El líder
nacional de la Confederación vendió un hotel en huelga en Cabo San Lucas, por
más de 220 millones de pesos. El dinero no llegó a manos de los trabajadores en
paro
Cabo San Lucas, Baja
California Sur.- El líder nacional de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, no pudo ocultar el
millonario contrato de compraventa de un hotel en huelga en este destino
turístico, cuando, según el expediente II-209/94, todavía no se resolvía el
juicio laboral entablado por la organización sindical en contra de la empresa
Peza Construcciones, S.A. de C.V. en la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Baja California Sur.
La operación
financiera se dio el 10 de junio de 2010, de acuerdo a la escritura pública 44
mil 861, expedida por el Notario Público Número 3, Carlos Arámburo Romero,
donde el senador con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
firmó el contrato de compraventa de ese hotel, de una superficie de 14 mil
619.74 metros cuadrados, por 220 millones 616 mil 518 pesos.
El contrato, bajo el
folio 62345-6247, indica que el monto “fue cubierto al vendedor por el
comprador con anterioridad al presente acto, quien lo recibió a su más entera
satisfacción, firmando el vendedor el presente instrumento como el recibo más
amplio y eficaz que en derecho proceda”.
La operación de
compraventa -según la primera cláusula del contrato- fue entre Isaías González
Cuevas en su carácter de secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato
Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de
la República Mexicana, y José Rosario Álvarez Castillo, administrador único de
la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de
C.V.
La propiedad,
localizada en el lote marcado con el número 16 de la sección Marina de Cabo San
Lucas, Baja California Sur, registrada con la clave catastral 402-003-016-021,
está en la zona de mayor plusvalía de ese destino de playa, y colinda con las
siguientes propiedades:
1.- Del lado Noroeste, con Pasaje Marlín 5 y Paseo de
la Marina
2.- Del lado Suroeste, con Plaza Dorada
3.- Del lado Norte, con Pasaje Marlín 6.
4.- Del lado Sur, con Pasaje Martín 5, y cierra el
polígono.
De acuerdo al
contrato de compraventa, el bien inmueble se encuentra en construcción con una
superficie de 22 mil 637 metros cuadrados y consta de 166 cuartos hoteleros, 63
condominios, 15 locales comerciales, dos restaurantes, snack bar y lobby bar.
“Las partes
contratantes manifiestan su entera conformidad con los términos de esta
escritura, y agrega el comprador que da por recibido real y jurídicamente el
bien inmueble descrito y deslindado en la declaración primera del presente
instrumento, el cual fue materia de la presente enajenación”, transcribe el
contrato, a la vez que describe: “El bien inmueble no está relacionado con
ningún litigio o reclamación de cualquier naturaleza que se encuentra, y
continuará libre de gravamen y limitaciones en su dominio”.
Los firmantes de la
operación de compraventa describieron lo siguiente:
1.- El vendedor dijo llamarse Isaías González Cuevas,
ser mexicano de nacimiento, originario de Acolman, Estado de México, nacido el
6 de julio de 1940, con domicilio en Hamburgo número 250, Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
2.- El comprador dijo llamarse José Rosario Álvarez
Castillo, ser mexicano de nacimiento, originario de Ocampo, San Luis Potosí,
nacido el 7 de octubre de 1957, con domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez
número 3150 esquina Sinaloa, Fraccionamiento California en La Paz, Baja
California Sur.
EL ANTECEDENTE
El bien inmueble es
propiedad de un fideicomiso administrado por la banca Nacional Financiera
(NAFINSA), registrado indebidamente el 30 de junio de 2008, a nombre del
Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y
Similares de la República Mexicana en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio en Los Cabos, después de que la empresa Peza Construcciones, S.A de
C.V, perdió un juicio laboral contra la CROC, bajo el número de expediente
II-209/94, tras el estallamiento de una huelga iniciada en 1994.
En aquel entonces,
la compañía constructora que desarrollaba el complejo turístico contrató a
trabajadores afilados al Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la
Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana, sin embargo, a
falta de pago, estalló la huelga e inició un tedioso juicio laboral, “hasta
ahora el más largo de la historia” -según el propio presidente de la Junta de
Conciliación y Arbitraje, Mohamed Medina de la Toba-, el cual duró hasta 16
años en ser resuelto, donde el gran perdedor fueron los trabajadores del
sindicato de la CROC.
El proyecto
turístico estaba jurídicamente dividido, en primer término, en su calidad de
fiduciario, NAFINSA como administrador del fideicomiso del complejo turístico, y
en segundo término, el responsable de la construcción era Peza Construcciones,
S.A. de C.V.
Durante una
entrevista con ZETA, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje,
Mohamed Medina de la Toba, recordó que cuando la CROC estalló la huelga en
1994, fue en contra de Peza Construcciones, S.A. de C.V. La institución
financiera no fue notificada en su calidad de fiduciario, entonces,
jurídicamente se imputó la huelga a Peza Construcciones, S.A. de C.V., donde la
propia NAFINSA queda excluida; entonces, como no era parte del proceso,
promueve una tercería excluyente de dominio a principios de 2002.
Es decir, un
procedimiento incidental del juicio mercantil, defendiendo un derecho lesionado
durante el proceso laboral, en virtud de que nunca fue notificada de manera
oficial, y donde no se discute la existencia de la deuda, sino única y
exclusivamente la liberación del bien inmueble embargado de manera indebida.
El presidente de la
Junta de Conciliación y Arbitraje dijo que durante el proceso de tercería
excluyente de dominio, NAFINSA acreditó
ser propietaria del bien inmueble, porque cuando fue constituido el fideicomiso
se le transmitió el derecho para que administrara la propiedad, quedando
establecido que se iba a desarrollar en la totalidad del complejo turístico en
un 60 por ciento, y el hotel en un 80%. Una vez cumplido ese requisito se
sesionaría en el fideicomiso y se transmitiría la propiedad a Peza
Construcciones, S.A. de C.V.
Sin embargo, eso no
sucedió porque el porcentaje de construcción -al momento de estar la huelga-
fue mucho menor, y, por lo tanto, no se pudo protocolizar la transmisión de la
propiedad del bien inmueble de NAFINSA a Peza Construcciones, S.A. de C.V., y
jamás pasó a ser propiedad de la constructora.
El propio Mohamed
Medina de la Toba explicó que cuando ocupó el cargo de presidente de la Junta
de Conciliación y Arbitraje, en 2011, “se hizo el análisis y revisión de toda
la documentación”, derivado de que el caso había sido manejado por anteriores
administraciones.
Lo primero que
observó es que “no se habían cumplido los requisitos en la transmisión de la
propiedad de Peza Construcciones, S.A. de C.V. a la banca Nacional Financiera,
porque no constaba dentro del expediente que se hubiera llevado la asamblea del
fideicomiso”, por lo tanto, declaró procedente la tercería excluyente de
dominio, embargando los derechos fideicomitidos a Peza Construcciones, S.A. de
C.V. y ordenando el levantamiento del embargo.
Medina de la Toba
agregó que la decisión fue acatada jurídicamente por el sindicato de la CROC a
través del amparo directo, resuelto en 2013 y confirmado por el Tribunal
Colegiado, por lo que la organización sindical recurre a la queja en la
Corte, la cual determina desechar el
recurso de queja por “notoriamente improcedente”, quedando firme la resolución
de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
LAS IRREGULARIDADES
El expediente de más
de 10 mil hojas tiene registrada la guerra legal entre NAFINSA y la CROC,
desatada a partir de 2002, entre amparos, alegatos y promociones jurídicas.
Como buen líder
sindical mexicano, ventajosamente y aprovechando el pleito jurídico, el líder
nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, decidió vender, ceder y transferir
la propiedad del bien inmueble en disputa legal a la compañía Servicios,
Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V., a pesar de la
inscripción irregular de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad y
el Comercio del Ayuntamiento de Los Cabos.
Lo hizo el 10 de
julio de 2010 y consumó una operación financiera por 220 millones 616 mil 618
pesos.
El propio Notario
Público Número 3, Carlos Arámburo Romero, envió una inscripción preventiva al
director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del X. Ayuntamiento
de Los Cabos, Jorge Joel Cota Ruíz, donde solicitó fuera registrada la
operación de compraventa entre el Sindicato Industrial Revolucionario de
Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana; y
Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V., bajo el
Número 15, Forja 15, Volumen CCCLIX y Sección I.
Durante está
investigación, ZETA obtuvo copia del acta constitutiva de la compañía
Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L. de C.V. Según
la escritura 13 mil 928, expedida por el Notario Público Número 11, Jorge
Álvarez Gámez, aparecen como propietarios:
* José Rosario Álvarez Castillo, con el 90% de las
acciones.
* Román Álvarez Gallegos, con el 10%.
El primer socio y
supuesto administrador único de esta compañía-según datos recabados por este
Semanario- resultó ser compadre del líder de la CROC, Isaías González Cuevas,
actual jefe de Prestaciones Económicas y Sociales de la delegación del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Baja California
Sur.
La operación de
compraventa del hotel en huelga es por demás sospechosa y hasta cierto punto
cuestionable, incluso cabría una investigación por lavado de dinero, sobre todo
porque se desconoce el origen de los 220 millones 616 mil 518 pesos -de acuerdo
al contrato- pagados por José Rosario Álvarez Castillo, quien en base al tabulador de sueldos del
IMSS, percibe un sueldo neto de 45 mil
pesos mensuales.
El segundo socio es
actualmente secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la organización
Nueva Visión, creada para promover y resaltar la figura del líder de la CROC,
Isaías González Cuevas.
Lo más grave de todo
es que, supuestamente, algunos de los 586 supuestos trabajadores que aparecen
en la lista de que participaron en esta huelga en 1994, no recibieron
absolutamente un solo centavo de los más de 220 millones de la operación de
compraventa del bien inmueble.
“Se esfumó”, dijeron
tajantes las señoras Patricia Garduño Carrasco y Nereida Fregoso, quienes
durante una entrevista con ZETA, expusieron que únicamente fueron utilizados,
porque inclusive “mucha gente fue metida solo para engrosar la lista de
presuntos trabajadores de la CROC en el estallamiento de la huelga de ese
complejo turístico, y a algunos -como en su caso- les ofrecieron un pedazo de tierra
dentro de la propiedad para que cuidaran y vendieran artesanías a los
turistas”. El argumento es que el sindicato de la CROC había prestado el
espacio a los trabajadores en huelga para que vendieran artesanías y se
ayudaran económicamente, mientras terminaba el conflicto laboral.
Sin embargo,
aseguraron que “nunca fue así”, porque el líder municipal de la CROC en Cabo
San Lucas, Fernando Díaz Pineda, cobró desde el primer día una renta de 3 mil a
5 mil pesos por cada puesto, hasta subir a 7 mil pesos en los últimos años;
incluso formó cuatro secciones de 63 puestos cada uno en todos los alrededores
del hotel, aprovechando la zona de mayor plusvalía del destino de playa.
De acuerdo a un
balance elaborado por este Semanario, partiendo del cobro de la renta de 3 mil
a 5 mil pesos, los ingresos superaban el millón de pesos cada mes, dinero que
se estuvo cobrando durante los 16 años del litigio, del cual también se
desconoce su paradero.
El líder municipal
de la CROC en Cabo San Lucas, Fernando Díaz Pineda, no supo explicar a ZETA el
destino del dinero por concepto de la renta del que llamó “pedazo de tierra”.
“El dinero era una
cuota simbólica”, afirmó, “había sido utilizado en mantenimiento y vigilancia
del bien inmueble para que no se convirtiera en un nido de vagabundos”.
Este Semanario
solicitó una entrevista con el líder nacional de la CROC, Isaías González
Cuevas, a través de Jesús Flores Romero y Martín Inzunza Tamayo, quienes justificaron que “no podría ser
posible” porque su jefe estaba en la Ciudad de México.
Los voceros del
líder sindical argumentaron que estaba en una reunión “muy importante”, ya que
se definiría el nombre del candidato a la gubernatura del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), donde el líder de la CROC era uno de los
aspirantes.
Sin embargo, el que
sí dio la cara por su jefe, fue el dirigente de la CROC en Cabo San Lucas, Fernando
Díaz Pineda: “Ya nada había que hacer, porque habían perdido el juicio y
estaban en proceso de desalojar el bien inmueble que ocuparon durante 16 largos
años”, expuso sobre el tema.
Obviamente, el
desalojo afectó a los 252 artesanos que ocupaban ese espacio, pues fueron
sacados del lugar tras el paso del huracán “Odile”, y ahora buscan acomodarse
en la zona.
Desde entonces los
artesanos deambulan por la calle, y lo último que hicieron fue enviar un
escrito al presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y
solicitar su intervención para ser colocados en la calle Marlín -atrás del
hotel-, de manera que todos puedan vender sus mercancías.
No obstante, bajo el
oficio GAPI/HMC/737/14, el gerente de Administración Portuaria Integral (API),
Héctor Montaño Cota, expuso que no es
posible “acceder a esa petición de la calle, toda vez que el callejón es vía
pública y es propiedad del municipio, y los dueños del hotel van a utilizarla
como acceso de servicios del propio complejo turístico, y no puede ser
obstruida por ningún tipo de comercio”.
Aun cuando el bien
inmueble es propiedad de NAFINSA, al cierre de esta edición, todavía aparecía
registrado a nombre del comprador del líder de la CROC, Isaías González Cuevas.
(SEMANARIO
ZETA / REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 28 de Enero del 2015 a las
12:00:00)