Hipólito
Gerard Rivero, ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari y cuñado del director del
IMSS… y uno de los empresarios más beneficiados por el gobierno federal, estuvo
en el consorcio al que “le quitaron” la irregular licitación del tren rápido
México-Querétaro, sin embargo, el tamaño de esa pérdida palidece frente a todos
los negocios que sí ha concretado: la administración de Enrique Peña Nieto le
entregó contratos por más de 3 mil millones de pesos en sólo dos años.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Apenas conocido por ser uno de los empresarios a quienes se les
canceló la licitación del tren rápido México-Querétaro, Hipólito Gerard Rivero
es un acaudalado contratista de los gobiernos del PRI, del PAN y de las
izquierdas, beneficiario del nuevo sistema de asociaciones público-privadas,
una garantía de millonarios ingresos a futuro.
La peculiaridad de
sus negocios en el ámbito público se debe a sus cuñados: el ex presidente de
México, Carlos Salinas de Gortari, que estuvo casado con su hermana Ana Paula,
y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio
González Anaya, casado con su hermana Gabriela.
Si hasta ahora el
gobierno de Enrique Peña Nieto le ha entregado al menos 3 mil millones de pesos
en contratos, algunas obras que están en curso de adjudicación podrían
garantizarle 25 años de ingresos millonarios por administración hospitalaria,
con una mínima inversión.
Los lazos de Gerard
son más amplios y van desde la élite industrial regiomontana hasta su
parentesco con los dueños de Televisa: Es hijo de Hipólito Gerard Butler (quien
fue socio del banquero Carlos Abedrop en diferentes negocios), nieto de Bertha
Azcárraga Vidaurreta (hermana de Emilio, Rugiero y Gastón) y del industrial
regiomontano Enrique Rivero.
En lo empresarial,
Gerard se dio a conocer en los rubros de venta de automóviles y construcción de
vivienda. Más recientemente, por la adjudicación de obras públicas y por su
aparente relación con Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), la
empresa de Olegario Vázquez Raña que también acumula contratos de obra y
administración de hospitales.
LOS TENTÁCULOS
En la licitación del
tren rápido México-Querétaro, la empresa de Gerard (Constructora y Edificadora
GIA+A) participaba en consorcio con las empresas China Railway Construction,
Prodemex y Constructora Teya. Esta última es propiedad de Juan Armando Hinojosa
Cantú, presidente de Grupo Higa, famoso por ser el constructor de las mansiones
de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, y del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso.
Pese a la
cancelación de la mencionada licitación, en los próximos días Gerard podría
asumir la operación del Hospital General de Mazatlán, Sinaloa. En garantía, ese
estado comprometería 25% de los recursos del Fondo de Aportación para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) que le corresponden
durante los próximos 25 años.
Y es que para
Hipólito Gerard no hay distingo partidista. En 2008 consiguió la administración
de la Torre Chiapas, con un gobierno surgido de una coalición de izquierdas; el
sexenio panista de Felipe Calderón le entregó el Hospital de Alta Especialidad
de Ixtapaluca, mientras que hoy, el gobernador sinaloense Mario López Valdez,
postulado por el PAN, busca confiarle el Hospital General de Mazatlán.
CONTRATOS MILLONARIOS
En unos cuantos
años, la empresa de Hipólito Gerard ha conseguido contratos millonarios
incursionando lo mismo en obras de infraestructura y arquitectura artística que
en construcción y gestión hospitalaria y carcelaria.
En medio de la
polémica por el maltrato que el gobierno de Felipe Calderón le dio al Palacio
de Bellas Artes (Proceso 1781), se le asignó un contrato de supervisión por 4.7
millones de pesos. Al final la polémica se desvaneció, aunque especialistas en
restauración y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos,
dependiente de la UNESCO) cuestionaron la frivolidad de la restauración que dio
al traste con el diseño del palacio de manera irremediable.
Vendrían luego los
hospitales en Ixtapaluca y Torre Chiapas, para cerrar el sexenio de Calderón
con la construcción de un penal de alta seguridad en Oaxaca, asignada en abril
de 2012 y de la que no existen registros en la plataforma de compras
gubernamentales Compranet ni en el Portal de Obligaciones de Transparencia
(POT). No obstante, diferentes informes periodísticos consignaron que el costo
de esa edificación rondaría los 4 mil millones de pesos.
Ya con Peña Nieto,
los contratos aumentaron, aunque los montos aún son conservadores. En los
primeros días de la actual administración federal, obtuvo 89 millones de pesos
para erigir una unidad en el Hospital General de México.
Paralelamente, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le adjudicó cerca de 40
millones de pesos por remozarle oficinas a finales de 2012.
En septiembre de
2013, el gobierno de Sinaloa le otorgó la segunda etapa de construcción de un
parque temático en Culiacán, por un monto superior a 107 millones. Dos meses
después, se emitió el decreto para asignarle la construcción y operación del
Hospital General de Mazatlán.
La Comisión Nacional
del Agua le asignó la edificación del Túnel Chimalhuacán II por mil 517
millones de pesos. Mientras, la SCT le adjudicó la ampliación a cuatro carriles
del tramo carretero Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México, por un monto
de 156 millones.
Luego de revisar los
registros del POT y de Compranet, es decir, lo que el gobierno transparenta, la
empresa de Hipólito Gerard acumula, en lo que va de la administración, pagos
por 3 mil 29 millones de pesos.
EL ESCÁNDALO SINALOENSE
Las obras realizadas
por GIA+A no siempre han quedado como se esperaba. A la mencionada
inconformidad por el resultado de la remodelación del Palacio de Bellas Artes
se suman los señalamientos de corrupción por la Torre Chiapas y, también por
ese motivo, la cancelación del tren rápido México-Querétaro.
Otro caso es el del
Parque Temático en Culiacán. En entrevista, la diputada local de Sinaloa Imelda
Castro Castro anticipa que ese asunto refleja la mala calidad de las
construcciones del cuñado de Salinas, pues no sólo se excedieron los tiempos de
entrega, sino que la baja calidad de los materiales ya provocó grietas y otras
afectaciones, en un espacio que ni siquiera se ha inaugurado. Pide una
auditoría técnica y financiera.
Aún peor: de acuerdo
con la perredista, se planeó que el proyecto costara 100 millones de pesos, y
las ampliaciones del contrato ya suman 300 millones.
Castro menciona otro
problema: el Hospital de Mazatlán. La historia de esa clínica se remonta al
inicio del gobierno de Calderón, cuando se proyectó la obra. Empero, en 2009 se
cancelaron los recursos federales para fomentar el esquema de participación
entre entidades y particulares.
Fue así que 200
millones de pesos invertidos en la obra quedaron en nada, pues durante cuatro
años se dejó a medio construir. El 21 de noviembre de 2013, nueve días antes
del cambio de legislatura, se aprobaron dos decretos, uno para entregar la
construcción y gestión del Hospital de Mazatlán a GIA y otro para confiarle el
Hospital de Culiacán a Prodemex, la empresa de Vázquez Raña.
El 30 de junio
pasado, los nuevos legisladores se enteraron de lo que estaba pasando cuando el
gobernador Mario Valdez envió una iniciativa de modificación al decreto. Para
Castro, la intención del mandatario es entregarle a GIA y Prodemex no sólo los
recursos destinados a los hospitales, sino las aportaciones del Fondo de Apoyo
a la Salud (Fasa), del Seguro Popular y 25% del FAFEF –esto último como
garantía por una supuesta exigencia de Banobras.
El caso es tan
polémico que incluso legisladores priistas se opusieron a los designios del
gobernador. Uno de los inconformes es el presidente de la Comisión de Salud,
Víctor Díaz Simental, quien, en entrevista, expresa que hace falta información
básica sobre lo que se pretende con esos decretos.
Médico y exdirector
del Hospital General de Culiacán, Díaz apunta que ni siquiera se sabe qué tipo
de hospital se está proyectando, el precio o qué tipo de servicios se están
contratando. Resume: a los legisladores se les pide aprobar la propuesta sin
saber qué implica.
Díaz puntualiza que
no se opone a la construcción de infraestructura. Sin embargo, los involucrados
deben ser muy cuidadosos porque se trata de los primeros contratos de
asociación pública-privada, cuyo fracaso puede implicar un severo revés a ese
esquema.
El caso ha sido
ampliamente documentado por el diario El Noroeste, que ha monitoreado los
montos de inversión:
La inversión inicial
sería de mil 492 millones de pesos; Banobras financiaría mil 116 millones y GIA
aportaría sólo 376 millones. El monto total del contrato es de 5 mil 674
millones, de manera que el gobierno estatal le entregaría a GIA un pago anual
de 239 millones. Dicho en otras palabras: por invertir 376 millones, el
gobierno le dará al cuñado del expresidente Salinas 239 millones anuales
durante 25 años.
LAS REDES
La incursión de
Gerard en el negocio hospitalario público se desarrolló casi a la par de que su
cuñado José Antonio González Anaya ascendiera en el ámbito público hasta asumir
la dirección del IMSS al inicio del gobierno de Peña Nieto.
La coincidencia es
notable, aunque los hospitales (de Ixtapaluca y Mazatlán) no dependen del IMSS,
como tampoco el Hospital General de México, donde Gerard también ha sido
contratado durante los últimos dos años.
Además, entre 2006 y
2010, González Anaya fue director de la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esto es, uno
de los cargos clave para la asignación de recursos en los estados. En ese
periodo, Gerard obtuvo contratos que sumaron más de 7 mil millones de pesos.
Pero la construcción
no es el único servicio que Gerard Rivero le da al gobierno. En el POT se
pudieron localizar 24 contratos con Superautos Universidad, una razón social de
la concesionaria Honda en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, de
la que Gerard es accionista.
La familia Gerard,
de hecho, controla en buena medida el mercado automotriz de la Ciudad de
México, pues es Hipólito Gerard Cortez (en la familia son numerosos los
integrantes de nombre Hipólito y Pablo) quien posee las concesionarias de Ford,
Honda y Peugeot. En comparación con los montos que obtendrá por los hospitales,
empero, los ingresos de las concesionarias son mínimos.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de
Arturo Rodríguez /Proceso/ 2014-12-27)