domingo, 9 de noviembre de 2014

EL DEBATE VIRTUAL DE LA LÍNEA 12



Tras ser convocado por el Congreso de la Unión para aclarar su participación en el proceso de la Línea 12, el senador Mario Delgado prefiere hablar vía Internet. El diputado federal Jorge Sotomayor aprovecha para cuestionarlo a través de la misma vía

"No siempre tenemos los recursos para comprar una casa de contado, eso fue lo que le pasó al Metro, que no se tenían los recursos para comprar los trenes de contado"

Mario Delgado
Senador del PRD a través de un video
 

“Utilizo este espacio para invitar a Mario Delgado a tener un verdadero debate y no estemos contestándonos por vía YouTube”

Jorge Sotomayor
Diputado federal del PAN

 
Desde hace una semana, el senador del PRD Mario Delgado Carrillo exhibe una serie de videos en las redes sociales para dar su versión sobre su participación en la Línea 12.

Aprovechando estos videos en YouTube, el senador panista Jorge Sotomayor lo confronta a través del mismo canal.

En el primero de los videos de Delgado, titulado ¿Cómo se pagaron los trenes de la Línea 12?, desmiente que haya sobrecosto en la adquisición del lote de 30 trenes y defiende el millonario Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que, en su calidad de secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en tiempos de Marcelo Ebrard, autorizó por mil 588 millones de pesos.

Así, desde lo que parece ser su oficina en el Senado de la República, Delgado Carrillo explica lo que significó para el Gobierno de la capital la millonaria adquisición de los trenes que circularían en la obra maestra del sexenio marcelista 

Es la respuesta del senador perredista al llamado que se le hizo desde el Congreso de la Unión para que acuda a rendir cuentas claras de lo que fue su participación en esta transacción que hoy está en tela de juicio.

El costo real de fabricación de los trenes fue de 539 millones de dólares y terminaron adquiriéndose en mil 588 millones de dólares a pagarse hasta el 2026.

Instrumento de pago que compromete los recursos no sólo de la administración de Miguel Ángel Mancera, sino de los tres sexenios próximos del GDF.

“Una casa que puede costar de contado 2 millones y medio de pesos, con un crédito hipotecario a 20 años pues vamos a terminar pagando más de cuatro. Un automóvil de cien mil pesos, si lo sacamos a tres años vamos a terminar pagando un 50 ó 60 por ciento más del valor original.

“Desafortunadamente no siempre tenemos los recursos para comprar una casa o un coche de contado, eso fue justo lo que le pasó al Metro, que no se tenían los recursos para comprar los trenes de contado, por lo tanto hizo un contrato de prestación de servicios a 15 años, que incluye además el mantenimiento de los trenes y la actualización tecnológica”, explica Delgado Carrillo en el primer video, cuya duración es de un minuto y medio.

AL MENOS EN VIDEO…

El diputado federal del PAN, Jorge Sotomayor, quien integra la Comisión que investiga el uso y destino de los recursos federales de Línea 12, contestó al senador a través del mismo canal de video.

El legislador panista explicó que, debido a que Mario Delgado se ha rehusado a debatir públicamente, el video que éste subió a las redes sociales le sirvió para realizar una especie de debate virtual.

Sotomayor tituló a su material ¿Por qué no funciona la Línea 12 del Metro?, donde se observa al panista exponer su punto de vista desde la estación Parque de los Venados de la llamada Línea Dorada.

Intercalando las imágenes del video de Delgado Carrillo, Sotomayor le reclama haber consumado el millonario PPS hasta el 2026 a partir de cotizar el precio del dólar a 16.75, muy por encima de lo que hoy se cotiza en ventanilla bancaria.

Cuando Mario Delgado alude en su video la dificultad que enfrentó el pasado Gobierno del DF para conseguir los recursos financieros para la construcción de la Línea Dorada, Sotomayor aprovecha y le pregunta “¿por qué fue un desafío reunir el dinero para la construcción de Línea 12?”.

Y enseguida le recuerda que, de 17 mil 500 millones de pesos que costó la obra civil, el Gobierno Federal le entregó a la administración local 14 mil 300 millones de pesos para tal fin.

¿POR QUÉ SALIÓ NORINCO?

Reporte Indigo ha abordado ampliamente el tema al exhibir con pesos y centavos la copia del contrato de fabricación de 539 millones de pesos.

De hecho, se dio a conocer la existencia del documento “Proposed Metro For México City Línea 12” fechado en el 2008, a partir del cual la empresa China Norinco puntualiza los detalles de un contrato de arrendamiento a largo plazo de hasta 35 trenes para la Línea 12 de la Ciudad de México.

Según este proyecto, que se dio a conocer en la edición “La historia de un error” de esta casa editorial, se crearía una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable (SAPI) que sería constituida por Calidad de Vida, Desarrollo y Progreso para la ciudad de México S.A de C.V. y una subsidiaria mexicana, Norinco SPV de Norinco International.

 

El vendedor del material sería Norinco, el arrendatario la SAPI, mientras que el responsable de pagar el servicio sería el Metro de la Ciudad de México.

En ese documento, los chinos estipularon que el gran total por la renta no de 30 sino de 35 trenes, costaría 653 millones de dólares, el equivalente a 8 mil millones 162 mil pesos.

Esto es, tres veces más barato que lo que Mario Delgado autorizó para el PPS que se paga ahora y hasta el 2026 por mil 588 millones de dólares.

Si se compara dicha documentación, el excedente en el costo del contrato con CAF resulta en 11 mil millones de pesos y cinco trenes menos.

Ni Mario Delgado ni algún otro funcionario explica por qué se cayó la avanzada negociación que tenían con la firma china de Norinco, la misma que en Asia presumía en los medios de comunicación haber ganado el millonario contrato para la dotación de trenes de Línea 12 de la Ciudad de México.

El senador Delgado sólo hace referencia a la recta final del proceso e la que explica la oferta de cuatro empresas internacionales:

“Hubo cuatro empresas donde la diferencia de precio fue menor del uno por ciento, por lo tanto se garantizó a la ciudad un buen contrato”, concluye su video.

No es la primera vez que ambos personajes federales, el senador y el diputado, protagonizan este tipo de desencuentros.

El primero en defensa del PPS y el segundo sostiene la acusación de sobreprecio y fraude.

“Utilizo este espacio para invitar a Mario Delgado a tener un verdadero debate y no estemos contestándonos por vía YouTube”, dice Jorge Sotomayor al terminar su video.

(REPORTE INDIGO/ Icela Lagunas /Jueves 30 de octubre de 2014)

TRAS LA PISTA DE INHABILITADOS



En la Procuraduría General de Justicia del DF aún se trabaja en los expedientes de los 15 exservidores públicos inhabilitados por irregularidades en el proceso de la Línea 12, y no se descarta que en días próximos se liberen órdenes de aprehensión

La Contraloría local informó que la inhabilitación de Juan Carlos Mercado fue por la adquisición irregular de un torno rodero en el 2008.

A finales de este mes, la Contraloría del DF podría dar a conocer los resultados de la segunda etapa de auditorías.

Al cierre de la semana pasada un rumor corrió como pólvora en pasillos del Gobierno del Distrito Federal (GDF): que por órdenes del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría General de Justicia del DF emitiría las primeras órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios involucrados con el tema de Línea 12.

Según se presumía, la acción judicial se ejecutaría principalmente en contra de aquellos cuyos expedientes fueron remitidos por la Contraloría General del DF a la Procuraduría de Justicia por considerar que existen elementos para presumir que cometieron un delito.

 

En la Procuraduría local se informó que aún se trabaja en los expedientes de los 15 exservidores públicos de los que se presume cometieron actos delictivos, entre ellos el del exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez. Sin embargo, no se confirmó la emisión de órdenes de aprehensión.

Mientras tanto, Juan Carlos Mercado Sánchez, quien se desempeñó como subdirector general de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) en la pasada administración, causó baja de la Policía Federal.

El exfuncionario capitalino, señalado como la mano derecha del senador Mario Delgado Carrillo, salió de la corporación federal una semana después de que la Contraloría anunció su inhabilitación por 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública.

EL DAÑO AL ERARIO

A Mercado Sánchez, uno de los personajes fundamentales en el proceso de adquisición de los trenes de la Línea 12, se le impuso también una sanción económica por 2 millones 552 mil dólares.

Su participación en diversos procesos relacionados con la Línea Dorada propició que su expediente se turnara a la Procuraduría capitalina por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito.

“Se hace de su conocimiento que el C. Juan Carlos Mercado Sánchez causó baja con fecha 15 de septiembre del año en curso”, informó el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) a través de la Policía Federal, vía oficio PF/OCG/DGE/3507/2014.

La baja de Mercado Sánchez, según los tiempos, respondió a la imputación de la Contraloría en el sentido de que “infringió la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal e infringió un grave daño al erario público”, leyó el 9 de septiembre el contralor capitalino.

Aunque no se dieron los detalles de las irregularidades presuntamente cometidas por Mercado, la Contraloría local informó que fue por la adquisición de un torno rodero en el 2008, maquinaria que se utiliza para reperfilar.

Luego de que terminó el sexenio de Marcelo Ebrard, este personaje llegó a trabajar a la Policía Federal por invitación del entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb; ahí se desempeñaba como coordinador de servicios generales.

EL SONDEO DE MERCADO

Juan Carlos Mercado fue clave junto con Mario Delgado en la elaboración y consumación del millonario Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), mediante el cual se autorizaron mil 588 millones de dólares a pagarse hasta el 2026 por una flota de 30 trenes para la Línea Dorada.

Fue Mercado Sánchez quien presentó ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal su argumentación para convencer que los trenes de rodadura férrea eran la mejor opción para la Línea 12, cuando apenas se analizaba entre adquirir férreos o neumáticos.

En el sondeo de mercado efectuado para conocer a qué empresa adjudicar el contrato de Prestación de Servicios para poner a disposición del Metro un lote de 30 trenes de rodadura férrea, aparece la firma de Juan Carlos Mercado como el responsable de la evaluación financiera.

En dicho sondeo aparecen las presuntas cotizaciones de las empresas Bombardier Transportation México, CAF México, Alstom Mexicana, PCZ Construcciones, Norinco Internacional Cooperation LTD, Siemens Innovaciones  y Ansaldo Breda, mismas que habrían participado al presentar su propuesta de costos para la renta de trenes.

Este sondeo hoy es puesto en tela de juicio luego de que se dieran a conocer los costos reales de fabricación de los trenes, que exhibe un precio tres veces arriba de lo que originalmente se proyectó gastar en estos.

Por eso es que de Mercado Sánchez no está dicho todo, pues aún falta conocer si se encontró alguna responsabilidad en su contra durante el proceso de adquisición del lote de trenes, que es el centro de la polémica debido a que la empresa francesa Systra señaló que son incompatibles con las vías.

A finales de este mes, la Contraloría General del DF podría dar a conocer los resultados de la segunda etapa de auditorías que realiza, y que según dijo abarcaría la polémica adquisición de los trenes cuyo contrato.


(REPORTE INDIGO/ Icela Lagunas -Lunes 3 de noviembre de 2014)

EXHIBEN ABUSO SEXUAL EN AULAS DE JALISCO

(reporte indigo / 09 de noviembre 2014)

MACABRAS DECLARACIONES

 
Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, sepulta esperanzas de encontrar vivos a los estudiantes de Ayotzinapa, al asegurar que ya habrían sido asesinados y calcinados
 
En poco menos de 5 minutos, Jesús Murillo Karam enterró las esperanzas de encontrar vivos a los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre.
 
Durante una conferencia de prensa, el procurador general de la República, aseguró que los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados.
 
Dijo que, Patricio Reyes y Agustín García Reyes aseguraron a la PGR que ellos entregaron a miembros de Guerreros Unidos “un número de personas”, que no pudieron determinar, pero que estimaron superior a 40.
 
Los delincuentes interrogaron a los individuos entregados para determinar si pertenecían a un grupo criminal, con la intención de “proteger su territorio”.
 
Alrededor de 15 de las personas que fueron entregadas a los integrantes de Guerreros Unidos murieron de asfixia; a todos los llevaron a la zona del basurero de Cocula a bordo de una camioneta propiedad de Gildardo López Astudillo, informó el procurador.
 
“Los subieron a dos vehículos de carga y los condujeron a un barranco en las cercanías del basurero de Cocula (…) Al llegar al sitio, afirmaron, algunos de los individuos transportados ya estaban muertos”.
 
Los detenidos señalaron que asesinaron a los normalistas que aún estaban vivos y luego a todos les quemaron con gasolina diesel.
 
“Más tarde, los restos habrían sido transportados en camiones de basura a las orillas del río San Juan. Ahí, los huesos restantes fueron triturados y las cenizas puestas en bolsas de plástico. Algunas de estas fueron vaciadas en las aguas. Dos más fueron arrojadas cerradas”.
 
Murillo Karam reconoció que la identificación de los restos, según han dicho los peritos de PGR, será muy difícil, realizarán todos los trabajos periciales que sean necesarios para identificarlos.
 
El procurador también aseguró que no hay ninguna evidencia de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa formaran parte o colaboraran con Guerreros Unidos.
 
Aclaró que la investigación sigue abierta, que los peritajes para tratar de identificar los restos no se pueden establecer y pueden tardar tiempo.
 
(REPORTE INDIGO/ Indigo Staff/Viernes 7 de noviembre de 2014)


 

MÉXICO DESCARRILADO


El plan de Enrique Peña Nieto de resucitar el tren de pasajeros busca ser frenado por las ferroviarias que explotan las vías para el transporte de carga desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Una iniciativa de ley que se presenta hoy en el Congreso busca meter en cintura a los concesionarios
 
Enrique Peña Nieto aspira hoy, a hacer lo mismo que Porfirio Díaz hace 100 años: convertir el tren de pasajeros en un símbolo de su sexenio y de los mexicanos.
 
La resurrección de este medio de transporte está planteada en tres grandes proyectos ferroviarios que ha prometido el mandatario federal llevar a cabo durante su gobierno: el tren México-Querétaro, el México-Toluca y el transpeninsular Yucatán-Quintana Roo.
 
Obras de infraestructura que exigirán miles de millones de pesos y que requerirán forzosamente la participación de la iniciativa privada y...de una vía para circular.

Pero hoy esta vía es ocupada y explotada por las empresas ferroviarias de transporte de carga que fueron beneficiadas con una concesión durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.

Y son estas empresas las primeras que han mostrado resistencia en apoyar el proyecto de los trenes de pasajeros que ha anunciado el mandatario federal.

Directivos de los dos principales consorcios que operan en México, Ferromex y Kansas City Southern, han aceptado compartir la vía con los trenes de pasajeros siempre y cuando no afecten sus operaciones de carga.

«No hay justificación para construir un ferrocarril de pasajeros a costa o en detrimento de la eficiencia en el transporte de carga vía férrea», advirtió José Zozaya, presidente de KCSM, en una entrevista publicada en el diario El Universal.

Peña Nieto ha reaccionado a este posible obstáculo a su proyecto que representan los actuales concesionarios del ferrocarril. 

La bancada priista en el Congreso ha preparado una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para establecer sanciones a los concesionarios, fijar las tarifas que cobran por el servicio de carga y regular la revocación de la concesión.


Esta iniciativa será llevada hoy a la tribuna de San Lázaro por el diputado federal de Nuevo León, el priista Abel Guerra.

EL REZAGO FERROVIARIO


México tiene una de las redes ferroviarias más grandes del Mundo,  que cubre casi la totalidad del País, pero contradictoriamente no existe el servicio de ferrocarril para pasajeros.

La totalidad de esta infraestructura se construyó hace más de 100 años durante la presidencia de Porfirio Díaz.

La red ferroviaria primaria está conformada por 20 mil 687 kilómetros, de los cuales el 80 por ciento es explotada por empresas privadas que cuentan con una concesión.

De esta red principal, 8 mil 200 kilómetros, son capaces de soportar trenes de alta capacidad porque las vías están armadas con rieles de acero sobre durmientes de concreto.

Hace 30 años los trenes en México trasladaban a 25 millones de pasajeros al año, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Esta cifra en 1997 se ubicaba en 5 millones de pasajeros cuando el presidente Zedillo privatizó la empresa Ferrocarriles Nacionales.

Hoy las escasas rutas de pasajeros que operan en México –principalmente turísticas– apenas mueven a 200 mil viajeros al año.

Fue en la década de los 30, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, que se decretó la nacionalización del ferrocarril con la creación de la empresa pública Ferrocarriles Nacionales de México.

Pero fue durante la presidencia de Ernesto Zedillo en los años 90, que el ferrocarril se privatizó con el otorgamiento de concesiones a empresas privadas.

Hoy precisamente Zedillo trabaja para el gigante Union Pacific, que es dueña de una parte de la empresa Ferrocarril Mexicano o Ferromex.

Y es Ferromex el grupo más fuerte que opera en México con el 40 por ciento de la red de ferrocarril concesionada en el país, es decir, 8 mil 427 kilómetros de vía.

Por su parte la empresa Kansas City Southern maneja la concesión de 4 mil 283 kilómetros de vía, un 20 por ciento de la red total que le entregó en 1996 el gobierno zedillista.

Hay más compañías que utilizan la infraestructura ferroviaria gracias a una concesión: Ferrocarril Coahuila Durango, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Ferrocarril del Sureste, Ferrocarriles Chiapas Mayab y Ferrocarriles del Valle de México.

En la década de los 90 México no fue único el único país que privatizó el ferrocarril en América Latina.  Brasil, Argentina y Colombia,  también impulsaron la desnacionalización.

La intención era clara: construir más infraestructura ferroviaria para mejorar el servicio y elevar la competitividad, pero en México este plan fracasó por lo menos en lo que respecta al transporte de mexicanos.

En los más de 15 años que lleva el servicio en manos de los concesionarios ferroviarios, éstos no han construido ni un sólo kilómetro para ampliar la red existente.

Esto a diferencia de países como Brasil, Colombia, Venezuela, que en los últimos cinco años ha incrementado su infraestructura para los trenes de carga, según datos de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles.

Ferromex y Kansas City Southern sólo han explotado el servicio de carga y han desairado –alegando que no es rentable– el sistema de trenes de pasajeros que hoy pretende revivir Peña Nieto.

El único tren de pasajeros que existe actualmente en México es el Suburbano que conecta municipios del Estado de México con el Distrito Federal.

Es operado por la empresa española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), que participó en la construcción del proyecto de la línea de ferrocarril de alta velocidad Madrid-Sevilla conocida como El Ave.


PRETENDE ‘ENCARRILAR’ A LOS CONCESIONARIOS


El diputado federal del PRI, Abel Guerra, presentará hoy miércoles a nombre del grupo parlamentario priista una iniciativa que pretende reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en 1995, durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.

Esta Ley regula actualmente la intervención del sector social y privado de las vías férreas, que son consideradas bienes de la Nación.

La iniciativa propone modificar el Artículo 21 para endurecer las sanciones a los concesionarios y contemplar el incumplimiento de las obligaciones fiscales como una causal para revocar la concesión.


“La presente iniciativa tiene como objetivos: Adecuar las sanciones a las condiciones que actualmente exige un medio de transporte eficiente y de calidad;  hacer partícipe a la instancia correspondiente de la Administración Pública Federal en materia de transportes y de competitividad al momento de fijar las tarifas de servicios que presenten los concesionarios y permisionarios; y otorgar facultad a la Auditoría Superior de la Federación para verificar el buen estado y funcionamiento de los vías férreas”, señala la iniciativa de Ley de la cual Reporte Indigo tiene una copia.


También la propuesta plantea reformar el Artículo 46 para que sea el Ejecutivo federal el responsable de fijar las tarifas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.


 “Las tarifas serán fijadas una vez que la Secretaría reciba las opiniones de la Comisión Federal de Competencia, concesionarios o permisionarios y de los usuarios del servicio, debiendo ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación”.


También se propone una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para que sea este órgano el responsable de revisar el funcionamiento del sistema ferroviario y de la explotación de las concesiones.


 “Se propone dotar a la Auditoría Superior de la Federación de la facultad para revisar el buen estado y funcionamiento de dichas vías de comunicación”, señala la iniciativa.

“Este órgano de fiscalización tiene la capacidad de realizar Auditorías Especiales que pueden referirse, entre otros, a los ámbitos de: operaciones singulares, problemas estructurales y concesiones”.

La iniciativa fue presentada a la Mesa Directiva por los diputados priistas Abel Guerra Garza y Jorge Herrera Delgado, y se espera que hoy sea leída en la tribuna legislativa por la bancada tricolor que encabeza Manlio Fabio Beltrones.


‘HAY QUE MODIFICAR CONCESIONES’: PRI


Para el diputado federal del PRI, Abel Guerra, los proyectos del presidente Enrique Peña Nieto para impulsar los trenes de pasajeros en México,  implicarán modificar los títulos de concesión que fueron otorgados durante el sexenio de Zedillo a empresas ferroviarias de carga.


El legislador priista recuerda que estas concesiones están reguladas por la Ley del Servicio Ferroviario, que el grupo parlamentario del PRI buscará reformar en el próximo periodo legislativo.


“Lo que nosotros creemos es que los títulos de concesión fueron diseñados  con la posibilidad de que la Ley del Servicio Ferroviario se fuera adecuando a las necesidades de la Nación y así está el marco legal”, señala Guerra.


“Si se va a incrementar la infraestructura con un esquema que el Ejecutivo propone distinto, hay que modificar los títulos de concesión”.


Guerra subirá hoy a tribuna para presentar una iniciativa de ley para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y  endurecer las sanciones en contra de los concesionarios que no cumplan con lo establecido.


El legislador señala que no existe en la actual legislación sanciones y penas para las empresas que explotan las vías del ferrocarril para el transporte de carga.


“La Ley del Servicio Ferroviario no contempla sanciones reales para los incumplimientos en los acuerdos pactados como son el de crecimiento de infraestructura”.


Guerra es integrante de la Comisión de Transportes del Congreso federal que le tocará aprobar, en su caso, esta iniciativa que busca reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y también la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.


El priista reprocha que en los 15 años que los concesionarios como Ferromex y Kansas City Southern han explotado las vías del ferrocarril mexicano, no hayan incrementado “ni un centímetro” la red ferroviaria.

“No ha crecido un centímetro lineal la infraestructura, los precios los establece unilateralmente la empresa, eliminaron rutas completas a partir de la concesión argumentando que no tenían una rentabilidad”.


Guerra señala que  el servicio de pasajeros ha disminuido un 80 por ciento desde que se privatizó la red ferroviaria.


“El servicio de pasajeros no existe salvo en algunas entidades del sur del país. Se eliminó, no fue rentable. La Ley les da esa ventaja a los concesionarios que sólo han continuado con lo que es altamente rentable”.

La iniciativa pretende modificar también el artículo 21 de esta Ley para endurecer las sanciones a los concesionarios y contemplar el incumplimiento de las obligaciones fiscales como una causal para revocar la concesión.


“Establecer, como existe en todas las leyes reglamentarias, que el incumplimiento de las obligaciones fiscales es una causal para la revocación de la concesión. No es posible que una empresa que tiene una concesión de un servicio gubernamental, no pague impuestos para beneficio de los mexicanos”.


El diputado tricolor critica las declaraciones que hizo el director de la empresa Kansas City Southern, quien condicionó los proyectos de los trenes de pasajeros anunciados por Peña Nieto.


“A mí sorprendió una declaración muy poco razonable, muy poco comprometida con el interés de la Nación, de un funcionario de una de las empresas concesionarias donde decía que esos proyectos no se podían hacer en las vías que ellos tienen concesionadas si no consiguen un permiso especial. Hay que recordar que ellos son concesionarios y no propietarios”.


¿QUÉ PRETENDE LA REFORMA?

La iniciativa plantea reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.


ESTOS SON LOS PUNTOS CLAVE DE LA PROPUESTA.


> Implementar sanciones a los concesionarios por incumplimiento de la concesión.


> Busca establecer como causal de revocación de la concesión el incumplimiento de las obligaciones fiscales.


> Otorgar facultades al Ejecutivo federal para que sea el responsable de fijar las tarifas de los servicios que prestan las empresas ferroviarias de carga.


> Darle atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que vigile el funcionamiento y el estado de las vías férreas.


(REPORTE INDIGO/ César Cepeda/Martes 26 de febrero de 2013)

SE DESCARRILA PROYECTO DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO


El secretario Gerardo Ruiz Esparza dijo que la revocación no fue por problemas en el proceso licitatorio sino directamente por orden presidencial


Siete días después de que se firmara la adjudicación del tren México-Querétaro, en horario estelar en Televisa, el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que la asignación al consorcio mexicano-chino para la obra tendrá marcha atrás.


El secretario Gerardo Ruiz Esparza dijo a Joaquín López Dóriga que la revocación no fue por problemas en el proceso licitatorio sino directamente por orden presidencial.


Incluso declaró que él mismo había propuesto a Enrique Peña Nieto la revocación del fallo, aunque no estaba seguro “si fue lo mejor para México”.


“El presidente Peña Nieto cree, desea que este proyecto, tan importante para México, no sea cuestionado y tenga claridad absoluta, por eso esperamos en la nueva licitación, que saldrá en unos días más o semanas más, más participación de los fabricantes de trenes”, dijo Ruiz Esparza.


Durante el fallo de la licitación, 16 compañías habían presentado cartas de disculpa para no entregar una propuesta técnica y económica.


El reclamo en común fue que no se había dado tiempo suficiente a las contratistas para elaborar sus proyectos.


Del lado del consorcio ganador, cuyo 51 por ciento lo tenía la compañía estatal China Railway Construction Corporation, se alegó durante la polémica que el proyecto se había anunciado desde inicios del sexenio, por lo que los interesados pudieron prepararse con anticipación.


“El punto esencial es más transparencia y más claridad y que no haya duda sobre el proyecto", dijo el secretario en el noticiero nocturno de Televisa, conducido por Joaquín López-Dóriga.


A pesar de que se le dio marcha atrás, Ruiz Esparza continuó defendiendo que el proyecto “siempre estuvo en tiempo y apegado a los términos legales”.


La adjudicación que se había anunciado el lunes pasado aprobaba el proyecto para el consorcio chino-mexicano por un monto total de 50 mil 820 millones de pesos.


El consorcio chino tenía el 51 por ciento del grupo conformado para la obra. El otro 49 por ciento lo poseían las mexicanas Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Constructora Teya y GHP Infraestructura Mexicana.


Ruiz Esparza declaró que el gobierno de Peña Nieto busca mayor transparencia y claridad en la nueva licitación desde el proyecto, la sociedad y el Congreso, donde el Partido Acción Nacional había cuestionado fuertemente la asignación.


La nueva licitación estaría lista a finales de noviembre y la compañía China está considerando nuevamente participar.


Durante el viernes, la prensa china destacó la revocación luego de la caída de las acciones de la compañía de ese país.


El diario China Daily calificó de “abrupta” la revocación “de un contrato de varios millones de dólares que había adjudicado a un consorcio chino llevado a construir el primer tren de alta velocidad del país”.


(REPORTE INDIGO/ Peniley Ramírez/Viernes 7 de noviembre de 2014)

ESTÁN MUERTOS PERO ESTÁN VIVOS



MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La larga noche de los padres de Ayotzinapa aún no termina.

Jesús Murillo Karam, el hombre frío y “defensor” de los mexicanos, decidió junto con su jefe Enrique Peña Nieto mantener en el limbo el dolor de los padres pero con la certeza de que, para el gobierno, los 43 normalistas ya están muertos. Un asunto que a ojos del mundo se pretende cerrar.

Ante la caída de la imagen del gobierno peñanietista en el exterior, pereciera que sus operadores decidieron actuar y emprender un juego cruel, de mensaje impreciso y manipulable a conveniencia: esperanzador por un lado, de catapulta por otro.

Jesús Murillo Karam lanzó la moneda de dos caras. En una dice, “están muertos”, la otra “están desaparecidos”. El juego perverso se inclinará dependiendo de quién lance la moneda.

Si son mercado internacional y gobiernos extranjeros quienes la lanzan, caerá del lado “están muertos”, teniendo la certeza de que las autoridades buscaron por “tierra y agua” a los jóvenes de manera tan intensa que lograron detener a más de 70 personas y, en forma “dolorosa” descubrió que “los malos” forjaron una pila humana con “44 ó 43” estudiantes para quemarlos y esparcir sus restos en un río. Entonces la percepción será: el gobierno actuó y no hubo impunidad.

Si quien lanza la moneda es la sociedad, por lo menos para un sector caerá del lado “están desaparecidos”. Éstos sostendrán que el gobierno es tan honesto que aceptó no poder determinar con certeza si los restos humanos sacados del río son o no de los normalistas por lo que, “en búsqueda de la verdad” pedirá a la Universidad de Innsbruck un análisis de ADN de mitocondria. Aquí quienes tenían algunas dudas por la otra versión, con ésta se convencerán y dejarán en su corazón la esperanza de que están vivos y reconocerán en el gobierno sus esfuerzos por llegar hasta donde fue posible. Este mensaje es para la sociedad mexicana, no para el extranjero.

Del lado que caiga la moneda, el gobierno construyó un mensaje sobre bases reales, salpicado de declaraciones inverosímiles, de discursos mitad verdad, mitad mentira. Por ejemplo, real es que el expresidente municipal de Iguala y su esposa tienen relación familiar con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Nadie de la sociedad lo pone en duda, por lo tanto, la mano ejecutora serán unos desalmados sicarios de la organización.

Para hacer más creíble la hipótesis original, el hábil y frío Murillo Karam logró capturar a los autores materiales, quienes frente a cámaras de video aceptaron su deleznable crimen.

Un mes necesitó el gobierno para eslabonar la historia. Pero hay preguntas básicas sin respuesta: ¿Cuál fue el móvil de Guerreros Unidos para ejecutarlos? ¿Por qué Murillo acepta la declaración de tres detenidos que dicen quemaron a 44 ó 43 y la ofrece a los medios de comunicación como verdad única? ¿Por qué no hizo lo mismo cuando el llamado líder de Guerreros Unidos, Sidronio Cassarrubias, detalló mismo crimen, misma quema pero reduciendo la cifra a 17 jóvenes?


Ese video no lo vimos pero lo leímos en diario Reforma y no hay que olvidar que este hombre fue detenido el 17 de octubre y ese día rindió declaración ministerial. Y qué acaso es el único grupo criminal de la zona, ¿y La Familia, y Los Rojos, y las alianzas de éstos con otras autoridades que no sólo pueden ser las policías?


El juego perverso es que aunque el gobierno da por válida la versión de tres presuntos sicarios al ofrecerla vía video a todo México, por otro dice que están en calidad de “desaparecidos”. Sin certeza pero con eficiencia el gobierno actúa, es el mensaje, de total ambigüedad.

Pareciera que lo importante no es la verdad sino la “percepción”. Y en este mover de piezas hay una que Murillo prefiere no se toque, incluso ¡avala! en su omisión. Se trata del Ejército.

¿Por qué no actuó cuando los jóvenes les pidieron ayuda? ¿Por qué no se le investiga? La respuesta está en lo que en tono molesto dijo Murillo a la reportera María Idalia Gómez cuando lo inquirió sobre ello: “El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueven sólo por órdenes. Yo nomás quiero saber a quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad, hubiera sido peor, mucho peor, qué bueno que no salió”. El mensaje es, al Ejército no se le toca.

Uno decide qué lado de la moneda de Murillo le acomoda mejor o si de plano decide tirar la moneda a la basura y como los padres ofendidos, dolidos de Ayotzinapa, determina exigir la verdad real y no dejar en la impunidad a todos los involucrados, sea Estado, sean partidos.

(PROCESO/ Análisis/  Jesusa Cervantes/ 8 de noviembre de 2014)

LA CASA DE PEÑA NIETO DE 86 MILLONES DE PESOS EN LAS LOMAS


De acuerdo con diversas fuentes y varias confirmaciones documentales y testimoniales, una impresionante residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, pertenece al presidente Enrique Peña Nieto. Valuada en siete millones de dólares, es custodiada por el Estado Mayor Presidencial y, curiosamente, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal. Esta información se halla incluida en el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”, elaborado por el equipo del portal informativo Aristegui Noticias y que éste comparte con Proceso simultáneamente a su difusión en internet.

 
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La afición de la pareja presidencial por aparecer en suplementos sociales y revistas del corazón dio la pauta a una investigación periodística que evidencia la relación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera con una empresa beneficiaria de negocios al amparo del poder: El Grupo Higa, vinculado a una lujosa residencia ubicada en las Lomas de Chapultepec.
La investigación fue realizada por reporteros del portal Aristegui Noticias –que dirige la periodista Carmen Aristegui–, con apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.

Con testimonios, solicitudes de información a entidades gubernamentales, documentos oficiales y entrevistas, el reportaje demuestra que la residencia de Sierra Gorda 150, valuada en siete millones de dólares, si bien pertenece a Peña Nieto está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo empresarial Higa.

La parte trasera de esa residencia colinda y se conecta con otra, la de Paseo de las Palmas 1325, cuya propietaria es Angélica Rivera.


El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante del consorcio formado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, que obtuvo la licitación –cancelada intempestivamente la noche del jueves 6– para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos.

Esta obra –donde Constructora Teya fungiría como proveedora de material rodante– es la más grande proyectada por el gobierno peñanietista para ser entregada antes de concluir su gestión.


Teya es la misma empresa a la cual en junio pasado se le asignaron las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por un monto de mil millones de pesos.

Ligada al llamado Grupo Atlacomulco, Higa tiene como accionista mayoritario a Juan Armando Hinojosa Cantú, tamaulipeco avecindado en el Estado de México, donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal.

Sólo durante el mandato de Peña Nieto en esa entidad, entre 2006 y 2011, obtuvo contratos de obras y servicios por 36 mil millones de pesos, según una consulta en portales oficiales realizada por Proceso.
 
El reportaje de Aristegui Noticias documentó que el registro constitutivo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro data del 13 de noviembre de 2008, cuando quedó asentado el Folio Mercantil Electrónico 50393-17 en la Oficina de la Función Registral del Estado de México, con sede en Toluca.

Como accionistas de dicha razón social figuraban en la constitución de la empresa Hinojosa y su hijo, Juan Armando Hinojosa García, fallecido el 28 de julio de 2012 en un accidente aéreo cuando regresaba de la fiesta de cumpleaños del entonces presidente electo.

Hinojosa García era yerno del exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán y en su boda, el 16 de noviembre de 2007, Peña Nieto fue testigo.

“EL HOGAR” DE PEÑA NIETO
 
La mansión del presidente tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. En realidad, cinco niveles a los cuales llega un elevador.
 
Hay dos cuartos de servicio con habitación, baño, cocineta y sala de estar, además de un tercer cuarto para chofer y caseta de vigilancia. En el jardín hay una sala y un comedor techados. Inicialmente la azotea tenía jacuzzi y bar, pero al parecer eso fue modificado.

Todos los acabados son de persistente color blanco, incluido el suelo de mármol de la planta baja. No hay cabida para lo monótono, pues un sofisticado sistema de iluminación ambienta la residencia que de tan blanca puede tornarse azul, rosa, anaranjada o violeta.


En el primer piso están las seis recámaras para los hijos de la familia, con baño, vestidor y escalera de acceso al tapanco cada una. Pero la más lujosa es la habitación principal, con sala de estar, vestidor, baños separados y spa.

La vivienda cuenta con gimnasio, roof garden, alberca y biblioteca…

El Estado Mayor Presidencial confirmó al equipo de Aristegui Noticias que resguarda la casa de Sierra Gorda, ya que está obligado a garantizar la seguridad del presidente y su familia en sus actividades públicas y privadas, en Los Pinos, en Palacio Nacional y en su casa particular.









 

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1984 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
 

(PROCESO/ Arturo Rodríguez García/ 9 de noviembre de 2014)