miércoles, 24 de diciembre de 2014

SE SUICIDA JEFE DE PLAGIARIOS EN CERESO EN CAJEME




Sólo personal de Servicios Periciales de la PGJE ingresó al CERESO, a donde llegaron familiares de algunos internos al conocer el suicidio de quien resultó ser Jancarlo López González, que aparece en vida en la imagen de la izquierda.

Recientemente lo sentenciaron por  el secuestro y la muerte de jóvenes   del Campo 60

Un sujeto que junto con su hermano capitaneaban una banda de secuestradores a quienes se les atribuye el plagio y muerte de dos jóvenes del Campo 60, Valle del Yaqui, se suicidó ayer en la mañana en su celda situada en la planta tres del Centro de Readaptación Social de esta ciudad.

El consumado suicida es Jancarlo López González, de 26 años, quien era originario de Ascensión, Chihuahua. Se encontraba preso desde el 11 de diciembre en que fue consignado por el delito de secuestro agravado y homicidio calificado.

Pese al hermetismo de las autoridades penitenciarias, se estableció que el suicidio fue reportado a las 10:20 horas del C-4 y aunque acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal les impidieron el acceso.

Sólo ingresó personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector tres.

Tampoco se le permitió el paso al licenciado Mario Ríos Lugo, Décimo Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por orden del director del penal Héctor Manuel Goycochea Valenzuela.

Esto, pese a que la Ley 123 de la CEDH está debidamente determinado que no se les puede negar el acceso al lugar tratándose de un asunto de emergencia como era el caso.

Trascendió que López González, quien recientemente había recibido larga sentencia por el plagio y muerte de los jóvenes Miguel Ángel Caballero Esquer y Moisés Reyes García, fue hallado ahorcado en su celda que se localiza en el pabellón sur nuevo de la planta tres del inmueble penitenciario.

Se dijo que utilizó una soga para terminar con su vida después de que ya había cumplido tres años de reclusión junto con trece miembros más del grupo delictivo que lideraba junto con su hermano Arturo López González, de 29 años.


En total la célula criminal proveniente en su mayoría del Estado de Chihuahua y la fronteriza población de Agua Prieta, estaba conformada por 16 personas, entre éstas, dos menores de edad del sexo femenino.

Jancarlos López González, tenía su domicilio en el Ejido Francisco Javier Mina, Campo 60, Municipio de Bácum, sitio donde planearon y ejecutaron el secuestro de Caballero Esquer y Reyes García, el 28 de julio del 2011.

No obstante a que la familia del primero pagó el rescate para que lo liberaran no sucedió así, debido a que el 17 de agosto de ese mismo año los cadáveres de ambos jóvenes fueron hallados sepultados en las proximidades del fraccionamiento San Juan Capistrano, al oriente de Urbi Villas del Real.


(DIARIO DEL YAQUI/ Martín Alberto Mendoza/ Martes, 23 Diciembre 2014 21:04)

PEÑA NIETO: EL GOBIERNO DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD




MÉXICO, D.F. (apro).- La corrupción y la impunidad, con las consecuentes acciones de injusticia, enriquecimiento ilícito y violencia desde el gobierno, son las marcas que Enrique Peña Nieto ha dejado tras de sí desde que era gobernador del Estado de México y ahora como presidente de la República.

Eso, además de su incapacidad para enfrentar los retos más complicados y apremiantes, han traído como consecuencia la crisis de gobernabilidad más profunda de los últimos años, que podría agravarse en los siguientes meses si no se logra solventar los problemas económicos y financieros por los que atraviesa México y que se ven reflejados en la devaluación diaria del peso frente al dólar, la falta de crecimiento económico, el escaso nivel de empleo y la inflación soterrada que día tras día se impone a la canasta básica de millones de familias.

Peña Nieto ha encabezado una serie de reformas a la Constitución, pero ninguna de ellas con beneficios a la sociedad. Al contrario, están destinadas a favorecer a los empresarios nacionales y a las grandes compañías extranjeras, las únicas con posibilidades de sacar provecho a la apertura de los sectores energético y de telecomunicaciones.

Esta serie de reformas constitucionales eran consideradas el logro más importante de su gobierno, pero cuando festejaba su mejor momento en foros internacionales, varios hechos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa y Michoacán, así como los escándalos de corrupción de su esposa Angélica Rivera y del titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, mostraron el verdadero perfil de la administración peñista y su declive en apenas dos años en Los Pinos.

Corrupción, impunidad, violencia e injusticia han sido las marcas de lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que insiste en mantenerse en la burbuja de confort y beneplácito que se construyó con la ayuda de sus aliados, los empresarios de algunos de los medios más poderosos como Televisa.

No es casual entonces que en estos días se declarara inocente de enriquecimiento ilícito a Raúl Salinas de Gortari, y que a Arturo Montiel –tío de Peña Nieto– no se le investigue por la cuantiosa fortuna que sacó de las arcas mexiquenses cuando era gobernador.

Tampoco extraña que se quiera deslindar a la esposa de Peña, Angélica Rivera, de la cuantiosa riqueza que posee en propiedades dentro y fuera de México, como también la tiene el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otros personajes cercanos al presidente emanado del grupo Atlacomulco.

Igualmente que no se haya aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción, con la consecuente Fiscalía que estaría encargada de vigilar los casos de desvío de recursos, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito del gobierno peñista.

Y es que si se aprueba un sistema que vigile e investigue los actos de corrupción del actual gobierno –como de los anteriores–, los negocios personales, las riquezas inexplicables y las transas que cotidianamente hacen funcionarios de todos los niveles se acabarían y muchos de ellos tendrían que ir a la cárcel.

Los signos de descomposición del gobierno de Peña Nieto se han mostrado antes de lo que se esperaba.

Twitter: @GilOlmos
(PROCESO/ ANÁLISIS/  JOSÉ GIL OLMOS/24 DE DICIEMBRE DE 2014)

CASTILLO, EL RESPONSABLE, COINCIDEN HIPÓLITO MORA Y “EL AMERICANO”




LA RUANA, MICH. (Proceso).- Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de esta demarcación, y Luis Antonio Torres, El Americano, comandante de las fuerzas rurales de Buena Vista Tomatlán, señalan al comisionado Alfredo Castillo Cervantes como el principal responsable del enfrentamiento del martes 16.

No es la primera vez, dicen, que se exacerban los ánimos. Ya el 29 de julio pasado hubo un diferendo en el cual hubo por lo menos 14 muertos y Castillo no actuó, pese a que fue advertido con antelación, comenta Mora.

–¿Usted lo alertó? –se le pregunta.

–Desde hace muchos meses. Incluso tengo como testigos a muchos periodistas. Le supliqué que pusiera atención sobre todo al Americano.

Mora afirma que la Gendarmería ya había abandonado la comunidad cuando su gente fue atacada por los seguidores de aquél.

Luego de la confrontación del martes 16 en la que murió su hijo Manolo Mora Moreno, El Americano dijo que todo se inició cuando la Gendarmería abrió fuego contra su grupo.

Y no obstante que hay una grabación donde se escucha cuando ordena el ataque, reitera que él sólo respondió al fuego de los aliados de Mora. “No sabemos qué pasó, qué arreglo tenían los de la Gendarmería con el grupo de Hipólito”, comenta.

Relata que cuando él y su grupo fueron atacados transitaban por la avenida principal de la comunidad, e incluso muestra los impactos de bala que recibió la camioneta en la que viajaba: “Una persona de Hipólito o de las mías no puede dejar impactos de una M60. Tenemos audios y ahí se escucha cómo detonan sus carrilleras. Esas son armas de la Gendarmería”.

El Americano dio su testimonio ante el subprocurador de Apatzingán, Victorino Porcayo, y el subprocurador de Lázaro Cárdenas, José Juan Monroy, horas después que Mora, quien asegura en entrevista que el culpable de todo es el comisionado y aclara que el enfrentamiento no se debió a enconos personales entre él y El Americano.

Cuando el corresponsal le pregunta sobre las fallas en la estrategia del gobierno federal, Mora responde: “Yo no quiero venganza, sino justicia; quiero saber qué pasó y dónde queda el acuerdo (para pacificar la región). Siempre he pedido al gobierno seguridad en la localidad. Si hay un pueblo con alto riesgo de enfrentamiento, ese es La Ruana”.

–Ya le tomaron su declaración. ¿Qué les dijo?

–Ya les explique cómo pasaron los hechos. Les dije a los dos que me la tomaron: “Chingo a mi madre si va una mentira”.

–¿Le preguntaron si disparó?

–Sí.

–¿Qué les contesto?

–La verdad: sí disparé. Lo hice para defenderme. Estoy seguro que no le pegué a nadie… Siempre he aceptado las cosas como son. No me gustan las mentiras.

“Siempre voy a decir la verdad”

Le preocupa, dice Hipólito Mora, que le vayan a inventar delitos e intenten encarcelarlo de nueva cuenta.

–¿Quiénes?

–Alfredo Castillo.

–¿Le tiene miedo por su familia?

–No, no. Ahí está mi familia. Me mataron a mi hijo.

Pese a ello, confirma que seguirá participando sin dejar las armas. “Ni uniforme ni una gorra van a cambiar mi forma de pensar. Yo voy a seguir siendo Hipólito Mora; esté donde esté, siempre con los mismos pensamientos”.

–¿Ha tenido más amenazas del otro grupo?

–No. Ya consiguieron lo que querían: matar a mi hijo.

Con la voz entrecortada relata que solían decirle a sus seguidores: “Prepárense porque está cerca su final”. Yo les decía a los muchachos que no les contestaran. Pensaba que el gobierno se encargaría de detener a los agresores, pero fue inútil.

–El comisionado Castillo insiste en que el del martes 16 no fue un pleito entre autodefensas y fuerzas rurales, sino entre usted y El Americano…

–Yo nunca he discutido con El Americano; nunca le he dicho una mala palabra ni él a mí, a pesar que es la persona que más odio en la tierra. Él también me agarró mucho coraje desde que descubrí que estaba dejando entrar a su grupo a personas cercanas al Chayo, a La Tuta. Él mismo lo ha declarado: hay muchos “arrepentidos” por aquí.

–¿Ha crecido la delincuencia desde que llegó Castillo?

–Ustedes lo están viendo. Todos lo estamos viendo, no sólo quienes vivimos en Michoacán. Todos los días hay decapitados, secuestrados, asesinados. Ahí está el caso de la joven enfermera de Uruapan, quien fue degollada; también las extorsiones, los secuestros, el ocultamiento de la verdad.

“La situación ha empeorado, pésele a quien le pese. Yo siempre voy a decir la verdad, por eso me pasó lo que me pasó. Castillo faltó en su deber de pacificador.”

–¿Cree que él intente fabricarle alguna responsabilidad por el enfrentamiento del martes 16?

–Ojalá no lo haga. Ya estuve dos meses, 65 días en la cárcel injustamente. En esta ocasión lo único que hice fue defenderme.

–¿Identifica por nombre o apodo a quienes iniciaron el ataque?

–No. Era mucha gente, unos 400. No voy a dar ningún nombre para que lo metan a la cárcel. No lo voy a hacer. Hay mucha gente a la que no conozco.

–¿Qué tipo de armamento traía la gente del Americano?

–Lanzagranadas, armas de calibre 50, cuernos de chivo, R-15; AR-15. Hay evidencias. Vinieron los peritos y vieron los impactos.

–¿Fue la Gendarmería la que inició el tiroteo, como dice El Americano?

–No, es mentira. Estos muchachos están haciendo bien su trabajo.

–¿La falta de interés del comisionado ocasionó eso?

–Es posible. Quisiera que no pasara otra vez. Quisiera que el dolor que estoy sintiendo ahorita no lo tuvieran los padres, hijos y amigos de los otros 10 muchachos.

(PROCESO/ FRANCISCO CASTELLANOS J./23 DE DICIEMBRE DE 2014)

AYOTZINAPA: LAS HUELLAS DE LOS MILITARES





MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gobierno federal dice que hará todo por dar con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Pero en los hechos atranca el lugar en que las familias de las víctimas exigen buscar: el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala. Además, la actual administración no aclara las contradicciones que han surgido en la investigación del caso y responde con desdén a las preguntas al respecto –cuando lo hace. Así, las dudas sobre la participación del Ejército se acrecientan.

En un arranque de enojo, impotencia y desesperación, padres y madres de los 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos acudieron el jueves 18 a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para exigir a los militares que les entreguen vivos a sus hijos y los acusaron de su desaparición forzada.

Dos días antes, en una conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación sobre la participación de las fuerzas federales –Ejército y Policía Federal– en el ataque y posterior desaparición de los estudiantes, así como en torno a la obstrucción de las labores de búsqueda.

Estas demandas se basan en las nuevas pistas publicadas por Proceso 1989 en el sentido de que, el 26 de septiembre –a través del guerrerense Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tienen acceso fuerzas estatales y federales, o C4–, tanto militares de ese batallón como policías federales estuvieron enterados de la ruta que seguían los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y de la persecución y cacería que sufrieron en Iguala, donde fueron emboscados y 43 de ellos desaparecidos –actualmente son 42, pues el sábado 6 fueron identificados mediante el análisis de ADN los restos del estudiante Alexander Mora Venancio.

Desde que la PGR tomó la investigación del caso, el procurador Jesús Murillo Karam ha defendido a los militares del 27 Batallón de Infantería –ubicado a kilómetro y medio del periférico de Iguala, donde se realizó el ataque–, a pesar de las evidencias de que los soldados no sólo permitieron que, durante más de tres horas, policías municipales y sicarios agredieran a los estudiantes, sino que cuando los militares salieron del cuartel y encontraron a un grupo de alumnos que se escondía con un herido, los regañaron, amenazaron y ficharon.

Desde el reportaje titulado Inacción militar que olió a complicidad (Proceso 1984) del 8 de noviembre se planteaba que el personal del 27 Batallón no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre y negó atención a los heridos; también se le acusaba de haber obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.

En ese entonces ya había evidencias de que dicho batallón no atendió las denuncias recibidas antes de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías de Iguala y Cocula, y de que tenía una excelente relación con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca –quien dio la orden del ataque, según la PGR. De hecho, el batallón le cedió un terreno a Abarca para su plaza comercial, y la noche de los hechos el alcalde era acompañado por un enviado del 27.

En los medios de comunicación se han manejado varios nombres distintos sobre el militar que acompañaba a Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, al atardecer del 26 de septiembre, cuando los estudiantes se encontraban camino a Iguala y ya eran monitoreados por fuerzas federales y estatales. En ese momento Pineda daba un informe como presidenta del DIF, que fue seguido por un baile.

La mayoría de los medios menciona que el militar que asistió en primera fila al acto de los Abarca fue el coronel Juan Antonio Aranda Flores, comandante desde 2012 del 27 Batallón, oficial formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia, quien se presumía cercano a Abarca, ya que encabezó cerca de cinco actos públicos con él. Sin embargo, al cotejar fotografías, no existe parecido entre el coronel Aranda y el militar que aparece en las fotos del informe.

El diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, por su parte, señaló que el militar presente es el capitán del Ejército Mexicano y oficial de adiestramiento Paul Escobar López. De él no se tienen referencias fotográficas que permitan cotejarlo.

El general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, informó a los diputados que el asistente a la fiesta de Abarca era el coronel José Rodríguez Pérez –quien relevó este año a Aranda en la comandancia de dicho batallón. Empero, su rostro tampoco guarda parecido con el militar fotografiado.

El superior inmediato de Rodríguez Pérez es el comandante de la 35 Zona Militar, el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien el día del lanzamiento del Operativo Tierra Caliente sostuvo una charla con los integrantes del 27 Batallón, en la que dijo a los soldados que estuvieran seguros y tranquilos porque habían actuado bien.

En este semanario se señaló que el militar fotografiado podría ser el coronel de caballería diplomado mayor de la 27 Zona Militar con sede en Atoyac, Juvenal Mariano García, quien es parecido al militar retratado, aunque su base está lejos de Iguala.

La incógnita, por lo tanto, sigue sin respuesta.

Otros señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas los hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares. Posteriormente, una supuesta narcomanta, firmada por El Cabo Gil –lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, involucró con el narcotráfico a un “capitán Barbosa” y a un “teniente Crespo” del 27 Batallón.

En la página de internet del municipio de Iguala existen dos actos en los que un capitán segundo de infantería del 27 Batallón, el inspector militar José Martínez Crespo, acompaña a Abarca. El primero es una ponencia sobre sismos, el segundo fue el sorteo del servicio militar.

Aunque el apellido coincide, no pasa lo mismo con el cargo, y no es posible deducir si la narcomanta se refería a ese militar.

En la respuesta a una solicitud de información hecha a la Sedena en torno al historial de José Martínez Crespo, se señala que en 1987 comenzó su carrera militar como cadete, luego fue subteniente de infantería y, a la postre, capitán segundo de dicha arma. Estuvo asignado a un Estado Mayor de la Defensa Nacional en el agrupamiento de servicios generales, y en 2007 ingresó “a un batallón de infantería”.

Con respuestas del tipo “(permaneció) en un plantel militar” o en “un batallón”, la Sedena evita identificar los lugares concretos en los que estuvo destacado.­

En el portal del municipio de Iguala se exhiben siete actos públicos de Abarca junto a militares. Quienes aparecen son: el coronel Juan Antonio Aranda Flores, el coronel comandante José Rodríguez Pérez, el teniente de Infantería Éder García, el segundo comandante del 27 Batallón y teniente coronel Rogelio Carrera y el capitán segundo de Infantería José Martínez Crespo.

CABOS SUELTOS

Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y pistoleros, no han surgido sólo entre las familias de las víctimas, sino también en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights Watch y Tlachinollan –que en un inicio exigió investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala, pero la semana pasada pidió indagar si tuvo participación directa en los hechos.

El 7 de noviembre, la primera vez que fue cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender a los estudiantes, Murillo respondió: “El Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”.

El miércoles 3, este semanario le comentó la exigencia de los padres para indagar al 27 Batallón. El fiscal informó que el gobierno no buscaría en bases militares a los normalistas desaparecidos:

–Las familias (de los estudiantes desa­parecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron? –se le preguntó tras el lanzamiento en Iguala del Operativo Tierra Caliente.

–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no –respondió.

–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?

–La Sedena es la más preocupada buscándolos, así que sería un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente.

–Entonces no serán buscados ahí…

–No tenemos que buscar lo que sabemos que no está. Es absurdo –insistió.

El 13 de noviembre, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que lo citaron para hablar del tema que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo”, que indica que sólo pueden actuar a petición de la autoridad local, y cuando los militares preguntaron a las policías municipales y estatales si pasaba algo en Iguala, éstas mintieron y aseguraron que “no sucedía nada”.

El miércoles 3, al ser cuestionado sobre la exigencia de revisar las bases militares, Cienfuegos dijo: “Eso depende del gabinete, no de mí”. Guardó silencio y después de unos segundos agregó: “Si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.

El general no ha declarado nada sobre el informe inédito del gobierno de Guerrero obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, en el que queda asentado que, desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzi­napa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal a través del C4.

Aunque se pidió a la Sedena información sobre el papel que jugó en el caso Ayotzinapa, vía la Ley de Información Pública y Trasparencia, ha solicitado prórrogas para responder a esta pregunta.

Según el reportaje firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, publicado en esta revista con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley,­ en el ataque hubo participación de la Policía Federal, con la aquiescencia o colabo­ración del Ejército.

Tras estos señalamientos, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, negó en entrevista televisiva que la noche del 26 de septiembre elementos de su corporación participaran activamente en el ataque, pero admitió que las fuerzas federales sí estuvieron monitoreando el grupo de normalistas desde antes que llegaran a Iguala, y se enteraron de que fueron agredidos a balazos:

“Sí sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.”

(PROCESO/ MARCELA TURATI/23 DE DICIEMBRE DE 2014)