sábado, 30 de agosto de 2014

ESTAFAN AL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS


El tesorero Gerardo Manríquez Amador ordenó el pago por 624  mil 762 pesos con 97 centavos a una empresa fantasma que supuestamente iba a donar un lote de juguetes, computadoras, alimentos, aparatos electrónicos y camionetas

Los Cabos,  Baja California Sur.- En la revisión y análisis del gasto del excedente de más de 224 millones de pesos, derivado del juicio ganado por ZETA en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, bajo el número de expediente PR-III/003/2014, comenzó a descubrirse cómo se fue gastando el remanente del ejercicio fiscal del 2012.

La información que desde enero del 2012 había permanecido oculta y en el estatus de clasificada como “confidencial” y “reservada”, develó el pago de una extorsión después de que fuera realizado un depósito por la cantidad de 624 mil 762 pesos con 97 centavos a través de una transferencia en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios desde la CLABE de ordenamiento 0170097523 de una cuenta bancaria de Banorte.

Según el expediente obtenido por este semanario del gasto del mes de diciembre del 2012 todo empezó cuando el 16 de enero del 2012 la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Carmen Zerón Castañón, recibió una llamada telefónica de una persona que dijo llamarse Claudia Rodríguez, quien se ostentó como asistente del entonces Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Perdomo Sanciprian.

La presunta asistente aduanal informó de la supuesta existencia de una resolución conteniendo notificación de donación a favor del DIF municipal de Los Cabos sobre bienes muebles diversos que se consignaron en un oficio, bajo el número 171/SAT/27-1, y donde figuraban lotes de juguetes, equipos de computo y de rehabilitación física, ropa, alimentos no perecederos, artículos electrónicos, una ambulancia, un camión recolector de basura y una camioneta van.

Por tal motivo  la supuesta asistente, Claudia Rodríguez, dijo a la funcionaria cabeña que iba a ser contactada con el Administrador General de Aduanas, quien se presentó como Gerardo Perdomo Sanciprian, y telefónicamente confirmó la resolución a su favor.

La directora del DIF Municipal de Los Cabos, María del Carmen Zerón Castañón, colgó –el teléfono, y posteriormente, recibió la notificación vía electrónica con una hoja membretada con sellos y membretes oficiales, así como los números telefónicos de la aduana 01 (55) 38742588 y 01 (55) 38742590 y una lista de los productos que habrían de ser donados, los cuales estaban presuntamente en el estado de Veracruz.

La servidora pública llamó entonces al tesorero Gerardo Manríquez Amador y luego reenvió el correo para que revisara, analizara y emitiera un resolutivo en torno al caso, derivado de que la única condición era pagar 624 mil 762 pesos con 97 centavos por conceptos de gestiones, impuestos y fletes del envío de la mercancía.

El tesorero municipal de Los Cabos reenvió el correo electrónico proveniente de la dirección electrónica resoluciones@aduanas.com y turnó el trámite para el pago a la directora municipal de Contabilidad a cargo de Ana Luisa Guluarte Arista.

La funcionaria llamó a los teléfonos contenidos en el oficio, y la contactaron con una supuesta agencia fiscal de Veracruz de nombre Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V con número telefónico 01 229 2958580 y estableció comunicación con Amandi Arani y Zamudio, con quien acordó el pago y la liberación de la hoja de salida de los bienes donados.

La supuesta funcionaria aduanal comunicó a la contadora Guluarte con quien se ostentó como Carlos Romero Urbina, quien supuestamente era el responsable del resguardo y salida de los bienes.

Los dos –funcionaria cabeña y supuesto aduanal—tuvieron contacto vía electrónica a través de las siguientes cuentas:



3.presupuestos@consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx

El supuesto directivo del Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V, Carlos Romero Urbina, comenzó a presionar a la directora de Contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, sobre la urgencia de la tramitación por la inminente cancelación del trámite de donación ya que se había vencido el término para la disposiciones de los bienes de la aduana y evitar la generación de gastos mayores.

Finalmente, y sin investigar absolutamente, la directora de contabilidad, y por órdenes del tesorero Gerardo Manríquez Amador, hicieron el depósito a las 2:59 de la tarde del 19 de enero del 2012 a favor de AA Amandi Chi Zamudio y Asociados en el banco Banamex-Citibank.

Con esto únicamente esperaría el trámite de entrega y donde incluso remitieron una lista de funcionarios del municipio de Los Cabos, y los cuales se encargarían de la logística del envío y la fecha del arribo.

LA ESTAFA

Demasiada dulzura para ser verdad –como definió el regidor de Los Cabos, Juan Fernández Sánchez Navarro– la estafa se consumó cuando el 23 de enero del 2012 la directora de contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, marcó a los números telefónicos del Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V y pretendió confirmar el depósito y acordar el traslado y arribó de los bienes de Veracruz a Los Cabos, Baja California Sur.

Sin embargo, desde ese día nadie contestó en los números de la agencia aduanal y tampoco en la supuesta oficina del administrador general de aduanas, por lo que comenzó a sospechar de haber sido víctima de un fraude, derivado de que por más llamadas que hicieron no volvieron a contestar las llamadas hasta que llegó el momento en que salió la siguiente grabación: “el número Nextel que usted marco está suspendido”.

La directora de contabilidad de la tesorería municipal de Los Cabos se avocó a confirmar la veracidad de la resolución de donación a favor del DIF municipal de Los Cabos, en virtud de que perdió comunicación, y por ende, no recibió los supuestos bienes donados, por lo que descubrió que todo se trato de una estafa.

El Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V no existía y tampoco había referentes de la supuesta representante AA Amandi Chi Zamudio.

“Todo indica la consumación de un fraude en perjuicio del municipio de Los Cabos, pues quien o quienes obtuvieron la cantidad pagada, lo hicieron indebidamente mediante engaños, ya que para tal efecto, falsificaron documentación pública federal, se hicieron pasar por servidores públicos de la Administración General de Aduanas, afirmaron falsamente la existencia de mercancía aduanal donada a favor del sistema DIF de Los Cabos, maquilaron la existencia de una supuesta agencia aduanal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha implicado por quien o quienes resulten responsables el alcance de un lucro indebido en perjuicio del Ayuntamiento”, trascribe el una de las dos denuncias penales que presentó el síndico de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez. Son las siguientes:

1.- La primera presentada el 25 de enero del 2012 en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el número de expediente PGR/BCS/LC/012/2012 por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y lo que resulte.

2.- La segunda presentada el 23 de febrero del 2012 en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el número de expediente SJC/037/PAT/2012 por los delitos de fraude con agravantes y lo que resulte.

LAS REACCIONES

Sobre este hecho, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, perdió la memoria rápidamente, pues dijo desconocer la estafa y no recordar nada, a pesar de que la documentación obtenida por ZETA, obra en los archivos de la Dirección de Contabilidad de la tesorería municipal del destino turístico.

“No tengo información, no sé si se hace mención en qué área, no he tenido información, no he podido ver mi celular, no he podido ver mis mensajes, pero, no, ninguna extorsión, ningún mensaje, ningún llamado, ninguna situación de este tipo, afortunadamente ni de manera personal ni como presidente municipal”, respondió textualmente.

El tesorero Gerardo Manríquez Amador fue requerido por este semanario, pero no dio la cara, al igual que el contralor general municipal, y responsable de investigar esta estafa, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña.

El que sí hablo fue el síndico municipal de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, quien como responsable del patrimonio, presentó las denuncias penales en la PGR y la PGJE sobre el fraude.

El edil no metió las manos al fuego por nadie y expuso que el caso fue una verdadera “tomada de pelo” a los funcionarios implicados en el caso, porque “hasta donde tengo conocimiento nadie verificó la autenticidad de la supuesta donación y sobre todo de las personas con quienes estuvieron tratando, números telefónicos y las razones sociales”.

Durante una entrevista con este semanario, comentó que como responsable del patrimonio, “yo presente las denuncias penales correspondientes, aunque no tuve nada que ver con la autorización del pago de los alrededor de 624 mil pesos, porque eso no es de mi competencia y habría que preguntar a quiénes lo hicieron”.

— ¿Por qué no informaron en su momento sobre esta estafa?, preguntó ZETA.

“Bueno, porque no fue mi responsabilidad. Yo hice lo que en mi caso correspondía y si alguien tenía que informar y no lo hizo creo debe una explicación de esa inocentada.

Por su parte, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Sánchez Navarro, expuso que el tema de la estafa debe ser investigado por la contraloría general de Los Cabos a cargo de Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, porque recordemos que “el dinero utilizado en el pago de ese fraude es parte de los 224 millones de pesos del excedente que hasta este momento siguen sin ser aprobados por el seno del cabildo de Los Cabos”.

El edil dijo que de entrada, y si realmente sucedió una estafa, “la contraloría debe deslindar responsabilidades en contra de los incompetentes que ordenaron y pagaron el dinero, solo porque alguien llamó por teléfono y les pidió el dinero y lo depositaron sin haber investigado nada al respecto”.

“O una de dos, o son muy ingenuos o algo sucedió para sacar ese dinero de las cuentas y fue a parar a otro lugar”, dijo.

Finalmente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, dijo que “la estafa al ayuntamiento cabeño es una situación muy delicada que exhibe por sí sola la fragilidad y negligencia de cómo se han estado manejando los recursos públicos de los ciudadanos”.

El empresario consideró que el dinero desaparecido es el equivalente al costo de dos patrullas, “y desgraciadamente vemos que no hay responsables, y en vez de actuar, se escondió la información para que nadie supiera y tampoco nadie respondió por el quebranto”.

“Yo creo que alguien tiene que pagar por esto”, dijo y preguntó “¿dónde está Contraloría municipal? ¿Dónde está Contraloría estatal? ¿Dónde está el Órgano de Fiscalización Superior del congreso del estado?”.

El líder de los empresarios de Los Cabos, expresó que “ya estuvo bueno de este saqueo, porque el caso de la estafa exhibe que la crisis del ayuntamiento local, no es porque no tenga dinero, sino por la manera en que maneja y utiliza los recursos públicos, y cuyo caso hoy sabemos por la investigación que vino a hacer un periódico como ZETA, y no porque los órganos de control interno haya actuado y tomado medidas.

Desde su punto de vista, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expuso que es increíble la forma en que les vieron la cara a los funcionarios del ayuntamiento. “Demasiado infantil o ingenuo, pensar que la historia que retrataron en la denuncia penal haya sido real, y que conociendo sus antecedentes en el manejo del dinero público, piensen que vamos a creerles, y de que la operación de esta supuesta estafa, no vaya a haber algún funcionario, porque qué casualidad que dócilmente y sin investigar y con una llamada,depositaron el dinero sin ton ni son”, concluyó. 


(SEMANARIO ZETA/ GERARDO ZÚÑIGA PACHECO/ 18 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS 12:00:00)

EL RECHAZO A LA MINERÍA EN BCS


Pese al rechazo de la sociedad y de los alcaldes de La Paz y Los Cabos, la aprobación del proyecto “Los Cardones” fue condicionada por SEMARNAT

La Paz,  Baja California Sur. A pesar del rechazo de la sociedad y de que las propias autoridades, como los alcaldes de La Paz y de Los Cabos, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez Montaño, abiertamente fijaron su postura en contra del proyecto minero “Los Cardones”, el cuerpo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó el 31 de julio de 2014, la Manifestación de Impacto Ambiental -conocida como MIA- del plan minero, el cual pretende desarrollarse dentro de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna.

El delegado de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, dijo que el resolutivo no es definitivo y la compañía minera, de nombre Desarrollos Zapal, S.A. de C.V.,  no iniciará operaciones de inmediato, sino que, según el dictamen de más de 170 hojas, deberá cumplir con cuatro requisitos fundamentales:

1. Presentar el proyecto justificativo del cambio de uso de suelo ante la SEMARNAT.

2. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) deberá emitir su opinión en cuanto a la disponibilidad de agua y la afectación a los acuíferos que sustituirían los pozos de salinización de agua de mar que se pretenden construir.

3. Autorización del proyecto por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), sobre todo en cuanto a posibles afectaciones en esa reserva natural, donde de manera directa o indirecta, se surte de agua al 70 por ciento de la población de La Paz y Los Cabos.

4. Aprobación del cambio de uso de suelo por parte de los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, y del Comité Forestal Estatal, ya que la Sierra de la Laguna está tipificada como zona forestal.

Desde entonces y en virtud a la amenaza, la sociedad organizada comenzó a trabajar en protestas y marchas en contra del proyecto minero, una de ellas, realizada el 4 de agosto, que terminó en las instalaciones de una televisora local, ya que el propietario es uno de los socios mayoritarios de  Desarrollos Zapal, S.A. de C.V.

Paralelamente, la movilización social ha generado acciones legales como el recurso de revisión del dictamen de aprobación del proyecto minero, solicitado por las cámaras empresariales, colegios de profesionistas y organizaciones civiles de Los Cabos.

El 18 de agosto de 2014, miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos presentaron un escrito enviado al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, donde solicitan reconsiderar el fallo de la MIA girada a favor de “Los Cardones”, toda vez que la consolidación del proyecto representa un serio peligro, afectación y riesgo para Los Cabos y La Paz, en una situación que en cualquier momento laceraría la vocación productiva y económica de una sociedad que depende exclusivamente del 100 por ciento del turismo internacional y nacional.

En el escrito de ocho hojas, los integrantes exponen que “la solicitud del recurso de revisión -interpuesto antes de vencer el plazo legal- es porque consideran que no solo incumple y atenta en contra de una Área natural protegida, como lo es la Sierra de la Laguna, sino que pone en entredicho el desarrollo saludable y armónico de áreas aledañas; así como el sustento y vocación económica de importantes núcleos sociales de La Paz y Los Cabos, por el riesgo inminente que esta actividad minera significa en el ambiente y sistema hidrológico, del cual dependen para su abastecimiento directa o indirectamente estos municipios”.

Firmado por cuatro asociaciones, tres cámaras empresariales, cuatro colegios de profesionistas y 11 organizaciones civiles, el documento refiere que el proyecto “Los Cardones” representa “un verdadero peligro, porque las alteraciones a la superficie, reencauzamientos, presas de jales y materiales expuestos por fallas humanas o cambios extremos del clima o fallas sísmicas, provocaría contaminación de este sistema hidrológico, dañando la salud de los habitantes y la imagen de los destinos de playa, y por ende, la vocación económica de esas zonas, donde la percepción pública internacional de cualquier riesgo de contaminación, alteraría los factores productivos del cual depende directa e indirectamente el 67 por ciento de la población”.

La solicitud de procedimiento de revisión fue signada por el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez; los titulares de la Asociación de Hoteles, Desarrollos de Tiempos Compartidos y Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos, Renato Silva de Mendonca, Paúl Wesley Litte y Francisco Parra Cañedo, respectivamente. Además de los presidentes de las cámaras nacionales de Comercio (CANACO), de la Industria de Transformación (CANACINTRA), y de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC); y por colegios de Contadores, Ingenieros, Arquitectos y organizaciones civiles.

En riesgo ecosistemas acuáticos por aprobación de CONAPESCA

La reciente autorización por parte de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), para que cuatro permisionarios de pesca de carnada tengan acceso a tender redes de encierro en una gigantesca franja litoral de 200 kilómetros entre La Paz y Los Cabos, ha generado incertidumbre entre la comunidad de pescadores de carnada y deportiva, llevándolos a pronunciarse en contra de ello. Las redes se estiman entre los 200 metros de largo, por 200 de caída, lo cual las hace altamente depredadoras.

“Están autorizando redes de enmalle tan cerrado, que atrapa todo, y, además, es tipo cerco. Entonces, prácticamente acabarían con el ecosistema dentro de ese cerco, no estarían dejando vivo nada y, cuando atacan la base de la cadena alimenticia, estás atacando a todas las especies marinas”, denunció Enrique Fernández del Castillo, presidente de la Asociación en Defensa de los Picudos en Los Cabos.

La zona donde se estima estarán tendiendo dichas redes, abarca desde Punta Arena en la comunidad de La Ventana, en La Paz, hasta Pozo Cota, en Los Cabos; situación que consideran de alto riesgo, al pasar por el Área Natural (ANP) Parque Nacional Cabo Pulmo, y la Bahía de Cabo San Lucas.

“Es un permiso de fomento, que a la larga va a terminar siendo un permiso de pesca comercial y potencialmente, si se va a poder trabajar toda esa zona, desconozco si hay alguna exclusión directa en las áreas naturales protegidas, pero los peces más pequeños migran por toda la costa; sí le estarían dando al ecosistema “, detalló el entrevistado.

Una vez evidenciado el potencial daño al ecosistema, se exigirá a la CONAPESCA revocar de inmediato los permisos otorgados, ya que de acuerdo al documento, con número de folio 024/2014, tiene vigencia de un año, a partir del pasado mes de febrero. Situación que los deja contrarreloj.

“Vamos a ver qué podemos hacer desde el punto de vista legal, el punto de vista práctico y a denunciar; otra vez quiere la CONAPESCA legalizar las malas prácticas, nos dieron un trancazo durísimo con lo de la Norma 029, y ahora nos vienen a rematar con ésta. Esto es más grave que la Norma 029”, lamentó Fernández del Castillo.

Investigadores y ambientalistas han manifestado que dicha disposición podría poner en riesgo latente a especies como delfines, tortugas y otros especímenes protegidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM), por lo cual llama a poner atención a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).


(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 26 de Agosto del 2014 a las 12:00:00)

DOS HOMBRES ASESINADOS, UNO ENCAPUCHADO Y OTRO ENCOBIJADO


Con estos dos sucesos, se registran 39 homicidios en agosto y 327 en el año, en Tijuana.

Los cuerpos de dos hombres asesinados, uno localizado encapuchado y otro encobijado, fueron localizados durante las primeras horas de este jueves 28 de agosto de 2014 en Tijuana. Ninguno de los dos, ha sido identificado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El primer hallazgo fue el cuerpo de un hombre que se encontraba encapuchado, esposado y ejecutado de un disparo en la cabeza. Aunque todavía no ha sido identificado, la PGJE dio a conocer que la edad de la víctima oscila entre los 40 y 45 años de edad, una bala calibre 40 milímetros le atravesó la cabeza al ingresar por uno de los costados del cráneo y salir por el oído.

El rostro del occiso se encontraba oculto debajo de una capucha de tela tejida, sus muñecas se encontraban esposadas hacia el frente y fue localizado boca abajo en la vialidad, por lo que la autoridad presume que ahí fue ejecutado, al encontrar el casquillo.

Al respecto, el coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada (SCDO), en Tijuana, Miguel Ángel Guerrero informó que la PGJE investiga en sus diferentes áreas, si la víctima corresponde a algunos de los reportes de víctimas de secuestros o personas privadas de su libertad.

Mientras que tres horas después, a las 6:40 de la mañana, en la colonia Los Santos, un sujeto muerto fue encontrado envuelto en una cobija. En las inmediaciones de la Cruz Roja de Tijuana, aproximadamente tenía entre 30 y 35 años de edad.

Aunque la causa de muerte aún no ha sido determinada, mostraba lesiones contusas y presentaba marcas de ahorcamiento. De acuerdo al coordinador de la SCDO, el reporte indica que se trata de una persona de “aspecto antisocial” y la Procuraduría espera los resultados de servicios periciales para hallar la causa de muerte y continuar con la investigación.

Con estos dos sucesos, se registran 39 homicidios en agosto y 327 en el año, en Tijuana.


(SEMANARIO ZETA/ Inés García Ramos/ 28 de Agosto del 2014 a las 14:00:12)

ASESINAN A “EL GORDO COLÍN” DEL CAF EN SONORA


Alfredo Colín Ortega fue asesinado junto a Roberto Barajas Salas en San Luis Río Colorado, Sonora. El hombre de 42 años tenía un amplio historial delictivo como como miembro de una célula del Cártel Arellano Félix en Tijuana y Mexicali.

Hasta el 26 de agosto, día de su ejecución, se le atribuyeron recientes homicidios en San Luis Río Colorado.

Asesinado por un comando armado de entre cinco y seis hombres, el suceso fue calificado por Rafael Vázquez, subdirector de la policía municipal, como parte de “hechos aislados”.

En realidad, Colín Ortega es señalado de participar en asesinatos, secuestros y tráfico de droga tanto en Sonora como en Baja California. Desde su regreso a San Luis Río Colorado, comenzaron a registrarse una serie de asesinatos, balaceras, levantones y apariciones de “encobijados”.

Apenas en julio de 2014, “El Gordo Colín” fue detenido por la policía luego de que se reportaron detonaciones por arma de fuego, pero salió libre de inmediato porque no había elementos en su contra para dejarlo preso. En su coraje, vociferó por qué lo molestaban si para eso pagaba protección a algunos municipales.

Reportes indican que Colín Ortega se dedicaba al trasiego de metanfetaminas y también de totoaba en el Golfo de Santa Clara, ya que policías localizaron redes de pesca en su vivienda.

Antes de esto, fue detenido en junio de 2007 por elementos del Ejército Mexicano, en Los Cabos, Baja California Sur, junto con Manuel Salas Gaytán, quien también dijo llamarse Salvador Chávez Gómez.

Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en documento fechado el 8 de junio de 2007: “Alfredo Colín Ortega fungía como el principal operador de Jorge Briceño López (a) “El Cholo”, lugarteniente de la organización Arellano Félix y se le señala como autor material de diversos asesinatos y de dirigir células criminales dedicadas secuestro, robo y trasiego de droga en las ciudades de Tijuana y Mexicali, B.C.”.

También, se le ubicó como participante en el atentado contra el que fuera secretario de Seguridad Pública en Baja California, Manuel Díaz Lerma, evento ocurrido en abril de 2006 en Mexicali.

El día de su asesinato, sujetos encapuchados portando chalecos antibalas, ingresaron a la vivienda donde se encontraba “El Gordo Colín”. Saltaron la barda perimetral alrededor de la cuadra y con una patada, abrieron la puerta principal de la casa.

En menos de tres minutos, sacaron a Colín Ortega de la recámara y en la estancia lo asesinaron junto con Roberto Barajas Salas, identificado como uno de sus cómplices. Después de la doble ejecución, los sujetos se dieron a la fuga en una camioneta tipo mini van Venture color verde.

Uno de los hijos de Colín, testigo presencial de los hechos, relató a los investigadores que los sujetos embozados, armados con rifles AK-47 y AR-15, llegaron preguntando por “El Gordo”.

El asalto armado fue registrado por las cámaras de circuito cerrado, la grabación se encuentra en poder del agente del Ministerio Público encargado de investigar el caso.

Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguraron en la  vivienda una escopeta calibre 12, además de 25 cartuchos útiles del mismo calibre, también levantaron varios casquillos percutidos de arma corta calibre 9 mm y larga 7.62 x 39.


(SEMANARIO ZETA/ Redacción ZETA/ Humberto Melgoza/Especial para ZETA/  28 de Agosto del 2014 a las 21:02:59)

DESASTRE EN RÍO SONORA: TRATARON DE OCULTARLO


Hermosillo, Sonora, agosto.- La siembra de chile verde de Ramón Miranda se echará a perder; a pesar de que fue cuidada desde el principio nadie querrá comprarla, pues la tierra donde estaba a punto de ser cosechada se encuentra en el municipio de Aconchi, en la región del Río Sonora, que el 6 de julio se contaminó con miles de metros cúbicos de materiales tóxicos que derramó una presa de jales de la minera Buena Vista del Cobre, de Grupo México.

Por eso don Ramón no duda en reclamarle a Grupo México, la empresa causante de este desastre ecológico, los daños: “Ustedes envenenaron nuestros productos y mataron nuestros negocios”.

Así como este agricultor del Río Sonora, cientos de productores y pequeños comerciantes de esa región lamentan lo ocurrido y aseguran que los efectos ya los comenzaron a sufrir.

Las siembras de ajo, que estaban casi listas para cosecharse, empacarse y exportarse a Estados Unidos se pudrirán; el cacahuate no será recolectado; la leche que debe ordeñarse diariamente deberá tirarse y no habrá producción de los quesos típicos de la región.

De igual manera los campos de alfalfa se secarán sin ser aprovechados; mientras que la producción de caña de azúcar y sus derivados como el piloncillo y dulces tradicionales deberán esperar varios meses para ser explotados como actividad económica.

Hortensia Calderón, productora del sector agropecuario en la zona de contingencia, reprocha al Grupo México y a las autoridades estatales y federales la situación por la que atraviesan con un pronóstico a mediano plazo: “Nadie va a querer comprar nuestros productos, nadie va a visitarnos y al rato, quienes nos visiten ni siquiera nos van a querer dar un besito en el cachete para saludarnos, porque dirán que estamos contaminados".

ERRORES HUMANOS

El 6 de agosto, un represo de la mina Buena Vista del Cobre ubicada en Cananea, se desbordó. En ésta se encontraban almacenados al menos 40 mil metros cúbicos (40 millones de litros) de líquido con materiales tóxicos, como ácido sulfúrico, lixiviados de cobre y residuos de metales pesados como cadmio y arsénico.

El delegado en Sonora de la Comisión Nacional del Agua,  César Lagarda Lagarda asegura que el problema se derivó en un tubo que es utilizado para el re-bombeo de los lixiviados. Este proceso lo realiza la mina con el objeto de tratar de extraer la mayor cantidad posible de metales.

"Este tubo fue el que presentó el problema, tronó y provocó el derrame al Río Bacanuchi y después al Río Sonora", explica.

A los tres días del derrame los lixiviados se podían notar a lo largo del afluente, desde Bacanuchi hasta Ures, pasando por los otros municipios afectados como Arizpe, Aconchi, Baviácora, Banámichi, San Felipe de Jesús y Huépac.

En total 22 mil habitantes de esta región resultaron afectados con esta contingencia provocada por errores técnicos.

DAÑOS A LA SALUD

Hasta el momento las autoridades de salud en el estado tienen detectadas dos personas que han sido afectadas por las aguas contaminadas del Río Sonora. Una de ellas es la señora Luz Mercedes Apodaca, de Biaviácora, quien el 8 de agosto dio un paseo junto a su familia por la vera del Río.

Como es la costumbre, Luz Mercedes tomó un poco de agua con sus manos y lavó su cara. A las pocas horas su rostro sufrió quemaduras.

Unas 36 horas después trascendió que había existido un derrame de tóxicos de una presa de jales de Buena Vista del Cobre.

Un médico pasante de la comunidad de Bacanuchi observó el río de un tono rojizo y dio aviso a las autoridades.
Las primeras declaraciones del Coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, Carlos Arias, confirman que la empresa y el Gobierno de Sonora intentaron ocultar el derrame de tóxicos al importante afluente:

"La solución tiene muy bajo porcentaje de ácido sulfúrico y eso es lo que se fue al río, además que el derrame ya se contuvo con un represo que se construyó aproximadamente 7 kilómetros aguas abajo del represo de donde se filtró.

"Con este represo queda contenido, cortado el paso de la solución hacia el resto del arroyo, es decir más solución hacia el río no va a haber, ya quedó controlado", declaró el 8 de agosto el funcionario estatal.

Por su parte, Grupo México emitió un comunicado en el que, de igual manera, minimizó la situación.

Pero el día siguiente las imágenes del Río Sonora con aguas de tonalidad rojiza comenzaron a invadir las redes sociales. El desastre, en ese momento, era inocultable.

De inmediato, el subprocurador de Inspección Ambiental de la Profepa, Arturo Rodríguez, deslindó responsabilidades al señalar que la minera fue negligente, ya que no vigiló las fugas de los desechos. Incumplió con la norma porque no contaba con sistemas de control y de emergencia para los derrames accidentales de residuos peligrosos, con los cuales hubiera podido evitar que el agua contaminada llegara a los cuerpos de agua.

El funcionario enlistó las acciones que emprendió la dependencia: Una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, previstos en leyes especiales de la Procuraduría General de la República (PGR). La imputación a las empresas por la comisión de delitos contra el ambiente, que de acuerdo con el Código Penal Federal podría tener una pena hasta de nueve años de prisión y una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo.

EL PEOR DAÑO A LA ECOLOGÍA EN SONORA

El derrame a los ríos Sonora y Bacanuchi de más de 40 mil metros cúbicos de tóxicos fue considerado por el especialista e investigador universitario Jaime Varela Salazar como el accidente ecológico más grave ocurrido en la historia de Sonora.

"Mientras no haya un análisis por un laboratorio certificado, que la población se abstenga de tomar agua, que no tomen agua, que consuman solo el agua que están llevando las autoridades en garrafón y pipas, pues el contenido de metales en concentraciones no permitidas por la norma perjudicará a su salud", dice.

Explica que los metales contenidos en el líquido (sulfato de cobre acidificado) están en concentraciones altamente dañinas a la salud de las personas, las plantas, los animales y todo microorganismo con el que tenga contacto.

"La contaminación ya no hay forma de eliminarla, y los tratamientos que pudiera haber serían demasiado costosos. Todo se va a diluir si llueve o con la misma corriente. Va a bajar la concentración de los metales y con ello el peligro, pero mientras hay que tener mucho cuidado en no tomar agua, hasta que se informe que ya tiene todos sus niveles normales", refiere.

Según Varela Salazar la falla se registró en la supervisión por parte de la empresa sobre sus procesos, pues algo ocurrió para que sucediera este accidente, que no es muy común.

El especialista en metalurgia hace énfasis en que hay que esperar a que se den a conocer los resultados de la investigación y entonces pensar en la multa que corresponda, y que se piense en aplicarla con sentido social; "es decir, que la multa sirva para ayudar a las personas que fueron afectadas con la muerte de ganado y otros".
César Lagarda Lagarda dio a conocer que probablemente este sábado se conozcan los resultados de monitoreo a la calidad del agua en el Río Sonora. Esta prueba será determinante para establecer una fecha tentativa en la que se puede retirar la contingencia ambiental cuyas consecuencias aún distan mucho de ser medidas.


(SEMANARIO ZETA/ Redacción ZETA/  Marcelo Beyliss /Especial para ZETA/ 25 de Agosto del 2014 a las 12:00:01)

CONFIRMA GOBIERNO A WASHINGTON POST HUELGA EN EL ALTIPLANO; “EL CHAPO” Y “LA BARBIE” NO HABRÍAN PARTICIPADO


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Joaquín “El Chapo” Guzmán y Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, no habrían participado en la huelga de hambre en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, de acuerdo con el diario estadunidense Washington Post.

Por un lado, las autoridades mexicanas confirmaron la huelga de hambre a mediados de julio; sin embargo, negaron la participación de Guzmán Loera o Valdez Villareal, como lo difundió Proceso en su edición 1968.

“No hay manera de que ellos hayan participado porque están totalmente aislados”, dijo un funcionario no identificado al Washington Post. Sin embargo, confirmó la participación de 100 reclusos en una huelga “de unas horas” en reclamo de mejores condiciones de aislamiento. “Nunca hubo mil presos, nunca”, declaró.

Según abogados, exreclusos y familiares entrevistados por el diario, la vida en el penal del Altiplano es difícil. Las celdas están sucias, no hay suficientes cobijas y falta medicamento. “Hay moho, se enferman, hace frío, no se hacen cargo de los presos”, dijo un abogado que pidió el anonimato.

Durante la huelga de hambre que inició el 16 de julio y terminó el día 20, los presos se quejaban de mala alimentación, deficiente atención médica, falta de ropa interior y empleo de uniformes sucios y en mal estado.

Igualmente, protestaban porque no se les permitía acceso a la tienda del penal donde por derecho pueden comprar artículos de higiene personal; porque no se respetaba su tiempo de visita familiar, y porque sólo se les permitía un solo intento para realizar la llamada telefónica que tienen autorizada cada nueve días.

De acuerdo con el testimonio de un preso, entre 2008 y 2012 hubo huelgas de hambre con diferentes demandas, entre ellas pantallas de televisión más grandes.

El texto firmado por el jefe de la oficina del WP en México, Joshua Partlow y por la reportera Gabriela Martínez, afirma que “El Chapo” mantiene ciertos privilegios, como conservar su bigote, mientras que todos los prisioneros son obligados a afeitarse. Sin embargo, “El Chapo” está bajo vigilancia constante y recibe sólo una hora de recreo, según gente cercana a la prisión.

El gobierno mexicano negó la petición al Washington Post para hablar con el capo o con el director del Altiplano, Valentín Cárdenas Lara.


(RIODOCE/REDACCION/ agosto 29, 2014)

DEL CÁRTEL DE SINALOA, LAS 7 TON DE COCA INCAUTADAS EN PERÚ


El 27 de noviembre del 2013, la policía descubrió en Trujillo, en un cargamento de carbón de piedra, 141 kilos de cocaína. Desde entonces, la Dirandro sometió a vigilancia a todas las exportaciones de dicho producto. Es así que los agentes detectaron a las compañías “Carboníferas Alfa & Omega”, constituida en Trujillo el 26 de marzo del 2011, y a “Betas Andinas del Perú”, registrada el 26 de setiembre del 2012.

El seguimiento permitió a los agentes antinarcóticos registrar un perfil de cada empresa. Empezaron con pequeñas cantidades de carbón de piedra y luego aumentaron sistemáticamente el monto. De pronto, no coincidía que empresas formadas con pequeños capitales financiaran millonarias exportaciones a Europa.

Carboníferas Alfa & Omega fue inscrita por Nancy Altamirano Flores y Carlos Altamirano Flores con un capital de 10 mil soles, el 26 de marzo del 2011. Dieciocho meses después, aumentó su capital a 64 mil 500 soles.

Las fuentes de la policía antidrogas han establecido que la mafia mexicana usó otra empresa para dedicarse al mismo rubro de la exportación de carbón de piedra con el propósito de evitar una eventual intervención de Carboníferas Alfa & Omega. Por eso, constituyeron la empresa Betas Andinas del Perú mediante los testaferros Luis Tinta Jara y Néstor Herrera Villanueva, con un capital de 53 mil 200 soles. Estas personas tampoco cuentan con ingresos para justificar dicho monto.

LA PISTA DEL CARBÓN

“Los montos de capital que se invirtieron para la constitución de las empresas son exiguos en comparación con las enormes cantidades de carbón piedra que exportaban”, dijeron las fuentes: “Eso fue lo que nos llamó la atención. No había coincidencia. Además los testaferros son personas sin mayores ingresos. No justificaban el capital que invirtieron”.

La interceptación telefónica a los números de Nancy y Carlos Altamirano Flores, y de Luis Tinta Jara y Néstor Herrera Villanueva, permitió a la Divinesp identificar a sus cómplices y a los representantes del cartel de Sinaloa en Trujillo que verificaban la exportación de la cocaína en cantidades industriales.

“Cuando se confirmó que se dedicaban a la exportación de droga, se organizó una ‘remesa controlada’. Es decir, observamos cómo se organizaban para recibir la cocaína que llegaba del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Luego, el proceso de acondicionamiento de la droga en las piedras de carbón. Y a continuación la preparación para el embarque hacia Europa. Solo después intervinimos el almacén de Huanchaco”, explicaron las fuentes antidrogas.

La ubicación de los teléfonos de los detenidos, así como diversas agendas, servirán a la policía antidroga para hacer un seguimiento de las comunicaciones de la organización criminal dedicada a la exportación de droga.

De acuerdo con las fuentes policiales antinarcóticos, la cantidad de droga incautada demuestra que en el Perú las mafias han ingresado a un proceso de producción y exportación de droga en cantidades industriales.

MEXICANOS, LAS PIEZAS CLAVE

Rubén Larios Cavadas (35) y Josef Gutiérrez León (24) son los narcotraficantes mexicanos detenidos por su relación con la organización que exportaba droga por toneladas a Europa.

La División de Investigaciones Especiales de la Policía Antidrogas considera que los ciudadanos aztecas serían miembros del poderoso cartel de Sinaloa, responsable de la mayor distribución de droga en el mundo.

La investigación policial ha detectado más de 40 compañías dedicadas a la exportación de carbón de piedra, las que están siendo evaluadas para establecer la procedencia legal de los negocios.

El registro del movimiento migratorio de los mexicanos, sus contactos en Lima y Trujillo, así como sus cuentas bancarias y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, han comenzado a aplicarse para identificar a sus contactos en México u otros países. La Dirandro pidió información a la Procuraduría General de la República de México sobre los detenidos.

(La República)

(RIODOCE/ REDACCION/ agosto 29, 2014)

ENCUENTRAN A UN “EMBOLSADO” POR LA COSTERA EN NAVOLATO


Sobre el kilómetro 19 más 600 de la autopista Benito Juárez, fue arrojado el cuerpo de un hombre el cual estaba sin vida dentro de una bolsa negra de plástico

De acuerdo a los informes, se presume fue abandonado en este predio la madrugada de este sábado.

La alerta fue de parte de los elementos de la Marina Armada de México, como ya es usual, hacían su recorrido por esa zona.


(RIODOCE/ REDACCION/ agosto 30, 2014)

EMBARGA PGR OFICINAS DE MINERA POR DAÑO A RÍO SONORA


Por el derrame de 40 millones de litros de ácido de cobre en el río Sonora la Procuraduría General de la República (PGR) embargó las instalaciones de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, como parte de la averiguación previa por impacto ambiental.

Mientras tanto, la sección 65 del Sindicato Minero mantiene el bloqueo contra la empresa por las malas condiciones laborales y porque Grupo Mexico pasó por alto las advertencias de los empleados sobre el mal funcionamiento de la válvula que conduce al pozo de lixiviados.

De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no se le puede retirar la concesión a la mina, pero se pueden aplicar multa por 40 millones de pesos y sanciones por remediación por “cientos de millones de pesos”.

El pasado 6 de agosto se derramó el ácido lo que hasta el momento ha llevado la contaminación de más de 200 kilómetros de causes, así como a perdidas monetarias en los habitantes de la zona, quienes han visto afectadas sus cosechas y el ganado.

AFECTA A LECHEROS

El secretario de Agricultura estatal, Héctor Ortíz aseguró que los productores de leche son hasta el momento los más afectados por la contaminación del Río Sonora.

“No se trata solo de un municipio, todos los municipios de la zona son una cuenca lechera. Lo que está haciendo el gobierno del estado es dar la seguridad a todos los consumidores de que esa producción está limpia”.

En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario estatal dijo que también están haciendo un monitoreo en los sembradíos de ajo, nuez y cacahuate.

“En el caso de los productos o siembra de ajo, nuez y cacahuate, el mismo gobernador anunció que tendrán el centro de acopio y si tienen algún problema o desconfianza, el gobierno del estado le dará todo el apoyo a los productores”.

Tomado de Eje Central.

(RIODOCE/REDACCION/  agosto 29, 2014)

MUEREN ASFIXIADOS CUATRO JÓVENES DENTRO DE MOTEL, EN CULIACÁN


Cuatro muertos, dos hombres y dos mujeres, fueron encontrados sin vida dentro del motel El Moro, por la carretera México 15, en el sector norte de esta ciudad capital, de acuerdo con el reporte de las corporaciones policiacas.

Los cuatro muertos, al parecer todos ellos menores, llegaron en una camioneta Cheyenne negra, alrededor de las 4 horas, y estaban ingiriendo bebidas embriagantes. Los primeros informes indican que los cuatro murieron por respirar bióxido de carbono, ya que el vehículo permaneció con el motor en marcha y dentro de la cochera, la cual fue herméticamente cerrada.

Dos de los cadáveres quedaron en el cuarto y dos más dentro de la camioneta. Al lugar llegaron bomberos, personal de Protección Civil y agentes investigadores de la Policía Ministerial; los cadáveres fueron descubiertos durante la mañana por el personal de limpieza del motel.

Las víctimas no han sido identificadas y tampoco se ha informado sobre las características del vehículo.


(RIODOCE/ REDACCION/ agosto 29, 2014)

LOS MUERTOS DE EPN: 36 MIL 718



* 57 mil 899 homicidios dolosos y culposos ocurridos durante los primeros 20 meses de Peña Nieto, contrastan con los 43 mil 694 en los primeros 20 meses del sexenio de Calderón, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública

* Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Jalisco: los cinco estados con más homicidios intencionales

* INEGI reporta menos homicidios dolosos que los gobiernos estatales

* Tijuana: la tercera ciudad más violenta, con 897 homicidios dolosos en los primeros 20 meses de Gobierno Federal, solo superada por Acapulco, con mil 371, y el Distrito Federal, con mil 267

No puede Enrique Peña Nieto bajar la incidencia delictiva relacionada con homicidios, tal como lo pregonó en campaña presidencial en 2012 y en sus primeros meses de gobierno, tras 20 meses de administración y a propósito de su II Informe de Gobierno.

El Ejecutivo federal inició su administración el 1 de diciembre de 2012 con la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la supuesta estrategia contra el crimen organizado, la violencia e inseguridad, y que por lo tanto, habría una hipotética “disminución” en los delitos que más aquejan a los mexicanos, como es el caso de los homicidios tanto dolosos como culposos.

Ante la ausencia de datos duros que respalden los dichos de Peña Nieto, su gobierno prefiere encabezar una cruzada mediática repitiendo la misma perorata, aferrándose a la premisa “Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad” (del alemán Joseph Goebbels, basado en el ruso Vladimir Lenin) que tanto les gusta a los propaganderos de los gobiernos totalitarios.

Tanto Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, han comprado esa idea para repetirla hasta el cansancio en cuanto foro se presenten para borrar por decreto a los muertos que aparecen todos los días en zonas urbanas y suburbanas del cementerio mexicano, desde colgados hasta decapitados, desenterrados de narcofosas o encajuelados, incinerados y desmembrados, despellejados o hasta con el tiro de gracia.

Cuando el Presidente de la República acudió al Foro de Davos, en enero de 2013, declaró que “ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”.

Y luego, de plano Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró el 29 de julio de 2014: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”.

Ésos han sido los relatos que los peñistas repiten en los días previos al cruento II Informe de Gobierno.

EPN SUPERA A CALDERÓN

La administración de Enrique Peña Nieto es ya más sanguinaria que la gestión de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. Las estadísticas oficiales así lo confirman.

Para empezar, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo, mientras que en los primeros 20 meses de administración calderonista (1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2008), la suma fue de 43 mil 694; es decir, el gobierno priista supera al panista con 14 mil 205 homicidios tanto culposos como dolosos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, durante los primeros 20 meses de gobierno peñista, en el rubro de homicidios dolosos se registraron 29 mil 417 averiguaciones previas,; aunque en los primeros 20 meses de administración de Calderón, hubo 18 mil 451 en el mismo rubro del total de asesinatos intencionales.

Durante los últimos 20 meses del calderonato, el SNSP reportó oficialmente 37 mil 421 “averiguaciones previas” por homicidio doloso.

Tal como lo ha venido documentando en los últimos años, ZETA investigó la cantidad de homicidios dolosos en los primeros 20 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Recurriendo como metodología a la contraposición de la información recabada en las diversas fiscalías y procuradurías, registros hemerográficos o de asociaciones civiles, servicios periciales e institutos forenses locales, este Semanario determinó que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, sucedieron en el país 36 mil 718 homicidios dolosos, cifra que se suma a las “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”, “Homicidios-Agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y hasta los supuestos “crímenes pasionales” con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia. Los datos duros son evidentemente superiores a las 29 mil 417 averiguaciones previas por el mismo concepto que reporta el SNSP en el mismo período.
INEGI YA NO REPORTA TOTAL DE ASESINATOS

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) registró puntualmente los homicidios dolosos en el país; no obstante, en la administración de Enrique Peña Nieto, reporta menos homicidios dolosos que las propias procuradurías y fiscalías de los estados.

Por ejemplo, el 23 de julio de 2014, en su boletín de prensa número 301/14, INEGI dio cuenta de solo 22 mil 732 homicidios dolosos. El Instituto aclaró que se trata de “cifras preliminares con corte al 10 de julio de 2014, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística”; pero el gobierno de Enrique Peña Nieto ya toma esa estadística como definitiva para pregonar la supuesta disminución del 30 por ciento en asesinatos.

Recurriendo principalmente como fuente a diversas procuradurías y fiscales, instituciones forenses y ministerios públicos, ZETA documentó que en realidad, en 2013 sucedieron en el país 23 mil 850 homicidios dolosos; es decir, el INEGI no informó de por lo menos mil 118 homicidios dolosos sucedidos en ese año.

Asimismo, Semanario ZETA investigó en cada una de las entidades federativas para detectar en cuáles las procuradurías y fiscalías registraban el total de homicidios dolosos, a diferencia de las estadísticas menores que reporta el INEGI. El resultado fue sorprendente: en el Estado de Jalisco, en 2013 sucedieron mil 584 homicidios dolosos y no mil 485, como reportó el Instituto el 23 de julio. En pocas palabras, el INEGI no consideró por lo menos 99 homicidios dolosos de ese año.

En Baja California, este Semanario evidenció con información del Consejo de Seguridad que en 2013 ocurrieron 865 asesinatos dolosos, mientras que el INEGI solo reportó 770; es decir, el Instituto no informó de por lo menos 95 homicidios dolosos en ese año. Incluso, el SNSP informó de 775 “averiguaciones previas” por homicidio doloso, es decir, más averiguaciones previas que asesinatos intencionales, incluso cuando se sabe que un expediente puede tener hasta dos o más víctimas.

Otro ejemplo claro es Michoacán: información derivada del gobierno estatal y registros hemerográficos, revelan que en 2013, en ese estado acaecieron mil 415 muertes por homicidio doloso, pero el INEGI solo informó que sucedieron 916.

En el caso de Sinaloa, autoridades estatales reportaron mil 292 homicidios dolosos sucedidos en 2013 en esa entidad, en tanto que el INEGI solo informó de mil 200.

Y así, sistemáticamente, en el sexenio de Enrique Peña, el INEGI ya reporta menos homicidios dolosos que las procuradurías, fiscalías, ministerios públicos e instituciones forenses.

EL SEXENIO DE LOS ACCIDENTES

Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa su campaña de “disminución en la incidencia delictiva”, “homicidios a la baja”, o como dice el secretario Osorio Chong, que “la violencia se ha reducido a su mínima expresión”, y en tanto el INEGI ya no reporta el total de homicidios dolosos, a la par aumentan los “accidentes”.

Por ejemplo, en los primeros 20 meses de gobierno calderonista sucedieron 25 mil 243 averiguaciones previas por homicidio culposo, es decir, accidentes; mientras que en los primeros 20 meses del gobierno peñista, la suma ascendió a 28 mil 482, esto es, Peña Nieto supera a Calderón Hinojosa con 3 mil 239 “accidentes”.

Incluso, en los últimos 20 meses de gobierno panista, el SNSP informó sobre 26 mil 333 averiguaciones previas por homicidio culposo y, como ya se anotó, en los primeros 20 meses de administración priista, la cifra ascendió a 28 mil 482. Es decir, en el periodo de 20 meses antes y 20 después del cambio de color en el Gobierno Federal, los accidentes aumentaron en 2 mil 149.

LOS MÁS VIOLENTOS

Luego de una minuciosa investigación en cada una de las entidades federativas, ZETA documentó 36 mil 718 homicidios dolosos en los primeros 20 meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014.

El Estado de México, que gobierna el priista Eruviel Ávila, es líder en cadáveres: este Semanario comprobó que la entidad gobernada por Enrique Peña Nieto entre 2005 y 2011, registró 4 mil 876 homicidios dolosos en los primeros 20 meses de gobierno tricolor.

El segundo estado más violento es Guerrero, con 3 mil 301 homicidios dolosos; le sigue en tercer sitio el estado de Chihuahua, con 3 mil 062 homicidios dolosos; después Michoacán, con 2 mil 403, y en quinto escaño se ubica Jalisco, con 2 mil 385.

Hay que considerar que la zona que incluye el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Jalisco, concentra 12 mil 965 homicidios dolosos, cantidad que representa el 35 por ciento del total de 36 mil 718.

Información recabada por este Semanario de las procuradurías y fiscalías estatales revela que Acapulco es la ciudad más violenta, con mil 371 homicidios dolosos sucedidos en los primeros 20 meses de gobierno peñista; mientras que el segundo lugar es para el Distrito Federal, con mil 267 en el mismo período.

El municipio de Tijuana, o la “ciudad modelo”, tanto con Calderón como con Peña, continúa en el tercer sitio con 897 homicidios dolosos cometidos en los primeros 20 meses de gobierno priista; mientras que Ciudad Juárez se ubica como la cuarta ciudad más violenta, con 779 homicidios dolosos en el mismo período; y en Ecatepec, Estado de México, los homicidios dolosos ascendieron a 769 en el mismo lapso.

MINISTERIALES: NO SIGUIERON EL PROTOCOLO

En el fallido operativo realizado el martes 19 de agosto de 2014 en Tijuana, donde el policía ministerial José Guadalupe Aguilar resultó muerto, y su compañero José Saúl Ojeda Pérez herido, los agentes no reportaron que iban a intervenir un vehículo sospechoso; tampoco  informaron ni pidieron apoyo cuando iniciaron la persecución, así lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La primera información que tuvieron las autoridades coordinadas respecto a los hechos de este expediente, se dieron aproximadamente a las 12:15 pm del martes, cuando el ministerial Ojeda Pérez informó por radio que su compañero y él estaban heridos de bala, y que en ese momento intentaba trasladarse al hospital  más cercano, la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los habían herido mientras circulaban sobre el Bulevar 2000, en las inmediaciones del Rancho Casián.

Otros ministeriales se acercaban a la zona cuando Ojeda volvió a usar el radio, para decir que estaba perdiendo mucha sangre y sentía que ya no podía. En un punto de la carretera, otra pareja de oficiales de la PGJE  los abordó, subieron al herido al auto patrulla recién llegado y uno de los agentes sanos manejó el pick-up baleado para trasladar a Guadalupe Aguilar sin moverlo. Llegaron a la clínica en ambos vehículos.

Aunque el fallecimiento de Aguilar se dictaminó cerca de las tres de la tarde, desde la una de la tarde sus jefes fueron notificados de que la herida era mortal.

Entrevistado el oficial sobreviviente en medio de la confusión, ofreció dos versiones similares:

* Primero dijo que en el Rancho Natura buscaron a un hombre para ejecutarle una orden de aprehensión, no lo encontraron y circulaban por la zona para encontrarlo, cuando vieron una camioneta Voyager color blanco pasar a toda velocidad. Ellos iban en un auto oficial y le marcaron el alto, pero la sospechosa unidad aceleró y la persiguieron.

* En una segunda versión, el policía declaró que el vehículo y una de las personas,  correspondían  a las características del indicado que buscaban.
De manera que aún no queda clara la razón por la que persiguieron el auto desde donde les dispararon.

 En las declaratorias iniciales, el oficial se negó a decir contra quién ejecutarían la orden de aprehensión el día que fueron atacados, alegando al secrecía del trabajo. Sin embargo, extraoficialmente sus jefes informaron a la Subprocuraduría contra Delincuencia Organizada que se trataba de una orden por obligaciones alimentarias no cumplidas -un padre desobligado-, por lo que resulta extraña la negativa original del agente.

Respecto a la persecución, Ojeda, quien manejaba la unidad oficial, detalló que en un momento del trayecto, la Voyager -sin placas y con vidrios polarizados-  donde iban un hombre y una mujer, bajó repentinamente la velocidad y fue cuando escuchó los disparos.

De acuerdo al análisis pericial, las balas entraron del lado del copiloto, uno impactó la cabeza de  Aguilar y otro el brazo de Ojeda, quien había levantado  su extremidad con el arma, intentando defenderse.

En la calle donde les dispararon fueron localizados cinco casquillos 9 milímetros.

Posteriormente, la camioneta sospechosa fue localizada por la Policía Municipal frente a un domicilio en el fraccionamiento Ke Casas, el cual se localiza en la Zona Este.

Interrogados, los vecinos solo informaron que no hablarían porque tenían miedo, debido a que el lugar es ocupado por unos cholos  tatuados “con apariencia de deportados”,  muy problemáticos, que ya habían protagonizado pleitos en la zona, a pesar de que tienen poco de haber llegado, pero no hubo reportes de que reconocieran el auto.

El área de inteligencia de la Municipal facilitó a la PGJE las imágenes de algunos delincuentes de la zona, sin embargo, José María González Martínez, subprocurador de Delincuencia Organizada, refirió que ninguno ha sido identificado por el ministerial herido.

El mismo día de la agresión, la fiscalía bajacaliforniana emitió un boletín para manifestar que “… la Procuraduría General de Justicia del Estado y su titular, Perla del Socorro Ibarra Leyva, condenan la agresión cometida en contra de los agentes, y expresa su más sentido pésame a la familia del agente acaecido, y a la propia corporación, asimismo manifiesta que se trabaja en estrecha coordinación con las diferentes autoridades”.



Las honras fúnebres de Guadalupe Aguilar se llevaron a cabo el jueves 21 de agosto a las once de la mañana, en la explanada de la Agencia del Ministerio Público de La Mesa, y aseguraron, “era un elemento limpio”.

Ciudades y municipios más violentos en el sexenio de EPN
(Homicidios Dolosos del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014)
LUGAR
CIUDAD
CANTIDAD
1
Acapulco, Guerrero
1,371
2
Distrito Federal
1,267
3
Tijuana, Baja California
897
4
Ciudad Juárez, Chihuahua
779
5
Ecatepec, Estado de México
769
6
Culiacán, Sinaloa
751
7
Chihuahua, Chihuahua
549
8
Torreón, Coahuila
511
9
Monterrey, Nuevo León
458
10
Guadalajara, Jalisco
416
FUENTE: Procuradurías y fiscalías estatales


Homicidios dolosos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto
(Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014)
NÚM.
ESTADO
TOTAL
1
Estado de México
4,876
2
Guerrero
3,301
3
Chihuahua
3,062
4
Michoacán
2,403
5
Jalisco
2,385
6
Sinaloa
2,050
7
Distrito Federal
1,649
8
Tamaulipas
1,636
9
Baja California
1,406
10
Nuevo León
1,333
11
Coahuila
1,199
12
Oaxaca
1,197
13
Veracruz
1,180
14
Guanajuato
1,180
15
Sonora
1,052
16
Morelos
1,002
17
Chiapas
866
18
Durango
782
19
Puebla
775
20
Zacatecas
556
21
San Luis Potosí
511
22
Tabasco
357
23
Quintana Roo
348
24
Nayarit
329
25
Colima
308
26
Hidalgo
305
27
Querétaro
175
28
Tlaxcala
145
29
Campeche
116
30
Baja California Sur
85
31
Yucatán
75
32
Aguascalientes
74

TOTAL
36,718



(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ 28 de Agosto del 2014 a las 15:40:00)