MÉXICO, D.F.
(apro).- La exlideresa de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero,
Néstora Salgado, asegura que en México “el sistema les ha fallado” y la
autoridad usa la fuerza pública para matar y fabricar delitos.
Además, dice, “tiene
miedo y no puede controlar ni a su gente, ni a los marinos, ni al Ejército, ni
a los policías”.
En entrevista con el
diario ‘El Sur’ de Guerrero, Salgado subraya que la situación de inseguridad en
el país es muy fuerte, y a las autoridades “les duele que les haya dicho que el
sistema está corrompido, que estando encerrada mi voz se escuchó”.
Y también acusa al
gobierno de intentar desaparecerlos. “La delincuencia nos respetó, el que quiso
destruirnos fue el gobierno”.
El pasado 29 de
mayo, después de una huelga de hambre de 31 días, suspendida hace dos semanas y
media, la activista fue trasladada a la Torre Médica del reclusorio femenil de
Tepepan, en la delegación Xochimilco, desde donde asegura que a ella no la han
acabado. “A pesar de todo, no me han doblegado en el espíritu ni en el
corazón”.
Acusada de secuestro
y con tres cargos más que en cualquier momento pueden imputarle, Nestora no se
arrepiente de lo que hizo. Por el contrario, dice que está orgullosa de haber
participado en un movimiento ciudadano por la seguridad, que en 2012 logró la
unidad de toda la población.
De ese movimiento,
refiere, surgió la Policía Comunitaria de Olinalá, que después se incorporó a
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La luchadora social
recuerda cuando fue detenida y las condiciones en las que se encontraba
mientras estuvo presa en el penal de Tepic, Nayarit, y revela la razones que la
convirtieron en “enemiga” del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien el 24 de
abril pidió licencia definitiva a dicho cargo.
Destaca que
seguramente tocó fuertes intereses cuando descubrió y denunció los casos de
violación contra niños de Olinalá, porque en respuesta, terminó en una prisión
federal de máxima seguridad.
En la entervista,
detalla que presentó al almirante de la Marina, al general de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) y al entonces gobernador una serie de videos sobre
esos casos.
El gobernador, dice,
acordó llevar el asunto a la Procuraduría General de la República (PGR), pero
finalmente nada se investigó ni se mencionó.
Y estima que la gota
que derramó el vaso fue cuando el síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón
Jiménez, fue sometido a un proceso de reeducación de la CRAC, después de que lo
sorprendieron recuperando una vaca y una camioneta vinculados a un doble
homicidio y robo de ganado.
Además, añade,
señaló irregularidades en el centro de salud, y “esas denuncias me tienen aquí,
porque se afectó a mucha gente. Ingenuamente confié en el gobierno, pero lo que
gané fue la cárcel”.
Nestora aclara que
los videos de las violaciones los encontraron en teléfonos celulares de
adolescentes que fueron sometidas al sistema de reeducación de la CRAC, por
quienes después la acusaron de secuestro.
La activista asegura
que antes le ofrecieron dinero para dejar en libertad a varias personas
retenidas bajo la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígenas, que
reconoce a la CRAC como institución de seguridad, justicia y reeducación
comunitaria. Pero el dinero, subraya, nunca fue su interés, de lo contrario no
se habría enviado a los infractores a la Casa de Justicia de El Paraíso, en
Ayutla de los Libres.
Además, resalta, en
un careo nadie le podría sostener las acusaciones en su contra.
Si el gobierno no supo
medir las consecuencias de la Ley 701, que da amplios poderes a los pueblos, no
es responsabilidad de la Policía Comunitaria, sostiene.
Añade: “La
obligación del Estado es respetar la norma que se sustenta en la Constitución y
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dejar en
libertad a los presos de la CRAC”.
Indica que cuando se
sumó al movimiento por la seguridad en Olinalá, no sabía la magnitud de los
problemas en el municipio, luego escuchó en los pueblos que les estaban matando
a sus hijos, “y como madre nunca me gustaría que un niño mío pasara con un
dolor de esto”, dice conmovida.
La activista asegura
que pese a la separación de su familia y las vejaciones en prisión, no se
arrepiente, está orgullosa de haber participado en un movimiento ciudadano por
la seguridad, que en 2012 logró la unidad de toda la población. De ese
movimiento surgió la Policía Comunitaria de Olinalá que después se incorporó a
la CRAC.
La unidad fue
posible por el miedo y el hartazgo de la población, “pero más que nada por el
miedo, y Olinalá fue un ejemplo para que otros pueblos siguieran el mismo
camino”, sostiene, y resalta que en 2013 surgieron en diferentes municipios los
movimientos de autodefensa.
Considera que en un
sistema obsoleto, el gobierno tiene que usar la fuerza pública para tener un
control que ya no tiene, y demuestra el poder que le resta con represión y
persecución, “porque tiene miedo y no puede controlar ni a su gente, ni a los
marinos, ni al Ejército, ni a los policías. Usa la fuerza pública para matar,
para fabricar delitos por el miedo, porque el sistema les ha fallado”.
Y pone como ejemplo
el homicidio en Tlapa durante las elecciones del activista Antonio Vivar, así
como el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más.
“Asusta a la gente con muerte”.
Pero la gente sólo
se calma siendo escuchada, resolviendo sus problemas con justicia, insiste.
“En México, la
situación de inseguridad es muy fuerte. Les duele que les haya dicho que el
sistema está corrompido, que estando encerrada, mi voz se escuchó”.
TORTURA, AISLAMIENTO, TRATO CRUEL POR 22 MESES
La coordinadora de
la Policía Comunitaria de la CRAC fue trasladada del penal de máxima seguridad
de Tepic, Nayarit, a la prisión de la Ciudad de México, mientras mantenía el
ayuno por su libertad y la de los presos políticos.
Se muestra con una
larga y reducida melena sujeta en una coleta alta, el fleco a los lados, los
ojos delineados y la sonrisa puesta. Su rostro se apaga al despedirse y cuando
recuerda las vejaciones contra niños de la población, que no se habían
denunciado públicamente, sólo ante mandos castrenses y el entonces gobernador
Ángel Aguirre Rivero.
Nestora agradece el
apoyo a su causa, pero pide que no la dejen sola porque está segura que no será
la justicia el mecanismo para salir de prisión, sino el respaldo y presión de
los ciudadanos. Por su lado, dice, se mantendrá firme en honor a los luchadores
y activistas asesinados, los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de
Ayotzinapa y las víctimas de la violencia del Estado.
“Si yo salgo libre
de esto, porque tengo fe (de que así ha de ser), si tengo que dejar mi vida en
esto (la lucha), lo voy a hacer, no me voy a callar, no tengo miedo, soy
alguien que confía en el sistema de reeducación de los pueblos (de la CRAC),
creo que sí podemos cambiar mucho no sólo en Guerrero, también en el país”.
Sin embargo, añade,
mientras la gente que todas las noches ve dormir a sus hijos, que sale a
trabajar por ellos, no está dispuesta a defenderlos, no habrá cambio posible.
“A mí no me han
acabado, a pesar de todo, no me han doblegado en el espíritu ni en el corazón”,
subraya.
Y suelta: Pareciera
que la intención del Estado no es doblegar con prisión y maltrato a la líder,
sino amedrentar a los que se quedan en libertad.
Luego de detallar
cómo ocurrió su detención a las afueras de Olinalá por parte de soldados del
Ejército, que luego la entregaron a efectivos de la Marina para su traslado a
la delegación de la Procuraduría General de la República PGR en Chilpancingo,
reconoce que sintió miedo cuando escuchó que la llevarían a las Islas Marías. “Mejor
llévenme a Chiapas”, dijo, esperando que atendieran su petición.
A la 1:30 de la
tarde del 22 de agosto de 2013 entró al penal de máxima seguridad de Tepic,
Nayarit. Hasta ese momento la directora del penal supo que era comandante de la
CRAC y se mostró sorprendida. Dos meses después le permitió comunicarse vía
telefónica con su familia.
La mantuvieron
aislada la mayor parte del tiempo y le dijeron que era por su seguridad, pero
Nestora asegura que las condiciones de riesgo de su integridad las crearon las
autoridades penitencias al difundir que era integrante de la Policía
Comunitaria y que combatía al crimen organizado, donde la mayoría de las presas
se identifican como zetas y golfos, en alusión los cárteles del narcotráfico.
Las revisiones,
distintas a las de las otras internas, con ella eran más exhaustivas, como si
representara el mayor peligro, pese a que nunca la encontraron infringiendo
alguna regla. A la fecha se pregunta: “¿quién soy yo?, ¿por qué a mí?”, como
para explicarse el trato tan diferenciado y agresivo.
“Veía una
discriminación muy fuerte y (las autoridades) se enojaban porque me quejaba de
todo”. Un día, una oficial al escuchar su queja le dijo que pidiera su amparo.
“¿Qué no eres tú la mujer de los amparos”, le recriminó.
LA HUELGA DE HAMBRE
La activista revela
que el día que se instaló en huelga de hambre pidió más comida y se la negaron.
Entonces dijo a las custodias que ya no iba a comer, y en respuesta le darían a
dar una infracción de entre 30 y 35 días de castigo. Quiso explicar que era
injusto y comenzó a llorar.
“Me sentí enojada,
frustrada”. “Ah, todavía chilla”, se burlaron.
“No preparé mi
estómago, sufrí hambre, pero se me hizo muy cruel” que negaran el alimento, y
elaboró un acta para declarar que estaba en huelga de hambre. Ese día, a través
de un abogado de Atención a Víctimas, avisó a su hija Saira Rodríguez que se
había declarado en huelga de hambre.
Los primeros días
sintió que se iba a quedar ciega, se le nubló la vista, tenía mucha presión en
el oído, “es bien fea el hambre”, pero entre el cuarto y el quinto día se deja
de sentir, a los seis y ocho días, el estómago deja de moverse, explica a ‘El
Sur’.
Pasaron los días y
nada cambió. “Decidí dejar de tomar líquidos, estaba dispuesta a morirme ya”, y
comenzaron a llevar agua de frutas con hielo a su celda. “Es un martirio y es
ilógico”, les decía a las custodias, pero ellas “se reían”, y decían: “son
órdenes”.
Después de 31 días
sin alimentos y cinco días sin líquidos levantó su protesta, ya en el pelan del
DF.
La lideresa de la
Policía Comunitaria asegura que el Estado mexicano miente cuando dice a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está bien de salud luego
de un mes sin alimentos y un año y diez meses en prisión en deplorables
condiciones.
“Ya no soy una
jovencita –tiene poco más de 40 años–, necesito vitaminas, calcio y hierro”.
Y cuestiona que el
ejemplo que las autoridades mexicanas dan a los ciudadanos sea la simulación y
la violación a las leyes. “No les importa la legalidad ni la opinión de
organismos internacionales”.
A la distancia, ve a
Guerrero como un estado con mucho miedo, pero también a un gobierno con temor
del pueblo y sin control de los marinos, soldados y policías, “por eso reprime
y criminaliza a quien denuncia y exige justicia”, insiste.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 22 DE JUNIO DE 2015)