sábado, 8 de noviembre de 2014

NARCOGUERRA IMPARABLE EN BCS


El número de muertos en la lucha por el territorio entre los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, es de 27 en 92 días en La Paz. La mayoría en los límites entre las zonas sur y norte

A punto de arrancar el proceso electoral de 2015, y previo a la selección de candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales y federales entre noviembre y diciembre próximo, la lucha entre células del crimen organizado tiende a empeorar, en medio de la omisión, sospecha y complicidad de agentes y mandos de la Policía Municipal de La Paz, Policía Estatal Preventiva, Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, Gendarmería, Policía Federal y hasta de la Procuraduría General de la República.

La narcoguerra inició el 31 de julio de 2014, cuando -según reportes federales y militares- hubo una ruptura entre células criminales y la plaza del narcomenudeo del municipio de La Paz se dividió en dos, tras la captura del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por un lado, la zona sur -de la Avenida Colosio hacia el sur de la ciudad-, controlada por la gente de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, del Cártel de Sinaloa; y por otro, la zona norte -de la Avenida Colosio hacia el norte-, bajo el dominio de la gente de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, del Cártel de los Beltrán Leyva, quienes han sido protagonistas de una feroz lucha por el control del territorio que, al cierre de esta edición, elevó a 27 el número de muertos en solo 92 días.

Reportes de inteligencia federales y de las fuerzas armadas -cuya información fue corroborada tras la aparición de narcovideos en las últimas dos semanas- exponen la pelea entre dos bandos de narcomenudistas. El primero de ellos encabezado por Ranulfo Portillo López “El Ranulfo”, y el segundo por una célula identificada como “El René” o “El Zero Miedo”.

Según las primeras investigaciones, “El Ranulfo” es respaldado por el jefe de plaza de Los Cabos, Vidal Martínez Barraza “El Vidal” o “El Víctor” y criminales de la zona sur del Cártel de Sinaloa, con la pretensión de,  a sangre y fuego, apoderarse de la zona norte controlada por los Beltrán Leyva.

La mayoría de los crímenes se han cometido en la línea divisoria entre los territorios del narcomenudeo, es decir, sobre la Avenida Luis Donaldo Colosio hacia la calle Nayarit en el lado norte, y de la avenida Luis Donaldo Colosio hacia el libramiento Daniel Roldán Zimbrón del lado sur.

En base a investigaciones federales y militares, la lucha entre unos por meterse y otros por defenderse ha traído como consecuencia levantones, balaceras, ejecutados, decapitados, calcinados e inclusive fusilados, como fue el caso del poblado de Los Barriles, donde el jefe de plaza de esa zona, José Ramón Sánchez Quiroz “El Pelón”, su lugarteniente Rosendo Jesús Acevedo Amador “El Chendo” y su novia, Guadalupe Torres López “La Melody”.


Por ese triple homicidio -como se afirma en averiguación previa LPZ/039/HOM/2014- fueron capturados y encarcelados el sobrino de “El Ranulfo”, Arnulfo Lozoya Portillo y/o Rodrigo López García “El Güero”, e Hipólito Noé Solís Hernández “El Combayo”, quienes a la fecha han sido los primeros y únicos detenidos de esta ola de asesinatos en La Paz.

Según reportes de las autoridades, un hombre es clave en la ola de ejecuciones: Cruz Alfonso Lozoya Uriarte “El Grande”, presunto jefe de sicarios de Ranulfo López Portillo y antiguo aliado de “El René” o “El Zero Miedo”.

Se ubica a “El Grande” como el cerebro de la logística de los asesinatos, en virtud de que conoce a todas las células criminales tanto de la zona norte como de la zona sur del narcomenudeo, lo que le ha permitido dar fácilmente con sus víctimas, vigilarlas y asesinarlas, además de desplazarse impunemente con gran habilidad, protegido por policías corruptos y mandos deshonestos vinculados a su red criminal del Cártel de Sinaloa.

LO MÁS CUESTIONABLE

El Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, prácticamente ha sido exhibido como ineficiente una y otra vez ante el crecimiento del número de homicidios de una semana a otra, cuyos integrantes -algunos de los cuales cuando menos tuvieron el valor civil de reconocer- “han sido incapaces de articular un plan que permita revertir el nivel de violencia y devolver la tranquilidad a una ciudad relativamente pequeña”.

“El problema es que no todos están jalando parejo. Puede ser por miedo o por complicidad”, reflexionó un miembro de este grupo interinstitucional, quien de entrada, cuestionó duramente la actuación de los gobiernos del Estado y Federal.

Desde su punto de vista, y con base a la Constitución Mexicana, Código Penal Federal, Ley Orgánica de la PGR, Ley Orgánica de la PGJE y la Ley General de Delincuencia Organizada, desde el inicio de la narcoguerra “debieron investigarse los crímenes y causas de los crímenes, es decir, la PGJE, investigar los homicidios; y la PGR, la causa de esos homicidios”.

Sin embargo, no está pasando eso. A decir del integrante del Grupo de Coordinación, entre la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República se están echando la bolita y nadie quiere hacer el trabajo de investigación de la causa de los crímenes, a pesar de que el Artículo 21 de la Constitución Mexicana es muy claro:

* La PGJE es la instancia responsable de investigar delitos del fuero común, en este caso, los crímenes.

*  La PGR es la instancia responsable de investigar delitos relacionados a la delincuencia organizada, en este caso, acopio de armas y tráfico de drogas.

Peor aún, según el Artículo 2 de la Ley General de Delincuencia Organizada, la PGR debe atraer el caso de delincuencia organizada, ya sea ejerciendo el derecho de facultad de atracción, o por declaración de incompetencia de cualquier autoridad. El Artículo 2 transcribe:

“… cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado, cometer alguno a algunos de los siguientes delitos: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores, trata de personas y tráfico de drogas…”.

A pesar de que un grupo de agentes de la Unidad Especializada de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) levantó durante dos semanas un mapeo delictivo, algunas dudas y sospechas de vínculos criminales recayeron sobre comandantes y mandos de la Policía Municipal de La Paz, Policía Federal Ministerial y Policía Federal.

Y es que en la revisión y análisis de la información de capturas por parte de agentes de la SEIDO, prácticamente todas salieron reprobados. Los números fríos -según informes recolectados de puestas a disposición de vendedores de droga- de enero a octubre pasado, son los siguientes:

* La  Policía Federal Ministerial únicamente tiene registradas dos capturas, distribuidas de la siguiente manera: 0 en enero; 0 en febrero; 1 en marzo; 0 en abril; 1 en mayo; 0 en junio; 0 en julio; 0 en agosto; 0 en septiembre y 0 en octubre.

* Policía Federal solo 9 detenciones, distribuidas así: 1 en enero; 0 en febrero; 2 en marzo; 0 en abril; 1 en mayo; 0 en junio; 3 en julio; 2 en agosto; 0 en septiembre y 0 en octubre.

* Policía Municipal de La Paz, únicamente tiene 3 detenciones: 0 en enero; 1 en febrero; 0 en marzo; 1 en abril; 0 en mayo; 0 en junio; 0 en julio; 0 en agosto; 0 en septiembre y 1 en octubre.

Los pobres resultados hablan por sí solos de la complicidad de dichas autoridades con el crimen organizado, a quienes no detienen ni combaten, por lo que evidentemente, aportaron su cuota en esta narcoguerra.

LOS ÚLTIMOS CRÍMENES

En el recuento de esta última semana, un levantón y tres tiroteos dejaron saldo de tres muertos y dos heridos en las colonias Benito Juárez, Agua Escondida e Indeco, en la zona urbana de La Paz.

El primero se registró la mañana del sábado 25 de octubre, cuando un vehículo Volkswagen Jetta de color blanco, placas de circulación CZL-8459, circulaba sobre las calles de Cabildo, entre Benito Juárez y Normal Urbana, Colonia Benito Juárez, y repentinamente una camioneta le cerró el paso. Un sujeto bajó con un arma larga y disparó en contra del tripulante.

Testigos refieren que el vehículo blanco era perseguido por una camioneta Toyota RAV4 de color gris, tripulada por tres sujetos, uno de ellos de complexión mediana y tez clara, con chaleco antibalas, quien empezó a disparar y, acto seguido, salieron huyendo hacia la calle Manuel Márquez de León.

En la escena del crimen, la PGJE levantó 29 cartuchos percutidos calibre .223 y 16 de 9 milímetros, encontrando al herido aún con vida, por lo que fue trasladado al Hospital General “Juan María de Salvatierra”.

En el auto se encontraron más de diez impactos de bala y una gorra negra con un gallo de pelea bordado, unos lentes Ray Ban y una cerveza Tecate Light abierta, y a un costado, tres recibos de nómina expedidos por Oficialía Mayor del Ayuntamiento de La Paz, a nombre de Jesús Manuel Amador Avilés, quien era empleado general en el área de Deportes.

El segundo caso se registró el martes 28 de octubre, cuando se reportó el hallazgo de una persona sin vida en el arroyo conocido como “El Piojillo”, en la colonia Agua Escondida.

La víctima se encontraba esposada y con un golpe en la cabeza, boca abajo y, a su alrededor, un charco de sangre.

Las primeras investigaciones arrojaron que se trataba del narcomenudista Christian Castro Tyler “El Cris”, quien -según testigos- había sido levantado por la madrugada en las calles Zafiro y Progreso del fraccionamiento Las Palmas.

Apenas el 14 de octubre, el joven había sido detenido en posesión de ocho grapas de droga, y, gracias a la benevolencia de las leyes mexicanas, sobre todo a los legisladores, salió libre el 19 de octubre, para que nueve días después apareciera muerto en medio del arroyo.

El tercer caso sucedió también el 28 de octubre, pero por la tarde, cuando el narcomenudista Carlos Arturo Gallardo Cadena “El Carlangas” fue perseguido y atacado en la calle Retorno 3 esquina con Guayaba, Colonia Indeco.

Gallardo viajaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra de color blanco, placas de circulación CZL-7920,  resultó herido en el dedo índice de la mano izquierda y fractura en el dedo medio. El automóvil recibió más de 16 impactos de bala.

En la escena del crimen, fueron recolectados 21 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. La víctima pudo salir bien librada del ataque y llegar por su propio pie al hospital general “Juan María de Salvatierra”, el cual fue sitiado por autoridades estatales y fuerzas armadas.

Finalmente, y para cerrar la semana, un día después, el miércoles 29 de octubre, un nuevo ataque armado sacudió la colonia Indeco, al sur de La Paz, cuando un grupo de sicarios persiguió y atacó al conocido narcomenudista Humberto Avendaño Venegas “El Güero Mazatleco” o “El Güero Albín”, resultando lesionado su acompañante, Jesús Alejandro Quiroz Verdugo “El Pelón”, quien recibió un disparo en el abdomen y un rozón en la parte frontal del cráneo.

Las victimas viajaban a bordo de una motocicleta Honda de color rojo, con rines y accesorios cromados, cuando fueron interceptados por los matones, sobre las calles Papaya y Piña. Ahí comenzaron a disparar. La PGJE encontró 18 cartuchos percutidos calibre 9 milímetros.

(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ 04 de Noviembre del 2014 a las 12:00:00)

LA BARBARIE EN LA BAJA CALIFORNIA SUR


En la última semana, la violencia se recrudeció entre células criminales de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”. Los criminales ya no se conformaron con balaceras, ahora cortaron cabezas e incineraron a sus víctimas

El 12 de octubre, el pleito entre integrantes del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, pasó a ser una de las peores batallas entre células criminales de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” por el control del territorio del narcomenudeo, que al cierre de esta edición, contabilizó 22 muertos e incrementó el temor de la población sobre todo por las balaceras que se han registrado en la principal zona urbana de La Paz.

Los levantones, la tortura y el asesinato de tres integrantes del crimen organizado que fueron depositados dentro de un vehículo rentado, y posteriormente, quemados en el kilómetro 38 de la carretera federal La Paz-Ciudad Constitución, es según algunos integrantes del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur “el hecho más sangriento de esta narcoguerra”, cuyo nivel de violencia escaló esta semana.

Los crímenes que evidenciaron la completa impunidad se cometieron a la par de la llegada de un grupo de la Unidad Especializada de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) y de un contingente de alrededor de 200 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La madrugada del 12 de octubre, las tres células del Cártel de Los Beltrán Leyva, fueron levantados, torturados, degollados e incinerados, quienes estaban en calidad de desconocidos.

Sin embargo, dos días después, es decir, el 14 de octubre, apareció un narcovideo en  Youtube, con una duración de 6 minutos con 2 segundos, bajo el título: “La gente de René de La Paz”, a través del usuario de nombre Claudia Domínguez. Ahí aparecieron los rostros de los fallecidos.

Según las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con base en fotografías vigentes, rasgos físicos, tipo y color de ropa y los respectivos reportes de desaparición de las tres personas, podría tratarse de los siguientes:

1.- Mario Alberto López García “El Júnior”, de 20 años de edad, originario de Badiraguato, Sinaloa.

2.- Tomás Antonio Rico Castro “El 3”, de 21 años, originario de La Paz, presunto familiar –según las primeras indagatorias—de los agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) Jesús Antonio Rico Castro y Salvador Serrano Rico.

3.- Carlos Antonio Mayoral Hernández “El Mayoral”, de 28 años, originario de Ciudad Constitución, quien de acuerdo a las investigaciones fue agente de la Policía Ministerial del Estado hasta el 2013.

Los familiares de las tres víctimas levantaron un reporte de su desaparición desde el mismo día que trascendió el hallazgo del vehículo quemado y se supo que habían encontrado tres cuerpos calcinados, por lo cual se abrieron las siguientes averiguaciones previas: LPZ/747/AMP10/2014, LPZ/748/AMP10/2014 y LPZ/749/AMP10/2014.

Los consanguíneos –en su reporte—coincidieron en señalar que “la última vez que habían sido vistos fue a bordo de una vehículo de color gris, modelo reciente, tipo Jetta y marca Volkswagen”.

La grabación
La vídeo-grabación que se publicó alrededor de las 11 de la mañana del 14 de octubre en el portal de Youtube, inicia con el narcocorrido “Dámaso”, y narra que los protagonistas son gente de “René” o “00” y dicen estar avergonzados de que hayan pertenecido al Cártel del Sinaloa, previo a la pugna interna tras la captura del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Además, señalan que ahora estaban al servicio de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, a quien medios nacionales e internacionales lo colocaron en los últimos días como el sucesor de Héctor Beltrán Leyva “El H”.

La grabación muestra en una secuencia de fotografías a un hombre muerto dentro de un vehículo vestido de camisa azul a rayas blancas, quien fue identificado por la PGJE, como Francisco Javier Pérez Chávez “El Pancho” o “El Chinola”, asesinado el pasado 8 de octubre en un tiroteo sobre las calles de Guillermo Prieto entre Callejón de Acceso y Luis Donaldo Colosio en la colonia Inapala de La Paz.

La parte fuerte del video es el interrogatorio al que fueron sometidas las víctimas. De izquierda a derecha son las siguientes:

1.- Mario Alberto López García “El Júnior”, quien aparece desnudo, solo con shorts negros, aunque en una de las fotografías también está con una playera roja y un pantalón negro.

2.- Tomás Antonio Rico Castro “El 3”, el cual figura con un pantalón de mezclilla negro y una camisa Polo color verde oliva a rayas blancas.

3.- Carlos Antonio Mayoral Hernández, quien aparece vestido con una playera naranja y pantalón de mezclilla azul, roto.

Las tres víctimas lucen torturadas, ensangrentadas y esposadas.

A continuación transcribimos íntegramente el interrogatorio elaborado por sicarios de Dámaso López Núñez “El Licenciado” o “El Dámaso” del Cártel de Sinaloa a células de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” del Cártel de los Beltrán Leyva, cuyo cabecilla en La Paz –según los testimonios de las víctimas—es un sujeto identificado con los alias de “René” o “00”.

-¿Para quién trabajan?
“Para “René”.
- ¿Cuánto tienen trabajando?
“Tres meses y medio”.
- ¿Cuál era su función?
“Robar carros, pedir cuotas, robar (inaudible), asaltar…”
- ¿Quién patrocina a “René”?
“Chapo Isidro”.
- ¿Cómo conocen a “René” por número o por (inaudible)?
“René o 00”.
- Entonces el que patrocina a “René” ¿quién es?
“Chapo Isidro Flores”.
- Antes de lo que los detuviéramos a ustedes ¿cuál era la función que tenía que hacer ustedes?
“Pedir cuotas, robarle cosas a (inaudible), robar carros…”
- Pero cuando los detuvimos hace un momento ¿qué función tenían? ¿Qué planes?
“Estaba planeado el secuestro del hijo del Procurador”.
- ¿El secuestro del hijo del subprocurador?
“El hijo del Procurador”.
- ¿Cuánto iban a pedir por el rescate?
“5 millones de pesos”.
- ¿Cómo se llama el Procurador?
“Adonaí Carreón”.
- ¿Cuánto iba a pedir por el rescate?
-5 millones”.
- ¿Cuánto le iba a tocar de ahí a ustedes?
“No (inaudible)”.
- ¿Y si no lo hacían qué?
“Te mataban a tu familia”.
- ¿Quién anda con él? ¿Los cercanos a él? ¿Los apoyos grandes de él? ¿Los brazos derechos?
“Luis Montoya, Compadrón, El Mili, Héctor alias ‘Giovanni’”.
- Todos ellos pedían cuotas con René “El 00”, ¿verdad?
“Sí”.
- ¿Quién es el que sacaba las cuentas de las cuotas?
“Compadrón”.

Posteriormente, de acuerdo con las imagenes de la grabación, las víctimas fueron degolladas, incluso, los matones cortaron la cabeza al ex policía ministerial del estado, Carlos Antonio Mayoral Hernández “El Mayoral”, y la depositaron a un lado del cuerpo, y al final se ve el vehículo ardiendo en llamas.

Cabe destacar que entre las fotografías del video también aparece el ex policía ministerial del estado de Sinaloa, Luis Fernando Leyva Guzmán, a quien se le atribuyó ser familiar directo del ex capo Héctor Beltrán Leyva.

En la gráfica se observa, a un hombre de alrededor de 50 años, semidesnudo, torturado y con una venda negra sobre la cabeza, el cual –según la PGJE—fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina a escasos 200 metros de la avenida Pino Payas por la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

LA INVESTIGACIÓN

Sobre la aparición del video, el Procurador Adonaí Carreón Estrada, dijo que “la videograbación iba a ser sometida a un estudio tecnológico y espectral para obtener mayor información que permita resolver el caso de las personas calcinadas y posiblemente dos crímenes más”.

La información que podría derivar de ese estudio sería la siguiente:

1.- Identificar a las víctimas y a los victimarios.

2.- Obtener el resultado de una inspección pericial que permita identificar la originalidad de la grabación en audio y video.

3.- Sacar datos en la investigación del crimen y poder utilizarlo jurídicamente en contra de los presuntos responsables del triple homicidio.

4.- Obtener datos de los asesinatos de Francisco Javier Chávez Pérez “El Pancho” o “El Chinola”, y de Luis Fernando Leyva Guzmán, presunto familiar de Héctor Beltrán Leyva.

No obstante, la PGJE comenzó a recabar muestras de Ácido Desoxirribonucleico, conocido como ADN, para realizar pruebas comparativas con familiares directos como padres, hermanos o hijos, y así identificar plenamente a las tres víctimas.

Obviamente, la confirmación de que sean las víctimas o no de quienes aparecen en el video habrá de tardar entre 30 y 90 días, ya que el estudio habrá de realizarse fuera del estado.

Carreón Estrada, no quiso opinar sobre el supuesto plan de secuestrar a uno de sus hijos por parte del Cártel de Los Beltrán Leyva, y comentó que seguirán trabajando con las investigaciones sobre la ola de ejecuciones para sustentar jurídicamente la declaración de incomptencia para que la PGR pueda atraer los casos, “porque aunque tengas datos e indicios, deben de probar que se trata del crimen organizado”.

Sin embargo, de acuerdo a información recabada por Investigaciones ZETA, el titular de la PGJE reforzó su seguridad personal y la de su familia.

En el análisis del contenido del video -y según la opinión de un especialista en delincuencia organizada consultado por este Semanario-, lo único que hicieron los responsables de editarlo y subirlo a la red de YouTube, fue corroborar lo siguiente:

1.- La ruptura dentro del Cártel de Sinaloa, tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

2.- La guerra que sostienen los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva por el control del narcomenudeo en el municipio de La Paz.

3.- Los sicarios implicados en cinco de los 22 asesinatos de manera comprobada, al exhibir fotografías y videos de los homicidios de Mario Alberto López García “El Júnior”, Tomás Antonio Rico Castro “El 3”, Carlos Antonio Mayoral Hernández “El Mayoral”, Francisco Javier Chávez Pérez “El Pancho” o “El Chinola”, y el de Luis Fernando Leyva Guzmán, presunto familiar del ex líder del Cártel de Los Beltrán Leyva.

4.- Las víctimas que aparecen en la grabación fueron evidentemente instruidas o aleccionadas, es decir, los matones les dijeron cómo y qué debían decir frente a la cámara antes de ser asesinados y calcinados.

5.- Los matones tratan de confundir a las propias autoridades y erigirse como los paladines de la justicia, al evitar el presunto secuestro de uno de los hijos del procurador.

6.- Generar miedo y zozobra entre la sociedad y atomorizar a sus rivales.

El especialista en delincuencia organizada -y en base a la impresión que tuvo de la grabación- externó que “el video fue grabado por criminales inexpertos que cometieron muchos errores, y no tuvo el impacto que pudieran haber esperado, porque a leguas se ve que lo que dicen fue indiciado o planeado, pidieron las cosas por favor, usaron tonos de voz muy bajos de parte de las víctimas, y aparte, físicamente se ven relajados, sin miedo, sin terror, como dando la impresión de que se conocían entre ellos y hasta las víctimas en cierto momento; y aunque lucían golpeadas, cuando menos dos de ellos, lo único que parece que les incomodaba era lo duro del piso, y hasta se dan el lujo de cruzar las piernas y acomodarse de un lado a otro”.

De acuerdo con un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, y basados en los análisis y estudios de la mayoría de los miembros del grupo interinstitucional, la pelea entre células de estos cárteles del narcotráfico y acérrimos rivales en varios estados de la República está centrada en dos vertientes:

1.- La venganza por el crimen del jefe de seguridad de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera”, el 31 de julio de 2014, en el Kilómetro 8.5 de la carretera de La Paz hacia Los Planes. Por este homicidio han sido asesinadas las siguientes personas: Carlos Miguel Calderón Hinojosa “El Virolo”, quien según investigaciones federales y militares, era considerado el puente entre criminales, mandos y funcionarios de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial del Estado, Secretaría Estatal de Seguridad Pública y la Coordinación de Giras del gobernador; Gerardo Geraldo Méndez “El Geras”, presunto contador de Los Beltrán Leyva en La Paz; Marcelo Gómez Jiménez y José Federico Gaxiola Osuna “El Pikas”, el primero mecánico de “El Pikas”, y el segundo, uno de los presuntos sicarios que participaron en el crimen del escolta de “Los Dámaso”.

2.- La pelea por el control del narcomenudeo en el municipio de La Paz.

Actualmente, según el mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares, la llamada Zona Sur (de la Avenida Luis Donaldo Colosio hacia la carretera a Los Cabos) es controlada por el Cártel de Sinaloa, y la Zona Norte (de la Avenida Colosio hacia la carretera Pichilingue) es territorio del Cártel de Los Beltrán Leyva.

La mayoría de los crímenes han ocurrido justamente en “la línea divisoria” de sus respectivos territorios, es decir, cerca de la Avenida Colosio, sobre todo cuando alguno de los narcomenudistas han sido sorprendidos vendiendo droga en los territorios de los rivales, lo que ha derivado en persecuciones y tiroteos de carro a carro.

A pesar de que la PGR no ha atraído oficialmente el caso por falta de voluntad política por parte del delegado José Eduardo Peruyero Redondo, ya que de acuerdo a un integrante del Grupo de Coordinación, “no ocupa una declaración formal de incompetencia”, sino “únicamente ejercer la facultad de atracción” -contemplada en la Ley Orgánica de la PGR y la Ley General de Delincuencia Organizada-, el trabajo de coordinación interinstitucional permitió la ubicación y captura de los siguientes sicarios:

1.- Roberto Leyva Verdugo, de 18 años, originario de Ensenada, Baja California.
2.- Alejandro Espinoza Cabrera, de 23, originario de Mocorito, Sinaloa.

3.- Javier Ortiz Salvatierra, de 21 años, originario de Todos Santos, Baja California Sur.
4.- Mauro Alán Valles Aguilar, de 22, oriundo de Sinaloa.
5.- Fernando Arturo Ramírez, de 27, oriundo de Sinaloa.

Los pistoleros fueron detenidos en un operativo por parte de elementos de la PGJE y de la SEDENA, cerca del Estadio de Beisbol “Jesús Rosas” en el poblado de Todos Santos, al sur de La Paz, quienes en sus primeras declaraciones dijeron estar a las órdenes de Cruz Alfonso Lozoya Uriarte “El Grande” y Vidal Martínez Barraza “El Víctor” o “El Vidal”.

Sin necesidad de presionarlos, los delincuentes revelaron que sus jefes armaron grupos de entre tres y cinco sicarios, y traen una fuerza armada de entre 20 y 30 criminales que conforman entre cuatro y seis grupos armados, los cuales -revelaron-“son responsables de toda la ola de violencia y del clima de inseguridad que priva en La Paz, Todos Santos y Los Barriles”.

Los sicarios fueron capturados con dos rifles de asalto, un AK-47 y un R-15, y según sus declaraciones, había planes de expandirse hacia Los Cabos y Comondú, porque “había órdenes de arriba de tomar las plazas”.

Al cierre de edición, las armas de los detenidos eran sometidas a pruebas de balística para determinar su relación en el atentado a Hipólito Noé Solís Hernandez “El Combayo” y sus operadores, Armando Bautista Rivera y María de Jesús Domínguez Guerrero; así como del asesinato de Víctor Martín Amador García, registrado el domingo 12 de octubre en las calles Topete y Del Pilar, en el poblado de Todos Santos.

LAS REACCIONES


Hasta hoy, el sector empresarial de La Paz no ha fijado una postura formal.

Peor aún. Los diputados locales también callan y ninguna de las fracciones parlamentarias ha emitido un pronunciamiento oficial en torno a la inseguridad.

No obstante, y ante la evidente ausencia de voces críticas en contra de la violencia, el Obispo de La Paz, Baja California Sur, Miguel Ángel Alba Díaz, salió a dar la cara por los sudcalifornianos y expuso “la preocupación de muchos que viven en medio de la angustia por la violencia, que en forma acelerada va a la alza, en la que hasta hace poco fue tierra pacífica”.

El clérigo dijo que hasta antes del huracán “Odile” se hablaba entre de 10 y 15 ejecuciones y las cuales cimbraron a la sociedad y cuestionó textualmente: “Eso es lo que sabemos, hay muchos filtros en la información, ¿cuántos más habrá?”.

En una carta de 3 páginas enviada a los medios de comunicación, y la cual casualmente no fue reproducida en ninguno, Alba, expuso que “la violencia nos obliga hacer un alto y reflexionar de una manera responsable y propositiva” y citó: “Vivimos una época en la que todo pasa rápido y la repetición de hechos nos lleva a acostumbrarnos a los mismos perdiendo la capacidad de asombro. Hay que gritarlo en voz alta: no debemos acostumbrarnos a vivir en un clima de violencia, eso nos lleva a la indiferencia y a construir culpables alrededor, sin asumir la parte que nos corresponde. Ya no somos ajenos a este fenómeno, no solo nacional, sino mundial. En lo primero que pensamos es en el narcotráfico a gran escala, pero la realidad es que ahora el narcomenudeo nos está llevando a situaciones nunca antes vistas en nuestro medio, las conocíamos en otras latitudes por lo que escuchábamos en los noticieros. Y si queremos ser justos, debemos reconocer que es un problema cada vez más local, dejemos de fincar responsabilidades solo en gente que ha llegado de fuera, varios de los ejecutados tienen origen y apellidos sudcalifornianos”.

El Obispo de La Paz comentó que “esa violencia, así como la criminalidad, la rapiña y otros hechos delincuenciales, son fruto de algo que se ha ido sembrando en nuestra sociedad, y es la ausencia de valores en un pueblo por naturaleza pacífico, pero que le fue abriendo las puertas a la permisividad. En nombre de la modernidad y del no pasa nada, nos hemos vuelto algo cómplices de lo que a la ligera condenamos deslindándonos de toda culpa”.

“¿Hasta dónde vamos a llegar?”, se preguntó y criticó a aquellos que “se consuelan diciendo que se están eliminando entre ellos, pero son ellos los que siguen surtiendo la droga a nuestro pueblo, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes. Ahí está el verdadero problema, si la demanda sigue creciendo también crecerá la lucha por el mercado de quienes la distribuyen, aumentando cada día la ola de violencia”.

Finalmente, el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz, se fue duro y a la cabeza en contra de las autoridades responsables de combatir la delincuencia incluso de altos funcionarios del gobierno. “Hemos perdido la confianza en la policía, pues ven cómo se hacen de la vista gorda frente a los narcomenudistas, los cuales realizan su trabajo de manera descarada, ya no se esconden, se ve en cualquier esquina y a plena luz del día. Hasta se les ve dialogando entre ellos. Entendemos que no todos los policías están implicados, existen los buenos, pero es sabido que algunos son parte de esa telaraña criminal y muchos sospechan que también hay altas autoridades involucradas en ella. Ése es el ambiente de desconfianza que se vive en la mayoría de las poblaciones de Baja California Sur”.

La otra que se subió al barco de los cuestionamientos contra la violencia fue la consejera nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Alicia Uribe Figueroa, y quien solicitó a su partido fijar una postura sobre los hechos sangrientos.

Como era de esperarse, el primero en responder fue el gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y quien después de coincidir con la preocupación del Obispo de La Paz, pidió presentar “una denuncia si es que cuenta con información que conduzca a pensar en que corporaciones de seguridad estarían infiltradas por el crimen, incluso altas autoridades, porque desgraciadamente la Procuraduría trabaja en función de denuncias y no tenemos ninguna denuncia penal al respecto”.

Sobre la ola de ejecuciones, el gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor admitió que los hechos violentos de las últimas semanas “ya no son de ninguna manera aislados” y anunció la decisión del llamado Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de colocar 8 filtros de revisión en diferentes puntos de la ciudad de La Paz.

Aunque no lo dijo abiertamente, dejo entrever que la intención “es inhibir a la delincuencia y evitar el movimiento de armamento”, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía por la molestia que van a generar los retenes vehiculares, y donde participan la policía municipal, estatal, y ministerial, así como la Gendarmería, Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional.

“A pesar del escepticismo de buena parte de la sociedad, han dejado buenos resultados”, dijo el gobernante, cuando se refirió a la captura Ranulfo o Arnulfo Lozoya Portillo en el retén del kilómetro 11 de La Paz a Los Planes, considerado una célula del Cártel de Sinaloa y acusado del triple homicidio de la comunidad de Los Planes.

Durante una entrevista, dijo que “la PGJE está avanzando en las investigaciones, pues se tienen detenidos y consignados, se recuperó armamento utilizado en los crímenes y se libraron algunas órdenes de aprehensión contra responsables de los delitos”.

El gobernador se defendió de sus críticos y expuso que “no se ha quedado de brazos cruzados”, por el contrario, solicitó al Gobierno Federal apoyo humano, material y tecnológico para el trabajo de inteligencia y esperan ser más efectivos en las tareas de seguridad.

Comentó que solicitará por enésima ocasión que “la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones por tratarse de delitos cometidos por el crimen organizado”, pero apenas había terminado de hacer la declaración, cuando el delegado José Eduardo Peruyero Redondo, muy quitado de la pena, expuso que “el caso de las ejecuciones no es delicado ni es tan grave como en otras entidades del país”, y reiteró que la investigación debe seguir en manos de la PGJE, porque “no tenemos la agudeza que se está presentando en el noroeste del país y la atracción se da siempre y cuando haya elementos para dar con la vinculación que todos presumimos que son acciones de la delincuencia organizada”.

La postura del delegado federal ha sido hartamente criticada por la sociedad sudcaliforniana, sobre todo después de que en la clausura de la 47 sesión de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) y donde el gran ausente fue el mandatario de Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto, instruyó que se aplique todo el peso de la ley en contra de la delincuencia organizada, cuando habló del vergonzante caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

El mandatario pidió no ser omisos y asumir cada quien su responsabilidad –desde el ámbito de su competencia– con mayor compromiso para lograr mejores resultados en materia de seguridad en corto plazo.

“Es inaceptable que un estado democrático de derecho, como México, pueda haber localidades, con vacíos de autoridad, y peor aún, con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes”, expuso.

Al cierre de edición, un grupo de empresarios y líderes sociales convocaban a una marcha pacífica y silenciosa contra la narcoviolencia -según volantes que comenzaron a circular-, programada a partir de las cinco de la tarde del sábado 18 de octubre, partiendo del malecón costero de La Paz hacia Palacio de Gobierno.

Los organizados solicitaron a la concurrencia vestir de color blanco, además de extender una invitación al Obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, para encabezar la marcha.

LOS ÚLTIMOS ATAQUES ARMADOS

9 de octubre

Jorge Luis Lozoya Uriarte, 22 años, originario de Culiacán, Sinaloa. Fue herido a la altura del riñón y costillas. La víctima iba acompañada de Iván Castro Burgoing y Jícaras López, a bordo de un automóvil color gris, línea Corolla, marca Toyota, modelo 2015.
9 Milímetros
Avenida Luis Donaldo Colosio y Toronja, colonia Indeco en La Paz, BCS

12 de octubre

Víctor Martín Amador García, 29 años, originario de Todos Santos, B.C.S. Fue asesinado de 2 tiros en la cara y baleado en piernas y pantorrillas, cuando iba a bordo de una cuatrimoto.
9 Milímetros
Topete y calle del Pilar, colonia Centro en Todos Santos,

Fuente: PGJE

LOS CALCINADOS

NOMBRE: MARIO ALBERTO LÓPEZ GARCÍA

APODO: “El Júnior”
Edad: 20 años
Estatura: 1.75 m.
Originario: Badiraguato, Sinaloa
Última vez que fue visto: 11 de octubre
A.P: LPZ/748/AMP10/2014
Tez: Morena
Complexión: Delgada
Frente: Amplia
Cabello: Negro
Cejas: Pobladas
Ojos: Café
Boca: Chica
Nariz: Ancha
Labios: Medianos

Nombre: CARLOS ANTONIO MAYORAL HERNÁNDEZ

Apodo: “El Mayoral”
Edad: 28 años
Estatura: 1.70 m.
Originario: Ciudad Constitución, BCS
Última vez que fue visto: 12 de octubre
A.P: LPZ/749/AMP10/2014
Tez: Morena clara
Complexión: Regular
Frente: Amplia
Cabello: Castaño obscuro
Cejas: Medio pobladas
Ojos: Café claros alargados
Boca: Mediana
Nariz: Grande
Labios: Medianos

NOMBRE: TOMÁS ANTONIO RICO CASTRO

Apodo: “El 3”
Edad: 21 años
Estatura: 1.80 m.
Originario:  La Paz, BCS
Última vez que fue visto: 11 de octubre
AP: LPZ/747/AMP10/2014
Tez: Blanca
Complexión: Delgada
Frente: Pequeña
Cabello: Castaño Claro
Cejas: Medio pobladas
Ojos: Verdes
Boca: Mediana
Nariz: Mediana
Labios: Medianos

Fuente: PGJE


(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ 21 de Octubre del 2014 a las 13:40:01)

PANDILLAS SIGUEN VIVAS


Peleas campales, vandalismo, heridos y muertos son las consecuencias de las pandillas en Tecate y Tijuana. Mientras las corporaciones policiales municipales aseguran que el problema está bajo control, la Procuraduría continúa las consignaciones por homicidio y robo agravado por pandillerismo

En Tecate, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tiene identificadas a por lo menos diez pandillas en las colonias La Coyotera, Ampliación El Descanso, El Paraíso y Loma Alta. Las integran jóvenes entre 14 y 22 años de edad.

La rivalidad entre dos de estos grupos delictivos –asociados a grafiti, vandalismo, robos y hasta homicidios– ocasionó que el 8 de junio de 2014, se detuvieran a 50 personas, entre ellos diez menores edad, por una riña que concluyó con el homicidio de un hombre.

La balacera inició cuando pandillas de la colonia Loma Alta y El Paraíso se enfrentaron por disputas internas. Ese día, la policía municipal solicitó el apoyo de la Policía Estatal Preventiva (PEP), de la policía municipal de Tijuana y hasta del Ejército Mexicano. Antes de que las fuerzas policiales pudiesen detener el enfrentamiento, Francisco Barba Escobar, de 25 años, murió por el disparo de arma de fuego.

El director de Seguridad Pública, Bartolomé Lam Canto asegura que del medio centenar de detenidos “no todos estaban relacionados directamente con el evento”.

Minutos después, añade “Tecate todavía tiene esa esencia de una ciudad provinciana, tranquila. Afortunadamente no tenemos delitos de alto impacto como los tuvimos en el 2007, que fue una carnicería”.

Al día siguiente de la entrevista, un hombre descrito con aspecto de “cholo” por vestir camisa a rayas y shorts color gris con negro fue acribillado con un arma R15, conocida como “cuerno de chivo”, en la colonia Cuauhtémoc.

El titular de la DSPM prefiere hablar de los trabajos de prevención en las colonias con más alta incidencia, del trabajo con menores de edad y estudiantes de preparatoria.

“Tenemos ubicados ciertos personajes con problemáticas, algunos menores de edad, estudiando la preparatoria y otros no tienen oficio ni beneficio, pero atacamos el problema acercando los programas preventivos, trabajando con la unidad anti grafiti y la policía juvenil”. Luego acepta “no todos (los jóvenes) son rescatables”.

Entre los registros que lleva Seguridad Pública, está una base de datos con mil 500 “pintas” (firmas) de grafiti recolectadas a lo largo de cuatro años.

De hecho, el programa para anti-pandillerismo en Tecate, está enfocado a recuperar espacios con grafiti. Para ello, han reclutado a 75 jóvenes, encontrados haciendo grafiti, para pintar 10 mil metros lineales de bardas.

“No es algo que me preocupe lo de las pandillas porque no está despuntado”, asegura Lam Canto y ofrece de comparación “tengo una llamada de pandilla al día y seis de robo a casa habitación”.

De enero a agosto de 2014, Tijuana es la ciudad con más reportes de incidentes de pandillerismo en el Estado. Son 2 mil 712 llamadas las realizadas a los números de denuncia. Le siguen Mexicali con mil 647 reportes, Tecate con 653, Ensenada con 147 y Rosarito con 81.

UN “RAITE” A SUS AMIGOS LE COSTÓ 25 AÑOS DE CÁRCEL

La noche en que buscaron a Isaí Ramos Ramírez, fue con el pretexto de pedirle un “raite”. A sus 21 años, Isaí era el único mayor de edad entre sus tres amigos. Eso le costó 25 años de prisión cuando fue sentenciado por homicidio calificado con ventaja a pesar de que fue uno de sus amigos quien accionó el arma.

Durante una fiesta celebrada el 20 de diciembre de 2008 en Tecate, José Arturo Rojas Germán, alias “El K”; Rogelio Abraham Castro, alias “El Gallo” y Kemish Adamy Carlos Alvarado, todos de 17 años, habían participado en una pelea con 15 sujetos más por “la identidad de sus barrios”.

Después de soltar y recibir golpes, amenazaron al de nombre Aziel Abizai Rodríguez Aguedo y se retiraron de la colonia Ampliación El Descanso para buscar a su amigo Isaí Ramos, quien conducía un Honda Civic modelo 1998 de color gris con cofre azul. Los tres jóvenes fueron por sus armas: un rifle calibre .22 y una pistola calibre .25.

Abordaron el vehículo de Isaí. Ya era la madrugada del 21 de diciembre. Él los condujo hasta el fraccionamiento Andalucía. Se estacionó en un camino de terracería y los vio salir de su vehículo hasta introducirse a una vivienda a una cuadra de distancia.

Minutos después, alrededor de las 2:30 horas, Isaí escuchó seis detonaciones de arma de fuego. “Regresaron mis amigos corriendo asustados, me pidieron ir a La Coyotera y en la colonia ampliación La Coyotera, nos detuvo una patrulla”, se lee en su declaración.

Dentro del domicilio número 45 de la calle Madrid del fraccionamiento Andalucía, fue localizado muerto Aziel Abizai, con quien los jóvenes habían discutido “debido al barrio”, de acuerdo a declaraciones de testigos ante el Ministerio Público.

Aziel, de 25 años, quedó tendido en el piso de la casa donde tomaba con sus amigos. Los proyectiles de arma de fuego le perforaron el corazón y los intestinos. Fue Kemish Adamy Carlos Alvarado quien disparó cuando el joven salió al patio, herido llegó hasta el comedor, ahí fue cobijado por sus amigos.

Los detalles de su cuerpo sin vida, fueron levantados en el registro pericial. Un tatuaje en el pecho con la dedicatoria “Querido Hijo Aziel Adán”, uno más en tobillo izquierdo con la leyenda “South Aib Sider” y un tercero en el hombro con la frase “Sur 13”, pandillas a las que pertenecía.

La policía municipal comenzó la búsqueda del vehículo de Isaí y de los sujetos descritos por los testigos como “unas personas de aspecto antisocial de la colonia El Descanso con quienes salieron de pleito en una fiesta”.

En la colonia Jardines del Río, no muy lejos del lugar del homicidio, fueron detenidos los cuatro jóvenes con dos armas localizadas y varios cartuchos. Los implicados fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Durante su proceso judicial, quedó demostrado que la participación de Isaí se redujo a conducir a los tres adolescentes a la casa de la víctima. También declaró no saber que privarían de la vida a Aziel.

“La persona que materialmente realizó los disparos fue el menor de edad de nombre Kemish Adamy Carlos Alvarado, la participación que se le atribuye a Isaí es en base a que éste actuó bajo la hipótesis de autoría y participación prevista, es decir, tomó la decisión de participar en conjunto con tres personas más menores de dieciocho años”, se lee en la sentencia de la causa penal 0819/2010.

Después de casi seis años de los hechos, la mamá de Isaí no puede controlar las lágrimas cuando habla del caso de su hijo. Del coraje e impotencia cuando vio salir de la cárcel a dos de los menores de edad y en cuanto se enteró que Kemish saldrá de prisión en diciembre de 2014.

Mientras tanto, su hijo saldrá de la cárcel casi a los 50 años de edad. “Tuve que vender mi casa para ver si lo podía sacar, pero no hay fianza ni nada. Lo único que me duele es que lo hayan sentenciado a tanto tiempo”, cuenta dolida la mujer.

La mamá de Isaí señala además las dificultades que enfrentaron durante el juicio, por ejemplo el abogado a quien contrataron para la defensa, Pepe Lara, ex director jurídico del Ayuntamiento de Tecate, “en lugar de que lo ayudara, lo hundió, en las audiencias no sabía nada del caso ni asesoró a mi hijo”.

Aunque Isaí, quien trabajaba en una fábrica de colchones, le repite en cada visita a su mamá “ni modo madre, yo estoy acá, no te preocupes, voy a salir”, la mujer confiesa “no creo que los aguante”.

Mucho ha cambiado en la vida de los padres de Isaí, después de vender su casa para costear los gastos del juicio, se mudaron a una pequeña vivienda, pero lo que más duele a la pareja es saber que por tener 17 años, Kemish, “El K” y “El Gallo” recibieron una sentencia de menos de seis años, mientras que Isaí, quien no participó en el asesinato, recibió cuatro veces mayor.

“Antes me daba mucho coraje verlos libres, pasaban frente a la casa y se burlaban de nosotros porque nuestro hijo sigue en prisión, mientras yo cada 15 días voy a El Hongo a llevarle camisas, pants, su libreta, sus hojas blancas y goma para que tome clases ahí adentro, pero hay veces que ni para eso nos alcanza”.

Este año, la familia presentará un segundo amparo a la sentencia de Isaí para solicitar que sea puesto en libertad o bien, el delito sea considerado homicidio simple y no con ventaja.

DETECTAN CONSUMO DE DROGA DESDE LA SECUNDARIA

En Tijuana, Carmen Yolanda Navarro Sámano, se desempeña como directora de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Aunque, al igual que en Tecate, no existe un programa especializado en atacar pandillas, ya que “el problema no es tan grave”, trabajan en proyectos de prevención del delito. Por ejemplo, en 2014 han realizado el “Operativo Mochila” en 84 escuelas, es decir 41 grupos y 37 mil 239 alumnos.

La funcionaria explica que las solicitudes de directores de escuelas abundan en la zona Este, colonias como La Presa, La Presa Rural, Los Pinos, Altiplano, Centro, Miramar, Sánchez Taboada reportan mayor número de conflictos entre alumnos y consumo de sustancias.

“De un Operativo Mochila, salen 10 niños con problemas (portación de navajas, acoso escolar, auto flagelación), por lo menos uno con marihuana”, explica. Aunque por portar enervantes y navajas, los menores de edad son presentados ante el juez municipal, el resto de las problemáticas son canalizadas a los programas de policía juvenil y “Jóvenes cambiando sus vidas” o a terapias en DIF.

La Dirección de Prevención del Delito ha detectado dos polígonos con la mayor problemática en este tema: la zona Este y la zona Norte. “Nos enfocamos ahí porque hay más necesidad económica, más problemáticas en las escuelas y además son los dos polígonos con los más altos índices delictivos”, detalla Navarro Sámano.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) alcanzó mil 787 resoluciones que incluyeron medidas de orientación, protección, y tratamiento para lograr la reinserción social del adolescente en 2014.

Tan solo en Mexicali, las agencias del ministerio público especializadas en adolescentes realizaron 416 intervenciones inmediatas en menores de edad por presentar conductas tipificadas como delito, incluidas pandillerismo, grafiti, vandalismo, drogadicción, conducta sexual prematura, agresión, entre otras, para prevenir la futura participación en hechos delictivos.

DE ROBOS A HOMICIDIOS

Entre los casos agravados por pandillerismo por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobresalen robos con violencia y homicidios cometidos por menores de edad.

Alexis “N”, de apenas 17 años fue detenido por participar con dos amigos en la golpiza a un hombre mayor de 30 años. Las lesiones le costaron la vida. El 17 de enero de 2013, Alexis se encontraba en la colonia Simón Bolívar de Tijuana cuando un hombre apodado “El Chango” se dirigía hacia ellos con un cuchillo fajado en su ropa.

Después de amenazarlos directamente, los jóvenes golpearon al sujeto, quien se alejó caminando a su casa, pero murió horas después. Por ese delito, a Alexis “N” se le giró una orden detención por el delito de homicidio agravado por pandillerismo.

También a causa de una “rencilla por pandilla”, José Manuel Montalvo Barbosa, alias “El Flamas’’, de 18 años de edad y Daniel Armando Gallardo Mora, alias “El Stuart’’, de 20 años, fueron detenidos por el delito de homicidio.

El 22 de agosto de 2014, en la colonia Villa del Campo, localizada en la zona Este de Tijuana, “El Flamas” inició una pelea con Gustavo González Felipe, a quien identificó como miembro de una pandilla contraria. La riña inició con piedras y un bate de béisbol, pero al ser dispersados por la policía municipal, los jóvenes regresaron a sus hogares.

Al día siguiente, “El Flamas” y “El Stuart’’ atacaron con una manopla y un cuchillo de combate a Jorge Raúl Torres Acosta, quien había ayudado a su amigo Gustavo en la pelea del día anterior.

Además, por lo menos cuatro personas han sido detenidas por cometer, entre otros delitos, robos con violencia agravados por pandillerismo. Jesús Francisco Ibarra Tapia de 26 años de edad y Juan Carlos Marín Llanos de 30 años de edad, fueron sentenciados a 23 años seis meses y 20 años dos meses de prisión respectivamente, por robo calificado (robo a casa habitación) con violencia, robo de vehículo de motor con violencia y robo de vehículo de motor con violencia agravado por pandillerismo. Los ilícitos fueron cometidos en 2010.

Mientras que Víctor Antonio Carranza Delgado, alias “El Toñito” de 21 años de edad, fue detenido, después de que se girara orden de aprehensión por el delito de robo con violencia agravado por pandillerismo.

El joven aparece en al menos 10 averiguaciones previas por robo a banco, tres cometidos este 2014.



(SEMANARIO ZETA/Inés García Ramos / 20 de Octubre del 2014 a las 12:00:01)