una modificación al reglamento de espectáculos para prohibir que se interprete ese género musical.

Además exhortaron a los promotores de artistas que se presentarán en la feria Fiesta Juárez, que impidan ese tipo de espectáculos, para evitar sanciones.

La iniciativa fue presentada por el alcalde Enrique Serrano Escobar, quien aseguró que los empresarios se comprometieron a evitar la interpretación de canciones que hacen apología del delito.

La regidora del PVEM y coordinadora de la Comisión de Gobernación, Marcela Liliana Luna Reyes, leyó la iniciativa en la que justifican que no se trata de una violación contra la libertad de expresión porque el ayuntamiento está facultado para regular los espectáculos masivos, ya que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se indica que hay límites en espectáculos.

La reforma aprobada al Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Juárez, establece la protección de niños y jóvenes.

La iniciativa fue avalada antes de que se realice la Fiesta Juárez, luego de que el alcalde Serrano indicó que acordó con el gobierno estatal que se modificaría el reglamento.

La sanción para quienes violen la legislación va de 200 a 5 mil días de salario mínimo general vigente en el municipio de Juárez, equivalente a 14 mil y hasta 350 mil 500 pesos.

También contempla la clausura temporal o definitiva y cancelación de la licencia del establecimiento.


(PROCESO/ SEGUIR A @PMAYORGA_O PATRICIA MAYORGA/ 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

YO LOS MANDÉ QUEMAR: ‘EL GIL’


Ciudad de México.- Detener, levantar, ejecutar e incinerar a los normalistas “para no dejar rastro alguno”, fue la orden, asegura Gildardo López Astudillo, El Gil, quien fue detenido el jueves pasado, nombrándose así, presunto autor material de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto mediante su declaración durante 12 horas ante el Ministerio Público.

La detención de El Gil, se suma a una serie de hechos que el gobierno, en menos de dos semanas ha venido dando a conocer, lo cual sucede inmediatamente después que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregara su más reciente informe, donde a lo largo de 560 páginas otorga pruebas científicas y testimoniales que desmienten la ‘versión histórica’ de la PGR, y a su vez abre nuevas líneas de investigación donde se cuestiona la omisión de la dependencia por ‘omitir’ datos en la averiguación realizada por el gobierno, a ello se suma el aparente descubrimiento de otro cuerpo de uno de los normalistas, de nombre Jhosivani Guerrero de la Cruz, información que los forenses argentinos descartaron, en la cual se agregó que a ellos no les consta que las piezas analizadas provengan del sitio que indica la PGR, debido a que ellos no presenciaron los hechos.

Después de la rapidez con que la PGR ha venido presentando distintos datos que de igual manera han surgido en torno a la desaparición de los 43 normalistas, se asegura que el gobierno pretende aclarar por completo cómo ocurrió la muerte y posterior extinción de los jóvenes, lo cual podría dejar de lado el trabajo del GIEI, ya que basado en tan sólo algunos elementos ya se dan por un hecho los decesos.

La captura de Astudillo se dio según elementos de las Fuerzas Federales, después de haberlo ubicado días antes y el miércoles dieron paso a un amplio operativo para la captura de uno de los dirigentes de la organización criminal “Guerreros Unidos”. El detenido es considerado por las autoridades como la pieza que faltaba para completar la participación de Guerreros Unidos en el caso.

Vecinos del lugar afirmaron que este miércoles se dio una movilización inusual por parte de elementos federales; después del gran despliegue policiaco, el sitio está sin vigilancia policiaca. Tras la captura de Gildardo López Astudillo, las autoridades no se presentaron a las oficinas del Ayuntamiento de Taxco que se encuentran semivacías y con poca presencia de personal.

Según fuentes de la SEIDO, López reveló que nueve presidentes municipales apoyan y protegen a la organización criminalGuerreros Unidos a cambio de recursos económicos y utilizan patrullas, armas, uniformes y la radiofrecuencia policial para realizar retenes”. López fue trasladado ayer al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.

PROTEGEN 9 ALCALDES A “GUERREROS UNIDOS”

Gildardo López Astudillo, El cabo Gil, es el autor material del levantamiento, ejecución e incineración de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de acuerdo con las declaraciones que rindió por más de 12 horas ante el Ministerito Público de la Federación.

Tras largas horas de interrogatorio, El Gil también dio a conocer el nombre de nueve presidentes municipales que apoyan y protegen a Guerreros Unidos a cambio de recursos económicos.

Las declaraciones de López Astudillo describen el apoyo a los líderes de la organización criminal, como la “utilización de patrullas, armas, uniformes y la radiofrecuencia policial para realizar retenes para el secuestro”.

El segundo al mando de la organización criminal aceptó haber dado la orden de asesinar a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, además de incinerarlos para evitar que fueran reconocidos.

Será en los próximos días cuando la Procuraduría General de la República solicite a un juez federal las órdenes de presentación en contra de nueve alcaldes (no se revelaron nombres ni municipios para no entorpecer las investigaciones) para que rindan su declaración sobre las acusaciones realizadas por López Astudillo en su contra.

De acuerdo con las diligencias que realiza la SEIDO, algunos municipios de Guerrero, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal tienen presencia de la organización criminal, motivo por el cual paralelamente se investiga la probable participación de autoridades de estas localidades en la protección a Guerreros Unidos.

DEFENDÍAN “SU” TERRITORIO

Astudillo asegura que recibió la orden de proteger su territorio al confundir a los jóvenes con miembros de los Rojos, un grupo delincuencial, en octubre pasado, Sidronio Casarrubias el primero al mando de Guerreros Unidos, dijo que él no ordenó matar y desaparecer a los normalistas, y que sólo fue informado. Aunque Fernando Rodríguez, El Cepillo, detenido en enero, dijo obedeció las instrucciones de El Gil para asesinar a los estudiantes y desaparecerlos.

Gildardo López permaneció casi un año en la misma zona de Guerrero donde se cometió el crimen de los normalistas. Aunque se cambió de domicilio hasta en tres ocasiones, nunca abandonó el área, o por lo menos el cerco federal que se instaló en el área lo no logró detectarlo por meses. Taxco se encuentra a menos de 55 kilómetros de Cocula y a poco más de cuatro de Iguala. En vehículo, se va de un lado a otro en aproximadamente una hora.

Con información de Excélsior y Revolución 3.0


(ZOCALO/ Agencias/ 19/09/2015 - 02:16 PM)

DERRAME DE10 MIL LITROS DE MATERIAL TÓXICO EN CARRETERA ESCUINAPA-TEPIC



La mañana de este sábado se volcó una pipa cargada con material tóxico en el kilómetro 137 de la carretera Escuinapa-Tepic, aunque las autoridades reportaron que no hubo daños materiales, el tránsito vehicular se vio interrumpido durante varias horas.

Integrantes de Protección Civil y Bomberos del sur del estado dieron a conocer que la pipa cargaba cuatro contenedores de 500 litros de ácido sulfúrico y ocho tanques con mil litros de nitrógeno líquido.

El material de todos los contenedores fue derramado en el tramo carretero, afectando alrededor de 50 metros cuadrados de donde se registró el accidente, sin embargo, se cerró el paso en ese por el riesgo que representaban los gases que emanan dichos tóxicos.

El Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros se presentó en el lugar acompañado del alcalde de Escuinapa, Bonifacio Bustamante, se le informó que el conductor de la unidad resultó sólo con algunas heridas.

Vargas Landeros expuso que los elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y Federal de Caminos realizarían los trabajos para necesarios para neutralizar los tóxicos y evitar daños ecológicos y a la población de los alrededores.

(RIODOCE/ Redacción/  19 septiembre, 2015)



LLEGA GOBIERNO SIN OPOSICIÓN


Con mayoría en el Congreso del Estado y en las alcaldías, con las izquierdas y el PRI divididos y disminuidos en el Estado, Carlos Mendoza Davis tiene todos los elementos a su favor para adaptar la estructura de gobierno y dar resultados. Antes de la toma de posesión el Congreso le aprobó dos iniciativas. Para cambiar las oficinas del servicio público. Creó dos nuevas dependencias, la Oficina del Ejecutivo -como existe en la Presidencia de la República- y la Secretaría de Desarrollo Social. Fusionó Oficialía Mayor con la Secretaría de Finanzas y le dio a la Secretaría de Pesca atribuciones de agricultura

La Paz, Baja California Sur.- Con una oposición severamente confrontada y diluida, tras la derrota del pasado proceso electoral, Carlos Mendoza Davis tomó protesta el jueves 10 de septiembre como nuevo gobernador del Estado de Baja California Sur, en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón” de la XIV Legislatura.

La sesión, presidida por la diputada Eva Palacios, de la actual Legislatura, inició puntualmente a las siete de la tarde. En el acto oficial estuvieron presentes los mandatarios Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California; Rafael Moreno Valle, de Puebla; Mario López Valdez, de Sinaloa; y Francisco Domínguez, gobernador electo de Querétaro.

Al igual asistieron los senadores Isaías González, Ernesto Ruffo, Raúl Cervantes, entre otros; el  presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, conocidos militantes del PAN como Santiago Creel y José Luis Luege; el General Moisés García Rincón, de la II Región Militar; Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad; Rafael Pacchiano Alemán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación del Presidente Enrique Peña Nieto; además de Marko Cortez, coordinador de los diputados panistas y Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado.

A las 7:34 pm, el mandatario saliente, Marcos Covarrubias, entregó a la legisladora Palacios la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la de Baja California Sur, documentos que a su vez fueron depositados en manos de Mendoza Davis, rindiendo así protesta como el nuevo Ejecutivo de la entidad sudcaliforniana.

Inmediatamente después, Covarrubias, al igual que Pacchiano Alemán, cambiaron su vestimenta para volver con guayabera puesta al lugar donde el gobernador entrante daría su mensaje.

En su discurso en la explanada del Centro de Gobierno, luego de la toma de posesión en el Congreso del Estado, ante unos 2 mil asistentes, Carlos Mendoza Davis, ya gobernador constitucional de Baja California Sur -después del mensaje sobre la democracia sudcaliforniana donde PRI, PRD y PAN han gobernado la entidad- entró al tema del desarrollo turístico:

"Nuestra prioridad será el desarrollo amplio y profundo de las familias sudcalifornianas”, y presumió que es el Estado que registra menor desigualdad, reconociendo por ello a su antecesor, Marcos Covarrubias.

“Seré un gobernador demócrata”, enfatizó Mendoza, comprometiéndose a estar a la altura de las expectativas ciudadanas.

A lo lejos se escuchaban las exclamaciones de “¡ya basta!” por parte de manifestantes contra la minería y a favor de la protección de los acuíferos, reclamos que no fueron suficientes para interrumpir el discurso del mandatario, en el que aseguró que el Estado ahora sí será el primero en el que sus funcionarios presenten declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.

En cuanto a la lucha contra la inseguridad, afirmó que multiplicará los espacios públicos de entretenimiento,  combatirá las adicciones y profesionalizará los cuerpos policiacos como prioridades durante su gestión.

Y emocionado, teniendo pendiente el nombramiento del procurador de justicia, Mendoza Davis gritó: “¡Lo mejor está por venir!”, tal vez sin enterarse de que en esos momentos, en La Paz, se registraba la primera ejecución de su mandato en la colonia El Calandrio, y un lesionado de gravedad con arma de fuego en la colonia Indeco.

LOS MANIFESTANTES SE HICIERON ESCUCHAR

Minutos antes de las siete de la tarde, la explanada del Centro de Gobierno había sido aislada con vallas metálicas, área adonde solo fue posible acceder a través de un filtro con tres entradas de puertas magnéticas, detectoras de armas.

Desde las seis de la tarde, los invitados comenzaron a pasar y poco a poco llenaron los espacios vacíos.

El escenario principal, desde el cual el nuevo gobernador envió su mensaje a los sudcalifornianos, tenía un pedestal con micrófono y dos pantallas a los lados.

En los costados, dos pantallas más transmitieron la imagen de Mendoza Davis. Sus invitados en su mayoría iban vestidos de guayabera, en una tarde en la cual la temperatura registró los 42 grados Centígrados.

Afuera del recinto oficial, una decena de vendedores ambulantes ofrecían helados, raspados, chicharrones y dulces, quejándose del acceso restringido.

Y también desde las siete comenzaron a llegar aproximadamente 200 manifestantes con pancartas:

* ‎Un grupo de ambientalistas solicitó al nuevo gobernador continuar con el legado de su padre, el ex mandatario Ángel César Mendoza Arámburo, y no permitir la contaminación de la minera Los Cardones.

* Una agrupación de enfermeras y enfermeros solicitó el pago de su sueldo atrasado, como trabajadores de Hospital General “Juan María Salvatierra” de La Paz.

Los guardias de seguridad impidieron el paso de quienes pretendían protestar. Los disidentes alegaban que se estaban violando sus derechos de libre tránsito y manifestación, incluso trataron de derribar una de las vallas metálicas para acceder a la toma protesta de Carlos Mendoza Davis.

Daniel Hernández, padre de Jonathan Hernández Ascencio, un joven asesinado, argumentó que solo le iba a dar el voto de confianza a Mendoza, y solicitarle esclarecer el crimen, después de cinco años de sucedido. El señor acusó a un funcionario de nombre José Manuel Santoyo García de‎ bloquear los accesos.

Los manifestantes arremetieron también en contra del nuevo gobernador, acusándolo de violar los derechos del pueblo y de no cumplir sus promesas de campaña en el arranque de una gestión estatal que de inmediato debe hacer frente a un clima de inusitada violencia, que en los últimos tres años ha registrado 168 ejecuciones perpetradas por el crimen organizado.

LAS SEÑALES

El nuevo gobernador de Baja California Sur arrancó con todas las condiciones políticas a su favor: un Congreso local de abrumadora mayoría panista, las cinco alcaldías, y tres de las cuatro diputaciones federales en el Estado.

Desde su triunfo el pasado 7 de junio, y hasta la toma de posesión del cargo, centró su atención prácticamente en la reestructuración de la administración pública de la entidad, la organización de su gabinete y el diseño de las nuevas políticas públicas que habrá de implementar a partir del 10 de septiembre.

Durante este tiempo, el equipo de transición integrado por sus principales hombres de confianza, Carlos Rochín Álvarez, Jesús Manuel Sobarzo Larrañaga y Genaro Ruiz Hernández, solo se reunió públicamente en una ocasión con el equipo de entrega-recepción del gobernador saliente, encabezado por Andrés Córdova Urrutia y Joel Ávila Aguilar, hoy ex secretarios general y de Promoción y Desarrollo Económico, respectivamente, así como el ex contralor Ismael Peñaloza Pineda; de manera general hablaron del proceso administrativo y de la situación que guarda el Estado.

Desde la toma de protesta de la XIV Legislatura, el nuevo gobernador sudcaliforniano envió la primera señal de lo que habrá de ser su administración, modificando el cuerpo normativo que regula la función pública y privilegiando la innovación, modernidad y sobre todo, el perfil de los nuevos servidores públicos que en su mayoría habrán de ser profesionistas en la materia.

Así, el gobernante panista envió a través de los diputados de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRS, dos iniciativas con proyecto de decreto:

1.- La iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, la cual consiste en la reestructuración de algunas dependencias gubernamentales -conforme a la nueva realidad política, económica y social del Estado-fusionando y separando funciones, el uso de recursos, transparencia y rendición de cuentas. Entre las novedades de esta Ley se encuentra:
A). La creación de la Oficina del Ejecutivo, auxiliar en la conducción de los trabajos del gobernador, dotándolo de apoyo administrativo y logístico.

B). La desaparición de Oficialía Mayor, y la creación de la Secretaría de Finanzas y Administración, unificando las políticas públicas en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, así como la administración de bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado.

C) La creación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado,  que habrá de ser responsable de la atención de los grupos vulnerables y organizaciones no gubernamentales en el Estado y lograr un impacto integral de programas sociales de manera directa y como objetivo principal.

D). La reestructuración de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, dotada de la atribución de la agricultura, por lo que quedará como Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.

La segunda iniciativa es la reforma a las fracciones XLVI del Artículo 64 y V del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado, que consiste en generar cambios en los instrumentos jurídicos en el nombramiento del procurador general de Justicia del Estado y el contralor general del Estado, el cual está sustentado en dos objetivos esenciales:

Mejorar y facilitar de designación y ratificación, estableciendo tiempos y procedimientos claros que den mayor certeza al nombramiento de procurador.

B) La coparticipación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la designación del contralor, quien tendrá que ser ratificado por el Congreso del Estado.

En el caso del procurador, el nuevo criterio utilizado es la designación por parte del gobernador, y posterior ratificación del Congreso del Estado, tal como sucede en 18 Estados de la República, donde el nuevo método de designación compartida busca una decisión equilibrada de pesos y contrapesos, y evitar la fricción que podría registrarse en la presentación de una terna a la hora de la votación, donde comúnmente se pierde valioso tiempo en el cabildeo y negociación; inclusive, se generan disputas entre legisladores, así como retrasos que se traducen en una ventana de impunidad, la cual invita a que la delincuencia prolifere y, más aún, con los hechos violentos de los últimos meses.

En el caso del contralor, el mecanismo es justamente como el del procurador, solo que anteriormente no pasaba por la ratificación del Poder Legislativo, sino como una facultad del Ejecutivo, dejando de ser una designación directa del gobernador y una decisión compartida de común acuerdo con los diputados locales.

El 8 de septiembre, dos días antes de la toma de posesión de Mendoza, la XIV Legislatura aprobó las dos iniciativas con Proyecto de Decreto, con 15 votos a favor y seis en contra.

EL CÍRCULO

Abogado de profesión y graduado con honores en la Universidad Autónoma de México y maestrías en la Universidad de Cornell en Nueva York y Universidad Pantehón-Sorbonne en París, Carlos Mendoza Davis planea un gobierno de profesionistas, con experiencia académica y perfil idóneo en cada una de las áreas donde habrá de designar servidores públicos.

Amigo personal del nuevo secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribeña y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, así como del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el titular del Ejecutivo estatal en Baja California Sur integrará dentro de su gabinete a su círculo de colaboradores más cercano, cuyo equipo de trabajo opera desde que ocupó cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Financiera Rural, Servicio Exterior Mexicano, Secretaría General de Gobierno y Senado de la República.
  
LA MANO DE COVARRUBIAS EN EL GABINETE

En la conformación del gabinete del nuevo gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, se siente la mano de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

Los marquistas acapararon casi el 50% de los cargos repartidos en el gabinete general y ampliado, donde 21 de los primeros 52 funcionarios nombrados, fueron heredados por el saliente gobernador, incluso 8 prácticamente repetirán en el cargo, como es el caso de los siguientes:
1.- Isidro Jordán Monroy, secretario de Finanzas y Administración.

2.- Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación.

3.- Rodrigo Serrano Castro, subsecretario de Consejería Jurídica.

4.- Luis Enrique García Sandez, subsecretario de Finanzas.
5.- Jesús Taylor García, director del Instituto Estatal de Radio y Televisión.

6.- Manuel de Jesús Salgado Mayoral, director del Fondo para el Desarrollo Social.

7.- Luis Jesús Arce Cota, director del Instituto Sudcaliforniano de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

8.- Cristopher Alexter Amador Cervantes, director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

Aunque ciertamente algunos de ellos, como el caso de Isidro Jordán Monroy son íntimos amigos del nuevo gobernador, eso no quiere decir que no hayan estado al servicio del ex gobernador, participando primero como director del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Educativa, y después como secretario de Finanzas, en el cuatrienio de Covarrubias.

De hecho, es el segundo secretario que –como en el caso de José Antonio Ramírez Gómez, de Narciso Agúndez a Marcos Covarrubias— es ratificado por el nuevo gobernante.

Los otros marquistas, como el caso de su concuño, Rodrigo Andrés de los Ríos Luna, nombrado subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solo fueron rotados disimuladamente de un puesto a otro.
El nuevo gobernador –y según datos obtenidos por ZETA— únicamente tiene 9 personas de su entera confianza dentro del gabinete, y quienes, después de la reestructuración de la administración pública, pretenden controlar todas las áreas gubernamentales, como es el caso de:

1.- Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de gobierno.

2.- Isidro Jordán Monroy, secretario de finanzas y administración.

3.- Luis Genaro Ruiz Hernández, secretario de turismo.

4.- Carlos A. Rochín Álvarez, jefe de la Oficina del Ejecutivo.

5.- Jesús Guillermo Vázquez Guluarte, secretario privado.

6.- Dalia Bastida Clemente, secretaria particular.

7.- Luis Humberto Araiza López, subsecretario de administración.

8.- Luis Enrique García Sánchez, subsecretario de finanzas.

9.- Jesús Manuel Sobarzo Larrañana, jefe de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

Dentro del nuevo gabinete, otros cargos fueron entregados como evidentes cuotas de poder al PAN, como es el caso de Héctor Jiménez Márquez, secretario de educación; José Leoncio Ávila Geraldo, director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte y Carlos Lascurain Ochoa, director de la Junta Estatal de Caminos.

Otro caso es del dirigente municipal del PRS en La Paz, Tomas Frank Torres Gameros, y el cual fue nombrado subsecretario del trabajo.

En el reparto de cargos, y tras haber dado la espalda a su partido en el pasado proceso electoral, algunos integrantes del PRD, también recibieron su cuota, como es el caso de Ricardo Gerardo Higuera, y quien fue nombrado subsecretario de planeación y desarrollo económico; Esteban Beltrán Cota, subsecretario de gobierno; Ana Luisa Guluarte Castro, directora del Régimen Estatal de Protección en Salud y Juan Manuel Reyes Cervantes, director del Instituto de Capacitación de los Trabajadores de Baja California Sur.

Los catedráticos también recibieron su pago a los favores del pasado proceso electoral, tal es el caso de Rodrigo Guerrero Rivas, nombrado secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rodrigo Serrano Castro, subsecretario de la Consejería Jurídica y Óscar Báez Santiés, director general del Colegio de Bachilleres.

Finalmente, los empresarios, y principales aportadores económicos en la campaña del hoy gobernador, también recurrieron al pago de favores, y donde fueron colocados dentro del aparato gubernamental Rogelio Ampudia Gudiño, subsecretario de turismo; Carlos Rivas Lizaola, director del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Educativa y José Soto López, director de administración portuaria integral.

En la conformación de este nuevo gabinete, llaman la atención cuando menos tres nombramientos de funcionarios, y los cuales, prácticamente fueron importados de otras ciudades o estados, tal es el caso de José Luis Escalera Morfín, secretario de planeación urbana, infraestructura y transporte; Gustavo Hernández Vela, secretario del trabajo y previsión social y Cecilio Padilla Zárate, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Aunque no se sabe si por su capacidad, trayectoria o por recomendación, los nuevos servidores públicos ocuparán cargos en el gobierno de Baja California Sur, otro que podría venir de fuera es el nuevo Procurador General de Justicia del Estado, y donde –al cierre de esta edición— circulaba el nombre del Dr. Víctor Manuel Contreras Martínez, actual director de delitos fiscales de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ampliamente conocido por haber dirigido las investigaciones que terminaron con el encarcelamiento del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Gerardo Zúñiga Pacheco / Fotos. Gerardo Zúñiga / Antonio de Jesús Cervantes/   15 de Septiembre del 2015 a las 12:00:00)


TRAS LOS MATANIÑOS DE LOS DÁMASO


Después de la ejecución de una familia en el Ejido Melitón Albañez, entre La Paz y Los Cabos, la PGJE investiga a cinco sospechosos del ataque armado, quienes pertenecen a una célula de las Fuerzas Especiales de Los Dámaso, responsables de asesinar niños, mujeres y hombres inocentes

Ejido Melitón Albañez Domínguez, Baja California Sur.- Las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)  tras la ejecución de una familia completa, registrada la noche del 3 de septiembre en esta localidad, apuntan hacia la peligrosa célula criminal de Los Mataniños.

Según los primeros testimonios de los tres sobrevivientes, los cinco atacantes portaban uniformes tipo militar color azul marino, con las iniciales FED (Fuerzas Especiales de Los Dámaso) y un dibujo de un gallo y dos armas largas cruzadas; posteriormente atacaron a sus víctimas, cuando viajaban a bordo de un automóvil Ford Mustang de color rojo, sobre el cauce de un arroyo, a escasos cuatro metros de la cinta asfáltica del tramo carretero de La Paz a Cabo San Lucas.

De acuerdo con las indagatorias oficiales, los sicarios tenían la encomienda de ejecutar al único narcomenudista de este ejido, Evelio Santiago Lugo “El Evelio”, pero en el ataque armando asesinaron a su esposa y sus dos nietos, un niño de cuatro años de edad y una niña de ocho, dejando gravemente heridos a dos adolescentes, varones ambos, de 15 y 16 años.

Agentes de la PGJE iniciaron de inmediato la investigación, y tras recabar testimonios, datos de la complexión física de los pistoleros y los resultados de las pruebas de balística, armaron una lista de sospechosos de integrar la llamada célula criminal de Los Mataniños, en la cual figuran:

Raúl Castillo de la Rosa “El Cochi”. Jefe de una célula de sicarios de las Fuerzas Especiales de Los Dámaso, con operaciones criminales en La Paz y Los Cabos.

El modus operandi del conocido matón ha ganado fama justo por su forma tan grotesca, fría y sanguinaria de asesinar a sus víctimas

Osvaldo Pastrana Zacarías “El Oso”. Presunto sicario de Los Dámaso y familiar de un conocido violador y secuestrador en el Estado de Guerrero, identificado como “El Negro Pastrana”.

Álvaro Burgos Sauceda “El Cheque”. Supuesto sicario de Los Dámaso, ampliamente conocido en el negocio de la venta, distribución y trasiego de droga en Los Cabos.

Manuel Burgos Sauceda “El Chombi”. Hermano de “El Cheque” y presumible sicario de Los Dámaso.

Luis Medina “El Torito”. Hijo de un narcomenudista identificado como “El Toro Medina” en el municipio de Comondú, y presunto matón de Los Dámaso.

No obstante, agentes de investigación de la PGJE, en coordinación con fuerzas federales y militares, trabajan en la conformación de más posibles integrantes de esta peligrosa célula criminal de las Fuerzas Especiales de Los Dámaso, la cual -tras una serie de ataques armados- ha matado niños, mujeres y hombres, completamente desligados de actividades ilícitas en el Estado.

Las matanzas, donde asesinaron a gente inocente, fueron las siguientes:

* El 21 de agosto acribillaron a una familia integrada por el empleado de la mina de Roca Fosfórica Mexicana, Francisco Javier Hirales Lucero, y su esposa, Victoria Berenice Ceseña Zamora, dejando herido a su bebé de solo ocho meses de nacido, Diego Hirales Ceseña, en la calle de Baja California y Francisco Villa en la comunidad de Chametla, al norte de La Paz.

Según las investigaciones, los matones se habrían confundido de vehículo, asesinando al padre y la madre de esta familia, dejando en la orfandad, aparte del bebé, a otros dos de sus hermanos, estudiantes de primaria.

* El 31 de agosto, durante un ataque planeado para asesinar al narcomenudista Juan Manuel Amezcua Lara “El Chilango” en Avenida Padre Kino y Jaime Bravo, Colonia Los Olivos, fue ejecutada  la esposa de un vendedor de droga, de nombre Nayla Daniela Placencia Rodríguez, donde -para su mala suerte- en el fuego cruzado salieron heridos dos comerciantes que estaban abriendo su negocio ese día por la mañana, identificados como Fernando Leonel Muciño Juárez, de 32 años, y María Gloria Salgado Monroy, de 65.

* El 3 de septiembre, durante la ejecución del narcomenudista Evelio Santiago Lugo “El Evelio”, acribillaron a su esposa, Rubí Celia Torres Robles, de 53 años, así como a sus nietos, Jesús Adrián, de cuatro años, y Alejandra, de ocho. Resultaron heridos en el tiroteo: Osvaldo Alexis, de 15, y Luis, de 16, ambos estudiantes y originarios de Veracruz.

Durante el ataque, milagrosamente solo uno de los siete ocupantes del vehículo salió ileso, y responde al nombre de Leonardo, de 12 años.

LA MATANZA

El más reciente y mortífero ataque armado lanzado por la peligrosa célula de Los Mataniños ocurrió alrededor de las diez de la noche del 3 de septiembre, cuando -según testigos- los agresores aguardaban a sus víctimas estacionados a bordo de una camioneta pick-up de color blanco, a escasos tres metros de la cinta asfáltica en el Kilómetro 19 de la carretera La Paz-Cabo San Lucas.

Los cinco sicarios observaron cuando venía el vehículo de color rojo del narcomenudista Evelio Santiago Reyes “El Evelio”, por lo que arrancaron hacia ellos y de inmediato lo interceptaron, disparado en contra de los ocupantes, a pesar de los gritos lanzados por la mujer y los niños, quienes -refieren los sobrevivientes- pedían “no disparar”, porque había niños y mujeres a bordo.

Testigos aseguran que de los cinco asesinos, cuatro accionaron armas de fuego. Dos de ellos con pistola, y dos más con armas largas, y el quinto se quedó al frente del volante. Tras la agresión y escuchar “¡Vamos! ¡Puro Dámaso, cabrones!”, la unidad arrancó velozmente y después fue abandonada metros más adelante, luego de tener una avería.

En la escena del crimen, peritos de la PGJE encontraron rociado de balas un vehículo Ford Mustang de color rojo, modelo 1997, placas de circulación CZP1392, y dentro de la unidad, cuatro cuerpos sin vida.

En el asiento del piloto estaba el narcomenudista Evelio Santiago Reyes, y en el del copiloto, Rubí Celia Torres Robles. En la parte trasera, a la altura media de la unidad, el cuerpo de Alejandra, de ocho años, quien vestía shorts de mezclilla y blusa gris con estampados de color; y del lado derecho, el de Jesús Adrián, de cuatro años, él portaba shorts amarillo y playera roja.

Los tres sobrevivientes de este ataque salieron por su propio pie del vehículo, y de inmediato, solicitaron auxilio a los automóviles que pasaban por la carretera La Paz-Cabo San Lucas. Fueron trasladados al Hospital General “Juan María de Salvatierra” de La Paz.

Dos de los lesionados ingresaron con heridas: Osvaldo Alexis, de 15 años, en brazo izquierdo; y Luis, de 16, con golpes en el cuerpo.

El tercer sobreviviente, Leonardo, de 12, fue atendido médicamente al presentar fuerte crisis nerviosa y dolores en el estómago.

Con base en el dictamen del Servicio Médico Forense, las cuatro personas asesinadas registraban múltiples disparos en pecho, estómago, cara y cabeza; fallecieron de manera instantánea.

En un radio de aproximadamente de 100 metros de la carretera, peritos de la PGJE encontraron 16 cartuchos percutidos calibre 7.62 y 39 milímetros, disparados con un fusil de asalto AK-47 y siete cartuchos calibre .223 milímetros detonados por un rifle R-15; así como cuatro cartuchos percutidos .40 milímetros y 13 cartuchos de 9 milímetros.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Investigaciones ZETA / Fotos. Cortesía/   15 de Septiembre del 2015 a las 12:00:20)



CONGELA EU TEQUILERAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y RESTAURANTES DE “LOS CUINIS”



Cinco nuevas empresas en México fueron agregadas a la lista de congelación de bienes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por los vínculos de estas compañías con el cártel de “Los Cuinis”, pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con esta dependencia, la agencia de publicidad “J&P Advertising”, las cabañas vacacionales “Las Flores”, el restaurante de sushi “Mizu Sushi”, la tequilera “Onze Black” y la empresa de agricultura “JJGon”, todas en Jalisco, sirven para proveer apoyo financiera al cártel o bien, son contraladas por éste.

“El Cartel de Jalisco Nueva Generación ha utilizado violencia extendida y corrupción hasta convertirse en una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas en México”, declaró John E. Smith director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El funcionario explicó que la variedad de negocios detectados por la autoridad estadounidense, demuestra cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación ha penetrado la economía, tanto local como nacional e internacional.

La operación para rastrear estas empresas se realizó en conjunto por la OFAC y la Agencia Antinarcóticos (DEA), así como con colaboración de autoridades mexicanas.

Desde abril de 2015, Estados Unidos señaló a Nemesio Oseguera Cervantes “Mencho” como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien continúa prófugo y a Abigael González Valencia, detenido en febrero de 2015, como líder de “Los Cuinis”.

Los dos hombres, quienes son cuñados, trabajan como asociados en tráfico de droga y tienen una acusación abierta en la Corte Federal de Columbia en Estados Unidos.

De las empresas, cuatro se encuentran localizadas en Guadalajara, Jalisco y una en Tapalpa, Jalisco.

El restaurante japonés Mizu Sushi tiene dos ubicaciones en centros comerciales de Puerto Vallarta y Guadalajara. La compañía de tequila Onze Black opera desde sus oficinas en Guadalajara.

La empresa de renta de cabañas de vacaciones “Las Flores” está ubicada en el kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa-San Gabriel.

Mientras que la agencia de publicidad “J&P Advertising” así como la empresa de agricultura “JJGON”, se encuentran en Guadalajara, Jalisco.

En agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a 15 empresas como hoteles, plazas comerciales, restaurantes e inmobiliarias como parte de la estructura financiera del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Además de congelar toda cuenta, activo o bien de estas compañías en Estados Unidos, la ley prohíbe que ciudadanos estadounidenses entablen transacciones financieras con estas compañías.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ INÉS GARCÍA RAMOS / FOTOS. INTERNET/   18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LAS 12:52:28)


BALEAN A PRINCIPAL DISTRIBUIDOR DE CRISTAL EN TECATE


Sergio Carrasco “El Paisa” fue asesinado en el interior de su departamento, ubicado en un edificio en construcción -propiedad de la víctima- en la zona identificada como La Coyotera en Tecate.

El homicidio fue reportado poco antes de las dos de la tarde del  17 de septiembre. Según testigos, los homicidas son dos hombres jóvenes que en el transcurso del día habían estado rondando el lugar. Vigilaron los movimientos de Carrasco y éste ingresó al inmueble, fueron detrás de él y le dispararon en la cabeza. Una mujer que se identificó como su pareja llegó después a encontrarlo muerto. Los primeros reportes indicaron que los asesinos huyeron en un pick-up F150 de color blanco.

Respecto a la actividad criminal de Carrasco, el director de Policía, Juan Bartolomé Lam Campo, expuso: “No sé si es el principal distribuidor de cristal, pero aquí lo tuvimos detenido hace dos o tres años”.

El subprocurador de Zona Tecate, Gerardo Sosa Olachea, secundó: “Era él y otro, que estamos buscando”.

De igual manera, aclaró que la indagatoria apenas inició, que nadie ha sido detenido por este crimen  y que el occiso también tenía residencia en Tijuana.
En diciembre de 2008, “El Paisa” ya había sido víctima de un atentado a balazos del que resultó lesionado, mientras circulaba en auto por  la colonia Libertad de Tecate.

Y en noviembre de 2009,  elementos del Ejército lo capturaron y se le presentó como encargado de la plaza de Tecate para la célula de Eduardo García Simental “El Teo”, pero fue liberado.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Reporteros de ZETA / Fotos. Cortesía/   18 de Septiembre del 2015 a las 14:30:50)