lunes, 24 de noviembre de 2014

NEGOCIO CON LAS GUARDERÍAS DEL IMSS


Al año, el IMSS destina 592 millones de pesos para 79 guarderías de particulares en Baja California. Los contratos, todos fueron otorgados en adjudicación directa. Dos particulares concentran los recursos federales: Luz María Monique Estudillo Esquivel con 42.6 millones y Gabriela Rivera Ortiz con 24.9 millones de pesos

En Baja California, 15 mil 562 menores hijos de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acuden a una de las 82 guarderías que brindan este servicio. De éstas, 79 son de particulares, con quienes el Instituto firmó convenios de prestación de servicios por periodos que van desde uno hasta tres años.

De acuerdo a las estadísticas de la dependencia federal, Baja California ocupa el primer lugar en cuanto a niños atendidos y el quinto lugar en cuanto a número de guarderías en el país. En total, el IMSS destina 592 millones 282 mil 129 pesos al año para pagar por estos servicios.

Al proveedor, se le paga una cuota promedio de 3 mil 419 pesos al mes por cada menor que es atendido. Algunas reciben a menos de 100 niños y otras a más de 300.

La cantidad destinada supera incluso a las que reciben escuelas primarias públicas. Una escuela en la zona Este de Tijuana recibe un presupuesto de 170 mil 520 pesos por ciclo escolar para una matrícula de 406 alumnos, es decir 420 pesos por alumno. Otros ingresos se obtienen por actividades organizadas por la escuela, cooperaciones voluntarias y la renta de la tienda o cooperativa escolar. 

En cambio, las guarderías subrogadas del IMSS operan comúnmente dentro de complejos educativos privados compuestos de centros de educación preescolar y primaria, algunos de éstos operados por particulares que en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) aparecen como socios de escuelas particulares.

Uno de los casos es el de Luz María Monique Estudillo Esquivel –descendiente del ex gobernador de Baja California, Eligio Esquivel Méndez–, quien aparece como socia de seis escuelas particulares en Tijuana. Estudillo Esquivel opera cuatro guarderías IMSS que concentran 42.6 millones de pesos al año de los recursos federales.

También está el de Gabriela Rivera Ortiz, quien recibe 24.9 millones de pesos para la operación de tres guarderías en Ensenada. Estas dos personas son quienes reciben los mayores montos de recursos del IMSS en Baja California.

QUITAN CONTRATOS POR FALTA DE SEGURIDAD

En 2013, cinco guarderías de la entidad no cumplieron con los requisitos de seguridad exigidos por IMSS, por lo que sus contratos de prestación de servicios no fueron renovados. Además, se les castigó con tres años sin posibilidad de ser recontratados.

Así lo indicó en entrevista Guillermo López Reyes, jefe de prestaciones económicas y sociales de la región.

Una de las guarderías sancionadas tuvo como motivo un accidente registrado en marzo de 2013, cuando uno de los menores sufrió una caída y presentó fractura en el pie.

De acuerdo al reporte levantado, la cuidadora no se encontraba con el pequeño en el momento del accidente y aunque el menor fue trasladado al hospital donde recibió atención médica y la guardería cubrió los gastos, por políticas del IMSS, la existencia del reporte de este accidente fue suficiente para cancelar el contrato.

Menores desde los 42 días de vida hasta los cuatro años son recibidos en las guarderías del IMSS. Para ser admitidos, la madre debe ser derechohabiente y solamente se acepta la cotización del padre cuando es padre soltero con la custodia del menor o bien, viudo.

En Baja California, la distribución de las guarderías es de 42 en Tijuana, 22 en Mexicali, 11 en Ensenada, tres en Tecate, dos en Rosarito; además de cuatro en San Luis Río Colorado, Sonora.

En diciembre de 2013, se renovó contrato con todas ellas. El jefe de prestaciones económicas y sociales en la delegación IMSS de Baja California, explica que los contratos tenían una duración de un año.

Sin embargo, en esta ocasión se les ofreció un nuevo acuerdo. Los prestadores de servicio, por medio de evaluaciones de padres, supervisiones de IMSS y otros métodos de medición, sería evaluados y de acuerdo a su calificación, les serían otorgados los contratos.

Así, se premió a los mejor calificados con contratos de dos o tres años. Mientras que a dos guarderías que obtuvieron calificaciones por debajo del 95 por ciento de cumplimiento, se les ofrecieron contratos de un año, nuevamente.

“El problema que tuvieron (las guarderías) fue el criterio de los metros cuadrados por cada menor, que no alcanzaron el mínimo”, explica el funcionario.

Desde el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, registrado el 5 de junio de 2009 y en el cual fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos, el IMSS hizo más rigurosos sus sistemas de inspección, de medidas de seguridad y de protección civil.

Cada guardería es supervisada cuatro veces al año con visitas cuya duración es de cuatro días y se analizan aspectos relacionados con nutrición, pedagogía, fomento a la salud y administración.

De acuerdo a Guillermo López Reyes, en la Institución persiste un ambiente de psicosis respecto a la seguridad de los menores que se refleja en la exigencia de medidas de seguridad.

Por ejemplo, dos veces al año –en enero y en julio– se levanta una Cédula de Medidas de Seguridad por parte del IMSS. Ésta evalúa 17 aspectos fundamentales en cuanto a medidas de seguridad y Protección Civil.

Entre ellas, la ubicación de los extintores, su capacidad, señalamientos de ruta de evacuación y las bitácoras con simulacros de evacuación que la guardería debe registrar cada semana.

El 22 de agosto de 2012 fue aprobada la Ley de Guarderías del gobierno federal, un año después entró en vigor y con ella, su reglamento. Por lo que en 2013, explica el funcionario del IMSS, se otorgó una prórroga a los prestadores de servicios para que pudiesen adecuar sus instalaciones a la nueva reglamentación.

Además, el Instituto está facultado para aplicar sanciones en forma de deductivos económicos que se establecen de acuerdo al salario mínimo, a los menores inscritos y a la categoría de la falta en que incurre la guardería.

Este año, se ha sancionado con deducciones a cinco guarderías por lineamientos como el incumplimiento en la adquisición de nuevos modelos de alarmas, solicitada por Protección Civil.

“Nos hemos centrado más en estos aspectos (de seguridad) que si los niños están aprendiendo o no o su nutrición, esos criterios también los revisamos, pero necesitamos hacer un justo equilibrio de los temas”, dijo López Reyes.

LAS QUEJAS

Entre las guarderías y escuelas propiedad de Luz María Monique Estudillo Esquivel, está el “Club Escolar Baja California Heroica” en la colonia Libertad. El plantel cuenta con guardería, así como preescolar, primaria y secundaria.

Este año, una madre de familia de la primaria, levantó una queja ante el IMSS, ya que presumía que los alimentos servidos en la guardería subrogada del Instituto –donde también admiten a niños no derechohabientes– eran compartidos en los planteles privados.

“Lo que hicimos fue ir a la guardería para revisar la situación del área de comedor, cocina para cerciorar que efectivamente no estuviera sucediendo algo, ya que no debe haber una comunicación directa entre ambos. No se encontró ninguna situación sancionable”, detalló el jefe de prestaciones económicas y sociales de IMSS.

Posteriormente, los padres fueron citados por el director del plantel y por la propia Luz María Monique Estudillo Esquivel para indicarles que se instalaría un comedor especial para el jardín de niños y la primaria, indicó el funcionario.

Además, Estudillo Esquivel aparece como socia de las escuelas Centro Educativo San Fernando, Atención Integral del Desarrollo Infantil, Colegio Integral, Educación La Presa y Servicios Infantiles PE.


(SEMANARIO ZETA/ Inés García Ramos/ 24 de Noviembre del 2014 a las 12:00:01)

HANK NO PAGA, Y LE DISMINUYEN


En la Ley de Ingresos de Tijuana, el Ayuntamiento de Jorge Astiazarán presentó y le fue aprobada una rebaja a los cobros por la operación de casinos. De tasar arriba de los 6 millones de pesos la apertura de una casa de juego, ahora quedó en la mitad. Igual permisos de uso de suelo y otros servicios que requieren los casinos no se cobrarán y se harán al mínimo

Con todo y que no paga impuestos municipales por estar amparado, Jorge Hank Rhon como dueño de los casinos de Grupo Caliente en Tijuana, será el principal beneficiado con la baja de impuestos para la operación de casinos en la ciudad.

Así lo determinó la administración de Jorge Astiazarán Orcí en la iniciativa de Ley de  Ingresos para el ejercicio fiscal de 2015, presentada al cabildo de Tijuana el jueves 13 de noviembre. En ella se establecen reducciones que fluctúan de un 25 hasta un 85 por ciento de los gravámenes municipales aplicados actualmente a los negocios de juegos y sorteos.

En la Ley se establecen los estímulos, pero no el argumento del XXI Ayuntamiento, ningún punto determina de qué manera se le obligará a ponerse al corriente con sus impuestos, mucho menos se ofrece garantía alguna de que el ‘casinero’ de Tijuana cumplirá, como cualquier otro ciudadano, con la tributación correspondiente.

Especialmente cuando está vigente un amparo que promovió desde 2012 para, precisamente, evadir el fisco municipal, el cual obtuvo aduciendo que ya cumple con el pago de impuestos federales.

No obstante, serán los centros de apuestas, apuestas remotas, salas de sorteo de número y/o casinos, los rubros más beneficiados con la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal de 2015.

MUNICIPIO OBLIGADO A DEVOLVER APORTACIONES


Con premura, sin la información completa respecto al punto sobre la aplicación de estímulos fiscales a los negocios de apuesta, el XXI Ayuntamiento de Tijuana sometió a aprobación la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2015.

Lo hizo el pasado jueves 13 de noviembre, mismo día que algunos regidores, como Omar Sarabia Esparza, apenas recibían la documentación para su análisis, que no incluía las bases para bajar impuestos a los casinos. El edil requirió documentación complementaria al respecto, pero no obtuvo respuesta.

Ya en la sesión el presidente de la Comisión de hacienda dijo haber instruido al consejero jurídico de Tijuana, Gerardo Herrera, proporcionar información al respecto; no fue sino hasta el día siguiente de ser aprobada la iniciativa cuando el funcionario hizo llegar una ficha técnica a los ediles que demandaron una explicación. En ella se declara la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas desde 2011 en la Ley de Ingresos para el municipio de Tijuana, de acuerdo a las resoluciones de los dos juicios de amparo presentados por Grupo Caliente: El 115/2012 promovido ante el juez Sexto de Distrito y el 132/2014 promovido ante el juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Procedimientos Federales.

La “inconstitucionalidad”, explica la Consejería, se estableció en virtud de que no se demostró en lo sustancial que los conceptos de ingresos, en lo concerniente al pago “de derechos, revalidación en máquinas de apuesta, expedición de la calcomanía y aportación y prevención de la ludopatía, se hubieran orientado a ese fin u objetivo”.

De esta manera el Ayuntamiento avala el dejar de cobrar a los negocios de juegos de azar derechos municipales inherentes a los servicios que se prestan por la Dirección de Bebidas Alcohólicas, Subdirección de Control Urbano de la Dirección de Administración Urbana, Dirección de Bomberos y Protección Civil, y “todas del Ayuntamiento de Tijuana”, se indica.

El pago de derechos respecto de la instalación de aparatos mecánicos, electrónicos, electromecánicos, aparatos musicales y videojuegos, en su modalidad de centros de apuesta, apuestas remotas, salas de sorteos de números y/o casinos.

La opinión técnica de uso de suelo, así como por análisis y emisión de dictamen de uso de suelo y autorización de cambio de uso de suelo en predios, referente al trámite del análisis y emisión de dictamen de uso de suelo de centros de apuestas, apuestas remotas, salas de sorteo de números y/o casinos.

Peor aún, la resolución en mención “ordenó que fueran devueltas las cantidades que incluyeran los montos derivados de los recibos de pago de la parte quejosa, Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., mediante los cuales se hubiere cubierto el costo de esos derechos, relativos a la revalidación trimestral de las máquinas de apuestas referidas”.

Y aunque la resolución, favorable a la parte quejosa, fue impugnada mediante el recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, esta instancia determinó duplicidad en el cobro de los derechos relativos a las autorizaciones para la explotación de aparatos mecánicos, electrónicos, electromecánicos y musicales, porque ya se incluyen en la Ley del Estado de Baja California que establece las bases mínimas para su control.

En conclusión, el municipio de Tijuana acepta el revés legal de los tribunales y para que el único ‘casinero’ de Tijuana pague impuestos por establecimiento en conjunto y no por cada máquina instalada en estos negocios, como lo determina la actual Ley de Ingresos. El cobro será anual y no trimestral como se encontraba establecido. Acepta el tener que devolver los impuestos pagados por Hipódromo Agua Caliente, aunque no determinó cantidad, ni explicó cómo se podrá devolver lo que nunca se ha tributado. Las resoluciones de los juicios de amparo promovidos por Jorge Hank fueron omitidas en la sesión del jueves 13 de noviembre.

El argumento para aprobar la reducción de impuestos a los negocios de juegos de azar, fue el hecho que el ex inquilino del centro penitenciario de El Hongo “se encuentra amparado para no pagar al municipio”, subrayó el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Escobar Sánchez.

Fue el mismo Escobar Sánchez quien admitió que el asunto aún se dirime en los tribunales, no obstante, el jurídico municipal ya dio por inapelable estas resoluciones.

A partir del próximo año el casino Hipódromo de Grupo Caliente, y sus 18 sucursales establecidas en Tijuana, podrán ampliar el horario de operación pagando al erario local mil 500 salarios mínimos generales, en lugar de los 10 mil que la Ley de Ingresos vigente le exige.

Esto es, de los 672 mil 900 pesos que la contribución actual le impone para erigir nuevos establecimientos con instalación de aparatos mecánicos, electrónicos, electromecánicos, aparatos musicales y videojuegos, en su modalidad de centros de apuesta, apuestas remotas, salas de sorteo de número y/o casinos, en 2015 solo estará obligado a un pago aproximado a los 100 mil 900 pesos. Una disminución de un 85 por ciento.

La reducción mayor se observa en el pago para la instalación de un nuevo negocio de este tipo, ya que mientras el cobro actual ronda los 6 millones 729 mil pesos, el equivalente a 100 mil salarios mínimos, la propuesta de Jorge Astiazarán, y que le fue aprobada, fue reducirlo en un 50 por ciento.

El resto de los impuestos municipales que se aplican a este giro comercial: cambio de domicilio, cambio de propietario y revalidación anual de licencia de operación por establecimiento, se reducirá en un 25 por ciento, pasando de 2 mil veces el salario mínimo general a mil 500 salarios.

MORATORIA REBASADA

Si bien es cierto que en 2012, durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán, en Baja California se estableció una moratoria para instalar nuevos casinos en la entidad, ésta no se hizo extensiva para el caso de las sucursales del único casino que opera en Tijuana, el Grupo Caliente.

De 15 establecimientos instalados en 2012 como Libros foráneos, S.a. de C.V., Hipódromo de Agua Caliente, Cía. Operadora Megasport, S.A. de C.V. y Comercializadora OMH, S.A. de C.V., en la actualidad el número se ha incrementado a 19.

Sin embargo, el gobierno municipal solo cuenta con un registro de 11 sucursales, “porque su propietario está amparado para no pagar impuestos al municipio”, y, por lo tanto, tampoco a dar de alta ante la autoridad local los nuevos negocios que operan en Tijuana.


(SEMANARIO ZETA/ Isabel Mercado Juarez/ 24 de Noviembre del 2014 a las 12:00:00)

ASALTANTES CAEN DE MOTO FRENTE A POLICÍAS Y ESCOLTAS, LOGRAN ESCAPAR


Dos hombres que robaron al conductor de la empresa de mensajería DHL, cayeron de la moto en la que huían frente a un grupo de policías municipales y escoltas, quienes corrieron detrás de los delincuentes sin alcanzarlos.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento El Paraíso, delegación La Mesa de Tijuana, a las 13:50 horas. El empleado de DHL conducía la camioneta rotulada de la empresa, después de hacer una entrega, cuando dos sujetos en una motocicleta, lo abordaron por el lado del pasajero.

El conductor descendió del vehículo y aunque accionó los seguros, uno de los sujetos logró abrir la puerta de la camioneta y robar alrededor de 40 paquetes. Después, abordó la motocicleta Yamaha modelo YBR 125 – comúnmente usada por repartidores -  y junto a su cómplice, huyó en dirección a la avenida Las Américas.

Sin embargo, al dar vuelta en la calle Caracas, los hombres se encontraron con una patrulla de la policía municipal y un grupo escoltas, quienes custodiaban una vivienda cercana. Los delincuentes perdieron el control frente a la presencia policiaca y cayeron de la moto.


Cuando uno de los uniformados se acercó, los sujetos abandonaron la moto, arrojaron un casco y un gorro de color azul, así como ocho paquetes de DHL para huir con una mochila y el resto de los paquetes en la mano. Los delincuentes se dirigieron hacia el bulevar Díaz Ordaz, a un costado de Plaza Patria, en donde fueron perdidos de vista.
Inmediatamente, llegaron al lugar cinco patrullas de policía municipal para levantar el reporte del asalto, pero hasta el momento no hay detenidos.

De acuerdo al empleado de la empresa de paquetería, los conductores son blanco frecuente de este tipo de atracos. Algunos han reportado hasta dos asaltos cometidos por motociclistas, quienes abordan el vehículo para robar los paquetes, algunos de los cuales contienen tarjetas de crédito y visas, mientras un automóvil llega después para brindar apoyo a los asaltantes.

La motocicleta de color blanco no tenía placas de circulación, solamente una calcomanía del equipo de fútbol “Xolos” en la parte posterior. Los sujetos, de acuerdo a la descripción del policía que no los pudo alcanzar, vestían de negro y pantalones de mezclilla.


(SEMANARIO ZETA/ Inés García Ramos / Fotos. Ramón Blanco/ 24 de Noviembre del 2014 a las 15:14:31)

YA SÉ QUIÉN FUE


Se subió al taxi en el aeropuerto y le dijo al conductor, agarra pa la Hidalgo. Colonia o calle, preguntó el del volante. Colonia. Quiero que tomes todo el malecón viejo, derechito, derechito, y ya en Las Quintas subes por la Revolución. Por ahí te digo dónde me dejas. Como guste, respondió el otro mirándolo por el retrovisor.

El cliente traía una maleta pequeña. Casi a escondidas, agachado, tratando de cubrirse bajo su espalda encorvada, la abrió. Sacó billetes: algunos sueltos, amarrados torpemente, otros con una tira de papel que indicaba el monto. Parecía contar, separar. Contar y separar. Dos, tres veces: un avaro cerciorándose de su inamovible tesoro.

El taxista lo miró de reojo y entre parpadeos. Intentó disimular pero no pudo. Supo al instante que ese hombre traía mucho dinero y que por el color de los billetes no eran pesos. Trató de sacar plática. Caer bien y parecer simpático puede significar buenas propinas. Mucho trabajo, le soltó. Mucho y también muchas broncas. Pero aquí hay, mire. Hay pa resolverlas. Pues qué bueno. Lo malo sería que no tuvieran solución, oiga.

Se fueron conversando sobre el clima, los retenes del ejército y hasta el precio de la gasolina. Ta muy caro todo, oiga. Uno apenas saca para la papa y la escuela. Los morros crecen. Tengo tres y van a la escuela y es una chinga juntar para mantenerlos. Entiendo, le respondió: yo pasé por ahí y sé muy bien de lo que me está hablando. Uno por los hijos da todo.

La plática fue suspendida abruptamente cuando un vehículo los rebasó y con la misma violencia les cerró el pasó. Ay cabrón, gritó el taxista. Bajó un joven con un arma corta y empezó a disparar contra el pasajero. El conductor quiso bajarse pero no encontró la manivela ni superó la temblorina. El otro gritaba y se escabullía entre los respaldos, queriendo meterse bajo los asientos. Fueron unas diez detonaciones. El cristal frontal quedó perforado, también la lámina del lado del copiloto y la ventana de esa parte había desaparecido.

Vidrios en el piso del carro. Billetes con sangre. Un cuerpo, el del pasajero, inerte, tirado en la parte trasera. El joven dio dos pasos hacia el frente. El taxista quiso salirse y al fin sus manos, que volverían loco al sismológico, encontraron la palanca y jalaron. Saltó y corrió hasta refugiarse entre los carros.

El pistolero se asomó. Lo vio tirado. Volteó hacia los que lo miraban desde el otro automóvil e hizo una seña. Pareció asentir. Regresó rápido, se subió y se fueron. El conductor, todavía medio atarantado, regresó al carro y se espantó cuando aquel empezó a moverse. Y a gritar. Hijos de la chingada. Quisieron matarme pero se la pelaron. Ah, pero ya sé quién fue. Compa, agarre pa la costera.

(RIODOCE/ COLUMNA MALAYERBA DE  JAVIER VALDEZ/ noviembre 23, 2014)

EL YERNO INCÓMODO; EL ‘CHANGUITO’ ÁNTRAX Y SUBDIRECTOR DE LA PM: LA MISMA FAMILIA




La nota no fue que hayan detenido a Rafael Félix Núñez, el Changuito, un pistolero de poca monta que escaló gracias a que detuvieron a Rodrigo Aréchiga Gamboa, el Chino Ántrax, sino que resultó yerno del subdirector de la Policía Ministerial, Martiniano Vizcarra Burgos.

Ana Lilia Vizcarra Vega, hija del primer matrimonio del comandante, se casó en 2006 con el Changuito y tuvo dos hijos. El 12 de septiembre de 2014, según se documenta en una resolución judicial, obtuvieron el divorcio.

Algunos funcionarios del Gobierno entraron en pánico cuando se enteraron. Uno de ellos fue el gobernador. Así que optó por revirar a los reporteros para evadirse:

“Si usted tiene algo que aportar con las afirmaciones que ha expresado sería muy buenos para incorporarlos a la investigación”, respondió Mario López Valdez a una periodista de Ríodoce, al cuestionarle la relación familiar entre el Changuito Ántrax y el subdirector de la policía ministerial del Estado.

López Valdez dijo desconocer el parentesco familiar de Félix Núñez y el subdirector de la Policía Ministerial.

Incluso, el mandatario de Sinaloa afirmó que Vizcarra Burgos es un elemento que en los últimos años ha dado buenos resultados en el combate a la delincuencia.

“No teníamos conocimiento de esa supuesta relación que usted menciona y que pues Martiniano es policía, no sé, 20 o 30 años, desconozco cuántos años lleva en la corporación, y sé que a últimas fechas ha sido un elemento muy comprometido para combatir la delincuencia”, expresó López Valdez.

El gobernador dijo que habría una investigación respecto a la información que Ríodoce había difundido sobre el parentesco entre el líder delictivo y el jefe policíaco.

Pero los ímpetus investigativos duraron lo que una bomba de jabón, pues tres días después, entrevistado por los medios durante los festejos del día de la Revolución Mexicana, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, jefe de la Policía Ministerial, salió en la defensa de su “brazo derecho” diciendo que metería el cuerpo entero por la honorabilidad de Vizcarra Burgos.

“Es verdad que esa persona —Rafael Guadalupe Félix Núñez, conocido como el Changuito—, está casada con una hija del comandante Martiniano Vizcarra, pero a él ni le avisaron cuando se iban a casar”, explicó a Ríodoce, en una entrevista aparte, el jefe policiaco.

“Martiniano se divorció de su primera esposa, madre de esos muchachos, hace muchos años y vive con otra familia”, abundó.

En defensa de su subordinado, Aguilar Íñiguez informó que la hija de Vizcarra Burgos, Ana Lilia Vizcarra Vega, se divorció del Changuito el presente año. En junio pasado solicitó el divorcio porque tenía problemas con su pareja, y el 23 de septiembre un juez de Costa Rica le extendió el acta.

Dijo que en el documento, Rafael Félix se compromete a pagar mensualmente 15 mil pesos como ayuda para los dos hijos que procrearon. Se casaron en 2006, cuando el comandante Vizcarra Burgos tenía problemas con la justicia, a raíz de los hechos de la Plaza Cinépolis Culiacán el 11 de septiembre de 2004, cuando asesinaron a Rodolfo Carrillo Fuentes.

Martiniano tiene más de 30 años de servicio y es un hombre serio, comprometido con su trabajo, dijo Chuytoño.


Martiniano Vizcarra. Viejas sospechas.


La breve carta de Martiniano
El comandante Martiniano Vizcarra es un hombre de pocas palabras, por eso no acepta dar una entrevista y mejor manda una tarjeta breve a la Redacción. Pero su explicación es, por decir lo menos, fantástica.

“Soy padre como cualquier otro y acepto ser el padre de Ana Lilia Vizcarra Vega, y por respeto a su madre me permito omitir su nombre, por problemas personales vivo separado de ellas.

“El hecho de que haya decidido unirse en matrimonio fue una decisión que no tuve nada que ver, hasta hoy me entero que se casó con una persona que aparece en medios ya que tiene problemas con la justicia, este a quien no conozco y niego categóricamente que me una alguna relación de amistad o bien que en mi carácter de servidor público en el área policial, haya yo favorecido o éste se hubiese aprovechado de mi puesto”.

CHANGUITO Y MONKI: DEL ESCAPE A LA OLLA

Rafael Guadalupe Félix Núñez, el Changuito y José Miguel Arano Montoya, el Monki, habían librado a los soldados de la Marina por una casualidad. Estando en la misma casa donde dormía Ismael Zambada Imperial esa mañana que lo capturaron, decidieron “dar una vuelta” en una cuatrimotor. No llevaron radios.

Estando en el monte se dieron cuenta del movimiento de helicópteros que, como buitres enormes, rondaban sobre la Estancia de Los Burgos. Al verlos aterrizar supieron que le habían “caído” al Mayito Gordo.

Se escondieron todo el día y por la noche en el monte, y al día siguiente salieron a la carretera, donde fueron recogidos por su gente.

Más tardaron en recuperarse del trajín y establecer conexión con sus cómplices, cuando la Marina los atrapó. Al Changuito lo detuvieron al día siguiente cuando se encontraba en un auto Nissan, en el cruce de las calles Bugambilias y 12 de octubre, de la colonia 10 de Mayo.

Al revisarlo, la Marina le encontró un fusil AK-47 con su cargador abastecido con 29 cartuchos útiles; un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros y una pistola .9 milímetros.

En la cajuela, dijo la PGR en un comunicado, le hallaron un kilogramo de cocaína.

Esa misma mañana también fue detenido el Monki.

Según el parte de la Marina, siendo aproximadamente las 9:50 horas los federales patrullaban la colonia Ruiz Cortines y al ir circulando por la calle Severiano M. Morenos, notaron que sobre la citada calle, se encontraba una persona que portaba un chaleco antibalas mientras subía a una camioneta.

Era una Mercedes Benz, color gris plateada, con placas del estado de Durango. Le taparon el paso con la unidad federal y José Miguel Arano echó a correr hacia la avenida Gral. Fernando Cuen, por lo que un oficial de marina corrió tras él.


Carlos Ontiveros. Víctima de las complicidades.

Le dieron alcance sobre la misma calle. Se le encontró una pistola calibre 9 milímetros con un cargador insertado con siete cartuchos útiles y uno en la recámara. También tres cargadores abastecidos.

En la camioneta encontraron en el asiento del copiloto un arma calibre 7.62×39, de las conocidas como cuerno de chivo, con cargador insertado y abastecido con 29 cartuchos útiles y uno en la recámara. En el piso del vehículo se encontró un cargador abastecido con 27 cartuchos útiles calibre 7.62 x39 milímetros.

Ingresados los dos al penal de Culiacán el sábado, días después el Juez Primero de Distrito les dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína, con fines de comercio; y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en las modalidades de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos del uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

VIEJOS LODOS

Tanto el Changuito como el Monki, junto con otro gatillero, fueron detenidos el 16 de abril de 2013, cuando en un operativo realizado por la Policía Municipal en el sur de la ciudad y comandado por el entonces secretario de seguridad Pública, Carlos Alfonso Ontiveros Salas, se les aseguraron al menos cuatro fusiles AK-47.

Los trasladaron a las instalaciones de la Policía de Culiacán e ingresaron los datos a la base de información criminal conocida como Plataforma México, mientras que el arsenal fue bajado en la parte trasera de la oficina del director de la corporación.

Esa vez, elementos que tomaron parte en la detención del grupo armado informaron que entre los detenidos se encontraba una persona identificada como el Changuito y otra apodada como el Monki.

Mientras procedían a fichar a los detenidos, entró a las oficinas de los jefes policiacos la llamada de un alto mando de la Policía Ministerial del Estado, gestionando para que los liberaran, accediendo a ello la misma noche del 16 de abril.

Esto motivó que tanto Ontiveros Salas como otros jefes policiacos fueran amenazados de muerte, lo cual originó la renuncia del secretario, después de haberse escondido fuera del estado durante 15 días.

También se recibieron amenazas de muerte contra Ontiveros Salas, Hernández Hipólito y otros mandos policiacos que participaron en el operativo referido, entre estos el jefe de la Unidad Especializada Contra el Robo de Vehículos de la DSPM, viéndose obligados a salir del estado por cuestiones de seguridad personal.

Ontiveros Salas estuvo en la Ciudad de México hasta que el 6 de mayo reapareció en Culiacán para presentar su renuncia como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. La información precisa que Hernández Hipólito se reincorporó a la DSPM, pero ya no como subdirector sino como primer oficial.

No quedó en la Policía Municipal ningún registro o parte informativo sobre estos hechos.

Detenidos el Changuito y el Monki, solo quedan en la vieja estructura de Los Ántrax tres de sus principales elementos: René Velázquez, el Sargento Phoenix, quien recientemente salió de la cárcel; el Tracka y el Cheyo (Eliseo Imperial, primo hermano del Mayito Gordo).


Noviembre de 2008. Asesinan a hijo del comandante.

LA MUERTE DEL FELLO

Martiniano Vizcarra Burgos perdió un hijo de manera trágica. Alfredo Vizcarra Vega, quien comandaba originalmente al grupo que después se denominaría Los Ántrax, fue asesinado el 4 de noviembre de 2008, en el marco de la guerra que se desató al interior del cártel de Sinaloa, a raíz de la detención de Alfredo Beltrán Leyva.

Se encontraba en un lavado de autos ubicado por la calle 21 de Marzo, de la colonia 10 de Mayo, cuando un grupo de sicarios arribó al lugar en dos camionetas y empezó a disparar. También murió otra persona y dos más resultados heridas.

El Fello vivía a dos cuadras de allí, por la calle Azucena, domicilio de Martiniano Vizcarra hasta que tuvo que salir huyendo de la ciudad después de que la PGR lo buscaba, junto con Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, bajo la presunción de que protegían narcotraficantes cuando estuvieron —igual que ahora—, al frente de la Policía Ministerial en el sexenio de Juan Millán Lizárraga.

A la muerte de Alfredo Vizcarra, quien tomó el mando del grupo fue su compadre Rodrigo Aréchiga Gamboa, quien le había bautizado a su hijo mayor. Tiempo después le puso nombre al equipo de sicarios: Los Ántrax.


(RIODOCE/ ISMAEL BOJÓRQUEZ/ noviembre 23, 2014)

LA SILENCIOSA EXTRADICIÓN DEL ‘MOCHOMO’


Le arman acusaciones al vapor en tres cortes distintas de EU

En un movimiento diplomático que sorprendió a muchos, el gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, que lo requería desde el 24 de agosto de 2012 por tráfico de droga, y en cuya acusación, de apenas tres páginas, se observa más un documento improvisado que un expediente judicial que finque acusaciones contra quien fuera uno de los ex líderes del cártel de Sinaloa.

Contrario a expedientes como el de Benjamín Arellano Félix, Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada u Osiel Cárdenas Guillén, la acusación contra Alfredo Beltrán sólo señala que desde o aproximadamente el año 2000, introdujo a territorio estadounidense cinco kilogramos de cocaína, además de 50 gramos de metanfetaminas, un kilo de heroína, y aproximadamente mil kilos de mariguana.

De acuerdo al código civil de ese país, las cantidades arriba descritas deben ser suficientes para mantenerlo de por vida en prisión, particularmente las relacionadas con las secciones judiciales 959, 960 y 963.

No obstante llama la atención un apartado en la acusación, de la cual Ríodoce tiene una copia: Estados Unidos decomisaría a Alfredo Beltrán una cantidad de dinero aún no especificada, la cual deberá ser pagada antes de ser sentenciado y salir libre; esto como parte del castigo al que será sometido.

El expediente señala que tomará en cuenta las ganancias que tuvo el Mochomo, de acuerdo a investigaciones del USDOJ, de las cuales depende la DEA y el FBI, para entonces determinar a cuánto ascendieron sus ingresos producto del tráfico de drogas, y entonces decomisarle propiedades, bienes, o bien que el mismo Alfredo Beltrán haga la transacción de los pagos mediante una tercera persona, observa el documento, firmado por los fiscales Arthur G. Wyatt y Andrea Goldbarg.

BROOKLYN Y WASHINGTON DC

El lunes 17 de noviembre, dos días después de ser extraditado en medio de un sigilo total, Alfredo Beltrán Leyva fue presentado ante una Corte Federal de Distrito en Washington DC, en donde quedó de frente al juez Alan Kay, quien tras leerle acusaciones por delitos por los que fue extraditado, el Mochomo dijo declararse no culpable.

Quizá el juez Kay no esperaba esa respuesta, y fue por eso que aunque inicialmente dijo que el viernes 21 se realizaría la primera audiencia preliminar, al final la canceló y la fecha para una nueva audiencia quedó pendiente.

Nadie en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) pudo precisar porqué la cancelación, ni porqué fue presentado primero en Washington DC, y no en Columbia Ohio, o en Brooklyn Nueva York, donde también enfrenta cargos por tráfico de drogas.

Ríodoce solicitó al USDOJ copia de los acusaciones que el Mochomo enfrenta en los distritos de Nueva York, Washington DC y de Ohio, concluyendo que en todos los distritos se trataba de exactamente la misma acusación.

Según el Código de Procedimientos Criminales de Estados Unidos, título 1, capítulo 21, la misma acusación puede ser usada en diferentes cortes de Distrito del país, siempre y cuando en todos esos estados esté tipificado como delito los cargos por los que un detenido es acusado.

Ello significa que, el Mochomo será procesado por los mismos delitos en tres lugares diferentes, como ocurriría con capos como el Chapo Guzmán o Ismael Zambada, aunque a diferencia de ellos, la acusación contra el menor de los Beltrán Leyva es un tanto ambigua porque no presenta ni fechas, lugares, ni precisa cantidades de droga traficada, según observa el expediente 1:12-CR-00184-RJL.

LA ESPERA
Alfredo Beltrán Leyva fue recluido en la cárcel denominada Oficina Central HQ, una prisión de máxima seguridad localizada en el centro de Washington DC.

Para su extradición, tuvieron que pasar casi siete años, desde aquel 21 de enero de 2008 en que elementos del ejército mexicano lo sorprendieron en el interior de un domicilio de la colonia Burócrata y le decomisaron dinero en efectivo, joyas y armas, hasta el momento en que agentes de la PGR lo entregaron a agentes del US Marshalls, en la frontera con Estados Unidos.

Sería precisamente esa captura el detonante para que su hermano mayor, Arturo Beltrán Leyva volara a Culiacán para reclamarle al Chapo y al Mayo el arresto de su hermano menor, según establecen documentos del USDOJ, que a su vez generaría una cruenta guerra al interior de la organización más poderosa de México.

Ahora el Mochomo, según lo ocurrido con otros capos, será careado con otros prisioneros sinaloenses que se encuentran recluidos en las cárceles de Estados Unidos y que en su momento aceptaron a testificar a favor del USDOJ al ser enfrentados contra miembros del cártel de Sinaloa, lo cual fortalecería las acusaciones.

Washington. Acusación sobre las rodillas.
Washington. Acusación sobre las rodillas.

LA HISTORIA

Nacido en La Palma Badiraguato en 1971, el Mochomo habría sido criado junto con sus hermanos por doña Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán, cuando la madre de éstos falleciera, según comentaron en su momento personas cercanas a la familia.

La Palma, a menos de cien metros de La Tuna, habría facilitado esa amistad entre las dos mujeres, por ello, al morir una de ellas, la otra se hizo cargo para el cuidado de los niños Beltrán Leyva: Marcos Arturo, Héctor, Carlos y Alfredo.

Por ello, al estallar la guerra al interior de la organización, Arturo y el Chapo se llamaban para sentenciárselas, pues el Barbas aseguraba que aquello fue una entrega.

“Se decían primos”, comentó un residente de La Tuna que en su momento los conoció, “y aquí se rumoraba que se comunicaban seguido”.

Pero con la muerte de el Barbas, en diciembre de 2009, la violencia en el país se calmó y el cártel de los Beltrán Leyva comenzó a ser desmantelado, primero con el arresto de Carlos Beltrán Leyva, el 30 de diciembre de 2009. Héctor fue arrestado el 1 de octubre de 2014, y según el Departamento de Estado de Estados Unidos, su extradición sigue pendiente, aunque no se ha precisado si ya se hizo la petición oficial al gobierno mexicano.

Se espera que la próxima audiencia preliminar contra el Mochomo se defina en los próximos días, reveló el USDOJ.


(RIODOCE/ MIGUEL ÁNGEL VEGA/noviembre 23, 2014)

TODO LISTO EN EU PARA JUZGAR AL ‘CHAPO’ GUZMÁN


Los hermanos Pedro y Margarito Flores, principales distribuidores de droga del Cártel de Sinaloa, habrían sido uno de los primeros puentes para que las autoridades ubicaran y posteriormente arrestaran a Joaquín el Chapo Guzmán, según revelan documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ).

De acuerdo al expediente 1:09-CR-0083, ambos hermanos habrían sido informantes de la DEA desde finales de 2007, cuando el Chapo Guzmán hacia llegar a los hermanos Flores hasta dos toneladas de cocaína al mes, las cuales eran transportadas en tren de la frontera con México hasta Illinois, donde distribuían la droga.

Según se expone en un documento en poder de Ríodoce, fue a mediados de noviembre de 2007 que los hermanos Flores notaron la posibilidad de que el Cártel de Sinaloa se debilitara, por lo que acordaron colaborar con la DEA.

“Yo sabía que era una posibilidad, pero además sabía que no podíamos continuar con una vida en el narcotráfico por siempre”, expone Pedro Flores en su testimonio presentado ante el Juez de Distrito Rubén Castillo.

A partir de entonces, se explica en el documento, se empezaron a grabar todas las conversaciones que había entre ellos, y el principal puente que se tenía con Guzmán Loera, Alfredo Vásquez Hernández, coordinador para el trasiego de droga de Sudamérica a México y Estados Unidos.

Pero no sólo los diálogos con Vásquez Hernández fueron documentados, los agentes de la DEA pidieron lograr conversaciones grabadas entre los hermanos Flores y el Chapo Guzmán, las cuales, afirma el USDOJ, ocurrieron y deberán de ser suficientes para que fiscales federales acusen al ex líder del Cártel de Sinaloa.

Justo el miércoles de la semana pasada, la defensa del Chapo Guzmán, recluido en la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, habría solicitado un amparo contra su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que se violarían sus derechos constitucionales como mexicano.

En el expediente 1085/2014, los abogados de Guzmán Loera argumentaron que extraditar a su cliente violentaría sus garantías individuales establecidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 18 y 20 de la Constitución.

La solicitud de amparo se hizo a pesar de que, aún cuando ya pasaron nueve meses desde el arresto de Guzmán Loera, Estados Unidos no ha hecho al gobierno mexicano la solicitud para extraditar al capo.

No obstante, según el titular del juzgado Undécimo José Alfonso Montalvo, sería en los próximos días cuando se determine si el amparo procede o no.

EU CONTRA EL CHAPO

Pero el expediente 1:09-CR-0083 no es el único que existe contra Guzmán Loera, también acusaciones pendientes en distritos de Nueva York, Texas, California, Illinois, entre otros, donde los cargos contra el Chapo están bien documentados.

No sólo son los hermanos Pedro y Margarito Flores, también hay una serie de testigos protegidos que podrían testificar contra el antiguo capo, incluyendo miembros de alto rango en el cártel de Sinaloa que ya fueron extraditados a Estados Unidos, como es el caso de Héctor el Güero Palma, Ovidio Limón Sánchez, Vicente Zambada Niebla, éste último, admitió incluso el uso de un gran arsenal por parte de integrantes del cártel.

Pero serían los testimonios de Pedro y Margarito Flores y las conversaciones grabadas a lo que más apostaría el gobierno de Estados Unidos al momento de procesar a Guzmán Loera, quien fuera arrestado el 22 de febrero pasado en Mazatlán, producto de un trabajo de inteligencia que iniciara años antes, gracias al contacto que hicieran los hermanos Flores, entonces distribuidores del capo en Estados Unidos.

LA TRAICIÓN

De acuerdo al testimonio de Margarito Flores, ellos siempre supieron que si traicionaban a el Chapo o a Ismael el Mayo Zambada, líder de la otra fracción del cártel de Sinaloa, en cualquier momento los podrían matar.

Por eso, junto con su hermano Pedro, debían jugar las cartas muy bien, y ser demasiado discretos, porque el primer error les costaría la vida. Para mediados del 2007, ambos hermanos se habían convertido en los principales distribuidores de droga en Illinois, pero también habían expandido su territorio a ciudades como Nueva York, Washington DC, Filadelfia, Cincinnati, Los Ángeles y Detroit, incluyendo a Vancouver Canadá.

Eran los reyes de la droga y sus ganancias eran millonarias. Pero Pedro sabía que ese negocio no les podía durar por siempre. Sabían que todos los grandes capos caen, y ellos no podrían ser la excepción, así que empezaron a maquilar su boleto para salirse del negocio.

Fue entonces que ambos hermanos acordaron acercarse a la DEA, que ya sabía de ellos, para proponerles información sobre sus actividades y sus proveedores en México, a cambio de seguridad y una sentencia menor: pondrían a sus proveedores y eventualmente se convertirían en testigos protegidos.

Fueron los hermanos Flores quienes primero informaron a la DEA como recibían, transportaban la droga, y como hacían llegar el dinero a el Chapo y el Mayo, según con quienes hicieran el negocio.

En su declaración, los hermanos Flores señalaron que conocieron a Alfredo Vásquez Hernández en 2005, en un hospital de Guadalajara, donde Alfredo se recuperaba de una cirugía plástica a que se había sometido. Esta persona era uno de los hombres de más confianza para el trasiego de droga de Joaquín el Chapo Guzmán, por lo que ambos se asociaron en el negocio, y a partir de entonces hacían llegar toneladas de cocaína a Chicago en trailers y “troques”.

El acuerdo era que, la gente del Chapo era responsable de la droga mientras ésta estuviera en México, pero una vez que cruzaba a Estados Unidos era responsabilidad de los hermanos Flores.

Fue por ello que, a finales de 2006 y principios de 2007, los hermanos Flores acordaron hacer llegar la droga desde la frontera con México hasta Illinois mediante una serie de compartimientos secretos instalados en trenes, lo cual tuvo una inversión de 600 mil dólares.

Pronto el trasiego de droga creció, y la DEA comenzó a ubicarlos, sobretodo porque tres hermanos amigos del Chapo, de quienes no se revelan sus nombres en el documento, se integraron en el trasiego. Fue entonces que los hermanos Flores determinaron retirarse del negocio.

Para entonces, el Chapo se había vuelto más sofisticado para el trasiego de droga, porque tenía a su disposición 747 aviones para transportar cocaína a Estados Unidos, pero además se había invertido en un submarino que traía la cocaína de Colombia hasta México, y de Sinaloa generalmente se pasaba la droga hasta Estados Unidos por aire.

Pero también los aviones que tenía el Chapo eran enviados a Centroamérica llenos de ropa, supuestamente para ayuda humanitaria a esos países, pero llegando allá rápido bajaban la ropa, y volvían a cargar el avión con droga, y así, completamente cargado el avión regresaba a México.

Los aviones aterrizaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el Chapo con sus contactos, sacaba la droga del aeropuerto y la ponía en lugares seguros.

“A mí Alfredo me decía que traían de mil 700 hasta 12 mil kilos en un solo viaje”, expuso Margarito en su testimonio.

Para entonces ya habíamos hecho el contacto con la DEA y había conversaciones grabadas con Alfredo, pero a partir de ese momento se empezó a tener un contacto más estrecho con el Chapo Guzmán, y nosotros empezamos a grabar todas las conversaciones.

Discutíamos desde cosas simples, hasta el precio por kilo de cocaína, que negociábamos de 3 mil 500 dólares a 30 mil, y de pronto estábamos hablando de millones. Y variaba, por ejemplo, un kilo de cocaína en Guadalajara lo podíamos conseguir a 18 mil dólares, pero ese mismo kilo en Chicago costaba 30 mil.

La forma de pago era siempre la misma, mandábamos camiones llenos de dinero a México, los cuales eran entregados en casas de seguridad que los capos tenían.

De acuerdo a fiscales estadounidenses, todas esas conversaciones grabadas, además de los testimonios de los hermanos Flores, serán usadas contra el Chapo una vez que éste enfrente a la justicia en Estados Unidos.



AUTORIDAD PÚBLICA

Los hermanos Flores, actualmente presos en una cárcel de mediana seguridad en Illinois, gozaron de autoridad pública, según puede evidenciarse en los expedientes del USDOJ. Es decir, con anuencia de las autoridades, ellos hicieron llegar droga a Estados Unidos.

Ese mismo recurso habría sido utilizado por la defensa de Vicente Zambada Niebla; sin embargo ésta no prosperó, aún cuando la DEA reconoció haberse entrevistado con el Vicentillo en la ciudad de México, horas antes de su arresto. El hijo del Mayo se declaró culpable en abril pasado y ahora esta en espera de sentencia.

El caso contra los hermanos Flores, hoy los principales enemigos del Chapo en las cortes estadounidenses, aparentemente sí prosperó, aunque el USDOJ dijo que no comentaría al respecto.


(RIODOCE/ MIGUEL ÁNGEL VEGA/ noviembre 23, 2014)

ASALTAN HOTEL Y ROBAN A HUÉSPEDES COLOMBIANOS EN LOS MOCHIS


Los Mochis, Sinaloa.- Sujetos armados con pistolas y armas largas asaltaron a huéspedes colombianos.

El atraco fue perpetrado la noche del sábado, en el hotel Taj Mahal, ubicado en la calle Álvaro Obregón entre Juan Aldama y Belisario Domínguez, al oriente de la ciudad.

Tres sujetos encapuchados ingresaron hasta la recepción del hotel, preguntando por los colombianos que se hospedan allí.

Los viajeros no fueron encontrados en sus habitaciones, pero uno de los acompañantes sí.

Este fue despojado de una camioneta Jeep, línea Gran Cheroque, gris, modelo 1999, cinco mil pesos en efectivo y mercancía de tablets y lap top por más de 20 mil pesos.

En la camioneta había seis computadoras y las ropas de los viajeros.

Este domingo, la vagoneta robada fue encontrada abandonada en calle Santa Yolanda entre la calle Óscar Monzón Molina y Canal Taxte, en el fraccionamiento Esmeralda.


(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/noviembre 23, 2014)

DOS SOBRINOS Y UN VELADOR, ENTRE LOS SUPUESTOS HOMICIDAS DE ZAMBADA GALLARDO


Cuatro mujeres, dos menores, una fosa clandestina y casquillos calibre .22. Versiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indican que los homicidas que organizaron y perpetraron este crimen, familiares de las víctimas, temían que se les despojara de la vivienda que habitaban, pero que no les pertenecía.

María Luisa Zambada Gallardo, abogada, ex procuradora de Defensa del Menor y la Familia del DIF durante el gobierno de Juan Millán Lizárraga, era recia con todo y también con ellos. Había decidido, de acuerdo con versiones de allegados a la familia, acoger a los dos jóvenes, quienes desde hace varios años habían quedado huérfanos de padre y madre.

Ambos, entre ellos Marco César Zambada, uno de los sobrinos, vivían en la casa que era de la abuela, en la comunidad de Aguaruto. La abuela, madre de María Luisa, murió a mediados de año y eso, al parecer, aceleró el sentimiento de orfandad de los adolescentes y el miedo de ser desalojados del inmueble.

“Ellos fueron alojados por la licenciada (María Luisa Zambada), los mantuvo, los apoyó y les consiguió trabajo. Uno de ellos, el que se dedicaba a la venta de verdura, fue porque ella le ayudó para que tuviera ese negocio. En suma ella era muy recia, muy demandante, porque también los apoyaba”, manifestó.

El saldo: cuatro mujeres asesinadas a balazos, una de ellas además golpeada. Entre las víctimas hay dos menores, de 12 y 16 años, sobrinas de Zambada, y su hija Ema Fabiola, de entre 20 y 21 años. El botín: entre 12 y 13 mil dólares y joyas, aunque a la ex funcionaria le habían exigido 20 mil dólares, a cambio de dejarla en libertad.

Por este multihomicidio, la PGJE inició la averiguación previa 284/2014 y acusará formalmente a los detenidos, que suman cinco —un sobrino y un empleado de confianza de Zambada, entre ellos— de feminicidio, informó este jueves, en conferencia de prensa, Martín Robles Armenta, subprocurador General de Justicia del Estado.

“Por la indefensión de las víctimas, la incomunicación de que fueron objeto, el hecho de que eran superadas en número por los victimarios y que éstos estaban armados, que fueron sometidas, nos da elementos para afirmar que se trató de un feminicidio”, explicó.

LOS HECHOS

A las 21.50 horas del 17 de noviembre, un familiar de María Luisa Zambada acude a la agencia del Ministerio Público especializada en desapariciones forzadas a presentar una denuncia, ya que no encontraban a la ex titular de la Procuraduría de Defensa del Menor. La PGJE ordena a investigadores de homicidios realizar las pesquisas.

Las cuatro mujeres habían estado con otros parientes y amigos en un festejo, en la finca propiedad de Zambada Gallardo, en Aguaruto, el 16 de noviembre. Entre las 20 y las 21 horas, Ema Fabiola se va con su hija de poco menos de dos años de edad a su casa y lleva con ella a dos de sus sobrinas, a quienes les encarga cuidar a la menor para atender un compromiso social. Se trasladan a la casa de Ema en una camioneta Cherokee.

María Luisa, que se había quedado en el lugar, optó por empezar a limpiar el patio y luego llevar en su vehículo, un Jetta Passat, a sus dos sobrinos, a otra vivienda ubicada en Aguaruto. En el camino, de acuerdo con lo relatado por Robles Armenta y las declaraciones de los detenidos, sorprenden a la tía, la someten y golpean, y luego la pasan al asiento trasero.

Le exigen 20 mil dólares. Llegan a la vivienda en la que ellos residían, la atan de pies y manos y la amordazan. Posteriormente, en el vehículo de ella acuden a la casa de Ema, donde solo están las sobrinas y la hija, y las someten fácilmente. Los homicidas llevan a las menores a una vivienda de la colonia Lombardo Toledano y piden ayuda a otras personas para que las custodien.

Luego regresan a la vivienda de Ema Fabiola, la golpean y someten y le roban entre 12 y 13 mil pesos, además de joyas. La suben en un automóvil y regresan por las menores a la Lombardo Toledano, a quienes trasladan a Aguaruto, al inmueble donde permanece atada María Luisa.

Los victimarios deciden dejar a la bebé en un centro comercial y acuden a la Bodega Aurrerá, ubicada en el sector Barrancos, en esta ciudad capital. Ahí la abandonan y después de un reporte, agentes de la Policía Municipal acuden a resguardarla.

A las 7 horas de ese 17 de noviembre, los seis implicados deciden rentar una retroexcavadora y contratar a un operador. El argumento fue que la tía, María Luisa, les había ordenado cavar para sembrar una palmera. Para entonces, estaba decidida la suerte de las cuatro mujeres: todas ellas tienen lesiones de bala calibre .22 y María Luisa Zambada recibió además un fuerte golpe en la zona torácica, con un objeto.

“Traumatismo torácico producido por objeto contuso”, reza el informe rendido por peritos de la PGJE.

Ahí, en los patios de la finca donde la familia los alojó, fueron enterradas las víctimas.


MARIA LUISA ZAMBADA.

FEMINICIDIO

La procuraduría de justicia tiene pruebas suficientes para presumir que se trató de un feminicidio, dijo Robles Armenta. Y así consignarán ante el juez esta averiguación previa.

Los detenidos fueron identificados como Fausto López Salazar, Jesús Daniel Villavicencio, Jesús Guadalupe Niebla Romero —quien fungía como velador de la finca—, José Luis Morales y Marco César Zambada, sobrino de la hoy occisa. Dos personas, entre ellas un familiar cuya identidad no ha sido revelada, permanecen prófugos.

En Sinaloa, en lo que va del año, han sido asesinadas cerca de 75 mujeres y en todo el año pasado, la cifra fue de alrededor de 65, de acuerdo con datos de organismos ciudadanos y de las mismas corporaciones policiacas. A la condición de mujer y de uso de fuerza, se agrega la saña con que estas mujeres fueron ultimadas.

“Ellos hacen manifestaciones relacionadas con inconformidades que tenían para con la familia de la abogada. Ellos lo manifestaron en la declaración, pero no está corroborado… señalaron que habitaban una casa que era propiedad de la abuela y temían, nos atrevemos a afirmar, porque la abogada solo se desempeñaba con delitos de violencia familiar, la mujer, y pensaron que ella podía tener interés en quedarse con el inmueble”.


(RIODOCE/ IMPRESO/Javier Valdez/ noviembre 23, 2014)