lunes, 6 de octubre de 2014

LADY GAGA ENSEÑA EL TRASERO AL TATUARSE Y TRAS CONCIERTO





La cantante estadunidense volvió a encender las redes sociales mostrando partes de su cuerpo desnudo

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de octubre.- De nuevo Lady Gaga mostró partes de su cuerpo desnudo, en Instagram y tras dar un concierto en Hamburgo, la semana pasada.

La cantante publicó, el pasado 2 de octubre unas imágenes en Instagram donde le están tatuando la espalda, pero también dejó descubierto su trasero.

Me hice este tatuaje para honrar a mis fans, son especiales y estoy consciente de lo afortunada que soy por tenerlos", publicó con las fotografías en la red social la intérprete de Bad romance.

Dos días después, la polémica cantante caminó frente al personal técnico que apoyó en el concierto que ofreció en la arena O2 de Hamburgo, enseñando sus glúteos… Gaga sólo vestía  playera, tanga, medias de red y tacones.

En la imagen difundida en redes social, se aprecia cómo la intérprete acaparó las miradas de los trabajadores a su paso.




(EXCELSIOR/ REDACCION/ 06/10/2014 19:18) 

VIDEO: NIÑO CHINO GOLPEA A SU MADRE PORQUE NO LE COMPRA UN JUGUETE


Un testigo grabó el momento en el cual el menor toma del cuello, da de golpes y jala el cabello de su madre en Beijing

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de octubre.- Porque su mamá no le compró un juguete, un niño la golpea en el interior de una tienda en Beijing, China.

El hecho fue captado por una persona que se encontraba en el establecimiento y muestra cómo el menor toma por el cuello a su mamá, le da de golpes y la jala del cabello.

La grabación abrió la polémica en redes sociales, donde algunos usuarios opinan que la política de tener un solo hijo en el país asiático está llenando a la nación de niños malcriados, tratados como “pequeños emperadores”.

La persona que grabó el video, al difundirlo, narró lo sucedido:

La madre le compró una marioneta, pero el niño quería otro títere, ella accedió a cumplir su capricho. Entonces el menor vio más títeres y pidió esos también. Lo hizo a gritos y finalmente de forma violenta. Me sentí muy mal por su madre, pero me dio la impresión que estaba acostumbrada a sus rabietas”.


(EXCELSIOR/ 0 Redacción/ 6/10/2014 13:45)

ARRIBA EL PRIMER CRUCERO A CABO SAN LUCAS, BCS; DESPUÉS DE “ODILE”


Durante este fin de semana continuaron atracando en el puerto más cruceros, de las navieras Carnival y Princess.

Los Cabos, Baja California Sur.- Con aproximadamente mil 800 pasajeros a bordo, el crucero Holland America llegó al puerto de Cabo San Lucas y fue recibido con una gran fiesta, música y bebidas en un festejo organizado por FITURCA, API y Secretaría de Turismo. Se trata del primer crucero en llegar al destino después de la llegada de Odile.

La titular de Turismo Federal, Claudia Ruiz Massieu dijo que con la llegada de este crucero se manda el mensaje al mundo de que Los Cabos está de pie y más fuerte que nunca.

“Muy contentos de lo que significa, porque es la muestra clara de que la normalidad se recupera de manera decidida aquí en Los Cabos y la temporada va a ser buena, para eso estamos trabajando para que así sea, pero principalmente los cabeños, esta llegada nos alegra a todos y aquí estamos para darle la bienvenida a los primeros visitantes”, comentó.


Al principio de la ceremonia de bienvenida,  las malas condiciones del mar por la presencia de la tormenta Simón no permitieron el desembarque de los pasajeros; sin embargo, poco tiempo después las condiciones mejoraron y los visitantes fueron recibidos con mariachis, bailes típicos y bebidas.

“Estamos muy contentos con la llegada del crucero Holland America, con mil 800 pasajeros. Fue una fiesta muy emotiva, a todos nos agrado empezar a dar buenas noticias para el turismo de Los Cabos”, comentó SECTURE.

Durante este fin de semana continuaron atracando en el puerto más cruceros, de las navieras Carnival y Princess.


(PENINSULAR DIGITAL/ Redacción/ 06/10/2014)

BALACERA EN LA COLONIA “ARBOLEDA” EN LA PAZ; UN MUERTO, EL SALDO


La Paz, Baja California Sur.- Ahora, la populosa colonia paceña Las Arboledas fue el escenario de una balacera donde resultó herido un varón de 35 años quien perdió la vida al arribar al hospital del IMSS.

Los disparos fueron hechos al filo de las 2 de la tarde en las calles Gómez Farías y Pirul donde, de las primeras investigaciones se infiere que el hoy occiso se trasladaba en un Honda color guinda sin placas de circulación, y fue al descender del vehículo cuando José Heleodoro López González sinaloense de 35 años de edad fue alcanzado por las balas disparadas por dos sujetos.

Por lo anterior el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador dio inicio a la Averiguación previa correspondiente, activándose dispositivo especial de seguridad en coordinación con las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno que participan en la búsqueda, localización y detención de los probables responsables.


(PENINSULAR DIGITAL/ Redacción/ 06/10/2014)

UN BELTRÁN LEYVA MENOS


Faltan Ismael “El Mayo” Zambada, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, Dámaso López Serrano “El Mini Lic” y Servando Gómez Martínez “La Tuta”, entre otros. En noviembre de 2013, Estados Unidos advirtió el resurgimiento del Cártel de los Beltrán Leyva, once meses después, autoridades mexicanas detectaron a Héctor Beltrán Leyva en Querétaro, lo que culminó con su aprehensión en Guanajuato, después de tres órdenes de aprehensión, una de ellas para extraditarlo a la Unión Americana

Con la detención de Héctor Beltrán Leyva “El H” o “El Ingeniero”, el gobierno mexicano tiene por extinguido el liderazgo familiar de los miembros fundadores del Cártel Beltrán Leyva, aunque el resto de los integrantes de la organización criminal no han sido capturados.

La aprehensión de “El H” fue festejada en los Estados Unidos, donde el  jueves 2 de octubre, la administradora de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Michele M. Leonhart, expresó su beneplácito por la operación de las Fuerzas Armadas de México a través de un comunicado.

“Uno de los mayores imperios de drogas del mundo tiende a desmoronarse con la captura de Héctor Beltrán Leyva en México. Gran parte de la violencia y la anarquía que ha plagado a México se remonta a este régimen criminal”, enfatizó la funcionaria.

La captura de “El H” tuvo lugar en un restaurante de mariscos en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde se le localizó acompañado de su colaborador Germán Goyenechea Ortega, quien fungía como operador financiero de su grupo.

Ambos sujetos portaban armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero militares y federales que ya los tenían ubicados, no les dieron tiempo de utilizarlas.

La Procuraduría General de la República informó que en la operación bautizada como “Hotel” (Letra H en claves policiales), participaron elementos de esa dependencia federal, del Ejército Mexicano y de la Secretaría Armada de México.

Durante once meses, labores de inteligencia militar dieron seguimiento a Héctor Beltrán Leyva, quien quedó a cargo de la organización criminal desde la muerte de su hermano Marcos Arturo “El Barbas” en 2009. “El H” fue ubicado por los sabuesos castrenses en un domicilio de Querétaro.

El capo puso a dudar a los investigadores sobre su identidad, pues durante casi un año, los observadores advirtieron una conducta apacible del sospechoso, sin parafernalia o rodeado de tantas personas como acostumbra un líder de la mafia. Adoptó “un perfil moderado y transformó su estilo de vida para pasar desapercibido”, se anunció al confirmar la captura.

No obstante que Beltrán Leyva disminuyó sus actividades, éstas continuaron a través de una red de operadores que hicieron alianzas con otros cárteles para ejecutar labores de traslado de drogas a lo largo del país. Se estima que la organización criminal encabezada por Héctor Beltrán tenía como principal actividad el trasiego de cocaína desde Centro y Sudamérica, hasta los Estados Unidos de América y Europa.

También los investigadores obtuvieron información en el sentido de que las recientes alianzas con otras organizaciones obligaron al presunto narcotraficante a diversificar sus actividades, expandiéndose a la producción y comercio de drogas sintéticas.

“El H”, que en Querétaro se hacía pasar por un empresario acomodado, dedicado al comercio de bienes inmuebles y obras de arte, había dejado la vida de lujos y los grandes automotores, evitando llamar la atención de vecinos, amigos y autoridades.

Sin embargo, al tenerse la certeza de que se trataba del buscado personaje, por el que las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una recompensa de 5 millones de dólares en 2004, decidieron seguirlo y detenerlo en San Miguel de Allende, sin que los agentes de operaciones especiales realizaran un solo disparo.

Las autoridades anunciaron que el capo está vinculado con al menos 29 averiguaciones previas, tanto del fuero común como del ámbito federal, contando con tres órdenes de aprehensión a la fecha, a petición del Ministerio Público de la Federación.

Investigaciones de ZETA permitieron conocer que un año después de que los norteamericanos sancionaron financieramente y boletinaron a Héctor Beltrán Leyva como uno de los poderosos narcotraficantes mexicanos, en ese entonces al servicio del Cártel de Sinaloa, “El H” intentó arreglar jurídicamente su problema.

Mientras que Marcos Arturo “El Barbas” y Alfredo “El Mochomo” eran los hermanos más arrebatados y violentos de la familia Beltrán Leyva, Héctor y Carlos eran considerados más cerebrales. Por ello a Héctor le llamaban indistintamente “Ingeniero” o “Licenciado”.

En 2005, “El H” promovió el juicio de amparo 2437/2005 ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal. Se había enterado que el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le había dictado una orden de detención provisional con fines de extradición internacional, dentro del procedimiento 7/2005.

Sin embargo, el juez de garantías decidió no amparar al quejoso, resolución que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó en el toca de revisión 525/2006.

En el Juzgado Decimosegundo de Amparo en Materia Penal, también de la capital del país, Héctor recibió la protección de la justicia federal en el juicio 1390/2005, que ordenaba dejar sin efecto otra orden de captura dictada en su contra con fecha 2 de abril de 2005, resolución confirmada en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, toca de revisión 1950/2005.

Al trascender la recompensa ofrecida por el gobierno mexicano de 30 millones de pesos a cambio de información para dar con su paradero, el sinaloense no volvió a acercarse a los tribunales para buscar su cobijo.

Héctor y sus hermanos crecieron a la sombra de Marcos Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, quien al cumplir su mayoría de edad, fue apresado en el Estado de Durango por su participación en delitos contra la salud.

Los fraternos de “El Barbas” o “El Barbitas” conocieron de las aventuras delincuenciales de éste, que a los 22 años de vida, pudo escapar del Centro de Readaptación Social de la capital duranguense, en octubre de 1983, al lado de 17 reclusos que tomaron por asalto la comandancia del penal.

 Otro de los evadidos era Ovidio Guzmán Loera, el hermano mayor de Archivaldo “El Chapo” Guzmán, con quien Marcos Arturo emparentaría políticamente.

Durante muchos años, “El H” fungió como uno de los “cerebros” financieros del Cártel de Sinaloa, hasta que vino la separación entre grupos, tras la detención de Alfredo Beltrán “El Mochomo” en 2008 por parte del Ejército Mexicano.

Los Beltrán Leyva se sintieron traicionados por “El Chapo” Guzmán y le declararon la guerra, formando su propia organización que se conoció como Pacífico Sur o el cártel con sus apellidos.

Luego de la muerte de “El Barbas” a manos de elementos de la Marina en 2009 y tras la detención de Carlos, Héctor quedó al frente de la organización que aún tiene presencia en los estados de México, Sinaloa, Nayarit, Morelos, México, Guerrero, Sinaloa, Quintana Roo y Distrito Federal.

Información de inteligencia señala que los Beltrán Leyva se aliaron con Los Zetas y el Cártel de Juárez hace ya más de un año, en su afán de combatir a sus enemigos del Cártel de Sinaloa que ahora lidera Mario Ismael “El Mayo” Zambada.

En noviembre de 2013, cuando los reflectores disminuyeron sobre la organización criminal, al considerarse que estaba inactiva, el gobierno norteamericano, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, lanzó una alerta para advertir de los manejos financieros que realizaba Arnoldo Villa Sánchez, uno de los operadores de “El H” desde Guadalajara.

Se dijo entonces que Villa Sánchez, quien utilizaba el falso nombre de Erick René Calderón Sánchez, operaba una empresa de seguridad en la “Perla Tapatía”, denominada Sistema Elite de Seguridad Privada, con más de 150 empleados en su nómina.

Las fechas de las investigaciones de los últimos once meses, a cargo del grupo de operaciones especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional con la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos sobre el resurgimiento del grupo criminal de los Beltrán Leyva, coincide con la materialización de la captura de “El H”, a quien en las próximas horas se le dará destino en una institución penitenciaria federal de máxima seguridad.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez/ 06 de Octubre del 2014 a las 12:00:00)

VIENE PGR A DETENER POLICÍAS A BC


Unos 24 agentes de distintas corporaciones policíacas, en la mira. Elementos de la SEIDO se encuentran en Baja California para dar seguimiento a la célula del CAF encabezada por Lorenzo Hernández García “El Viejón”, apoyada por elementos de todas las policías en Tijuana. La captura del ex ministerial Jose Luis Chávez “Ramiro” es clave en el expediente

TIJUANA.- En estos momentos, la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, prepara los expedientes para solicitar órdenes de aprehensión contra policías municipales, estatales, ministeriales y federales de Baja California, por delincuencia organizada, asociación delictuosa y otros.

Se trata de agentes que sirvieron al Cártel Arellano Félix, y que recibieron dinero ilícito producto del secuestro.

En la averiguación previa contra la célula de secuestradores del CAF,  la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) va por Lorenzo Hernández García “El Viejón” y Jose Luis Chávez “Ramiro” como cabecillas administrativa y operativa -respectivamente- de la banda de secuestradores capturados el 25 de septiembre de 2014 en Tijuana.

Luis Chávez, ex ministerial de Baja California, prófugo, es quien tiene los nombres de todos los policías, estatales, municipales, federales y ministeriales que reciben -según los detenidos- el 30 por ciento del importe de los secuestros.

El grupo criminal confesó haber cometido plagios por 10 mil dólares, y otros de 3 millones de pesos. En todos los casos, pagos económicos fueron a manos de policías corruptos.

Las autoridades tienen actualmente datos generales, apodos y ubicación en delegaciones de unos 24 agentes corruptos en Federación, Estado y Municipio, sin embargo, para identificarlos plenamente, fincarles responsabilidad y solicitar órdenes de aprehensión, buscan las declaraciones de “El Ramiro” para complementar los señalamientos existentes y así obtener las pruebas de los mismos.

En el Grupo Coordinación, donde se encuentran los elementos operativos de estas corporaciones, los titulares están al tanto y colaboran con investigaciones, por ello esperan resultados y capturas en los próximos diez días.

DELATAN A POLICÍAS

Las acusaciones contra los agentes que operan en Tijuana, fueron hechas por el secuestrador y ex ministerial José Daniel Canales Rodríguez “Ramsés” desde el momento de su captura. “No me lleven a la zona…”, “Ya estoy dado, dónde me van a llevar, no me dejen aquí, me van a matar…”, “¿Cómo se llama eso? Quiero ser testigo protegido, llévenme a México…”, fueron algunas de las frases expresadas por Canales cuando lo detuvieron, justo en las inmediaciones de una de las instalaciones que la Procuraduría del Estado tiene en la delegación La Mesa.

Llegó huyendo de los agentes ministeriales que lo seguían, intentó resguardarse en las oficinas de la PGJE porque creyó que sus persecutores eran miembros del crimen organizado -ministeriales corruptos o delincuentes- que iban a matarlo, y sería más difícil que cometieran el crimen en esas condiciones. Buscaba protección y ahí lo detuvieron.

Del secuestro ocurrido del 18 de septiembre de 2014, el cual provocó su captura, aseguró que tuvo apoyo de policías municipales, pero agregó que en ese y otros delitos -privaciones, tráfico de droga y homicidios- también han contado con el respaldo de ministeriales y federales, por eso le urgía salir de Baja California antes de poner a disposición de las autoridades toda la información que tiene.

“No sabemos si ‘El Ramiro’ de verdad entrega el 30 por ciento a las autoridades para protección, tal vez nos choricea, pero eso es lo que se lleva…”.

Las autoridades están siendo reservadas al momento de validar las declaraciones de Canales Rodríguez hasta corroborar en sus declaraciones, pues dijo que solo recibía “20 mil pesos” por cada secuestro y no le creyeron.

Agentes federales arribaron el 1 de octubre a Baja California para iniciar operativos de rastreo, dado que los integrantes de este grupo se están moviendo entre Mexicali, Tijuana y Tecate. El siguiente en caer será el ex policía municipal Luis Jaime Verduzco Delgado “El Lic”.

SEGUIMIENTO DEL GRUPO



Para esta célula delictiva, la sacudida inició en julio de 2014. Por dos plagios distintos, el Grupo Antisecuestros de la PGJE y las áreas de inteligencia del Grupo Coordinación empezaron a darle seguimiento por separado. 

A Daniel Canales “Ramsés”, que compartía un departamento con Jaime Verduzco “El Lic” (ex municipal prófugo), los comenzaron a seguir en julio, después que su apodo y anterior ocupación salieran a relucir en otro secuestro, donde fue el encargado de hacer las llamadas y pedir el rescate.

No había seguridad en la identidad, y en los tiempos que les pusieron vigilancia, solo pudieron corroborar su asistencia a reuniones con otros miembros de la banda- sin antecedentes criminales-.

Además, durante ese tiempo no cometió delitos y no se acercó a los lugares donde tenían a los secuestrados. Pero con ese rastreo, las autoridades estatales identificaron dos autos que, presuntamente, habían utilizado en un secuestro previo.

“En cada levantón utilizaban más de cinco vehículos para cuidar el perímetro, para que no hubiera alguna autoridad al momento del secuestro. Con los vehículos detenían el tráfico para facilitar la huida de la célula, y así llevar a las víctimas a casas de seguridad” señaló la PGJE en boletín de prensa.

Durante el secuestro del 18 de septiembre, las autoridades coordinadas corroboraron a través de videos de vigilancia, la presencia del pick-up blanco que siempre manejaba “Ramsés” en la zona donde se llevaron a la víctima. Cuando la familia pagó y el plagiado fue liberado, fueron tras Canales, quien se mantuvo fuera del alcance de las autoridades los tres días que duró el secuestro. 

Tardaron siete días en ubicarlo y perseguirlo mientras circulaba por la delegación La Mesa, donde lo capturaron el miércoles 24 de septiembre.

Pese a que manifestó su total disposición para delatar a varios miembros de la célula, de inicio solo dio apodos.

La Procuraduría recibió informes de la Policía Municipal que el 27 de agosto aprehendieron a otro ex policía, Alfredo de Jesús Hernández Reyes (dado de baja en febrero de 2012),  mientras circulaba por la calle Ejército Trigarante del Infonavit Cachanilla, Delegación La Mesa.

Lo detuvieron por exceso de velocidad y lo presentaron ante la PGJE, argumentando que en el auto localizaron 20 envoltorios de “cristal”.

Este ex uniformado  pertenecía a la mencionada banda de secuestradores del CAF- solo como puntero, aseguró-, lo encontraron en posesión de imágenes de fachadas de casas y negocios diversos,  y también ofreció información a cambio de su libertad.

Las áreas de inteligencia dieron seguimiento a los presuntos criminales hasta identificarlos. Cuatro días antes de la captura se reunieron municipales con estatales, armaron el organigrama y trabajaron en las capturas.

Tras las primeras declaraciones de “Ramsés”, las fuerzas coordinadas emitieron una alerta para que todas las corporaciones operativas fueran por “su compadre”, César García Chávez y “Los Turpidos”, pero de éstos, solo Armando Angulo, fue detenido.
En el caso de César García Chávez, al ser capturado fue identificado por agentes municipales que participaron en un intento fallido de aprehensión del cabecilla de célula del CAF, Melvin Gutiérrez Quiroz (detenido en 2011).

Lo identificaron como escolta del otrora coordinador de la fracción del cártel del Barrio Logan. A este hombre lo interrogaron diversas autoridades, y en Baja California no dijo ni su nombre. Aún trabajan en su identidad.

DEL VIEJO CAF

Extraoficialmente manejan la posibilidad de que García Chávez sea César Ayala Torres, un miembro del Barrio Logan, detenido y juzgado en la Corte Estatal en San Diego California en 1994.

Fue recapturado en Tijuana por la Policía Municipal, después de una balacera suscitada el 7 de agosto de 2002, cuando Ayala y sus socios criminales fueron aprehendidos en posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército, como parte de una célula el CAF unida al Barrio Logan.

De acuerdo a las declaraciones, aquella célula delinquía acompañada y protegida por agentes federales, ministeriales y municipales; traficaba “cristal” en grandes cantidades; se contrataba para matar a deudores del CAF, de Ismael “El Mayo” Zambada y de  José Esparragoza “El Azul”.

Se movilizaban en camionetas blancas, algunos portaban equipo, gorras, charolas y credenciales que los identificaban como agentes ministeriales y policías federales que la PGJE aseguró entonces, eran falsas.   

Ahora, 12 años después, la historia es muy similar.

Aunque hasta su captura Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” fue considerado el cabecilla, hoy como jefe criminal de la banda está José Lorenzo Hernández García “El Viejo” o “El Viejón”.

Pese a que autoridades locales aseguran que tiene antecedentes criminales en ambos lados de la frontera, ZETA consultó los archivos electrónicos del Poder Judicial de California, solicitó informes en la Procuraduría del Estado, y en ambos casos la respuesta fue negativa.

Investigadores locales que trabajan el tema de seguridad hace más de 14 años, refirieron a este Semanario que Lorenzo Hernández  es uno de los miembros del CAF que en 2004 recibieron credenciales que los acreditaban como agentes ministeriales de la Procuraduría del Estado de Baja California, en total 76 credenciales y charolas por las que el CAF pagó más de 70 mil dólares.

En imágenes que el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) publicó en su página electrónica la primera semana de mayo de 2004, con un cartel de “Se Busca Información”, presumiblemente Lorenzo Hernández sería el número 72 en la página de Narctip, que ya no está disponible en el ciberespacio.

Bajo la supervisión de “El Viejo” ubican a José Luís Chávez  “Ramiro” y Luis Verduzco “El Lic”. El detenido también nombró a “El López”, “El L”, “El Blue”-mencionado en secuestros desde enero de 2014 con presuntas ligas con agentes federales- y a un hermano de Melvin Gutiérrez Quiroz.

ZETA preguntó a las autoridades si se trataba de Benjamín Gutiérrez Quiroz “El Quecho”, supuesto heredero del grupo de “El Melvin” y con antecedentes en San Diego California, pero respondieron que todo indica que es distinto.

“Lo mencionan como otro que podría ser medio hermano o primo. Y Benjamín Gutiérrez también está como cabecilla de grupo en la misma célula”, confiaron.

Los otros miembros mencionados, según el boletín de la PGJE, son Raúl y Sergio Angulo “El Fredy”, “El Solo”, “El Témoc”, “El Fer”, “El Robert”, “El Tilico”, “El Chore”, “El Niño del Mal”, “El Panzón” y “El Stitch”.

MODUS OPERANDI

Era en promedio un secuestro por semana, las denuncias no oficiales que recibían las autoridades, en la mayoría de los casos y al revisar los antecedentes de las víctimas, encontraban un patrón:

1.- Habían estado involucrados en actividades delictivas.

2.- Estaban inmiscuidos en la comisión de delitos.

3.- Algún pariente cercano estaba, o estuvo implicado en negocios ilícitos.

Lo que les indicó a los investigadores que estaban atacando a gente que delinquió con el Cártel Arellano Félix, algunos desde los años noventa.

Asumen que esto se debe a que el líder del grupo criminal, José Lorenzo Hernández García  (50 años), los conocía o podía obtener información de ellos. Secuestraban en tres modalidades:

* Recibían llamadas de otros grupos del CAF que les ordenaban matar a tal o cual persona, porque les debía dinero, estos delincuentes aprovechaban, los privaban de la libertad, le pedían dinero a la familia y de todos modos los mataban.
* Los secuestros de ex CAF organizados por el grupo.

* Secuestros de pequeños comerciantes que tenían o hacían amistad o cercanía con algún miembro de la banda.      

El apoyo policiaco lo recibían así:

Policías en unidades civiles.- Con estrobos los intervenían en la carretera, los cambiaban de auto y dos o cinco cuadras después los entregaban a sus socios de la banda criminal, en este caso, según las declaraciones, se trata en la mayoría de los casos de ministeriales, agentes federales y policías estatales. Delincuentes, secuestrados-liberados o testigos de los plagios, dijeron escuchar las amenazas con acento defeño o del Centro del país, otros aseguraron que  fueron detenidos en autos oficiales de la PGJE.

Policías en patrullas municipales.- Rondan los lugares del secuestro, previo a que éste sea cometido, para informar a los criminales de la ubicación de la víctima y, después de denunciado el delito, tardan en responder al llamado o no lo hacen.

EN SECUESTROS “HAY GOBIERNO METIDO”

El secuestro que activó al Grupo Coordinación, lo ejecutaron el 18 de septiembre de 2014, cuando se llevaron a un hombre miembro de una familia de empresarios dedicados al traslado y venta de frutas y vegetales, que habían solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ser analizados para asignación de escoltas pagadas.

Uno de los hermanos de la víctima ya había sido secuestrado entre 2007 y 2008. 

Sus empleados -testigos del secuestro- denunciaron de inmediato, pero ante la lenta reacción de la Policía Municipal, los jefes de la delegación fueron removidos; la familia pidió a las autoridades que no se metieran, porque iban a pagar. 

De las cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, se pudo conocer que desde un día antes policías municipales habían estado rondando el lugar ubicado en la zona de Las Torres en Ampliación Guaycura, Delegación La Presa.

Minutos previos al secuestro, un patrullero llegó y pidió entrar al negocio, pretextando estar atendiendo una denuncia respecto a un camión con droga, le permitieron pasar y se dio cuenta que el objetivo estaba presente.

Los secuestradores se lo llevaron. Iban en dos camionetas blancas con estrobos, una empleada del plagiado habló con personal del Programa Integral de Protección a Ejecutivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), les informó lo sucedido, pasaron el reporte al 089, había una reunión de coordinación, así que la Procuraduría y la Policía Municipal fueron informadas al mismo tiempo.

Enviaron patrullas que sin excusa se tardaron en llegar.

“Cada cierta cantidad de minutos, los directores le preguntaban a Orona (Patricia, jefa de Distrito), por qué no llegaban y en dónde estaba, y ella solo respondía que estaban en camino y daba una ubicación. Sin embargo, por otra línea estaba dando instrucciones a la tropa de no acercarse hasta que ella indicara para que llegaran todos juntos”.

Para cuando la Policía llegó, la familia informó que ya habían recibido una llamada pidiendo rescate y le pidió a la Policía Municipal que se retirara. A la gente de la Procuraduría le dijeron lo mismo, pero advirtieron de la sospechosa tardanza de los municipales y solo aceptaron asesoría para negociar la liberación.

En una revisión interna en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tras varias entrevistas con agentes y recopilación informativa, además de Orona, las autoridades detectaron acciones irregulares de parte de un subjefe y un supervisor de distrito, jefe de turno. El secretario Alejandro Lares instruyó la remoción de todos los mandos.

No fueron consignados porque no hay elementos judiciales suficientes, los detenidos no fueron mencionados. Pero hay señalamientos extraoficiales, además de que fue evidente, según propias víctimas.

MÁS DE POLICÍAS

Durante esta semana, los delincuentes hicieron llegar a los jefes policiacos dos mensajes para que investiguen a policías señalados de corruptos.

El lunes 29 de septiembre, elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos tragafuegos, los hombres resultaron responsables del homicidio de dos hombres que aparecieron calcinados a las 00:30 horas del mismo día, en la colonia Sánchez Taboada.

Los homicidas cargaban una cartulina con la leyenda: “No se preocupen por la basura, solo sirve para robar ocupamos gente de trabajo atentamente…”, y arrancaron el pedazo de la firma, en la parte posterior se leía “Patrulleros 0695 no les pagaré plaza ratas”.
Luego, alrededor de las nueve de la noche del martes 30 de septiembre, autoridades locales empezaron a  recibir llamadas, algunos reporteros habían recibido información respecto a un cadáver en Valle de San Pedro con un mensaje contra la Policía.

Las autoridades respondieron que no había ningún reporte al Centro de Mando, y el 1 de octubre, un diario local publicó la nota con foto.

Las autoridades ya habían negado la existencia del cuerpo, cuando a las 11:04, el C4 recibió el reporte informado que un transeúnte había visto el cuerpo mientras caminaba por la zanja, a la altura de la colonia Valle de San Pedro.

En la cartulina se leía: “Esto le va a pasar a todos los que anden con el Aquiles y el Atlante, estoy al 100 con la policía y el de Sinaloa, atte El Güero Chompas”.

Respecto a los señalamientos, el secretario de Seguridad Municipal, Alejandro Lares, declaró que está investigando, pero se trata de mensajes de delincuentes que igual pueden tratar de afectar a quienes los están combatiendo.

DECOMISO

Autoridades castrenses y estatales desconocen el origen de las 12 toneladas de marihuana decomisada el miércoles 1 de octubre de 2014 en la vivienda del fraccionamiento Colinas de Agua Caliente en Tijuana.

En conferencia de prensa llevada a cabo la tarde del jueves 2 de octubre, el General de la II Región Militar, Gabriel García Rincón, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, dieron algunos detalles del hallazgo, destacando la coordinación que existe entre ambos órdenes de gobierno.

García Rincón expuso que el lunes 29 de septiembre, durante la realización de reconocimientos terrestres en dicha zona, elementos del Ejército Mexicano observaron a un hombre cargando un paquete envuelto en cinta canela en la privada Del Prado.

Al percatarse de la presencia de los militares, el individuo arrojó el paquete a una vivienda para posteriormente ingresar y cerrar las puertas para resguardarse.

A partir del suceso, se solicitó una orden de cateo, militares y policías estatales preventivos resguardaron el domicilio hasta el miércoles 1 de octubre, cuando se cumplimentó el cateo.

En el domicilio se encontraron mil 194 paquetes de marihuana, con un peso total de 12 mil 500 kilogramos de la hierba.

Las autoridades agregaron que las condiciones del fraccionamiento permitieron que el sospechoso pudiera huir del hogar, por lo que en este hallazgo no hay detenidos.

Además, el militar comentó que aunque los delincuentes suelen dejar símbolos o letras en los paquetes, según al destinatario que vaya dirigida, éstos cambian y por el momento no es posible determinar el origen o destino de la marihuana.

“A ciencia cierta no sabemos a quién pertenece, pero la droga siempre tiene un destinatario que lo van determinando por algunos símbolos o alguna letras, entonces la investigación le corresponde a la Procuraduría General de la República”, dijo el General.
Advirtió que, si bien existen áreas de producción focalizadas en Sinaloa, Durango o Jalisco, las investigaciones darán certeza de la procedencia y forma de traslado de la droga a Baja California.

“Varían los procedimientos para traerlas, siempre el delincuente va a buscar la forma de que no sea detectada la droga y utiliza un sinfín de medios para hacerlo. Emplean camiones de carga, ambulancias, pipas de gas, de petróleo, camiones”.

Baja California se mantiene como una zona baja en producción de marihuana, con 88 plantías destruidos en lo que va del año.

Sobre las rutas de traslado en Baja California, el mando castrense comentó que se continúan utilizando los caminos y carreteras en la entidad de forma cambiante, además, la vía área sigue siendo una posibilidad, pese a la tecnología que existe para localizar las aeronaves.

SERAFÍN ZAMBADA CULPABLE

Con fecha 26 de septiembre de 2014, Serafín Zambada Ortiz, hijo del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable ante la Corte del Sur de California de:

* Importar de México a Estados  Unidos, cinco kilogramos y más de cocaína, y mil kilos o más de marihuana.

* Conspirar con gente de Culiacán, Sinaloa, para adquirir más de 100 kilos de cocaína y mil kilos de marihuana.
* Arreglar con otros para que esa droga fuera transportada de México a Estados Unidos para su venta al sur del Distrito de California y otros lugares.

De igual manera, aceptó entregar 250 mil dólares que proceden directa o indirectamente de los delitos que se le acusa. Deberá entregarlos en los siguientes 90 días.

El juez concedió a Serafín Zambada la posibilidad de continuar el proceso en libertad previo el pago de una fianza, pero al cierre de edición, el expediente no presentaba trámites o movimientos.

La audiencia para dictarle sentencia será el 22 de mayo de 2015, ante el juez Dana M. Sabraw.

Pasea en Tijuana Unidad Blindada para Mando Único en Morelos

Durante la semana, un vehículo especial blindado transitó por las calles de Tijuana con la leyenda “Mando Único”, pero las demás insignias cubiertas con cinta adhesiva azul.

Aun así, en la imagen se trasluce el escudo del Estado de Morelos.

En aquella entidad, la figura de Mando Único se ha formalizado en los últimos meses bajo las órdenes de Alberto Capella Ibarra, ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana.

Agentes del Estado encargados de realizar tareas tácticas, consideran que el vehículo policiaco que se encuentra en la ciudad, es una unidad blindada para operaciones exclusivas, un camión de asalto e intervención especial.

Ligero en su tipo, pero con un blindaje máximo nivel 9, capaz de soportar un ataque de alto impacto y explosivos.

De hecho la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana posee una unidad similar. Se ha utilizado para intervenir en propiedades donde se tiene identificada gente armada con rifles de alto poder, con ella y se han rescatado heridos en medio de balaceras.

También se utiliza esporádicamente para trasportar detenidos de alto nivel criminal. En esta unidad, llamada Lenco Swat Truck, se movilizó a Raydel López Uriarte “El Muletas”, José Manuel García Simental “El Chiquilín” -hermano de Teodoro García Simental “El Teo”- y a José Filiberto Parra Ramos “La Perra”.

Según información en internet, este vehículo tiene un costo entre 127 mil y 250 mil dólares. En una búsqueda en el portal de Sección Amarilla, se encontraron al menos 98 empresas dedicadas al blindaje ubicadas en el Distrito Federal, a menos de hora y media de Cuernavaca, Morelos.

En cambio, para trasladar de Tijuana a Morelos la unida blindada, tendrá que recorrer por tierra los 2 mil 785 kilómetros que separan las ciudades, es decir, 30 horas de viaje, sin altos y a una velocidad constante.

ZETA se comunicó con personal de Alberto Capella, ahora radicado en el Estado de Morelos. Después de explicarles que el tanque fue fotografiado por la Avenida 20 de Noviembre y Vía Rápida, indicaron que se trata de una compra para trabajos de seguridad en la entidad del sur de México. Solo atinaron decir que una empresa de Tijuana proveerá la unidad blindada.

Al solicitar una entrevista con el ex secretario de Seguridad en Tijuana para ampliar la información, la respuesta fue que éste indicó que no es un tema que le compete. Que en todo caso, es el gobierno quien debe informar.

Se solicitó formalmente la versión oficial por medio de la Secretaría de Informática y Comunicación del Gobierno del Morelos, sin obtener, hasta el cierre de edición, una respuesta. (Isaí Lara Bermúdez)


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones ZETA/ 06 de Octubre del 2014 a las 12:00:01)

CERCANA LA EXTRADICIÓN DE "EL MOCHOMO"


El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la resolución dictada en mayo último por un juez de distrito, en la que se niega el amparo y protección de la justicia federal al presunto narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, en contra del acuerdo para extraditarlo a los Estados Unidos de América.

Los magistrados del tribunal estimaron en el toca de revisión principal 157/2014 que el titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal obró correctamente, al observar que no existe violación alguna a los derechos fundamentales del quejoso por autorizarse su entrega al gobierno norteamericano.

Alfredo Beltrán Leyva, recluido desde el mes de enero de 2008 en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, es reclamado mediante orden de aprehensión dictada por la justicia estadounidense en agosto de 2012 para ser procesado ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia, Washington.

Según las investigaciones de las autoridades extranjeras, presuntamente “El Mochomo” seguía dirigiendo acciones de narcotráfico hacia los Estados Unidos desde su encierro en el penal de Puente Grande y sus socios le compartían las ganancias.
Los cargos en contra del sinaloense son por su probable responsabilidad en la comisión de “asociación delictuosa para distribuir unas sustancias controladas; a saber: cinco kilogramos o más de cocaína, 50 gramos o más de un kilogramo o más de heroína y mil kilogramos o más de marihuana, a sabiendas de que estas sustancias controladas iban a ser importadas ilegalmente a los Estados Unidos”.

Concretamente, los hechos imputados a Alfredo Beltrán datan de los meses de agosto y septiembre de 2010, fechas en las que ya se encontraba encarcelado.

En Centralia, Washington, las autoridades de aquél país aseguraron un vehículo Impala con placas de Arizona y un almacén, dentro de los cuales encontraron 33 paquetes cilíndricos con 33 libras de metanfetamina, cuatro paquetes con cuatro kilos de cocaína, un arma de fuego, municiones y otras sustancias ilícitas.

La acción fue atribuida a la organización de los presuntos narcotraficantes mexicanos identificados como Fausto Isidro Flores Meza “El Chapo Isidro”, así como los hermanos Agustín y Salomé de apellidos Flores Apodaca, socios en aquel entonces de los Beltrán Leyva en operaciones de tráfico de cocaína metanfetamina hacia los Estados Unidos, según las autoridades de esa nación.

A pesar de que un solo testigo de oídas refirió que “El Mochomo” tenía participación en el negocio desde dentro de prisión mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradición del inculpado el 26 de noviembre de 2013.

Tras el acuerdo de la Cancillería, los abogados del hermano de los presuntos narcotraficantes Marcos Arturo “El Barbas” (muerto al enfrentarse con la Marina en 2009), Héctor “El H” y Carlos Beltrán Leyva, interpusieron el juicio de amparo 1270/2013, mismo que fue negado al quejoso en mayo y hoy se ratifica en un tribunal de alzada.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Redacción ZETA/ 06 de Octubre del 2014 a las 14:50:11)

LOS HORRORES DE GUERRERO


Muertes, desapariciones y crisis política se viven en uno de los estados históricamente más violentos de México. El alcalde de Iguala con licencia ahora es indiciado por la muerte de tres normalistas, la desaparición de más de cuarenta de sus compañeros y los asesinatos de otras personas inocentes. Homicidios del hermano de un diputado federal y del secretario general del comité estatal del PAN, en Acapulco, sin aclarar

Los sucesos de un mes, el más reciente, no pueden ser más terroríficos que los de más de 40 años en un estado como Guerrero, que históricamente ha sido una de las entidades donde más sangre ha corrido en nuestro país; pero septiembre de 2014 forma parte de esa cadena de horrores en la región meridional del Pacífico mexicano.

Si bien, la entidad está situada sobre el Eje Volcánico Trasversal, Guerrero mismo es un volcán, donde la mala política, la contaminación, la pobreza e injusticia han campeado durante más de cuatro décadas, si no es que más.

Septiembre inició con un crimen cercano a la clase política en Teloloapan y terminó con otro en Acapulco.

Con una vorágine de violencia intermedia en el municipio de Iguala, donde se registraron los homicidios de tres normalistas, un futbolista, el chofer de un autobús y la pasajera de un taxi. Otros 57 estudiantes desaparecieron inicialmente -algunos han podido regresar a sus hogares-.
En Acapulco fueron ejecutados dos elementos de la Policía Federal Ministerial en una carretera, mientras que en una zona departamental del puerto, otros cinco hombres fueron acribillados a mansalva.

Autoridades de los tres niveles de gobierno han buscado el deslinde de responsabilidades que, por lo pronto, ya costó la privación de la libertad a 22 policías municipales de Iguala y a su presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, quien solicitó licencia a su cargo ante la presión social que levantó la serie de sucesos criminales.
Crímenes, calma y protestas

Todavía no terminaba el asombro de los guerrerenses tras la retahíla de episodios violentos de agosto cuando ya empezaban con las calamidades del mes patrio.

Eventos sangrientos de alto impacto: balearon al hijo del presidente municipal de Chilapa, tirotearon al hijo del ex alcalde de Teloloapan, ejecutaron a dos hombres en la Autopista del Sol y mataron al director del penal de Chilpancingo.

La madrugada del 3 de septiembre fue asesinado en su domicilio, en Teloloapan, Joel Miranda Salgado, hermano del diputado federal Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática.

Los ejecutores lo decapitaron. Del hecho no se informó más allá de las condolencias de políticos y de las solicitudes de esclarecer el crimen.

Funcionarios, políticos y familiares de la víctima exigieron durante uno o dos días a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que se detuviera y castigara a los autores de tan abominable homicidio. Después, el hecho no se mencionó más.

Nueve días después, autoridades locales se enteraban que sobre la caja de una camioneta de la Procuraduría General de la República, abandonada en el Kilómetro 188 de la carretera federal México-Acapulco, yacían los cuerpos sin vida de dos agentes de la Policía Federal Ministerial.

A la altura del poblado Venta Vieja, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos de los federales Cristóbal Rogelio Hernández Dorantes y Salvador Morán Bernal, quienes presentaban heridas producidas por proyectiles de armas de fuego.

Personal de los servicios periciales encontraron en el sitio del hallazgo cinco casquillos percutidos calibre nueve milímetros. Las investigaciones fueron atraídas por el Ministerio Público de la Federación, debido a que los fallecidos eran agentes federales presuntamente en funciones al momento de su muerte.

Después de los asesinatos, dos semanas donde las noticias se centraban en los problemas cotidianos de ciudades y comunidades guerrerenses.

 Una, la constante aparición de turbulencias climáticas en el Océano Pacífico y las amenazas de huracanes. Otra, las manifestaciones de los normalistas inconformes por las plazas que no se les han otorgado a su egreso desde 2010.

Mientras los amagos de los posibles ciclones menguaban conforme las tormentas tropicales cambiaban de rumbo o se degradaban, la fuerza y exigencias de los estudiantes fueron en aumento.

El 19 de septiembre, un grupo de normalistas tomó durante una hora las casetas de peaje de la Autopista del Sol, a la altura de Palo Blanco. Su petición: que las autoridades educativas cumplieran con los acuerdos signados años atrás, y se les concedieran 400 plazas pendientes.

En su momento, la Secretaría de Educación en la entidad aclaró que más del 50 por ciento de esos alumnos, futuros docentes, no aprobaron los exámenes de oposición que les fueron practicados para la obtención de la plaza.

Sin embargo, a los inconformes se les hizo una oferta de darles empleos administrativos, la cual rechazaron, por no cumplir con sus expectativas de hacer una carrera como mentores.

Las protestas de los normalistas se presentaron en las diferentes regiones de Guerrero, desde Chilpancingo, La Montaña, Acapulco e Iguala. Hubo reuniones con servidores públicos del gobierno estatal, pero no lograron su objetivo.

LA REPRESIÓN CONTRA LOS NORMALISTAS

La noche del 26 de septiembre ocurrieron hechos que pusieron una vez más a Guerrero en el ojo del huracán.

Un grupo de normalistas de Ayotzinapa se manifestaba a las afueras del nuevo Palacio de Justicia en Iguala. Policías municipales accionaron sus armas contra los estudiantes y mataron a uno de ellos.

Eran aproximadamente las 9:30 pm cuando se registró la tragedia. Lo sucedido fue replicado de inmediato a través de las redes sociales. Normalistas de Ayotzinapa y de otros puntos de Guerrero se movilizaron de inmediato hacia el lugar de los hechos.
La Policía estaba alerta ante el arribo de más estudiantes y montaron una sobrevigilancia en los accesos de Iguala.

Más tarde, en el Periférico Norte se registraron ataques de personas armadas contra ocupantes de vehículos automotores, entre ellos los pasajeros de un autobús de normalistas, falleciendo dos de los pasajeros. Los agresores eran agentes municipales.

Al filo de la medianoche, sobre el crucero de Santa Teresa, en la carretera Iguala-Chilpancingo, se registró otra balacera. Uniformados tirotearon un autobús color blanco sin distintivos, en el que viajaban jugadores del equipo de futbol de Tercera División profesional, Avispones de Chilpancingo.

En la unidad estaban sin vida el conductor y uno de los jóvenes futbolistas, David Josué, de 15 años de edad. Otros 12 deportistas, incluido su director técnico, resultaron heridos. A un costado, dentro de un taxi que fue alcanzado por las balas, el cadáver de una mujer.

No muy lejos de ahí, sobre la misma vía federal se reportaron otros automóviles con impactos de arma de fuego. Un fiscal estatal y una mujer también resultaron lesionados por los policías locales. En total, en las diversas balaceras hubo 17 personas heridas y 26 estudiantes detenidos.

El 27 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero confirmó la participación de policías y probablemente civiles en las agresiones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició oficiosamente un expediente de queja, ordenando medidas cautelares para proteger a las víctimas, además de solicitar informes a autoridades estatales y municipales.
Ante la gravedad de los hechos y la participación de las fuerzas policiales de Iguala, el control de la seguridad fue tomado por la Policía Estatal en coordinación con agentes federales y soldados del Ejército Mexicano.

El domingo 28, la Procuraduría de Justicia informó que 22 policías preventivos municipales estaban detenidos por su probable responsabilidad en las agresiones.

Los indiciados fueron trasladados a Acapulco para evitar que sus familiares -que ya se movilizaban- intentaran rescatarlos o impedir el trabajo del Ministerio Público.

Ese día, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, encapuchados, tomaron por asalto dos radiodifusoras de Chilpancingo, para alzar la voz y denunciar lo que consideraron un ataque orquestado desde el seno del Estado hacia los normalistas.

Entre la noche de los hechos y la madrugada siguiente, desaparecieron 57 de sus compañeros, probablemente víctimas de desaparición forzada, ante lo que anunciaron bloqueos de calles y carreteras para exigir justicia.

INVESTIGACIONES, BÚSQUEDA Y RENUNCIA

Las pesquisas del Ministerio Público estatal incluyeron a 280 policías municipales, de los cuales 22 fueron consignados por su presunta participación en los homicidios. También se ordenó la búsqueda y localización de los normalistas desaparecidos, operativos en los que participaron policías estatales y elementos de Protección Civil, coordinados con militares de las Bases de Operaciones Mixtas.


El todavía presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, se mostró indiferente ante los sucesos y, para zafarse del asunto, dijo que él no estaba enterado de los enfrentamientos, ya que esa noche se hallaba en una fiesta organizada por el Sistema DIF, bailando con su esposa, presidenta de esa dependencia.

El edil, de extracción perredista, afirmó que cuando estaba en el evento recibió una llamada de su secretario de seguridad, quien le puso al tanto de los hechos en los que unos normalistas de Ayotzinapa, encapuchados, habían protagonizado un enfrentamiento con la Policía, tras haber secuestrado algunos autobuses. Negó tener responsabilidad en el actuar de sus gendarmes y descartó renunciar a su cargo.

El 30 de septiembre, el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, informó de la consignación de los 22 policías ante un juez, y calificó de injustificado el proceder de los servidores públicos de utilizar armas de fuego en la manifestación de los estudiantes inconformes, haciendo evidente un uso desmedido de la fuerza de los detenidos en el reclusorio de Las Cruces en Acapulco.

Mientras que en Iguala, los egresados de la Normal de Ayotzinapa realizaban por su cuenta la búsqueda de sus compañeros desaparecidos, otro grupo de normalistas atacaron las instalaciones del Congreso del Estado en Chilpancingo. Unos tres mil estudiantes de las nueve escuelas normales de Guerrero habían realizado una marcha para exigir la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La noche de ese lunes, el gobierno guerrerense publicó en internet un cartel con las fotografías de los desaparecidos, imagen que apreció en inserciones pagadas en los principales diarios el martes 30 de septiembre, bajo el titular “Ayúdanos a localizarlos”, con las fotografías de la mayoría de los estudiantes reportados. La lista se redujo a 43 desaparecidos, sin detalles de los que regresaron a sus hogares por “razones de seguridad”.

CRISIS POLÍTICA A TODOS NIVELES

La situación candente en Guerrero terminó de estallar en el ámbito político nacional, al ser asesinado, la mañana del domingo 28 de septiembre en Acapulco, el secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Braulio Zaragoza Maganda Villalba.

Sicarios ingresaron aproximadamente a las 9:00 am al restaurante del hotel El Mirador, en la zona turística de La Quebrada, donde el panista desayunaba. Le dispararon en tres ocasiones para privarlo de la vida.

El martes 30 de septiembre, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró que el gobierno de Guerrero debe asumir su responsabilidad para aclarar lo que está sucediendo en esa entidad, y que el Gobierno de la República coadyuvará en las pesquisas solo si dichas autoridades se lo solicitan, pues no pueden sustituir las funciones que corresponden a cada estado.

Horas más tarde, mientras el alcalde perredista de Iguala anunciaba que solicitó licencia al cargo por 30 días para facilitar las investigaciones, vía Twitter, el gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió “acciones más drásticas”, y señaló que es “sana” la postura adoptada por el edil José Luis Abarca.

Por su parte, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, aseguró el miércoles 1 de octubre que inició un proceso para expulsar a Abarca Velázquez de su partido, por su participación activa u omisa en los hechos violentos que culminaron con homicidios y la desaparición de los estudiantes.

El gobernador Ángel Aguirre reapareció en una entrevista radiofónica, en la que aceptó que la Policía de Iguala está “totalmente infiltrada” por grupos de la delincuencia organizada. Entre otros, mencionó a los “Guerreros Unidos” que operan en la región, así como a “Los Rojos”, en la zona de Chilpancingo y de Chilapa.

En cuanto a la búsqueda de los estudiantes que no han vuelto a casa, el mandatario expuso que las acciones continúan por parte de las corporaciones policiales y los mismos normalistas de Ayotzinapa, y ofreció un millón de pesos como recompensa a quien ayude a localizarlos.

Para concluir, el miércoles 1 de octubre trascendió la desaparición del alcalde de Iguala, Abarca Velázquez, y de su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, contra quienes la Procuraduría de Justicia del Estado giró órdenes de presentación y localización.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez/ 06 de Octubre del 2014 a las 17:08:00)

EJECUTAN A JOVEN FRENTE A SU NOVIA EN CAÑADAS


Cuando platicaba con su novia la noche de este domingo, un joven vecino de Cañadas fue asesinado a balazos.

El occiso fue identificado como Erickson Núñez Ibarra, de 24 años de edad, con domicilio en el sector antes mencionado.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron alrededor de las 22:45 horas, cuando el occiso se encontraba charlando con su novia en la calle Sierra Madre Occidental entre El Cerro del Hombre y Cerro de La Memoria, frente al edificio número 778, hasta donde se acercó un sujeto y le habló por su nombre a Núñez Ibarra y al acercarse, le disparó en seis ocasiones.

En la escena del crimen, personal de la PGJE, recogieron varios casquillos percutidos para arma calibre 9mm. como evidencia.


(RIODOCE/ REDACCION/ octubre 6, 2014)