lunes, 20 de abril de 2015

HALLAN MUERTO A “EL CHÍCHARO”; LO CULPAN DE ORDENAR EJECUCIÓN DE DOS MILITARES EN EDOMEX


TOLUCA, Edomex. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) confirmó la detención y puesta a disposición ante las autoridades de Lázaro García Torres, El Colega, y de José Luis Figueroa Arellano, El Huicho, como presuntos responsables del asesinato de dos militares el pasado jueves 9 en el municipio sureño de Tejupilco.

El procurador Alejandro Gómez además reconoció que Julio César Rojo, El Chícharo, presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana en esa zona, y quien habría ordenado el asesinato de los elementos del Ejército, fue encontrado sin vida la madrugada de ayer.

Además, un cuarto presunto cómplice se encuentra sujeto a investigación y aún no es detenido: “Aún hay un probable responsable en investigación”, dijo.

El cuerpo de El Chícharo, de 30 años, fue encontrado amarrado con cadenas, envuelto en una cobija, con un ‘narcomensaje’ en el que se advertía: “Nosotros respetamos a las autoridades y con eso pagan su culpa”.

El cadáver fue encontrado por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), quienes recibieron una llamada anónima donde se reportó el hallazgo, sobre la carretera Tejupilco-Altamirano, a la altura del kilómetro 125, en el paraje conocido como El Zapote, el mismo en que días antes se localizaron los cuerpos de los militares.

Los elementos policiacos también encontraron a dos de los cómplices de Julio César Rojo: El Colega, de 23 años, y El Huicho, de 24, a quienes sus verdugos golpearon y ataron a una portería de futbol en una cancha de la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Amatepec.


(PROCESO/ DE LA CORRESPONSALÍA/ 20 DE ABRIL DE 2015) 

LEVANTAN Y EJECUTAN A MÉDICO EN LA SIERRA TARAHUMARA

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Un médico que trabajaba en Baborigame, del municipio chihuahuense de Guadalupe y Calvo, y que desapareció en la carretera de esa región a Parral el viernes 17, fue localizado el sábado en la comunidad de El Ojito, municipio de Ocampo, en el estado de Durango.

El doctor Fernando Toledo Fonseca, quien laboraba en su propio consultorio en Baborigame –un lugar histórico de lucha del narcotráfico–, salió el viernes de ese lugar para dirigirse a Parral, localizado a unas seis horas, y de ahí viajaría a la capital de Chihuahua pero ya no llegó.

La familia lo esperaba en Chihuahua y, cuando no llegó, lo buscaron por sus propios medios.

De acuerdo con medios locales de Parral, testigos que viajaban con él en un camión de pasajeros aseguraron que un comando “levantó” al galeno en la comunidad de El Vergel, del municipio de Balleza, localizado también en la Sierra Tarahumara.

Los familiares acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Durango, donde identificaron el cuerpo del médico.

De acuerdo con el parte de la Fiscalía del Estado de Durango, la víctima ingresó el sábado al anfiteatro –sin ser identificado– con una herida por arma de fuego en la cabeza.

El cuerpo, indica la dependencia de Durango, fue localizado el viernes en las inmediaciones de un camino de terracería del poblado La Providencia a El Ojito, del municipio de Ocampo.

La media filiación de la víctima, indica la Fiscalía de Durango, es de estatura 1.88 metros, complexión robusta, tez blanca, barba y bigote de candado y vestía pantalón de mezclilla negro.

El portavoz de la Fiscalía Zona Sur de Chihuahua, con sede en Parral, Raúl Herrera, informó que ellos no tienen conocimiento del caso, a pesar de que los familiares aseguran que acudieron a interponer el reporte de desaparición.


(PROCESO/ PATRICIA MAYORGA/ 20 DE ABRIL DE 2015) 

HALLAN MUERTO A “EL CHÍCHARO”; LO CULPAN DE ORDENAR EJECUCIÓN DE DOS MILITARES EN EDOMEX


TOLUCA, Edomex. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) confirmó la detención y puesta a disposición ante las autoridades de Lázaro García Torres, El Colega, y de José Luis Figueroa Arellano, El Huicho, como presuntos responsables del asesinato de dos militares el pasado jueves 9 en el municipio sureño de Tejupilco.

El procurador Alejandro Gómez además reconoció que Julio César Rojo, El Chícharo, presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana en esa zona, y quien habría ordenado el asesinato de los elementos del Ejército, fue encontrado sin vida la madrugada de ayer.

Además, un cuarto presunto cómplice se encuentra sujeto a investigación y aún no es detenido: “Aún hay un probable responsable en investigación”, dijo.

El cuerpo de El Chícharo, de 30 años, fue encontrado amarrado con cadenas, envuelto en una cobija, con un ‘narcomensaje’ en el que se advertía: “Nosotros respetamos a las autoridades y con eso pagan su culpa”.

El cadáver fue encontrado por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), quienes recibieron una llamada anónima donde se reportó el hallazgo, sobre la carretera Tejupilco-Altamirano, a la altura del kilómetro 125, en el paraje conocido como El Zapote, el mismo en que días antes se localizaron los cuerpos de los militares.

Los elementos policiacos también encontraron a dos de los cómplices de Julio César Rojo: El Colega, de 23 años, y El Huicho, de 24, a quienes sus verdugos golpearon y ataron a una portería de futbol en una cancha de la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Amatepec.


(PROCESO/ DE LA CORRESPONSALÍA/ 20 DE ABRIL DE 2015) 

LAS EJECUCIONES DE APATZINGÁN: POLICÍAS FEDERALES, LOS AUTORES


El pasado 6 de enero, policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo menos 16 personas y heridas a muchas más. Sin embargo, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y quien acaba de ser nombrado director de la Conade, sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”. La periodista Laura Castellanos reconstruye esa masacre con base en testimonios grabados de 39 personas –sobrevivientes, pobladores, familiares de víctimas y personal médico, entre otros–, así como en fotografías y videos. Su investigación fue compartida con el semanario Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena televisiva Univisión.

APATZINGÁN, Mich. (Proceso).- “¡Mátenlos como perros!”, gritaron los policías federales al atacar a tiros a un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de esta localidad, a las 2:30 de la madrugada del pasado 6 de enero.

Ninguno de los manifestantes tenía armas largas. Seis de ellos portaban pistolas registradas y las pusieron en el piso. Los demás cargaban palos. Ninguno disparó.

Todos ellos obedecieron las indicaciones que les dio Nicolás Sierra, El Gordo Coruco, líder del G-250, grupo creado por quien entonces era comisionado federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo.

Durante ocho meses el G-250 persiguió en la sierra a Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.

Sierra es uno de los siete hermanos conocidos como Los Viagra, temidos y odiados en la región, acusados de ser extemplarios y de cometer diversos atropellos. Castillo tuvo a cinco de ellos a su servicio en Michoacán.

Los rurales, hombres forjados en la pizca del limón, protestaban porque 20 días antes Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles. Además, padecían nuevas incursiones de templarios en sus localidades.

Rubén, miembro de la Fuerza Rural, escuchó la balacera y saltó de su camioneta. Entonces un policía federal le gritó: “¡Levanta las manos y ponte de rodillas!”. Estaba por obedecer cuando a pocos metros vio a otro hombre hincado, los brazos en alto, encañonado por los uniformados.

“Le dispararon estando de rodillas, rendido, sin armas –atestiguó–. Lo ejecutaron los federales”. Una camioneta de su grupo ingresó en la plaza y Rubén logró escapar en ella.

Testimonios de 39 personas, grabados en audio, revelan que policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos hechos distintos    ocurridos en Apatzingán el pasado 6 de enero: el primero, a las 2:30 horas en el jardín central y los portales del Palacio Municipal; el segundo a las 7:45 horas en el cruce de Avenida Constitución y Plutarco Elías Calles, cuando un comando de la Policía Federal disparó con ametralladoras M-60 contra una docena de vehículos que transportaban a guardias rurales y a sus familiares.

Según Nicolás Sierra, su grupo contabilizó preliminarmente 16 muertos (ejecuciones extrajudiciales) y decenas de heridos en ambos ataques.

(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 2007, ya en circulación)

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En el video presentado en la investigación de la periodista Laura Castellanos se escuchan testimonios de personas que vivieron de cerca la masacre en Apatzingán.

Se incluyen además grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa correr de un lado a otro a personas desarmadas en la plaza del poblado.

Asimismo, imágenes de los cuerpos de las víctimas y las heridas que sufrieron tras los ataques.

En otro episodio del video, se observa un enfrentamiento entre policías federales y civiles que intentaban liberar a personas heridas.

Se muestra asimismo un video de este incidente grabado con un celular por una joven de 17 años.

De igual manera, las imágenes de los cuerpos sin vida de la familia Madrigal cuyos integrantes fueron masacrados.

Se exponen además tres actas de defunción que prueban el traslado de cadáveres a una distancia promedio de tres horas de trayecto.


(PROCESO / LAURA CASTELLANOS/ REPORTAJE ESPECIAL/ 8 DE ABRIL DE 2015) 

OFRECE SEGOB INDAGAR PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL EN MATANZA DE APATZINGÁN



MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal investigará si la Policía Federal (PF) cometió asesinatos o violaciones a los derechos humanos contra civiles en Apatzingán, Michoacán.

Luego de que el semanario Proceso, el portal de la periodista Carmen Aristegui y la cadena de noticias Univisión difundieron un reportaje que acredita que policías federales asesinaron a mansalva a civiles desarmados, el funcionario aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Asuntos Internos de la PF investigarán los hechos.

“La ciudadanía será debidamente informada de los resultados de estas investigaciones”, aseguró Osorio Chong, quien afirmó que el gobierno de Enrique Peña ha trabajando para que las fuerzas federales sean siempre ejemplo de honestidad, apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos.

El secretario de Gobernación firmó hoy lunes un Convenio para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos entre la dependencia que encabeza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C.

En su intervención, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que la firma de este convenio permitirá proponer mecanismos y estrategias de carácter académico, jurídico y administrativas para aplicar y difundir el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos.

De esta forma, advirtió, “si los agentes del Estado violentan a sus ciudadanos en su integridad, dignidad y derechos, serán responsables de reparar el daño causado” con atención médica, psicológica y asistencial, así como realizar las acciones necesarias para evitar que esas violaciones se repitan.

Para ello, abundó, se debe poner a la víctima en el eje de atención y “se le debe tratar de manera sensible”.

(PROCESO/ ÁLVARO DELGADO/20 DE ABRIL DE 2015)

ENFRENTAMIENTOS EN SONORA Y SINALOA DEJAN AL MENOS SIETE MUERTOS


CABORCA, Son. (apro).- Enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Sonora y Sinaloa dejaron al menos siete muertos, confirmaron autoridades estatales.

En Sonora, en total de cuatro agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI) resultaron heridos luego de abatir a balazos a cinco sicarios en la ciudad de Caborca, a unos 270 kilómetros al noroeste de Hermosillo.


De acuerdo con la información de testigos y periódicos locales, el enfrentamiento armado suscitado en el estacionamiento de una bodega Aurrerá se originó a las 3 de la tarde, cuando los sujetos armados intentaron “levantar” a una víctima en las calles Primera y 27 de Abril.

Al percatarse de este ilícito, los investigadores ordenaron al tripulante de la camioneta azul Jeep Liberty detener la marcha de la unidad, pero éste se negó.

De allí, inició la persecución que concluyó 15 cuadras al norte, en la intersección de la calle Cuarta y avenida J, donde efectivos de la PEI y el grupo armado se enfrentaron a balazos por espacio de 10 minutos.

Una fuente al interior de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) informó que hasta el momento las víctimas mortales no han sido identificadas y los agentes heridos se encuentran fuera de peligro en un nosocomio de Caborca.

En Sinaloa, un saldo de dos personas muertas y varios detenidos dejó un enfrentamiento a balazos en la colonia Infonavit-Cañadas, en el sector surponiente de la ciudad de Culiacán.

Las primeras versiones destacan que presuntos sicarios agredieron a balazos a un grupo de agentes de las policías ministerial y municipal que realizaban un recorrido por la calle Tarahumaras y avenida Guadalupe Victoria.

Los pistoleros abrieron fuego con fusiles de alto poder contra los policías y éstos repelieron la agresión, con el saldo ya señalado.


(PROCESO/ MILTON MARTÍNEZ/ 20 DE ABRIL DE 2015) 

ESCOTES


Implacable, el sacerdote miraba a las mujeres y parecía traspasarlas con ojos de rayos equis. De arriba abajo y de abajo a arriba. No era la mirada lasciva, esa que escudriña más allá de los linderos de las prendas exteriores e internas. Era el censor: ese que revisa, aprueba y desaprueba, da el paso o lo impide, desde el púlpito, el escalón superior, encima de los hombros y con esa atmósfera de superioridad, de enviado y representante celestial.

Esta sí, está no, parecía decir a la entrada de la iglesia. Entre el empedrado que recordaba la vida rural de sus habitantes, y el asfalto que avanzaba como nube negra e invasiva, le llegaban hombres con sombrero, amezclillados y camisa de seda. Cinto piteado y botas de cocodrilo, picudas y altaneras. En los estampados de las camisas de colores chingamelosojos resaltaba la hoja de mota, Malverde con ese rostro de estatua de plazuela y la virgen de Guadalupe.

El padre asentía. Reverencia aprobatoria. Pero las mujeres eran víctimas de una severidad de mármol. Prohibidas, sin decirlo, las faldas cortas. Enseñar la rodilla es un diosnosagarreconfesados. Prohibida la blusa que enseñe más abajo del cuello. Si se puede, preferentemente usar el velo. El padre era en ese templo el celador y la monja medieval, el policía de la moral y el sexo, el juez de los vestidos, las faldas, los pantalones y hasta el bilé y el rubor.

La exuberancia y el contoneo no podían ingresar a esa capilla. Tampoco el arreglo de la cabellera tipo Rarotonga ni el vestido entallado que enseñe las rutas curvilíneas del deseo ni el bamboleo de las carnes. Estrictamente prohibido mirar, sonreír, coquetear, saludar de beso, abrazar a la otra persona si es del sexo opuesto y carcajearse, aunque fuera en el saludo de la paz o antes de la celebración religiosa.

A la mayoría de los feligreses les gustaba ese padre, pero hubo quienes renegaron de sus gustos y se retiraron del templo. Cuando sabían que no era él quien oficiaría misa, volvían. Conocían sus excesos, esa humillante exhibición pública de rudeza y poder: sálgase, gritó varias veces, con el brazo extendido y el dedo de fuego apuntando. Se lo dijo igual a la madre abnegada que ese día llevo una falda con fronteras en las rodillas, que a la quinceañera que llevaba ese vaporoso vestido de nube.

Cuando esa mujer llegó con el escote mostrando el brincoteo seductor de esos pechos blancos, llamó al monagillo y lo mandó por una manta roja, que cubren los descansabrazos de las bancas. Lo tomó y se lo puso encima a esa dama frondosa y sus dos nidos tibios. Y más se encabronaron los vecinos: sabían que en los cuartos de atrás del templo, el padre le guardaba a los narcos los billetes, cocaína, carros y mariguana. Esa también la mantenía bien tapada.

(RIODOCE/ COLUMNA MALAYERBA DE JAVIER VALDEZ/ 19 abril, 2015)

CAPTURAN A JESÚS SALAS AGUAYO, LÍDER DEL CÁRTEL DE JUÁREZ


La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) confirmó la detención de Jesús Salas Aguayo, líder del cártel de Juárez, establecido en Chihuahua y con presencia en varias entidades, informó este domingo el titular de la dependencia, Monte Alejandro Rubido García.

Salas Aguayo, de 38 años, está acusado de distribución de drogas, homicidio, robo de hidrocarburos, entre otros delitos; fue detenido este viernes en el municipio de Ahumada, Chihuahua. Durante el operativo de su detención falleció uno de sus escoltas y otro más fue detenido, agregó Rubido.

La CNS informó que Salas Aguayo estuvo al frente del cártel en sustitución de Vicente Carrillo, exlíder del grupo y preso desde octubre de 2014. Desde su llegada al mando de la organización criminal, Salas Aguayo se ha visto involucrado en el aumento de violencia en el Valle de Juárez y la zona serrana conocida como El Triángulo Dorado.

Alejandro Rubido detalló que el detenido está acusado de participar en hechos dolosos, como la muerte de 15 personas en un bar llamado El Colorado, en 2012. También se le acusa de participar en la planeación de un atentado contra elementos de la policía federal, en julio de 2010. Salas Aguayo proporcionó los explosivos para el artefacto detonador que causó la muerte de dos policías, un médico y un paramédico.

Rubido acotó que con la detención de Salas Aguayo, suman ya 93 detenciones de objetivos prioritarios para el gobierno federal, de un toral de 122.

El comisionado de la CNS dijo que la captura de Salas Aguayo fue posible gracias a las líneas de investigación realizadas luego de las detenciones de los criminales Vicente Carrillo, el Viceroy, en octubre pasado y David Espinoza Haro en enero de 2015, en la que encontraron detalles para dar con su paradero.

La CNS informó que Salas Aguayo también es buscado por las autoridades estadounidenses por los delitos de tráfico de drogas y el homicidio de un testigo protegido, por ello se encontraba en la lista de los más buscados de la DEA.

Entre las pertenencias de Salas Aguayo decomisadas durante su arresto se encuentran: dos automóviles, dos camionetas, cuatro cuatrimotos, un paquete de marihuana, un arma larga, además de 17 teléfonos celulares, un radio y 20,000 dólares (unos 312,000 pesos mexicanos).

Salas Aguayo se encuentra rindiendo declaración, dijo Felipe Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).

Los detenidos y lo asegurado han sido trasladados al #DF y puestos a disposición del Agente del MP Federal adscrito a la #SEIDO de @PGR_mx. CNN México.


(RIODOCE/ REDACCION/ 19 abril, 2015)

EN CHIHUAHUA AMENAZAN A POBLADORES TRAS CAPTURA DE “EL CHUYÍN”


CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- La gente de Jesús Salas Aguayo El Chuyín, aprehendido ayer por elementos de la Marina, huyó hacia los poblados y ejidos del noroeste, principalmente a Buenaventura y amenazó a los pobladores, denunciaron habitantes de la región.

El enfrentamiento de militares y marinos contra el grupo delictivo de Salas Aguayo, líder del Cártel de Juárez en el municipio de Buenaventura, dejó por lo menos un hombre muerto y el aseguramiento de dos camionetas Ford de reciente modelo que son resguardadas por la Fiscalía Zona Norte, informó Arturo Sandoval Figón, portavoz de la Fiscalía General del Estado.

El Chuyín es uno de los delincuentes más buscados por la Administración para el Control de la Droga (DEA, por sus siglas en inglés), según el portal de la dependencia estadunidense, que lo tiene considerado como fugitivo con el número W032681616.

La Marina llegó este viernes alrededor de las 5:30 horas a buscar directamente a Jesús Salas en su rancho, localizado a unos dos kilómetros de la cabecera municipal de Villa Ahumada, pero su gente respondió contra los elementos de la Sedena, lo que generó alerta entre los habitantes.

Según pobladores, Jesús Salas era empático y lo consideraban un protector ante la inseguridad que ha vivido ese municipio, que por su ubicación estratégica ha sido blanco de diferentes grupos delictivos que cruzan hacia Estados Unidos.

En Villa Ahumada existen decenas de brechas clandestinas que son utilizadas por el crimen organizado para el trasiego de droga desde hace décadas.

Sin embargo, Salas Aguayo también se convirtió en la pesadilla de otras familias de Villa Ahumada que fueron víctimas de extorsión, secuestro, robo y homicidio, que los obligaron al exilio en Estados Unidos.

El rancho de El Chuyín se ubica cerca de la carretera Panamericana, en las inmediaciones de un destacamento militar y oficinas de diferentes corporaciones policiacas.

De acuerdo con pobladores de Villa Ahumada, las autoridades aprehendieron de manera ilegal a trabajadores de ranchos; uno de ellos pasaba en una camioneta que dejaron en el lugar, luego de que se lo llevaron.

DETENCIONES SON MEDIÁTICAS: SPECTOR

Para el abogado especialista en migración quien representa a varias familias exiliadas en Texas, la detención de Jesús Salas y la reciente aprehensión en el Valle de Juárez, de Mauricio Luna Aguilar El Papacho junto con su grupo delictivo son meramente mediáticas, puesto que no han sido detenido agentes o funcionarios que les han permitido operar con total impunidad por más de seis años.

Spector agregó que se han cometido crímenes de lesa humanidad y al parecer la estrategia del gobierno federal es aprehender a los líderes que les causan problemas o que son muy señalados y vistos por los ciudadanos.

En el caso del Valle de Juárez, pobladores aseguran que quien suplió a El Papachi es la hermana del exlíder del Cártel de Sinaloa, Gabino Salas.

Ella se llama Gabriela Salas y es originaria del estado de Durango.

Sin embargo, indican que llegó por parte de La Línea y con apoyo policiaco, Miguel Ángel Reyes Salazar El Sapo, sobrino de los hermanos Reyes Salazar que se encuentran exiliados en Estados Unidos.

Spector explicó que la familia Reyes Salazar huyó luego de ser víctima de homicidios y extorsiones, así como de amenazas, y ellos mismos han dicho que se aprehenda y juzgue conforme a la ley a Miguel Ángel Reyes.

Hasta ahora, indica Spector, se sabe que Miguel Ángel Reyes fue detenido y puesto en libertad recientemente.

Miguel Ángel fue consignado por comisión de delitos de delincuencia organizada, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo con la causa penal 535/2009.

La aprehensión la realizaron elementos militares en el año 2009 en Nuevo Casas Grandes y también detuvieron a Alfredo Escajeda Navarro y Adrián Cervantes Díaz, señalados como integrantes de La Línea.

El calvario de la familia Reyes Salazar inició cuando Josefina Reyes -madre de Miguel Ángel- exigió justicia por la desaparición de sus hijos.

En el caso de Miguel Ángel, pidió que le informaran primero si lo habían detenido y que lo juzgaran conforme a la ley, pero posteriormente hubo más represalias porque se opusieron a la violación de derechos humanos, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.

En enero pasado en una fotografía en Facebook en donde aparecen tres víctimas recién asesinadas y los pobladores de El Valle de Juárez identificaron también a El Sapo, a quien acusan de ese triple homicidio.

En el perfil de Facebook los califican como “Los Puertos del Valle” y “Mata inocentes”. En la imagen aparecen las tres víctimas mortales: Fabián Arturo Rodríguez Rodríguez, Jorge Luis Rodríguez Amaya y Fernando Barreno Álvarez, quienes aparecen hincados y por lo menos seis hombres uniformados, les apuntan con armas largas.

Para las personas exiliadas, las detenciones hasta ahora no resuelven el problema porque los líderes son sustituidos de inmediato, no se abate el problema desde la raíz, desde la corrupción de las corporaciones y la impunidad.


(RIODOCE/ REDACCION/ 18 abril, 2015)

EN 10 AÑOS, MULTINACIONALES MINERAS SACAN MÁS DEL DOBLE DEL ORO EXTRAÍDO EN TODA LA COLONIA


Ciudad de México.- Las reformas a la ley minera en México impulsadas por las instituciones financieras y empresas multinacionales en complicidad con el Gobierno de la República está ocasionando el mayor saqueo de oro registrado en la historia de este país. Tan solo en la primera década de este siglo estas compañías mineras extranjeras han sacado más del doble del volumen extraído durante los casi tres siglos de auge minero en toda la época colonial.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Política de la Cámara de Diputados, citados por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre el 2000 y 2010, estas compañías extranjeras extrajeron del subsuelo mexicano 419 mil 097 kilogramos, es decir 419 toneladas con 97 kilos de oro, mientras que en el periodo comprendido entre los años 1531 y 1830 —la época colonial— la minería tradicional apenas logró extraer 191 mil 825 kilogramos.

Lo que no se ha mencionado de esta explotación intensiva y devastadora de metales que genera la minería a cielo abierto, son los daños irreversibles y el deterioro socio-ambiental, económico y cultural del país.

Académicos e investigadores del INAH advierten en una exposición denominada El oro o la vida, que se está dejando al país el haber concesionado por cincuenta años —y la opción de renovar otros cincuenta más—, vastas regiones del país donde se localizan áreas extensas de reserva ecológica, de cultivo, de flora y fauna y, más aún, zonas arqueológicas y sitios sagrados desde la época prehispánica —algunos todavía sin explorar— que, siendo además Patrimonio Cultural de la Humanidad y el referente más profundo de nuestra identidad nacional, están en la posibilidad de afectarse, destruirse o demolerse, porque así lo ha decidido el capital financiero internacional.

El primero de estos asentamientos prehispánicos que fue concesionado al capital privado son las ruinas de Xochicalco, ubicadas en el estado de Morelos y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, en 1994, y cuyo subsuelo resultó afectado por una concesión otorgada  por la Secretaría de Economía a la empresa canadiense “Esperanza Silver”, de Vancouver para explorar y explotar los metales en un polígono de 278 hectáreas bajo el título número 234011 y con vencimiento al 14 de mayo de 2059.

Los investigadores advierten que de no frenarse este saqueo, este patrimonio arqueológico de México y del mundo está en riesgo latente de afectarse porque de acuerdo con datos de la Dirección de Operación de Sitios del INAH, el registro de sitios arqueológicos en el país es muy abundante y se tiene un listado de más de 46 mil emplazamientos prehispánicos, de los cuales 187 se encuentran abiertos al público. Esto sin considerar grandes extensiones del país aún pendientes de exploración arqueológica. En casos como Oaxaca, eso equivale al 90 por ciento de su territorio.

Para la clase política todo se reduce a números. Sin embargo, las cifras oficiales de la Secretaría de Economía revelan que hasta junio del 2014 el Gobierno de la República había otorgado 25 mil 566 títulos de concesiones vigentes, que les da el derecho a las compañías mineras multinacionales para explotar intensivamente 25.7 millones de hectáreas, que equivalen al 12.85 por ciento de la superficie total del país.

Pero el colmo de este modelo extractivo llega a tal dimensión que incluso se pretende extraer minerales desde el fondo marino, en el mar de Cortés, en Baja California, donde se localiza una de las zonas de más alta biodiversidad en el mundo. Esto sin considerar los efectos que tendrá a largo plazo en el ecosistema y el ambiente marino, adelanta el documento.

Este desmesurado incremento de concesiones para la explotación intensiva de metales que las empresas particulares y autoridades promueven con argumentos de “progreso y desarrollo”, han desencadenado conflictos por todo el país porque la nueva ley de minas vulneró el patrimonio biocultural de los mexicanos  y arrebató a  gran parte de las comunidades indígenas y campesinas  su legítimo derecho a la propiedad social del subsuelo y a un bien común que encierra saberes tradicionales, que desde generaciones atrás han sido el soporte principal de sus vidas.

90 MUERTOS POR OPONERSE A LOS MEGAPROYECTOS

La imposición de los megaproyectos financiados por las firmas multinacionales en distintos rubros han provocado serios problemas en las comunidades involucradas al grado en que en un lapso de tres años —febrero del 2011 a enero del 2014— han surgido un promedio de 300 conflictos socio-ambientales, y de estos, 80 casos tienen su origen en los proyectos mineros.

En los últimos años, los conflictos que genera la minería en México han cobrado ya 90 vidas de activistas sociales, ambientalistas, dirigentes campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos que se han opuesto a los intereses de las multinacionales mineras. Tan solo 36 de estas muertes están relacionadas con la explotación de metales en la Sierra de Manantlán, entre Jalisco y Colima.

En la larga lista de asesinatos aparecen también los nombres de Ramón Corrales (Sinaloa); Benardo Vázquez y Bernardo Méndez (Oaxaca); Mariano Abarca (Chiapas); Dante Valdez; Ismael Solorio y Manuela Solís (Chihuahua); Antonio Esteban (Puebla); Noé Vázquez (Veracruz) y Francisco Quiñonez (Jalisco). Además, están desaparecidos Celedonio Monroy, Agustín Mancillas y Víctor Hugo Saldaña, de Jalisco.

Los investigadores que participan en este trabajo de investigación y recolección de datos, a través de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, puntualizan que quienes impulsan estas iniciativas para imponer los megaproyectos de orden económico recurren a la división de las comunidades y familias, confrontando a los grupos entre sí y con las autoridades de gobierno.

Estas empresas aprovechan la precariedad económica, marginación y abandono de comunidades, a las que ofrecen empleos y servicios que deberían ser aportados por el Estado. También compran voluntades mediante el reparto de despensas y regalos; ofrecen fiestas, donan material escolar; apoyan a los templos religiosos, pagan vigilancia policiaca y hasta servicios funerarios.

Estas estrategias de división y confrontación se está viviendo actualmente en 19 entidades del país, donde hay alerta ambiental y focos de tensión social en derivada de la resistencia y movilización hacia este modelo de extracción.

En Sinaloa, la mina de hierro de potrero de Cancio, ubicada en Choix y explotada por una sociedad chino-mexicana, ha producido conflictos que hay llegado hasta el asesinato de líderes comunales, como es el caso de Ramón Corrales Vega, en mayo de 2014.

MINERAS PAGAN MENOS DE 6 PESOS POR HECTÁREA
México es uno de los países del mundo que cobra menos derechos por concesiones de subsuelo y menos impuestos por los productos que extraen las empresas nacionales y extranjeras. Nuestro país cobra por extensión de tierra concesionada y no por el volumen de metales extraído. En los primeros años de las concesiones, México cobra 5.90 pesos por hectárea concesionada cada semestre, es decir, menos de lo que cuesta un refresco.

En contraste, la Mina de Buenavista del Cobre, en Sonora, generó utilidades netas por 15 mil 021 millones de pesos solo en el primer semestre del 2014. Tampoco existe un control riguroso de los minerales y cantidades que se sacan de México y las recientes modificaciones fiscales no transforman el desequilibrio.

Pero nada de esto es casual, pues desde la década de los 90, las grandes corporaciones e instituciones financieras prepararon el terreno legal para facilitar el despojo que ahora se observa. El Banco Mundial impulsó en 70 países las reformas a las leyes mineras para reducir el control público sobre los recursos.

Así, en 1992 modificó el 27 constitucional y en 1994 se firmó el TLC con EEUU y Canadá y una avalancha de reformas legislativas y leyes secundarias aprobadas en México, que generan un panorama incierto para el patrimonio cultural por la subordinación del bien común a los intereses privados y por la pérdida de soberanía que implican.

Esta subordinación a la ley del mercado ha dejado muy claro en la ley minera que quienes habitan sobre una concesión ya no son campesinos, comuneros o ejidatarios sino “superficiarios”, pues ocupan la superficie de lo que se pretende extraer para incorporar al mercado.

Además, el artículo 6 de la ley minera vigente fija las actividades del ramo como de “utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de terreno”, lo que supone que nada importa más que la minería, siendo que en la práctica la utilidad es privada y lo público son sus efectos nocivos.


(RIODOCE/ Redacción / FRANCISCO SARABIA/ 19 abril, 2015)

EL GRAN SIMULACRO


El pasado 8 de abril, el gobierno de Estados Unidos reveló que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se había convertido en el grupo criminal más poderoso de México y de todo el hemisferio occidental del planeta. No obstante para el analista Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, ese anuncio no es sino una pantomima mediática que expone el gran simulacro de México en su guerra contra el narco. “La realidad es que el Cártel de Sinaloa sigue siendo el grupo más poderoso, más organizado y con miles de tentáculos legales y políticos que les permite mover todo su sistema, e incluso, disponer de estructuras judiciales en México y Estados Unidos para castigar a sus enemigos”, subrayó el analista.

La noticia de que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) era el grupo  criminal más poderoso de México pareció hacerle gracia a Edgardo Buscaglia, que no dudó un instante para afirmar que el Cártel de Sinaloa sigue siendo, y por mucho, el cártel más poderoso en todos los países occidentales del planeta.

Ni el arresto de uno de sus líderes Joaquín el Chapo Guzmán, ni los golpes a la fracción comandada por Ismael el Mayo Zambada, que incluye arrestos a hijos, hermanos y lugartenientes, parece haber mermado en lo absoluto a esa organización criminal. Todo lo  contrario, el grupo de Sinaloa parece más fuerte que nunca, y el que las autoridades de México y Estados Unidos quieran mostrar lo contrario es otra cosa.

“Una empresa criminal como el Cártel de Sinaloa se caracteriza por los activos, no por las personas. Las personas se reemplazan, y es lo que ha ocurrido con ellos: al momento que arrestan a uno, el reemplazo ya está listo, igual que ocurre en el mundo legal con empresas como IBM o Apple; Se murió Steve Jobs, y no se cerró la empresa, sino que fue reemplazado y Apple continuó creciendo”, explicó Buscaglia, en entrevista con Ríodoce.

“Lo mismo ocurre con las empresas criminales en donde hay toda una cadena de mando, y una cadena de reemplazos cuando sus directivos son detenidos, o asesinados. Y Sinaloa es el grupo criminal más sofisticado en el mundo en cuestión de reemplazar a sus líderes cuando éstos son muertos, o arrestados”.

En abril de 2010, el fallecido periodista Julio Scherer entrevistó a Ismael el Mayo Zambada, y fue el mismo capo quien, años antes, corroboraría la observación de Buscaglia: “Me pueden agarrar en cualquier momento… O nunca. Pero sí me agarran, mi reemplazo ya anda por ahí”, dijo Zambada, en aquella entrevista.

“Es lo que digo; la capacidad de reemplazo que hay en esa organización, es absoluta”, insistió Buscaglia.

No obstante, lo que vuelve tan sofisticado al Cártel de Sinaloa no sólo es su capacidad de reemplazo, sino que el gobierno Mexicano continúe sin confiscarle los miles de millones de dólares con los cuales compran políticos, empresas lícitas, o partidos políticos.

“Es el único país en el mundo, donde los periodistas no cuestionan al gobierno por qué no confiscan esas grandes cantidades de dinero que esa organización maneja; es decir, se detuvo al Chapo Guzmán, a quien consideraban uno de los hombres más ricos del mundo, y sin embargo no se le confiscaron ni 50 millones de dólares, pero además, no se detuvo a ningún político asociado él”, cuestionó el académico, quien además es presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México.

Y añade, incrédulo: “es la primera vez en la historia de la humanidad que se detiene al jefe, pero ningún político cae con él. Es una gran simulación lo que el gobierno mexicano ha venido haciendo. Castiga a unos jefes, premia a otros de la misma organización, y calla cuando se trata de indagar cómplices dentro del gobierno, lo cual es imposible”.

Respecto al CJNG, Buscaglia reconoce que creció a una tasa mayor que la del Cártel de Sinaloa, aunque las cantidades que manejan unos y otros son muy diferentes.

“En el mundo legal, cuando una empresa surge,  los primeros años son de muy alto crecimiento, y crecen a niveles muy altos; eso mismo sucede con las empresas criminales: las nuevas empresas crecen muy rápido, pero las que están consolidadas con sus activos intactos, son las que tienen el mercado, y es lo que ocurre con Sinaloa, a pesar de que se detengan o se asesinen a algunos de sus directivos; ellos tienen el poder”.

UN PULPO DE MIL TENTÁCULOS

Para Edgardo Buscaglia, el motivo por el cual el Cártel de Sinaloa se mantiene sólido es porque no les tocan sus activos patrimoniales, pero además porque se trata de un pulpo de mil tentáculos legales, y porque cuenta con contactos e influencia en el mundo de la política, y en el de los negocios lícitos en donde invierten su capital.

“Es un mundo, no de mil, sino de miles de tentáculos, no sólo en México sino en Estados Unidos, y en otras partes del mundo, incluyendo Centroamérica, Brasil, Argentina, Europa y Asia. Eso es lo que los hace tan poderosos: que sus redes financieras legales están muy escondidas detrás de capas y capas de empresas, y de políticos, que los protegen. En ese sentido es la organización más sofisticada gracias a la telaraña de empresas legales y de fideicomisos, y de políticos que la protegen. Desde esa perspectiva, el CJNG, los Zetas, o la Familia se miran como unos novatos”.

—¿Por qué no se toca a los políticos?

—Porque se pisarían la cola unos con otros. Y porque Enrique Peña Nieto no está dispuesto a pagar el precio político que ello representaría.

Explica: Para un país presidencialista, con una fiscalía que no es autónoma, que tiene que investigar a políticos o partidos políticos, es difícil hacer eso. Para ello se necesitarían tener fiscales autónomos, cosa que México no tiene. Pero lo grave es que México no tiene un presidente que esté dispuesto a pagar el costo político para hacer eso. Peña Nieto está más ocupado en abogar por sus casas blancas, y defenderse de los ataques, antes que lograr que México tenga un nivel de gobernabilidad y de Estado de derecho propio de un país.

“Y lo que ha ocurrido es que Peña Nieto ha tomado la vía fácil, que es tratar de gestionar la corrupción, y la delincuencia organizada deteniendo a algunos jefes y premiando a otros. Legalizando a algunos y penando a otros, esperando que ese tipo de aplicaciones de la fuerza judicial llegue a controlar el mercado criminal de la manera en que controlaba el PRI hace 50 años, a través de una paz mafiosa. Esa es un poco la estrategia del presidente”, explicó Buscaglia.

Entonces, el analista narra cómo hace unos meses se reunió con el hoy ex procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y con el grupo mayor del equipo de seguridad del presidente, explicándoles cómo el gobierno podía identificar a las empresas legales ligadas al Cártel de Sinaloa, o bien como identificar a la política mexicana que estuviera coludida.

“Yo veía que se les abrían los ojos impresionados, me entendían y me felicitaban, pero yo no sentía que tuvieran la voluntad política de entrar a limpiar  la casa como hizo Colombia o Italia. Noté por el contrario una gran simulación; el presidente y sus secretarios de estado simulan combatir a la delincuencia organizada, pero lo que hacen en cambio es premiar a algunos criminales, y castigar a sus enemigos. En el fondo es un sistema de premios y castigos mafiosos. Lamentablemente… me gustaría decir que no es así pero lo es”.

De acuerdo con el especialista, en México pueden capturar al Mayo Zambada, como capturaron al Chapo, y no caería un sólo político o empresario mexicano, como ocurriría en otros países del mundo. Y ello no ocurre porque en México existe un pacto de impunidad que opera desde hace años.

“No es una teoría mía, sino algo que ya fue admitido por funcionarios electos de alto nivel. Lamentablemente. Y mientras eso no ocurra, van a seguir llenando los espacios mediáticos con espectáculos de arrestos, pero no van a atacar lo que alimenta a toda empresa criminal, que son sus activos, que por otro lado, siempre buscan legalizarse”.

LA GUERRA FRÍA

La detención del Chapo Guzmán, en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014, no generó un cambio violento en los mandos, y la transición fue pacífica.

“No hubo una matanza en Sinaloa gracias a los mecanismos de reemplazo que existen en la organización, y los enfrentamientos no se dieron”.

No obstante, reconoció la presencia de grupos criminales enemigos del Cártel de Sinaloa, que pudieran pelear el liderazgo al grupo sinaloense.

“En el mundo criminal existe gente que van a desafiar al grupo que ostenta el poder, eso ocurre en todo el planeta, pero lo que ocurre en el Cártel de Sinaloa es que el control absoluto que tiene, y que asegura todo el mapa patrimonial que rodea a los capos, e incluyen a empresas lícitas, a políticos, y en ese sentido, la transición del cargo del Chapo como líderes, hacia sus reemplazos, fue pacífico”.

Influyó mucho los contactos políticos, policiales y empresariales que el Cártel de Sinaloa tiene, gracias a que el narco ha financiado las campañas a todos los partidos en ese estado, incluyendo al partido del presidente Peña Nieto.

“El problema, al final, es político; no se están dejando tocar, porque todos se pisan la cola. Además que los patrimonios de los narcotraficantes están muy legalizados y diversificados, como es construcción, farmacéutica, turismo. No les llegan”.


(RIODOCE/ Miguel Ángel Vega/19 abril, 2015)

LA MISTERIOSA MUERTE DEL HERMANO DEL ‘CHAPO’ GUZMÁN


La Procuraduría General del Estado de Sinaloa, continúa integrando la averiguación del caso donde resultó asesinado Ernesto Guzmán Hidalgo, medio hermano de Joaquín el Chapo Guzmán Loera. La información sobre la investigación se ha mantenido muy hermética desde el principio, ya que hasta el viernes por la noche, ninguna de las autoridades había dado los pormenores de cómo sucedieron los hechos.

Guzmán Hidalgo fue asesinado la mañana del pasado 11 de abril, junto con Raúl  Astorga, en el poblado de Bacacoragua, Badiraguato; sin embargo la noticia del doble asesinato se difundió hasta la noche de ese día.

De acuerdo a informes de inteligencia federales, el medio hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, nació el 26 de enero de 1945, y es padre de Patricia Guzmán  Núñez, quien estuvo casada con Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo.

Los cuerpos de ambos hombres llegaron al Servicio Médico Forense (Semefo) alrededor de las ocho de la noche del mismo día, sin embargo el traslado fue tan hermético que no se supo hasta el día siguiente. El edificio fue custodiado  por una patrulla de Ministeriales y otra de Municipales, solamente.

De manera extraoficial se informó que el cadáver de Guzmán Hidalgo y de Raúl Astorga, fueron retenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) por más de 24 horas, y el 14 de abril, alrededor de las 16:00 horas, se conoció que el cuerpo había sido entregado, sin dar detalles quién de sus familiares lo reclamó.

El cuerpo de Guzmán Hidalgo fue trasladado hacia la localidad de Sán José del Barranco, Badiraguato, donde supuestamente se realizaron los actos fúnebres.

A pesar de que Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, informó, mientras los cuerpos estaban en el Semefo, que se estaban realizando los trabajos periciales, para dar a conocer posteriormente más detalles, hasta el momento no se ha informado nada.

“Están los peritos trabajando, haciendo las investigaciones, una serie de exámenes, para que la Procuraduría dé la versión oficial de los hechos”, declaró Aguilar Iñiguez.

Luego de seis días del suceso, Marco Antonio Higuera Gómez, procurador del estado, fue cuestionado durante una rueda de prensa sobre los avances en la averiguación del caso, o información sobre el tipo de arma.

Higuera Gómez se limitó a decir que no traía los datos de la última información, como para dar a conocer el tipo de arma o algunos avances de cómo ocurrieron los hechos, “es un asunto que se está integrando la averiguación y está en estado de investigación”, informó.

(RIODOCE/ Cristian Díaz /19 abril, 2015)

MUERTES FABRICADAS POR LA MARINA


La Marina en Angostura. Enfrentamiento o asesinato.

Cristian no era sicario, sino deportista, malabarista y empleado de un circo, dicen familiares

La Secretaría de Marina dice que fue uno de los que se bajó del vehículo y empezó a dispararles con armas de grueso calibre. Pero la familia, su vida y los vecinos aseguran que no era un matón ni andaba metido en el crimen organizado. Era simplemente un joven futbolista, que por temporadas trabajaba de payaso y malabarista en circos locales.

En su casa, sus tíos, primos y padres, y también algunos vecinos, no creen en la versión de la Marina de que él y sus amigos les dispararon a los uniformados. Más bien, aseguran, los tres menores fueron masacrados, ejecutados a mansalva.

Cristian Iván Montes Camacho tenía 18 años, aunque hay reportes que indican que su edad era de 19. En el barrio donde vivía, por la calle Sindicalismo, colonia Plutarco Elías Calles, lo conocían como un joven servicial, trabajador, honesto y carismático, que gustaba de jugar futbol y sabía reparar computadoras.

Su familia señala que recientemente se había dedicado a trabajar de payaso en circos, aunque también era animador y si faltaba alguno de los empleados hasta de malabarista la hacía. Pero no tenía carro ni sabía de armas ni consumía drogas. Para su madre, Francisca Guadalupe Camacho Medina, era un muchacho que apenas había salido del cascarón y empezaba a vivir, que no le hacía daño a nadie y que ni siquiera solía usar groserías al dirigirse a personas.

DE LAS CANCHAS AL CIRCO

Desde niño, Cristian Iván andaba en las canchas. Su padre, Fernando Montes, solía organizar equipos de futbol, buscar patrocinios, entrenarlos y llevarlos a torneos. Lo hizo desde joven, con vecinos y conocidos, y con más razón con sus hijos. Pero fue Iván, el más pequeño de los varones, quien lo siguió a pisar el césped y el terregal de las canchas de cualquier campo o colonia.

Su equipo más reciente fue Los cannabis, ahí, en la colonia Plutarco Elías Calles, junto al sector Barrancos, en Culiacán. Son cerca de 10 los trofeos que este joven dejó empolvados en uno de los rincones de su casa.

Pero pocas veces tenía para el camión y mucho menos para dar su aportación y que su equipo pagara el árbitro, en cada contienda. Era su padre quien le daba. Hace alrededor de un mes lo hizo de nuevo, pero esta vez fue para comprar taquetes. Su padre lo consintió, como lo hacía con la comida —“no hay güevón que no sea tragón”, le repetía a manera de broma— y le compró unos de poco más de mil 200 pesos.

Era eso o su celular, que había perdido días antes. Apasionado del futbol, le respondió que prefería que le comprara los taquetes: el celular lo voy a perder cualquier rato, los taquetes no. Una semana después se fue a trabajar en el circo y ya no regresó.

Cristian apenas terminó la secundaria y desertó de la preparatoria antes de concluir el primer año. Trabajó en una empresa de seguridad privada, de nombre Alartel. Sabía de computación y hasta quería abrir una empresa de este giro.

Pero también le dio por la farándula. Primero se integró a un grupo de payasos conocidos como Los payaboys y lo más reciente fue su trabajo en el circo El fantastic, que recorría municipios rurales y colonias de Culiacán, Navolato y otros municipios de Sinaloa, y el país.

En el circo igual la hacía de payaso que de animador. En un carro de sonido recorría colonias y comunidades para promover el espectáculo circense. Y ya dentro, si faltaba alguno de los artistas del show, él entraba: podía aparecer como maestro de ceremonias, haciendo malabares o de payaso.

La cochera es amplia pero no suficiente para dos carros. En el vitropiso están los restos del llanto nocturno de una noche de cirios encendidos: la costra de cera hizo montoncito y se expandió. En el fondo de la cochera, pegado a la pared, una cruz cromada, como de metro y medio. A los lados, dos ramos florales, uno más grande que otro. Y en el suelo, una cruz de tierra.

Hay botes de cerveza, olor a cigarro y montones de sillas de plástico azules y blancas en uno de los rincones de la cochera. Es una casa a medio construir, con un baño sin puerta y un patio con ladrillos desnudos. Los sillones lucen tristes y sucios. Hay pocos muebles y una cocina que parece renegar porque esos días, desde la muerte de Cristian, pocos visitan. Su competencia, una olla inmensa, está en el patio, sobre una improvisada hornilla y carbones que se niegan a fenecer.

Media colonia está aquí, bajo la carpa y en las banquetas, dentro de la casa, en el minúsculo patio y en la sala, encima de los carros y en las esquinas. Cuentan que los de la funeraria les cobraron alrededor de 16 mil pesos y que solo pudieran poner la mitad, el resto —o al menos una buena parte— lo pusieron los vecinos, parientes y amigos, la mayoría jóvenes como al que tenían dentro de ese ataúd.

Y tuvieron que pagarlo ahí, antes del cortejo al panteón de la 21 de Marzo, porque los de la funeraria amenazaron con no levantar el ataúd de la cochera hasta que saldaran. Para eso empeñaron un carro.

Por aquí nadie pasa. Ya es jueves y el entierro fue un día antes, por la tarde. Nadie pasa frente a las cruces de tierra y fierro. En la casa hay personas, familiares en su mayoría, pero desde la otra acera, parece estar envuelta en una dolorosa soledad.

EL TIROTEO Y LAS DUDAS

La versión oficial de la Secretaría de Marina Armada de México y de las agencias del Ministerio Público federal y local, indican que el domingo 12 de abril, alrededor de las 19 horas, los jóvenes huyeron de las patrullas cuando sus ocupantes les ordenaron que se detuvieran, mientras circulaban por la carretera a El Gato de Lara, cerca de la zona conocida como Acapulquito.

Los tres jóvenes iban en un automóvil Corolla, marca Toyota, de modelo reciente y color gris, con placas VND-1173, de Sinaloa. Y en lugar de detenerse, dicen las autoridades, intentaron huir. En la persecución, quien conducía el Corolla perdió el control y volcó el vehículo, del que salieron los tres y empezaron a disparar contra los marinos, quienes repelieron la agresión.

El saldo fue tres civiles muertos: Cristian Iván Montes Camacho, de 18 años, originario de Culiacán, Manuel Ignacio Acosta Leal, de 22 años, de Tierritas Blancas, Mocorito, y José Javier Romero Martínez, de 26 años, del Distrito Federal. Los marinos, según el reporte oficial, les aseguraron dos rifles AK-47, y un fusil G-3, con 11 cargadores abastecidos.

El reporte también indica que el automóvil en que iban los hoy occisos era robado.

LOS EJECUTARON

Concepción es tío de Cristian Iván. Ahí está, dolorido, cansado y triste. Busca una silla para apaciguarse y relajar músculos y la consigue: “Como lo dijo una vecina, meto las manos a la lumbre por ellos, los hijos de don Fernando. Son sanos, deportistas”.

Él no cree, como todos ahí, en la versión de la Marina. Para él está claro, a su sobrino lo ejecutaron.

“Jamás. No es creíble esa versión de que iban demasiado recio, que se voltearon y que salen disparando del vehículo. Es absurdo”, manifestó.

Roberto, otro pariente, aseguró que contra el gobierno no se puede: todo está manipulado, los quieren presentar como sicarios, pero no es cierto, por eso no quieren presentar pruebas de si dispararon o no armas de fuego los civiles muertos y tardaron demasiado tiempo en entregar los cadáveres. El de Cristian les fue entregado hasta la tarde del martes.

YA PARA QUÉ

Francisca toma una de las fotos de su hijo, su bebé. La agarra, le limpia el cristal y luego lo besa y lo vuelve a besar.

—¿Qué le dice al gobierno?

—Pues ya me quitaron a mi hijo. Lo mataron. Ya para qué. Fue un abuso lo que hicieron, oiga. No hay nada más qué hacer… mi hijo no tenía dinero, era un alma de Dios y no se merecía esto que le hicieron.

—¿No cree en la versión oficial?

—El niño ni siquiera sabía usar una pistola. Mi hijo era muy bueno y todo mundo lo quería. Por eso lo llevamos a las canchas, para que se despidiera, oiga. Era un niño, acababa de dejar el chupón. Ahí tengo los taquetes de él. Para qué le digo que los castiguen, si yo mi dolor lo tengo aquí. Y ya para qué.

LOS PERROS

Un vecino manifestó que a todos consternó la muerte del joven. Todos dieron apoyo moral y los que pudieron cooperaron económicamente. El padre de Cristian —y de otros dos, hombre y mujer—, es pensionado del IMSS y es quien atiende a los hijos. Se ha dedicado por cuenta propia a tener equipos de futbol y entrenar a niños y jóvenes.

Para Fernando, el gobierno miente. No le gustó que en el Ministerio Público no lo dejaran ver el vehículo en el que presuntamente iba su hijo, ni la patrulla de la Marina que supuestamente tenía tres impactos de bala, pero que nadie confirmó, aunque fue una versión sostenida por los uniformados desde un principio.

El Ministerio Público se lo preguntó una y otra vez: si su hijo andaba en carros nuevos, de lujo, si usaba armas, si traía mucho dinero. Nada de eso era cierto.

“’No señores, les dije. Nunca. Mi hijo me pedía para el camión, para pagar el árbitro cuando iba a jugar’. Eso fue lo que les respondí, pero a cada rato me preguntaban”, manifestó.

Lo último que supo de él es que iba a ayudar a pintar una casa, con unos amigos, en Culiacán, y luego, el domingo, un desconocido llamó para avisar que había tenido un accidente y que al parecer había muerto.

“Mi hijo no murió en un accidente ni disparó. Mi hijo fue ejecutado”.

Advirtió que si su hijo hubiera estado involucrado en el narcotráfico, hubiera entendido su muerte y habría dicho “él se lo buscó”. Pero no. Señaló que no conocía a las personas que iban con él en ese Corolla ni qué andaba haciendo allá, pero recuerda que cerca de un mes antes de que esto pasara, le pidió para comprar zapatos para jugar futbol.

Era eso o comprar otro teléfono celular, pues el suyo lo había extraviado. Su padre se lo preguntó y él no dudó: el cel lo voy a perder de nuevo, por eso mejor cómprame los taquetes.

Ya llevaba cerca de dos semanas fuera y su madre le llamó para pedirle que ya se regresara. “Madre, cuídate mucho. Madre cómo estás, cómo están todos? Te amo, madre, pronto estaré con todos”, lo envió tres días antes de ser asesinado. A su padre le envió otro, justo un día antes de los hechos:

“Cómo estás, espero que bien padre. Yo estoy bien. Los extraño mucho y los quiero, espero verlos pronto. Si dios quiere. Cuídate. Un padre a todo dar”, le escribió a Fernando.

Lo que siguió fue el silencio. Luego el timbre del teléfono y una voz desconocida: al parecer, Cristian está muerto. Sus familiares tienen hoyos negros en estos hechos. Desconfían de la información proporcionada por el gobierno, que criminaliza al joven muerto. Por eso, Fernando miró con rabia a los de la Marina que estaban en el Ministerio Público de Angostura. Confiesa que se quedó con ganas de gritarles “perros méndigos, por qué mataron a mi hijo”.



(RIODOCE/ Javier Valdez/19 abril, 2015)

POLICÍA POSTRADA: SE ENFRENTAN CON EL GOBIERNO EN LA TOLEDO, LOS DETIENEN Y LOS SUELTAN


Fue como un pleito en casa: en la cocina o en la sala. En la recámara. Policías y delincuentes. Policías delincuentes.

Los hechos empezaron el martes 14 a la hora en que la gente sale a laborar. Ana María Sánchez Figueroa salió de su casa antes de las nueve, pero no llegó a su trabajo, una empresa de fertilizantes. Un comando la atajó. Le quitó la camioneta Ford Escape que conducía y la subieron a un auto compacto.

Algo le reclamaban. La pasearon por la ciudad y visitaron, secuestrada y secuestradores, varios bancos.

El C-4 había dado cuenta de los hechos y policías ministeriales y municipales se dieron a la búsqueda de la unidad color arena.

Alrededor de las cuatro de la tarde, la camioneta fue localizada por agentes de la Policía Ministerial frente al Banamex que se encuentra por el bulevar Manuel Clouthier, muy cerca de Emiliano Zapata, y fue reportada a los mandos.

Se detectó la presencia de hombres armados con chalecos antibalas y se decidió que el abordaje se hiciera por parte de las Bases de Operaciones Mixtas y Urbanas, BOMU, que, se supone, cuentan con mayores pertrechos para sostener, en su caso, un enfrentamiento.

Alrededor de las 16:50 horas, la unidad se desplazó hacia el sur por el bulevar Clouthier y terminó introduciéndose en la colonia Antonio Toledo Corro. Fue seguida en todo el trayecto y a distancia por patrullas de la Policía Ministerial, que seguía solicitando la intervención de las BOMU.

Policías municipales y ministeriales cruzaban información, pero era confusa, errónea o dolosa. Del sistema de radio de la Policía Municipal salió la indicación de que la camioneta se dirigía al sector Barrancos, pero agentes ministeriales que tenían a la vista la unidad sabían que no era así.

Al llegar al cruce de Mina Cerro de la Bufa y 15 de Septiembre, policías municipales le dieron alcance al comando. Dos de los sicarios se bajaron de la unidad, avituallados con pecheras y portando fusiles. Les pidieron no disparar y se presentaron: “Somos gente del Iván…”.

En ese momento la unidad de la Policía Ministerial que también seguía al comando llegó al lugar apuntando a los sicarios. Se bajaron en el cruce de Mina Tayoltita y 15 de Septiembre y se apostaron detrás de árboles y casas, apuntando. Les gritaban a los sicarios que se entregaran pero éstos levantaron las armas y empezó la refriega.

Fue un instante. Alrededor de treinta impactos de distintos calibres destrozaron el vehículo de Ana María Sánchez, en cuya parte trasera se podían observar artículos de limpieza.

EL RASTRO DE SANGRE DE LOS SICARIOS.

Por los Matra se escuchaban voces confusas, unas pidiendo refuerzos y otras que no se disparara.

Tres gatilleros corrieron por Mina Cerro de la Bufa hacia la calle Gustavo Díaz Ordaz y a media cuadra se introdujeron en un domicilio. Antes de hacerlo, uno de ellos se quitó la ropa y la dejó en el suelo, junto con una pistola y una gorra.

Dos de ellos iban heridos, de acuerdo con testimonios recogidos por Ríodoce en el lugar. Escalaron al techo y de ahí corrieron buscando refugio, dejando rastros de sangre a su paso. Uno de ellos corría con una mano sobre su cara.

Cuando llegaron a la vivienda ubicada en la esquina de Tayoltita y Díaz Ordaz, se escondieron en el segundo piso. Se encontraban dos señoras y varios niños. Les pidieron ayuda; ropa, y que les limpiaran las heridas.

Pero habían pasado solo unos minutos cuando las azoteas se poblaron de policías. “Puro gobierno”, narraron los vecinos. También por las calles. Todos con uniformes azules y algunos de civil.

Apuntando siempre con sus armas, se metieron a la casa y detuvieron a los tres sicarios. Uno iba casi desnudo, solo con un boxer. Los sacaron a la calle y los subieron a las patrullas.
UNA PETICIÓN DE ALCOBA

Pero en la esquina donde se produjo el enfrentamiento las cosas no se habían calmado. Varios jefes policiacos hicieron acto de presencia en pocos minutos, entre ellos el coordinador de Investigaciones de la Policía Ministerial, Martiniano Vizcarra. Aquello se había llenado de policías, sobre todo municipales y de la Ministerial.

Un agente que estuvo en el lugar narró que ya que había pasado la balacera y privaba todavía el desconcierto, cuando arribaron al lugar varias camionetas con hombres armados. Uno de ellos, joven y bien vestido, se bajó y se dirigió al comandante Martiniano Vizcarra. Pidió que se bajaran las armas.

“No venimos a pelear —habría dicho—, soy el Veinte, gente de ‘los menores’… solo queremos llevarnos las armas y a los plebes”.

Martiniano Vizcarra —narró el policía—, lo miró y le dijo: “Váyanse a la verga de aquí”.

“Está bien, jefe”, habría sido la respuesta del que había llegado, para luego retirarse con su gente.

LA RETIRADA

En pocos minutos aquello se convirtió en un infierno azul. Policías de todas las corporaciones se movían de un lado a otro pero nadie sabía —al menos eso decían— lo que estaba ocurriendo. Ni los jefes. Carlos Héctor Ochoa Polanco, jefe de la policía municipal de Culiacán, dijo desconocer a qué corporación se habían enfrentado los sicarios, cuando fueron patrullas municipales quienes se atravesaron al paso del comando.

Pero así como llegaban, muchos agentes y patrullas pusieron tierra de por medio. Cuando todavía saltaban pedazos de metal de la carrocería ametrallada y no se disipaba el olor de la pólvora, varias patullas se retiraron del lugar.

Se dieron cuenta del peligro o recibieron órdenes, el caso es que muchos agentes que se supone debían estar de refuerzos en el lugar de los hechos, mejor optaron por alejarse.

Cuando Ochoa Polanco llegó, los tres gatilleros ya habían sido llevados, por policías a su mando, a la clínica privada Cemsi Chapultepec, para que fueran atendidos.

Adentro de la camioneta se encontraron dos fusiles, un AR-15 con accesorio para lanzar granadas y un AK 47, pertrechos, un radio y cargadores, uno de disco. Abajo estaban dos chalecos antibalas destrozados.

“NO HAY DETENIDOS”: MARTÍN ROBLES

Por eso extrañó la declaración del subprocurador de justicia, Martín Robles Armenta, cuando, al día siguiente, informó a algunos medios que no hubo personas detenidas.

“Ahí se dio una persecución por parte de agentes de policía ministerial, después se incorporaron otras corporaciones policíacas, hubo un enfrentamiento, hubo una camioneta Escape abandonada…

“Se aseguraron dos armas largas, una arma corta y otros aditamentos tácticos. Se le dio seguimiento al asunto ese, tuvimos el reporte de dos personas lesionadas que ingresaron a una clínica y al momento de constituirse las autoridades ahí, no fueron localizados”.

Eso dijo. Nunca que los sicarios habían sido llevados a la clínica por la misma policía.

Todavía el viernes, el propio procurador de justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, confirmó la postura y solo dijo que uno de los heridos ya estaba identificado, aunque no dio a conocer el nombre.

Al día siguiente de los hechos, se le preguntó al jefe de prensa de la Procuraduría de Justicia, Guadalupe Martínez, por los detenidos. Hasta dónde sé, dijo, no hay detenidos. Se le comentó que Ríodoce registró la detención de tres, basado en testimonios de los vecinos. “En estos casos nunca hay detenidos”, dijo.

ANA MARÍA, UN MISTERIO 

Aunque todo empezó con el secuestro de Ana María Sánchez, las autoridades no hablaron mucho de ella. El “levantón” fue reportado desde la misma mañana en que ocurrió y desde ese momento el C-4 se puso a buscar la unidad.

Se dijo, en el lugar de la balacera, que a ella la traían en un auto compacto, pero esto no fue confirmado.

El jueves, su esposo solicitó, a través de redes sociales, información que pudiera servir para su localización. Por la tarde del jueves, informó que su esposa ya estaba en casa. No dio detalles de cómo llegó o dónde fue liberada.

Sobre los móviles del ataque, se ha guardado el más absoluto silencio.


(RIODOCE/ Ismael Bojórquez/19 abril, 2015)