La
impunidad con la que ha operado el crimen organizado en Ciudad Juárez,
Chihuahua, permitió a una nueva red de trata de jovencitas sentar sus reales,
incluso a plena luz del día y desde el Centro mismo de la ciudad.
Enganchadores
de esta banda atrajeron a decenas de muchachitas hacia un infierno de
prostitución y violencia que sólo terminó con su muerte.
Los
casos del campo algodonero pusieron a esta urbe fronteriza en la mira de las
organizaciones civiles y la prensa internacional por decenas de feminicidios.
Ahora, las víctimas del Arroyo del Navajo muestran que ni los Gobiernos local y
federal con las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de los
Derechos en la década del 2000, y el resultado es una nuevo hallazgo de restos
de jovencitas, incluso menores de edad, que ha derivado en otro proceso
histórico en la búsqueda de justicia.
TERCERA PARTE
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Ciudad
Juárez, Chihuahua, 7 de julio (SinEmbargo).– Irma Pérez Franco le dijo al
Tribunal de Juicio Oral que deseaba declarar públicamente y no en la sala
contigua, de testigos protegidos. Había esperado 20 años para ver en un proceso
penal a Manuel Vital Anguiano, “Don Meny”, y quería encararlo. Desde 1995, dijo
en su testimonio, había sospechado que ese hombre hoy de 49 años estuvo
involucrado en el secuestro de su hija, encontrada un mes después de su desaparición
en un predio conocido como Lote Bravo.
–Pero todo se paga –dijo la madre desde el estrado, con la mirada fija en Vital Anguiano. “Todo se paga, y tenía que llegar el día”.
La
hija de Irma, Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20 años al momento de su
secuestro, fue una de las cinco mujeres encontradas en el citado lote, ubicado
al sur de la ciudad, en septiembre de 1995. Estudiante y empleada de medio
tiempo en un despacho de la zona Centro, donde también vivía, Olga había
desaparecido un mes antes, el 10 de agosto de ese mismo año. Su madre desconfió
desde las primeras horas de un hombre mayor que ella y que, tres o cuatro días
antes de que dejara de verla, la estuvo llamando insistentemente por teléfono
para pedirle que fuera su novia. Era Vital Anguiano, a quien ella se había
topado también días antes, caminando por la calle Juan Mata Ortiz y casi 16 de
Septiembre, a dos cuadras de la estación municipal Delicias, donde ella notó
que saludó a su hija y que llevaba un maletín con dulces y burritos que ofrecía
a los policías. Veinte años después, la Fiscalía dice en la acusación que, en
el maletín, Vital Anguiano también cargaba fotografías de las solicitudes de
trabajo de sus víctimas.
–¿Qué
hiciste con ella?, ¡dime! –le gritó Irma Pérez en el juicio, casi en llanto y
sin perder de vista al hombre hoy cano y semicalvo que, también viéndola
fijamente desde su silla en el lugar de acusados, trató de darle una respuesta
que fue interrumpida por su abogada.
-¿Por
qué? –insistió Pérez Franco.
Era
el 15 de abril de 2015 y el segundo día del Juicio Oral 267/2014. Manuel Vital
Anguiano escuchaba junto al resto de acusados de pertenecer a la pandilla de
los Aztecas y de operar una red de trata que, interpretan los coadyuvantes, ha
operado por décadas en Juárez pero que multiplicó sus crímenes con la guerra
por el control del territorio, a partir de 2008.
“Son
20 años y las autoridades, desgraciadamente en ese tiempo, y creo que en todos
los tiempos, porque como están las cosas, no hicieron nada, torcieron las
investigaciones y empezó a salir en el periódico mi hija”, lamentó Irma Pérez
en la audiencia.
“Le
cayó a toda madre a este ‘jijo de su’ que las cosas se torcieran, y yo no tenía
la certeza, pero mi corazón me decía. Pasan los años y yo nunca acepté chivos
expiatorios, que ‘El Egipcio’ que ‘Los Rebeldes’… No: a mí pruebas, yo no
quiero chivos expiatorios… Cuando era la procuradora ésta… pues ésta que estuvo
con Baeza, ella luego luego arregló sus chivos, que hay que ver el daño; (le
dije) ‘señora, ¿qué hago yo con mis sospechas? Porque usted luego determina
esto y esto y se acabó. Pero yo sospecho’. Y donde quiera que me paraba, decía
de este fulano, siempre decía, y donde lo encontraba lo maltrataba, y es una
vieja, porque se pone al tú por tú, ‘vieja loca, cabrona’, y fueron muchos años
y yo siempre dije: ‘han de caer, Dios me ha de dar vida de saber qué pasó”,
agregó Irma en su declaración.
La
impunidad con la que ha operado el crimen organizado por años habría permitido
que Vital Anguiano, como sospecha Irma que hizo con su hija, siguiera
enganchando víctimas hasta su detención en 2013. En ese año, en la
investigación derivada del hallazgo en el Arroyo del Navajo, la Fiscalía
encontró que la referencia a “Don Meny” aparecía en los antecedentes de
desaparición no sólo de Olga Alicia Carrillo, sino de al menos otros cuatro
casos recientes, como el de Jusalet Alejandra de la Cruz, una de las víctimas
asesinadas en la vecindad de la calle Melchor Ocampo. Otro era el de una joven
encontrada en el Arroyo del Navajo y que, en 1995, como Olga Alicia Carrillo,
también había aparecido en los periódicos, pero ella por haber sido la primera
bebé nacida ese año en Ciudad Juárez: Andrea Guerrero Venzor, desaparecida en
agosto de 2010, a los 15; también, según su madre, después de haber sido
constantemente acosada por Vital Anguiano.
Por
eso, nueve días después que Irma Pérez, María Venzor, madre de Andrea, encaró
de la misma forma al acusado, narró el mismo modus operandi y le hizo el mismo
reclamo que la mujer cuya hija había desaparecido hace dos décadas: “¿Qué
hicieron con mi hija? ¿Por qué me la fueron a aventar tan lejos? ¿Por qué? Mi
hija no se merecía eso, Don Meny, ninguna de las muchachitas”, dijo Venzor,
quien, como Irma Pérez, también quiso testificar públicamente.
Las
madres de jovencitas incluso menores de edad siguen dando una lucha incansable
por hacer justicia y encontrar a sus hijas desaparecidas. Foto: Alicia
Fernández
JUÁREZ, FEMINICIDA
En
medio de la violencia y la impunidad que caracterizan cada vez más territorios
de México, Juárez se ha medido aparte. Su posición geográfica, al centro de la
franja entre México y Estados Unidos, la masiva llegada de industrias
extranjeras antes que a otros territorios, los inusitados niveles de migración,
la falta de infraestructura urbana y una profunda corrupción en todos los
gobiernos convirtieron a esta frontera, desde los años 90, en un nuevo
paradigma de violencia.
Uno
de los primeros indicios de este nuevo tipo de operación criminal fue
encontrado en 1995, en el Lote Bravo, al sur de la ciudad, donde, como Olga
Alicia Carrillo Pérez, fueron arrojados los cuerpos de al menos otras cuatro
mujeres víctimas. Al siguiente año, en el asentamiento llamado Lomas de Poleo,
en la frontera con Nuevo México, fueron encontradas 12 más, entre 1996 y 1998.
Otros ocho cuerpos fueron abandonadas en el conocido como campo algodonero, en
2001, y seis más en el cerro del Cristo Negro, en los meses siguientes. Al
menos 31 víctimas en esos años, y ningún proceso judicial exento de vicios y
delitos.
El
Arroyo del Navajo está ya en esa misma cartografía de violencia feminicida.
Pero a diferencia de los otros casos, dice Cecilia Espinosa, integrante de la
Red Mesa de Mujeres, el juicio 267/2014 “brinda la posibilidad de generar una
mayor investigación, más profunda, de problemas que hemos vivido por más de 20
años”.
Y
en un contexto histórico, agrega, significa la posibilidad de dar un mensaje
diferente al que se ha enviado en las últimas décadas en Ciudad Juárez, de
permisividad ante el crimen y de que cualquiera puede ultrajar la vida. “Y de
que podía quedar impune si dejaba a las víctimas en cierto espacio en el que
pudiera borrar evidencia, como ocurrió desde el Lote Bravo, el campo
algodonero, el Cristo Negro, donde no hubo mayor indagación para saber qué
estaba pasando”, agrega Espinosa.
Otro
mensaje que envía el actual proceso judicial, menciona, es que prueba que las
familias son fundamentales en las investigaciones, porque son quienes más buscan
y más pistas encuentran. “Han sido las madres quienes mayormente han aportado
información y quienes han estado en pie de lucha para exigir justicia, para
vigilar las indagaciones. Es una muestra de que puede haber un trabajo conjunto
con las familias de las víctimas, más transparente”, agrega.
La
madre de Idaly se siente mutilada, desde la pérdida de la tercera de sus ocho
hijos. Foto: Alicia Fernández
“ESCUCHAR LO QUE PASARON”
Norma
Laguna habla constantemente de la muerte. Le dice “querer desaparecer”, “ya no
estar”, “ya no seguir”. El dolor de haber perdido a Idaly, la tercera de sus
ocho hijos, se agudiza sobre todo en estos días, dice, cuando está por llegar
el que sería su cumpleaños número 25, el 29 de julio. También se agravan la
hipertensión y la profunda depresión que la tiene bajo medicamento hace un año
y que, en una ocasión, la mandó al hospital siquiátrico. Aún así, desde abril
pasado y como el resto de los familiares, ha tenido que acudir por horas a las
audiencias realizadas en la Ciudad Judicial para escuchar las narraciones de
todo lo que decenas de testigos han declarado que le sucedió a su hija y al
resto de las víctimas. “Son cosas que uno no quería pensar que sucedían –dice
Norma, hoy de 48 años. Pero que lamentablemente sí pasaron así, y oír todo eso
le duele a uno mucho, saber que ellas pasaron por todo eso”.
Nada
puede reparar ni compararse con la pérdida de un hijo o una hija, dice la madre
de familia en entrevista. Es como sentirse mutilada, que hubiera perdido un
pedazo. Es un dolor que está siempre presente, evitable, insiste, sólo con la
muerte. Nada repara tampoco los años de impotencia, de desesperación por ver
que el ministerio público del estado dejaba pasar días y meses sin seguir las
pistas que ella y el resto de las madres aportaban gracias a las pesquisas que
hacían entre las calles más peligrosas de ésta que, justo entonces, era la
ciudad más peligrosa de México.
Por
eso el juicio, dice Norma, no es lo que exigían, lo que hubieran querido, sino
una investigación a tiempo, que las ubicara con vida. Aun quienes las tenían
cautivas, agrega, pudieron haberlas regresado a casa y, en cambio, tomar a sus
padres, que se hubieran ido con gusto en lugar de sus hijas.
Pero
haber encontrado sus restos, considera Norma después de mucho preguntarle, sí
es una especie de descanso. Sus hijos ya no la ven diario llegando a casa
llorando, desesperada después de horas de buscar hasta medianoche. Es un
descanso también saber que hay personas detenidas y a quienes no considera
chivos expiatorios, dice. Y ya no siente la ansiedad de antes, como cuando no
tenía una idea de dónde podía hallar a su hija.
La
solidaridad a las madres de víctimas de feminicidio es fundamental en este
proceso de búsqueda de la justicia. Foto: Alicia Fernández
“EL DESEO DE SABER”
Gabriela
Reyes es tanatóloga y una de las colaboradoras de la Red Mesa de Mujeres que
acompaña el proceso legal y de duelo de las familias Pérez Montes, Juache
Laguna y Delgado Castillo. En las entrevistas que presencia, menciona la
importancia de la empatía y de, siempre, dice, procurar un cierre de las
conversaciones. No dejar a las madres afectadas, explica, sólo con las memorias
removidas. Sino recordar y reforzar su lugar en este proceso histórico de
búsqueda de justicia.
Todas
las familias afectadas han vivido procesos distintos, dicen Reyes y Espinosa.
Afectada la salud varios, algunos han mostrado más confianza que otros en la
acusación de la Fiscalía. La mayoría, sin embargo, ha “resignificado” sus
duelos para, como miles de familias en el país, convertirlos en motivos de
lucha.
“Con
el tiempo el dolor se transforma en coraje, en desesperación, en seguir
haciendo manifestaciones, cosas para que se busque la prevención, para que no
haya más madres y más familias como nosotros. Aunque a veces llega el dolor y
nos tumba, pero nos levantamos otra vez, por el deseo de saber”, dice Norma
Laguna en su casa, también en el poniente de Juárez.
“Si
seguimos adelante es porque queremos que no se quede esto impone”, agrega
Susana Montes. “Porque no se lo merecía; ella quería seguir adelante. Dios nos
ayude, y todo salga bien. Hay una luz que sabemos, que es la justicia, y
estamos ahí aunque nos duela, oyendo lo que les hicieron, pero estamos ahí para
que no vuelva a pasar, para que el gobierno mire que las que investigan son las
organizaciones, las personas”, agrega.
En
la entrevista, Susana recuerda también que los crímenes que ahora se juzgan se cometieron
casi mientras se dictaba la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que condenó al Estado mexicano por los casos del campo algodonero,
ordenando también la no repetición. “Pero volvió a pasar”, dice la madre de
familia. “Y ahora está ahí el Arroyo del Navajo. Y lo que queremos es que no
vuelva a pasar, que otra madre no sufra lo que estamos pasando. Esa es la
lucha, que no vuelva a pasarle a otra familia”.
Las
víctimas del Arroyo del Navajo han vuelto a poner a Juárez en la mira de la
tragedia. Foto: Alicia Fernández
(SIN
EMBARGO,MX/ INVESTIGACIONES/ Sandra Rodríguez Nieto julio 7, 2015 - 00:00h)
