La
matanza de Tlatlaya ocurrió el 30 de junio de 2014 en un incidente en el que
murieron en total 22 personas. Foto: Especial.
Ciudad
de México, 30 de junio (SinEmbargo).– Hace exactamente un año, la publicación
de un boletín informativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
sobre un supuesto enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes fue
la hebra que, al deshilvanarse, condujo a la historia de una ejecución
extrajudicial sumaria en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de
la distancia impuesta por el tiempo y de las informaciones que en ese lapso se
han ido conociendo, en el primer aniversario de ese hecho aún persisten dudas
sobre qué ocurrió, quiénes son responsables y hasta qué nivel de mando alcanzó
la decisión de encubrir el asesinato de 22 personas –21 varones y una mujer–
sosteniendo que los militares habían actuado en legítima defensa.
Si
bien la noticia de una posible ejecución extrajudicial no fue inédita –dado el
contexto de violencia e inseguridad que desde el sexenio pasado persiste en el
país–, el asesinato de 22 personas en una bodega localizada en la comunidad de
San Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya, representó más que
sólo el hecho concreto de una grave violación a los derechos humanos por parte
de las Fuerzas Armadas, a decir de Guadalupe Correa-Cabrera, doctora en Ciencia
Política y académica de la Universidad de Texas.
En
su análisis, lo ocurrido en Tlatlaya evidenció carencias en el sistema de
justicia, en la transparencia, en la gobernabilidad, así como una falta de
rendición de cuentas por parte de las diferentes instancias de seguridad en el
país.
“Creo
que Tlatlaya fue abrirnos los ojos a lo que estuvo sucediendo y a la falta de
responsabilidad por parte del gobierno para querer esclarecer este tipo de
abusos a derechos humanos; a la protección de las fuerzas federales y
diferentes instancias de seguridad, y a la violación de derechos humanos”, dijo
en entrevista con SinEmbargo.
“Todo
este tipo de prácticas reflejan las limitaciones del sistema de impartición de
justicia y las limitaciones en cuanto a gobernabilidad, la inseguridad, la
falta de un mecanismo del Gobierno federal y los gobiernos locales y estatales
para dar una atención adecuada en estos casos de violaciones graves a derechos
humanos, independientemente de que estemos hablando alegadamente de crimen
organizado […]. Un Estado democrático, un Estado de Derecho debe considerar los
procesos y se les debe investigar a todas las personas que están presentes en
un operativo”, abundó la también jefa del Departamento de Gobierno en la
Universidad de Texas.
El
director en México de la organización Amnistía Internacional (AI), Perseo
Quiroz Rendón consideró a su vez que el caso de Tlatlaya exhibió que la
política de seguridad vigente, que ha recurrido a la militarización de la
seguridad pública, es deficiente y no tiene contrapesos, lo que ha propiciado
violaciones a derechos humanos.
“Refleja
muchas de las carencias que se ven en México respecto a las políticas de
derechos humanos y sobre todo los efectos de una política de seguridad de mano
dura que no tiene controles o contrapesos democráticos”, expresó. “Llevamos
desde el 2006-2007, con una política de mano dura y no vemos que la situación
en términos de seguridad cambie. Más bien lo que hemos visto ha sido que el
tema de inseguridad y la crisis de violencia y de Estado de Derecho ha ido
cambiando de lugares, pero no ha disminuido en términos prácticos”.
Quiroz
agregó que, contrario a lo que pudo pensarse tras la masacre en Tlatlaya, de
que hechos como ese dejarían de ser la regla, se ha mantenido como “patrón”
ante la la inacción de las autoridades, que siguen negando la ocurrencia de los
hechos y la violación de los derechos humanos de las víctimas. Un problema
adicional, consideró, es que la problemática que este hecho representa no forma
parte de la agenda pública.
LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
Foto: Esquire
Tras
el asesinato de 22 personas por parte de militares en una bodega en el
municipio de Tlatlaya, la Sedena dio la versión de que se había tratado de
muertes producto de un enfrentamiento. Casi de inmediato, el Gobernador priista
del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas salió a respaldar esa versión y
aseguró que la actuación de los militares había sido en legítima defensa.
En
un primer momento, una semana después del supuesto enfrentamiento, la agencia
estadunidense Associated Press publicó que en el lugar de los hechos no había
señales de un enfrentamiento. Luego, el 17 de septiembre, el periodista Pablo
Ferri publicó un reportaje en la revista Esquire Latinoamérica en la que refutó
por completo la versión oficial al presentar a una testigo de los hechos, quien
aseguraba que 21 de los 22 asesinados se habían rendido antes de que los
soldados los mataran sin haberlos interrogado. La testigo, que fue identificada
como “Julia”, dijo además que el ataque había dejado a dos jóvenes heridos; a
una de ellos, de 15 años, los militares la habían rematado cuando se encontraba
en el piso.
Desde
entonces, periodistas y ciudadanos han buscado indagar más sobre el caso y han
solicitado información a través del sistema de transparencia gubernamental. La
escasa información que se ha conseguido ha fluido a cuentagotas, enfrentándose
a la resistencia de las autoridades involucradas, a veces respaldadas por las
instancias encargadas de la transparencia.
A
mediados de julio, el comité de información de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM) reservó toda la información sobre
actuaciones, dictámenes y documentos que integran la carpeta de investigación
de los hechos ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio por un periodo de nueve
años, clasificándola como confidencial y reservada.
Luego,
el 9 de diciembre la Procuraduría General de la República (PGR) catalogó como
reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación que
realiza por la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya.
La
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
informó que en octubre había solicitado esa información, pero en respuesta, la
PGR contestó que se habían realizado 11 dictámenes en la investigación pero que
no otorgaría la versión pública de los mismos debido a que era información
reservada por tratarse de una investigación en curso. La PGR reservó esos
dictámenes por 12 años, el máximo periodo estipulado en la ley.
Considerando
lo anterior, la organización civil interpuso el 5 de diciembre un recurso de
revisión en donde solicitó que se hiciera pública la investigación por el caso
Tlatlaya “por tratarse de una violación grave de derechos humanos o incluso
pudiera configurar como un crimen de lesa humanidad”.
La
Procuraduría contestó entonces que la averiguación previa iniciada sobre los
hechos fue “por la probable comisión del delito de homicidio” y que si bien la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido la recomendación
51/2014, “la misma no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos”,
pues en el portal de internet de la CNDH no aparecía en su sección de
“Recomendaciones por violaciones graves” sino simplemente en la sección de “Recomendaciones”.
En
febrero pasado, los reporteros de la extinta Unidad de Investigaciones
Especiales de la “Primera Emisión” de Noticias MVS denunciaron cómo la PGR
había falseado información y desacatado una resolución del entonces Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy convertido en el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai).
Los
periodistas Daniel Lizárraga y Sebastián Barragán refirieron que desde el 6 de
octubre de 2014 solicitaron a la PGR acceso a los peritajes, a través de una
solicitud de información pública. La PGR negó el acceso argumentando que los
documentos estaban reservados por tener datos personales y formar parte de una
averiguación previa en curso.
Sin
embargo, el medio interpuso un recurso de revisión argumentando que no se podía
reservar un expediente que involucraba violaciones graves a los derechos
humanos. Pese a que el 14 de enero el entonces Ifai ordenó a la PGR entregar
versiones públicas de los peritajes, la Procuraduría notificó que no los
entregaría porque habían sido entregados al juez de la causa desde octubre de
2014 y no tenía copia.
Durante
todo el tiempo en que se dirimió el asunto ante el Ifai, la PGR nunca señaló
que no contaba con dicho documento, resaltaron los periodistas. De acuerdo con
el comisionado del Ifai Francisco Javier Acuñas Llamas, quien llevó el caso, la
PGR cometía con ese argumento violaciones al Código Federal de Procedimientos
Penales, al no conservar una copia de la averiguación previa; a la Ley de
Archivos, que obliga a conservar
documentos por el doble de tiempo que se clasifican como confidenciales; y a la
Ley Federal de Transparencia, al reservar información que en realidad no estaba
en sus archivos.
A
finales de 2014 e inicios de este año, el equipo de reporteros tuvo acceso al
expediente que creó la CNDH para investigar el caso Tlatlaya, el cual sirvió de
base para la recomendación que hizo al Gobierno del Estado de México, la Sedena
y la PGR.
Con
esos archivos, la Unidad de Investigaciones Especiales documentó cómo la Sedena
bloqueó a la CNDH el acceso a documentos del Tribunal Militar; que hubo
presencia de dos generales en la bodega donde ocurrió el tiroteo en Tlatlaya,
así como la participación de marinos y un batallón del Ejército que no se
habían revelado hasta ese momento.
Sin
embargo, el expediente no incluía los peritajes realizados por la PGR, los
cuales se negaba a entregar.
Apenas
el pasado 24 de junio, el Inai rechazó la apertura de la averiguación previa
que sobre el caso realizó la Procuraduría Militar. Sin embargo, redujo de 12 a
2 años el plazo de reserva de dicho documento. El proyecto, del comisionado
Francisco Javier Acuña, planteó que por tratarse de delito de “índole de
indisciplina militar” no le era aplicable la causal de apertura por haber
existido una violación grave de los derechos humanos.
Pero
un día después, el Inai ordenó a la Sedena entregar versiones públicas de los
partes militares sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya en 30 de junio de 2014.
Se
trata de los partes militares que dieron el comandante a cargo de los soldados
que participaron en el operativo, el del superior jerárquico a cargo de esos
militares y el del comandante de la 22 Zona Militar a su superior jerárquico.
En
un primer momento, refirió la institución, la Sedena había respondido que no
existían tales partes militares y recomendó al solicitante a consultar los
boletines de prensa emitidos por la propia Secretaría sobre el tema.
Pero
en una respuesta ampliada, la Sedena reconoció la existencia de los partes
militares mas señaló que estaban clasificados como reservados , por formar
parte de una causa penal en curso. Sin embargo, el solicitante se inconformó y
presentó un recurso de revisión ante el Inai, que reconoció que la difusión de
los documentos no causaba un perjuicio serio a la impartición de justicia por
lo que no eran susceptible de clasificarse como información reservada. En
consecuencia, le ordenó a la Sedena entregar la información solicitada.
También
a unos días de cumplirse un año de la masacre, el periodista Gustavo Castillo,
reportero del diario La Jornada, afirmó que existían inconsistencias entre los
peritajes realizados por peritos del Estado de México y los de la PGR, según
había constatado a partir de los peritajes de la PGR y de la PGJEM, entregados
a partir de una solicitud de información, según refirió.
El
reportero descubrió, entre otras cosas, que 11 de las 22 personas asesinadas en
Tlatlaya fueron prácticamente fusiladas y cinco más murieron realizando
“maniobras instintivas de defensa”. Además, las armas de tres víctimas estaban
descargadas.
En
opinión del director de Amnistía Internacional en México, esta resistencia de
las autoridades civiles y militares podría explicarse por la falsa percepción
que existe en éstas respecto a que criticar a las instituciones significa
debilitarlas.
“A
veces pareciera ser que nuestras autoridades se convierten más en guardianes
del statu quo, que en guardianes del bien público. La transparencia y la
rendición de cuentas en este tipo de casos no perjudica, sino todo lo
contrario. Es sólo que no se ha entendido en su totalidad”, consideró.
Pero
para Correa-Cabrera, tal resistencia también podría explicarse por un
“contubernio” entre las diferentes instituciones públicas.
“Se
puede pensar en un contubernio de las diferentes instituciones públicas con el
aval de la cabeza del Estado mexicano y eso es muy preocupante: el que una
instancia no quiera abrir sus archivos, abrir sus investigaciones […]. Podría
hacernos pensar que hay un contubernio que viene de las esferas más altas del
Estado mexicano para no debilitar su imagen, para protegerse ellos mismos, sin
un compromiso con la impartición de justicia, sin un compromiso con el Estado
de Derecho”, expresó.
La
académica estimó que las autoridades estarían apostando a dejar pasar el tiempo
y que el tema se olvide para no tener que pagar los costos personales e
institucionales del caso Tlatlaya.
“Se
está apostando al olvido, se está apostando a que las cosas bajen de nivel, a
que se deje de publicitar, a que los medido se olviden y entonces no se pague
estos costos […]. No se está teniendo la responsabilidad, las investigaciones y
las personas que se pudo procesar por Tlatlaya. Hay huecos, hay preguntas de lo
que ocurrió hace un año, y sigue sin haber respuestas”, expuso.
IMPUNIDAD PERSISTENTE
En
abril pasado, el Grupo de Trabajo Plural de la Cámara de Diputados para
Coadyuvar con las Autoridades Competentes en la Investigación de los Hechos
Ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de
2014, presentó un informe en el que hizo varios señalamientos que revelaban
varios huecos de información sobre lo ocurrido en Tlatlaya.
Dichos
vacíos informativos persisten a la fecha.
Por
ejemplo, a la PGR le pidió dar a conocer públicamente si había iniciado
denuncias, investigaciones penales, procedimientos o recursos administrativos
por la afectación a derechos humanos derivada de la tardanza de 11 semanas en
comenzar las averiguaciones previas por el asesinato de 22 personas.
También
consideró que era necesario que el gobierno mexiquense aclarara por qué la
Procuraduría estatal no investigó la alteración de elementos y el
desplazamiento de cadáveres de su posición original, así como por qué sus
peritos llegaron casi seis horas después de ocurridos los hechos.
Asimismo
le pidió aclarar por qué aseguraba que sus peritajes habían sido “apresurados”
si había tenido 85 días para integrar la averiguación previa, hasta que la PGR
atrajo el caso el 23 de septiembre de 2014.
A
la procuraduría estatal, los legisladores le requirieron conocer si había
turnado a la PGR la investigación contra Cynthia Estefani Nava López y Patricia
Morales Campos –dos de las tres mujeres que fueron encontradas en la bodega y
que supuestamente habían sido secuestradas– como un medio de intimidación, para
evitar que se revelara la verdad, o porque no tenía conocimiento de los actos
ilegales de sus agentes, peritos y ministerios públicos.
El
grupo también pidió aclarar por qué la CNDH declaró públicamente que la PGJEM
le entregó mil 600 fotografías sin que se encontraran fotos detalladas de los
cadáveres.
Además
solicitaron al Gobierno del Estado de México conocer qué funcionarios estaban
bajo procesos administrativos o penales, y si actuaron bajo instrucción o en
acuerdo con autoridades militares o con responsables de alto nivel del propio
Gobierno estatal.
En
el tema de la reparación de daños, este lunes la CNDH emitió un comunicado que
podría dar luz sobre las acciones que la PGR, la Sedena y el gobierno
mexiquense han emprendido en la materia.
De
acuerdo con el comunicado de la CNDH, a la fecha la PGR se encuentra integrando
el desglose de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/161/2014 para investigar
la posible responsabilidad de otras personas en los hechos. La CNDH dio por
cumplido el punto recomendatorio respecto a las violaciones a derechos humanos
de dos víctimas a quienes se les había iniciado un proceso penal. Debido a que
la PGR formuló conclusiones no acusatorias y el Juez de Distrito ordenó la
libertad de las víctimas, se dio por cumplida la recomendación.
En
lo que compete al Gobierno mexiquense, la CNDH apuntó que al brindar cursos de
capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría local y al
colaborar con ella para el registro de las víctimas ante la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV) se daban por cumplidos los puntos relativos a la
garantía de no repetición. De modo que quedarían pendientes las recomendaciones
respecto a la indemnización y la atención médica y psicológica a las víctimas,
así como que se determine ministerial y administrativamente quiénes fueron los
responsables de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
En
lo que compete a la Sedena, ésta informó que comenzó un trabajo con la CEAV
para la reparación de daño y la atención a las víctimas, mientras que para las
medidas de no repetición, ha realizado cursos de capacitación y la observancia
de manuales de actuación. Aún tiene pendiente determinar la responsabilidad
militar de los servidores públicos involucrados.
El
pasado 14 de mayo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas inició las
acciones de reparación integral de daños a los familiares de los
asesinados en el caso Tlatlaya, con base
en la recomendación 51/2014 de la CNDH. Según refirió en un comunicado, preveía
pagar un monto total de más de 50 millones de pesos a las familias afectadas.
Aunque la propia instancia recuerda que la Ley General de Víctimas estipula el
derecho a ser reparadas integralmente, lo que comprendía medidas de
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, sólo
informaba sobe el pago de indemnizaciones mas no de otras acciones para, por
ejemplo, garantizar la no repetición de los hechos.
(SIN
EMBARGO.MX/ Mayela Sánchez junio 30, 2015 - 00:05h)