Raymundo Riva Palacio
La violencia, la
inestabilidad y la ingobernabilidad en Guerrero han cambiado el estado de cosas
en México. Ya no se puede hablar de una lucha entre autoridades y opositores.
Guerrero marca un antes y un después tras dos meses y medio de agitación social
y política, que obliga a cambiar las categorías de análisis para entenderlo. En
el estado, la administración de la violencia dejó de ser patrimonio del
gobierno y hoy es de los maestros. Manda y controla quien tiene la mayor
fuerza, porque el modelo que predomina es la ley de la selva.
Para entender
Guerrero hay que leer el Leviatán de Thomas Hobbes, donde el estado natural
encuentra su origen en el miedo y en la necesidad de dominarlo. Todos los
hombres son violentos por naturaleza, afirma el filósofo inglés, porque
utilizan la violencia para satisfacer sus necesidades. Hace un año se planteó
en este espacio que en Guerrero ya se vivía la ley de la selva, porque los
incentivos estaban volteados. Nada se corrigió y el más fuerte avanzó. Lo que
describe Hobbes, que se apega a la cotidianidad en Guerrero, es la condición
anárquica de los individuos.
Los incentivos
volteados están en el cambio de aliados del gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto para impulsar su reforma educativa, encarcelando a la líder del
magisterio, Elba Esther Gordillo, e impulsando a la CNTE, la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, que lleva 40 años de disidencia. El
subsecretario de Gobernación, Luis Miranda –compadre de Peña Nieto–,
responsable real de la política educativa, facilitó su expansión de cuatro a 22
estados, y les dio plazas y recursos, como un método de negociación. Miranda
nunca leyó a Hobbes, que dice que cuando el hombre logra sus necesidades
primordiales a través de la violencia, seguirá utilizándola para sus siguientes
metas.
Guerrero es el
Leviatán de Peña Nieto. El presidente de la República ordena, y la disidencia
magisterial dispone. Esto no es un simple juego semántico. Hace una semana y
media el presidente Peña Nieto prometió que el gobierno se encargaría de que no
habría más bloqueos en las carreteras, y la disidencia magisterial cerró la
autopista del Sol el viernes durante cuatro horas. Vienen más cierres de
carreteras, tomas de instalaciones de gobierno y una huelga nacional al
arrancar 2015.
Cuando le
preguntaron en la prensa al comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo,
si cumplirían con la instrucción presidencial para evitar que los maestros
siguieran estrangulando la economía de Guerrero, y proyectando imágenes de
desorden y ausencia de gobierno ante el mundo, dijo, palabras más, palabras
menos, que harían lo posible. En Guerrero, el gobierno federal está subordinado
a la violencia de la disidencia magisterial. Las autoridades dicen no querer
incendiar más al estado, y la disidencia magisterial, ante su debilidad, eleva
la provocación.
El viernes bloqueó
cuatro horas la autopista del Sol, en abierta burla al presidente de la
República. El sábado, en la Región de la Montaña, sus cuadros dentro del
Movimiento Popular de Guerrero secuestraron a 100 periodistas. La madrugada del
domingo fueron al hotel en Chilpancingo donde se hospeda la Policía Federal y
los sacaron de sus habitaciones a toletazos. En esa capital se enfrentaron con
los agentes y mandaron al hospital a seis, uno de los cuales se debate entre la
vida y la muerte. La respuesta de la Policía Federal fue acudir a la PGR, como
cualquier ciudadano, a presentar una denuncia para ver si el Ministerio Público
atiende su caso. Y para evitar mayores problemas, realizaron un intercambio de
prisioneros con los maestros y los normalistas de Ayotzinapa.
Guerrero les
pertenece. El gobierno tiene 11 órdenes de aprehensión en contra de maestros
por motín, sedición, daños, ataques a las vías de comunicación y transporte,
pero la orden de Miranda es que se congelen. Si una de estas órdenes se
consigna, instruyeron desde Bucareli, el Ministerio Público no debe responder a
la defensa, para que salgan libres. Desde la ciudad de México les siguen
enviando recursos y plazas por fuera de la ley. Con Miranda como la figura
visible, el gobierno está de rodillas.
Lo que quieren los
maestros disidentes es que no haya reforma educativa en Guerrero, Oaxaca y
Chiapas. El gobierno federal dice que eso no sucederá, pero su palabra no tiene
legitimidad ni credibilidad. Hobbes escribió que el fin del Estado es la
seguridad. Los pactos que no descansan en la espada, apuntó hace casi cuatro
siglos, no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre de modo
alguno.
El gobierno de Peña
Nieto está en una contradicción. No quieren emplear la fuerza porque carecen de
legitimidad para hacerlo y porque, objetivamente hablando, en las condiciones
actuales, sería más grave utilizarla, porque lo que han perdido es la
credibilidad política y, en el mundo, respetabilidad. Pero al mismo tiempo, el
desorden, la claudicación ante los maestros y las imágenes de violencia, siguen
desacreditándolo.
¿Cómo resolver esta
crisis que lo ahoga? Una alternativa es entregarle a la disidencia magisterial
la reforma educativa en esos tres estados durante un periodo de transición de
algunos años, y seguirles llenando las arcas de dinero y privilegios. ¿Sería
reconocer la derrota ante la CNTE? No. Sería formalizarla, porque vencido ya
está. Así recortarían sus pérdidas y, quizá, lograr que las imágenes de
violencia desaparezcan ya de los ojos de todos. Cuando no hay gobierno ni
aplicación de la ley constitucional, predomina la de la selva. Guerrero es la
prueba.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 16.12.2014)