martes, 20 de enero de 2015

FOTOGALERÍA: MISS BUMBUM MÉXICO DEFINE A SUS 7 SEMIFINALISTAS


Conoce a las mujeres con el mejor trasero del país, que aspiran a coronarse en un certamen que repartirá un millón de pesos en premios


CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero.- Las siete mujeres con el mejor trasero de México ya fueron elegidas, y este 30 de enero se conocerá a la Miss Bumbum México 2014, que saldrá precisamente de las siete semifinalistas.

Los organizadores del evento dieron a conocer que Nora, Pamela, Denisse, Fany, Bere, Adriana y Caro son las semifinalistas, aunque se reservó ofrecer más detalles del evento que comenzó en marzo del año pasado.

El próximo viernes 23 de enero se llevará a cabo la semifinal y una semana después será la gran final del concurso, en el Salón Victoria de Tlanepantla, Estado de México

Tras una pasarela eliminatoria realizada el viernes pasado, se conoció a las señoritas semifinalistas, que además de tener el mejor trasero de México deben calificar con belleza, preparación, carisma, estética, estilo personal y simpatía, según las bases del certamen.

El 14 de octubre pasado, excelsior.com fue el primer medio de comunicación que dio a conocer el certamen, primero en su tipo en México y basado en el internacional Miss Bumbum Brasil.

La convocatoria fue lanzada en marzo pasado a través de internet, y las mujeres que participan deben ser mexicanas de nacimiento o nacionalizadas, o bien, hijas de padre o madre mexicanos.

Las candidatas se inscribieron vía internet y el concurso se desarrolla en varias fases.

Las aspirantes son elegidas en la primera y segunda etapas mediante una votación hecha por los internautas, los cuales lo han hecho a través del sitio oficial (página web) de Miss Bumbum México. Mediante esta votación, se eligió a las 20 candidatas finales, en una lista que después se redujo a 12 aspirantes.

Este lunes, después de realizarse la pasarela eliminatoria del viernes 16 de enero, se difundió el resultado de la votación en redes sociales y votación de la propia pasarela, por lo cual quedaron definidas las siete semifinalistas.

El próximo viernes 23 de enero se llevará a cabo la semifinal y una semana después será la gran final del concurso, en el Salón Victoria de Tlanepantla, Estado de México.

El concurso repartirá a quien resulte ganadora un millón de pesos en premios y, de acuerdo con las consideraciones del mismo, se seleccionará al “mejor bumbum del país, “la más hermosa cadera, la mejor silueta de México”.















(EXCELSIOR / REDACCION/ 20 DE ENERO 2015)

VIDEO: GRABAN “FANTASMA” EN CAMINO DESOLADO


La grabación se dio en el Reino Unido y muestra a un ser con bata blanca, joroba y un bastón, que persigue al vehículo donde va el testigo que lo grabó

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero.- El video de un supuesto “fantasma” jorobado está dando de que hablar en redes sociales de todo el mundo.

En el video, con una duración de dos minutos y 49 segundos, se puede ver una figura blanca con aparente cabello negro sobre la cara, jorobada y un bastón en su mano izquierda que persigue a un automóvil donde va el testigo que grabó el material.

El video fue grabado en Reino Unido y subido a YouTube el pasado 8 de enero y ya reune más de un millón de visitas.

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(EXCELSIOR/ REDACCION/ 20/01/2015 09:26)

CLAVAN TIJERAS A UN HOMBRE EN LA CABEZA EN CHIHUAHUA





El agresor identificado como Miguel Ángel Rodríguez Armendáriz, alias “El Sierreño”, causó una lesión de gravedad a un hombre de 32 años de edad

CHIHUAHUA, 19 de enero.- Un sujeto fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, tras agredir con unas tijeras a un hombre en la cabeza.

El lesionado llegó al nosocomio  con el objeto punzocortante enterrado a la altura del parietal izquierdo

El agresor identificado como Miguel Ángel Rodríguez Armendáriz, alias “El Sierreño”, causó una lesión de gravedad a un hombre de 32 años de edad, que fue trasladado al Hospital Central del estado, anunció la Fiscalía estatal a través de un comunicado.

Un acompañante del lesionado aseguró que la agresión fue provocada tras una discusión, en la que “El Sirreño” clavó las tijeras de 18 centímetros, en la cabeza de la víctima.

Rodríguez Armendáriz fue detenido en las calles Villas del Sur y Felipe Ángeles. Es investigado por los delitos de lesiones dolosas.



(EXCELSIOR/ REDACCION/ 19/01/2015 21:30)

VIDEO: LAMBORGHINI SE ESTRELLA A 300 KM/H


Queriendo probar el super deportivo, un sujeto llevó la máquina a su límite en una carretera no hecha para altas velocidades lo que terminó en un accidente

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero.-  Estrellar un auto de cuatro millones de pesos no pasaría por la cabeza de nadie, pero en Hungría un sujeto estaba probando las prestaciones de su Lamborghini Huracán, su compañera grabó todo el recorrido incluido el choque del costoso auto.

La mujer tomó nota de la velocidad máxima del auto: 328 km/hr, pero no sólo tomó esta imagen, también grabó el momento cuando el vehículo tuvo un accidente.

El siniestro, registrado en video, sucedió en septiembre de 2014 y la policía de Hungría dio a conocer las imágenes de la colisión. Los ocupantes resultaron gravemente heridos.


(EXCELSIOR/ REDACCION/ 20/01/2015 08:35)

POLICIA DEL DF DETENIDO POR ABUSO DE AUTORIDAD

(EXCELSIORTV/ YOUTUBE.COM/ 20 DE ENERO 2015)

MÁS IRREGULARIDADES EN LOS CABOS


La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Los Cabos, ordena investigación de proveedores, fondos y gastos en la Tesorería y la Dirección Municipal de la ZOFEMAT

San José del Cabo, Baja California Sur.- A casi seis meses de terminar la administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y en pleno arranque del proceso electoral de 2015, comenzaron a brotar más irregularidades en el manejo de  recursos públicos en la Tesorería Municipal y en la Dirección Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) del XI Ayuntamiento de Los Cabos.

El 29 de diciembre de 2014, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo entregó el dictamen de las cuentas públicas de diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014, determinando la no aprobación por una serie de irregularidades detectadas en el manejo del dinero público.

Según el dictamen en manos de ZETA, los principales responsables de estos malos manejos fueron el tesorero Gerardo Manríquez Amador, y el director municipal de la ZOFEMAT, Salvador Solorio Ceseña.

Tan solo en abril de 2014, y según el dictamen, se detectó una serie de irregularidades en el pago de honorarios y gastos administrativos, asignación de contratos a proveedores, manejo de fondos, pago de anticipos a proveedores, comprobación de gastos, retenciones de impuestos de trabajadores, préstamos personales o anticipos de nómina, procedimientos administrativos, cheques botados y endeudamiento excesivo.

A CONTINUACIÓN, LAS PRINCIPALES IRREGULARIDADES:

* El manejo indebido de 655 mil pesos en el pago de aportaciones a vigilancia realizado por contribuyentes registrados en el Padrón de Licencias para Venta de Bebidas Alcohólicas.

* La asignación discrecional de contratos por 10 millones 843 mil 319 pesos con 08 centavos a proveedores de la dirección municipal de la ZOFEMAT, sin que hubiera algún procedimiento de adjudicación o adquisición de por medio, pese a que el monto rebasó los lineamientos de asignación directa, e incluso, de invitación a cuando menos tres proveedores.

* La negativa de remitir el informe de gastos sobre el manejo del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la ZOFEMAT, estimado en 18 millones 929 mil 795 pesos con 16 centavos, dinero que salió de la recaudación por concepto del pago de derechos de explotación.
* La negativa de entregar el informe de gastos del presupuesto de la ZOFEMAT, calculado en 30 millones de pesos, según el presupuesto anual de 2013, donde en la cuenta pública de diciembre de ese año, contradictoriamente se presentaron facturas por gastos de 32 millones 170 mil 921 pesos.

* La negativa de entregar el informe por parte de la Tesorería Municipal de por qué el 61 por ciento de los recursos propios del Ayuntamiento de Los Cabos fueron destinados en 2013 a la dirección municipal de la ZOFEMAT, cuando tan solo por el concepto del pago de derechos de explotación, recaudó 51 millones 947 mil 323 pesos, dejando a la deriva áreas prioritarias como Servicios Públicos, Agua Potable y Seguridad Pública.

* El pago de anticipos a proveedores por 44 millones 898 mil 597 pesos.

* La falta de comprobación de gastos por más de 3 millones de pesos de algunos funcionarios municipales, donde destacan Guillermina Botello con un millón 338 mil 200 pesos; Adolfo Palacios, con un millón 840 mil 776 pesos; y José Alfredo Álvarez Vizcarra, con 152 mil 418 pesos.

* El nulo pago de retenciones de trabajadores municipales por 6 millones 393 mil 487 pesos hasta el 30 de abril de 2014, dinero descontado de sus sueldos para liquidar impuestos; cabe mencionar que a la fecha no se han pagado las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR).

* La autorización discrecional e indebida de préstamos personales o anticipos de nómina por 2 millones 233 mil 859 pesos en el ejercicio fiscal 2013, a 187 servidores públicos, de los cuales solo se ha logrado recuperar un millón 433 mil 562 pesos. Desde el inicio de la administración hasta ahora, la política prestamista de la Tesorería Municipal presenta un adeudo de 8 millones 605 mil 778 pesos, cifra que por su naturaleza jurídica, debió salir de un fondo o caja de ahorro de trabajadores, y no de los impuestos de los contribuyentes.

* El resultado de la investigación, bajo el expediente XPDR/040/2011, instaurado en contra del ex recaudador de Rentas de la población La Rivera, Martín Javier Gastélum Agúndez, familiar del alcalde de Los Cabos, por el manejo irregular de 76 mil 595 pesos.
* El pago de adeudos con cheques sin fondos por 863 mil 444 pesos.
* El endeudamiento excesivo en el pasivo total del municipio, estimado -según comprobantes- en 105 millones 719 mil 282 pesos.

LA PROTECCIÓN

A pesar de la serie de irregularidades y tratando de proteger los malos manejos del tesorero Gerardo Manríquez Amador, así como del director municipal de la ZOFEMAT, Salvador Solorio Ceseña, la mayoría de los regidores votaron en contra del dictamen de no aprobación, lo que significa que el caso irá directamente al Órgano de Fiscalización Superior de la XIII Legislatura, entidad que habrá de revisar y analizar la información, y en su momento, emitir las observaciones para después deslindar responsabilidades, en virtud de que -en base al dictamen edilicio—“la información financiera, presupuestal y pragmática, contraviene la Normatividad del Control y Contenido de la Cuenta Pública del Estado y la Ley de Contabilidad Gubernamental, sobre todo cuando desde la cuenta pública de mayo de 2011 a septiembre de 2012, ya se habían hecho observaciones en los protocolos administrativos y se solicitaron acciones de medidas correctivas, y no se hizo absolutamente nada”.

Los regidores que votaron en contra del dictamen, y a favor de las irregularidades administrativas, son:

El alcalde José Antonio Agúndez Montaño, Emilia Vega Uribe, Anel Marrón Amador, Juan Mauricio Albañez Albañez, Víctor Ortegón Góngora, Reynaldo Zatarain Varela y la estrenada regidora Cristina Medina Carrillo, quien sucedió a la regidora Eda Palacio y prácticamente entró con el pie izquierdo.

A pesar de la no aprobación, y de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo, integrada por el síndico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Julio César Castro Pérez y Reynaldo Zatarain Varela, ordenaron a Contraloría General Municipal de Los Cabos, realizar “una auditoría financiera y de gestión sobre los recursos ejercidos por la Tesorería en 2013 para cubrir pagos por 10 millones 843 mil pesos 319 mil 08 centavos a proveedores de la dirección municipal de  la ZOFEMAT, y dependiendo de los resultados obtenidos, en su caso, deslindar responsabilidades correspondientes a los funcionarios públicos responsables; toda vez que no se tuvo conocimiento alguno de las adquisidores y compras de la dirección municipal de la ZOFEMAT y, por lo tanto, no se llevó a cabo ningún procedimiento de adquisición y adjudicación”, refiere el oficio OFM/2704/2014 de la Oficialía Mayor, firmado por el titular, Edilberto Graciano Chávez.

Según el dictamen, la dirección municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre ordenó y asignó de manera discrecional los contratos a proveedores, sin invitar a cuando menos tres proveedores y, obviamente, sin lanzar una licitación, a pesar de que la suma rebasó por mucho el monto establecido por la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.

De esta manera, la Tesorería Municipal liquidó el pago de productos y servicios, a pesar de las irregularidades en la entrega de los contratos de trabajo de los proveedores.

Finalmente, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo, ordenó a la Contraloría a cargo de Alejandro Sánchez Acosta, iniciar “una investigación en contra de los funcionarios públicos que hacen caso omiso a los acuerdos de Cabildo relacionados a las cuentas públicas, y sean aplicados procesos administrativos, y en su caso sanciones, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur”.

ZETA buscó la versión del tesorero Gerardo Manríquez Amador y de Salvador Solorio Ceseña, sin embargo, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.


(SEMANARIO ZETA BCS/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 12 de Enero del 2015 a las 12:00:00)

LAS EJECUCIONES DE “EL COCHI” EN BCS


Después de la captura de Víctor Barraza Martínez “El Víctor” o “El Vidal”, y de Juan Antonio Martínez Rosas “El Furby”, y el destierro de Cruz Alonso Lozoya Uriarte “El Grande”, el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública del Estado tiene en la mira a Raúl Castillo de la Rosa, responsable de la ola de asesinatos de 2015

Como todos los días, el joven Fabián salió rumbo a la escuela -a eso de las siete de la mañana- el martes 13 de enero de 2015, de su casa localizada en Callejón de Acceso entre Manuel Torres Iglesias y Regidores, en la colonia Lázaro Cárdenas de La Paz.

El adolecente de 14 años caminaba por una calle de tierra, cuando al pasar a un costado de un viejo pick-up, cargado de basura y ramas, observó a lo lejos una “bola” que estaba en la parte trasera de la unidad, tirada sobre el piso y enfrente de una vivienda de color café y franjas rojas.

“Era una cabeza humana”, relató a su madre vía celular y, de inmediato, el menor salió corriendo de la escena del crimen para pedir auxilio a una señora que se cruzó en su camino, cerca de la Escuela Primaria “Emma Isabel Osuna Mancillas”.

La madre de Fabián dio aviso a las autoridades, hasta donde llegaron oficiales de la Policía Municipal de La Paz, Policía Ministerial del Estado, Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Gendarmería.

En el lugar, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) encontró una cabeza humana bañada en sangre y un cartel de color blanco con letra negra y dos narcomensajes:

“Síganme mandando madrinas hijos de su puta madre”, describía en la parte de enfrente, y en la posterior: “Hay (sic) te lo regalo Saulito síguele con tus mamadas pues. Atte C.D.S”, y la figura de un murciélago.

Pero ese sangriento hallazgo fue el segundo de ese día. El primero ocurrió alrededor de las 3:30 am, cuando se reportaron disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Tuparam y Valentín Gómez Farías, en la colonia Los Cácaros de La Paz.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Municipal de La Paz,  quienes encontraron cinco cartuchos percutidos por disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros, y a un costado, una hielera tapada de color blanco con la leyenda Oxxo y dos bolsas de basura de color negro.

En el interior, y según el parte de la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, apareció lo siguiente:

- Dos manos, dos muñecas encintadas y dos antebrazos, izquierdo y derecho en la hielera.
- Pierna derecha e izquierda desde las rodillas hasta los pies, en una de las dos bolsas negras.
- Un pantalón de mezclilla, ropa, un rollo de cinta canela y cajetillas de cigarros en el interior de la segunda bolsa.
Después del segundo evento criminal, hubo un tercero, cuando alrededor de las 11:00 am, apareció la última pieza del cuerpo encontrado en los anteriores hallazgos, consistente en el tronco, desde el cuello hasta las rodillas y los brazos.

Los asesinos colocaron los restos humanos en el interior de una cobija de color café completamente encintada y envuelta, en una segunda capa, de unas cortinas o sábanas de color amarillo con blanco, y en la parte frontal, un cartel de color blanco con letras negras y la leyenda “Ahí te lo regalo Parra. Atte. C.D.S”, y el dibujo de un murciélago.

Los restos humanos fueron colocados en la caja de un pick-up Ford F-150 color rojo, cuatro puertas, rines cromados, vidrios polarizados y placas de circulación CE-969-29, estacionado fuera de un domicilio en la calle de Chichonal, entre San Martín y San Miguel, en la populosa colonia Santa Fe de La Paz.

Después de recolectar los restos del cuerpo, esparcidos en tres puntos de la ciudad de La Paz, el dictamen de la necropsia arrojó que la víctima, de 35 años, fue asesinada con un arma blanca, y posteriormente, destazada con un machete por sus victimarios.
En vida, llevaba por nombre Juan Carlos Bareño Avilés “El Juanillo”, ampliamente conocido en el bajo mundo por su historial delictivo en robos, asaltos y venta de droga, y resultó ser hijo de la fallecida lideresa de colonias del Partido Revolucionario Institucional, conocida popularmente como “Pancha Avilés”.

LAS INVESTIGACIONES

Los agentes de investigación de la PGJE tienen como principal hipótesis que el caso del descuartizado está vinculado al trabajo de inteligencia de la Unidad de Investigación de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Y es que, según las primeras investigaciones, la corporación pretendía ubicar y dar con el paradero de Raúl Castillo de la Rosa “El Cochi”, en el marco del trabajo de inteligencia y estrategias implementadas dentro del llamado Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur.

Agentes de investigación habrían enviado a “El Juanillo” a ubicar a “El Cochi”, quien aparentemente fue descubierto, por eso, cuando lo mataron y lo destazaron, parte de sus restos fueron colocados afuera de los domicilios particulares de oficiales de la PEP, algunos de los cuales -según algunas investigaciones federales y militares- tenían vínculos criminales con el cabecilla de las Fuerzas Especiales de Dámaso, Édgar Amílcar Acosta Reyes “El Rayo”.

El tronco del cuerpo de “El Juanillo” fue colocado en una camioneta propiedad del agente y ex escolta del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Miguel Alberto Ayala Peña “El Zorro”, uno de los recomendados del ex coordinador de Giras del mandatario, Irineo Martínez Ordaz,  cuyo mensaje iba dirigido a otro oficial de la PEP, de nombre Luis Francisco Pérez Parra, conocido como “El Parra”, alfil de Luis Alberto López López, otro de los hombres de confianza de Irineo.

En el último mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares, Raúl Castillo de la Rosa “El Cochi”, de 35 años, aparece dentro de las Fuerzas Especiales de Dámaso, como el nuevo responsable de logística en los últimos ataques armados perpetrados en Los Cabos y La Paz, después de la captura de Juan Antonio Martínez Rosas “El Furby”, ocurrida la noche del 22 de diciembre de 2014 en una casa de seguridad de la calle Terranova Sur, Fraccionamiento Terranova, al sur de la ciudad de La Paz.

Para los investigadores federales y militares, “El Cochi”, es pieza clave dentro de la estructura criminal comandada por el jefe de sicarios de “Los Dámaso” en Baja California Sur,  “El Rayo”,  quien abrió, trazó y delimitó las rutas de escape cuando dos narcomenudistas fueron atacados y ejecutados en Los Cabos, y tres más en La Paz, a partir del 9 de enero de 2015 y hasta el cierre de esta edición.

Según los investigadores, el sicario es visto como un “desalmado” y es “extremadamente violento”, por encima de Víctor Barraza Martínez “El Víctor” o “El Vidal”, Juan Antonio Martínez Rosas “El Furby”, y Cruz Alonso Lozoya Uriarte “El Grande”.
Los ataques


En la pelea por el control de la plaza del narcomenudeo entre células de Dámaso López Núñez “El Licenciado” e Ismael “El Mayo” Zambada, y según las primeras investigaciones de la PGJE, los ataques armados fueron dirigidos por “El Cochi” e hicieron blanco en las siguientes víctimas:

- La noche del 9 de enero fue ejecutado el narcomenudista Fabricio Cota Rosas, en la calle Paseo de Cabo San Lucas y el entronque con Carretera Transpeninsular, a la altura del Kilómetro 121 + 500 del tramo carretero de Cabo San Lucas a Todos Santos.

La víctima viajaba a bordo de una motocicleta Yamaha de color azul cuando -en base a investigaciones de la PGJE- repentinamente fue atacado a tiros, recibiendo 13 disparos de bala calibre 7.62 x 39 milímetros, utilizados por rifles de asalto AK-47.

De acuerdo a los indicios encontrados en la escena del crimen, los criminales dispararon en tres ocasiones contra la víctima, primero seis veces, después cinco y, finalmente, tres más.

- La madrugada del 10 de enero fue asesinado el narcomenudista Andrés Enrique Echeverría Franco, cuando circulaba por la calle Hojazen esquina Avenida Los Cabos, Fraccionamiento Hojazen en Cabo San Lucas.

Viajaba a bordo de una motocicleta Yamaha color azul con blanco, y recibió seis impactos de bala calibre 7.62 x 39 milímetros disparadas por un rifle de asalto AK-47. Los agresores huyeron.

- La tarde del 10 de enero fue ejecutado el narcomenudista Anacleto Sáenz Alarcón “El Cleto”, mientras circulaba acompañado de su pareja sentimental María Neyeli Cota Serna sobre el Libramiento Daniel Roldán Zimbrón, entre Avenida Las Garzas y Carretera al Norte, en la ciudad de La Paz.

El occiso -con antecedentes penales por el delito de posesión de enervantes en diciembre de 2008- viajaba a bordo de una camioneta Nissan Pathfinder color verde sin placas de circulación, cuando un automóvil le dio alcance y uno de los tripulantes sacó una pistola 9 milímetros para dispararle, quedando muerto. Su pareja, de 29 años de edad, resultó herida en la mano derecha.

En la escena del crimen, la PGJE levantó 8 cartuchos percutidos calibre 9 milímetros y 4 fragmentos de ojiva, dos balas y dos teléfonos celulares.

4.- La tarde del pasado 13 de enero fue ejecutado el narcomenudista Jorge Sánchez Alarcón “El Niño”, cuando se encontraba dentro de un domicilio particular en las calles de República y Cabildo en la colonia Loma Linda de La Paz.

Los dos sicarios –según testigos—se bajaron de un automóvil e ingresaron a una vivienda, y quienes comenzaron a disparar en contra de la victima, y donde la pareja sentimental de la victima trató de impedir el ataque y fue agredida a cachazos en la cabeza, saliendo lesionada María Concepción Quintanilla Herrera.

La PGJE encontró un cartucho útil 9 milímetros, un casquillo percutido, un teléfono celular y una bolsa con marihuana.

- Al cierre de esta edición, la tarde del miércoles 14 de enero, otro nuevo ataque armado sacudió la ciudad de La Paz. Esta vez los sicarios atacaron a los tripulantes de un automóvil Chevrolet Cobalt LS color rojo, dos puertas, placas de circulación 470-PMY-2, cuando estaban estacionados afuera del Casino Central que se localiza entre los bulevares Luis Donaldo Colosio, Forjadores y La Paz, en el fraccionamiento Bellavista de La Paz.

En plena tarde, cuando mucha gente circulaba por la zona, los criminales dispararon en siete ocasiones en contra de los narcomenudistas Daniel Iván Espinoza Cota y Gonzalo Fimbres Valenzuela, quedando muerto arriba del carro el primero de ellos; el segundo resultó herido.

En la escena del crimen, peritos de la PGJE, encontraron siete cartuchos percutidos calibre 9 milímetros, dos balas deformadas, y dentro del vehículo de las víctimas, un teléfono celular, ocho grapas de cocaína y 640 pesos en efectivo.

Al cierre de esta edición, la Procuraduría estatal reportó fuera de peligro al herido en brazo, muñeca, muslo, pantorrilla izquierda y rodilla derecha, después de haber sido internado en el Hospital General “Juan María de Salvatierra” de La Paz.
Los detenidos

Después de los primeros ataques armados de 2015, la PGJE inició las investigaciones sobre la autoría de las dos ejecuciones en Los Cabos.

La preocupación de que la ola de violencia pudiera extenderse hacia ese destino turístico, terminó rápidamente con la captura de Enrique Hernández Cardoza “El Borrego” durante una revisión en el filtro carretera de Cabo San Lucas a Todos Santos,  en posición de las siguientes armas:

- Un rifle de asalto AK-47, calibre 7.62 x 39 milímetros.
- Una pistola escuela calibre 9 milímetros.
- Cuatro cargadores abastecidos calibre 7.62 x 39 milímetros.
- 97 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros.
- Un cargador abastecido calibre 9 milímetros con 10 cartuchos útiles.

El delincuente traía consigo mil 890 dosis de cristal y viajaba a bordo de un vehículo Toyota Corolla modelo 1999.

Después de haber sido detenido, “El Borrego” admitió ser parte del equipo criminal de Víctor Barraza Martínez “El Vidal” o “El Víctor”, y antes de ser detenido, éste “había dado órdenes de organizar a la gente para pelear la plaza del narcomenudeo de Los Cabos”, en manos de Javier Acosta López o Javier López Rivera “El Javier” o “El Javy”.

Hernández Cardoza confesó estar trabajando en la logística y abastecimiento de armas y vehículos para las Fuerzas Especiales de Dámaso, quienes disponían de entre cinco y seis casas de seguridad en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Durante el interrogatorio, “El Borrego” ofreció nombres de los responsables de los crímenes de Los Cabos, y entre otros, participaron Luis Barraza Martínez, hermano de “El Víctor” o “El Vidal”, y un sujeto identificado como “El Toro Medina”, quienes ya son buscados por el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública del Estado.

Sin necesidad de presionarlo, dio santo y seña de sus características físicas, así como de sus pistoleros y los principales lugares donde operan, y los planes para apoderarse de la plaza de Los Cabos.

Desde el momento de su captura, “El Borrego” es defendido por el abogado Rubén López Guerrero, ampliamente conocido por defender a narcomenudistas y apodado “El Abogado del Diablo”.

Según datos recabados por Investigaciones ZETA, Enrique Hernández Cardoza “El Borrego” está firmando en un Juzgado federal, después de haber sido detenido en posesión de droga, en un operativo del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) en Cabo San Lucas.

Según un parte informativo del 23 de junio de 2013, el delincuente ya había sido detenido en posesión de 20 grapas de cristal y 90 pastillas psicotrópicas, cuando viajaba a bordo de un pick-up e intentó pasar el filtro de revisión de la Carretera Transpeninsular de Cabo San Lucas a Todos Santos.

Los oficiales de la Policía Ministerial ordenaron que descendiera de la unidad y se negó, por lo que intentó darse a la fuga y, al ser bajado del vehículo, trató de agredir a golpes a los captores.

Sin embargo, fue sometido y revisado, encontrando en la bolsa de su pantalón la droga. Fue detenido y consignado a la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, pero sospechosamente, salió casi de inmediato.

Pero apenas había terminado de cantar “El Borrego”, la Secretaría de Marina capturó el 13 de enero de 2015 a ocho sicarios al servicio de Luis Antonio Montoya Beltrán “Don Carlos”, “El Artista” o “El Montoya”, y de Rolando Moreno González “El Compadrón”.

Los pistoleros del bando contrario de las Fuerzas Especiales de Dámaso fueron detenidos en una casa de seguridad de la colonia Vuelo del Águila en Todos Santos, quienes tenían en su poder tres rifles de asalto AK-47, dos pistolas escuadra calibre 45, una pistola calibre 9 milímetros, 19 cargadores útiles calibre 7.62 x 39 milímetros; tres cargadores útiles para pistola, además de grapas y marihuana.

Los detenidos durante este operativo fueron:

* José Ortiz Monzón y/o Gustavo Lozoya Portillo, de 30 años de edad, originario de Baridaguato, Sinaloa.
* Irvin Camilo Angulo Soto, de 32, oriundo de Culiacán, Sinaloa.
* Martín Hernández Ojeda, de 20, nativo de Sonora.
* Víctor Ángel Maldonado Cortés “El Güero Sinaloa”, de 27, nacido en Veracruz.
* Erick Ramírez Ruiz y/o Ramsés Gerardo Hirales Pimentel, de 25, oriundo de La Paz, Baja California Sur.
* Perla Alejandra Cárdenas Sapiens, de 22, de La Paz, Baja California Sur.
* Samuel Jáuregui Girón, de 20, nacido en Culiacán, Sinaloa.
* Dunia Sugely Manríquez Angulo, de 38, de La Paz, Baja California Sur.

En esta ocasión, los detenidos no fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Sin embargo, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación de la PGR, quien determinaría su situación jurídica.

NÚMEROS DE DENUNCIA ANÓNIMA

En estos tiempos críticos, los tres órdenes de gobierno ponen a disposición de la ciudadanía  los números telefónicos y correos electrónicos, a efecto de denunciar de manera anónima en torno a personas extrañas, movimientos sospechosos, identificación de delincuentes o delitos que puedan estarse cometiendo, para su investigación, y así revertir la ola de violencia en Baja California Sur.

Es tiempo de participar y preservar la seguridad, ya que la denuncia anónima protege los datos de identidad del denunciante.

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(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Investigaciones ZETA/  20 de Enero del 2015 a las 12:00:00)

PRESIONAN IMPORTADORES DE AUTOS USADOS; AMENAZAN TOMAR LA ADUANA


Importadores de autos usados alertaron sobre las acciones que habrán de tomar en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tome en cuenta su petición de atender el tema de las adquisiciones de unidades de terceros países.

Argumentaron que si la autoridad federal evade el tema, el 26 de enero tomarán las instalaciones de la aduana en Tijuana.

Pidieron a la SHCP una baja a los precios estimados, o que la eliminen y pongan un tabulador, además de analizar el Anexo 2.

EN MEXICALI, TAMBIÉN CERRARAN GARITA COMERCIAL

Se dicen molestos, cansados, hastiados, engañados por el gobierno federal del que hasta el momento no han tenido respuesta, por eso amenazan con qué próximo lunes vendedores de autos usados de Mexicali bloquearan de manera permanente la garita comercial Mexicali-Calexico como parte de un movimiento simultáneo que planean efectuar en todas las aduanas comerciales de la frontera norte.

“Ya está empezando a escasear la comida, esto no es un juego”, sostuvo en rueda de prensa Edgardo Silva señalando que las medidas adoptadas a partir del 1 de septiembre del año pasado por el gobierno federal han encarecido los tramites de importación, lo que ha golpeado severamente la economía no solo de los vendedores de autos usados sino en cadena a carroceros, mecánicos, refaccionarias.

“De ahí solo nos van a sacar en cajas de muerto”, dijo otro de los loteros en función del cierre de la garita comercial que planean hacer a partir del lunes 26 de enero, esto en caso de que no haya respuesta del gobierno federal.



 (SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Francisco Navarro Fausto / Sergio Haro Cordero / 19 de Enero del 2015 a las 12:42:58)

CRITICAN ASTIAZARÁN Y LARES PUBLICACIÓN DE ZETA


Jorge Astiazarán Orcí, presidente municipal de Tijuana, criticó la publicación de este semanario en la que se hace referencia a 154 policías municipales reprobados en los exámenes de evaluación, control y confianza, que confiesan entre otras cosas, tener  vínculos con el crimen organizado, adicciones, haber participado en actos de corrupción, de tortura  y haber llevado a cabo ilícitos en Estados Unidos.

“Esa es una información que no sé cómo la consiguieron ustedes, es información que se debe guardar porque la está investigando la Comisión de Desarrollo Policial y es la que determina qué se hace con los elementos. Yo critico el hecho que se ha sacado a la luz porque se está llevando a cabo una investigación al respecto”.

Alejandro Lares Valladares, Secretario de Seguridad Pública calificó el reportaje en la edición (2129) de ZETA, como una falta al debido proceso de los policías que están siendo investigados, algunos desde el año 2013: “Yo creo que se actuó de muy mala manera, porque ahora lo que ocasiona es que esos elementos que estaban en proceso de investigación, pues genera, precisamente tú medio, esta situación en la cual el elementos se me puede amparar, obviamente se me va a ir al (Tribunal) contencioso”.

Afirmó que el texto periodístico traerá como consecuencia que un proceso que debía resolverse en un tiempo de 4 a 6 meses ahora tardará un año, de ampararse los uniformados señalados.

Sin embargo se sabe por el seguimiento que ZETA ha dado al trabajo de la Comisión de Desarrollo Policial, que una alternativa que los elementos agotan cuando están siendo investigados previo a su depuración, es precisamente un amparo federal o la búsqueda de un alegato en el Tribunal Contencioso, sin mediar una publicación. La razón es que la comisión tiene la obligación de notificar al elemento sobre la investigación, para otorgar el derecho a defenderse.

-¿Ellos sabían del proceso que se les estaba integrando?, se le pregunta al secretario.

“Algunos se les estaba integrando el expediente, otros ya habían sido notificados, otros precisamente estaban el proceso de ser notificados”.

-¿Sabían que habían reprobados los exámenes (de control y confianza)?

“Ellos no lo saben, es un debido proceso que se lleva, del cual voy a ser muy respetuoso, hasta ahí quiero manejarlo, obviamente quienes manejan la información, que sean evaluados”.

El Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, respondió que habrá que ser más rigurosos en las evaluaciones policiacas, y que este tema será uno de los que se revisarán el día de mañana marte 20 de enero, en la junta de coordinación en que participaran  titulares de seguridad pública municipal, del Estado y Federales.

A las oficinas de ZETA fueron entregados de manera anónima documentos que contienen los resultados de las entrevistas que se realizaron a los Policías Municipales de Tijuana como parte del examen de control evaluación y confianza, y donde los mismos agentes confesaron haber participado en la comisión de delitos.

La información por tanto, es del conocimiento de los Policías Municipales, mientras que diversas autoridades fueron notificadas de las entrevistas y los resultados de los exámenes, entre ellos precisamente, el Presidente Municipal Jorge Astiazarán y el Secretario de Seguridad Alejandro Lares. Los exámenes fueron practicados en el Centro de Control Evaluación y Confianza C3 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los 154 elementos que reprobaron los exámenes, siguen en su mayoría activos, incluidos aquellos que tienen antecedentes penales en los Estados Unidos por tráfico de droga, o los que se coludieron con células del crimen organizado, los que son adictos, han torturado y tienen problemas de personalidad violenta y agresividad; la falta de celeridad en la Comisión de Desarrollo Policías para analizar y tomar resoluciones definitivas en los casos, permite a los agentes portar el uniforme, la charola y el arma, en impunidad.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ SAÚL ALEJANDRO RAMÍREZ /  19 DE ENERO DEL 2015 A LAS 18:04:17)

TORTURA Y CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TIJUANA


Documentos oficiales entregados a ZETA de manera anónima, dan cuenta de las confesiones de policías corruptos. Deshonestos, confiesan haber servido a células del crimen organizado, ser adictos o alcohólicos, tener problemas de depresión y con la autoridad. Otros, de haber sido narcomenudistas, tener antecedentes criminales en Estados Unidos, y unos más de mover cadáveres para el narcotráfico. Los casos son del conocimiento de la Comisión de Desarrollo Policial de Tijuana, por lo tanto, del secretario Alejandro Lares Valladares, pero no están resueltos. La mayoría de esos policías continuaban trabajando en la corporación

Los pecados confesados por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, ameritaban iniciarles un procedimiento y darlos de baja de la corporación. Pero la mayoría de los 154 elementos que reprobaron los exámenes de Control, Evaluación y Confianza, siguen laborando. “Sirviendo” a la ciudadanía.

Las categorías de fechorías confesadas:

* Traficaron droga en Estados Unidos.
* Robaron en California.
* Consumen enervantes.
* Proporcionaron información a narcotraficantes.
* Movieron cadáveres para criminales.
* Recibieron dinero a cambio de liberar detenidos.

Unos más reconocieron torturar a los detenidos o sembrarles evidencia falsa, cobrar cuotas, participar en robos y cometer delitos contra la salud siendo policías. Los que menos, sin tener la educación requerida, falsificaron y entregaron certificados apócrifos para poder ingresar a la corporación tijuanense.

Se trata de 154 policías municipales, cuyos nombres están en la Comisión de Desarrollo Policial, algunos desde el año 2013, porque oficialmente resultaron no aprobados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

“… no cumple con los requisitos establecidos aplicables en la materia…”, se lee en los dictámenes  donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sugiere enviar esos expedientes a las respectivas comisiones y “solicitar el inicio de procedimiento de separación definitiva”.

Pero la Comisión de Desarrollo Policial, encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares Valladares, no ha cumplido con su trabajo.

Esto lo pudo corroborar ZETA, que tuvo acceso a los expedientes que llegaron en copias de manera anónima, cuya autenticidad fue corroborada por este Semanario con las autoridades implicadas.

Con los nombres en la mano, lo primero que se buscó corroborar, que los policías aún estuvieran en la nómina del Ayuntamiento de Tijuana, la cual está en la página oficial del gobierno municipal, cuya última actualización data del 31 de octubre de 2014. Hasta esa fecha, los policías reprobados y señalados estaban en la corporación.

No cumplen con los requisitos establecidos en Ley para permanecer como agentes de Policía, pero ahí siguen.

Todo esto, mientras el secretario Lares apoya para salir de prisión a un policía que atropelló a una mujer, y otro que le disparó por la espalda a un delincuente desarmado mientras huía, y tanto él como su directora Patricia Sida, declaran públicamente que los videos donde se ve a policías abusando de su autoridad, no pueden ser considerados como pruebas.

MUEVE CUERPOS O TRÁFICO DE DROGA EN TIJUANA

Un caso simbólico de la impunidad que se permite actualmente en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana y de la falsedad en la depuración, lo representa la permanencia del oficial Arnoldo Ismael Garay Córdova, agente desde 2006 y calificado por el C3  como “persona de bajo juicio”, que deja ir a los criminales y es permisivo.

En febrero de 2013, la enorme figura de este obeso policía ocupó las planas de los periódicos locales cuando el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella, anunció que daban de baja a Garay porque, según declaraciones de dos detenidos- Israel Osuna y Federico Mayo-  y la información localizada en el celular personal del agente, “les daba información de los movimientos de la Policía a los miembros del crimen organizado a cambio de dinero”. También le pagaban por detener a sus competidores.

Se anunció que el policía fue puesto a disposición del Ministerio Público federal como presunto responsable de delincuencia organizada. Pero al final resultó que solo estuvo suspendido por cuatro meses.

En su último examen, Garay Córdova confesó que en ese tiempo de castigo, recibió la llamada de un amigo de la secundaria que le ofreció 800 dólares a la semana  y le dijo: “Tu única labor va a ser levantar cuerpos sin vida, subirlos a camionetas y tirarlos en lotes o lugares menos vistos”. Y lo hizo, “… porque estaba necesitado de dinero, estaba suspendido”, justificó.

De paso, informó que ese amigo del que no recordaba el nombre, “solo invitaba a trabajar con él a policías corridos o suspendidos y ex militares”.

En esas condiciones, el agente Garay continúa activo en la nómina municipal.

José Juan Pedraza Sánchez es otro caso cuyo expediente de remoción arroja información extraña e inquietante.

Conforme al C3, este elemento que ingresó a la Policía Municipal de Tijuana en 2005, tiene un registro de proceso en ejecución de sentencias por robo con violencia en 2008, y un ingreso por delitos contra la salud en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tijuana en 2006, ambos ya siendo policía. También tiene un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, iniciado contra la determinación de la Comisión de Desarrollo Policial que inició en noviembre de 2013.

También está el caso de Misael Delgadillo Ornelas, policía desde 2012. En su entrevista reconoció haber vendido droga de los 17 a los 23 años, cinco años antes de su examen fue detenido con una bolsa de marihuana, presentado ante el Ministerio Público y su padre lo sacó. Su círculo cercano siguen siendo vendedores de droga.

ADMITIERON SER CORRUPTOS

Acorde a la evaluación del C3, a Marcos Plascencia Pérez, uniformado desde 2006,  el consumo de alcohol le impide cumplir con su trabajo, pero además ha realizado arrestos falsos y ha dejado ir criminales a cambio de dinero, obteniendo hasta 2 mil pesos a la semana, en una ocasión, 4 mil dólares.

Jorge Carlos Vital González porta placa desde 1996, ha sido subcomandante comisionado y en su entrevista en el C3 aceptó que en repetidas ocasiones ha recibido de 50 a mil dólares por dejar que criminales delincan, o liberar conductores borrachos. Además, reconoció que ha robado dinero y objetos de las casas a las que entró como parte del Grupo Táctico.

Por su parte, Jesús Cervantes Pérez, agente a partir de 2005, confesó  que recibe de 50 a 100 dólares cada vez que deja ir narcomenudistas, y otros tantos pesos cuando libera a ciudadanos que cometieron faltas administrativas.

Gabriela Chávez Sandoval, designada policía  a finales de 2011, admitió que hasta un mes antes de su examen, estuvo recibiendo dinero por quedarse callada cuando liberaban a un criminal en la delegación San Antonio de los Buenos, y que le han pagado con dinero (500 pesos) o cenas.

Jesús Luis González Figueroa ingresó a la corporación en 2012, es policía comercial y en su examen de confianza dice conseguir y vender celulares robados, actividad que hace de 2007 a la fecha. También, que entre los 17 y 20 años de edad falsificó certificados con ayuda de un profesor de preparatoria.

Carlos Piña Cárdenas es policía desde 2005, y su diagnóstico determinó: “… quebranta lineamientos y normatividad, hace uso indebido de su puesto, vulnera y pone en riesgo a la institución”. Sin embargo, el agente solicitó un amparo en diciembre de 2014 ante el Segundo Distrito de Amparo, con relación a su incidente de suspensión.

Entre sus antecedentes está que en octubre de 2013 se hirió la mejilla con su arma de cargo, departía con otro policía y no estaban en servicio. En la investigación no le hicieron análisis de alcoholemia. En octubre de 2014  fue detenido y liberado porque vio y permitió que su compañera lesionara a un detenido y le sembrara un arma, porque no aceptó pagar una cuota.

Conforme a la evaluación del C3, Enrique Guadalupe Enríquez Cruz, policía desde 1993 actualmente asignado a puntos fijos, no debe permanecer porque acepta mordidas de tránsito,  acostumbra sembrar globos y armas a los detenidos, se desempeñó como escolta no oficial de un compañero que se dedicaba a cosas ilícitas y tiene una compañía de seguridad, a pesar de que la Ley se lo prohíbe.

TORTURADORES

Juan Carlos Arenas Tapia, con ingreso en 2006, es considerado en el  C3  como no apto, ya que en su entrevista admitió que “para no batallar” a los presuntos delincuentes que se muestran renuentes a colaborar en su detención,  los sofoca del cuello hasta que quedan inconscientes, “tiene dificultad para analizar la repercusión de sus acciones” y “se muestra decaído y frustrado con su carrera policíaca”, fue el dictamen.

Pese a que apenas ingresó en 2013, Mariane Guadalupe Gutiérrez Pérez tiene problemas para controlar su ira. Según el C3, “bajo juicio, se conduce con actitudes violentas al sentirse frustrada”, y admitió que abofeteó a una detenida.

De Cristian Eduardo Félix Sereno, quien es supervisor comisionado y policía desde 2007, reportaron “bajo control de impulsos y mermada capacidad de juicio”, al aceptar que aplica una técnica para pérdida de conocimiento cuando somete a infractores.

A René Jesús Burgos Ávila, policía desde 2007 y con un recurso interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde agosto de 2013 contra la Comisión de Desarrollo Policial, el C3 le detectó “rasgos de impulsividad”, reconoció haber iniciado por lo menos una balacera. Y expuso que dos meses antes de su evaluación, siendo parte del Grupo de Inteligencia, utilizaba “métodos no tan legales para hacer declarar a la gente…vendarles los ojos, hincarlos, gritarles o aplicarles la bolsa-terapia”, sofocarlos por un tiempo. Ha sido acusado de lesiones calificadas y abuso de autoridad.

De Rodrigo Gallardo Álvarez, miembro de la SSPM a partir de 2002, también diagnostica “bajo control del impulso”, porque recurre a la fuerza física para enfrentar la adversidad y ha dejado inconscientes a sus detenidos en varias ocasiones, y lo ve como un aspecto cotidiano de su labor.

USO DE TORMENTO FÍSICO PARA IMPEDIR QUE LOS ACUSEN

El 17 de septiembre de 2014, el oficial municipal Héctor Herrera Hernández arrolló y causó la muerte de la señora María Elena Pérez Cortez, de 64 años. El parte informativo de la Policía Municipal indicaba que el uniformado era el causante del accidente, explicó el subprocurador general de Justicia del Estado en Tijuana, Gilberto Cota Alanís.

El agente se había dado en reversa 13 metros, según testigo, sin sirenas. El alcalde Jorge Astiazarán y el secretario Alejandro Lares aseguraron, sin haber estado en el lugar, que el uniformado sí traía luces y sirena encendidas.

 “(El tema de los códigos y sirenas) Es parte del informe de la Policía Ministerial en la entrevista que hizo con el propio conductor de la patrulla y también de los testigos, ellos hacen referencia que la patrulla retrocedió con cierta velocidad, que hizo una maniobra en reversa muy rápida y provocó que la persona cuando iba a cruzar, la arrollara”, comentó Cota Alanís en conferencia de prensa.


De inicio, Raúl, uno de los hijos de la mujer que perdió la vida, advirtió que las autoridades pretendían cambiar la versión, pero ellos tenían a su favor un video registrado por uno de los vecinos, con el que presuntamente demostrarían que los policías habían alterado la escena del crimen intencionalmente, y que Herrera no pidió ayuda para la mujer atropellada.

El problema fue que cuando los agentes se enteraron que el video sería entregado a las autoridades, elementos vestidos con uniformes presumiblemente del GOES (Grupo de Operaciones Especiales) fueron por el hombre de la grabación.

El 29 de septiembre, sin orden entraron a su casa y después lo presentaron con droga ante el Ministerio Público, pese a que hay testigos que declararon que cuando lo revisaron en su casa, no le encontraron nada.

El propio GOES regresó el 26 de noviembre de 2014 y, según denuncias hechas por la víctima -que decidió ya no cooperar con la autoridad-, fue torturado. Lo asfixiaron por lo menos en seis ocasiones con una bolsa de plástico, le dieron toques eléctricos en el pecho y le pidieron dinero para dejarlo en paz, acusándolo de vender drogas.

Al final, ni el video fue entregado, ni los agentes agresores identificados. El testigo simplemente pidió a las autoridades que se olvidaran de él y de todas sus denuncias previas.

TIENEN ANTECEDENTES EN ESTADOS UNIDOS

Salvador Mendoza Madrid es policía desde 2007, comandante Instructor del ICAP,  sin embargo en su más reciente paso por el C3, cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) corroboró sus antecedentes con las autoridades de Estados Unidos, según el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), resultó que estaba registrado como ladrón por un hecho ocurrido en 1992 y estuvo detenido un día en la cárcel de Hanford, California. Fue deportado.

Roberto Villegas Navarro ingresó a la SSPM en 2006, igual que en el caso anterior, en la más reciente revisión de antecedentes, resultó que había sido detenido en San Diego, California, en 1997, por “distribución de metanfetaminas” y estuvo preso 57 meses, cinco años en libertad condicional. También le diagnosticaron “bajo control del impulso y no se responsabiliza de su comportamiento”.

El caso de Benjamín Alfredo Toledo Macías, policía desde 2003, tiene más historia. De entrada, conforme a las bases de datos del FBI, fue detenido en 1998 por traficar marihuana a San Diego y lo deportaron a Tijuana.

En febrero de 2014, siendo escolta del entonces director de la Policía, Reyes Montilla, fue detenido y liberado por presuntamente enfrentar a balazos a otros policías en un controvertido operativo donde hubo declaraciones falsas en ambos lados. Después, un empleado de Sindicatura trató de sobornarlo para resolver a su favor y, finalmente, fue reinstalado en junio de 2014.

Previamente, en abril del mismo año, fue herido en una fiesta particular donde un hombre dedicado al narcomenudeo celebraba su compromiso y fue asesinado. Toledo intentó detener al agresor y fue herido.

A Víctor Manuel Segura García, con ingreso en 2006, el FBI le encontró registros por sexo con un menor, abuso sexual infantil y contribuir a la delincuencia de un menor, lo detuvieron en 1999 y estuvo preso 120 días, con 36 meses de libertad condicional. En enero de 2011 fue premiado por sus jefes como uno de los oficiales más destacados del año anterior.

Sandro Gabriel Hernández Martínez es policía desde 2001, actualmente está adscrito al departamento jurídico y gana poco más de 17 mil pesos, según los archivos del FBI, fue detenido en dos ocasiones en San Diego: en1993 por robo de auto y estuvo preso 17 meses; y en 1994, por posesión de cocaína para su venta.   

José Alberto Pérez Flores entró a la Policía Municipal en 1999, pero según el FBI, tres años antes (1996) fue detenido en San Diego por posesión y transporte de marihuana para venta. Estuvo en la cárcel 120 días y tres años de libertad condicional.

Según el examen psicológico, no es “apto para usar arma  de fuego” y desafía a la autoridad.  En 2011 fue designado jefe de distrito en La Mesa, y en 2014, jefe de distrito en San Antonio de los Buenos. En el mes de abril  fue “degradado a agente”, acusado de “ordenar detenciones irregulares y falsificar reportes”. En la nómina de octubre de 2014 aparece como oficial comisionado, con un sueldo de 32 mil pesos.

Juan Carlos Puentes, policía de Tijuana desde 2006, fue acusado por un presunto arresto falso en 2011, sin embargo, para el C3 el mayor problema es que en febrero de 2013, siendo policía, el FBI lo arrestó en San Diego bajo los cargos de importación de heroína, cocaína, marihuana y hachís.

Sergio Contreras Guerrero, policía desde 2002, había sido detenido en San Diego, California, en 1999, acusado de posesión de marihuana para su venta.

Ernesto Pérez Gil, agente municipal desde 2006, en 2003, en
Norwalk, California, por posesión y transportación de metanfetamina. Purgó una condena de dos años.

Christian Ernesto Mancera Dozal, agente desde 2002, fue detenido en 1995 cuando cruzaba por la Garita de San Ysidro con 60 libras de marihuana. Ya había sido dado de baja en 2002 por adicción a la cocaína, peleó judicialmente con amparos entre 2002 y 2006, y lo reinstalaron. Ha sido detenido borracho y sancionado por dormir durante su turno.

Benigno Uribe Ramírez, en la nómina desde el año 2000 y premiado por una televisora local en 2013 por su participación en programas comunitarios, fue detenido en 1998 en San Diego por transportar marihuana para su venta, indica el reporte del FBI.

Bernardo Galván Tamayo, cuya antigüedad en la corporación data de 1987, fue detenido en California 10 años antes, en 1977, por conspirar para importar heroína. Estuvo preso cinco años y los diez siguientes, gozó de libertad condicional.

Ramón Isidro Barreras Cebreros es oficial desde 2006, actualmente está en puntos fijos, pero en 1996 fue detenido en Oceanside, California, por  posesión y transporte de marihuana. Estuvo preso  62 días y fue deportado.

Benjamín Velázquez López  ingresó a la SSPM en 2003, pero en 1996 fue aprehendido por posesión, transportación e importación de marihuana, se le deportó. También tiene denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Julio César García Huante, policía tercero, en la corporación desde 2001, asignado a la Turística, fue detenido en 1993 -reporta el FBI- por robo de auto en San Diego y estuvo preso 180 días. Además, según el C3, carece de control de impulso y consume cocaína y marihuana. Desde 2013 inició un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Departamento de Recursos Humanos de la SSPM de Tijuana.

Acorde a los registros del FBI, Benito Ríos Valenzuela, agente B desde 2005, fue capturado en 1993 con herramientas para robo y estuvo 10 días en la cárcel, intentó engañarlos dándoles una identidad falsa.

Pastor Marín Villaseñor ingresó a la corporación en 2002, ha sido subdirector operativo y subjefe comisionado al área Anti Grafiti, también fue premiado en 2011 por su ejemplo y desempeño. En su última revisión de antecedentes, el FBI informó que en 1987 fue detenido en San Diego California por manejar bajo el influjo del alcohol y, en base a este expediente, estuvo 30 días en la cárcel y tres años en libertad condicional. En 1996 se le arrestó de nuevo por no comparecer ante las autoridades sandieguinas. 

ADICTOS

José Antonio Martínez Camacho ingresó a la corporación en 1997, consume cristal y cocaína, ya fue dado de baja por su adicción en 2002 y, conforme a las bases de datos del Estado, ese mismo año fue acusado por daño en propiedad ajena y homicidio porque mató a un transeúnte mientras manejaba borracho, igual fue reinstalado. Le diagnosticaron “bajo control del impulso”. El 15 de octubre de 2013 inició un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la Sindicatura Municipal, y otro en contra de la Comisión de Desarrollo Policial.

José Francisco Ávila Ceniceros entró a la SSPM en 1997, en el más reciente antidoping resultó positivo en consumo de metanfetamina, “sin que haya justificado el uso de las mismas por prescripción médica”.

Al agente Mario Aceves Medina, en nómina desde 2006, el examen antidopaje arrojó positivo a metanfetamina y anfetamina. Este agente inició un procedimiento en contra de la Oficialía Mayor por iniciar los trámites para su remoción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y solicitó un recurso de revisión desde julio de 2013.

A Rosendo Valdez Pardo, oficial desde 2004, el consumo de alcohol le impide cumplir sus responsabilidades laborales, razón por la cual ya enfrentó un proceso administrativo en 2011. Y en 2013 salió positivo en el antidoping.

Guillermo Ayala Castillo, uniformado desde 2004, estuvo suspendido por seis meses durante 2011 por dar positivo al uso de anfetaminas, además, admitió haber ingerido marihuana, cocaína y cristal, y tiene varias actas relacionadas con su ingesta de alcohol.

En su entrevista, Fernando Muñiz Crisosto, oficial desde 2006,  refirió haber consumido cocaína y cristal, cinco veces entre 2012 y 2013, y otras cinco en el último año (2014). Adrián Medina, con ingreso en 2000, también resultó con problemas de alcoholismo.

En todos estos casos, lo mínimo que se recomendó fue retirarles el arma, y su remoción, ante los antecedentes y falta de apego al trabajo.

TAMBIÉN HAY FALSIFICADORES

Los casos menos graves, según las medidas que ha tomado en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, son los agentes falsificadores, quienes pese a la evidente comisión de un delito, algunos ya fueron “perdonados” por el actual secretario Alejandro Lares Valladares, por lo menos así lo consideran en la tropa.

Como ejemplo señalan el caso de Omar Green de la Cerda, suspendido en abril de 2014 por hacer trampa en los exámenes en la Universidad Humanitas donde estudia Derecho;  en agosto de 2014 se hizo público que era investigado junto a otros 30 elementos por haber entregado documentos falsos para ingresar, en su caso, un certificado de preparatoria que no tienen registro en la Secretaría de Educación Pública; sin embargo fue reinstalado sin problemas como subdirector operativo de la Policía Municipal en octubre de 2014.

ZETA tuvo acceso a otros 16 expedientes donde se hace notar que los policías falsificaron alguno de los documentos que acreditaban su escolaridad, en ese caso están:

Francisco Gómez Casillas, Alberto González Rodríguez, Carlos Vázquez Castorena, Fernando Aguilar Hernández, Ricardo Medina Chicas, Josué Salomón Matuz, David Rojas García, Elena Carlos Cervantes, Mateo Granados Arévalo, Juan Gallardo, Raymundo Joaquín Navarro, Rubén Sánchez Carrillo, Jaime de la Cruz , Guillermo Castro González, Juan Carlos Ornelas Durán y Epigmenio González Rodríguez.

El delito de falsificación está considerado en el Código Penal Federal y en el del Estado de Baja California, en el primero castigado de seis meses a cuatro años de prisión, y en el local, con cuatro a ocho años de cárcel.

Y se aplica “… al que para obtener un beneficio o para causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado”, y  también que lo use.

OTROS

Entre los policías que el C3 reporta como no aprobados existen expedientes como el agente Joel Othón, a quien consideran no recomendable porque se resiste a la autoridad; José Hernández, de quien refieren, se involucra en discusiones y vulnera “la confidencialidad de la información” porque platica afuera lo que sucede al interior de la corporación. O el caso de Gabriel Rivera, policía desde 2004 a quien se recomendó iniciar procedimiento de separación definitiva porque no se presentó a los exámenes de confianza.  

POLICÍA NO ACREDITADA

En estas condiciones, policías no acreditados, adictos, con antecedentes penales en México y Estados Unidos, así como colaboradores del crimen organizado, torturadores y corrompidos, prestan servicio a la comunidad en la Policía Municipal de Tijuana, con Patricia Sida como directora y Alejandro Lares Valladares en calidad de secretario de Seguridad.

De los 154 agentes reprobados, ninguno ha sido procesado, ni despedido. En condiciones no recomendables, siguen portando placa y arma.

GEMELOS VIOLENTADOS POR MUNICIPALES, SIGUEN SIENDO HOSTIGADOS

Aunque su caso avanza por lo menos en Sindicatura Municipal de Tijuana, dos jóvenes gemelos que denunciaron abusos por parte de la Policía Municipal a principios de 2014, continúan señalando que son víctimas de trato hostil por parte de uniformados de la delegación Cerro Colorado.

El caso de los hermanos Ricardo Moisés y Jesús Rogelio Flores Castro, consignado en el expediente 13/2014 de la Sindicatura, fue enviado a la Comisión Disciplinaria Policial el lunes 5 de enero del presente año, ya que en la investigación previa, se encontraron elementos que pudieran terminar en la separación de los policías involucrados.

Se trata de los uniformados Hugo René Ríos Verdugo y Pedro César Velazco Munguía.

Depende de una determinación colegiada en la Comisión que los elementos continúen o no en la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Entre los integrantes están el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares; el síndico procurador, Arturo Ledesma; la secretaria técnica de la Comisión, Martha Bermúdez; la directora de Policía y Tránsito, Patricia Sida, entre otros.

El jueves 2 de enero de 2014, los hermanos Flores Castro fueron detenidos  cerca de su domicilio, en la ampliación Guaycura, junto a otras dos personas. Según su dicho, fueron golpeados en diversas ocasiones.

La Policía reportó que se les encontró un arma, balas y tarjetas bancarias, sin embargo, los que entonces eran menores de edad, alegaron que se trató de evidencia sembrada.

Por lo anterior, se les ingresó al Centro de Diagnóstico para Adolescentes para después abrirles un expediente en el Juzgado Especializado de Justicia para Adolescentes.

Después de un año de los hechos, de acuerdo a Rogelio Flores, padre de los gemelos, sus hijos no se han librado de malos tratos por parte de uniformados de la delegación, que han llegado a su domicilio en la colonia Guaycura.

Relató que el 29 de diciembre de 2014, un elemento de la SSPM esposó a uno de sus hijos afuera de su casa y sin argumentos, advirtiéndole que se cuidara.

Simultáneamente, por los hechos del año anterior, los quejosos dan seguimiento a una denuncia presentada por abuso de autoridad, cuya investigación está siendo integrada en el expediente 198/12/211. Saúl Ramírez

PROMETEN MANDOS Y SÍNDICOS, 100 POR CIENTO DE EVALUACIÓN POLICIAL

Para el mes de agosto de este año, todos los policías municipales deberán haber sido evaluados por el Centro Estatal de Control y Confianza (C3) del Estado, según se acordó durante una reunión entre mandos policiales y síndicos procuradores de los cinco ayuntamientos.

En junta privada celebrada el martes 13 de enero en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), se tomaron otros acuerdos como la definición de “operativos conjuntos entre las corporaciones”, “protocolos de atención a incidentes de alto impacto”, disminución en el tiempo de “respuestas en atención a llamadas de emergencia” e “identificación y registro de detenidos a través del Sistema Afis Estatal”.

Sin embargo, como prioridad se trabajó en el fortalecimiento de órganos de asuntos internos de las policías para la evaluación y castigo de elementos reprobados por el C3. Las visitadoras pertinentes para dar seguimiento a policías estatales y ministeriales, y las sindicaturas para hacer lo propio con los elementos municipales.

“Hay diversas estrategias, de áreas de inteligencia de las corporaciones, fortalecimiento y coordinación de áreas de asuntos internos que deben estar bien compactadas con la Sindicatura”, declaró Daniel de le Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado.

De la Rosa destacó que de 2007 a diciembre de 2013, se han depurado 3 mil 12 elementos estatales y municipales, mientras que en 2014 fueron despedidos 101 uniformados, contando solo la SSPE. De la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Perla del Socorro Ibarra, el funcionario comentó que en 2014 se dio de baja a 14 policías ministeriales reprobados en el C3.

En la edición 2127 de ZETA, se informó cómo de 423 policías municipales de Baja California que resultaron no aprobados por el C3 en 2014,  se inició proceso a 385, pero finalmente fueron despedidos por esta causa solo 22, tres en Mexicali, tres en Tijuana, cuatro en Ensenada, nueve en Tecate y tres en Playas de Rosarito.

En el encuentro estuvieron presentes el General Gabriel García Rincón, Comandante de la Segunda Zona Militar; Martín Ortiz Lerma, delegado de la Procuraduría General de la República; Rubén Campos Padilla, delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); Bernardo Castañeda Hernández, encargado interino de la Coordinación Estatal de la Policía Federal; los síndicos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito: Arturo Ledesma, Humberto Zúñiga, Alfonso Ochoa, Daniel de León y Tomás de la Rosa, respectivamente.

De igual manera, los titulares de dependencias de Seguridad Pública Municipal: Alejandro Monreal, director en Mexicali; Enrique Villarreal en Ensenada, Alejandro Lares en Tijuana, Juan Bartolomé Lam en Tecate, y Joaquín Antonio Olea en Playas de Rosarito.  Saúl Ramírez

HOMBRE ABATIDO POR GENDARMES, NO DISPARÓ

Desde las siete de la noche del domingo 11 de enero, la Mesa 12 de la Procuraduría General de la República (PGR) Delegación Tijuana, está a cargo de la investigación de las balaceras en las que estuvieron involucrados ocho elementos de la Gendarmería Nacional.

Las primeras diligencia ministeriales muestran que, de entrada, las evidencias no cuadran con las versiones de los elementos federales.

La información es poco clara, los agentes federales se negaron a declarar ante las autoridades locales que llevaron la investigación las primeras horas, y los datos que dieron el día de los hechos, cuando solicitaron apoyo de las corporaciones locales, fueron confusas.

Pasadas las 3:30 pm de la sábado 10 de enero de 2015, el C4 remitió la solicitud de apoyo, el llamado era porque un grupo de gendarmes había sido atacado en Rosarito. Primero dijeron que mientras circulaban por una colonia del quinto municipio, pasó un hombre en moto, les disparó e hirió a los agentes Israel Torres Castillo y Julio César López Mora, quienes repelieron la agresión  y mataron al atacante.

Después la versión fue que tenían un retén a la entrada de la colonia Loma Altas I, que le marcaron el alto al hombre de la moto, éste no obedeció, les disparó, hirió a dos y huyó, lo persiguieron y lo mataron. Quedó muerto dentro de su casa.

Cuando los gendarmes pidieron apoyo, no supieron informar cual era su ubicación, por eso la ayuda local tardó en llegar y, para cuando las corporaciones arribaron al lugar de los hechos, los policías federales ya se habían ido a la Cruz Roja de Rosarito, donde fueron atendidos, uno con herida en la mejilla y otro en una pierna.

Las primeras horas, mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado tuvo el expediente, los agentes Torres Castillo y López Mora se negaron a declarar, razón por la que quedaron en calidad de detenidos.

La Subprocuraduría de Rosarito trabajó la primera criminalística y, el domingo 11 de enero, pasaron el expediente a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada de la PGJE, que lo tuvo unas horas hasta que la PGR ejerció su facultad de atracción.

Hasta el momento, lo que las autoridades pudieron aclarar fue que en la entrada de la colonia donde supuestamente estuvo el retén, no se encontraron casquillos de ningún calibre. Donde sí encontraron casquillos fue en el patio y la casa móvil donde vivía Darryl Anderson, el estadounidense de 60 años abatido e identificado como el atacante de los gendarmes. La casa estaba cercada y cerrada, por lo que no presentaba libre acceso para los agentes.

Conforme a las pruebas periciales, el norteamericano salió negativo a la prueba de rodizonato, lo que significa que no disparó el arma calibre 32 que se encontró en la mano del cadáver, arma que sí fue activada dentro de la casa móvil porque se localizaron dos casquillos, pero Anderson no la percutió.

En la escena se localizaron otros ochos casquillos calibre 9 milímetros, procedentes de las armas de cargo de los gendarmes,  cuatro casquillos estaban en el patio y otros cuatro dentro de la casa. De acuerdo a las pruebas periciales, uno de los dos gendarmes lesionados sí disparó, y arrojó positivo a la prueba de rodizonato.

Al momento, el Ministerio Público federal sigue realizando diligencias y se contempla que pueda tener avances a mediados de la siguiente semana.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/Investigaciones ZETA/  19 de Enero del 2015 a las 12:00:01)