martes, 18 de agosto de 2015

VIDEO: JOVENCITA SE LANZA DE CAMPANARIO DE 10 METROS Y ¡SOBREVIVE!



NAVOJOA, 18 de agosto.- Una estudiante de preparatoria de apenas 16 años de edad, intentó suicidarse arrojándose del campanario de una iglesia en la ciudad de Navojoa, la joven sobrevivió a pesar que cayó de una altura mayor a 10 metros; la dramática escena fue filmada por decenas de testigos y rápidamente se está viralizando en redes sociales.

Juan Manuel Ramirez Sandoval, director del Departamento de Bomberos, detalló que los cuerpos de rescate recibieron el reporte a las 9:45 horas (11:45 tiempo de la Ciudad de México), de que en la torre del Templo del Sagrado Corazón de Jesús una mujer amenazaba con quitarse la vida.

Por espacio de 45 minutos, elementos de Protección Civil y Bomberos intentaron persuadir a la joven para bajarla sana y salva, sin embargo, a las 10:30 horas tomó vuelo y se lanzó al vacío, sobreviviendo a la caída con fractura de fémur y pelvis.

Inmediatamente, socorristas de Cruz Roja atendieron a la joven que no ha sido identificada por su nombre, pero estudia en el Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES), ubicado en Navojoa.

La joven fue trasladada de emergencia al Hospital General de Navojoa, donde fue estabilizada y canalizada al Sanatorio Lourdes; hasta el momento se desconocen las causas que motivaron que la jovencita intentara suicidarse.


(EXCELSIOR/ REDACCION/ 17 DE AGOSTO 2015)

LA CUÑA DE PEÑA NIETO


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hasta antes de ser compañera de fórmula de Manlio Fabio Beltrones para ocupar la Secretaría General del PRI, Carolina Monroy del Mazo era casi desconocida para la opinión pública. Salvo ser prima del presidente Enrique Peña Nieto, en su carrera nada llamaba la atención.

Hoy Carolina Monroy dio un enorme salto en su trayectoria política pues brincará de una diputación federal por la coalición PRI-PVEM por el distrito 27 del Estado de México hasta la dirigencia nacional de su partido, acompañando al sonorense Beltrones, quien aspira a la presidencial del PRI para los próximos cuatro años.

Sin duda, por el lugar especial que tiene en la familia presidencial, Monroy será el puente directo de Peña Nieto en la dirigencia nacional del PRI y el enlace más corto con Beltrones.

De 53 años, abogada por la Universidad del Valle de Toluca, es sobrina del exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González y prima en segundo grado de Enrique Peña Nieto.

Ambos son de Atlacomulco y mantienen una estrecha relación familiar. El padre del presidente de la República, Gilberto Enrique Peña del Mazo, era primo hermano de Hortensia del Mazo, madre de Carolina.

La prima de Peña Nieto está casada con un hombre cercano al gobierno peñista, Ernesto Javier Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social, donde es cuña política presidencial para las actividades de Rosario Robles, titular de la Sedesol.

Nemer es parte del grupo Atlacomulco, fue secretario particular de Emilio Chuayffet cuando éste fue gobernador mexiquense y luego, cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México, fue secretario de Gobierno, de Desarrollo Social y coordinador del PRI en el Congreso local. Hasta antes de su nombramiento, por voluntad presidencial, en la Sedesol, fue secretario general del gobierno mexiquense con Eruviel Ávila, actual mandatario estatal.

Nemer, cuya principal tarea es el combate a la pobreza, fue duramente criticado en abril pasado cuando en una visita a Nueva York portó un reloj marca Hublot, modelo King Power, cuyo valor en el mercado es de unos 220 mil dólares, es decir, 3 millones y medio de pesos.

EL CLAN DEL MAZO

Uno de los políticos que más cerca está de Peña Nieto es Alfredo del Mazo González. En la casa presidencial es sabido que el exgobernador mexiquense, el tío, es de los personajes que más escucha el presidente cuando necesita consejos.

Carolina Monroy es parte del clan Del Mazo, pues mantiene una estrecha relación con los integrantes de este grupo, sobre todo con Alfredo del Mazo Maza quien será diputado federal en la próxima legislatura y antes fue director de Banobras y presidente municipal de Huixquilucan.

La futura secretaria general del PRI tiene una relación cercana también con Adrián del Mazo, actual director de Autotransporte Federal, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y con Alejandro del Mazo, responsable de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.

Pero también tiene cercanía con Peña Nieto por el lado de Arturo Montiel. Uno de sus tíos fue Juan Monroy Pérez, a quien se considera tutor político del exgobernador Montiel, pieza fundamental en la carrera política del actual mandatario federal.

En 1973 Juan Monroy fue presidente municipal de Naucalpan; en 1975, secretario general en el gobierno de Jorge Jiménez Cantú. Murió en 1979.

Aficionada a la jardinería, Carolina Monroy tuvo diversos cargos en el Estado de México cuando lo gobernaba Montiel: jefa de la Unidad de Evaluación de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social, secretaria ejecutiva del patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, directora general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

En el gobierno de Peña Nieto primero fue directora general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y luego secretaria de Desarrollo Económico. Y cuando su primo inicio su campaña presidencial en 2012, fue instalada como coordinadora de redes sociales y, casi al mismo tiempo, candidata para la presidencia municipal de Metepec, la cual ganó con holgada ventaja ante el panista Santiago González. Tres años antes también había buscado la presidencia de ese municipio, pero perdió por nueve votos ante el petista Óscar González Yáñez.

Carolina Monroy es una de las pocas integrantes de la familia del presidente que logró consolidar una amistad con la actriz Angélica Rivera.

Tiene tres hijos. La mayor, Verónica Nemer Monroy, de 28 años, es dueña del restaurante Casa Senzo, en Metepec. Se casó en 2011 en la lujosa hacienda Cantalagua, propiedad de su tío Mayolo del Mazo.

La segunda hija, Carolina Nemer Monroy, de 26 años, estudia ingeniería industrial y también contrajo matrimonio en 2104 en la hacienda Cantalagua.

Ernesto Nemer Monroy es el tercer hijo. Con apenas 24 años, su mamá lo hizo presidente del DIF de Metepec, durante el trienio en el cual ella gobernó. Tras las elecciones del pasado 7 de junio será regidor del próximo ayuntamiento de Metepec.

Con esta cercanía a la familia presidencial, en ese proceso electoral Carolina Monroy fue postulada candidata de la coalición PRI-PVEM para la diputación federal del 27 distrito del Estado de México, donde ganó con una diferencia de 18 puntos.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/  JOSÉ GIL OLMOS18 DE AGOSTO DE 2015 / Monroy del Mazo y Manlio Fabio Beltrones. Foto: Miguel Dimayuga)

EL MULTIHOMICIDIO FUE POR ENCARGO


Max Morales, abogado criminalista. Foto: J. Raúl Pérez

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La tortura, violación y el tiro de gracia que recibieron cinco personas –entre ellas el reportero gráfico Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera– el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México revelan una acción de sicarios, perpetrada por personas que “llevaban consigna”, además de la participación de cuatro o cinco victimarios.

Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos y quien desde 1991 se dedica a investigar y estudiar perfiles de secuestradores, sostiene que quienes perpetraron el crimen fueron “asesinos a sueldo”.

Por su parte Max Morales, abogado criminalista y quien realizó el perfil psicológico del secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, echa abajo la hipótesis de la procuraduría capitalina, que tiene entre sus principales líneas de investigación la del robo. “Es una fantasía”, asegura, lo dicho por las autoridades porque no está debidamente sustentado. Y centra su atención en la maleta sustraída y en que no se llevaron las computadoras portátiles ni los teléfonos inteligentes.

En entrevista, este criminólogo que ha participado en el esclarecimiento de algunos multihomicidios ocurridos en la Ciudad de México no descarta como móvil el “crimen político”; sin embargo, aclara que sólo lo ve como una posibilidad, pues se inclina más hacia robo de información, dinero o droga, pues “la tortura” se aplica para obtener información.

Ambos investigadores coinciden en el reclamo a las autoridades por la falta de secrecía y la filtración de datos de la investigación.

CADENA ROTA

Entre las primeras fallas de la procuraduría capitalina destaca que no se cumplió “la cadena de custodia”; es decir, no se preservó intacta la escena del crimen; no se hizo el perfil del delincuente ni la victimología, que significa investigar “por qué te pasó lo que te pasó y con ello llegas al responsable. Si aplicas la psicología del delito vas a entender la naturaleza del mismo y por qué operó de tal forma”, dice Ruiz Canales a Proceso.

Además demanda que al único detenido y consignado hasta ahora, Daniel Pacheco Gutiérrez, se le aplique el polígrafo –en presencia de representantes de derechos humanos– y se le haga un análisis de estrés de voz.

Basado sólo en las declaraciones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha filtrado, Max Morales considera que el amago a las víctimas, la tortura, violación y los cinco “tiros de resolución”, se pueden perpetrar en 48 minutos, pero con la participación de cuatro o cinco personas y no sólo tres, como sostiene el detenido.

Descarta que se haya tratado de un robo a casa-habitación, como sostiene la autoridad. Argumenta: “Dejaron muchas cosas” de las que un ladrón profesional se lleva. “Iban por otra cosa”. Quien se dedica al robo de casas “no viola ni tortura. Te lesionan, te amagan… En un robo te amordazan y te dejan vivo. Entonces, ¿por qué cargar la violación, matarlas y torturarlas? Pues porque necesitas saber algo”, afirma.

–¿Se podría tratar de una venganza? –se le pregunta.

–Pudiera ser. Vas predestinado a matar, pero no torturas al resto.

Morales acota que sí hubo robo, porque se llevaron una maleta, “pero se llevaron (algo) por lo que ellos iban, lo demás lo dejaron y eran cosas importantes. Sería posible un robo dirigido”.

Entonces, añade, es importante saber qué llevaba la maleta: droga, dinero, información o documentos. “Lo planearon muy bien y probablemente conocían a alguien, pues les abrieron la puerta”. Pudo haber sido la empleada doméstica y eso hay que investigarlo, agrega. Todo ello se puede saber con las pruebas del polígrafo y de estrés de voz.

Se refiere luego a la presunta relación del “viene-viene” con la colombiana Milena Virginia Martín y la considera absurda, pues no corresponde a su nivel socioeconómico. En todo caso, dice, una de las líneas de investigación debiera apuntar a la empleada doméstica, que también fue ejecutada, por ser de una condición económica parecida.

“Aquí hubo una saña dirigida; alguien les abrió la puerta”, sostiene, “fueron meticulosos”, y por la forma en que actuaron y la información que se ha publicado se puede considerar que fueron más de tres y quien se llevó la maleta es el jefe.

El rostro del detenido muestra a un sádico, no se ve arrepentido; está justificando que no participó en la muerte, él puede ser el jefe. Y adelanta: “Si hay un autor intelectual, lo contrató a él. Si es que lo hubo”.

–¿Pudo tratarse de un crimen político? –se le pregunta.

–Es difícil pero no imposible, porque hay que ver qué es lo que contenía la maleta.

No considera que Nadia Vera estuviera verdaderamente asustada en la última entrevista que dio, pero el reportero gráfico sí. “Puede ser que Nadia tuviera información o documentos que descubrió, pero ni a Nadia ni a Rubén los matarían así, sino que simularían un asalto en la calle”.

Coincide con Ruiz Canales en que no pudo tratarse de una violación como objetivo, pues lo habrían realizado con los cinco, ensañándose con Rubén.

PERFIL DE SICARIO

Ruiz Canales, quien estuvo cerca del proceso jurídico por el asesinato del hijo de Fernando Martí en 2008 y ha participado en la indagación de por lo menos mil 500 homicidios en todo el país, es contundente: no fue robo; el perfil criminal de los ladrones no registra asesinato. Considera que fueron cuatro o cinco quienes perpetraron las violaciones, torturas y ejecuciones.

“No es lo mismo un secuestrador que un violador. El ladrón va por el bien, no lo deja, como el abandono del Mustang rojo, los teléfonos y las computadoras. El violador ejerce poder sobre su víctima a través del sometimiento sexual.

“La violación, tortura y ejecución son actos atípicos en un robo. Esas peculiaridades obedecen más al perfil de un sicariato. Veo un conjunto de acciones donde a sicarios les pagaron por hacer sufrir. Están entrenados para manejar armas y cosifican a sus víctimas. No ven las virtudes de un ser humano”.

Y añade: “Lo que veo es que este grupo ejerció pasiones, es decir, sentimientos, en particular odio y desprecio. Aunque seas contratado, eres la extensión de quien te contrata; quien te pagó te hizo un pedido y el sicario lo hace mientras le paguen. El sicario es la extensión de quien lo contrata y expresa su sentir, pero también manifiesta su propia enfermedad. Un sicario sí usaría un tubo para violar, porque a él lo contratan para hacer sufrir.

“La tortura muestra que se buscaba información, para eso es. Si es cierto que se ejerció con un pelapapas, entonces fue una tortura prolongada, dura, se tomaron su tiempo. El torturador busca métodos para hacer daño y causar el mayor terror a sus víctimas. A esa tortura, estoy seguro, la presidió un interrogatorio.”

En 48 minutos, más de cuatro sicarios pueden matar, violar y torturar, sostiene y considera que todos iban armados.

Para Ruiz Canales es risible el dicho del único detenido sobre la presunta participación de un malabarista y un acomodador de autos.

“Los presuntos asaltantes de casa abandonan el bien más preciado del robo, que es el Mustang, el cual en dos días pueden vender con papeles legales; dejaron dos computadoras portátiles y teléfonos que son fácilmente vendibles en horas y lograr por ellos 5 mil 500 pesos por lo menos; pero no sólo eso… dicen que uno de ellos era amigo de la modelo.

“Conozco a las modelos. No se mueven con gente de menor ingreso que ellas. Dicen que el viene-viene se mueve en Calzada del Hueso y Miramontes. Ahí no hay más que la Comercial Mexicana, donde obtendría 200 pesos por día. Alguien con un ingreso de 200 pesos diarios no puede tener un arma nueve milímetros, un Renault y tener como amigas a modelos. No encaja.”

Hace referencia al malabarista. Sostiene que por conocer la zona y estar haciendo desde 2010 un documental sobre la gente que labora en la calle, conoce perfectamente a quienes ahí trabajan “y no hay ninguno con las señas que dio el detenido.

“Nada suena lógico y alcanzar ese nivel de delito no se hace de la noche a la mañana. Hay todo un proceso –sostiene–. Por lo tanto, no por ser una persona que labora en la calle como malabarista se es un delincuente. Muchos son gente con preparación que han decidido obtener un ingreso mediante el arte que practican y saben. Ellos se conocen, se juntan en Ciudad Universitaria a practicar y no hay en esa avenida de Miramontes malabaristas con esas características.”

Ruiz Canales abunda sobre el robo y sostiene: “Una persona que tiene que compartir la renta no tiene grandes recursos y quien se dedica a este delito sabe cuánto puede obtener y si la víctima tiene dinero. El hecho encaja más en el perfil de un sicariato y no se puede olvidar que tanto Nadia como Rubén habían sido hostigados y amenazados. No hay que olvidar que en Veracruz se puede contratar a un sicario por sólo 10 mil pesos.

“Creo que iban sobre ellos. La señora Alejandra fue un daño colateral al igual que Yesenia Quiroz. El procurador tiene la obligación –y la victimología así lo marca– de establecer como línea de investigación las amenazas que recibieron las víctimas. Pero para el procurador, éstas nunca existieron. Ni se enteró.”

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JESUSA CERVANTES/ 18 DE AGOSTO DE 2015)

GANANCIAS SIN FONDO


Las mineras en México parecen estar “encantadas”. Fueron beneficiadas con la reforma energética y también gozan de otros privilegios. El año pasado la mina La Encantada solo pagó de impuestos un 0.004 por ciento de sus supuestas ganancias

La Encantada es la mayor inversión de First Majestic y la que paga menor porcentaje de impuestos

Les entregaron lotes que no son del ejido, estaban fuera del plan original y tienen otro dueño legalmente acreditado

La oferta de 10 millones de pesos por su terreno fue rechazada por los 36 ejidatarios propietarios

Afincada sobre tierras que pertenecen a una comunidad ejidal, la mina La Encantada tiene un récord: es la que paga menos impuestos sobre sus ganancias en todo México.




La cifra parece risible.

El año pasado la compañía canadiense First Majestic, dueña del 100 por ciento de la mina ubicada en Ocampo, Coahuila, ganó por la extracción de plata en La Encantada, mil 464 millones de pesos.

Ese mismo año pagó al estado mexicano 68 mil 160 pesos de impuestos. La cifra significa un 0.004 por ciento de sus ganancias.


Aun así, al gobierno le fue mejor que a los ejidatarios.

Los dueños de las tierras donde están ubicadas tanto la mina como sus caminos de acceso, no han recibido ni un centavo de la minera en las cuatro décadas en que se ha explotado comercialmente.

La empresa canadiense lo sabe bien.

En mayo de este año intentaron negociar con la asamblea de 36 ejidatarios que son –por decreto presidencial de junio de 1973– los dueños de las tierras.

First Majestic les brindó 10 millones de pesos para comprarles las mil 343 hectáreas de su terreno y “dejar la fiesta en paz”.

¿Diez millones para cada ejidatario? Preguntó Demetrio González, uno de los dueños de las tierras. No, para que se repartan entre los 36, contestó el abogado de la minera.

Serían 277 mil pesos por dueño, después de haber gastado en juicios y haber tenido afectaciones en sus tierras durante los últimos 40 años.

Los dueños no aceptaron. Piden, como mínimo, que les paguen a cada uno 1.5 millones de pesos como indemnización por el uso indebido de sus tierras y una renta mensual a partir de que se llegue a un acuerdo.

Sabiendo que los comuneros ignoran las ganancias reales que obtuvo First Majestic por la extracción de cuatro millones de onzas de plata solo el año pasado en La Encantada, se rieron de su petición.

“Nos dijeron que los semidioses que están en Canadá están a años luz de podernos pagar ese dinero”, cuenta desde un café en la Ciudad de México el presidente del Comisariado Ejidal, Mario Antonio Valdes.

Los ejidatarios vinieron a buscar en la capital la ayuda que les han negado durante años en Coahuila.

A pesar de que han ganado los juicios para recuperar sus terrenos y pudieron demostrar que las hectáreas donde está afincada la mina pertenecen a su ejido, todo sigue en suspenso.

La solución que encontraron fue cerrar el camino de acceso a la mina para presionar a la compañía canadiense a escucharlos.

El intento fue fallido. A menos de tres días de que se instalaran en el acceso, la policía estatal los sacó del lugar.

Ahora enfrentan una denuncia por “obstrucción a las vías de comunicación”, la cual los podría llevar a juicio.

CONCESIÓN ¿PIRATA?

Los registros de la Secretaría de Economía indican que la mina La Encantada, propiedad de la canadiense First Majestic, tiene vigente una concesión para explotar plata durante los próximos 45 años.

La concesión fue otorgada en octubre de 2008, mientras el secretario de Economía era Gerardo Ruiz Mateos, coordinador de finanzas de la campaña de Felipe Calderón y dos veces su jefe de la Oficina de Presidencia.

De acuerdo con los documentos de la concesión, el lote Platón, concesionado en 2008, es el mayor de una serie de 14 lotes cuyos permisos de explotación vencerán entre 2015 y 2040.

En los permisos oficiales indica que la minera solo ocupa un área de 2 mil 335 hectáreas.

A sus accionistas First Majestic les presume que tienen posesión de 4 mil 76 hectáreas de derechos mineros y mil 343 de derechos de superficie, es decir, exactamente los que reclama el Comisariado Ejidal.

La Encantada tiene dos títulos: es la mayor inversión de First Majestic y es la mina que paga menor porcentaje de impuestos entre sus equivalentes en México.

Sus porcentajes de pago de impuestos están muy por debajo de Fortuna Silver Mines, en Oaxaca, Aurico Gold, ubicada en Sonora y otras minas propiedad de compañías canadienses.

Los datos fueron elaborados por el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en un estudio sobre la Minería en México.

Para los ejidatarios, el título de concesión con el que opera La Encantada es “pirata”.

Fue otorgado utilizando como garantía del terreno un título de propiedad que fue revocado por un juez agrario desde 2006.

HISTORIAL DE AGRAVIOS

En una entrevista en la Ciudad de México los ejidatarios de Coahuila afirman que las autoridades no han resuelto su reclamo del pago

Enfundado en una chamarra de piel, sin desprenderse ni un instante de su sombrero, Mario Antonio Valdés, presidente del Comisariado Ejidal que reclama los terrenos de La Encantada, relata una batalla que cumple ya 40 años.

En junio de 1973 el ejido Tenochtitlán, en el municipio de Ocampo, en Coahuila, obtuvo una resolución presidencial para administrar 10 mil 100 hectáreas de tierras ganaderas.

Valdés y sus dos acompañantes, el ejidatario Demetrio González y su asesor Juan Abdón Valdez, muestran los planos que traen doblados al interior de una carpeta.

“Este es el terreno que dieron por decreto presidencial, esta es la tierra que les corresponde”, plantea Abdon, quien ha acompañado a los ejidatarios en su batalla legal.

Al año siguiente de que el decreto fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuando ya las tierras eran legalmente propiedad del ejido, el pequeño propietario Armando de Hoyos Galicia vendió “su terreno” a la minera Peñoles, primera propietaria de la mina.

“Desde ahí estuvo incorrecto, él no podía venderle porque las tierras ya eran nuestras”, explica Valdes.

La mina se instaló en La Encantada.

En mayo de 1980 personal de la Secretaría de la Reforma Agraria se presentó en el terreno para ejecutar la orden presidencial y entregar las tierras al ejido.

Ese día les entregaron sólo 8 mil 765 de sus 10 mil 100 hectáreas. El resto, les dijeron, “no estaba disponible”. No hubo mayor explicación.

Los ejidatarios tuvieron que esperar 24 años, hasta julio de 2004, para que la Secretaría ordenara una ejecución complementaria, con la cual les entregarían el resto de su terreno, que entonces ya tenía tres décadas funcionando como una mina de plata.

Grupo Peñoles solicitó un amparo contra la resolución. Ganaron tiempo mientras se resolvía el proceso judicial y siguieron explotando la mina.

En 2006 Peñoles vendió La Encantada a First Majestic y ésta se convirtió en “la mayor operación de la compañía” en México, según informa la empresa a sus inversionistas.

En mayo de ese año la empresa perdió la solicitud de amparo y nuevamente la Secretaría de la Reforma Agraria giró una orden para que se llevara a cabo la ejecución complementaria de la orden presidencial, que les otorgaba derechos sobre esa superficie.

La ejecución fue una burla, a decir de los ejidatarios.

La persona que se presentó a entregarles “sus terrenos” les hizo entrega de lotes que no pertenecían al ejido, estaban fuera del plano original y tienen otro dueño legalmente acreditado.

Ante la autoridad la orden había sido cumplida. Los terrenos de la mina estaban a salvo para First Majestic.

En 2011 los ejidatarios decidieron que continuarían la pelea. Presentaron un litigio ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, Coahuila, 700 kilómetros al suroeste del ejido.

“No nos han resuelto nada, nos dicen que ni siquiera han podido notificar a la empresa, nosotros mismos hemos ido a las oficinas de la compañía y nos dicen que no quieren recibir la notificación”, relata Valdes.

LAS TIERRAS, A REMATE

Desde la ciudad de México, el director general de First Majestic en el país, Ramón Dávila Flores, dijo en una entrevista para Price Waterhouse Coopers que su éxito se debe a que han contratado mexicanos talentosos, y que han aprovechado la tendencia al alza de la plata.

Este equipo forma parte de los que negocian ahora con los ejidatarios.

Al tiempo que la compañía se ha negado a aceptar las notificaciones para retomar el juicio por el ejido, ha buscado negociar directamente con los implicados.

En mayo de este año el Comisariado Ejidal se reunió con varios representantes de la empresa, quienes les ofrecieron “llegar a un acuerdo”.

La oferta de 10 millones de pesos por su terreno fue rechazada por los ejidatarios, quienes les exigieron también que pagaran derechos por un camino que atraviesa el terreno y lleva hasta la mina, cruzando otra parte de sus tierras.

“Les dijimos que les dábamos una fecha límite, que era junio de este año, pero no hicieron nada”, cuenta Valdes.

Decidieron cerrar el acceso a la mina, sobre el camino que pertenece a sus tierras.

“El ejido cerró el camino y al tercer día lo vinieron a abrir”, asegura el ejidatario, quien ahora enfrenta una denuncia por “obstruir vías públicas”.

Valdez obtuvo documentos estatales y federales donde les indican que ese camino no pertenece a la red estatal ni nacional de carreteras y caminos, que no es una vía pública.

Pese a ello, ahora están sentados en el banquillo de los acusados. Mientras, los canadienses ganan tiempo frente al juicio y siguen extrayendo onzas de plata mexicana.

PAGAN POCO POR LA PLATA

La mina de plata “La Encantada”, al norte de Coahuila, está en terrenos ejidales que no ha comprado la canadiense First Majestic. Mientras los propietarios demandan y esperan el juicio, la compañía minera continúa explotando el metal y reportando cantidades que no comprueban haber sustraído realmente.

> 1,464 mdp dicen los canadienses haber ganado en 2012

> 68,160 pesos de impuestos pagó First Majestic

> 4,000,000 de onzas de plata explotaron en 2012

> 10,000,000 de pesos ofreció First Majestic por comprar los terrenos

> 277,000 pesos recibiría cada uno de los 36 propietarios

> 1,500,000 de pesos pide cada ejidatario como indemnización 

> 4,076 hectáreas de derechos mineros tiene First Majestic

> 2,335 hectáreas dicen que comprende la minera

> 45 años es la concesión para explotar plata 

> 40 años han sufrido los ejidatarios por afectaciones en sus tierras


(REPORTE INDIGO/ PENILEY RAMÍREZ / Martes 17 de diciembre de 2013)

MINERAS VORACES


Las mineras transnacionales se han lanzado a la colonización del territorio nacional provocando un impacto social y ambiental. Casi el 70% de las concesiones para explotación están en manos extranjeras

El beneficio del usufructo de la riqueza minera de México ha sido entregado a un pequeño grupo de empresarios
Almaden Mineral tiene presencia en la industria minera de Canadá, Estados Unidos y México, pero es aquí en donde ha logrado más utilidades

73 conflictos sociales se mantienen vivos en todo el país, donde los indígenas pelean contra las mineras

174 proyectos mineros en Puebla se han denunciado por presuntamente atentar contra la salud de la comunidad

5 sanciones de daño ambiental ha emitido la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en lo que va de este año

2,000 hectáreas entregadas a Almaden Mineral correspondientes al suelo comunal

55,990   hectáreas se le entregaron a la minera canadiense en el 2008



Las transnacionales mineras se han lanzado a la colonización del territorio nacional sin importar el impacto social y ambiental que significa la explotación del subsuelo, principalmente en zonas declaradas reservas indígenas.

La voracidad de las mineras internacionales se refleja en el número de concesiones que han logrado para la explotación del subsuelo mexicano: una cuarta parte del territorio nacional ha sido entregada para extraer la riqueza minera de México, asegura el investigador de la Universidad Iberoamericana, Miguel Reyes Hernández.

La entrega de concesiones para la explotación de minas, que se comenzó a disparar en el periodo de gobierno de Vicente Fox y que alcanzó el pináculo durante la administración de Felipe Calderón, ha llegado a niveles desorbitantes.

Hoy la reforma energética, aprobada en la actual administración federal, representa una oportunidad para los planes de explotación del subsuelo nacional por parte de estos conglomerados transnacionales.

A la fecha el Gobierno Federal ha entregado 47 mil 862 concesiones de explotación minera, las que han sido acaparadas por una veintena de empresas internacionales, algunas con participación de inversionistas mexicanos.

El territorio nacional entregado en concesión para su explotación a empresas internacionales llega a 98 millones 682 mil 739 hectáreas.

La mayor parte de la superficie entregada a las mineras está ubicada en zonas indígenas, lo que ha generado el brote de por lo menos 73 conflictos sociales, donde las comunidades originarias han tenido que aportar muertos y desplazados.

En la mayoría de los casos de explotación minera, las transnacionales trabajan sin rostro, sordas a los reclamos de cuidado ambiental e impacto social que exigen los pobladores naturales, propiciando casos extremos como el de Michoacán, en donde la Minera Ternium en Aquila, para poner a salvo sus intereses económicos, creó sus propios grupos de autodefensa, una vez que ya no pudo negociar con el crimen organizado la compra de mineral extraído ilegalmente.

En la mayoría de los casos las mineras no respetan los límites establecidos en las concesiones federales, extendiendo su explotación minera a radios mayores que llegan a hasta tres veces más de la superficie entregada en concesión, esto con la finalidad de abarcar otros yacimientos cercanos a los entregados legalmente.

La extensión arbitraria de los radios de explotación minera, estima el investigador Miguel Reyes Hernández, obedece al plus que otorga la reforma energética, impulsada por la actual administración federal, que autoriza a las mineras -no solo a explotar los yacimientos minerales- sino también los hidrocarburos que se pudieran encontrar en el subsuelo de la superficie entregada en concesión.

Y es que la reforma energética le otorga a la minera el estatus de actividad preponderante al reconocer el uso de suelo preferencial, incluso por encima de la propia vida, la actividad económica o productiva de la población natural, lo que avala el desalojo de comunidades indígenas que obstruyan los procesos de explotación minera.

PROYECTOS DE MUERTE

La llegada de las mineras a cada una de las regiones entregadas en usufructo siempre se anuncian como acciones de desarrollo y progreso para la región, pero no hay una sola localidad en el país en donde las trasnacionales exploten el subsuelo en armonía con los pobladores locales y el cuidado al medio ambiente, prueba de ello son los 73 conflictos sociales que se mantienen vivos en todo el país, donde los indígenas pelean contra las mineras.

Los llamados proyectos de muerte, como los han calificado los pueblos indígenas a los planes de explotación minera irracional, se han triplicado desde el año pasado. El estado de Puebla es el líder en la inconformidad.

Solo en esa entidad se han denunciado 174 proyectos mineros –que a veces tienen que ver con hidroeléctricas y termoeléctricas- que atentan contra la salud de la comunidad.

En el estado de Michoacán se registran 18 proyectos de muerte. En Colima se han denunciado 11 proyectos que atentan contra el medio ambiente. En Oaxaca son 23 las explotaciones de minas que afectan a los pobladores. En Durango se registran 10 proyectos de muerte, en tanto que en Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Chihuahua y Coahuila suman en total 48 las minas que atentan contra la población.

La mayoría de los proyectos mineros denunciados afectan el medio ambiente con daños severos e irreversibles a los mantos acuíferos. En otros como en Colima el daño de las mineras ha sido extremo, al grado de incrementar los índices de cáncer entre la población aledaña a las minas; los casos menos graves de proyectos de muerte son los que se dejan ver con efectos como el de la lluvia ácida.

Frente a este panorama, las instancias federales se manifiestan omisas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en lo que va de este año solo ha emitido cinco sanciones de daño ambiental, pese a que los reclamos de los vecinos aledaños a las minas han levantado al menos 322 denuncias.

La mayor parte de las miles de concesiones otorgadas en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron a parar a manos de los grupos empresariales: Peñoles de la familia Bailleres, Grupo México de Germán Larrea, y Frisco de Carlos Slim, cuyos grupos abanderan los proyectos de muerte.

La suma de las concesiones de esos tres grupos empresariales comprende por lo menos el 70 por ciento de la superficie minera del país, en donde no tienen presencia agrupaciones gremiales o sindicales que procuren la seguridad laboral de los que son empleados para la excavación del subsuelo.

Las mineras de Slim, Larrea y Bailleres, favorecidas desmedidamente en los últimos 12 años, de acuerdo a publicaciones especializadas, son las más rentables de todo el país, principalmente por los bajos salarios a los mineros y la condonación de impuestos federales y locales con que se les privilegia.

Solo la condonación en impuesto predial, servicio de energía eléctrica, suministro de agua potable y otros servicios locales, además de derechos federales no declarados, como el pago de cuotas de Seguro Social, hace que las utilidades de las empresas vayan a la alza bajo la complacencia de las autoridades federales.

ALMADEN MINERAL, UN CASO APARTE

La minera canadiense Almaden Mineral inició ya la exploración de más de 2 mil hectáreas de suelo comunal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el que era utilizado por los pobladores locales para el pastoreo, la siembra agrícola y la explotación forestal; en ese sitio se inició ya la barrenación –con el consecuente daño ecológico- para detectar las vetas de oro que abundan en la zona.

Con las 2 mil hectáreas más que se le han entregado a Almaden Mineral ya suman 16 hectáreas de suelo sobre las que tiene derecho preponderante de explotación la empresa canadiense, aun cuando en realidad viene teniendo dominio sobre casi 20 mil hectáreas de suelo, de donde decenas de pobladores indígenas ya han sido desplazados.

Almaden Mineral tiene presencia en la industria minera de Canadá, Estados Unidos y México, pero es aquí en donde ha logrado sus mayores utilidades al crecer exponencialmente en los último seis años, al obtener concesiones para explotación de suelo con yacimientos minerales para los próximos 50 años.

Las concesiones más importantes entregadas a la minera canadiense se lograron en el año 2008, cuando desde la federación le otorgaron los permisos para la exploración y explotación de 55 mil 990 hectáreas en la zona de Ixtacamaxtitlán, principalmente en la comunidad Tulgtic, en la sierra norte del estado de Puebla, donde lleva a cabo el llamado proyecto Ixtaca, el más ambicioso a nivel nacional para la extracción de oro.

JUSTICIA POR UN TUBO

Al ver que la comunidad indígena de Puebla no publicó un amparo por cuya inserción se cobraban 40 mil pesos, un juez federal determinó finalizar anticipadamente el juicio de garantías iniciado por los indígenas como única esperanza para no permitir el proyecto de muerte en su comunidad.

Con la decisión del juez de no atender la demanda de violación de garantías de la comunidad Nahua de Cuacuila, en el municipio de Huauchinango, Puebla, se benefició a las empresas Gasoductos del Altiplano Termigas S.A. de C.V. y Gasoductos Mexicanos S.A. de C.V.

Estas dos empresas son las que abanderan el proyecto del gasoducto de Gasomex, que consiste en el transporte por ducto de gas propano comercial, que va de la terminal de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, a la terminal de Atotonilco de Tula, en Hidalgo, con una extensión de 300 kilómetros lineales.

El proyecto del gasoducto que no quiso ser frenado por la justicia federal cruza por los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz, en donde afecta al entorno ecológico y las condiciones de seguridad de 24 municipios, mil 500 pequeños propietarios y 70 ejidos.

De todos los núcleos poblacionales que afecta el paso del gasoducto, solo el de la comunidad indígena de Cuacuila fue el que optó por la vía legal para frenarlo, pero el propio sistema les negó la posibilidad de defenderse.

Sin embargo, en una rueda de prensa, la abogada Patricia Montaño Flores explicó que en el Artículo 1 constitucional y los tratados internacionales amparan a la comunidad indígena para que decidan sobre los proyectos que se harán en sus territorios.

Este no es el primer caso en donde el sistema judicial se pone del lado de las empresas. Solo en lo que va del 2015, se estima que al menos 18 comunidades indígenas de la sierra norte de Puebla han buscado la protección de la justicia federal para tratar de frenar los proyectos de explotación del subsuelo, sin que a la fecha se haya concretado el amparo a favor de las comunidades demandantes.

En la mayoría de los casos los proyectos de amparo ni siquiera son admitidos en los juzgados al no cumplir con requerimientos técnicos, principalmente en su estructura de petición, lo que hace más cuestionable la aplicación de la justicia federal, dijo el maestro Juan Romero, especialista en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aseguró que en el país la negativa de los amparos para las comunidades indígenas es casi general, sobre todo cuando se trata de proyectos de explotación del subsuelo, porque los jueces buscan fallas técnicas en la demanda de amparo, en lugar de ver las razones que les asisten a los demandantes. Por eso se dan casos en donde se suspende el juicio porque no se cumplió con la publicación de un edicto, que es algo técnico.


(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS / Martes 4 de agosto de 2015)

DIVIDIDOS POR EL ORO


Dos de los pueblos más pobres del estado de Puebla -pero de los más ricos en minerales para explotar- viven una encrucijada similar. Uno, que se niega a la llegada de las empresas mineras y otro, que espera con ansias el arribo del progreso

“No es cierto que haya desarrollo con la instalación de una minera”

Mary Carmen Larrasilla

Activista integrante de la Asociación Civil Tetela Hacia el Futuro

La Gorrión y Almaden Minerals ha decidido no otorgar regalías a los vecinos de Santa María Sotoltepec, por la explotación de su subsuelo

"Yo pienso que lo que venga la minera a entregar a los vecinos de este municipio sin duda será bueno"

Nicasio
Conductor de un microbús

La pobreza de Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo es contrastante con la riqueza que yace en el subsuelo de estas comunidades ubicadas en la sierra norte de Puebla.

Ahí existen sin explotar dos de los yacimientos de oro y plata más grandes de México.

Hoy los pobladores de estos municipios enfrentan el dilema de aceptar la llegada a sus pueblos de los grandes consorcios mineros con sus posibles consecuencias ambientales… o seguir sobreviviendo en medio de la pobreza y la falta de oportunidades.

Los habitantes de Tetela de Ocampo han decidido rechazar la mina que la empresa Frisco, propiedad del magnate Carlos Slim, pretende poner dentro de su municipio por la concesión federal que logró la compañía.

Los pobladores de esta comunidad indígena no creen que la operación de la mina se refleje en desarrollo y beneficios para las familias que viven aquí.

La historia es diferente en Ixtacamaxtitlán. Su gente espera con esperanza la llegada de las empresas Gorrión S. A. de C. V. y la transnacional Almaden Minerals Ltd., para que exploten la mina a cielo abierto más grande de México.

Aquí las empresas han logrado convencer a los habitantes de la comunidad de Santa María Sotoltepec – donde está el yacimiento- sobre los beneficios que traerá el proyecto con la implementación de programas de ayuda y apoyo para las familias que viven marginadas.

“De todas formas en esta región no hay nada”, acepta Nicasio, habitante de esta comunidad.

“Yo pienso que lo que venga la minera a entregar a los vecinos de este municipio sin duda será bueno”.

UN PEQUEÑO PUEBLO CONTRA CARLOS SLIM

La zona norte del estado de Puebla, una de las más pobres de todo México, también tiene el peor de sus infortunios: está asentada sobre un banco casi solido de oro y plata.

Por eso funcionarios federales de la Secretaría de Energía no ha reparado en entregar sendas concesiones para la explotación minera de oro y plata en 100 mil hectáreas de suelo en Ixtacamaxtitlán, 10 mil hectáreas en Tetela de Ocampo y poco más de 12 mil hectáreas en Zautla.

Tetela de Ocampo es el pueblo que se alzó contra el hombre más rico de México. En esa pequeña localidad de la sierra norte del estado de Puebla, la empresa minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, enfrenta una de sus más grandes batallas al encarar el rechazo de toda la población, la que se niega a la posibilidad de que se abra una mina de oro.

El plazo se vence para que la empresa minera Frisco, a través de la subsidiaria Espejeras, pueda hacer válida la concesión federal para la explotación del yacimiento de plata y oro que se encuentra bajo el suelo de Tetela de Ocampo. Si antes de octubre próximo la minera Frisco no hace una consulta a la población, sobre su presencia en la zona, perderá el privilegio de explotar la mina de oro más grande de México.

Eso alienta a los pobladores de Tetela, los que no han bajado la guardia. Esperan que Frisco pierda la concesión. No quieren que en su municipio se instale este Proyecto de Muerte. Consideran que una mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata significaría el fin de esa comunidad. Por eso la protesta permanente contra la presencia de Frisco en esa comunidad indígena.

“No es cierto que haya desarrollo con la instalación de una minera”, dice la activista Mary Carmen Larrasilla, integrante de la Asociación Civil Tetela Hacia el Futuro, la que promueve la lucha constante contra la minera Frisco.

“Esa industria no resuelve, solo compromete los recursos naturales de la comunidad. No resuelve la vida, solo resuelve las finanzas de ellos”.

Ese es el convencimiento general de todos los habitantes de Tetela de Ocampo. Por eso no han dejado de salir a las calles para manifestar su desacuerdo por los permisos otorgados desde el gobierno federal para la explotación de ese subsuelo. Ni uno solo de los habitantes de esta localidad avala la apertura de la mina, la que Frisco ofrece como “un gran proyecto único de desarrollo”.

Con el rechazo social generalizado, en aras del desarrollo que nadie cree, la empresa Frisco ya hizo sus proyectos de medición. Técnicos resguardados por policías Llegaron sin mediar palabras con los habitantes de la zona y comenzaron a hacer exploraciones del subsuelo. Los resultados les indican que están listos para abrir la mina a cielo abierto, no han tomado en cuenta la obligatoriedad de la consulta a la comunidad, la que intentan pasar por alto, denunciaron activistas sociales.

De acuerdo a la denuncia, la acción de Frisco en la zona de Tetela, en busca de asentarse para abrir su propia mina, ha sido a veces al margen de las concesiones de explotación minera que le ha otorgado el gobierno federal. Ha actuado conforme a su propio criterio, sin respetar disposiciones legales ni sociales, lo que en México es común.

De acuerdo al catedrático de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Eduardo Morales Sierra, quien citó a la investigadora Magdalena Gómez.

“En México existe un proceso de desviación del poder. Es el que tiene que ver con todos los aparatos institucionales, que están acomodados de tal forma para que los proyectos de muerte puedan operar”.

Esa desviación del poder, agrega Morales Sierra, es la que hace posible que 8 de cada 10 minas que operan en el país, lo hagan de manera irregular, de acuerdo a lo conclusión a la que llegan miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

EL RECHAZO NO ES GRATUITO

Las campañas en contra de las mineras en el norte de Puebla no son nuevas. Los detractores advierten de riesgos ecológicos desde hace años.

La campaña que se ha generalizado en toda la zona del norte de Puebla, para exigir que no se concreten los proyectos de extracción minera, los que se han venido alistando desde el periodo de Vicente Fox, y que se han materializado con la entrada en vigor de la Reforma Energética, no es porque sí.

El reclamo de cese al plan extractivista en la zona norte de Puebla parte de la convicción sobre el riesgo ecológico en que habrán de entrar las comunidades indígenas en donde se pretenden minas a cielo abierto, donde científicos han pronosticados colapsos socio ambientales, tales como los que ya se registran en diversos puntos del país.

De acuerdo al investigador de la Universidad Iberoamericana, Eduardo Morales Sierra, un gran número de acciones para infraestructura en proyectos de rápida generación de capital, como el de las mineras, son la causa de afectaciones ecológicas que dañan a poblaciones naturales de las zonas en donde se asientan.

En Tetela, la minera Frisco comenzó a dañar el medio ambiente con la barrenación de por lo menos 80 sitios, en donde hizo excavaciones para medir la densidad de oro y plata en el subsuelo, generando impacto ecológico que se estima de manera irreversible, el que se agudiza con la generación de agua residual con altos contenidos de cianuro y aluminio.

El daño ecológico generado en Tetela, con la sola barrenación para la exploración de la veta de oro y plata que cruza por la zona, se puede ya sumar a los 480 conflictos socioambientales que han registrado los científicos investigadores del tema, los que han contabilizado 414 sitios contaminados por acción de mega proyectos de muerte.

EL PAÍS EN EMERGENCIA AMBIENTAL

Los pobladores de Tetela de Ocampo, en Puebla, no quieren que se asiente la minera Frisco porque el temor de un desastre ecológico es fundado. El miedo lo sostienen los pobladores en la experiencia de otros sitios con mineras, como el caso de la Minera México que derramó sustancias tóxica en el Rio Sonora, en donde no se han aplicado medidas de reparación ambiental, y las autoridades federales no han hecho nada.

En la mayoría de los casos de afectación ecológica por actividad minera, La Semarnat y la Profepa se observan rebasadas. Eso lo dictan los 414 sitios contaminados que se registran en el país a la fecha, en donde no hay recomendación oficial para resarcir el daño ambiental.

De acuerdo al investigador Eduardo Morales Sierra, en México se presentan dos contingencias ambientales cada día. Gran parte de esas emergencias son propiciadas por empresas mineras, como las que se pretenden asentar en los municipios pobres de la zona norte del estado de Puebla.

AYÚDAME... QUE TE AYUDARÉ

La minera mexicana Gorrión S. A. de C. V. y la trasnacional Almaden Minerals Ltd. ha logrado convencer a los habitantes de Ixtacamaxtitlán, Puebla, que acepten la la pronta instalación de la mina a cielo abierto más grande del país. 

La estrategia de la minera ha dado en el blanco. Los sectores más inconformes están siendo atendidos en sus demandas más elementales, mediante acciones de salud, alimentación, esparcimiento y ocupación.

Los ejecutivos de las dos empresas que tienen el permiso del gobierno federal para lograr la explotación de más de 14 mil hectáreas de terreno -bajo el que pasa la veta más importante de oro y plata del país- iniciaron una ambiciosa ofensiva para mantener a la población de Ixtacamaxtitlán en calma: entrega de recursos, apoyos, despensas, préstamos y promesas de mejoría económica al por mayor.

A la acciones de ayuda social de las dos mineras se ha sumado el plan del gobierno federal, el que en los últimos dos años ha intensificado de manera especial la presencia de sus programas para abatir la pobreza y la marginación.

El municipio  de Ixtacamaxtitlán, pero particularmente la comunidad de Santa María Sotoltepec, son los destinos privilegiados de las acciones de gobierno para atender las necesidades sociales.

Pero la suerte le cambió a toda la población apenas en el 2012 la minera inició el proceso de exploración formal para iniciar la explotación del oro y la plata en ese subsuelo.

Desde hace dos años las mineras no bajan la guardia. Han intensificado su programa de información a la sociedad sobre “los beneficios que tendrá el municipio con la operatividad de la mina”.

La gente comienza a dudar que la instalación de una mina a cielo abierto, la que se comenzó a proponer desde hace 14 años, pueda tener efectos negativos en el entorno ecológico o a nivel social. La gente se ha comenzado a esperanzar en el oro que se va a extraer en esa zona.

Muchos pobladores de Santa María Sotoltepec, y de la cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán, sueñan. Tienen la esperanza de poder hacerse con un poco del oro y la plata que las mineras esperan extraer en los próximos meses, una vez que concluya el periodo de exploración y se haya superado el proceso de consulta a la población, el que se observa como un mero trámite a realizar, ante la complacencia de los vecinos.

“Yo creo que la mina será buena para el municipio”, dice José Manuel, taxista de 20 años de edad.

LA MINERA VA POR TODO

Como parte de su programa para el convencimiento social, las mineras Gorrión y Almaden Minerals han lanzado una estrategia infalible: se ha convocado a los niños de todo el municipio de Ixtacamaxtitlán para otorgares cursos de verano. Es la tercera ocasión consecutiva en que durante las vacaciones escolares la minera asume el cuidado de los niños de esa localidad.

A la par se ha instalado también un centro de información que busca disipar las dudas de todos los que quieren conocer cómo operará el proyecto de una mina al aire libre.

El centro tiene la finalidad de eliminar “los mitos sociales” que sobre el funcionamiento de proyectos de extractivismo difunden algunos grupos ecológicos, “con un toque alarmador”, cuestionó un empleado de la minera.

A los padres de familia, a los que se les garantiza empleo permanente y bien remunerado una vez que comience el proceso de extracción, se les capacita sobre la funcionalidad de las minas con visitas guiadas a otros centros de extracción en diversos puntos del país.

Las mineras Gorrión y Almaden Minerals intentan convencer a la población local que su presencia en la explotación del oro y la plata de Ixtacamaxtitlán por los próximos 50 años será benéfica para todos.

Las acciones de convencimiento para la aceptación social de la mina han comenzado a tener resultados: la resistencia ha disminuido. El grupo que inicialmente se oponía a la instalación del proyecto extractivo ha quedado reducido a criticas particulares, que a veces se hacen presentes de forma casi anónima con desplegados y manifiestos públicos contra las dos mineras.

LE DA UN GIRO A LA ESTRATEGIA

Amí en nada me va a beneficiar la mina, eso me queda claro –explica María, una costurera de 32 años de edad, madre soltera con dos hijos-.

“Y creo que sería ingenuo pensar que las mineras nos van a dar parte de sus utilidades, las que se derivan de la riqueza sobre la que viven los pueblos indígenas de la zona norte de Puebla.

“Tal vez vengan esas mineras a dar algunos empleos”, dice convencida, pero realmente son pocos empleos los que se generan frente a la demanda laboral que representan los vecinos de esta parte del norte de Puebla, en donde actualmente solo 3 de cada 10 vecinos tienen algún tipo de empleo permanente.

A diferencia de la forma en que vienen operando otras mineras en México, la Gorrión y Almaden Minerals ha decidido no otorgar regalías a los vecinos de Santa María Sotoltepec, por la explotación de su subsuelo. No darán regalías porque la nueva ley minera establece que el 7.5 por ciento de las utilidades de las empresas mineras será entregado al gobierno federal, estatal y municipal.

La mayor parte de los recursos derivados de las utilidades de las mineras, marca la nueva ley, serán entregados principalmente a los gobiernos municipales, de donde debe ir a parar a manos de los dueños originales de los terrenos en donde se asientan los proyectos extractivo. Curiosamente es en la esfera municipal en donde los índices de corrupción se encuentras muy elevados.

LA MINA ES MEJOR

que nadaLa sociedad de Ixtacamaxtitlán ya no está dividida sobre su postura para permitir o rechazar la instalación de la mina en Santa María Sotoltepec.

Cada vez son más las personas que resignadamente reconocen que el proyecto minero puede ser bueno en general para los vecinos de ese lugar.

“Nadie le da nada a este pueblo”, explica Nicasio, de 35 años de edad, soltero y conductor de un microbús.

“Yo pienso que lo que venga la minera a entregar a los vecinos de este municipio sin duda será bueno.

Ciertos estamos de que la explotación de la mina a cielo abierto habrá de afectar al medio ambiente, pero de toda formas el daño por esa mina u otra empresa va a existir. Yo creo que la gente debe tomar la oportunidad para alcanzar el desarrollo social”.

El impacto social que pueda generar la mina de oro en Santa María Sotoltepec, ni siquiera es reconocido por el entrevistado. Se ríe. Le toma a la lata de cerveza con la que capotea el calor de las 11 de la mañana. Se pone serio.

“De todas formas en esta región no hay nada”, admite. “No hay empleos ni forma alguna de ganarse la vida. Eso no lo digo yo, lo dicen los pueblos fantasmas de esta región”.


(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/ Lunes 17 de agosto de 2015)