CIUDAD
JUÁREZ, Chih. (proceso.com.mx).- Cinco de seis hombres acusados de trata de
personas y homicidio agravado en contra de 11 mujeres localizadas muertas en el
arroyo del Navajo del Valle de Juárez fueron hallados culpables este domingo.
El
tribunal de juicio oral absolvió a otro sujeto debido a que no había elementos
suficientes para condenarlo, aunque no determinaron que fuera inocente.
Las
juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda
explicaron que condenaron a los acusados por el delito de homicidio agravado.
Explicaron
que la red de trata de personas –en la que según testigos están involucrados
policías, militares, jefes penitenciarios, entre otros– aprovechó la situación
de violencia que vive Juárez desde 2008 “para utilizar la necesidad de las
personas vulnerables, reclutarlas por la fuerza, segregarlas de su familia con
fines de prostitución forzada, beneficiándose económicamente”.
Los
testimonios de las familias coincidieron con las pruebas aportadas por peritos,
antropólogos y policías ministeriales.
Los
hombres encontrados culpables se dedicaban principalmente a enganchar,
trasladar y reclutar a las víctimas: César Félix Romero Esparza, Edgar
Jesús Regalado Villa, Manuel Vital
Anguiano, Jesús Hernández Martínez y José Antonio Contreras Terrazas, de
acuerdo con el juicio 267/14.
En
el caso de José Gerardo Puentes Alva, fue absuelto pero podrá salir libre sólo
hasta que una segunda instancia revise su caso.
Las
jóvenes desaparecidas y encontradas en el Valle de Juárez, la mayoría en el
arroyo del Navajo son Jazmín Salazar Ponce, Lizbeth Avilés García, Mónica
Liliana Delgado Castillo, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jessica Terrazas
Ortega, Deysi Ramírez Muñoz, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre
González, Idalí Juache Laguna, Jesica Leticia Peña García y Andrea Guerrero
Venzor.
Sin
embargo, a lo largo del juicio salieron a relucir nombres y casos de por lo
menos 20 mujeres más que habrían sido reclutadas y asesinadas.
Los
delitos contra las 11 víctimas del juicio se cometieron entre 2009 y 2012. Sus
cuerpos fueron localizados en el Valle de Juárez, que abarca los municipios de
Juárez, Praxedis y Guadalupe Distrito Bravos.
Los
acusados reclutaron, engañaron, trasladaron a las víctimas y las segregaron de
su familia mediante la coacción física y moral, las mantuvieron incomunicadas
para luego privarlas de la vida.
Las
mujeres eran reclutadas para explotación sexual y venta de droga, de acuerdo
con testimonios de víctimas que lograron huir y/o sobrevivir, así como de
integrantes de la misma red que declararon como testigos protegidos.
En
los tres meses del juicio desfilaron por la sala 2 de la Ciudad Judicial de
Juárez casi 200 testigos, muchos más no acudieron porque no se les localizó, o
por miedo.
Se
presentaron también exempleados y vecinos del hotel Verde, donde se comprobó
que prostituían a las mujeres y donde varias de ellas permanecieron mucho
tiempo; asimismo, testificaron agricultores que localizaron restos óseos en el
Valle de Juárez en 2012.
Los
restos fueron localizados en lugares inaccesibles o de difícil acceso, a donde
sólo llegan campesinos a caballo o a pie, por lo que se determinó, con base en
los peritajes, que las jóvenes fueron llevadas a fuerzas o atadas.
A
José Antonio Contreras Terrazas, uno de los procesados, le apodan El Gordo
Maloso. Testigos afirmaron que se le veía en una Van verde junto con otras
personas y llevaba a las muchachas a diferentes lugares, con distintas
personas.
La
banda delictiva trabajaba para Los Aztecas, grupo del Cártel de Juárez.
Contreras
junto con El Pifas, El Patachú y El Piwi cobraban las cuotas y vendían droga en
el centro. Las madres de las víctimas ubicaron a estos sujetos porque eran los
encargados de enganchar a sus hijas, pero no se ha logrado dar con los jefes de
la red ya que las autoridades los protegen.
Edgar
Regalado está acusado de ser el coautor del homicidio de Mónica González,
Jazmín Salazar y Jéssica Terrrazas.
La
audiencia de “individualización de la sanción”, es decir, cuando se conocerá a
cuántos años de prisión se les condena, así como la reparación del daño, será
el viernes 24 de julio a las 10:00 horas.
Por
su parte, las organizaciones Red Mesa de Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas
advirtieron que este caso es apenas el inicio de la investigación, ya que las
autoridades deben investigar, procesar y juzgar a jefes policiacos y
funcionarios que protegieron a la red.
Norma
Ledezma Ortega, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, dijo que “el reto
ahora es que la Fiscalía continúe inmediata e ininterrumpidamente la
investigación, para abrir carpetas de otras víctimas encontradas, hacia todos
los servidores públicos que pudieran estar involucrados; otra deuda es encontrar
a las jóvenes que aún están desaparecidas por la empresa delincuencial como
ahora le llaman, hay que encontrar la punta de esta cadena”, indicó.
Imelda
Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, afirmó que durante el juicio se
conoció que por lo menos son 28 casos de mujeres desaparecidas, varias de ellas
ya han sido localizadas muertas y otras aún están desaparecidas.
Señaló
que hay más carpetas de investigación contra los mismos acusados, contra otros
que ya están detenidos y contra unos más que aún no son localizados. Consideró
que la Procuraduría General de la República también está obligada a hacer las
investigaciones necesarias, porque hay agentes involucrados que le corresponde
investigar.
Santiago
González, abogado coadyuvante por la Red Mesa de Mujeres, dijo que hay cuatro
detenidos que ya están en proceso penal por las mismas víctimas, en donde
también se ha aportado material humano, científico y otras pruebas, para
acusarlos y encontrarlos culpables.
(PROCESO/ PATRICIA MAYORGA/ 19 DE JULIO
DE 2015)
