martes, 16 de diciembre de 2014

LA 'ESPINA' QUE DELATÓ AL ASESINO DE LA ENFERMERA KASSANDRA BRAVO


Una espina en los tenis del padrastro de Érika ofreció indicios de que podría ser el victimario de la enfermera de 19 años

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre.- La enfermera Érika Kassandra Bravo, de 19 años de edad, fue asesinada el pasado 3 diciembre por su padrastro, Daniel Murillo Sáenz, informó el procurador General de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro.


UNA ESPINA EN EL CALZADO

Una espina en los tenis del padrastro de Érika ofreció indicios de que podría ser el victimario de la enfermera de 19 años.

La joven Kassandra Bravo se había quedado sola en casa la tarde del miércoles 3 de diciembre y tenía que presentarse a las 19:00 horas en una casa de la colonia

El Mirador para cuidar a unos hermanos gemelos recién nacidos.

Su madre y padrastro salieron del inmueble aproximadamente a las 17:00 horas.

A la autoridad le llamó la atención que nadie en la calle la hubiera visto, pues iría vestida de enfermera y tendría que pasar por una zona en que los comerciantes exhiben sus mercancías en la calle. Nadie la observó.



El padrastro dijo que ese día repartió calendarios en diversas zonas de Uruapan. Los agentes le pidieron hacer el recorrido y se mostró nervioso.

Tras una inspección, los agentes encontraron una bolsa en casa de Kassandra  y estaban dentro las llaves de su casa.

Los agentes hicieron una inspección más rigurosa y en el clóset del padrastro encontraron una espina que coincide con la flora en que se halló el cuerpo de la enfermera.

Tras confesar, el inculpado, Daniel Mendieta, de 42 años, ofreció a los policías 10 mil pesos a cambio de no ser relacionado con el homicidio.


(EXCELSIOR/ Redacción/ Fotos: Twitter y Cuartoscuro/ 16/12/2014 06:24)

MUERE HIJO DE HIPÓLITO MORA DURANTE ENFRENTAMIENTO EN LA RUANA


El ex líder de los autodefensas en entrevista para Grupo Imagen Multimedia señaló a 'El Americano' como el autor del ataque; al menos otras 4 personas también fallecieron

MORELIA, 16 de diciembre.- Manuel Mora, hijo del fundador de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora Chávez, murió esta tarde durante un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la fuerza rural de Michoacán.

Los hechos ocurrieron en Felipe CarrilloPuerto, comunidad mejor donocida como la Ruana, municipio de Buenavista.

Vía telefónica, con grupo Imagen Multimedia, el propio Hipólito Mora confirmó la muerte de su consanguineo y de almenos cuatro personas más de su grupo, dijo también que del bando contrario también hubo muertos; el fundador del Movimiento Civil Armado agregó que no van a ceder y prevé más enfrentamientos, acusa a Luis Antonio Torres, alias "el Americano" de haberlos atacado cerca de las cinco de la tarde de este martes.


(EXCELSIOR/ Miguel García Tinoco / Corresponsal/ 16/12/2014 18:26)

SICÓLOGA MATA Y ESPARCE LOS RESTOS DE SU ESPOSO POR LA CIUDAD




Luego de cercenar el cuerpo, envió mensajes desde el celular de la víctima y se internó en un hospital siquiátrico para evitar sospechas

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre.- La Procuraduría General de Justicia del DF consignó a la sicóloga María Alejandra Lafuente Casco al ser acusada del asesinato de su esposo cuyo cuerpo fue cercenado con una sierra eléctrica y abandonado en distintas zonas de la ciudad.

PARTES REGADAS

El pasado 6 de noviembre, fue encontrado el torso sin extremidades en la esquina de las calles Anáhuac y Quintana Roo, colonia Roma, perímetro de la delegación Cuauhtémoc.

El mismo día, por la tarde se localizaron las extremidades superiores e inferiores, sin manos ni pies, en el interior de bolsas de plástico, en la colonia Valle Escondido, en Tlalpan.

La cabeza y las manos de la víctima fueron halladas en el interior de bolsas de plástico, así como una sierra eléctrica, en la casa de la pareja ubicada en la colonia Tepepan, delegación Xochimilco.

La mujer, quien en un principio declaró en calidad de testigo, se contradijo en la investigación al descubrirse que enviaba mensajes desde el celular de su esposo, Allan Carrera Cuellar, para que su familia lo creyera vivo y no denunciara su desaparición.

Las diligencias iniciaron desde el 6 de noviembre, cuando fueron hallados los restos del hombre de 41 años en bolsas negras en calles de la colonia Roma y la delegación Tlalpan.

Luego de que el cuerpo del hombre fue identificado por familiares, elementos de investigación procedieron a practicar una diligencia de inspección ocular en el domicilio de la víctima en la colonia Tepepan, delegación Xochimilco

En este lugar, se encontraron la cabeza y las manos de la víctima en el interior de bolsas de plástico, así como una sierra eléctrica.

Al revisar las habitaciones, los peritos localizaron rastros hemáticos en una de las recámaras y en el baño, además de percatarse que la superficie del colchón y un trozo de la alfombra, fueron cortados para borrar evidencias de sangre.

Entre los elementos de prueba integrados al expediente que determinaron la probable responsabilidad de la cónyuge en el homicidio, se encuentran diversas testimoniales, que ubican a la inculpada en el lugar y hora de los hechos y evidencias que el personal ministerial recabó dentro de las inspecciones realizadas tanto en el interior del domicilio conyugal, como en los lugares de los hallazgos de restos corporales.

Además, pruebas recabadas mediante diversos procedimientos técnicos y tecnológicos, revelaron que la probable responsable pretendía hacer pasar con vida a la víctima, entre sus amistades y familiares, al enviar mensajes de texto desde los teléfonos celulares del hombre, durante el último mes.



Cabe señalar que con el propósito de desviar las investigaciones, la mujer aprovechó su condición de profesionista en psicología para ingresar a un instituto psiquiátrico en calidad de paciente; sin embargo, mediante el cúmulo probatorio reunido, se estableció su probable participación en el homicidio de su cónyuge.

La probable responsable enfrentará proceso penal en el juzgado 69 del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, por la comisión del delito de homicidio calificado en razón de parentesco, bajo la causa penal 247/2014.


(EXCELSIOR/ Filiberto Cruz/ 16/12/2014 11:45) 

PADRASTRO ASESINÓ A LA ENFERMERA QUE APARECIÓ DESOLLADA: PGJ



MÉXICO, D.F. (apro).- Erika Kassandra Bravo Caro, la joven enfermera que fue hallada muerta y con el rostro desollado en Uruapan el 6 de diciembre, fue asesinada por su padrastro, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán.

El sujeto, quien ya fue detenido, es Daniel Murillo Sáenz, de 42 años, quien “confesó haberla golpeado en reiteradas ocasiones y provocarle diversas lesiones en el cuerpo”, detalló el procurador José Emilio Godoy Castro.

Según las investigaciones, el sujeto mató a Kassandra luego de intentar abusar sexualmente de ella. Además, amigos de la víctima declararon que la joven les contó que su padrastro ya la había violado cuando tenía 15 años.

Godoy Castro detalló que los estudios periciales y la necropsia arrojaron que la joven murió por asfixia, pero además fue golpeada por el sujeto.

El funcionario relató que el pasado 3 de diciembre Murillo Sáenz llegó a la casa de Kassandra y sostuvo una discusión con ella, luego la tiró al piso y comenzó a golpearla hasta quitarle la vida.

Media hora después, la subió a la cajuela de un automóvil del servicio público y en él trasladó el cuerpo a un lugar conocido como Las Cocinas ubicado sobre el tramo carretero Uruapan-Los Reyes, donde fue hallado el sábado 6.

El titular de la PGJ, comentó también que algunos cabellos encontrados en la cajuela del automóvil y vegetación hallada en la ropa del padrastro, fueron indicios para sospechar de él.

“Todo indica que fue una sola persona la responsable de los hechos que fueron investigados. Con estos elementos de prueba nosotros vamos a comparecer ante el juez y a exhibirle las evidencias”, advirtió, Godoy Castro.

La Procuraduría michoacana integró una averiguación previa penal por el delito de homicidio. El presunto implicado quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que resolverán su situación legal.

La joven fue raptada el 3 de diciembre cuando se dirigía a cuidar a unos niños, y su cuerpo fue hallado dos días después, con el rostro desollado y con diversas heridas en el cuerpo.

Su muerte generó indignación en Michoacán y movilizaciones en el estado, parte del país e inclusive en el extranjero.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 15 DE DICIEMBRE DE 2014)

LOS DIPUTADOS QUIEREN QUITARLE LA CALLE A LA GENTE


El albazo de la dupla PRI-PAN en San Lázaro el martes 2 no sólo es inconstitucional, pues intenta suprimir el derecho a la manifestación, sino que complementa lo que hicieron en abril de 2013, cuando modificaron la Ley de Amparo, que le cercenó al ciudadano su derecho de reclamación. Activistas pro derechos humanos y legisladores de izquierda documentan las pifias cometidas al desempolvar una iniciativa panista de 2013 para acallar las protestas sociales, justo cuando el país se incendia por la falta de información sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Inmerso el país en marchas multitudinarias para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la renuncia de Enrique Peña Nieto, los diputados del PRI sacaron de la congeladora una reforma constitucional promovida por el PAN desde septiembre de 2013, en un intento de frenar los reclamos sociales.

Ante el fracaso de la estrategia para habilitar leyes estatales que inhibieran la ola de indignación en las calles de las principales ciudades, la dupla PRI-PAN logró aprobar, con el acompañamiento del PVEM y el Panal, reformas constitucionales que abren la puerta a “la represión” y aun podrían allanarle el camino a un régimen policiaco-militar.

Para Jaime Cárdenas, abogado constitucionalista y exconsejero electoral, los cambios a los artículos 11 y 73 de la Constitución aprobados el martes 2 en el recinto de San Lázaro son “gravísimos”. Por principio, dice, se viola el principio pro homine, así como el de libertad de expresión, el derecho de petición, la libertad de asociación y los derechos políticos, contenidos en los artículos 1, 6, 8, 9 y 35 de la Constitución, respectivamente.

Con estos cambios, puntualiza, queda en evidencia “una visión de mano dura y pro empresarial del orden”; primero se cierra a la población “la vía jurídica” para hacer reclamos –al cancelarle su derecho al amparo– y luego se le pretende “limitar la calle”, el derecho a expresar su inconformidad.

“Seguir por este camino abre el paso a la lucha armada a los sectores más radicales, mientras otros se convertirán en resentidos sin libertad”, advierte Cárdenas…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1989 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/  JESUSA CERVANTES/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)

MARINOS Y POLICÍAS FEDERALES, TORTURADORES

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En torno al caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, actas de la Procuraduría General de la República (PGR) prueban que al menos cinco de los supuestos integrantes de Guerreros Unidos detenidos y que declararon contra el exalcalde igualteco José Luis Abarca y contra las policías de Iguala y Cocula fueron previamente torturados por marinos y policías federales.

Sidronio Casarrubias, a quien la PGR señala como máximo líder de Guerreros Unidos, fue detenido el 15 de octubre entre las 21:00 y las 22:00 horas en un restaurante, aunque la procuraduría dijo que fue atrapado mientras circulaba por la carretera México-Toluca. Aceptó ser hermano de Mario Casarrubias, acusado de narcotráfico, pero negó pertenecer al grupo criminal.

La PGR usó su testimonio para decir que entre los estudiantes había miembros del grupo criminal Los Rojos y que estaban armados, así como que el alcalde de Iguala daba al grupo una cuota millonaria bimestral o mensualmente.

Según la dependencia fue Sidronio quien confirmó que los estudiantes estaban muertos, aunque no ofreció pruebas.

Raúl Núñez Salgado, quien tiene una carnicería en Iguala y se dedica a organizar bailes y jaripeos, fue detenido el 16 de octubre cuando salía de un centro comercial en Acapulco. La PGR lo acusa de ser operador financiero de Guerreros Unidos y afirma que “confesó” el pago de sobornos a la policía de Iguala y al alcalde.

En la “fe de integridad física” levantada en la PGR se asienta que antes de declarar, Núñez presentaba más de 30 tipos de lesiones, entre ellas hemorragia interna en los ojos, huellas de golpes en los oídos, moretones de 12 por ocho centímetros en la mejilla, marcas en el cuello y brazos y golpes en las costillas. Por esas contusiones presentó una queja contra los marinos que lo detuvieron.

Carlos Canto, El Pato, profesor de secundaria y propietario del bar La Perinola, fue detenido en Iguala el 22 de octubre a las 03:00 horas por la Marina y la Policía Federal (PF). La PGR lo acusa de delincuencia organizada y de la desaparición de los estudiantes. Fue obligado a declarar contra Núñez Salgado, contra profesores amigos suyos y contra Abarca. El 29 de octubre dijo en su declaración preparatoria que fue torturado con toques eléctricos y golpes por la Marina para declarar con base en una lista de nombres preparada por ellos.

El 7 de noviembre, durante la conferencia de prensa para informar acerca del presunto asesinato y cremación de los normalistas, el procurador general Jesús Murillo Karam presentó el testimonio de otro individuo igualmente apodado El Pato, Patricio Reyes Landa, visiblemente golpeado, quien supuestamente confesó que había matado y quemado a los estudiantes.

INSECTOS ELÉCTRICOS

Francisco Lozano y Eury Flores fueron detenidos el 27 de octubre por la Marina en un departamento de Cuernavaca, Morelos, aunque según los marinos el arresto ocurrió a las 5:00 horas del día 28, cuando interceptaron su coche, donde supuestamente traían armas y cartuchos. Están acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Flores declaró que pertenecía al grupo de Guerreros Unidos y que Núñez Salgado y Abarca también.

Según las constancias de integridad física de la PGR, Flores presentaba hematomas en las costillas, en un ojo y un labio, y dijo querer presentar denuncia contra quien lo golpeó. Lozano tenía una herida en el tórax y las muñecas amoratadas, “y en la parte trasera de la espalda, arriba de los glúteos, se aprecian picaduras, al parecer de algún insecto con terminación puntiforme”… huellas del arma eléctrica con la cual lo atormentaron. Lozano declaró al Ministerio Público que fue torturado por los marinos que lo detuvieron.

Néstor Napoleón Martínez, empleado de contabilidad e hijo de un funcionario de la Secretaría de Salud guerrerense, tuvo la misma suerte. Lo detuvo la PF el 27 de octubre en Iguala a las afueras del Centro Cristiano Nueva Vida. Cuando fue presentado en la PGR tenía al menos 10 lesiones, entre ellas un hematoma de 13.5 por seis centímetros en el vientre y cuatro heridas con costra en el muslo, cerca de la ingle. Acusó de las lesiones a los policías que lo detuvieron y se reservó su derecho a declarar.

La fuente de la PGR a la que recurrieron los reporteros se limitó a responder que esa institución “desconoce los hechos”.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)

EL REGRESO DEL SME


MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 14 de diciembre, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cumplió 100 años de existencia, y está a punto de iniciar una nueva etapa: negocian con la Secretaría de Gobernación la posibilidad de operar las 34 plantas de generación de electricidad que tenía la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), incluidas sus fábricas y talleres.

En entrevista con Apro, Martín Esparza, secretario general del SME, hace un recuento de la lucha que han mantenido desde el 11 de octubre de 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC a la fecha.

“Creo que lo hemos logrado. Contamos con una toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas, fue entregada el 2 de octubre de este año. Logramos que en este proceso de la lucha liberaran a 12 compañeros que teníamos en la cárcel.

“Avanzamos en el reconocimiento de la antigüedad de 996 trabajadores que tenían 23 o más años para obtener su pensión vitalicia y hoy estamos en la mesa de negociación con Gobernación para alcanzar un acuerdo que permita reinsertar laboralmente a los trabajadores”, apuntó.

Esparza comenta que la generación de energía eléctrica dejó der ser una función estratégica con la aprobación de la reforma y de sus leyes secundarias, igual que la distribución y la comercialización.

El gobierno, dice, creó un organismo a través del Centro Nacional de Control de Energía para la Red Nacional de Transmisión y los trabajadores serían empleados de confianza sin derecho a prestaciones laborales.

Esa es, subraya, la nueva cultura laboral de este país.

Y ante ese escenario, prosigue, creemos que podemos alcanzar una negociación parcial.

–¿En qué consiste esa negociación?, se le pregunta.

–Tiene que ver con una combinación de empresas público-privadas. Capital social que es del SME. Decimos que las 34 plantas de generación de Luz y Fuerza podemos recuperarlas mediante una empresa de generación eléctrica, que pueda ser operada por los trabajadores.

Martín Esparza recuerda que 15 mil electricistas no aceptaron la liquidación y se mantienen en lucha después de cinco años.

“Todas las fábricas y talleres son áreas de oportunidades para abastecer el mercado nacional e internacional de productos y servicios. En este esquema que nos plantean (las autoridades) de una cooperativa se puedan incorporar actividades como la distribución, transmisión y comercialización. Si bien se van las van a concesionar a empresas privadas, podemos pujar por una concesión a partir de que tenemos un Registro Nacional de Industria”, dice.

Con ello, sostiene, el SME puede firmar con estas empresas contratos colectivos de trabajo en cualquier parte del país y con cualquier empresa del ramo. En este caso, compartió el nombre del europeo Consorcio Fénix, como una de las empresas con las que podrían llegar a un acuerdo.

El dirigente del SME confió en que antes de su asamblea por su primer centenario de vida puedan concretar la constitución de un esquema de empresa de generación eléctrica, incluida Necaxa, y con cooperativas en fábricas y talleres.

A la distancia, Esparza tiene claro que, con la extinción de LyFC, el gobierno “buscó acabar con las conquistas históricas de los trabajadores.

Es más, asegura que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha sabido manejar a la extinta compañía, en parte por las corruptelas. Puso como ejemplo la zona centro del Distrito Federal, donde invirtieron mil 200 millones de pesos para cambiar la red eléctrica, pero aclara que es disfuncional.

“Tenían presupuestada una inversión de 300 millones de pesos en la red subterránea del Centro Histórico, pero tuvieron que invertirle mil 200 millones”.

Sobre lo que viene, el líder sindical cuenta que la Secretaría de Gobernación les presentó un esquema que evaluaron con la asamblea general y esperan próximas reuniones para alcanzar acuerdos concretos. La siguiente asamblea es el próximo miércoles 17

LA EXTINCIÓN

El 11 de octubre de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC. El procedimiento no fue el adecuado: debió iniciarse con una mesa de negociación entre el gobierno y el sindicato sobre la decisión de liquidar; luego, terminar las relaciones laborales y comenzar el proceso de liquidación. Posteriormente, publicar el decreto y, en caso de que los trabajadores no estuvieran de acuerdo, resguardar las instalaciones.

Pero se hizo todo en orden inverso: en primer lugar, la policía intervino las instalaciones; luego, el gobierno publicó el decreto de extinción y comenzó a liquidar a los sindicalizados y a negociar con el SME, y, finalmente, dio por terminada la relación laboral con éste.

Por eso, el sindicato comenzó a desplegar acciones de resistencia, a las que se sumaron decenas de organizaciones, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano, el PRD, campesinos, maestros, estudiantes y obreros.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del SME en 2009– estuvo la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro (LFC), para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.

El plan se fraguó en julio de 1999: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.

En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.

Desde el 2000, el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: 2003, 2005 y 2007. Finalmente, el 16 de mayo de 2008 comenzaron los trabajos para la instalación de la red, pero el SME lo impidió.

El 30 de junio de 2009 el entonces director de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Jorge Gutiérrez Vera, y Esparza, en su carácter de secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones. Presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LyFC cuenta con capacidad para operar la red.

El documento proponía un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.

En ese entonces, Esparza comentó que la utilización de este sistema con la infraestructura de LyFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LyFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.

Sin embargo, afirmó, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista, Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba, S.C. (Proceso 1719).

EL SALDO DE LA EXTINCIÓN

Martín Esparza afirma que en los últimos cinco años muchos de los trabajadores liquidados han sufrido una merma en su calidad de vida y la de sus familias, unos porque han tenido que laborar en el sector informal y otros porque han enfermado. También tienen registros de extrabajadores con depresión y seis suicidios.

“A partir de que te quitan el único patrimonio que tienes, que es tu trabajo, con un nivel de vida que te permitía si no vivir holgadamente, sí con estabilidad”, dice.

Incluso cuenta que tras la extinción los trabajadores fueron “boletinados”. Cuando buscaban emplearse en otra empresa y ésta veía que se trataba de un extrabajador de LyFC lo descartaban.

“Ha sido una lucha de más de cinco años muy difícil. No enfrentamos a una empresa, sino a un gobierno. A un gobierno que no obedece a los intereses de los trabajadores ni de los mexicanos, que está obsesionado con acabar con los derechos humanos fundamentales de los electricistas, mineros, pilotos y sobrecargos de Mexicana, de todo mundo”.

En la actualidad, dice, todos los mexicanos tenemos al mismo enemigo: Una clase política gobernante que no tiene cultura y que obedece a los intereses de las multinacionales. Un escenario similar al de hace cien años, cuando nació el SME.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ROSALÍA VERGARA/ 15 DE DICIEMBRE DE 2014)

AYOTZINAPA: EL MISTERIOSO “CAPITÁN CRESPO”


MEXICO, D.F. (apro).- Junto con el derrumbe de la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición y exterminio a lumbre de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el amarre de la hipótesis sobre la participación de la Policía Federal y del Ejército en este crimen que implica al Estado, un personaje es clave en la trama: El “capitán Crespo”.

El “capitán Crespo” es a quien un tal “cabo Gil”, supuesto lugarteniente de Sidronio Casarrubias Salgado –presunto líder de Guerreros Unidos–, señaló como uno de los militares vinculados al narcotráfico, según escribió en una manta colocada en Iguala el 30 de octubre y dirigida a Peña, en la que aseguró también que los normalistas “están vivos”.

El “capitán Crespo” es también el militar que se presentó la noche de la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre, en la comandancia de la policía de Iguala, a donde supuestamente habían sido llevados los jóvenes, según la versión del procurador Jesús Murillo Karam, puesta en entredicho en muchos de los aspectos con información rotunda.

El “capitán Crespo”, de acuerdo con el reportaje publicado por el semanario Proceso firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, llegó acompañado de 12 militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en ese municipio de Guerrero, según la declaración ministerial del juez de barandilla de la base de la policía municipal de Iguala, Ulises Bernabé García.

“Crespo habló con el juez de barandilla, Ulises Bernabé García, y con el pretexto de buscar ‘una motoneta blanca’ se metió a inspeccionar las celdas, oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que después de que se supo de la desaparición de los estudiantes les pareció más sospechosa”.

¿Quién es ese misterioso “capitán Crespo”? Es el capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, adscrito efectivamente al 27 Batallón de Infantería y asiduo asistente a las ceremonias públicas del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez.

El capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, aparece en numerosas fotografías oficiales del ayuntamiento de Iguala junto al alcalde preso, pero también junto al jefe de la policía, Felipe Flores Velázquez, preso también por supuestamente estar coludido con Guerreros Unidos.

Por ejemplo, el capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, asistió, el 6 de noviembre de 2012, a la presentación del libro “Sismos y Espacios Seguros”, del geólogo Jesús Lara Castrejón, junto con Abarca Velázquez y otros miembros del ayuntamiento.

Ese mismo día el capitán segundo de Infantería, inspector militar, José Martínez Crespo, participó, junto con el alcalde Abarca Velázquez y Flores Velázquez, en el sorteo del Servicio Militar Nacional.

La versión del gobierno de Peña es que el Ejército y la Policía Federal no intervinieron en el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pero el reportaje de Proceso de esta semana acredita que no sólo fueron omisas estas dos instituciones, sino que el ataque a los jóvenes fue orquestado y ejecutado, en efecto, con su complicidad o franca colaboración,

Y ahí el “capitán Crespo”, que en realidad es el capitán segundo de Infantería, inspector militar, José
Martínez Crespo, es un personaje clave que está obligado a hablar, no a amenazar ni a proferir bravuconadas como sus jefes militares y civiles…

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

(PROCESO/ÁLVARO DELGADO/ 15 DE DICIEMBRE DE 2014)

“DIOS ME PIDIÓ GUIAR A SU PUEBLO”: NUEVO DIRECTOR DE LA LUZ DEL MUNDO


Miles de feligreses acuden al templo La Luz del Mundo en Guadalajara tras la muerte de su líder. Foto: Rafael del Río
Miles de feligreses acuden al templo La Luz del Mundo en Guadalajara tras la muerte de su líder.

MÉXICO, D.F., (apro).- El nuevo líder de la Iglesia Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, es nieto del fundador de dicha congregación, Eusebio Joaquín González, e hijo de su recién fallecido dirigente, Samuel Joaquín Flores, por lo que el liderazgo de esa asociación religiosa siempre ha estado en manos de esa misma familia originaria de Jalisco.

El pasado 14 de diciembre, durante su primer mensaje como nuevo director internacional de la Luz del Mundo, Nassón Joaquín señaló ante 600 mil feligreses, que fue Dios quien le dio ese cargo.

Relató que, en la soledad de su habitación, adolorido por la muerte de su padre Samuel Joaquín, pidió consuelo a Dios, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: “¿Por qué pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo?”

Nassón dijo que se asustó, que cayó de rodillas y después volvió a escuchar la misma voz que le ordenó categórica: “Tú estás al frente de mi pueblo”.

Luego fue preguntando a cada sector de la Iglesia Luz del Mundo –ministros, diáconos, hermanos, etcétera—si creían en ese mandamiento divino. Y todos se dijeron convencidos y lo aceptaron como su nuevo líder.

De esta manera, Nassón Joaquín, oriundo de Guadalajara, de 45 años de edad y quien se desempeñaba como ministro de la Iglesia en Santa Ana, California, asumió el liderazgo que tuvieron su abuelo y su padre, quien falleció el pasado 8 de diciembre.

Queda en sus manos una Iglesia con cinco millones de fieles en todo el mundo, con presencia en 50 naciones. En México cuenta con 1.5 millones de adeptos. Y su sede internacional se localiza en la colonia Hermosa Provincia, de la ciudad de Guadalajara.

En julio de 1943, Eusebio Joaquín González –oriundo de Colotlán, Jalisco, y abuelo del actual dirigente—tuvo una revelación divina que le ordenó fundar una Iglesia en México. Y así fue como fundó Luz del Mundo en la ciudad de Guadalajara.

Al morir Eusebio Joaquín, en junio de 1964, el liderazgo religioso recayó también por intermediación divina en manos de su hijo Samuel Joaquín, que entonces era un joven de 27 años de edad.

Samuel Joaquín y su esposa Eva García tuvieron siete hijos. El quinto de ellos es Nassón Joaquín, el recién ungido director internacional de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo, que es el nombre completo de esa asociación religiosa reconocida por la Secretaría de Gobernación.

El pasado 14 de diciembre, el vocero de la Iglesia, Eleazer Gutiérrez, dio a conocer así la elección del nuevo “apóstol”:

“El alto Dios manifestó a su Iglesia el inicio de la administración del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nassón Joaquín García. Yo quisiera comentar que la elección apostólica es un acto soberano de Dios”.


(PROCESO/ RODRIGO VERA/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)

LA PGR HA EXHUMADO 28 CUERPOS EN FOSAS CLANDESTINAS DE GUERRERO


IGUALA, Gro., (proceso.com.mx).- La subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR), Ileana García Luna, informó que hasta la fecha han sido exhumados 28 cuerpos de fosas clandestinas ubicadas en distintos puntos de esta ciudad.

Durante una reunión con familiares de desaparecidos en la parroquia de San Gerardo, la funcionaria federal indicó que personal de esta dependencia ha registrado 226 denuncias de personas desaparecidas.

También dijo que en menos de un mes han recolectado 470 muestras de sangre de familiares para integrar una base de datos de ADN.

La titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR‎ presentó un informe sobre las labores de peritos tras el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas que ubicaron familiares de desaparecidos desde el domingo 23 de noviembre en este lugar.

Informó que los peritos de PGR han inspeccionado 28 fosas clandestinas en diferentes cerros de Iguala; en 12 de ellas se han exhumado 28 cuerpos y las labores de búsqueda de restos humanos continúa, porque se siguen reportando zonas convertidas en cementerios clandestinos.

De manera paralela, padres de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa‎ y miembros de diferentes organizaciones sociales organizaron un foro denominado “Primer encuentro de familiares de víctimas de desaparición forzada de Iguala y Ayotzinapa” con el propósito de conformar un frente común para exigir justicia por el caso.

El encuentro se realiza en el auditorio municipal de Iguala, ubicado a un costado del ayuntamiento que fue destruido y quemado tras la barbarie registrada en este lugar.


(PROCESO/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)

CITA THE GUARDIAN A PROCESO: “EL GOBIERNO FEDERAL SUPO EN TIEMPO REAL DEL ATAQUE A ESTUDIANTES”


MONTERREY, N.L. (apro).- El diario inglés The Guardian retomó hoy en su página de internet la información publicada por el semanario Proceso en el número que está en circulación (1989) sobre la participación activa de policías federales en el ataque a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado.

El texto de Jo Tuckman dice que las autoridades federales conocieron en tiempo real el ataque a un grupo de estudiantes normalistas  de parte de “policías corruptos”, y que se abstuvieron de intervenir para evitar la desaparición y posible masacre de 43 de ellos.

La información publicada por la revista Proceso, subraya, está basada en documentos confidenciales y desata la furia pública ante la insistencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de alegar que las fuerzas federales no tienen responsabilidad compartida por el incidente ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Hasta ahora, prosigue, 79 personas han sido detenidas por el presunto homicidio masivo y todos están relacionados con una red de corrupción que involucra a políticos y policías locales, así como miembros del cártel de Guerreros Unidos.

Padres de los estudiantes desaparecidos alegan de manera permanente que la policía debió saber lo que ocurrió durante el ataque y les reprochan su omisión al no defender a los normalistas procedentes de la comunidad de Ayotzinapa.

En el reportaje escrito por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher y titulado “La verdadera noche de Iguala!, se presenta una historia alterna a la oficial de los acontecimientos de la noche trágica de Iguala, en el que revelan, de acuerdo con documentos y testimonios presenciales, que varias corporaciones policiacas supieron del ataque a los estudiantes y no intervinieron.

La nota digital de The Guardian señala que los documentos publicados por Proceso dan cuenta detallada de los registros que llevó el centro de comando denominado C4 de los movimientos de los estudiantes, desde que dejaron la escuela en Tixtla y su travesía de dos horas a Iguala. Según la revista mexicana, el C4 informó al comando de la Policía Federal establecido en Iguala de la llegada de los jóvenes a la central de autobuses a las 9:22. Unos 20 minutos después, el C4 reportó del tiroteo, lo que desencadenaría la racha de violencia que duró horas.

De acuerdo con el reporte del diario británico, la periodista Hernández reportó a la cadena MVS Noticias Radio: “Cuando vemos que el gobierno federal y estatal seguía a los estudiantes desde que dejaron la escuela en Ayotzinapa, se vuelve difícil pensar que todo lo demás que ocurrió fue un accidente”.

Enrique Galindo, comandante de la PF, dijo que no hay evidencia que señale que los agentes participaron en los eventos del 26 de septiembre.

Los señalamientos de Proceso ocurren después de que un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México cuestionara la versión oficial de los hechos, dice el rotativo europeo.


(PROCESO /LUCIANO CAMPOS GARZA/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)

PIDEN AL SAT CONFIRMAR VERACIDAD DE DATOS QUE DIO ‘LA GAVIOTA’ SOBRE LA ‘CASA BLANCA’


MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado lunes 15 el abogado Luis Pérez de Acha y el director de Artículo 19, Darío Ramírez, entregaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un escrito con una petición expresa: “confirmar si la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos de 2010 hecha por Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, es verdadera”.

El asesor legal de las organizaciones Mexicanos Primero y Causa en Común explicó que el propósito de dicha gestión es aclarar todo lo relacionado con la “Casa Blanca”, luego de que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, dio por cerrado el asunto. “Ya se aclaró lo que se tenía que aclarar”, dijo hace unos días.

Sin embargo, Pérez de Acha no piensa lo mismo y, junto con Darío Ramírez, buscan transparentar la adquisición del inmueble.

“No podemos dar los casos por cerrados. Puede estar cerrado mediáticamente, pero no legalmente”, sobre todo, porque existe la sospecha de tráfico de influencias y corrupción”, dice el litigante.

En la solicitud presentada al SAT exponen que ante “indicios de que se cometieron delitos”, dicho organismo es la institución que puede “verificar si fueron pagados en tiempo y forma los impuestos correspondientes al ingreso de 130 millones de pesos que, de acuerdo con su declaración recibió Angélica Rivera; también, si las fechas, retenciones y tipo de declaración reportados en la documentación que hizo pública son verdaderos”.

Pérez de Acha prevé que el SAT se negará a atender la petición apelando al secreto fiscal, pero “sostenemos que el secreto fiscal no existe en este caso porque la señora publicó su declaración, y por el hecho de ser pública ya no es secreta”, señaló en entrevista.

Además, dice que la solicitud no es para conseguir los documentos que “no hayan sido ya dados por Angélica Rivera”. Lo que buscan es, reitera, que el Servicio de Administración Tributaria “confirme que esta información es verdadera o no”.

De acuerdo con el abogado, la necesidad de conocer esa información es porque, al igual que la duda que se generó por el supuesto pago de 130 millones por su trabajo como actriz de televisión, Rivera muestra documentos sobre el pago de impuestos, pero “son fotocopias” y “no cuadra en la misma información fiscal con la información pública que dio la señora”.

Asimismo adelantó que ante un escenario con la negativa del SAT, prepararía un juicio de amparo ante los tribunales federales para avanzar legalmente hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la envergadura del tema y porque la “pareja presidencial está involucrada y está en suerte su prestigio, si no su inocencia”.

“Nadie puede apuntar una inocencia cuando todos los elementos le apuntan en contra”, insistió Pérez de Acha.

Aunque el abogado consideró que Rivera “terminó siendo de alguna forma víctima de un establishment podrido del sistema político mexicano”, sí tiene obligaciones qué cumplir. Contrario al argumento de que al tener un cargo honorario en el DIF, pues no recibe salario, no está obligada a hacer pública su declaración patrimonial, hay legislación que sí la obligaría.

De acuerdo con el convenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la corrupción, “para efectos de los tratados internacionales, son funcionarios públicos aquellos que ocupen cualquier puesto, aunque no cobren”, por lo que la justificación de Presidencia “carece de sustento jurídico”, subrayó el profesor de la Escuela Libre de Derecho.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)

TEXTO DE PROCESO APUNTA A “CRIMEN DE ESTADO” EN CASO IGUALA: GENERAL GALLARDO


COLIMA, Col. (apro).- La revelación aportada por la revista Proceso sobre la participación del Ejército y la Policía Federal (PF) en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa fortalece la hipótesis de que se trató de un crimen de Estado, por lo que “va a ser muy difícil que se aclare”, consideró el general José Francisco Gallardo Rodríguez.

No obstante, estimó que la presión internacional puede contribuir a la resolución de este caso, pues “al gobierno de la República, al Ejército y a todas las instituciones les conviene que este asunto se aclare y que los responsables se confronten ante la justicia; esa es la única solución, no hay otra”.

Gallardo, quien estuvo casi nueve años en una cárcel militar por haber propuesto un ombudsman para los miembros de las fuerzas armadas, dijo que desde antes de la aparición del reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher él había dicho muchas veces que “la única forma como se puede hacer un evento de esa magnitud (el operativo contra los estudiantes) es con la colusión y participación del Ejército, pues Guerrero es el estado más militarizado de la República, además de que hay una alta presencia de la Policía Federal”.

En entrevista con Apro, el militar retirado explica: “Era imposible que el Ejército no se diera cuenta; los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional tienen monitoreado cualquier movimiento que haga la disidencia, en este caso concreto los estudiantes de Ayotzinapa; el Ejército sabe en tiempo real a dónde van, si tomaron un autobús o no, y en un momento dado está en posibilidad el Ejército de haber evitado esta desaparición”.

También calificó como ilógico que a pesar de que los jóvenes fueron detenidos frente al cuartel, el titular de la Sedena dijo que esa institución no tenía conocimiento de esa acción.

“Ahora ya salió que sí tenían conocimiento y que había una comunicación estrecha, como la hay en toda la República, del Sistema Nacional de Seguridad Pública hacia los mandos militares o hacia los cuarteles; tan es así que el C4 estaba en comunicación directa con el comandante del 27 Batallón de Infantería”.

De acuerdo con el general Gallardo, lo que debe hacerse es romper el “manto de impunidad”, pues “aquí queda claro que hay una colusión por parte de las autoridades militares o civiles que permitieron que sucedieran estos hechos, sea por omisión o por acción”.

Las reformas que se hicieron al fuero de guerra en abril pasado, abundó, deben llevar a que el alto mando de la Sedena ponga a disposición de la autoridad civil a todos los militares involucrados en este asunto, porque en las reformas al artículo 13 de la Constitución quedó establecido que cualquier elemento castrense que viole derechos humanos, como es el caso, debe ser juzgado por la autoridad civil, pues de lo contrario podrían ser encubiertos por la autoridad militar.

Además, puntualizó, los mandos militares no pueden eximirse de responsabilidad por lo que hacen o dejan de hacer sus subordinados, ya que las leyes internas del Ejército señalan que el mando es responsable de la organización y la operación de sus tropas.

A juicio de Gallardo Rodríguez, a raíz de los hechos de Iguala se deben revisar las políticas encaminadas al sistema de seguridad pública en Guerrero y, por otro lado, revisar los procedimientos sistemáticos de operación que tiene el Ejército en torno a este tema, ya que está cumpliendo fuera de los cuarteles una función que es asunto de la exclusiva competencia de la autoridad civil.

“Se tiene que ver también cuáles son las órdenes que tiene el personal militar asentado en Guerrero, y a nivel nacional creo que es lo mismo, y cómo deben operar en una situación en la que estamos viviendo actualmente en México, especialmente Guerrero, debido a que esas políticas son elaboradas en el Estado Mayor de la Sedena y devienen de una información, concepción y operación de la seguridad pública a escala nacional”, expuso.

Para que no se repita una situación como la de Iguala, José Francisco Gallardo propuso una reforma legal para quitarle al Ejército la función de orden interno, pues el mexicano “es uno de los pocos ejércitos o el único en América Latina que tiene funciones de orden interno, es decir, de policía”.


(PROCESO/ PEDRO ZAMORA BRISEÑO/ 16 DE DICIEMBRE DE 2014)

“SINALOA NECESITA ORDEN”: MALOVA


La prohibición de bloquear calles, anunciada en días pasados por el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, es con el objetivo de “poner orden” en la entidad, argumentó el mandatario.

Cuestionado sobre cuál será el castigo para los bloqueos de calles que realizan las autoridades en eventos oficiales, como el de la mañana de este lunes al inaugurarse la calle Mariano Escobedo en Culiacán, López Valdez pidió a los medios no confundirse.

“A ver, no se confundan, creo que ustedes y todos no queremos que en Sinaloa se pongan de moda esos eventos que se observan allá en Guerrero, que se observan en el DF y yo creo que Sinaloa necesita orden y ojalá ustedes nos ayuden para que entiendan que el llamado va en ese sentido”, respondió López Valdez.

La semana pasada un grupo de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos del Hospital Pediatrico de Sinaloa salieron a las calles para exigir una solución a sus demandas laborales.

La respuesta llegó a través de la Policía Ministerial quien les exigía retirarse o los detendría, horas después de que los médicos  liberaran la calle, López Valdez anunció que se abrirían averiguaciones previas por el delito de ataque a las vías de comunicación

Pero la mañana de este lunes, el procurador de Justicia Marco Antonio Higuera Gómez informó que se había dialogado con los galenos y no habría sanciones penales.

Sin embargo, fue enfático al advertir que no habrá tolerancia para los bloqueos.

La medida de López Valdez surgió después de que un grupo de ejidatarios cerrara el bulevar Pedro Infante, afuera del Congreso del Estado, para exigir  a los diputados que se dictaminara la municipalización de ElDorado.

Horas antes, un policía estatal tomó un carril del mismo bulevar en protesta por su despido y falta de liquidación.

Ese mismo día, en Mazatlán, un grupo de padres de familia cerró la carretera internacional como medida de presión para obtener una clave escolar.


(RIODOCE/ MIRIAM RAMÍREZ/ diciembre 15, 2014)

RECHAZA MURILLO KARAM QUE LA POLICÍA FEDERAL HAYA PARTICIPADO EN ATAQUE CONTRA NORMALISTAS


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, negó que la Policía Federal esté involucrada en la muerte de tres normalistas y la desaparición de 43, como publicó la revista Proceso en su edición 1989.

“No es cierto, absolutamente, no es cierto que la Policía Federal haya intervenido, hay muchas aseveraciones que no tienen sustento alguno” refutó el funcionario en entrevista con MVS Noticias.

El semanario Proceso publicó que la noche del 26 de septiembre la Policía Federal orquestó el ataque contra los normalistas, en complicidad con el Ejército.

En respuesta, Murillo Karam reviró: “No, al Ejército lo acusaron primero de que no se quiso meter y ahora ya lo quieren acusar que se metió”.

El funcionario aseguró que algunas personas “tienen interés” en que el caso no sea resuelto; a la vez, defendió que la PGR ha emprendido “una investigación muy profunda, muy grande y con muchas evidencias”.


(RIODOCE/ REDACCION/ diciembre 16, 2014)

INVESTIGACION DE PROCESO SOBRE AYOTZINAPA MERECE RESPUESTA INMEDIATA: ARISTEGUI

(RIODOCE/PROCESO/ 16 DE DICIEMBRE 2014)

ES EXONERADO RAÚL SALINAS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO


Raúl Salinas de Gortari fue exonerado en definitiva del delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el diario Reforma, al resolver la apelación interpuesta por el procurador Jesús Murillo Karam, el Tercer Tribunal Unitario Penal del DF consideró que la PGR no acreditó que el incremento de la riqueza de Salinas sea producto de actos de corrupción como funcionario.

El fallo representa el final de 19 años de acusaciones penales contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas.

La PGR apeló la sentencia absolutoria dictada el 19 de julio de 2013 por el juez federal Carlos López Cruz, cuyo fallo fue ratificado.

La presunción de la PGR era que el enriquecimiento provenía de la partida secreta de la Presidencia, de la que se desviaron 2 mil 218 millones de pesos entre 1990 y 1994 por órdenes del entonces director de Administración de Los Pinos, Ernesto Sentíes, muerto en 1998.

(Eje Central)

(RIODOCE/ REDACCION/ diciembre 16, 2014)