MÉXICO, D.F.
(apro-cimac).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) postergó su respuesta al reclamo de Irinea Buendía Cortez, quien exige
que el asesinato de su hija Mariana Lima Buendía –presuntamente cometido por el
agente judicial Julio César Hernández Ballinas–, no quede impune.
Este miércoles se
tenía previsto que la instancia resolviera en una audiencia pública el amparo
554/2013, que obligaría a la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México (PGJEM) a reabrir el caso de Lima Buendía, a fin de corregir la
investigación aplicando los más altos estándares en materia de muertes
violentas de mujeres.
No obstante, luego
de tres horas de espera, el proyecto se enlistó para ser discutido en otra
sesión sin precisar alguna fecha.
Poco antes de las 11
de la mañana, Irinea Buendía llegó a la SCJN con la esperanza de que los
ministros finalmente abrieran el tantas veces bloqueado camino a la justicia.
Con ella iban su
esposo, Lauro Ignacio Lima Cervantes –de 85 años– y Rodolfo Domínguez Márquez,
director de la organización civil Justicia, Derechos Humanos y Género, y
abogado responsable –junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF)– de que el caso del asesinato de Mariana Lima llegara hasta
la máxima instancia de justicia del país.
Entre el silencio y
la esperanza de la mujer de 62 años, estaban otros integrantes del OCNF,
académicas como Lucía Melgar y Cynthia Galicia; defensoras de Derechos Humanos
como Norma Andrade; representantes ciudadanos como Fernando Solís, y familiares
de otras víctimas de feminicidio como Viviana Muciño, hermana de Nadia Muciño
Márquez, asesinada en 2004, y Conrado Sánchez, padre de Karen Joana Sánchez
Gochi, ejecutada en 2012.
Todos hicieron suyas
las escaleras y la estancia que anteceden a las salas de la SCJN.
Al paso del tiempo
compartían el nerviosismo que mostraban las manos de Irinea, pues confiaban en
que la eventual resolución de hoy pudiera abrir brecha para todas las mujeres,
especialmente las mexiquenses, que desde hace años han sido víctimas de la violencia
machista y torturadas por la impunidad.
JUSTICIA QUE NO LLEGA
Entre los murales de
José Clemente Orozco, Irinea Buendía Cortez–originaria del estado de Morelos–
fingía no sentir el paso del tiempo. Daba abrazos a quienes llegaban y les
decía que éste podría ser el gran día para las víctimas de feminicidio. Era la
primera vez que los ministros de la Corte abordarían el tema.
“Lo único que espero
de la SCJN es justicia y justicia, nada más”, dijo la madre de Mariana a esta
agencia. Recordó que su lucha empezó la mañana del 28 de junio de 2010 cuando
“Ballinas” –el presunto feminicida– le dijo por teléfono que la joven “se había
suicidado”.
En un primer
momento, ella no creyó lo que escuchaba porque en dos ocasiones previas su
yerno le había hablado para decirle que iba a matar a Mariana, quien finalmente
perdió la vida a los 25 años de edad; sólo dos años después de haberse
convertido en licenciada en Derecho.
Tras esa fatídica
llamada, Irinea se trasladó al municipio mexiquense de Chimalhuacán, donde
encontró el cuerpo de su hija en la cama. Tenía rasguños en el cuello y golpes
en la frente, la sien, el pómulo, el muslo derecho y de las rodillas para
abajo; la mandíbula estaba como fuera de su lugar y tenía marcas en los
tobillos “como si los hubiera tenido amarrados”.
La mujer también vio
dentro de la casa dos maletas de “La Flaquita” –como le decía de cariño a su
hija– con su ropa y libros. En el comedor había otra con ropa. Un día antes,
Mariana estuvo en su casa y le dijo que estaba decidida a abandonar a su
esposo, harta de la violencia doméstica que sufría.
Julio César
Hernández Ballinas dijo a las autoridades judiciales que su esposa se había
quitado la vida, que él retiró el cuerpo de donde se había colgado y lo colocó
en la cama. Antes, agregó, le tomó fotografías para que la policía observara el
cuerpo que pendía de una “armellita”, sujetado con un hilo de macramé de cinco
milímetros de ancho.
Agentes de la PGJEM
concluyeron la inspección ocular en 10 minutos. No acordonaron el lugar ni preservaron
la evidencia; tampoco tomaron fotografías de toda la casa. En el colmo, durante
las pesquisas nunca consideraron la violencia previa sufrida y denunciada por
Mariana.
En todo momento, las
autoridades creyeron la versión del judicial mexiquense, quien nunca fue
detenido y, por el contrario, fue ascendido de rango dos años después del
asesinato.
En septiembre de
2011, el Ministerio Público cerró el caso al concluir que no contaba con
elementos para determinar la intervención de terceras personas en la muerte de
la víctima.
Sin embargo, férrea
en su lucha, se aprendió el expediente de su hija, acudió a todas las
dependencias mexiquenses encargadas de procurar y administrar justicia, pero
ninguna la ayudó.
El auxilio llegó
–como en casi todos los casos de violaciones a los Derechos Humanos– de las
organizaciones civiles. Fue así que pudo presentar todos los recursos jurídicos
necesarios para lograr que se reabriera el caso y se consideraran todas
aquellas diligencias que la misma PGJEM había omitido desde el inicio de la
investigación.
En febrero de 2013,
solicitaron a la SCJN la atracción del asunto y hasta septiembre del mismo año
la Primera Sala admitió el caso por reunir los “requisitos necesarios de
interés y trascendencia”.
Desde entonces,
Irinea esperó con ansia este día. Pocos minutos después de las dos de la tarde,
ella, su esposo y sus representantes legales entraron a la Primera Sala.
El corazón de la
mujer que ahora se dedica a defender los derechos humanos se detenía por
segundos al escuchar el número de proyecto que sería votado por los ministros.
Finalmente el amparo 554/2013 fue turnado como “proyecto enlistado”, es decir,
pospuesto.
Al principio sus
ojos se entristecieron. No entendían lo que implicaba el término jurídico de
“enlistado”. Su abogado, Rodolfo Domínguez, le explicó que la SCJN decidió
resolver el amparo en otra sesión, aunque sin precisar fecha.
La madre salió al
pasillo, a donde ya la esperaban –además de sus compañeras de lucha–,
representantes de los medios de comunicación.
“No estoy triste, ni
desilusionada, sigo esperando dos cosas de la SCJN: justicia y justicia”, dijo
ante las cámaras y grabadoras.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ/ 11 DE MARZO DE 2015)