miércoles, 1 de octubre de 2014

HÉCTOR BELTRÁN LEYVA VIVÍA CON BAJO PERFIL EN QUERÉTARO COMO EMPRESARIO


Asumió el liderazgo de Los Beltrán Leyva a la muerte de su hermano Arturo en diciembre de 2009; fue detenido en un restaurante en San Miguel de Allende en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre.- Tras 11 meses de investigación y labores de inteligencia, el Ejército Mexicano logró la captura de Héctor Beltrán Leyva, líder del cártel de Los Beltrán Leyva, informó el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.

Precisó que el grupo delictivo se dedicaba al trasiego de cocaína desde el Centro y Sudamérica, hasta los Estados Unidos de América y Europa.

Indicó que se tienen datos de que una posible alianza con otros grupos lo habría llevado a diversificar sus actividades, expandiéndose en la producción y el comercio de drogas sintéticas.

La coordinación entre las diversas dependencias del Gobierno Federal permitió recabar datos que condujeron a la Unidad de Operaciones Especiales del Ejército Mexicano a la captura de Héctor Beltrán Leyva”, dijo.

Se mencionó que después de la muerte de su hermano Arturo, en diciembre de 2009, “asumió el liderazgo de la organización criminal, adoptando un perfil moderado transformando su estilo de vida para pasar desapercibido”.

Héctor Beltrán Leyva mantuvo sus actividades a través de una red de operadores que hicieron alianzas con otros grupos para continuar con labores de trasiego de estupefacientes a lo largo del país.

Gracias labores de inteligencia militar se logró  ubicar su domicilio en el estado de Querétaro, dónde se hacía pasar por un empresario dedicado a los bienes raíces y la compra y venta de arte.

En ese sentido, dejó a un lado los vehículos de lujo, optando por una identidad que le permitía pasar por un empresario acomodado dedicado al comercio de bienes inmuebles y obras de arte, justificando así su nivel de vida", detalló Tomás Zerón.

Se logró ubicar en un restaurante en San Miguel de Allende en Guanajuato.

Héctor Beltrán Leyva fue detenido en compañía de otra persona, quien fungía como un operador financiero de su grupo; ambos portaban armas cortas de uso exclusivo de las fuerzas armadas al momento de su detención.




(EXCELSIOR/REDACCION/  01/10/2014 19:24)

EXTRAEN DEL ESTÓMAGO DE UNA JOVEN UNA BOLA DE PELO DE MÁS DE CUATRO KILOS



En Kirguistán, una chica de 18 años fue intervenida quirúrgicamente luego de haberle detectado una bola de pelo en el estómago

KIRGUISTÁN, 1 de octubre.- A una joven de 18 años de Batken, Kirguistán, le fue removido del estómago, a través de cirugía, una bola de pelo de más de cuatro kilos, reportó el portal Huffington Post.

Ayperi Alekseeva fue internada en un hospital luego de sentir fuertes dolores estomacales que no le permitían ni comer ni beber agua.

Los médicos se percataron del “peludo” inconveniente a través de una placa de rayos X y aseguraron que era necesario operar de inmediato.

Era la única opción para salvarla, nada más podía hacerse para resolver el problema”, dijo el cirujano Bahadir Bebezov, de acuerdo al portal australiano news.com.au.

El médico dijo que la bola de pelo se formó en el estómago de Alekseeva porque ella tiene un desagradable hábito de recoger el cabello de las alfombras y comerlo, además de morderse las puntas del suyo.

Su estómago estaba tan gravemente lleno por el cabello, que al abrir el estómago salió de inmediato”, añadió el doctor al diario británico The Telegraph.

Luego de despertar de la anestesia para la cirugía, Alekseeva prometió dejar ese hábito de comer pelo.


(EXCELSIOR/ Redacción / Fotos: Geobeats/CEN/ 01/10/2014 19:19)

LOCALIZAN A 19 NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN GUERRERO


Pidió licencia el alcalde José Luis Abarca y evade cerco policial en torno al Palacio; versión de que lo iban a detener

*La licencia debe ser indefinida, plantea el CEE del PRD; demanda el Congreso que se aclare quién ordenó disparar

*También la Cámara de Diputados condena el ataque y apura a que se busque a desaparecidos

*Guerrero, en situación más grave que Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán o Chihuahua, señala en Acapulco, comisión de senadores del PAN

Hallan a 19 de los 57 normalistas desaparecidos tras el ataque de policías y sicarios en Iguala

*La mayoría son de primer año y han establecido comunicación vía telefónica con sus compañeros para informar que se encuentran bien y en sus casas

Jacob Morales y Lourdes Chávez
Tixtla y Chilpancingo.- El integrante del comité estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Uriel Alonso Solís informó que han encontrado a 19 de los 57 estudiantes desaparecidos tras el ataque de policías y un comando de sicarios a los normalistas la noche del viernes en Iguala.

El padre de uno de los jóvenes, Francisco Javier García informó que su hijo se encuentra en su casa convaleciente de una lesión de la infancia. El estudiante no estuvo en Iguala la noche del ataque y tenía un permiso desde el 15 de septiembre.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (antes Procuraduría General de Justicia del Estado) en su portal de Internet difundió una lista de 15 estudiantes encontrados además del nombre de estudiante Julio César Ramírez Nava que permaneció sin identificar durante tres días en el Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

En declaraciones en las instalaciones de la escuela Normal, el estudiante Alonso Solís informó que sus compañeros, la mayoría de primer año, han establecido comunicación vía telefónica con compañeros para informar que se encuentran bien y en sus casas.

Dijo que de los estudiantes que fueron detenidos y subidos a las patrullas 018, 020, 023, 027, 028 y la 302 de la Policía Municipal, siguen sin aparecer a pesar de la búsqueda que se montó por familiares y estudiantes el domingo en las colonias de la periferia de Iguala.

Alonso Solís dijo que los estudiantes que aparecieron tuvieron que caminar y llegar por medios propios a sus viviendas, y otros caminaron hasta tres días para llegar a sus comunidades.

El estudiante argumentó que por motivos de seguridad no podía dar los lugares de origen de los normalistas que ya habían notificado que se encontraban a salvo.

Indicó que el único contacto que ha mantenido con los estudiantes que ya aparecieron es vía telefónica y ninguno de ellos ha regresado a la escuela.

Dijo que algunos jóvenes que tiene entre 18 a 20 años han declarado que están valorando si regresan a Ayotzinapa, porque tienen miedo tras la emboscada, persecución y ataques que sufrieron.

El dirigente normalista reiteró la exigencia de presentación con vida de los estudiantes por el gobierno del estado y demandó justicia para sus tres compañeros asesinados, además de castigo a los autores materiales e intelectuales del ataque.

El viernes los estudiantes regresaban de Iguala a bordo de un autobús que retuvieron para realizar una colecta para las movilizaciones por el 2 de octubre, cuando fueron atacados por policías y un comando armado. Fueron asesinados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, además de Julio César Mondragón quien apareció con el rostro desollado a 500 metros del lugar en que fueron atacados.

SU HIJO ESTÁ EN CASA

El padre de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa, Francisco Javier García, informó que su hijo Eduardo Ayafred Sebastián Salgado -señalado como uno de los 57 desaparecidos tras los ataques de policías municipales y sicarios en Iguala a estudiantes-, se encuentra en su casa convaleciente de una lesión mal curada de la infancia.

En una visita a la redacción aclaró que el joven que cursa el primer año en la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa solicitó permiso el 15 de septiembre, cuando su mamá fue por él porque se le dificultaba caminar.

Por lo tanto no estuvo en la actividad de los normalistas en Iguala, cuando fueron agredidos a balazos. Añadió que si hubiera sido el caso, igual lo habría apoyado.

De la lesión, explicó que de niño tuvo un accidente que le afectó los tendones de la pierna y no tuvo la atención adecuada. Estimó que probablemente deje la escuela porque necesita una cirugía, no por cuestiones de seguridad.

LOS 13 APARECIDOS Y UN MUERTO IDENTIFICADO

De manera oficial la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer los nombres de 13 de los 57 desaparecidos que corresponden a; Daniel Gerardo Cantú Morales, Severo Pedro Minga, Eduardo Ayafredh Sebastían Salgado, Mateo Carrera Moctezuma, Luis Ángel Gutiérrez Álvarez, Jonathan Maldonado Hernández, Ambrocio Martínez Rodríguez, Marco Antonio Andrés Santos, Cirino Tejeda Meza, Rodrigo García Morales, Mario Torreblanca Flores, Jazziel Ramírez Sánchez, Julio César Velázquez Alonso.

Además se da a conocer la identidad del estudiante asesinado en el segundo ataque a los normalistas por un grupo armado: Julio César Ramírez Nava.

PIDIÓ LICENCIA EL ALCALDE JOSÉ LUIS ABARCA Y EVADE CERCO POLICIAL EN TORNO AL PALACIO

*Al término de la sesión del Cabildo, 50 afectivos ministeriales le perdieron la pista al edil perredista. Tampoco lo encontraron en su casa, donde la policía detuvo a dos empleadas domésticas

Alejandro Guerrero
Iguala.- Ante la presión política y social por el asesinato de estudiantes normalistas de Ayotzinapa e integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo, el alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez, se separó del cargo por 30 días con la aprobación de la totalidad del cabildo de Iguala.

Cerca de las cuatro de la tarde el palacio municipal fue sitiado por unos 50 efectivos de la policía ministerial y estatal, y posteriormente sucedió lo mismo en la casa del ex alcalde José Luis Abarca, donde también participó el Ejército.

Una fuente oficial indicó que la intención era detener al ex alcalde, pero éste ya no fue hallado en su domicilio, “se les peló”, dijo la fuente.

A las 3 de la tarde de ayer fueron citados los miembros del cabildo a una sesión extraordinaria en la que hasta ese momento se desconocía el motivo de la misma, aunque los rumores apuntaban que se trataría de la licencia del alcalde para separarse del cargo.

Diferentes sectores de la sociedad, ONG y la misma dirigencia nacional del PRD se habían sumado para demandar la renuncia del alcalde “para no entorpecer las investigaciones” por el ataque a estudiantes de la normal de Ayotzinapa y jugadores del equipo Avispones por policías municipales y civiles armados que dejó un saldo de seis personas muertas, 25 heridos y 57 desaparecidos.

El alcalde llegó a la sala de Cabildo por la puerta trasera a las 3:17 de la tarde, acompañado por su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, sus hijos y hermanos, el síndico Mario Castrejón Mota y el regidor de Hacienda, Valentín Amador Mata.

En seguida llegaron por la puerta principal el regidor del PRD, Andrés Guzmán; el primer síndico Oscar Chávez; los regidores del PVEM, Leonel Gallegos y Esther Orea, y el resto de los ediles.

La sala lució llena por empleados del Ayuntamiento, gente de confianza del aún alcalde y reporteros de diferentes medios de comunicación.

A las 3:19 el secretario del Ayuntamiento, Humberto Villalobos Domínguez, dio inicio a la sesión con el pase de lista, con la única ausencia del regidor priista Enrique Marroquín Pineda, quien posteriormente se incorporó.

A las 3:21 el alcalde inauguró la sesión extraordinaria de cabildo y el secretario dio lectura al punto único mediante el cual Abarca Velázquez solicitó licencia temporal para separarse del cargo de presidente municipal “hasta por 30” días, y el punto fue aprobado por los 15 ediles.

QUE SALGA A LA LUZ LA VERDAD Y SE CASTIGUE A LOS RESPONSABLES, PIDIÓ ABARCA

Después de la aprobación de su licencia, Abarca dio lectura a un mensaje de tres cuartillas en el que habló del ataque a normalistas de Ayotzinapa –a los que no menciona– la noche del viernes y la madrugada del sábado en esta ciudad.

“El viernes 26 de septiembre, nuestra ciudad se vio envuelta en acontecimientos violentos, graves, en los que lamentablemente personas, al parecer ajenas a nuestra comunidad, perdieron la vida y resultaron heridas otras, vulnerándose la paz social, tan deseada, y de mi parte tan buscada”, dijo.

Señaló que “no se perciben los hechos como acontecimientos aislados” y agregó que “ante esos hechos lamentables deben investigarse y sancionarse, en aras de la justicia y no dejar impunes a los autores materiales e intelectuales de los atroces acontecimientos.
El restablecimiento del Estado de derecho significa una profunda investigación que responda a la altura de las circunstancias y con estricto apego al marco constitucional y legal”.

En su mensaje, el ex alcalde pidió que a los 22 policías municipales detenidos, “ante el aberrante abuso de autoridad del que a la fecha se les acusa, sean juzgados y castigados otorgándoles todas las garantías que la Constitución otorga. De esa manera saldrá a la luz la verdad de los hechos, castigándose con la fuerza de la ley a los responsables de hechos que enlutan a nuestra comunidad”.

Señaló que como ciudadano mexicano, como igualteco y como integrante del PRD, “no puedo tolerar que lo acontecido en nuestro municipio quede en la impunidad y sin castigar a los culpables, y con dignidad, con la frente en alto les digo que mi convicción y compromiso social, jamás permitiría cometer semejante atrocidad”.

“A los adversarios y oponentes políticos de este gobierno democrático les expreso mi respeto y les digo que desde cualquier plataforma seguiré luchando por un Iguala próspero, pero sobre todo por aclarar este fatídico acontecimiento hasta dar con los culpables y paguen su atrocidad con todo el peso de la ley”, señaló.

Manifestó que “estamos bajo la mirada y escrutinio de la opinión pública, no sólo del estado, sino nacional e internacional, por ello no puedo actuar con ligereza o irresponsabilidad”.

Advirtió que “no son admisibles los enjuiciamientos sin investigación que arroje los elementos de culpabilidad”.
“Como militante de izquierda, comprometido con las causas más justas, atento y sensible con el clamor de justicia de los deudos y la sociedad guerrerense que espera de los políticos y representantes populares decisiones de trascendencia ante estos hechos, al llamado de mi partido el PRD, que está comprometido con la justicia, los derechos humanos y la paz social, con la convicción de que no he incurrido en ningún acto que pueda afrentarme ante la ciudadanía y con la finalidad de coadyuvar para que se realice una investigación a fondo, transparente e imparcial, en la que nadie ponga en duda la credibilidad de los resultados, he tomado la decisión de separarme legalmente del cargo, solicitando licencia temporal por 30 días, a efecto de que las investigaciones no sean entorpecidas por la representación popular que ejerzo”, anunció.

Durante la lectura de su mensaje, Abarca Velázquez estuvo en todo momento flanqueado por su esposa Ángeles Pineda Villa y acompañado por sus hijos y hermanos.

Al término de la lectura del mensaje que duró unos 12 minutos, salió a toda prisa por la puerta trasera de la sala de cabildo y posteriormente, cerca de las 3:32 de la tarde, salió abruptamente del palacio municipal a bordo de su camioneta blindada, una Honda Pilot blanca.

Con la licencia de José Luis Abarca, el primer síndico municipal Oscar Antonio Chávez Pineda, del PT, quedó como encargado de despacho de la presidencia municipal.

En una serie de intervenciones, los regidores de las diferentes fracciones al interior del cabildo coincidieron en fijar una postura de justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala el pasado viernes y enviaron su pésame a la familia de los deudos.


LA OPERACIÓN PARA DETENER AL ALCALDE

Cerca de las 3:35 de la tarde, cuando Abarca ya se había retirado, unos 50 policías ministeriales, algunos de civil y cubiertos a medio rostro, y de las fuerzas estatales, al mando del almirante y director general de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Salomón del Mar Alejandro, sitiaron el palacio municipal.

Informes oficiales indicaron que la presencia de la PIM fue para “ejecutar una orden de presentación y localización”, lo cual no se concretó porque el ex funcionario ya había salido del edificio.

El mismo grupo, que se movilizaba en seis patrullas y cinco vehículos particulares, se trasladó a la casa de Abarca en la calle Roble 8 de la colonia Jacarandas, ubicada al sur de la ciudad, paralela a la calle Morelos y cerca del mercado municipal.

La fuente informó que los efectivos derribaron la puerta de entrada a la propiedad del ex alcalde, detuvieron a dos empleadas domésticas y sacaron unas bolsas de plástico color negro, de las que se desconoce su contenido.

El grupo policiaco también se trasladó a otra propiedad de Abarca Velázquez en el fraccionamiento Club de Leones, al norte de la ciudad, donde estableció un cerco de vigilancia, pero tampoco se ubicó al edil con licencia.
La licencia del alcalde debe ser por tiempo indefinido, acuerda el PRD

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD sesionó ayer exclusivamente para tratar el tema de las acusaciones contra el presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el ataque de la policía de ese municipio contra normalistas de Ayotzinapa.

La sesión no fue en las oficinas de partido y prefirieron hacerlo de manera “discreta”, y se reunieron en un restaurante alejado y escondido a la salida sur de la ciudad.

All, la dirigencia exigió el esclarecimiento de los hechos violentos protagonizados por policías municipales de Iguala, que dejaron como saldo tres normalistas asesinados así como un deportista, un chofer y la pasajera de un taxi.

Acordó asimismo que, ante la gravedad de los hechos, el alcalde José Luis Abarca Velázquez, de su partido, debe solicitar licencia por tiempo indefinido.

Igualmente solicitó una profunda investigación del caso y el señalamiento de que el PRD no “va a solapar a nadie” y que se acatarán los resultados de la investigación

Integrantes del CEE comentaron que los integrantes de Nueva Izquierda (NI), corriente a la que pertenece el alcalde perredista de Iguala, pusieron resistencia a que se publicara un posicionamiento del partido en el que se exigiera al presidente municipal que se separara del cargo para ser investigado.

NI planteó que fuera un documento neutral en el que no se penalizara al alcalde, “que no se hiciera juicio de valor a priori”, pero también hubo voces en contra que plantearon que no podían aparecer como un partido sumiso y que el pronunciamiento debería ser contundente. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

CONDENA LA CÁMARA DE DIPUTADOS LOS ASESINATOS DE IGUALA Y DEMANDA HALLAR A LOS DESAPARECIDOS

La Cámara de Diputados condenó el ataque contra estudiantes de la normal de Ayotyzinapa, con saldo de seis muertos y la desaparición de 43 jóvenes.

Mediante un punto de acuerdo, los legisladores reclamaron al gobierno de Guerrero que esclarezca los hechos y dé con los normalistas desaparecidos; además, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el mismo pronunciamiento, los legisladores condenaron el asesinato del secretario general de la dirigencia estatal del PAN, Braulio Zaragoza, y pidieron a la CNDH y al gobierno de Guerrero que esclarezcan el crimen.

Al inicio de la sesión de este martes, el coordinador del PAN, Isabel Trejo, reclamó el asesinato de su compañero de partido en Guerrero, mientras que el priista Manuel Añorve Baños dijo que es “lamentable” la violencia y asesinato contra los jóvenes estudiantes y el panista Braulio Zaragoza.

Añorve Baños, quien perdiera la gubernatura ante el actual Ejecutivo estatal Ángel Aguirre Rivero, preguntó: “¿Quién ordenó la agresión por parte de la policía? ¿Quién ordenó la segunda agresión al camión donde iban los estudiantes y donde participaron gentes extrañas armadas? ¿Quién ordenó posteriormente lo que se llama una confusión atacando con armas largas el camión de los jóvenes futbolistas? ¿Quién es, si es que existe, el autor intelectual de estos hechos? ¿Quién desolló a un joven normalista de Ayotzinapa y luego lo tiró horas después de donde había sido levantado?  ¿Quién se llevó a estos 43 normalistas, dónde están y por supuesto, quién asesinó arteramente a Braulio Zaragoza?”

Aunque todos los partidos condenaron los asesinatos ocurridos entre viernes y sábado en las ciudades de Iguala y Acapulco, fue el diputado del PRD y representante de Guerrero, Sebastián de la Rosa Pelaez quien salió en defensa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

“En el PRD expresamos la más enérgica protesta a los lamentables e inadmisibles acontecimientos sucedidos en Iguala que vulneran la paz social, atentan contra la tranquilidad ciudadana y el Estado de derecho”, dijo el diputado, “pero también exigimos a los gobiernos estatal y federal una rápida acción para investigar y dar con el paradero de los 43 estudiantes”.

El PRD, dijo, no se prestará en ningún momento a encubrir la responsabilidad que pudiera existir de militantes de algún partido político, incluyendo el suyo, pero advirtió: “de ninguna manera aceptaremos que se sesguen las investigaciones para favorecer a intereses aviesos o cálculos políticos”.

“La presunta responsabilidad de la Policía Municipal y el aberrante uso de la autoridad ante la manifestación social que exigía la más estricta mesura y cordura política, tal como lo pidió el presidente municipal José Luis Abarca, es un punto que se debe analizar, pero por otro, la inexplicable ausencia y participación oportuna de las corporaciones policiacas federales”, dijo.

El diputado perredista, que en distintas ocasiones ha salido en defensa del presidente municipal perredista de Iguala, dijo que lo mejor fue que José Luis Abarca solicitara licencia al cargo y con ello contribuya al desarrollo de la investigación.

Por separado el también perredista Roberto López Suárez pidió que se forme una comisión especial para que los diputados investiguen lo sucedido y no únicamente el Congreso manifieste su repudio por los asesinatos de los jóvenes. (Apro / Ciudad de México).
QUE AGUIRRE DÉ LA CARA PARA EXPLICAR LA INSEGURIDAD, EXIGEN SENADORES DEL PAN

“Guerrero está en una situación más grave que Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua o Sinaloa”, dice Jorge Luis Preciado. Exigen que atraiga e investigue la PGR el asesinato de Braulio Zaragoza Maganda, por desconfianza en las autoridades estatales

Daniel Velázquez
El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que dé la cara para que explique la situación de inseguridad en el estado y pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación del asesinato del secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Braulio Zaragoza Maganda Villalva, porque no confía en las autoridades estatales.

En conferencia de prensa, los panistas se unieron a la exigencia de que se aclare el asesinato de seis personas en Iguala —tres estudiantes normalistas y un estudiante de secundaria, un chofer y una mujer que viajaba en un taxi—, y que se presente con vida a los 43 estudiantes que desde el sábado están desaparecidos.

“Le exigimos a quien los tenga, así sean policías, si son delincuentes que los muchachos no tienen nada que ver en esta guerra absurda ni entre cárteles ni entre policías ni entre políticos que lo único que desean es dejar a sus familiares en el siguiente cargo”, dijo Preciado.

“El gobierno del estado no está a la altura de lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre no ha podido controlar el tema de la inseguridad y lamentablemente el uso de fuerza letal hacia la población agrava absolutamente cualquier caso, no es posible que una autoridad municipal pueda ordenarle a sus policías disparar contra civiles, eso no lo habíamos visto desde 1970 aquí en el estado de Guerrero”, dijo.

En conferencia de prensa en el salón Areca del hotel Holiday Inn de La Isla, Jorge Luis Preciado dijo que los panistas no plantean reunirse con el gobernador, aunque están en la disposición de hacerlo, pero “primero” Aguirre Rivero debe autorizar que el gabinete de seguridad comparezca en el Congreso local, y que sus diputados voten a favor de que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, sea separado del cargo.

Dijo que Ángel Aguirre “debe dar la cara y debe decir algo respecto a lo que esta pasando en su estado”, que deje en claro cuál es su estrategia de seguridad, porque “hay una descomposición gravísima (en Guerrero) y no vemos que haya una autoridad que vaya a poner orden”.

“Antes que cualquier otra cosa que se aclaren los homicidios de nuestro secretario general, de las seis personas asesinadas en Iguala y que aparezcan vivos los jóvenes que hasta el día de hoy están desaparecidos”, precisó.

Agregó que una vez cumplidos esos planteamientos el PAN estaría dispuesto a reunirse con Aguirre Rivero.

En la conferencia acompañaron a Preciado los senadores Mariana Gómez del Campo, Luisa María Calderón Hinojosa, Fernando Herrera Ávila, los diputados locales Marcos Efrén Parra Gómez, Jorge Camacho Peñaloza, el regidor Jorge Isaac Pérez Salas y el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Andrés Bahena Montero.

Durante la conferencia en diferentes momentos participaron los cuatro senadores, quienes expresaron posturas enérgicas contra Aguirre Rivero y coincidieron en que debe dar la cara ante la violencia que se ha generado en el estado desde el viernes en Iguala y hasta antier lunes en Acapulco.

Preciado Rodríguez llamó a que se esclarezca el asesinato de Maganda Villalva y dijo que la presencia de una comisión de senadores panistas en Guerrero es para expresar su “repudio” por el asesinato del secretario general del CDE.

Pidió a la PGR “que ejerza las facultades constitucionales que tiene para que atraiga el caso, creo que si la situación como está actualmente en el estado no se resuelve, y no confiamos tampoco en que el gobierno estatal lo vaya a hacer, por eso vamos a pedirle al procurador Jesús Murillo Karam que sea la PGR quien investigue este lamentable hecho”.

El coordinador de los senadores del PAN en nombre de sus compañeros también pidió la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde la noche del viernes y quienes habrían sido detenidos por la policía municipal de Iguala.
“Sería muy lamentable para el país, para el estado de Guerrero y para los ciudadanos en general saber que por manifestarse públicamente pueden ser levantados, dañados como sucedió con uno de ellos que fue víctima de tortura, de los tres que fallecieron”, señaló.
Preciado Rodríguez dijo que son lamentable los asesinatos ocurridos en Guerrero pero que es “más lamentable” que no hay voluntad en el gobierno del estado ni en los municipios por atender el problema de la inseguridad.

Señaló que ante la violencia en el país y en el estado ni el gobierno federal ni el gobierno de Guerrero han presentado una estrategia clara contra la inseguridad, y criticó las declaraciones del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien dijo que estaba en una fiesta, que no se enteró de la manifestación, de los tiroteos y de que fueron detenidos 22 policías municipales, las cuales, dijo, son absurdas, ridículas y rayan en el cinismo.

Insistió en que Abarca Velázquez debe separarse del cargo de manera voluntaria o por decisión del Congreso local.

Criticó que mientras el PRD en el Senado festeja al presidente Enrique Peña Nieto, en los estados donde gobierna “está corriendo la sangre y no es justo, no es posible que se esté hablando de la unidad nacional, del federalismo mientras aquí la población se encuentra absolutamente desprotegida”.

En la ronda de preguntas a Preciado Rodríguez se le recordó que el PAN fue aliado del gobernador en la elección de 2011, y si por ese antecedente buscarían un encuentro con el gobernador, pero el coordinador de los senadores dijo que habían pensado plantear la desaparición de poderes, “porque Guerrero está en una situación más grave que Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua o Sinaloa”, pero debido al trámite que eso llevaría consideraron que era más conveniente esperar a que se diera la renovación del gobierno del estado en la elección prevista para junio del próximo año”.

Confió en que los ciudadanos revisarán quiénes son los candidatos para definir a sus autoridades el próximo año.
“El gobernador está obligado a dar parte a sus ciudadanos de qué es lo que está sucediendo, tiene que decirle a los ciudadanos qué situación guarda el estado en materia de seguridad, porque de los homicidios que estamos hablando son de los que sabemos, pero hay una gran cantidad de cifras negras que no aparecen oficialmente, de gente que ha sido levantada y que ha sido desaparecida y esperemos y exigimos que estos 43 jóvenes sean presentados vivos, es una exigencia para el gobierno estatal y es una manifestación para el gobierno federal”, insistió.

NO ES RECOMENDABLE UN COMISIONADO

A la pregunta sobre la conveniencia de nombrar un comisionado de seguridad en Guerrero como se hizo en Michoacán, la senadora Luisa María Calderón dijo que en Michoacán primero agradecían la intervención del gobierno federal ante la inseguridad en el estado con un comisionado, pero después sufrieron por la designación del mismo, porque no hubo claridad en la estrategia de combate al crimen.
“Yo no recomendaría que el gobierno federal dejara aquí un comisionado sin una estrategia clara”, dijo.

Opinó que lo mejor es que Aguirre Rivero “entregue cuentas, haga un corte de que está haciendo para prever o contener la inseguridad (…) también el gobierno federal tiene que decir qué es la coordinación que está teniendo con el gobierno estatal, porque no creo que a 58 jóvenes se los haya llevado la policía nada mas así, si hay visos de delincuencia organizada también tendría el gobierno federal que decirnos cómo se está coordinando”.

Agregó que la información que conocen es que cerca de donde ocurrió el ataque a los normalistas en Iguala hay un cuartel del Ejército “y no salió ningún comandante a decir qué está pasando aquí”.

Insistió en que el gobernador debe dar la cara porque hasta ayer “no ha dicho aquí estoy”, para exponer cuál es su estrategia contra la inseguridad, y el alcalde de Iguala también debería declarar “yo tengo el mando de esos policías o se mandaron solos, en cualquiera de los dos casos es absurdo, es inaceptable”.

“Que nos digan si la coordinación consiste en no hacer nada”, dijo, y pidió que también el gobierno federal y el gobierno estatal expliquen si en el siglo XXI la línea de la policía es reprimir a los ciudadanos.

NO MÁS EXCUSAS

El senador Fernando Herrera Ávila exigió que el gabinete de seguridad pública del estado, integrado por el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, y el fiscal general del estado Iñaky Blanco Cabrera, comparezcan ante el Congreso local para que expliquen la estrategia de seguridad en el estado.

“No pueden estar jugando al Mando Único, es urgente y necesario que se tomen medidas a la voz de ya, no es aceptable por los guerrerenses ni por ningún mexicano razonable, bajo el pretexto de la no coordinación en el Mando Único se estén generando excusas para no asumir su responsabilidad”, dijo.

Dijo que el PAN no tolerará excusas porque una de las responsabilidades que tienen los gobiernos es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La senadora Mariana Gómez del Campo consideró que la Gendarmería Nacional debe venir a Guerrero, un “estado ingobernable”, para apoyar a los ciudadanos que viven en la “inseguridad total”.

Insistió en que es fundamental que Aguirre Rivero dé la cara y presente el diagnóstico de lo que está pasando en Guerrero.

Señaló que lo que se conoce del gobierno federal y del estatal “es que no hay una estrategia en materia de seguridad pública, no hay una estrategia de combate a la delincuencia”.

Indicó que los panistas vendrán a Guerrero las veces que sea necesario para apoyar a los panistas guerrerenses en insistir en el esclarecimiento del asesinato de Braulio Maganda.

EL CONGRESO NO SABE DEL MANDO ÚNICO

Cinco meses después de que el gobernador Ángel Aguirre y los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo firmaron el convenio de Mando Único, el diputado local Jorge Camacho Peñaloza dijo “que bien a bien el Congreso no ha tenido la certeza, porque no ha sido motivo nuestra competencia, no lo ha hecho saber que es este Mando Único”.

El 7 de mayo de este año en Casa Guerrero los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo firmaron el acuerdo para que en esos municipios operara el Mando Único.

Camacho adelantó que en la sesión del Congreso de ayer insistirían en la comparecencia del gabinete de Seguridad Pública del estado y que sea separado de su cargo el alcalde de Iguala, además de que expliquen quién está a cargo de la seguridad en ese municipio “porque se echan la bolita y no lo tenemos claro”.

También dijo que se propondría una prórroga para que el Sistema Penal Acusatorio que se puso en operación ayer en Iguala fuera pospuesto, porque en el estado no hay condiciones.

En la conferencia se le preguntó a Bahena Montero sobre la versión de que un día antes del asesinato de Braulio Maganda, un consejero estatal habría amenazado de muerte al secretario general del partido, y el dirigente estatal lo negó, dijo que no hubo una amenaza hacia el secretario general del CDE del PAN.


(EL SUR DE ACAPULCO / REDACCION/ oct 1, 2014)

OVNI DEL HURACÁN ODILE – #VIDEO


La Paz, B.C.S.- Durante una hora un objeto misterioso permaneció sobre la ciudad capital la noche del lunes 15 de septiembre. Varios testigos que lograron grabarlo, se pusieron en contacto con Colectivo Pericú para compartirnos un par de videos.

Mencionan que aproximadamente a las diez de la noche, cuando todo se encontraba a oscuras a raíz de los cortes de energía eléctrica, apareció este Objeto Volador No Identificado que permaneció inmóvil por espacio de casi una hora en completo silencio, por lo que se descarta avión o helicóptero.

Este es uno de los videos que nos remitieron, junto con el testimonio. Fue grabado desde la colonia Indeco sobre la calle Melón.


(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ octubre 1, 2014)

YA SON DOS MUERTOS POR BALACERA DEL LUNES


La Paz, B.C.S.- De manera oficial no hay información suficiente sobre los hechos de sangre ocurridos poco después de las dos de la tarde del anterior lunes, en un domicilio de la colonia Progreso, donde fueron atacados a tiros cuatro personas, donde uno murió en forma instantánea y tres más resultaron con lesiones de consideración.

No se han proporcionado los nombres de los lesionados, únicamente de la persona que falleció en el sitio, que fue identificado como Fernando Ramírez Flores, quien recibió varios disparos en pecho y abdomen.

En el mismo lugar fueron encontradas dos mujeres también con lesiones. Actualmente ambas se encuentran en estado de gravedad en el hospital Salvatierra. Ellas tienen edades aproximadas de 25 años.

Hay otro lesionado a balazos en el muslo, que también fue trasladado al mismo nosocomio para su atención médica. Lo único que se sabe es que es chofer de tractocamión y es originario de Mazatlán.

Momentos después de que se reportaran a los números de emergencia los hechos de sangre, arribó al Hospital Salvatierra un Nissan Sentra de color negro, sin placas de circulación, donde llevaban a una persona herido a balazos en estado de gravedad y falleció minutos después. Es probable que se trate de uno de los que participaron en el ataque a tiros aunque no se sabe con precisión quién le disparó. Esta persona permanece en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense.

Aún no se reportan detenidos en relación a estos lamentables hechos.

Colectivo Pericú con información y fotografía de REPORTEROS SIN FRONTERAS.

(COLECTIVO PERICU/ REDACCION/ octubre 1, 2014)

FUSILAMIENTOS Y DESAPARICIONES, LA INGOBERNABILIDAD PEÑISTA


MÉXICO, D.F. (apro).- En cualquier gobierno, un muerto por violencia o un desaparecido por razones políticas o del narcotráfico debería de ser un escándalo y motivo de una campaña para exigir respuestas a las autoridades y la aplicación de la ley sin cortapisas. Sobre todo si se trata del fusilamiento de 22 personas y la desaparición de otras 57 en dos pueblos gobernados por el crimen organizado.

Hoy, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la indolencia y la impunidad es la que impera. Al menos con Felipe Calderón la mayor parte de los medios llamaban la atención cuando ocurrían hechos de esta naturaleza y criticaban al gobierno panista por su incapacidad de gobernar.

Pero ahora con el priista mexiquense, recientemente premiado como el “estadista del año” por una organización de Estados Unidos, no hay reacciones de la magnitud de los hechos, a pesar de que se trata de actos que muestran visos de ingobernabilidad como el fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 58 estudiantes rurales en Iguala, Guerrero; la ejecución de seis más en Michoacán y en Chihuahua; el descubrimiento de una fosa clandestina con 32 cuerpos en Veracruz, o la muerte del diputado Gabriel Gómez Michel, inmolado junto con su chofer.

Ante la prensa domesticada por la publicidad y los intereses políticos, Peña Nieto ha dicho que los niveles de violencia y de muertes relacionadas con el crimen organizado han disminuido, pero los últimos hechos demuestran todo lo contrario. Y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como un hecho aislado la matanza en Tlatlaya, Estado de México. Pero todo esto es completamente falso.

El sistema político mexicano fue diseñado para ser presidencialista. Durante los 12 años de administración panista, esta forma de gobierno no cambió, aunque con la derrota del PRI los gobernadores se convirtieron en virreyes y así siguen operando hasta ahora, con toda impunidad y complicidad del solaz comportamiento de Peña Nieto, inmerso en su narcisismo de mirarse únicamente en el espejo de las reformas constitucionales sin percatarse de la violencia que se sigue expresando en todo el país, poniendo en duda la gobernabilidad.

No hay uno solo de los gobernadores que no tenga una mancha negra en su expediente de gobernabilidad, y en muchos de ellos esa marca es un sello de corrupción y de negocios ilegales con el crimen organizado, como sucedió con Fausto Vallejo en Michoacán.

Ese es el estado donde Peña Nieto ha puesto más interés para combatir al crimen organizado, debido a las llamadas de atención de grupos empresariales extranjeros y del mismo gobierno de Estados Unidos, que puso una alerta al mencionar que se estaba formando un gobierno narcotraficante.

Pero además de Michoacán, otros estados donde quien gobierna es el grupo criminal de la zona son: Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Morelos. Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.

No obstante, el fracaso de Michoacán ha traído más violencia en el mismo estado y en los colindantes, Guerrero, Estado de México y Morelos, que ha crecido debido a la indolencia y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo el federal, que constitucionalmente está obligado a combatir delitos federales como el narcotráfico y sus consecuencias: muertes, desapariciones, secuestros y extorsiones que sufren los habitantes de cada entidad.

Las acciones aparatosas de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, o de Nazario Moreno, El Chayo, no ha variado en lo mínimo la geografía de poder del crimen organizado en México, comprobando la afirmación de que nada vale cortar las cabezas de las bandas criminales porque saldrán otras nuevas.

Peña Nieto no ha sido capaz de ir a la raíz del problema que está en la parte política, en los gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, militares, banqueros e inversionistas involucrados en las bandas criminales de manera directa o como lavadores de dinero.

Y mientras el Ejecutivo priista sigue vendiendo su imagen de triunfador y reformador de México, pueblos, comunidades y ciudades enteras continúan sufriendo el reino de terror impuesto por el crimen organizado, que sigue y seguirá creciendo en un terreno abonado por la corrupción y la impunidad del gobierno en turno.

Twitter: @GilOlmos

(PROCESO/ ANÁLISIS/ JOSÉ GIL OLMOS/1 DE OCTUBRE DE 2014)

200 DESAPARECIDOS EN EL “MUY SEGURO” QUERÉTARO


Tras meses de insistir ante el gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, para que los recibiera en audiencia, familiares de desaparecidos lograron hablar con él, pero de poco les sirvió pues sólo se comprometió a abrir una ventanilla para recibir denuncias y pidió una semana para programar un segundo encuentro. Tampoco cumplió. En esa entidad cuyas autoridades la presumen como una de las más seguras del país ya hay por lo menos 200 casos de personas desaparecidas.

MÉXICO, D.F. (apro).- En su sexto mes de embarazo, Brenda Rangel Ortiz bebía un vaso con agua en la cocina de su domicilio ubicado al sur de la ciudad de Querétaro. Por el rabillo del ojo percibió en su jardín unas siluetas humanas y volteó sorprendida. Se trataba de encapuchados que rodeaban la vivienda portando armas largas. Pensó que iba a morir, pero aun así, decidió encarar al comando.

Cuando abrió la puerta, el cañón de un rifle AR-15 se le reveló en el umbral mientras una voz le ordenaba identificarse. Se trataba de un operativo policiaco con decenas de agentes de policía estatal, municipal y de la Ministerial Investigadora, algunos de civil otros uniformados, todos con armas largas que, dijeron, atendían una denuncia anónima que señalaba el domicilio como centro de acopio de armas. No encontraron nada.

En entrevista, Brenda Rangel, recuerda que fue como a las 10:00 de la mañana del 1 de noviembre de 2013, días después de que su familia hubiera convocado a una “marcha del silencio” para exigir la búsqueda, localización y esclarecimiento de la desaparición de su hermano Héctor, así como de Irene Hugo Hernández y Milton Aguilar Torres.

El 10 de noviembre de 2009, Héctor, Irene y Milton, fueron a Monclova, Coahuila, para entregar un vehículo que recibieron en garantía de una deuda de 90 mil pesos por la venta de prendas al mayoreo pues, la familia Rangel Ortiz, se dedica al negocio textil. Aunque el negocio se había realizado en Querétaro, el comprador los citó en esa ciudad, desde la cual, en una última llamada, Héctor avisó que lo estaban deteniendo policías municipales. Dos presuntos implicados, ahora están presos.

A punto de cumplirse cuatro años de la desaparición, la marcha reclamaría la indiferencia gubernamental pues, aunque los hechos ocurrieron en Coahuila, la historia había iniciado en Querétaro, donde el gobierno estatal se deslindaba y no quería atender los reclamos ni conocer las investigaciones que la familia había realizado por su cuenta.

Los policías del operativo que rodearon la casa de Brenda el 1 de noviembre pasado, sólo revisaron su camioneta. Para ella, se trataba de una intimidación y así lo hizo saber a Fundem que emitió una acción urgente, lo mismo que Amnistía Internacional, el 6 de noviembre.

Nada cambió. El 8 de noviembre siguiente, dos días antes de la marcha, una operación similar se registró en casa de los padres de Brenda y el desaparecido Héctor.

Para entonces, Brenda había cobrado notoriedad por su participación en las marchas convocadas en 2011 por Javier Sicilia y por su vinculación con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), el colectivo que agrupa a numerosas familias de desaparecidos en el país, con lo que otras familias en Querétaro, empezaron a buscarla y a sumar sus casos.

El historial de intimidaciones, agresiones y reprimendas sufridas por la familia Rangel Ortiz, acumulaba un nuevo hecho en la obstinación gubernamental de no concederles siquiera derecho de audiencia, pero la historia no terminaría ahí.

EL AMEDRENTAMIENTO

Las investigaciones de Brenda Rangel, sus padres y hermanos, han logrado descubrimientos importantes que el gobierno de Coahuila y la Procuraduría General de la República (PGR), habían omitido.

Siguiendo diferentes pistas, consiguieron elementos para asegurar que operadores de Los Zetas –a los que Brenda y su familia evitan identificar en la entrevista, refiriéndose sólo a “un grupo de delincuencia organizada”— operaban en Querétaro y que desde ahí planearon la desaparición de su hermano, así como de Irene y Milton que casualmente lo acompañaron.

Desde noviembre de 2009 habían solicitado audiencia, sin conseguirlo, con el gobernador Calzada Rovirosa. En una ocasión, lo abordaron al salir de un evento y el mandatario les dijo que no los recibía “porque no tenía tiempo”.

Durante la búsqueda emprendida por los Rangel, fueron interceptados en una ocasión en Monclova por policías municipales. Les dijeron que “no siguieran levantando polvo” y que “dejaran de hacer preguntas”. También recibieron anónimas amenazas de muerte y presiones de diversa índole.

En octubre de 2012, Brenda contrajo nupcias con Víctor Manuel García Herrera, abogado queretano que por ese tiempo trabajaba en el ayuntamiento priísta de El Marqués, municipio conurbado a Querétaro capital. Al regresar al trabajo tres días después de la boda, fue despedido sin justificación, un hecho que el matrimonio atribuye al activismo de Brenda.

Otros episodios dan cuenta de la incomodidad que las familias han causado en el gobierno de Calzada. El pasado 25 de julio, María Cruz de León Apolonio, fue citada en una agencia del ministerio público. En la búsqueda de su hijo, José Jesús Bryan Cruz de León, a quien se vio por última vez en el taller que trabajaba, en el municipio de Corregidora, la mujer ha tocado todas las puertas para ofrecer pruebas, indicios e información pero, dice, “no han hecho nada más que dejar botado el expediente”.

Inclusive, cuando una llamada solicitó dinero para alimentar al joven, la familia hizo el depósito y avisó de inmediato al ministerio público. Como el depósito fue a través de una tienda Elektra, suponían que al cobrarse podían identificar a los captores. La procuraduría ni atención les puso.

El 25 de julio, más que una diligencia, policías y fiscal la interrogaban con dureza y, cuando quiso abandonar el lugar, se negaron a dejarla ir. Entonces le avisó a Brenda Rangel de la retención y varias familias llegaron al edificio ministerial. Ante la presión, los policías dejaron ir a María Cruz, a quien durante el interrogatorio le advirtieron que, si quería resolver el caso de su hijo, no se reuniera con Brenda porque tenía nexos con la delincuencia.

Según Brenda Rangel, esa advertencia le han hecho a varias familias que, intimidadas, se mantienen en silencio, con miedo a denunciar.

La retención de la señora María Cruz los convenció de la necesidad de movilizarse y exigir la audiencia con Calzada Rovirosa. El sábado 26 de julio, se apostaron frente a Palacio de Gobierno donde gritaron consignas, mostraron en cartelones los nombres y fotografías de sus desaparecidos y, obtuvieron la promesa de Eric Gudiño, mando medio de la secretaría de Gobierno, de que el gobernador los recibiría el miércoles siguiente.

Como en otras ocasiones habían tenido promesas similares que no se cumplieron, inclusive de la Presidencia de la República ya con Enrique Peña Nieto, pidieron un compromiso por escrito y firmado que no obtuvieron.

A la mañana siguiente, el 27 de julio, las llantas de la camioneta de Brenda amanecieron pinchadas. Lo que pudo pasar como un acto de delincuencia común, fue entendido como mensaje, pues según Brenda, momentos después recibió una llamada, de otro funcionario menor de la secretaría de Gobierno, identificado como Juan Carlos Arreguín, quien pidió disculpas a nombre del gobernador por las ponchaduras, argumentando que su compañero Eric Gudiño “a veces es muy arrebatado”.

Ante la presión gubernamental, decidieron bloquear la carretera federal número 57 esa misma mañana.

EL INFORME

Cuando terminó el desayuno con la clase política de la entidad, el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa se dirigió al Palacio de la Corregidora, una mansión recinto del poder desde la época colonial, que hoy es sede del Poder Ejecutivo estatal. Ya lo esperaban otros colaboradores e invitados para cruzar la calle e ingresar al Portal Quemado, la casona sede del Congreso del Estado.

Era el 27 de julio, el día del gobernador, el de su quinto informe de gobierno con el que entraba a la recta final de su mandato y que, en un acto cargado de simbolismo familiar, había decidido ofrecer en homenaje a su padre, Antonio Calzada Urquiza, quien fue gobernador de Querétaro en los años setenta.

Poco después de las 10:30 de la mañana, Calzada se plantó frente a los 24 diputados locales y los invitados especiales entre los que destacaban sus compañeros de partido, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y el dirigente nacional César Camacho.

Su mensaje fue triunfal. Al llegar al último año de su gobierno, el mandatario presumió que la entidad se mantenía como una de las más seguras del país y, Querétaro, la capital, se contaba entre las 100 mejores ciudades para vivir en el mundo. La entidad según el mandatario, era la que registraba menor incidencia en homicidios del país.

Pero a 15 cuadras de ahí, sobre la carretera 57, entre las calles Luis Pasteur y El Cimatario, cinco familias reclamaban la indiferencia del gobernador por la desaparición de al menos 177 personas en la entidad que, de 2009 a la fecha, habían registrado por familias, muchas de las cuales, amedrentadas, evitaban denunciar.

Fabián Morales Corona, quien buscaba a su hermano José Alfredo, fue al baño de una gasolinera cercana poco después del mediodía. De repente, sintió una serie de golpes en sus costillas y, sofocado, cayó al suelo. Tres policías encapuchados le ordenaron que se quitaran de la carretera o les partirían su madre… pero ni él ni las otras familias cedieron y se mantuvieron ahí durante cerca de 12 horas.

Calzada Rovirosa había terminado su mensaje en el congreso local de donde salió en una enorme caravana de vehículos rumbo al auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, para dirigir un mensaje ante miles de acarreados. Posteriormente, se trasladaría a la exhacienda Los Laureles, donde comería con sus colaboradores, familia e invitados especiales.

Antes de que los invitados regresaran a la Ciudad de México, las presiones para retirar el bloqueo arreciaron. Cerca de las familias, había funcionarios que en voz alta recomendaban “partirle su madre” a Brenda para que se quitaran los demás justo cuando un convoy, repleto de mujeres policía y un contingente de granaderos, cercaban la zona.

Al lugar llegó el delegado de la PGR, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal y, poco después, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado. Este último intentó imponerse a gritos ante los manifestantes que exigían el compromiso escrito de una audiencia con el gobernador. Llamaba la atención sobre los problemas para los automovilistas y la negativa “a negociar”.

“No se exalte ni me grite”, dijo Brenda a López Portillo, para luego explicarle que sus desaparecidos no eran negociables. El funcionario partió y, el compromiso de la audiencia con Calzada, fue asumido por Buendía, el delegado de la PGR.

LA PROMESA

La mañana del 30 de julio, día programado para que las familias de desaparecidos se encontraran con el gobernador Calzada, la familia Morales Corona fue citada en una agencia del ministerio público. Uno de sus miembros, José Alfredo, había desaparecido desde el 13 de julio, cinco meses después de denunciar que “un grupo de delincuencia organizada” les exigía vender droga en su panadería ubicada en la colonia Insurgentes, de Querétaro.

El procurador de justicia en la entidad, Arsenio Durán Becerra, admitió en entrevista con el periodista Eric Pacheco, que habían tenido conocimiento de esos hechos y sostuvo que, cuando interrogaron a la familia Morales Corona, ya no quisieron denunciar nada. Desde febrero, cerraron su panadería.

Con la cita temían lo peor. Apenas el 15 de julio, luego de mes y medio desaparecido, Jesús Almaraz Esquivel, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue localizado sin vida en Cadereyta. Pero era una buena noticia.

Luego de las protestas del fin de semana, José Alfredo Morales fue localizado con vida en el estado de Puebla. Ese mismo día 30, sólo admitió decir a este reportero, que se había ido por su voluntad. Su madre, Cristina, tampoco quiso entrar en detalle, pero sí reprochó:

“No se trata de la razón de la desaparición, sino de que el gobierno no tenga mecanismos de búsqueda, que ni
siquiera investiguen”.

Tenía razón. El 19 de mayo, Calzada Rovirosa promulgó la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas, cuyo artículo 38 establece el diseño de un programa estatal con la participación de procuraduría de justicia, grupos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos. En el artículo tercero transitorio, se establece la instalación del comité en un plazo de 30 días que se cumplieron en junio, sin que hasta la fecha haya comité ni programa a pesar de que la problemática asciende, conforme a las cifras dadas por el procurador Durán, al menos a 200 casos.

La cifra es la más reciente dada por las autoridades, pues a través de solicitudes de información y largos litigios en el organismo garante de la transparencia en la entidad, interpuestas por el semanario Libertad de Palabra, las estadísticas han fluctuado.

En la reunión del 30 de julio, Calzada se comprometió a crear un grupo de seguimiento con la PGR y el gobierno de Coahuila, pare el caso de Héctor, Irene y Milton. Las familias pidieron una fiscalía especializada y él se comprometió a una ventanilla única de denuncias de desaparición. Además ofreció apertura, pidió que acercaran a las demás familias a su gobierno y, para sellar los compromisos, solicitó una semana para una nueva reunión que, a final de cuentas, no se cumplió.

La comisión se integró hasta el 30 de agosto, vencido el plazo que establecía la ley, pero no se incluyó a Brenda Rangel ni a las familias que habían exigido un mecanismo. De hecho, en la comisión no se incluyeron víctimas.

Con todo, las familias mantenían la esperanza de que Calzada cumpliera sus promesas. Brenda Rangel lo explicó:

“(Calzada) no pidió disculpas por todos los antecedentes ni quiso que habláramos de eso. Pidió que diéramos vuelta a la página y tuviéramos confianza en él. Y nosotros aceptamos, queremos que el gobierno cumpla su función y, aunque se estén dilatando nos mantenemos en el compromiso, por lo pronto, le hemos dado nuestro voto de confianza”.


(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 1 DE OCTUBRE DE 2014) 

RESCATAN A 11 DELFINES VARADOS EN PLAYAS DE LA PAZ


MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a 11 delfines de la especie dientes rugosos (steno bredanensis) que quedaron varados en las playas El Mogote, municipio de La Paz, Baja California Sur.

En un comunicado, la dependencia detalló que recibieron un reporte sobre la presencia de los mamíferos marinos en dichas playas arrastrados presumiblemente por las corrientes que ocasionó el huracán Odile.

Personal de la delegación federal se trasladó al lugar indicado, donde encontró 12 delfines, uno de los cuales estaba muerto.

Antes de regresarlos a su hábitat natural, personal médico, en coordinación con representantes del Museo de la Ballena, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (Somemma) y del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas  (Cicimar) del Instituto Politécnico Nacional hizo una revisión médica a los delfines, descartando alguna patología que pusiera en riesgo su vida.

Los inspectores suministraron a los delfines Amino-lite, combinación de aminoácidos, vitaminas y electrolitos para la recuperación inmediata de los animales convalecientes, como terapia de soporte.

Con apoyo de una embarcación que facilitó la empresa Rebequitas Tours, los cetáceos fueron llevados a más de nueve kilómetros de la costa, donde se observó su desplazamiento.


(PROCESO / LA REDACCIÓN/1 DE OCTUBRE DE 2014)

COMANDO EMBOSCA Y TORTURA A COMUNEROS DE OAXACA


OAXACA, Oax. (apro).- Un comando con vestimenta militar de San Miguel El Grande emboscó a 13 comuneros de San Antonio Sinicahua; de este grupo, “secuestró y torturó” a tres indígenas mixtecos por espacio de 11 horas, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes.

Pese a que habitantes de San Antonio Sinicahua han padecido, durante una década una serie de secuestros, agresiones y tortura, “las autoridades estatales y federales han ignorado el conflicto agrario” que mantienen con San Miguel El Grande.

El alcalde de San Antonio Sinicahua, Luis Juárez Galindo, informó que el lunes 29 de septiembre los habitantes de su comunidad salieron rumbo al paraje La Ciénega o “Sto´yoo” (en mixteco) para cortar un árbol y “sacar madera y luego hacer un trabajo en la clínica de la población, así como reparar un puente colgante”.

Sin embargo, cuando 13 personas intentaban subir la madera a un volteo del municipio, cerca de las 18:00 horas, fueron rodeados por un grupo de personas que llevaban vestimenta militar y portaban armas de fuego de alto poder.

Al accionar sus armas hacia al camión de volteo, 10 comuneros lograron escapar, pero Melesio Bautista Hernández, de 34 años; Alfredo Guadalupe Cruz Ortiz, de 22, y Raúl Juárez Cruz, de 45, fueron capturados y sometidos.

“El grupo armado se los llevó a la comunidad de Miguel Hidalgo, donde los torturaron metiéndolos al agua, los arrastraron y los amarraron de pies y manos. Fue hasta las cinco de la mañana del martes 30 cuando los liberaron en una barranca cerca de la comunidad de Buena Vista, perteneciente a San Pedro Molinos”.

Los lesionados fueron hospitalizados en la clínica de Tlaxiaco, lugar hasta donde se presentó el agente del Ministerio Público para que presentaran su denuncia.

Además, recordaron que San Antonio Sinicahua es una comunidad mixteca pacífica y de muy alta marginación, con cerca de 2 mil 500 habitantes y que mantiene un conflicto de límite de tierras con San Miguel El Grande.

También mencionaron que en 1999 fue secuestrada una familia de la comunidad  de Buena Vista Sinicahua, integrada por dos niños y dos mayores; los integrantes del grupo armado incluso destruyeron la vivienda de las víctimas

En 2000 fueron secuestrados Victoriano Juárez Cruz, Celia Juárez Cruz, Armando Juárez Ortiz, David Juárez Cruz y Antolín Cruz Reyes, habitantes de diferentes comunidades de San Antonio Sinicahua.

Y en 2011 fueron secuestrados el tesorero municipal de San Antonio Sinicahua, Benito Juárez Cruz, y el suplente de la regiduría de Hacienda, Filemón Hernández Ortiz.

De igual manera, en abril del mismo año la comunidad de San Miguel El Grande cortó el suministro del agua a la comunidad de San Antonia Sinicahua.

Pese a todos estos atropellos, acusaron, las autoridades estatales y federales no han actuado, lo que ha permitido que los hechos de violencia se repitan.

Santiago Reyes pidió castigo a los agresores de San Antonio Sinicahua, solución al conflicto agrario e intervención de las autoridades estatales y federales.

Asimismo, reclamó se investigue el uso de armas y vestimenta de uso exclusivo del Ejército que utilizó el comando de San Miguel El Grande.


(PROCESO /PEDRO MATÍAS/1 DE OCTUBRE DE 2014)