jueves, 8 de enero de 2015

VIDEO: MUESTRAN HABITANTES DE APATZINGÁN ENFRENTAMIENTO





"¿Y ese que está tirado en el suelo? Ya lo mataron”, señalan quienes graban el video en medio de la refriega ocurrida en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de enero.- Un video grabado por habitantes de Apatzingán, Michoacán fue publicado en redes sociales donde se observa el enfrentamiento entre policías federales y civiles.

¿Y ese que está tirado en el suelo? Ya lo mataron”, señalan quienes graban el video en medio de la refriega.

Incluso, detallan que a lo lejos alcanzan a ver un muerto.

El día de ayer, el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo mostró en conferencia de prensa, tres videos sobre los ataques ocurridos en Apatzingán en el que murieron al menos nueve personas, las cuales dieron positivo a las pruebas de rodizonato.

Los videos presentados, corresponden al Centro de Comunicación de Cómputo Control y Comando C4.

En cumplimiento a una orden de aprehensión, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a 44 personas detenidas en Apatzingán por los hechos ocurridos, por lo que fueron consignados como presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada y posesión de armas de fuego y cartuchos para uso exclusivo de las fuerzas armadas.


(EXCESIOR/ REDACCION/ 08/01/2015 14:53)

A DEBATE, LEGALIZACIÓN DE MARIHUANA EN BAJA CALIFORNIA



En Baja California, el PRD creó un comité de base para discutir la legalización de la hierba para usos recreacionales y medicinales en la entidad. En el ámbito internacional, el ex Presidente Ernesto Zedillo es miembro de la Comisión para una Política sobre las Drogas, que propone, entre otras cuestiones, la legalización de la marihuana. Refieren que la guerra contra las drogas ha fallado, y sostienen la probabilidad de que legalizándola se pueda aminorar la violencia y el Estado hacerse de recursos. Quienes se oponen, alertan sobre el aumento en el consumo, especialmente en menores y jóvenes

Son 24 los representantes de la Comisión Global para la Política sobre las Drogas.

Entre ellos, seis latinoamericanos:

* César Gaviria, ex Presidente de Colombia.
* Ernesto Zedillo Ponce de León, ex Presidente de México.
* Fernando Henrique Cardoso, ex Presidente Brasil.
* Mario Vargas Llosa, escritor peruano.
* Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile.
* Carlos Fuentes, escritor mexicano in memoriam.

El resto de la Comisión está integrada por ex mandatarios de otros países, como Polonia y Grecia, activistas de los derechos humanos, ex primeros ministros o secretarios de Estado, empresarios internacionales e incluso un ex secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

La Comisión Global para la Política sobre las Drogas ha emprendido campañas, entre ellas, una para la legalización de las drogas, como se puede ver en el video “War on Drogu” disponible en la página de la Comisión (y en la página web de ZETA a partir del día de hoy).

JUSTIFICAN SOBRE LA COMISIÓN:

“El propósito de la Comisión Global sobre una Política para las Drogas, es proporcionar en el plano internacional una discusión informada, a nivel científico, sobre formas humanas y eficaces de reducir el daño que las drogas le causan a la gente y a las sociedades.

“Las drogas son un asunto complejo y controversial. Hay una percepción cada vez mayor de que la ‘guerra contra las drogas’ es un enfoque que ha fallado. Erradicar la producción y criminalizar el consumo, no redujeron el narcotráfico ni el uso de enervantes. En muchos países, el daño causado por la prohibición de las drogas en términos de corrupción, violencia y violaciones a los derechos humanos, por mucho supera el daño causado por las drogas.

“La Comisión Global sobre una Política para las Drogas construye, a partir de la experiencia exitosa de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia convenida por los ex presidentes Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia y Zedillo de México, al estar convencidos de que la relación entre el narcotráfico, la violencia y la corrupción, era una amenaza para la democracia en Latinoamérica. La Comisión revisó las políticas actuales de la ‘guerra contras las drogas’ e inauguró un debate público sobre un tema que tiende a estar rodeado de temor y falta de información”.

En México, el ex Presidente Vicente Fox Quesada emprendió recientemente una campaña para la legalización de la producción, distribución y venta de marihuana para consumo recreacional y medicinal. Él mismo, cuando ocupó la oficina de Los Pinos en 2005, envió al Congreso una iniciativa que fue aprobada, para criminalizar la hierba y su consumo.

Cuatro años después, en medio de la guerra contra el narcotráfico, el Presidente Felipe Calderón despenalizó la portación de hasta cinco gramos de la hierba para consumo personal.

Actualmente las dos consignas presidenciales, la criminalización de la marihuana y la portación de hasta cinco gramos para consumo personal, persisten, paradójicamente.

En el primer trimestre de 2014, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se presentó una propuesta para reducir la criminalización de los consumidores, la cual fue rechazada. Sin embargo, la idea de flexibilizar el consumo de marihuana continúa.

El legislador perredista Eduardo Santillán declaró recientemente a El Economista:

"Prácticamente al interior de la Asamblea Legislativa, se ha desechado la idea de cualquier intento de legalización de la marihuana; es decir, esta idea de legalizar la sustancia y crear centros de distribución. Nos centraremos en la no criminalización del consumo, en ese tema hay un acuerdo unánime entre los promotores de la legalización y los organismos que están en contra de la legalización”.

TEMA DEL PRD EN BAJA CALIFORNIA

En el Estado, perredistas han creado lo que llaman Comité de Base del PRD por la Despenalización de la Marihuana. Rodrigo Soto, quien encabeza el movimiento en Mexicali, explicó en un documento: “Esto implica la creación de sistemas de información que sean producto de estudios científicos y médicos sobre los verdaderos riesgos a la salud en el consumo de la marihuana y de otras drogas, así como su impacto en el entramado social… implica una nueva discusión de las drogas en el país, ajena a la concepción bélica y criminalística persistente en las políticas públicas del Estado, por una médica y de salud pública…”.

Esto en un contexto donde el uso terapéutico ya está legalizado en California -igual que en una veintena de estados en Norteamérica-, en tanto, en otros como Washington y Colorado ya se aprobó el uso recreacional. O casos como en Uruguay, donde el Presidente José Mujica acaba de aprobar el uso recreativo y el control estatal en la regulación de la venta.

“Hacia allá va la tendencia, no se puede detener”, expone el medico sanluisino Jorge Figueroa, alcalde en el periodo 1994-97, quien desde entonces se ha manifestado a favor de la legalización.


En el Valle Imperial -el sur de California bordea con Mexicali-, la legalización para uso médico no ha implicado la proliferación de dispensarios, solo hay cinco negocios de venta de marihuana. Cuatro están en El Centro y uno en Calexico, aunque todos operan con entrega domiciliaria -delivery- que no abarata, el costo, pero implica la recepción más segura.

“Se ha quitado el riesgo de conseguirla”, sostiene Cinthia, quien desde hace varios años consume marihuana para evitar dolores en la espalda, insomnio y estrés nervioso.

Resalta un dato histórico regional: a principios del siglo pasado, el gobernador Esteban Cantú creó un impuesto para el opio, bajo la premisa que no se podía controlar el uso de esa droga, sobre todo entre la comunidad china.

En Baja California, el tema sobre la legalización de la marihuana había permanecido ausente -en la Ciudad de México, a propuesta del PRD, se ha discutido por la Asamblea del Distrito Federal- y ahora surge entre un grupo de perredistas.

“Tenemos que diferenciar nuestras propuestas de las panistas”, refiere Rodrigo Soto en alusión a la coalición electoral donde ambas fuerzas participaron juntas en la pasada elección estatal.

ABRIR DISCUSIÓN

El abogado Soto menciona a los ex presidentes Ernesto Zedillo, del PRI, y Vicente Fox, del PAN, quienes se han pronunciado a favor de la legalización de la marihuana, incluso el último se auto propuso como productor.

Rodrigo Soto, quien ha fungido como asesor gubernamental en estados como Veracruz y Tabasco, actualmente labora en al área de Sindicatura del Ayuntamiento de Mexicali, “ellos saben que si legalizas todo eso, le quitas una parte de la lana al narco, pero una de las cosas más importantes, es que quitarías mucha criminalidad”.

Comenta que el Partido de la Revolución Democrática lanzó una iniciativa en el Distrito Federal, aunque a su consideración, mal planteada, ya que querían tratar el tema como local, pero es de carácter federal, por la Ley General de Salud. “Creo que primero se tiene que empezar a discutir cuáles son los problemas legales que tiene esto”, refiere Soto, para después mencionar como ejemplo el de jóvenes que están fichados policialmente solo por el uso de marihuana, no por robo ni asalto. “Al Estado le conviene tenerlo así, no legal. Hay mucha lana…”, insiste.

Asimismo, hace alusión al caso de California, donde la marihuana ha sido aprobada para uso médico, y casos como el de la Liga de Futbol Americano, donde los tratamientos contra los golpes recibidos en el juego son fundamentalmente en base a opiáceos, lo que implica el uso de una droga más fuerte y más adictiva. “En la NFL tienen esa discusión sobre la legalización de la marihuana”, argumenta.

También habla sobre otro tipo de enfermedades -algunas terminales- donde empezaron a usar marihuana para contrarrestar diversos síntomas, en una larga lista que incluye cáncer, dolores musculares, glaucoma y anorexia.

Soto ejemplifica los beneficios de la legalización, con el caso de Colorado, donde se captan cerca de 2 millones de dólares mensuales por concepto de impuestos.

Para el abogado, la legalización en Estados Unidos -terapéutico y recreacional- no va a tardar mucho, o lo sucedido en Uruguay, donde se aprobó su uso legal para fines recreativos, y la venta es controlada por el Estado.

“Hay un  puritanismo en la sociedad, una doble moral. Adrede hay un pánico social, ¡el diablo!”, plantea Soto para luego hacer referencia al paralelismo con lo sucedido en la época prohibicionista del alcohol en Estados Unidos: “Estamos viviendo algo semejante”.

Acude a las estadísticas del Sector Salud, donde se anota que el consumo de marihuana ha subido en 12 años apenas el .4 por ciento, mientras que el uso de alcohol va en evidente ascenso. “Nadie se asusta de que abran más Oxxos, que abran más lugares donde venden cerveza, a nadie nos da pánico eso…”.

De igual manera, habla de situaciones contradictorias, como el hecho de que la Ley General de Salud permita la posesión de hasta cinco gramos de marihuana, pero a la vez no se permite sembrar ni transportar: “Eso quieres decir que de entrada ya eres delincuente tan solo por traerla”. Y hace mención del caso de un joven que se integró en el comité por la despenalización Fue detenido por agentes municipales, le encontraron un foco (para fumar ice) y no le dijeron nada, lo dejaron ir. Pero luego lo detuvieron con un cigarro de marihuana, “ahora sí te va a llevar la chingada”, le advirtieron antes de detenerlo.

De acuerdo a Soto, al legalizar la marihuana se le quitaría mucha presión a lo que han llamado la guerra contra las drogas, y acepta que no se trata de una propuesta del perredismo en general, aunque aclara que el PRD como partido tiene abierta la discusión sobre el tema.

SOMETER EL TEMA A CONSULTA PÚBLICA: ABOGADO

A Baja California lo ubican como el estado número dos en consumo de marihuana y cocaína, señala el doctor en Derecho  abogado penalista y académico Arnoldo Castilla, quien menciona decomisos, como las 136 toneladas decomisadas en Tijuana hace dos años, o las 140 hectáreas de cannabis sembrada en un mega plantío al sur de El Rosario. “Somos una zona de consumo, y de paso, ahora hasta de cultivo”, asegura.

“La idea de legalizar la marihuana tiene su fundamento en que reduciendo el ingreso del narcotráfico se van a lograr varias cuestiones, como el pago de impuestos, dedicando los ingresos a la rehabilitación de adictos y su reinserción social, y se le quitaría un fuerte ingreso al narcotráfico”, comenta el abogado penalista, incluyendo además la reducción en el choque entre los grupos de narcotráfico. Sería el Estado quien contraloría el flujo de droga, como lo aprobado en Uruguay.

Por otro lado, explica las dudas que existen en cuanto a la legalización, como el qué tipo de drogas legalizar, si solo algunas, cuáles seguirían catalogadas como clandestinas y la posible inclinación al uso de otro tipo de drogas que son más peligrosas. Refiere otros aspectos, como la no legalización para menores de edad, lo que los convierte en un grupo de consumo, clientes de los narcomenudistas.

Castilla advierte que ante la posible legalización y la baja en los ingresos del crimen organizado, existiría el peligro de que se desarrollen más secuestros, extorsiones, asaltos y robos de vehículos.

“Nosotros tenemos un problema muy serio, que es la corrupción, el crecimiento de la droga en México ha sido en gran parte fruto -por un lado, del consumo que hay en Estados Unidos-, pero por otro ha contribuido la corrupción, donde se han visto inmiscuidos desde policías, gobernadores, secretarios de Estado, funcionarios priistas, panistas y perredistas”, señala el especialista.

Para Arnoldo Castilla, la droga es un medio de control social que en Estados Unidos se expandió para el control de las minorías, y en México, para controlar a los jóvenes.

“El problema del narcotráfico es un problema de falta de expectativas, no tenemos centros de rehabilitación ni de reinserción social, vemos al adicto como un criminal, no como un enfermo. Al joven hay quedarle expectativas de vida”, opina.

El consultado caracteriza al de las drogas como un tema complejo, pero también se dice admirado de que el Estado no le entre a fondo. Como ejemplo, la existencia en la entidad de cerca de 200 centros de rehabilitación, pero muy pocos atendidos por gente técnicamente capacitada.

Recuerda que Felipe Calderón prometió una consulta pública en cuanto al tema de la legalización, pero nunca la concretó. “Creo que este tema, sin decir sí o no, hay que someterlo a una consulta pública a nivel nacional. Se tiene que hacer algo, si no, el problema nos va a tomar de sorpresa y vamos a estar a la carrera”, sintetiza el especialista, quien, cita, los medios también deben abrirse a esta discusión -sin moralina-, “hay que abrirlo a la sociedad”.

PROPICIANDO LA CORRUPCIÓN

“En esta temática hay que confiar en el principio de la autonomía personal, según el cual cada quien es responsable de sus propias decisiones en lo concerniente a su propia existencia”, refiere por su parte el abogado constitucionalista Daniel Solorio, en alusión a un tema de libertades individuales.

En esta temática, advierte, el Estado, el poder público y la Ley se han erigido en protectora hipócrita de los individuos: “La legalidad que ha establecido que todo el tráfico de drogas es delito, ha propiciado una gran corrupción y un negocio fabuloso en manos de las mafias del bajo mundo”, en cuanto a leyes que han establecido penalizar la droga,  las mismas que han propiciado un mundo de corrupción increíble.

Aparte, señala la evidente generación de la violencia, producto del pleito por el mercado, además de que todas esas leyes -que prohíben la droga- requieren presupuestos públicos gigantescos de dinero público, mientras que a la par, se destina poco dinero para proteger la salud de las personas involucradas.

“Yo soy partidario de la tesis de que hay que despenalizar la droga y dedicar recursos públicos, primero a una campaña de información para que la gente sepa el daño que hace la droga, los centros de salud, de adicciones”, dice en relación a la hipótesis de que la legalización acabaría con todo este fabuloso negocio y esta ola criminal tan terrible.

Solorio dice compartir la idea de que la Ley que penaliza las drogas es propiciadora de un gasto gigantesco para un combate hipócrita a los traficantes de droga, y por otro lado, no deja presupuesto público para prevención, información y curación. Considera que la política contra las drogas no ha dado ningún resultado apetecible, con la droga al alcance de cualquiera.

Para contrarrestar esta situación, sugiere abrogar las leyes penales que han convertido en un delito el negocio de la droga y -una vez despenalizada- destinar presupuesto público para campañas de información y prevención a la población. “Creo que eso sería mucho mejor que la ola de terror y de crimen que ha suscitado el fenómeno de la penalización de la droga”, sintetiza.

VIOLENCIA INCREÍBLE

Jorge Figueroa González fungió alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, durante el periodo 1994-97, postulado por el Partido Acción Nacional.

“Cuando llegué a la presidencia municipal me asombró el altísimo número de muchachos adictos que teníamos en la ciudad”, rememora el médico ginecólogo, para después exponer que un somero sondeo aplicado ene se tiempo arrojó un número de más de dos mil adictos a todo tipo de drogas.

“Eso no me entraba en la cabeza, cómo era posible que en un pueblo chico se hubiera incrementado tanto el consumo de droga, sobre todo marihuana y cocaína, todavía no  era mucho el cristal”, expresa en torno a sus tiempos de secundaria y la primera noticia sobre detención por uso de marihuana, o luego, ya como alcalde, el aseguramiento de un tráiler con 12 toneladas de la hierba.

Después de reflexiones y pláticas, el doctor dice haber llegado a la conclusión de que este problema es imposible de quitárselo al ser humano en todo el mundo. “Este problema va a ser un vicio más que hay que agregar al ser humano, como el alcohol, el café, el tabaco. Pero es un problema que trae por su prohibición acumulada una violencia increíble. La violencia es lo que está afectando a la sociedad”, sostiene el medico sanluisino.

Esa visión la externaron en una declaratoria y, a raíz de eso, tuvo la visita de un periodista del diario The New York Times, quien le trajo un estudio realizado en Estados Unidos con una contundente conclusión: irremediablemente el ser humano va a tener que legalizar la marihuana en todo el mundo, no más allá de 2030. La pregunta al norteamericano fue en el sentido de cómo explicar tanto consumo en Estados Unidos, sin tanta violencia como se da en otros países.

La respuesta que recibió -cuenta Figueroa- fue tajante: mientras un adicto tenga un empleo que le permita mantener su vicio, no va a ser violento. La respuesta incluyó que, por la prohibición de consumir alcohol antes de los 21 años, los jóvenes ven como más “natural” el consumo de drogas como la marihuana.

“O el gobierno les consigue empleo a todos estos jóvenes para que puedan comprar la droga, o les da el dinero para que la consigan, o la legalizan”, fue la tesis principal aportada por el periodista norteamericano. “Una legalización no es una liberación total de la venta”, opina Figueroa, quien parte de la tesis de que el adicto a la marihuana o a la cocaína es un enfermo, el cual hay que manejar, ayudarle a rehabilitarse y, dentro de este proceso, no acude a la violencia, sobre todo si tiene acceso a un trabajo.

“El problema no se va a resolver, el problema va a seguir, lo único que se busca con esto es disminuir el grado de violencia”, resume.

LOS OPOSITORES

A propósito de la legalización de la producción, distribución y venta de marihuana en Uruguay a principios de año, y de la propuesta del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Arquidiócesis de México hizo público un documento con diez razones para oponerse a la legalización de la hierba, aquí algunos puntos:

* Sobre los no efectos dañinos en la salud al fumar marihuana: “Según estudios publicados por el Drug Abuse National Institute de EUA, entre los efectos de consumir marihuana están: percepción distorsionada de la realidad; pérdida de la memoria y de la capacidad de aprendizaje; falta de coordinación motriz; desorientación; incapacidad para pensar con claridad, de reaccionar y resolver problemas; pérdida de habilidades cognoscitivas, que puede ser permanente; ataques de ansiedad, paranoia, pánico; fobias, alucinaciones; aumento de frecuencia cardíaca y baja presión, lo cual incrementa cuatro veces el riesgo de ataque cardíaco; baja del sistema inmunológico; problemas respiratorios; tos; congestión pulmonar y cáncer, pues contiene más sustancias carcinógenas que el tabaco”.

* “Afectaría gravemente la economía dedicar al cultivo de droga -es decir, algo que va a arruinar la salud y la vida de la población-, tierras que podrían dedicarse a cultivos alimentarios y/o medicinales”.

* “Legalizar la marihuana no detendría la violencia; solo serviría para enriquecer a unos cuantos terratenientes que ya se frotan las manos pensando en las ganancias que obtendrán”.

* “Más del noventa y nueve por ciento de adictos a la cocaína y heroína deben esta adicción a que un día cedieron a la tentación de enajenarse y se permitieron probar la marihuana”.

* “Mucha gente que hoy no se atreve a probar la marihuana porque está prohibida, lo haría si fuera legal. Pronto no solo adultos, sino jóvenes, adolescentes y aún niños, estarían consumiéndola, empezando su triste camino de adicción y destrucción”.

* “Si, aunque está prohibido, en las esquinas se venden a los automovilistas cigarros de tabaco, también se venderán cigarros de marihuana. ¡Ahora no sólo tendremos que cuidarnos de los ebrios que manejan, también de los ‘marihuanos’! Y cuando se incrementen los accidentes viales, ¿las autoridades instalarán ‘marihuanímetros’ junto a los ‘alcoholímetros?”.

* “Las estadísticas prueban que un impresionante porcentaje de delitos se cometen bajo el influjo de la droga, en especial, de marihuana. Las cárceles están llenas de delincuentes que no hubieran cometido ningún ilícito si no se hubieran drogado”.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA

Enero a diciembre de 2014

* 3 toneladas 816 kilos de marihuana aseguradas
* 5 mil 623 envoltorios de marihuana confiscados
* 40 toneladas de la misma droga puestas a disposición del Ejército
* 29.83  kilos de “cristal” decomisados
* 28 mil 773 dosis de “cristal” aseguradas
* 17 kilos de cocaína incautados
* 3 mil 117 dosis de heroína expropiadas

PGJE Baja California


Unidad Estatal de Combate al Narcomenudeo

Cifras por dosis
Municipio
Marihuana
Cocaína
Ice
Cristal
Heroína
Opio
Otros/Crack
Mexicali
1,007
33
4,283
0
475
0
68
Tijuana
4,203
226
22
19,842 bolsas
2,708
62
21 pastillas y 38piedras
Ensenada
737 más 3 plantas
36
1,995
403
224
0
27 semillas de marihuana

Unidad Estatal de Combate al Narcomenudeo




SEDENA

Aseguramientos del 1 de enero al 29 de diciembre de 2014

- 97 toneladas 649 kilos de marihuana
- 390 kilos de cocaína
- 218 kilos de heroína
- 1 tonelada 112 kilos de metanfetaminas
- 44 mil 543 pastillas psicotrópicas

*Como parte del trabajo coordinado en Baja California, todas las corporaciones que aseguran droga la entregan al Ejército para que éste la concentre y presente como propias. La cifra oficial de decomisos del año, es reportada en enero del siguiente año por la delegación de la Procuraduría General de la República
Decomisos Border Patrol

SAN DIEGO-EL CENTRO

Del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014
- 871.08  toneladas de marihuana
- 2 mil 015 kilos de cocaína
- 1 mil 719 kilos de metanfetaminas
- 261 kilos de heroína


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Sergio Haro Cordero / 05 de Enero del 2015 a las 12:00:01)

PRESOS AUTODEFENSAS, “LA TUTA” LIBRE


Luis Antonio Torres “El Americano” siguió los pasos de su enconado rival, Hipólito Mora Chávez, y se entregó a las autoridades por la balacera que el 16 de diciembre de 2014, dejó 11 muertos en Michoacán. Presuntamente antes del enfrentamiento, Mora pensaba inscribirse como candidato independiente a diputado. Del líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, no se sabe su paradero. El comisionado para la paz en Michoacán, Alfredo Castillo, tampoco menciona al capo

El destino de los líderes de los dos grupos de ex autodefensas michoacanos y de 35 de sus seguidores, quienes hace un par de semanas se enfrentaron a balazos en La Ruana, Michoacán, con saldo de 11 personas muertas, se encuentra en manos de la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia.

Luego de la entrega voluntaria de Luis Antonio Torres “El Americano”, el martes 30 de diciembre y de Hipólito Mora Chávez, el sábado 27, así como de algunos de los integrantes de ambos grupos, la juez María Consuelo López Ramírez será la encargada de resolver la situación jurídica de todos los implicados en el delito de homicidio.

Por razones de seguridad y debido a que los indiciados fueron internados en el penal estatal “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “Mil Cumbres”, el Juez Segundo Penal de Apatzingán, quien libró las órdenes de aprehensión, solicitó que un tribunal de la capital michoacana se encargara de conocer del asunto. Sus deseos fueron escuchados y se le relevó del conocimiento de la causa penal.

Tanto Mora Chávez como “El Americano” habían anunciado que solo se entregarían para ser enjuiciados en caso de que existieran garantías de que “no iba a pasar nada”, y al parecer, así se los garantizó en sus comunicaciones el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sin que se revelaran datos sobre la presunta entrega pactada.

A la devaluada actuación que ha tenido Castillo desde que fue designado por el Ejecutivo federal y a las críticas de los habitantes de la entidad purépecha que no han encontrado paz en sus comunidades, se unen las voces de políticos de distintos partidos que ponen bajo la lupa al comisionado, ante la escalada de hechos violentos que siguen ocurriendo.

En la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada por el Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, planteó la posibilidad de que el funcionario de origen mexiquense sea llamado a comparecer, para que explique el grado de descomposición social generado en Michoacán durante los meses recientes.

La detención de ambos personajes ha despertado polémica entre los pobladores del municipio de Buenavista Tomatlán y de Tierra Caliente. Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensas en la región, es quien ha generado las mayores simpatías, al ser considerado un líder de la comunidad, mientras que Luis Antonio Torres “El Americano”, también es apoyado por algún sector, aunque es un secreto a voces que se le identifica por presuntos vínculos con Servando Gómez Martínez “La Tuta” o “El Profe”, jefe del cártel del narcotráfico Los Caballeros Templarios.

El sacerdote de la Diócesis de Apatzingán, Gregorio López Jerónimo, calificó como “un error” encarcelar a Hipólito por el enfrentamiento a tiros del 16 de diciembre en La Ruana, y vaticinó que una decisión de esa naturaleza se traducirá en una paralización de actividades en esa región limonera, y probablemente, en otras regiones de la entidad donde apoyan a las guardias comunitarias.

HIPÓLITO Y SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS

Tan pronto concluyó el novenario de su hijo Manuel Mora, abatido en la balacera por la que ahora podría ser enjuiciado, Hipólito Mora se reunió con sus correligionarios en contra de quienes se libraron órdenes de aprehensión y se pusieron de acuerdo en la forma en que se entregarían ante las autoridades federales. El sábado 27 de diciembre se materializó la entrega pactada con el comisionado Castillo.

Mora y otras 26 personas ingresaron al reclusorio de “Mil Cumbres”. A ellos se les imputan diez de las once muertes del enfrentamiento en La Ruana. Solo el homicidio de Manuel, hijo de Hipólito, no les es reclamado en la causa penal 222/2014. Su situación jurídica sería resuelta el miércoles 31 de diciembre, o, en su defecto, de ampliar el plazo constitucional a 144 horas como es su derecho para aportar y desahogar pruebas, el sábado 3 de enero.

Según Eduardo Quintero, abogado del fundador de los grupos de autodefensa, su cliente podría quedar libre por falta de elementos para procesar, al concluir el término constitucional, pues estima que Hipólito Mora y su gente fueron los agredidos, al solo defenderse de “El Americano” y sus acompañantes. Quintero confía en que a más tardar en seis días, la juez resuelva conforme a derecho y que sea con un auto de libertad.

Más allá de los aspectos formales de la imputación contra Mora Chávez, su defensor levantó ámpula al comentar que su cliente pretendía buscar una candidatura a diputado federal. Señaló que es mucha coincidencia que el enfrentamiento se haya registrado en una fecha tan cercana al registro de candidaturas independientes, por lo que no descarta que lo acontecido en La Ruana, haya sido planeado para afectar los planes políticos de Hipólito.

Eduardo Quintero aseguró que cuando el personaje recupere su libertad podría registrarse  como candidato independiente, o buscaría alguna candidatura por un partido político, “si es que éste se compromete a dejarlo actuar de manera autónoma”.

Por su parte, cuestionado al respecto por medios de comunicación en Michoacán, Édgar Eduardo Pasallo Cachú, vocal secretario del consejo distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) con cabecera en Apatzingán, , dijo que el líder de los ex autodefensas no podría ser candidato a ningún cargo de elección popular en los comicios de 2015, puesto que el plazo de aviso de intención ha finalizado, y Mora no formalizó su interés ante esa institución.

UN “AMERICANO” IMPREDECIBLE

De Luis Antonio Torres “El Americano” no se conoce mucho, pero resalta la sospecha popular de antiguos vínculos con personas ligadas al Cártel de Los Caballeros Templarios. La imagen que de él se tiene en Tierra Caliente, es la de un hombre de carácter fuerte que también ha arrastrado a cientos de personas para formar grupos de autodefensa.

Todo parecía indicar que la detención de Torres no sería tarea sencilla para las autoridades, pues desde que terminó el plazo o gracia concedida por el comisionado Castillo para que los participantes en la balacera se entregaran voluntariamente, tras velar a sus muertos, se conocieron algunas acciones de resistencia por parte del llamado grupo “H3”. Finalmente, “El Americano” se entregó con nueve de sus incondicionales.

Mientras Hipólito Mora se puso a disposición de las autoridades el sábado 27, ese mismo día, desde la madrugada, los huestes de “El Americano” bloquearon la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán y otras vialidades de Buenavista Tomatlán, presuntamente para evitar que el Ejército o la Policía Ministerial de Michoacán detuvieran a su líder. Tras algunas horas de bloqueos, finalmente hubo apertura a la circulación.

Al enterarse de la supuesta actitud de Luis Antonio Torres y su gente, el lunes 29 de diciembre, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán informó que tenían la ubicación del mencionado, por lo que de un momento a otro podrían ir por él y cumplimentar la orden de aprehensión dictada en su contra, así como de 25 de sus hombres.

No fue necesario ir por él, ya que la mañana del martes 30 de diciembre, “El Americano” y nueve personas más se entregaron ante las autoridades michoacanas para deslindar su responsabilidad en los hechos imputados. Torres se presentó en unas canchas deportivas en Buenavista Tomatlán, donde ya lo esperaban el procurador de justicia local, Martín Godoy Castro, y otros funcionarios.

Luis Antonio y sus acompañantes fueron subidos a un helicóptero de la Secretaría de Marina-Armada de México y fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Morelia, para después ser internados en el penal de “Mil Cumbres”. Los nueve detenidos junto con “El Americano” son: José Alberto Ayala Chávez, Ruperto Anaya Díaz, Gustavo González Sánchez, Adrián Eduardo Zamora Cortés, Jorge Negrete Vargas, René Salvador Esquivel Núñez, Eladio Cisneros Flores y José Pablo Ochoa Gutiérrez.

El abogado de los miembros del grupo “H3”, Óscar Salazar Esquivel, aseguró que durante el plazo de pruebas ofrecerá diversos videos de la balacera del 16 de diciembre, en los que se aprecia que “El Americano” y sus seguidores se replegaron durante los hechos y, a pesar de que su cliente iba con mujeres y niños, fue la gente de Hipólito Mora la que disparó indiscriminadamente. El litigante agregó que las otras 15 personas requeridas por mandamiento judicial se irán entregando en grupos de cinco.

EL SILENCIO DE “LA TUTA”

El líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta” o “El Profe” salió de escena. Hace unas semanas, en el último de sus videos difundidos por redes sociales, anunció su retiro. Reiteraba lo mismo que dijo en la primera entrevista concedida a CB Televisión en julio de 2009, cuando asumió el control operativo del entonces llamado cártel de La Familia Michoacana: “No me van a detener con vida”.

A más de cinco años de que la Procuraduría General de la República ofreciera una recompensa de 30 millones de pesos a quien informara del paradero o brindara datos que ayuden a la detención de “La Tuta”, el narcotraficante no ha sido localizado y, además de que dejó de aparecer públicamente y en las videograbaciones, las autoridades tampoco hablan de él.

Hace más de 12 años, autoridades federales tuvieron las primeras noticias sobre Servando Gómez Martínez, un profesor de primaria que se involucró en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Investigaciones de ZETA ubican la primera demanda de amparo promovida por “La Tuta” el 19 de diciembre de 2002, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Michoacán (635/2002).

Por una posible orden de aprehensión en contra de Servando, el juicio de garantías en contra del agente del Ministerio Público de la Federación, con sede en Lázaro Cárdenas, la delegada estatal de la PGR en Michoacán y otras autoridades, causó sobreseimiento el 7 de enero de 2003, al no existir el acto reclamado.

Una semana después, Gómez Martínez interpuso una nueva demanda de amparo ante el mismo juzgador y en contra de las mismas autoridades (17/2003). Su familiar y autorizado legal, Viviano Gómez Armenta, reclamaban una orden de captura que no existía y el asunto terminó archivado el 19 de marzo siguiente.

El 28 de abril de ese año, en el juicio constitucional 272/2003, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán, “La Tuta” pudo enterarse de que existía la averiguación previa 56/2003-LC en la Agencia del Ministerio Público con residencia en Lázaro Cárdenas, mas no había aún orden de aprehensión en su contra. También se sobreseyó el asunto, el 29 de mayo de 2003.

Fue hasta el cuarto amparo promovido por el entonces “humilde maestro rural”, el 23 de junio de 2003, que se conoció de un mandamiento de detención en su contra. El Juez Octavo de Distrito con residencia en la ciudad de Uruapan, reconoció ante el Juez Sexto de Distrito de Michoacán (372/2003) que “La Tuta” era buscado por delitos contra la salud.

El 26 de agosto siguiente, el juez de amparo concedió la protección de la justicia federal a Servando Gómez Martínez en contra de la orden de captura por posesión de marihuana, y negó ampararle por la modalidad de cosecha del mismo estupefaciente.

El 10 de octubre de esa anualidad, el Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de revisión, pero el 19 de febrero de 2004, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito confirmó la sentencia recurrida. Sus abogados fueron nuevamente Viviano Gómez Armenta y Édgar Julián Cabrera Estrada. En dicho juicio quedó en claro que antes de esa fecha no existían antecedentes penales del quejoso.

Siguieron dos juicios de amparo más. Uno ante el Juzgado Octavo de Distrito (385/2003) y otro ante el Sexto de Distrito (539/2004), ambos en Michoacán. “La Tuta” reclamaba órdenes de aprehensión que no existían, por lo que los asuntos se archivaron sin mayor problema.

Se desconoce si su abogado Viviano Gómez Armenta, titulado en 2003 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (cédula profesional 3867964), es el mismo sujeto al que Servando Gómez se refiere como “Vivi” en alguno de los videos que circulan a través de las redes sociales, y en los que en ocasiones llamaba a sus subalternos para que le proporcionaran objetos o servicios.
El tiempo sigue su marcha y el presunto narcotraficante no es detenido. A la fecha la recompensa anunciada por la PGR desde el 23 de marzo de 2009 sigue en los archivos de internet de la dependencia, cuando se dijo que la “Tuta” era uno de los líderes de La Familia Michoacana, al lado del finado Nazario Moreno González “El Chayo”, J. Jesús “El Chango” Méndez Vargas y Dionisio Loya Plancarte “El Tío”.
INVESTIGAN A MILITARES EN GUERRERO

En Guerrero y en el país surgió una chispa de esperanza de que se haga justicia en el caso de los homicidios y desaparición de estudiantes  de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitara a la Secretaría de la Defensa Nacional, un informe sobre los hechos de violencia registrados en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre pasados.

A diferencia de lo realizado por su antecesor, Raúl Plascencia Villanueva, el nuevo presidente del organismo, Luis Raúl González, expresó que se investigará todo lo relacionado a la violación de los derechos humanos que exista sobre el asunto, por lo cual ya se integra una recomendación al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En pocas palabras, se indaga una posible violación a los derechos humanos por parte de elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

EL ASESINATO DEL PADRE “GOYITO”

En Guerrero, las noticias sobre violencia e injusticias no terminan. Los crímenes en Acapulco no descansaron ni con las vacaciones, mientras que en Ciudad Altamirano fue privado de su libertad la semana pasada y posteriormente asesinado por asfixia, el sacerdote Gregorio López Gorostieta, dedicado al seminario de la localidad y que en su homilía del domingo anterior a los hechos, pidió justicia por el caso Iguala.

El crimen del Padre “Goyito”, como le conocía en el poblado, motivó la salida de clérigos y fieles a las calles para manifestarse en contra de la inseguridad. En lo que va del año es el tercer sacerdote asesinado en Guerrero, pero otros han sido extorsionados, amenazados o asaltados. El Papa Francisco envió una carta al Obispo de Altamirano, Maximino Martínez, en la que expresa su más sentido pésame por el asesinato del sacerdote y ofrece sufragios por su eterno descanso.

Las autoridades no han dado luz sobre las investigaciones. El fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, ya se reunió con familiares del párroco que fue sustraído el lunes por la noche del seminario donde daba clases. La única línea de indagación que se tiene por versiones de personal del Seminario y de fieles, es un posible robo, ya que el Padre “Goyito” tenía consigo el dinero de la colecta anual de la institución.

NUEVAS PROTESTAS POR AYOTZINAPA

Los padres de los 42 normalistas desaparecidos en Iguala y organizaciones sociales anunciaron que la noche de fin de año realizarán una marcha hacia la Residencia Oficial de Los Pinos, tal como lo hicieron el miércoles 24 de diciembre para protestar y exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes.

Integrantes del Frente Oriente que se encuentran en plantón junto a las instalaciones de la PGR, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, señalaron que a las 7:00 pm del miércoles 31, los manifestantes se reunirán en el plantón y de ahí marcharán hacia Los Pinos. Anunciaron para el primero de enero una huelga de hambre en solidaridad con los normalistas desaparecidos, y el día 3, en la Escuela Normal de Ayotzinapa, organizaciones sociales y normalistas definirán el plan de acción a seguir en 2015, donde están llamando a boicotear las elecciones.

En redes sociales ya circula un nuevo video en el que ciudadanos de por lo menos doce países exigen justicia por la desaparición forzada de los estudiantes guerrerenses. Las imágenes muestran el apoyo internacional a las víctimas de la desaparición de los normalistas, por la muerte confirmada de Alexander Mora, y el asesinato de cuatro estudiantes más en Iguala, tras el ataque de policías municipales el 26 de septiembre.

ALCALDE DE COCULA SEGUIRÁ TRABAJANDO

Luego de que un juez federal de Tamaulipas negara una orden de aprehensión en su contra por los hechos de la desaparición de los normalistas, el alcalde de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñaloza Santana, anunció que seguirá en sus labores, pues “está limpio” y por ello la PGR no pudo acreditar sus supuestos nexos con la delincuencia organizada y los abominables hechos que han despertado el reclamo social.

Centenares de familiares de Peñaloza y habitantes de Cocula acompañaron en procesión al edil para agradecer a la Virgen de Guadalupe por su liberación, tras permanecer una semana completa en calidad de presentado ante el Ministerio Público de la Federación, declarando sobre sus presuntos vínculos con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, e incluso, asegura el funcionario, preso dos días en el CEFERESO Número 4, en Nayarit.

Cuestionado sobre la actuación de la Policía Municipal de Cocula en los hechos del 26 y 27 de septiembre, César Peñaloza dijo que fue un hecho en el que los mandos actuaron por iniciativa propia, y reconoció que la militarización de la dirección no fue lo más positivo.

El presidente municipal agregó que la Policía coculense estuvo dirigida entre 2011 y 2014 por dos ex militares en retiro. Uno de ellos, el Teniente Tomás Biviano, asesinado a balazos por delincuentes en 2012; el otro, el Mayor Salvador Bravo, actualmente preso por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez/  05 de Enero del 2015 a las 19:41:00)

POLICÍAS SIN DEPURAR EN BAJA CALIFORNIA


En octubre de 2014, el Centro de Evaluación, Control y Confianza (C3) de Baja California terminó con el proceso de someter al 100 por ciento de los policías del Estado a exámenes de confianza. Sin embargo,  de nada ha servido. De los 572 uniformados que resultaron “no aprobados”, solo 94 han sido dados de baja en cinco años

 “Ahora tenemos policías evaluadas, pero eso no garantiza, porque no se han dado de baja los no aprobados”, dijo ante las deficiencias de depuración, Jonathan Díaz Castro, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, donde recién se enteraron que solo el 16 por ciento de los elementos que reprobaron los exámenes de confianza, han sido dados de baja.

“Está bien, acepto que todo policía tiene derecho a defenderse y tal vez demostrar que lo que se estableció no es correcto, pero ni siquiera se ha llegado a ese proceso”, cuestionó el representante ciudadano, al considerar no aceptable que después de cinco años de evaluaciones, no haya avances.

En noviembre de 2014, el Centro de Evaluación Control y Confianza (C3) de Baja California cumplió con el proceso de someter al 100 por ciento de los policías del Estado a los exámenes de confianza, sin embargo, de poco o nada ha servido, ya que de los 572 uniformados “no aprobados”, solo 94 han sido dados de baja.

Según el reporte del C3 de Baja California, de los 6 mil 600 policías municipales, 500 estatales y mil 500 custodios, un total de 572 elementos no aprobaron alguno o varios de los exámenes de confianza.

Ya en el desglose de cifras del C3, la falta de depuración es más grave en las policías de los ayuntamientos.

De los 572 no aprobados, 423 corresponden a las corporaciones municipales, de esos, solo el 5 por ciento, 22 fueron dados de baja. Lo que significa que 385 agentes locales que reprobaron los exámenes de permanencia, siguen uniformados y en las calles de los cinco municipios, sumados a los 6 mil 600 policías municipales que laboran en los cinco municipios de Baja California. 

En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las condiciones tampoco son deseables. De los 31 elementos que resultaron no confiables, solo tres han salido de la nómina. El argumento es que la mayoría no resultaron aptos, pero por cuestiones de salud, siguen negociando el plan de jubilación.

Mientras en la Secretaría de Seguridad Pública - responsable de las depuraciones-, de entre los 500 estatales y mil 300 custodios del Sistema Penitenciario bajo su cargo, los no confiables sumaron 118 y los despedidos 69, los otros 49 ya fueron procesados, pero apelaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sus expedientes no están concluidos, pero ya no laboran uniformados en las calles.
Cierto, dentro los diversos sistemas de Integridad Policial aplicados en los cinco municipios, los contratos de mil 864 uniformados han sido rescindidos entre diciembre de 2007 y noviembre de 2014, pero de esa cifra,, solo 22 han sido por haber reprobado los exámenes de confianza.

Conforme a las estadísticas del C3, los agentes  no confiables se distribuyen de la siguiente manera:

* En Mexicali reprobaron 90 agentes, se inició procedimiento en contra de 68, a 22 no les instauraron procedimiento; solo han dado de baja a tres.

* En Tijuana hay 174 reprobados, 171 con procedimiento, tres sin procedimiento y tres dados de baja.

* Ensenada, 51 reprobados, 47 con procedimiento, cuatro sin procedimiento y cuatro dados de baja.

* Tecate, 52 reprobados, 47 con procedimiento, cinco sin procedimiento y nueve dados de baja.

* Rosarito, 56 reprobados, 52 con procedimiento, cuatro sin procedimiento en contra y solo tres dados de baja.

QUE LOS SAQUEN DE LAS CALLES

Respecto al rezago, Jonathan  Díaz, del CCSP, lo calificó como “peligroso”, ya que los miembros del consejo ciudadano han sido informados que es un tema que no se ha concluido, debido a las sindicaturas municipales: “A veces el nuevo personal de Sindicatura parece que no conoce los procedimientos y no han hecho lo que tienen que hacer para enviarlos a la Comisión de Honor y Justicia”.

Además de tener activos a policías “no confiables”, otro de los riesgos administrativos, es que muchas de esas evaluaciones reprobatorias ya no tengan validez para dar de baja a los agentes deficientes, según explicó el representante los ciudadanos: “Sindicatura tiene dos años para usar esos resultados y promover la baja de los agentes, si no lo hace, prescribe, eso sucederá con todos los resultados que sean anteriores a 2012, incluso algunos de 2012”.

El mismo reporte del C3 de Baja California refiere que de los 572 agentes no aptos, se inició proceso a 533, aunque solo hayan concluido 94.

Ante la lentitud, los miembros del Consejo Ciudadano, recién enterados del problema, “estamos pidiendo a las Sindicaturas que nos informen para poder saber qué avances tienen en los expedientes del C3, pero consideramos que una medida precautoria sería al menos retirar el arma  a estas personas, sobre todo en los casos de no aprobar (el examen) toxicológico, incluso removerlos de los puestos donde están en contacto con la ciudadanía”, consideró Díaz.

LOS EVALUADORES

Pese a que la depuración es un asunto en el que las autoridades locales han trabajado los últimos cinco años, fue hasta la más reciente reunión del Grupo Coordinación, realizada la primera semana de diciembre de 2014, cuando el Estado trató el tema de manera puntual con los municipios.

“Se vio ese aspecto porque esto lo tenemos que subir al Sistema Nacional, informarlo a México, el primer compromiso era evaluar a la totalidad, la fecha límite era el 29 de octubre y se cumplió, en el Estado procuramos examinarlos y depurarlos al mismo tiempo, pero en los ayuntamientos la situación fue: ‘mientras no nos pidan que depuremos, no depuramos’, no tenían esa motivación o presión; ahorita ya la hay”, explicó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya.

El Estado está pidiendo a los ayuntamientos información. “Por corporación, ¿qué  estamos haciendo con esos 572 – no aprobados-, dónde están? ¿Qué tratamiento le diste? ¿Qué remoción? Y eso apenas se acaba de acordar también, que ya lo deberían de haber hecho, pero el esfuerzo ha sido mínimo”, reconoció el funcionario estatal.

De la posibilidad que algunos de esos resultados negativos ya se les hayan venido el término para hacerlos efectivos, expuso que se  pueden volver aplicar, aunque tendrán un costo. Solo el polígrafo cuesta 5 mil 500 pesos por agente.

De la Rosa agregó que para las secretarías de Seguridad o direcciones municipales es más difícil este proceso, al no tener sus propias contralorías o Departamento de Asuntos Internos, como la PGJE y la SSPE.

Los interesados son los directos y secretarios de Seguridad de los ayuntamientos, pero según la Ley Orgánica, los encargados de la depuración son las Sindicaturas, que entregan los expedientes a las comisiones de Desarrollo Policial. “Por eso reunimos a los cinco síndicos y mandos, para que se pongan de acuerdo en los procesos de depuración y los criterios de los jueces y todo eso”, dijo el titular de la SSPE, para concluir que también se requiere disposición, mientras recordaba las frases de la directora de Policía de Tijuana, Patricia Sida, tras la publicación de un video donde policías golpeaban a un indigente a principios de diciembre, asegurando que no era prueba suficiente.

 “Debería ser al contrario, es un indicio, a lo mejor puede no ser cierto, pero hay que investigarlo y dejarle claro a la gente si andaba mal el policía, o si fue una mentira”.

TECATE: “ESTAMOS BATALLANDO”

En cuanto a la depuración pendiente en los ayuntamientos,  ZETA habló con funcionarios municipales, todos coincidieron en que están revisando la forma de ser más eficientes, sin embargo, sus reacciones fueron diferentes ante el rezago evidenciado en las estadísticas oficiales del C3.

Juan Bartolomé Lam Canto, directo de Policía en Tecate, declaró de sus 47 elementos sin depurar (de 52 no aprobados), que él no tenía esa cifra tan alta, y que el proceso se da en la Sindicatura, a través de la Comisión Disciplinaria: “Yo no tengo esos números, pero sería alarmante que tuviera que dar de baja a 40. Yo tengo en proceso de baja cuatro no aprobados,  nada más, y tengo dos administraciones. Además, una cosa es que estén evaluados, pero yo no tengo todos los resultados”.

En Tecate hay alrededor de 343 policías, entre operativos y comerciales, según cifras dadas al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Daniel de León, sindico de Tecate, detalló: “Hay un manejo indiscriminado de la información, yo creo que el director no está tomando en cuenta que están evaluando a los policías comerciales, y esos diez procesos de remoción que estamos encauzando recientemente, son activos. En Tecate hasta hace poco nos empezaron a evaluar a la (Policía) Comercial, y a ellos les damos otro trato porque apenas los estamos incorporando a la Ley de seguridad Pública.

“Esa cifra no debe distinguir esa parte, y como no nos han entregado el total de resultados, para mí sería muy aventurado decir si tenemos pendientes 47 o 52, pero si me da que la cifra podría estar muy cercana a eso, a lo mejor cuando terminen  de llegar los resultados, es porque incluyen a la Comercial”.

Y reconoció: “Estamos batallando cuando se les aplica la remoción, porque por algún detalle, algún tecnicismo, terminan en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no la ganan, porque hicimos mal el procedimiento según el Tribunal, de los removidos de 2009 para acá se me han regresado varios, entonces hemos sido más lentos en remover a los que tenemos ahorita para poder completar un expediente que se sostenga en el Tribunal.

“Además, hay gente en esos casos que ya está fuera de la corporación, pero sus asuntos todavía están el litigio, no hay sentencias firmes”, concluyó de León.

ROSARITO: REPROBADOS POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

Sobre los 56 reprobados de Rosarito, el síndico Tomás de la Rosa aceptó 46 casos, seis que ya fueron dados de baja, 25 elementos cuyos expedientes ya fueron investigados por Sindicatura y enviados a la Comisión de Honor y Justicia, donde no se ha determinado; y 16 oficiales a los cuales se investiga para integrar expediente, todos por no reunir los requisitos de permanencia o no aprobar exámenes de confianza.

Al inicio de la actual administración, el alcalde Silvano Abarca le solicitó que apresurara porque había ocho policías no aptos a quienes estaba a punto de vencer el plazo de sus exámenes no aprobados, sin que se les iniciara procedimiento, se le recordó. “Cuatro renunciaron voluntariamente al saber que estaban perdidos, y los cuatro restantes ya están sujetos a procedimientos”, informó.

Respecto a los agentes no aprobados, el síndico rosaritense afirmó que no se trata de gente con relaciones criminales: “Son por no tener escolaridad, antes era secundaria y ahora es preparatoria, por haber entregado certificados falsos y por no tener la Academia policiaca. Es un caso muy reincidente, porque la Policía Comercial les servía de escuelita y cruzaban a seguridad pública. Estamos viendo algún programa especial porque estamos viendo elementos que sí tienen la Academia, mas no la escolaridad. Vamos a ver si se les puede dar alguna oportunidad condicionada”.

Tomás de la Rosa puntualizó que en 2014 se dio entrada a 164 quejas ciudadanas contra oficiales.

MEXICALI: PROBLEMAS CON EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

Del caso Mexicali, el síndico Humberto Zúñiga dijo estar revisando el tema: “Es  muy complicado y luego nos resulta contraproducente, porque si los damos de baja y no cuidamos los procesos en lo Contencioso, que está muy grave ahí la situación, nos dan para atrás, y luego tenemos que pagar cantidades exorbitantes y reinstalar a los oficiales.

“Precisamente estamos revisando ese asunto, yo creo que para la tercera semana de enero nosotros ya vamos a andar buscando cómo resolvemos de fondo, porque en el Juzgado de lo Contencioso, en la mayoría de los casos nos están dando palo por deficiencias que tienen en el propio C3. No quiero continuar lo que han hecho los anteriores, queremos hacer algo de fondo, que nos permita ir sacando de circulación a muchos oficiales que de verdad  no tienen por qué andar en la calle” abundó el síndico cachanilla.

Los agentes no aprobados en Mexicali fueron 90, solo iniciaron procedimiento a 68 y únicamente han dado de baja a tres.

TIJUANA: SOLO OCHO SANCIONADOS EN CINCO AÑOS

En Tijuana, Salvador Gómez, director de Normatividad Municipal, aseguró que Sindicatura ha iniciado procedimientos en contra de 174 oficiales no aprobados. “Solo en septiembre se concretaron 78 expedientes, nosotros iniciamos los procedimientos porque estamos obligados por Ley, y los remitimos a la Comisión Policial, el órgano que determina la sanción correspondiente. Nosotros sugerimos, damos nuestro punto de vista y el cuerpo colegiado toma la determinación correspondiente. Seguimos empujando porque cómo vamos a tener policías reprobados trabajando actualmente”, cuestionó. 

A favor de la Comisión Policial, Gómez refirió que están trabajando mucho en sacar el enorme rezago que dejó la anterior administración, pero que dentro de ese cúmulo de trabajo deberán atender lo presente, pues de no hacerlo, podría ser materia de sanción.

En entrevista otorgada a ZETA (edición 2116, del 17 al 23 de octubre de 2014) por la secretaria técnica de la comisión disciplinaria, Martha Bermúdez, dio a conocer que de  850 asuntos contra policías denunciados entre 2010 y 2014, 597 han llegado a la Comisión -solo 120 son de 2014-, del total, 180 expedientes se tienen por concluidos por incompetencia o muerte de los señalados y en 120 casos se ha declarado inicio, pero el 90% están atorados en tribunales. 

En todo este tiempo, solo ocho policías han sido sancionados, y forman parte del grupo de 15 elementos que fueron suspendidos porque el 15 de abril de 2011 hicieron que una mujer les bailara mientras se desnudaba para dejarla salir en libertad, en la delegación Presa Rural. Así de efectivos.

En cuanto a los 51 policías no aprobados de Ensenada, por las estadísticas del C3 se sabe que Sindicatura inició procedimientos en contra de 47 que siguen en proceso y solo cuatro fueron dados de baja.

En la más reciente entrevista con ZETA, concedida en la primera semana de diciembre de 2014, Bermúdez expresó que durante su gestión, solo un uniformado había sido dado de baja por no aprobar el Examen de Control y Confianza, “pero además, había sido denunciado por ‘quedarse con pertenencias de un  infractor y tener dos sanciones administrativas en menos de un año’”.

Para concluir, aclaró que  la destitución definitiva de un agente es un proceso largo, con la posibilidad de recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para ampararse.

“EL JAVI” ASESINA POR DROGA

Fue en el interior de un barranco, en las inmediaciones del Bulevar San Pedro del fraccionamiento Valle San Pedro, Delegación Presa Rural en Tijuana -cerca del basurero-, donde alrededor de las 3:00 pm del 26 de diciembre de 2014, se localizaron restos humanos.

En el interior de una maleta negra, a tres metros de la vialidad, yacía flexionado el cuerpo de una mujer, amarrado con un cordón azul y cubierto por una sábana. A unos metros, dentro de un tambo metálico negro, se localizó el cuerpo de un hombre, también flexionado, pero sin amarres ni coberturas. Ambos en avanzado estado de putrefacción, con evidencias de haber sido golpeados previo al homicidio.
Contrario a lo expuesto en las primeras noticias, los cuerpos estaban completos, no descuartizados.

La Procuraduría del Estado abrió la averiguación previa 406/14/201 contra quien resulte responsable.

La mujer fue identificada como Nancy Jiménez y murió por traumatismo craneoencefálico y contusión profunda de abdomen. El hombre, hasta ahora solo identificado como “El Joy”,  murió por bronco aspiración secundaria por violencia ejercida sobre el cuello, con maniobras de sofocación.

Las señas particulares del cuerpo masculino son un tatuaje  con la leyenda “MARGARITA en cara externa de muslo derecho, tatuaje con la leyenda ROXANA en cara interna de antebrazo izquierdo, tatuaje con la leyenda JALISCO en cara externa de brazo derecho, tatuaje con la figura de una hoja de marihuana en pectoral derecho, tatuaje el cual solo se le aprecia la leyenda MART en pectoral izquierdo”.

Conforme a las primeras indagatorias, el concubino de Nancy, quien admitió ser narcomenudista, dijo que su ex mujer se dedicaba a vender droga y que originalmente ambos distribuían la droga de “El Javi” y/o “El Gordo”  en zonas del Valle de Las Palmas, pero que en fechas recientes, ella había empezado a vender droga de otros distribuidores, en tanto, él prefirió separarse para no meterse en problemas.

En el caso de “El Joy”, otro narcomenudista de la zona refirió que el occiso comercializaba droga para “El Javi” y/o “El Gordo”, y que los matones de esta célula delictiva lo andaban buscando a él y a otros  “tiradores” para castigarlos por estar vendiendo enervantes de otro grupo criminal sin permiso, y para que les dijeran de quién era la droga que les estaba haciendo competencia.

Ahora las fuerzas operativas buscan a “El Javi”, de quien tienen la descripción física, la ubicación de algunas direcciones de puntos de distribución de droga y casas de seguridad, y la presunta identidad de su jefe “El Chapito”.
Por la zona, presumen podría ser Francisco Javier Mendoza Uriarte, sobrino de Raydel López Uriarte “El Muletas”, pero no descartan que se trate de “El Chapito Trejo”, brazo homicida del recientemente detenido José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, criminal que controla Villas de Baja California.

Debido al incremento de homicidios en la zona, las corporaciones activas del  Grupo Coordinación están contemplando operativos adicionales en esa delegación.

SEGURIDAD PRIVADA, POCOS PROCESOS DE REVISIÓN

Según un boletín emitido esta semana por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el director de Servicios de Seguridad Privada, César Román Díaz López, informó que las 205 empresas de ese giro registradas en la entidad, tienen a 7 mil 200 empleados activos, lo que significa que el número de vigilantes privados superan en 100 elementos más que el total de policías operativos registrados en el Estado, que es de 7 mil 100.

En el texto también se detalla que en 2014,  la Dirección de  Servicios de Seguridad Privada realizó 287 visitas de inspección en las empresas, sancionando a 118 por incumplir con el reglamento, a otra se le retiró el permiso y se clausuraron cinco que operaban de forma irregular.

Además, se reforzó “… el registro y revisión de las armas de fuego utilizadas por empresas de seguridad privada, en este año, en la entidad fueron 410 armas de fuego, a las cuales se les realizaron pruebas de balística, así como la verificación de usuarios que las portan”.

ZETA entrevistó al licenciado César Román Díaz sobre los controles que se tienen establecidos, primero explicó que cada mes, las empresas reportan su nómina, la cual varía. De la regulación de más de 7 mil elementos expuso:

“La persona física o moral que solicita permiso para ejercer el servicio, debe cumplir con obligaciones que marca el reglamento, una de ellas, que sus elementos pasen por los filtros de la Secretaría”. El problema es que en confiabilidad existe un solo filtro.

A pregunta expresa, respondió: “No pasan por los exámenes de confianza, sino la revisión en las bases de datos nacionales para corroborar que no tengan antecedentes penales al momento de ser contratados”.

Entre otros datos dados a conocer en el comunicado, se establece que en 2014 se revisaron los antecedentes de 14 mil 500 aspirantes a guardias,  a  2 mil 887 personas les resultaron antecedentes delictivos. En entrevista, Román Díaz comentó que los rechazados son alrededor del 20 por ciento.

En relación a las empresas sancionadas, el funcionario comentó que en la mayoría de los casos, fue por tener trabajando a gente que no ha sido autorizada ni ha pasado por la revisión de antecedentes; la no actualización de exámenes médicos y cuestiones administrativas.

— ¿Hay alguna otra revisión de la confiablidad de estas personas?

“Hasta ahorita esto es lo que estamos haciendo”, y abundó que tienen planeado establecer una credencialización que se pueda controlar con sistemas de la Secretaría, y programar más vistas de campo.

En cuanto a la “permanente capacitación” que se ha anunciado, tienen estos guardias privados, ésta corre a cargo de las empresas que solo envían informes acreditando el cumplimiento de materias humanísticas y del marco legal.

Respecto a los casos de las empresas de seguridad privada que custodian fraccionamientos o empresas que sin importar la presencia de los guardias, han sido víctimas de robo,  Román Díaz señaló que además de denunciar ante la PGJE, la ciudadanía debe acudir a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que ésta investigue y, de encontrar coparticipación en el delito, la empresa de seguridad sea sancionada.

De las 205 empresas de seguridad privada registradas en Baja California, 99 se encuentran en Tijuana, 75 en Mexicali, 18 en Ensenada, siete en Playas de Rosarito y seis en Tecate.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Rosario Mosso Castro/07 de Enero del 2015 a las 14:20:00)