jueves, 16 de julio de 2015

LA MIRADA QUE IMPACTARÁ EN EL SORTEO DEL MUNDIAL DE RUSIA


La modelo estará presente en el sorteo preliminar del Mundial de Rusia 2018. “Una oportunidad económica y cultural”, dice

ZÚRICH. Sui., 16 de julio.- La modelo y filántropa Natalia Vodianova presentará el 25 de julio en el Palacio Constantino de San Petersburgo el sorteo preliminar del Mundial de Rusia 2018, quien es una admiradora de Lev Yashin, legendario guardameta ruso.

Vodianova indicó a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) que "para mí será un gran privilegio estar ahí en calidad de copresentadora de un acto como ese".

La modelo, que estará acompañada por Dmitry Shepelev, señaló que "también es una enorme responsabilidad, y para ser totalmente sincera, estoy un poco nerviosa".

Representar a Rusia ante el mundo es una recompensa justa para Vodianova, que lleva implicada en la candidatura de su país desde 2010 y está emocionada ante la idea de que Rusia organice la competición mundial.

Este evento supone una gran oportunidad económica y cultural. Dar la bienvenida al mundo entero tendrá repercusiones fantásticas. También es muy estimulante para nuestro futbol, y eso es lo más importante”, afirmó la modelo.

Rusia 2018 le apasiona porque el futbol ocupa un lugar especial en la vida de esta madre de cuatro niños, uno de los cuales nació en septiembre de 2007, horas después de un amistoso Inglaterra-Rusia.

“Di a luz mientras animaba a Rusia, desafortunadamente perdió por 3-0, pero quién sabe si quizás un día mi hijo cambiará la historia", expresó la filántropa, quien tiene en casa dos pequeños futbolistas en ciernes.

"Mi hijo de 13 años me suplica desde hace tiempo que le deje jugar, ya que durante años hemos preferido que se centre en los estudios. Hoy es todo un incondicional y por suerte puede hacer lo que le apasiona sacando buenas notas en el colegio", refirió.

"Mi hijo de siete años sueña con ser portero, ahí le gusta jugar y tiene talento. Mientras que los otros niños aspiran siempre a ser jugadores de campo, a correr, a realizar pases", afirmó orgullosa la admiradora de Lev Yashin. "Era un hombre increíble", aseguró al recordar al legendario guardameta ruso.

"Estaba dispuesto a sacrificarse por su país, por su equipo. Eso es algo que no se ve a menudo en la actualidad. Tengo la sensación de que hoy en día todos somos un poco como niños mimados, y para mí, Yashin es una fuente de inspiración", expresó.

El próximo 25 de julio, la creadora de la fundación "Naked Heart", que ayuda a los niños desfavorecidos, mostrará al mundo la cara más bonita y amable de Rusia.








(EXCELSIOR/ ADRENALINA/ Notimex el 16 de Julio de 2015)

FEMINICIDIOS EVIDENCIAN PORNOGRAFÍA SÁDICA EN JUÁREZ: ESTUDIO


El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social alerta: cuerpos de las mujeres presentan un patrón de mutilaciones propios de esta industria



Muchas mujeres que trabajaban en las maquilas de la ciudad jamás regresaron a sus casas. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, 16 de julio.- La similitud de las marcas, las lesiones y las mutilaciones de muchos de los cuerpos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez indican que hay un móvil de “pornografía sádica”, hipótesis que las autoridades de Chihuahua han desechado como línea de investigación en los feminicidios registrados desde 1993.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), los cuerpos femeninos violentados registran mutilaciones de mama, ocular, vísceras; lesiones dentales, cortes en piel y cortes irregulares del cabello.

“Estos modos de violencia se incorporan al fenómeno de la trata de las personas, debido a que la mayoría de las marcas dejadas en sus cuerpos corresponden a las que provocan los actos de tortura sexual y sexo violento, usualmente practicados por traficantes de mujeres”, señala la doctora Patricia Ravelo Blancas.

Para la académica, este elemento de pornografía sádica encaja en lo que define como “Industria criminal trasnacional”, tendencia que se ha modernizado con el uso de la tecnología seduciendo con engaños a mujeres y niñas para después ser secuestradas.

De acuerdo con Ravelo Blancas,  a partir de hubo un crecimiento de los feminicidios en Juárez. En 2008 se registraron 111 casos; 125 en 2009 y 401 en 2010.

A partir de 2011 la cifra descendió a 220, 108 en 2012, y 59 en 2013. No obstante, advierte la especialista, aunque ha disminuido “en lo absoluto significa un cambio radical en los motivos, los métodos y los patrones de los crímenes contra el sexo femenino. Estamos hablando de 1024 mujeres asesinadas de manera violenta desde 2008”.


(EXCELSIOR/ REDACCION/ 16/07/2015 15:19)

VIDEO QUE LAPD OCULTÓ POR DOS AÑOS MUESTRA ASESINATO DE MEXICANO A SANGRE FRÍA


El asesinato en Gardena adquiere relevancia histórica al ser uno de los pocos y probablemente el más llamativo asesinato grabado en cámara de un inmigrante mexicano en esta nación



LONDRES, 16 de Julio.- La policía de Los Ángeles reveló este martes un perturbador video que mantuvo en secrecía durante dos años en el que se ve a agentes del orden estadunidenses abriendo fuego y asesinando a sangre fría al inmigrante mexicano de origen guerrerense Ricardo Díaz-Zeferino.

Associated Press, Bloomberg News y Los Angeles Times iniciaron hace 25 meses un proceso de cabildeo que terminó en una demanda penal que forzó a la ciudad-distrito de Gardena, en el sur centro de Los Ángeles, a divulgar este video (http://goo.gl/jPKiIG) por ser de “interés público”.

La familia de Zeferino aseguró $4.7 millones de dólares como indemnización, sin embargo se determinó el 2 de Julio de 2014 que los oficiales que asesinaron a Zeferino y dispararon acertadamente contra el también inmigrante Eutiquio Acevedo, que no habla o entiende indicaciones en inglés, actuaron “en legal autodefensa y defensa de otros”, exculpándolos de crimen o culpa.

Esto reavivo el debate sobre brutalidad policial y supremacía blanca a meses de las protestas por los asesinatos policiales de Michael Brown en Ferguson, Eric Garner en Nueva York, Oscar Grant en San Francisco, Freddie Gray en Baltimore y, con mayor coincidencia, el caso del afro americano Walter Scott en Carolina del Sur.

El asesinato en Gardena, uno de los 88 distritos o delegaciones que tienen el título y administración de Ciudad en la extensa Área Metropolitana de Los Ángeles, adquiere relevancia histórica al ser uno de los pocos y probablemente el más llamativo asesinato grabado en cámara de un inmigrante mexicano en esta nación.

Se desconoce la situación migratoria de los tres inmigrantes y cocineros afectados, especialmente el de Eutiquio Acevedo, herido de bala, y José Amado García, quien salió ileso, que no hablan inglés y se desconoce si residen ilegalmente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no respondió inmediatamente sobre si el Consulado de México en Los Ángeles conoce su nacionalidad, ha intentado contactarlos y de ser así, ayudarlos.

La reportera de Los Angeles Times Brittny Mejía confirmó a Excélsior que “el hombre que murió es de Guerrero, Mexico. No estoy seguro de los otros dos” (https://goo.gl/YWyYup).

LLAMA A LA POLICÍA Y EN 3 MINUTOS MATAN A SU HERMANO

La historia de Zeferino recuerda las tragedias griegas de Antígona y Edipo, donde en momentos de caos e incertidumbre, se confunde al familiar con el enemigo y este último muere.

Así, el mexicano Agustín Jesús Reynosa encamina a su hermano Zeferino y a sus dos amigos en búsqueda de una bicicleta robada y en menos de cinco minutos, cuatro policías los confunden a los tres hispanos con los ladrones, le disparan a dos, matando a uno.

Los jóvenes, todos de familias inmigrantes, agrarias, pobres, terminaron sus turnos como cocineros y se reunieron a la 1h15am en el Mis Amigos Bar. A Jesús Reynosa, creyendo que tendría suerte esa noche, cruzó la avenida Redondo Beach, estacionó su bicicleta afuera de la farmacia CVS y momentos después se percató que se la han robado.

Alertó a las autoridades mediante un tercero y le pidió a su hermano y amigos, que también venían en bicis, buscarla hacia el noroeste de dicha avenida mientras esperaba que llegara la policía a la farmacia CVS.

A tres minutos de su partida, montados en dos bicicletas, fueron confundidos por los asaltantes por la policía que manejaban en dirección opuesta. “Manos arriba”, “Siéntate”, “Alto”, gritaron a los inmigrantes, en castellano, que no entendían inglés bien y apenas salían del bar (goo.gl/6mtn4L).

El video de 26 segundos, mostrado desde dos cámaras con dos ángulos distintos, muestra a Zeferino, el único que medio hablaba inglés, moviendo las manos, explicando que fue su hermano quien había llamado a la policía. Baja las manos de forma repentina hacia su cintura, se acomoda la cachucha y pone nervioso a los policías que pensaban, cargaba pistola.

En un “error” de la operadora del 911 que recibió la llamada proveniente del hermano “olvidó” comentarle a los policías patrulleros que la llamada de auxilio especificaba que no se “creía” que los roba bicicletas estaban armados, por lo que los policías arribaron desfundados, preparados para lo peor.

“HASTA AQUÍ LLEGUÉ”, SUS ÚLTIMAS PALABRAS

“Pon tus manos arriba o te vamos a disparar… lo haces de nuevo y te vamos a disparar”, les gritaron. “Hasta aquí llegué”, fueron las últimas palabras de Zeferino, de 34 años, quién terminó con ocho disparos letales, dos en la espalda (hombro y espalda mayor), en la rodilla, brazo y cadera (http://goo.gl/aDTmmv).

Su autopsia reveló un grado de alcohol .22% (unas 6 o 7 cervezas), positivo en metanfetamina y dos billetes de un dólar enrollados para consumir esta droga.

Eutiquio Acevedo fue hospitalizado por heridas de bala en el Harbor UCLA Medical Center durante tres días. Jesús Reynoso llora y se arrepiente de haberle marcado a los policías.

MATANZA DE MEXICANOS: UNA CONSTANTE

Hasta Mayo del 2015, los policías que dispararon seguían patrullando las calles de South Central L.A.: el anglosajón Christopher Sanderson, descendiente de asiáticos Matthew Fong Toda y descendiente de latinoamerica Christopher Mendez, así como el sargento y responsable a cargo, Christopher Cuff.

Quedaron absueltos de toda responsabilidad  ya que la policía de Gardena se investigó a sí misma y concluyó no haber incurrido en ningún crimen, falta administrativa o procedimiento externo a su protocolo y estándares (http://goo.gl/6mtn4L), como es el caso del 99% de los asesinatos policiacos en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia debe ser el encargado de investigar cuando un agente mata a alguien, porque no podemos esperar que la policía se investigue a sí misma”, dijo la abogada Sonia Mercado, que representa a la familia del fallecido en el tiroteo ocurrido en Gardena, al diario La Opinión.

Mercado pide trasladar la investigación de una corte local a una federal y exige la creación de una “comisión federal” encargada de abusos policiacos, que empiezan a ser catalogados como “crímenes”, en lugar del impreciso término de “brutalidad” policiaca.

Gardena es parte de “South Central L.A.”, epicentro de la violencia racial en Estados Unidos. A sólo dos horas de distancia, se recuerda la emblemática tortura que doce patrulleros fronterizos de San Diego propinaron al potosino Anastacio Hernández (sic) quien gritaba por clemencia y piedad en el desgarrador y nacionalmente conocido video del 2008 https://goo.gl/g3QFEf

También el caso del mexicano y padre de familia Antonio Zambrano que recibió 17 balazos de las autoridades de Pasco, Washington (http://goo.gl/uUnnhE); Ernesto Canepa en Santa Ana, California (http://goo.gl/oDwcVu); la madre de El Paso, Texas, que no dio a conocer el nombre de su hijo fallecido por respeto, intimidad e integridad de su familia (http://goo.gl/xPrzmj).

Estas muertes en 2015 fueron acompañadas por la solidaridad, indignación y una enérgica exigencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores que reprueba, condena y solicita un correcto castigo a los responsables, lo cual no ha sucedido en 2015 y rara, si es que alguna vez, en las relaciones bilaterales.

LA HISTORIA RACISTA DE GARDENA    
          
El asesinato del mexicano se da una de las áreas históricas más representativas de la violencia étnica y de asesinatos de policías anglosajones en contra negros, morenos y asiáticos en Estados Unidos: South Central L.A.

En el colindante barrio de Watts, las minorías de color crearon un mayhem de cinco días, matando 34 personas, hiriendo 1,032, arrestando 4,000 y destruyendo-quemando $40 mdd de propiedades en 1965, “el peor ‘urban riot’ en veinte años”, señala History (http://goo.gl/VKlnBv)

En 1992 se logró lo imposible: unificar a las dos principales y opositoras pandillas de Los Ángeles, los rojos bloods y los azules crips, para crear otro holocausto de protesta por la brutal paliza del negro Rodney King.

Es el infernal barrio-corredor de Compton, Inglewood y Long Beach donde se consolidaron los artistas TuPac, Dr. Dre, Ice Cube, NWA y Snoop Dog; fue clave para que Huey P. Newton consolidara las Panteras Negras en los años sesenta; las sanguinarias Mara Salvatrucha 13 y 18, los “sureños” y el cártel de Sinaloa tienen fuerte presencia.

Los familiares de Díaz-Zeferino descartaron este miércoles organizar protestas en esta comunidad, lo que en otras ocasiones suele desembocar en algún tipo de violencia o arresto.

“En lo que va del 2015 la policía ha disparado y matado (al menos) 500 personas en los Estados Unidos”, lo cual “fácilmente excede las figuras reportadas por el FBI por cualquier año desde 1976”, sugiriendo, que las autoridades estadunidenses mienten o manipulan cifras oficiales, publicó hace seis días el Washington Post (http://goo.gl/oUDdZl).


(EXCELSIOR/ JULIO ALEJANDRO / CORRESPONSAL/ 16/07/2015 08:34)

VIDEO: CAPTAN PLEITO ENTRE POLICÍA Y MOTOCICLISTA EN CUAUTEPEC


CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) discuten con dos sujetos al intentar impedir que una motocicleta sea remitida.

En las imágenes se observa a los uniformados adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) sector Cuautepec, perímetro de la delegación Gustavo A. Madero, que toman la motocicleta, pero uno de ellos es agredido a golpes por un sujeto de gorra, playera blanca y pants negro, quien le cuestiona el por qué se quiere llevar la moto.

A lo que el policía le responde “¿y por eso me empujas? Yo no tengo la culpa que tus motos anden mal, te hice la indicación, te estoy diciendo... y te diste la vuelta”.

Posteriormente se observa al sujeto preguntando al uniformado "¿a quién se la mentaste?, dilo hasta puto eres, porque están filmando”.

Por lo que el policía pide que dejen de filmar, pero el sujeto le suelta un golpe que provoca que el elemento de la SSPDF pierda el casco.

Mientras el oficial es agredido, su compañero se limita a observar y al parecer pide refuerzos por radio sin que intervenga en el altercado.

Se desconoce si el conductor agresivo fue remitido antes las autoridades.


(EXCELSIOR/ REDACCIÓN/ 16 DE JULIO 2015)

EL MENCHITO’, LOS DESACIERTOS


En cuatro ocasiones, las autoridades no han logrado acreditar delito alguno a Rubén Oseguera González, el segundo en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, arraigado, se le atribuye la desaparición de personas, delito inexistente en el Código Penal Federal

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”

Código Penal Federal
sobre desaparición forzada

“En este caso, entablarlo (el delito) a un particular va a ser muy difícil que se dé”

Dante Haro
presidente Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara



Bajo la figura de arraigo, Rubén Oseguera González enfrenta una acusación, la desaparición de personas, cuyo delito es inexistente en el Código Penal Federal.

El 1 de julio pasado “El Menchito”, el número dos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue puesto en libertad; había sido detenido unos días antes, el 23 de junio, en un coto privado del municipio de Zapopan.

Ese primero de julio volvió a ser aprehendido por la Procuraduría General de la República. El nuevo delito: desaparición de personas, dijo la dependencia.

En su Capítulo III Bis, el Código Penal Federal aborda solamente la “Desaparición forzada de personas”.

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”, reza el artículo 215-A del Código.

Señala el mismo capítulo que la sanción para quien cometa tal delito será una pena de cinco a 40 años de cárcel.

Y al servidor público que haya sido condenado por desaparición forzada de personas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar cualquier otro cargo de uno a 20 años.

“La desaparición de personas solamente se establece en el Código Penal Federal, a partir de 2001 se ha introducido, por recomendaciones que se han hecho, y el elemento en esta situación es difícil de cumplir, porque se da únicamente por entes públicos, policías, operadores, militares que desaparecen personas.

“En este caso, entablarlo a un particular va a ser muy difícil que se dé”, explica Dante Haro Reyes, presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara.

El investigador de la Universidad de Guadalajara en temas de seguridad pública añadió que si el Ministerio Público insiste en acusar a “El Menchito”, solamente de desaparición de personas, será difícil que éste pise la cárcel.

“Si se presenta la parte acusadora, con estas características, te estoy dando ya el andamiaje jurídico, donde no encuadra. ¿Cómo vas a darle seguimiento a una personas cuando el delito no encuadra?.

“Aparte, se tendría que demostrar un vínculo, presentar evidencias de modo, tiempo y lugar contra el acusado, para que un juez pueda procesarlo y condenaron de una manera adecuada. Hay una serie de deficiencias que notamos, aun sin tener el expediente”, añade.

El experto señala que el Ministerio Público tendría que estudiar si existen delitos conexos como el secuestro, el homicidio o la tortura, establecidos en el marco legal del país.

En el caso de la privación de la libertad, el Título Vigésimo Primero del Código Penal Federal, en el artículo 364 señala que quien cometa tal delito, será castigado con seis meses a tres años de prisión, y de 25 a 100 días de multa.

La Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro va más allá en sanciones, aunque no aborda la desaparición de personas.

En el artículo noveno de su Capítulo II establece de 40 a 80 años de prisión, y de mil a 4 mil días de multa, si el secuestro se ha hecho con el propósito de: obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; amenazar con quitar la vida a la persona en calidad de rehén; causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad; o cometer un secuestro exprés.

ARRAIGO IGUAL A DESESPERACIÓN

Oseguera González fue detenido por primera vez en enero de 2014. Salió libre en octubre de ese año y ese mismo mes fue reaprehendido. De nuevo alcanzó la libertad en diciembre de ese año.

El 23 de junio pasado, en el número 18 del fraccionamiento Villazul I, en la colonia Altamira, en Zapopan, “El Menchito” fue detenido en un operativo del Ejército y la Policía Federal.

El Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de México ordenó su liberación el 1 de julio pasado.

En la causa penal 42/2015, el juez informó que hubo una intromisión ilegal en el domicilio del señalado; que junto con otra persona no fueron puestos a disposición del MP inmediatamente; que no fueron asistidos por un defensor en un principio; y que las pruebas entregadas no acreditaron la existencia de delincuencia organizada.

Al salir libre, “El Menchito” fue recapturado, ahora por el delito de desaparición de personas. La PGR informó ese día que apelaría el fallo del juez federal.

El 3 de julio, la dependencia informó que obtuvo de un juez un arraigo hasta por 40 días, en contra de Rubén Oseguera.

“Dicho instrumento jurídico servirá de base para recabar más elementos de prueba que sustenten, en su momento, la determinación que adopte el Ministerio Público de la Federación”, plasmó la PGR en un comunicado fechado aquel día.

Dante Haro subraya la poca eficiencia del MP para no consolidar una investigación desde enero de 2014, cuando “El Menchito” fue aprehendido por primera vez, a la fecha.

Señala que en gran parte se debe al sistema de seguridad en México, que privilegia, en un 80 por ciento, la reacción policial, contra un 20 por ciento de un modelo de inteligencia, porcentajes inversos en otros países.

“Es una desesperación para poder tener resultados. Se adelantan a lo que debe tener sigilo, a los tiempos, al orden de ideas. El búmeran mediático a final de cuentas no resulta, y tenemos ahí casos como el de Hank Rohn, el Michoacanazo, Tlatlaya, Tanhuato, Ayotzinapa, donde nos dicen una verdad oficial que muchas veces se cae”, puntualiza.

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN, EN CONFLICTO

Para Dante Haro Reyes, académico de la Universidad de Guadalajara, el conflicto existente entre la parte preventiva y de procuración de justicia, con la del sistema de impartición, ha puesto en entredicho el papel de las instituciones.

“El máximo perjudicado de esto es la sociedad, porque no cree en las instituciones de seguridad y de justicia, tan es así, que tenemos una grave cantidad de cifra negra: aproximadamente 9 de cada 10 delitos no se denuncian”, dice.

En “Jueces oscuros” publicado el 6 de julio pasado, Reporte Indigo dio un panorama del papel del sistema judicial en México, tras la última liberación de “El Menchito”.

“Si ves a muchos juzgadores, en el sentido de ver cuáles son sus salarios, lo que tienen muchos de ellos, en gran porcentaje, no corresponde, aunque juntaras todos sus sueldos”, concluye el especialista.


(REPORTE INDIGO/ MAURICIO FERRER/ MARTES 7 DE JULIO DE 2015)

EN APUROS LA FUERZA ÚNICA METROPOLITANA



 (REPORTE INDIGO/ 156 DE JULIO 2015)

HAY PARA TODOS EN LOS CABOS, BCS



(REPORTE INDIGO/ 16 DE JULIO 2015)

LOS EXTRADITABLES


Curiosamente en los días de la fuga de “El Chapo” Guzmán, las autoridades mexicanas delineaban con Estados Unidos los detalles de un acuerdo de extradición

“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos”

Bajo este lapidario lema, los principales capos del narcotráfico en Colombia crearon a principios de los años 80 el llamado grupo de Los Extraditables.

En la lista de los jefes de los cárteles, la mayoría de ellos de  Medellín, figuraban Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa y Carlos Lehder.

Aunque rivales entre sí, una causa común los unió: presionar al gobierno y a sus legisladores para impedir que Colombia firmara con Estados Unidos un tratado de extradición.

Los capos sabían que una vez extraditados, sería casi imposible volver a pisar Colombia. Y recurrieron incluso a la violencia urbana, sembrando el terror con coches-bomba, para que la sociedad presionara a que el tratado no se firmara.

Viene a cuento el ejemplo de Colombia, porque curiosamente en los días de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las autoridades mexicanas delineaban con Estados Unidos los detalles de un acuerdo de extradición que culminaría con la entregan de algunos grandes capos recluidos en cárceles mexicanas.

Concretamente la procuradora Arely Gómez y su homóloga norteamericana Loretta Lynch, sostenían conversaciones sobre los alcances y tiempos de un acuerdo de extradición.

Alguien o algunos, dentro y fuera de las prisiones de “alta seguridad”, debieron ponerse muy nerviosos de saberse trasladados a los Estados Unidos. Y habrían enviado mensajes muy claros al gobierno mexicano.

Unos dicen que esos mensajes advertían que en el momento en que alguno de los grandes –como “El Chapo” – pisara suelo norteamericano, daría el detalle de toda la generosidad desplegada a candidatos en campaña, de todos los partidos. Incluyendo elecciones presidenciales.

Cierto o falso, es lo de menos. La sola idea de que una declaración de esa magnitud saliera a flote, colocaría en serios predicamentos al gobierno mexicano.

Hay quienes sin embargo dicen que la amenaza sería aún  mayor. Y que la advertencia de algunos “extraditables” mexicanos incluía el denunciar con detalles –esos sí, muy precisos– el involucramiento de altos funcionarios en la protección de algunos cárteles.

Incluso se apunta hacia personajes del más alto nivel, cuyos parientes consanguíneos estarían no solo vendiendo la protección a los capos, sino operando directamente trasiegos.

A tal grado se habría detectado ese involucramiento, que en algunos círculos de la inteligencia norteamericana uno de esos hermanos incómodos ya fue bautizado como “El Z-1”. Y se analizaba ya si a su hermano funcionario se le retiraba la visa.

Sean historias reales o verdades a medias, lo cierto es que pareciera que la fuga de “El Chapo” sería para algunos una muy oportuna salida.

Sería preferible la vergüenza de pasar como autoridades incompetentes –no serían las primeras ni en México ni en el mundo– antes que confirmar que desde los más altos círculos del gobierno mexicano existen traidores que operan como titiriteros de alguno de los más famosos cárteles.


(REPORTE INDIGO/ RAMÓN ALBERTO GARZA / Jueves 16 de julio de 2015)

OSORIO LIBRA COMPARECENCIA


Firman un acuerdo, que está en comisiones, para que el secretario de Gobernación y otros miembros del gabinete hablen en secreto con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional

“Por ese túnel se fue el sexenio entero. Así lo consideramos. La credibilidad de las instituciones encargadas del combate al crimen y de procuración de justicia, ya de por sí lastimadas, han quedado reducidas a cenizas"

Dolores Padierna
Senadora del PRD

"Ustedes ganaron porque dijeron que sabían cómo hacer las cosas. Y me temo que no están moviendo a México; movieron toneladas de tierra para que se pelara ‘El Chapo’ Guzmán"

Javier Lozano
Senador del PAN

Tal parece que el momento de “emergencia nacional” sólo sirvió para que las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión se reclamaran por sus errores y evitaran que el secretario de Gobernación vaya a una comparecencia pública ante los legisladores.

Diputados y senadores de oposición buscaban que Miguel Ángel Osorio Chong y otros miembros del gabinete de seguridad comparecieran públicamente ante el Congreso, pero tuvieron que conformarse con firmar un acuerdo para que se deje a los funcionarios hablar en secreto con los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, con quienes se reunirán este jueves en San Lázaro.

Será hasta el lunes que en comisiones se decida si se invita a Osorio a una reunión de trabajo pública sobre el tema.

En la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, priistas y panistas se echaron en cara ser la causa de la situación que enfrenta el país en materia de seguridad.

En el Pleno las fuerzas políticas coincidieron en que el escape del mayor narcotraficante de México representa una crisis de seguridad, social y política para el país.

“Por ese túnel se fue el sexenio entero. Así lo consideramos. La credibilidad de las instituciones encargadas del combate al crimen y de procuración de justicia, ya de por sí lastimadas, han quedado reducidas a cenizas.

“El Estado mexicano aparece frágil y vulnerable, dominado por la corrupción y descompuesto en los sótanos de la impunidad. Si alguna credibilidad quedaba, se fue por el túnel de El Altiplano”, sentenció Dolores Padierna, senadora por el PRD.

Los panistas también aprovecharon la ocasión para recriminar a los priistas su incapacidad de mantener en el centro penitenciario de máxima seguridad a quien fue por muchos años el criminal más buscado.

Javier Lozano, senador del PAN, afirmó que ha sido una cadena de complicidades en varios niveles la que permitió a “El Chapo” escapar del penal de máxima seguridad del país y pidió a los priistas asumir su responsabilidad.

“Ya estuvo suave de que estén diciendo que los 12 años de los gobiernos panistas. Ustedes nos ganaron las elecciones. Ustedes, en el 2012, ganaron porque venían a ‘mover a México’. Ustedes ganaron porque dijeron que sabían cómo hacer las cosas. Y me temo que no están moviendo a México; movieron toneladas de tierra para que se pelara ‘El Chapo’ Guzmán”, lanzó Lozano.

El diputado priista Octavio Salgado, defendió que el gobierno llevará a todos los responsables a prisión.

“El menos indicado para hablar de gobierno es justamente el PAN, que carga a cuestas el lastre de sus pésimos gobiernos y sus reiterados desaciertos”, expuso Salgado.


(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Jueves 16 de julio de 2015)

LA ORDEÑA DE COMBUSTIBLE ESTÁ IMPARABLE


El robo de combustible significa para Pemex uno de sus mayores desafíos. El alarmante aumento de este delito ha generado desabasto de gasolina en varios estados del país y gastos millonarios para la petrolera

Una de las alternativas que ha utilizado Pemex es el uso de pipas para evitar que el combustible viaje en ductos

“Pemex no es un ministerio público; Pemex no consigna delincuentes, lo que sí puede hacer Pemex es denunciar y coadyuvar con las autoridades. Tenemos una fuerza de seguridad física, pero no somos autoridad”

Emilio Lozoya
Director general de Pemex

"Vale la pena que las autoridades hagan una revisión a las empresas grandes, de todo tipo, de transporte, que –sin prejuzgar- nos hemos dado cuenta de que algunas de ellas están implicadas de manera muy comprometida con la compra de hidrocarburos de forma ilegal"

Arturo Zamora
Senador del PRI por Jalisco

45.3 millones de pesos invirtió Pemex en el 2014 en mano de obra para las reparaciones de tomas clandestinas

11,919 tomas clandestinas se han detectado desde el 2006 a la fecha

3,803 personas se han detenido relacionadas con este delito

39% de los detenidos se encuentran en prisión. A los demás se les dejó en libertad



En México, cada dos horas se perfora un ducto para sacar combustible de forma ilegal.

El robo de hidrocarburos ha crecido de forma alarmante en el país. Tanto, que se ha convertido en uno de los factores por el que algunas entidades presentan desabasto de gasolina.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, reveló que este delito aumenta exponencialmente año con año.

La falta de combustible en al menos nueve entidades, en semanas recientes, puso en jaque la actividad económica de muchas empresas y de comunidades en general.

Las pérdidas para el país por el robo de combustible son multimillonarias.

En el 2014, se calcula que el hurto ascendió a 19 mil millones de pesos, un 4.4 por ciento de las ventas totales de las gasolinas Magna y Premium.

El estudio del Senado detalló que en los primeros tres meses del año, en México se registraron mil 211 perforaciones ilegales para el robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual significó 57.8 por ciento más que el mismo periodo de 2014, en donde la “ordeña” de hidrocarburos fue de 767 ataques a esta red de suministro.

Aunado a esto, el sector enfrenta una baja en la producción de crudo; México ya no produce la misma cantidad de petróleo que hace unos años.

El aumento en las penas para castigar esta actividad ilícita no ha rendido frutos.

Aunque el 2011 se aprobaron sanciones que alcanzarían hasta los 18 años de prisión por extraer o vender combustibles de forma ilícita, poco fue el efecto que tuvo sobre los delincuentes.

Por si fuera poco, Pemex está atado de manos para combatir eficazmente este flagelo, pues sus técnicos y personal operativo no pueden actuar como cuerpo policiacos y aprehender a los delincuentes.

Sumado a esto, en el Congreso de la Unión se encuentran empantanadas reformas legales encaminadas a catalogar el robo de combustibles como delito grave, para que no se alcance fianza y evadir así la prisión, y aumentar las penas hasta a 60 años.

DAÑOS COLATERALES PARA PEMEX

La forma más conocida en que los delincuentes roban combustible es a través de la llamada “ordeña”. Ésta, consiste en abrir un ducto de transportación de hidrocarburos e instalar ahí una válvula de paso para desviar la gasolina, el gas, el petróleo o cualquier otro combustible, hacia los contenedores con que cuentan los delincuentes, que luego comercializan.

“La distancia entre cada toma clandestina es de 3.5 kilómetros a lo largo de aproximadamente 14 mil kilómetros de la red de tubos de Pemex Refinación”, señala el reporte del Senado, lo que da una idea de la magnitud del hurto.

Otra forma de robar hidrocarburos consiste en manipular directamente las pipas en las que se transporta.

Los bandidos pueden alterar un flotador, conocido como “Nice”; con un alambre sostienen el flotador que se ubica en la parte alta de la pipa para que marque más litros de los que están dentro de ella. Otra forma es manipular las válvulas por donde se inyecta el combustible a la pipa, para que tengan mayor tolerancia al flujo del líquido y se registren menos litros –o más litros, según sea el caso- de los que realmente se entregan. La otra manera en que se puede robar el combustible en las pipas es a través de los llamados “rompeolas”, una especie de trabes que se colocan dentro del tanque de la pipa y permiten almacenar entre 150 y 200 litros de combustible que luego son comercializados en el mercado ilegal. Como sea que se robe el combustible, el común denominador es que se trata de un delito cuyo crecimiento ha sido exponencial en los años recientes.

A partir del 2011, la aparición de tomas clandestinas se volvió grave. Ese año, se duplicó respecto al 2010.

“Si a ello se le agregan la sustracción ilegal de combustible en refinerías, terminales de almacenamiento y reparto, terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias, resulta que las pérdidas estimadas para Pemex por distintas fuentes fueron superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía (3 mil 294 millones de pesos)”, expone el análisis del Senado.

En el 2013 se registraron un total de 2 mil 627 tomas clandestinas; para el 2014, la cifra alcanzó el récord de 4 mil 127, lo que representa un robo de alrededor 19 mil millones de pesos.

Esto representa un crecimiento del 500 por ciento entre el 2010 y el 2014. Al desfalco que representa el robo de combustible en sí, Pemex debe sumar el costo de reparar una toma. El precio por esta actividad oscila entre los 120 mil y los 250 mil pesos.

Además, en lo que se realiza la reparación, que suelen ser 24 horas, el suministro de hidrocarburos se interrumpe en los centros de consumo cercanos.

En el 2014, Pemex invirtió 45.3 millones de pesos en mano de obra para las reparaciones. Los expertos piensan que este año se alcanzará una cifra mucho mayor. Tan solo en el primer trimestre del 2015, se registraron mil 211 perforaciones ilegales en la red de ductos, un 57 por ciento más de las que se habían registrado en el mismo periodo del 2014.

Una de las alternativas que ha utilizado Pemex es el uso de pipas para evitar que el combustible viaje en ductos.

Sin embargo, esta es una operación compleja para la empresa.

Por cada mil barriles de distribución, se deben usar 12 pipas. Se calcula que ciudades pequeñas utilizan entre 30 mil y 40 mil barriles diarios. Se requerirían 480 autotanques solo para llenar esa demanda.

LAS MEDIDAS, INSUFICIENTES

Para combatir estos robos, desde hace varios años han creado grupos interinstitucionales, grupos de trabajo y se han creado unidades especiales de la Policía Federal, el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, el Cisen y la Secretaría de Gobernación.

Se han instrumentado programas de seguridad y vigilancia en los ductos, se ha utilizado “alta tecnología” para impedir que se robe el combustible; nada ha sido suficiente.

Apenas ayer, Ejército Mexicano detuvo al director general de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, Marco Antonio Estrada López, y al jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Mendoza Lozano, por estar presuntamente inmiscuidos en el delito de robo de combustible a Pemex.

En un comunicado, se detalló que los militares de la región de Tepeaca detuvieron en flagrancia a una persona por robo de hidrocarburo.

El presunto delincuente declaró que Estrada López y Mendoza Lozano entregaron a la PGR con la mitad del combustible robado y el resto se lo quedaron. La administración del panista Rafael Moreno Valle informó que ambos funcionarios fueron separados de sus cargos mientras se realizaban las indagatorias.

“Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del caso, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) ha estado en comunicación y compartiendo información entre áreas de inteligencia de la PGJ Puebla y de la delegación de la PGR, para deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias”, indicó en un comunicado.

Desde el 2006 a la fecha, se han detectado un total de 11 mil 919 tomas clandestinas y se ha detenido a 3 mil 803 personas en el país. Sin embargo, solo el 39 por ciento de ellas, mil 484, se encuentran en prisión.

Emilio Lozoya, director general de Pemex, expuso en una comparecencia ante diputados, en septiembre del 2014, que la empresa se encuentra atada de manos porque solo puede prevenir y remediar los hechos provocados por los delincuentes, pero no puede tomar acciones directas contra quienes cometen ese delito.

“Pemex no es un ministerio público; Pemex no consigna delincuentes, lo que sí puede hacer Pemex es denunciar y coadyuvar con las autoridades. Tenemos una fuerza de seguridad física, pero no somos autoridad”, comentó Lozoya a los diputados.

El director de la empresa comentó que los ductos más afectados por el robo de combustibles son los ubicados en Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; y Ciudad Madero, Tamaulipas.

En meses pasados, tanto diputados como senadores impulsaron sus propias leyes para combatir el robo de combustibles.

En el Senado, se aprobó una Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos contra el Patrimonio Nacional en materia de Hidrocarburos, en la que se establecían sanciones de 35 a 40 años de prisión por la ordeña de ductos, barcos y depósitos.

También se proponía castigar a los dueños de gasolineras que alteren sus sistemas de medición con hasta 18 años de cárcel y la pérdida de la concesión.

La Ley preveía sanciones a “actos de sabotaje” que van de 40 a 60 años de prisión por considerarlos actos de terrorismo.

En todos los casos, la Ley establece que este delito es grave y parte de la delincuencia organizada, por lo que quienes sean acusados de él, no alcanzarán libertad bajo fianza.

En tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó otra Ley que proponía cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para tipificar como graves la comisión de todos estos delitos, así como otras medidas.

Sin embargo, aunque cada Ley fue aprobada en su cámara de origen, la cámara revisora decidió no dar su voto aprobatorio por una cuestión de procedimiento legislativo.

Los legisladores argumentaron que para poder hacer una ley secundaria en la materia, primero el Congreso de la Unión debe modificar la Constitución Política para otorgarse facultades de legislar en ese tema.

Al no hacerse el cambio constitucional, la ley carecería de validez y podría prestarse a que, quienes sean detenidos bajo esa legislación, se amparen en que fue creada de forma incorrecta.

El periodo de sesiones concluyó el 30 de abril pasado y los diputados y senadores no pudieron ponerse de acuerdo en el procedimiento para sacar alguna de esas dos leyes o crear una conjunta con el respaldo de ambas Cámaras.

LA CLAVE: INVESTIGAR A LOS COMPRADORES

Arturo Zamora, senador del PRI por Jalisco y uno de los principales impulsores del combate al robo de hidrocarburos, es enfático al plantear una posible solución: hay que perseguir a quien compra los combustibles robados.

Promotor de una serie de reformas legales para endurecer los castigos contra quienes hurtan hidrocarburos, Zamora señaló que lo más importante es acompañar a Pemex y a las autoridades de seguridad para llegar hasta el fondo de las investigaciones y castigar no solo a quien comete el robo, sino a quien se beneficia de él.

“Está claro que para haya robo de hidrocarburos, tiene que haber quién lo compre. Queda claro que si no hubiera quien comprara combustible robado, no habría ningún interés de robarlo.

“Por lo tanto, vale la pena que las autoridades hagan una revisión a las empresas grandes, de todo tipo, de transporte, que –sin prejuzgar- nos hemos dado cuenta de que algunas de ellas están implicadas de manera muy comprometida con la compra de hidrocarburos de forma ilegal”, expuso Zamora en entrevista.

El congresista destacó que Pemex debe tener más control en las estaciones de servicio, para que se comparen los datos de cuánto combustible entra a las estaciones y cuánto es vendido a los consumidores en las islas expendedoras.

“Yo creo que gran parte del problema, y por eso fue que identificamos la compra de combustible robado como delito grave, gran parte de esto creo que tiene que ser que los procesos de investigación se extiendan a los compradores del combustible que lo adquieren, conscientes de que es producto de un robo, y así se convierten en cómplices de este delito y en un motor que dinamiza que este delito se siga cometiendo”, comentó.

En septiembre pasado, la PGR dio a conocer que los detenidos de una banda dedicada al robo de combustible declararon que los hidrocarburos eran vendidos a un precio menor del comercial, y era adquirido por empresas papeleras, fundidoras de metal, tequileras, entre otras, en estados como Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato.

Además de investigar directamente a los consumidores, las autoridades deben investigar también dónde se encuentran los lugares de almacenamiento y hacer operativos en las carreteras para buscar vehículos que transporten el combustible robado.

“Yo creo que ya no es un tema de leyes. Porque incluso las cosas no cambian por decreto. Creo que es importante aquí activar una estrategia apoyándose en las leyes existentes”, afirmó el parlamentario.

El senador insistió en que las autoridades deben llevar estos casos hasta las últimas consecuencias y aplicar sanciones ejemplares para evitar que este crimen siga creciendo de forma exponencial.


(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Jueves 16 de julio de 2015)

ANUARIO 2014 | EL CÁRTEL DE SINALOA SIGUE VIVO


La captura se logró finalmente el pasado 22 de febrero. Luego de casi 14 años –los dos sexenios panistas enteros– de haberse fugado de un penal de máxima seguridad en Jalisco, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a quien por años se le atribuyó la comandancia de una de las estructuras de crimen trasnacional más lucrativas y poderosas del mundo, cayó sin disparos en un operativo que, dijo el gobierno mexicano, fue encabezado por la Marina con “colaboración” de Estados Unidos, después se revelaría que agentes norteamericanos también participaron en el arresto.

A decir del investigador Edgardo Buscaglia, el tamaño de la responsabilidad que se le atribuyó a “El Chapo” en la estructura del crimen organizado internacional ameritaba que, después de su detención, el Gobierno mexicano obtuviera “decenas” de órdenes de aprehensión más en contra de la red política y empresarial que forma parte del negocio. Y, de hecho, así lo ofreció el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pocos días después del arresto, cuando en una entrevista con el medio hispano norteamericano Fusión dijo: “Vamos contra todo lo que aporte y eventualmente señale complicidad de distintos, eventualmente, agentes del sector privado, agentes del ámbito público aquí y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo”.

Diez meses después, sin embargo, no ha habido capturas más relevantes ni más autos de formal prisión ni decomisos ni indicios de desmantelamiento de la red de poder que lo sostuvo durante los dos últimos sexenios. Ante esos resultados, dice Buscaglia, “la detención de Guzmán Loera y su mantenimiento en el sistema penitenciario mexicano por ahora sólo representa un canal lujoso de jubilación a cambio de su silencio”.

Guadalajara, 22 de diciembre (SinEmbargo).– La casa de empeño cambió de nombre y ahora, en lugar de “Prenda todo”, se llama “Fortaleza”, pero sigue abierta al público ofreciendo “la mejor opción de préstamos” en efectivo a cambio de diversos objetos como computadoras, pantallas de televisión, joyería de oro y plata o juegos de video.

Y, como en febrero pasado, cuando el Gobierno norteamericano la señaló como parte de una red de locales para el lavado de dinero del cártel de Sinaloa, en la pared exterior aún está escrita la lista de ofertas, como “plazos de uno a cuatro meses en joyería”, descuentos en el interés si el objeto se retira en 15 días o beneficios en su abono al capital, entre otros.

“Si pasando ese tiempo la persona no vuelve –explica una empleada que atiende desde detrás del cristal polarizado y reforzado de este local ubicado en la calle Federico Medrano 2845– el objeto se remata y es así como la empresa recupera su inversión”.


Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin embargo, “la inversión” de esa casa de empeño y de otros negocios más es apoyar las actividades del cártel de Sinaloa. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin embargo, “la inversión” de esa casa de empeño y de otros negocios más es apoyar las actividades del cártel de Sinaloa y en específico las de uno de sus fundadores, Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, a quien versiones de prensa dieron por muerto este verano en Sinaloa. Al frente de estas casas de empeño, reportó el Gobierno norteamericano el 27 de febrero pasado, cinco días después de la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se encuentra un ciudadano colombiano-mexicano identificado como Hugo Cuéllar Hurtado, quien aparece además como titular de una empresa agrícola, de una cooperativa criadora de avestruces y de al menos dos casas de empeño más en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Se hace pasar como hombre de negocios que participa en empresas que van desde la cría de avestruz hasta las casas de empeño. En realidad, Cuéllar Hurtado es un criminal de larga carrera que apoya actividades ilícitas del tráfico de drogas y promueve el crimen organizado”, advirtió el Tesoro norteamericano.

Al hacer pública la lista de empresas, el Departamento del Tesoro agregó en el boletín que la captura del “Chapo” alentaba su investigación sobre las finanzas y la del resto de sus líderes, además de “marcar el siguiente paso en este esfuerzo por enfocarnos en Hugo Cuéllar Hurtado”.

Diez meses después, la casa de cambio “Fortaleza” hace honor a su nombre y aún opera con normalidad de 9:30 de la mañana a seis de la tarde, como también lo hace “Presta Fácil”, otra de las negociaciones enlistadas por el Tesoro de EU y a la cual –como constató este medio en un recorrido– también sólo se le cambió el nombre a “Empeños La Mancha” por el nombre de la calle en la que está ubicada, en una zona habitacional de Zapopan.

De acuerdo con vecinos y empleados, en ninguna de las negociaciones ha habido algún acto de investigación por parte de las autoridades mexicanas.

Eduardo Zerón, director de Mensaje Institucional de la Procuraduría General de la República (PGR) declinó responder un cuestionario de este medio. Pero un funcionario de la misma dependencia confirmó que el Ministerio Público de la Federación no tiene averiguación al respecto: “Es común que Estados Unidos diga que cancela la relación comercial de alguna empresa, pero esas son las autoridades de Estados Unidos; no tienen que ver con la autoridad mexicana. Son investigaciones que ellos realizan”, dijo el funcionario, que agregó no poder hacer declaraciones públicas.


Todas las casas de empeño siguen operando, pese a la advertencia de EU. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

De acuerdo con lo que el Departamento del Tesoro reportó en el boletín que calificó a Cuéllar Hurtado de “cabecilla extranjero del narcotráfico” y que fue ampliamente difundido por los medios en febrero, el empresario ahora basado en Jalisco ha estado involucrado en actividades de tráfico de drogas por años tanto en México como en Colombia. “Antes trabajó para el cártel de Medellín y enviaba cargamentos de cocaína a los Estados Unidos a través de México. A finales de los 90, Cuéllar Hurtado empezó a vivir parcialmente en México y eventualmente empezó a distribuir cocaína para el Cártel de Sinaloa”, reportó el Gobierno de EU.

En Jalisco, sin embargo, las casas de empeño no sólo no han sido investigadas, sino que todavía el pasado 16 de mayo de 2014, casi tres meses después de la detención del “Chapo” y de la publicación del nombre de la empresa y del empresario como parte de la presunta red de lavado, el Gobierno municipal de Guadalajara gestionó y calificó de procedente un dictamen de factibilidad de uso de suelo para la casa de empeño ubicada en Federico Medrano 2845, a nombre Cuéllar Hurtado.

La Cooperativa Avestruz Cuemir, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga y que también fue señalada como parte de la red, está en el directorio de establecimientos “para inspección federal” de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) e incluso en la Secretaría de Economía hay una concesión para actividad minera por 50 años, en Jalisco, a favor de un particular con el mismo nombre. La concesión, con el número 235554, fue otorgada en enero de 2010 por la Dirección General de Regulación Minera de la SE y establece que, hasta el 18 de enero de 2060, el titular Hugo Cuéllar Hurtado puede explorar o explotar el proyecto mina Victoria, ubicado en el municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco. Un listado de resoluciones sobre procedimientos de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por separado, establece que el empresario promovió un proyecto que “contempla actividades de exploración minera directa para determinar áreas potenciales de cobre y fierro (…) sobre una superficie de 7.15 hectáreas” en el citado municipio jalisciense.

Los nombres de las empresas difundidos por el Departamento del Tesoro se suman a otra lista de negocios –gasolineras, productos de baño, zapatos, spas, constructoras y otros– instalados en la zona metropolitana de Guadalajara y que desde hace años han sido identificados por la misma oficina del Gobierno norteamericano como parte de una vasta red de lavado de dinero que el Gobierno de México no indaga.

“Con cientos de políticos y empresarios mexicanos y latinoamericanos desde hace años a la fecha en el bolsillo del ‘Chapo’ Guzmán y de su red criminal Sinaloa, hoy liderada en parte por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, no vemos que la detención de El Chapo Guzmán haya derivado en investigaciones y en decomisos de la red criminal”, dice en entrevista Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado y en la documentación de los contextos legales y económicos que lo permiten.

Actual investigador de la Universidad de Columbia y también autor de títulos relacionados con las debilidades institucionales que alientan la corrupción, Buscaglia documentó desde el sexenio anterior, también, la permisividad federal hacia el cártel de Sinaloa en comparación con los ataques a otros grupos delincuenciales. Por eso, consultado sobre sus expectativas a pocos días del arresto del “Chapo”, dijo esperar que la detención contribuyera a abrir decenas de líneas de investigación sobre sus recursos patrimoniales y sobre el círculo político que lo protegió por dos sexenios. O, de lo contrario, dijo también entonces a SinEmbargo, la detención sería inútil.

Diez meses después, sin embargo, el ministerio público federal no tiene decenas de investigaciones sino apenas un auto de formal prisión adicional a los recibidos por Guzmán –contra un hombre que le habría facilitado una pista aérea en Baja California Sur– y una detención adicional de relativo nivel, la de Juan José Esparragoza Jiménez, hijo de “El Azul”, en agosto pasado.

Guzmán, por su parte, ha recibido autos de formal prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud en diferentes modalidades pero, de acuerdo con la información disponible en el Consejo de la Judicatura Federal, ninguno de los cargos es por homicidio o por secuestro o por las masacres o por alguno de los miles de hechos de violencia que tuvieron lugar en México mientras estuvo suelto y que el Gobierno atribuía al narcotráfico del que formaba parte.

“Sólo se puede concluir que el actual gobierno federal mexicano forma parte activa y no sólo omisa de un pacto político de impunidad que va del ámbito federal al municipal”, advierte Buscaglia.

“Esta es la única explicación, mientras no veamos ‘maxiprocesos’ judiciales contra cientos de políticos-empresarios mafiosos que estuvieron por años formando parte de la red criminal Sinaloa; este tipo de maxiprocesos contra políticos mafiosos ocurrió en Colombia e Italia, y como resultado se logró controlar y desmantelar redes criminales tan poderosas como las mexicanas”, agrega el experto.

Sin ese desmantelamiento, finaliza Buscaglia, “la detención de Guzmán Loera y su mantenimiento en el sistema penitenciario mexicano por ahora sólo representa un canal lujoso de jubilación a cambio de su silencio”.

JUSTICIA DESDE EU



Pese a la detención del líder del cártel de Sinaloa, la organización criminal sigue operando sin problemas. Foto: Notimex

Joaquín Guzmán Loera, que según el Departamento de Justicia norteamericano cumple 60 este 2014, se habría convertido en el jefe del narcotráfico más poderoso de México y en uno de los más buscados por Estados Unidos luego de su fuga del penal mexicano de máxima seguridad de Puente Grande, en enero de 2001.

Según la ficha criminal que le abrió el gobierno del vecino país, la organización trafica por tierra, mar y aire multitoneladas de cocaína entre Colombia y Estados Unidos, tiene bases de operación entre Sinaloa, Sonora y Chihuahua y células de distribución hasta Arizona, California, Texas, Chicago y Nueva York, entre otros mercados.

El 22 de febrero pasado, sin embargo, el presunto jefe de esta multimillonaria operación fue ubicado en un edificio de suites sin lujos en Mazatlan,Sinaloa, y, según la versión oficial, por agentes de la Marina Mexicana que no requirieron un solo disparo.

Fue producto de la “coordinación entre dependencias mexicanas” de seguridad, dijo el Procurador Jesús Murillo Karam horas después del arresto, ya en el hangar de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cuando agregó que también había habido “colaboración” de Estados Unidos, desde donde se recibió información de los movimientos del Chapo “con una colaboración muy plena”.

Reportes que aparecieron después, sin embargo, indicaron que la participación de agentes norteamericanos en el arresto –de la DEA, US Marshals y del Departamento de Estado– podría haber sido no sólo de “colaboración” o de ubicación, sino de participación directa e, incluso, publicó The Wall Street Journal, con armas y probablemente portando uniformes de Marinos mexicanos.

“Las operaciones de los agentes federales norteamericanos en México son llevadas a cabo por un pequeño grupo que es enviado para una misión específica y corta. El objetivo es ayudar a México a encontrar y capturar objetivos de alto rango en los cárteles. Una operación produjo gran éxito: La captura del jefe narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo a principios de este año. No está claro si los agentes federales norteamericanos estaban disfrazados como militares mexicanos el día en el que fue arrestado”, reportó The Journal el pasado 21 de noviembre, citando fuentes “cercanas” a esos “frecuentes” operativos.

Un comparativo entre las capturas de alto nivel en la estructura del cartel de Sinaloa muestra también que ha sido Estados Unidos –que ya anunció su intención de extraditar al Chapo– desde donde se ha obtenido la mayor cantidad de información sobre este grupo.

Fue en Chicago, por ejemplo, desde abril de 2013, donde Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo”, firmó un acuerdo de culpabilidad –en el que, entre otros cargos, aceptó haber coordinado la importación a México de toneladas de cocaína “sabiendo” que llegarían a Estados Unidos– y que lo obliga a cooperar de manera “completa y veraz” con el Gobierno norteamericano. “Enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua, un mínimo de 10 años y una multa máxima de 4 millones. Si el gobierno determina al momento de la sentencia que Zambada Niebla ha continuado proveyendo cooperación completa y veraz, como requiere este acuerdo de culpabilidad, el Gobierno se moverá por debajo de la exigencia federal de prisión perpetua”, reportó la DEA el pasado 10 de abril.

Fue también el Gobierno de Estados Unidos el que arrestó a otro hijo de “El Mayo”, Serafín Zambada Ortiz, en noviembre de 2013, cuando intentó ingresar a Estados Unidos a través de una garita de Nogales, Sonora. Y fue también el Gobierno de Estados Unidos el que solicitó la detención de José Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Antrax”, un presunto jefe de seguridad de “El Mayo” y de su familia arrestado el 30 de Diciembre de 2013 en el aeropuerto Schiphol, de Amsterdam, luego de un vuelo que inició en la Ciudad de México, extraditándolo en julio pasado.

“Mantenemos una cercana asociación con el Gobierno de México en materia de seguridad y Estado de Derecho”, dijo en mayo Roberta S. Jacobson, asistente del Secretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, ante el Congreso de ese país, cuando también quiso destacar la detención de El Chapo como un “emblema” de esa colaboración.


EL CÁRTEL SIGUE INTACTO



Después de la detención de El Chapo, periodistas locales recibieron hostigamientos y ataques. Foto: Noroeste

En México,  la detención del “Chapo” parece tan irrelevante para la instauración del Estado de Derecho que aun la sola cobertura del hecho –el arresto– fue motivo de una serie de ataques y hostigamientos contra los periodistas locales que reportaron la historia.

Un caso fue el del periódico El Noroeste, que desde el día 23 de febrero, un día después del arresto y cuando trató de dar seguimiento a una nota difundida por Proceso que reportaba la participación de policías de Mazatlán en la protección del capo, llamó a la Policía Municipal y, minutos después, recibió amenazas para que no publicaran más sobre el tema.

“Minutos después de consultar al Secretario de Seguridad Pública Municipal, quien rechazó opinar sobre el asunto, se recibió la primera llamada amenazante, y cinco minutos después la otra, en las que se advertía a los periodistas no publicar información relacionada con el tema, de lo contrario sufrirían las consecuencias”, denunció El Noroeste en un editorial del 3 de marzo.

Un mes después, su director general, Adrián López Ortiz, fue baleado en ambas piernas por hombres que lo interceptaron en un crucero de Culiacán.

“Es parte de esa impunidad. Hay que recordar que agarraste a ‘El Chapo’, pero no que desmantelaste al cartel”, dice ahora Adrián López en entrevista telefónica.

Y el crimen que presiona a la prensa, agrega, viene de toda una estructura protegida por un clima de impunidad en el que cualquiera puede ser fuente de peligro.

“De pronto el segundo o tercero de a bordo siente que le afectará una información, entonces la presión es, digamos, de la organización criminal completa. No es que el jefe te llame, sino que estás siempre publicando pensando si afectarás o no a alguien”, dice el directivo periodístico.

LA HISTORIA SIN “EL CHAPO”



Identificación de Joaquín Guzmán Loera en la PGR. Foto: Notimex

En Juárez, Chihuahua, la ciudad considerada “joya de la corona” por su infraestructura de cruce y conexión hacia el norte, este y oeste de Estados Unidos y que almacena “toneladas” de cocaína, la estructura del cártel de Sinaloa fue identificada por el Gobierno norteamericano desde abril de 2012. Dos años después, sin embargo, y pese a que el conflicto por el control de esa ciudad podría ser la causa de los más de 10 mil homicidios que hubo sólo entre 2008 y 2011, las autoridades mexicanas no reportan estar dando seguimiento a todos los señalados como probables responsables.

La estructura de esta organización en Juárez, según la acusación presentada el 11 de abril ante la Corte federal para el Oeste de Texas, está compuesta por “El Chapo”, “El Mayo” y “otros 22 individuos” (10 de ellos ex policías) responsables de los crímenes de homicidio, secuestro, lavado de dinero y tráfico de drogas en esa ciudad. En la descripción de roles de cada uno de los acusados se observa que la estructura general se divide a su vez en otras dos: una que se dedica al almacenamiento y tráfico de las drogas, y que es vigilada por “El Mayo”, y otra más se dedica a la protección armada del negocio a través de “los escuadrones de la muerte”, que es la que habría estado bajo control del “Chapo”.

Para cuando la lista de acusados fue presentada en El Paso en 2012, en Juárez los indicadores de violencia habían descendido de ocho o 10 diarios a dos en promedio, y versiones en el Congreso de Estados Unidos aseguraban ya que el cartel de Sinaloa había ganado al de los Carrillo desde 2010 la guerra por Juárez gracias a las armas de alto poder introducidas a la ciudad con el polémico programa federal “rápido y furioso”.

A la fecha, la mayoría de los presuntos criminales que Estados Unidos vincula con el brazo armado del “Chapo” en Juárez –como Mario Núñez Meza “Mayito”, Antonio Torres Marrufo, o Gabino Salas Valenciano– han sido detenidos o, como en el caso de éste último, asesinados.

La estructura atribuida a “El Mayo”, en cambio, y que sería la que supervisa el negocio del almacenaje y distribución de la droga, continúa casi intacta. Se trata de la célula –dice la acusación del Gobierno norteamericano– encabezada por un ex comandante de la entonces Policía judicial del Estado que al menos desde 2000 y hasta 2004 –en el gobierno de Patricio Martínez– fungió como jefe policiaco en la ciudad, pero también como encargado de pagar el impuesto del Cártel de Sinaloa al de Juárez para mover drogas a través de “la plaza”. A este hoy ex jefe policiaco también se le atribuye la vigilancia de las bodegas que hay en Juárez y la recolección del dinero de las ganancias.

La acusación también advierte que la organización preserva su viabilidad a través de “secuestros, tortura y asesinato de aquellos que considere enemigos, desleales o que les pierdan o roben mercancía”. También, que mantuvo un régimen de violencia y amenazas contra sus rivales, contra potenciales informantes, testigos, investigadores y contra los medios de comunicación de esa ciudad.

Desde que el FBI publicó la lista de involucrados en la estructura del cártel de Sinaloa, El Diario de Juárez –que publicó los nombres de los señalados– recordó también que la célula de almacenaje y distribución atribuida a “El Mayo” estaba intacta desde al menos febrero de 2004, cuando el grupo que tenía a su servicio había dejado el Departamento de Órdenes de Aprehensión de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mientras otro grupo, éste vinculado al cartel de los Carrillo, había sido en cambio arrestado en esos mismos días por el Gobierno federal acusado de asesinar y enterrar a 12 personas en el patio de una casa en el fraccionamiento “Las Acequias”.

“En lo del tráfico de drogas, yo ni me meto en eso, porque no es un asunto que me competa a mí. Lo que hacemos es procurar lo que nos compete a nosotros”, dijo en entrevista con SinEmbargo Jorge González Nicolás, Fiscal del Estado de Chihuahua.

“¿Qué pasó entre 2008 y 2010? Pues algo muy sencillo que tenían toda la capacidad de maniobra sin que nadie (en el Gobierno) los molestara. Ahí yo no sé por qué, no quiero meterme, no sé si por falta de capacidad, por falta de ganas, porque trabajaban para ellos”, agregó el funcionario, entrevistado en específico para conocer el seguimiento que el Ministerio Público del Estado habría dado a la información difundida por EU.

En esa misma entrevista, el funcionario insistió en que su trabajo ha sido detener y castigar a responsables de delitos de orden común (secuestros y extorsiones, sobre todo) y reducirles “la capacidad de fuego” –reporta un decomiso de siete mil armas en cuatro años– así como imponer de manera tácita una política en la que, en lo posible, los homicidas ya no piensen que pueden dejar los cuerpos en las calles.

“Hoy no los matan en las calles cerrándoles los carros, y de carro a carro, sino que los esperan a que salgan de su casa allá por una colonia afuera y ahí les dan un tiro. Es menos aparatoso (el crimen) porque ellos no tienen la impunidad de la que gozaban antes”, dijo González Nicolás.

Pero de que el narcotráfico y la delincuencia organizada siguen presentes en la ciudad, agregó cuando se le insistió sobre los enlistados por el Gobierno norteamericano, obviamente que siguen.

“¡Pues claro que están aquí! Seríamos ingenuos en pensar que se van a ir de Ciudad Juárez, de Chihuahua o del país, porque ‘ay no ya nos vamos, nos vamos a dedicar a otra cosa, a ser monaguillos, a trabajar en la maquila, a ganar 600 pesos a la semana”, dijo González, en su oficina en la Fiscalía en la ciudad de Chihuahua.

“¡No! Al cártel como tal, necesitaríamos quitar a EU de donde está (para eliminarlo). Si nos pudiéramos mover a Malasia, o estuviéramos enfrente de Finlandia, en lugar de frente a Estados Unidos, pues probablemente; pero mientras no, no. Y Chihuahua es frontera”, agregó González.

Y así, pese a que diversos análisis y funcionarios se esfuerzan en atribuir la “paz” de Juárez a una supuesta coordinación de esfuerzos entre Gobierno y sociedad civil, otros indicadores apuntan a que el cese al fuego se sostiene sobre un fenómeno de impunidad que las autoridades no tratan siquiera de ocultar.

En ese sentido, el mismo Fiscal estatal informó desde 2011 a El Diario de Juárez que en esa frontera hay casi siete mil expedientes de homicidio cometidos en el periodo de la disputa del control del narcotráfico y que nadie está investigando, dijo el funcionario entonces, debido a que fueron cometidos con armas de grueso calibre –como nueve milímetros o 7.62×39– cuya investigación corresponde al Ministerio Público Federal.

El delegado de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, César Peniche, por su parte, informó entonces al mismo periódico local que si bien le toca investigar la delincuencia organizada, la ley de esta materia no incluía el homicidio en su catálogo de delitos, por lo que tampoco podía tratar de resolver los casos.

“Lo que nos preocupa a la prensa es que sea una paz narca”, dice desde Sinaloa Adrián López, cuando se le pregunta por indicios de algún impacto de la detención del Chapo sobre el crimen o la justicia en aquella región.

“Lo que nos preocupa es que en realidad lo tengan controlado, la estructura del cártel, del crimen organizado; obviamente el cártel de Sinaloa no se entiende sin la protección institucional. Y creo que ese pacto sigue, pese a la detención del Chapo”, agregó López.

El periodista menciona también que, si bien las autoridades atribuyen “al Estado de Derecho” la relativa calma en la que se ha mantenido Sinaloa pese al arresto, la realidad es que la “tensa calma” cuesta más de dos homicidios diarios que se cometen en la entidad en total impunidad.

“Nosotros lo que creemos es que cuando la mafia más callada está es cuando al negocio mejor le va, porque obviamente a ellos les conviene; no hay que olvidar que el crimen es para el negocio, que la violencia es para cuidar al negocio, y no al revés”, agrega.

 THE BUSINESS AS USUAL


El 22 de febrero, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue detenido en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

La falta de impacto de esta detención en el funcionamiento del negocio del cártel de Sinaloa fue advertido por la Oficina del Procurador del Estado de California –estado al que la organización introduce la mayor parte de la heroína y cocaína que se consume– en un reporte titulado “California y la lucha en contra del crimen organizado trasnacional”, para el cual el arresto sugiere sólo que la política de protección de la que gozó “El Chapo” en el pasado llegó a su término, mas no que el negocio haya terminado.

“Mientras no sea claro de inmediato qué impacto tendrá el arresto en las operaciones del cartel de Sinaloa, algunos expertos predicen que, en el corto plazo, el cartel continuará sus negocios como siempre, con los compañeros de Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Juan José Esparragoza, ‘El Azul’ probablemente tomando su lugar”, dice el documento, de marzo pasado.

La oficina de asuntos públicos de la DEA en Washington declinó una entrevista sobre el impacto de la detención, pero de acuerdo con Steven Dudley, director de la fundación basada en Washington para el análisis del crimen organizado en América, Insight Crime, la agencia antidrogas no suele presentar –por ejemplo, cuando va al Congreso a defender sus presupuestos–, reportes en los que se conecten de manera clara logros como las detenciones de capos con resultados específicos, como la reducción del consumo, porque saben que “no pueden ganar”.

“Creo que están tratando de cambiar las expectativas –dice Dudley vía telefónica desde la capital norteamericana. Y parte de eso es la valoración de Obama de no usar esa terminología de guerra contra las drogas (…) Porque quieren cambiar, porque saben que no pueden ganar”.

El resumen de la evaluación de la Amenaza nacional de las drogas presentado por la sección de inteligencia estratégica de la DEA en noviembre pasado le da la razón al investigador: “El abuso de heroína (cuyo 45 por ciento procede de México) y su disponibilidad es probable que aumente en el corto plazo, particularmente mientras más personas que abusan de las drogas de prescripción controlada cambian a la heroína como una alternativa más disponible y barata”, dice el documento.

“Los comercios internos de cocaína (la mayoría colombiana traficada a través de México) continuarán estables en el futuro cercano (…) y la producción doméstica de mariguana es probable que aumente, especialmente en los estados que permiten los plantíos personales. Además de esta producción –concluye la DEA–, la mariguana producida en México continuará siendo traficada a los Estados Unidos en grandes cantidades”.


(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto diciembre 22, 2014 - 00:00h)