lunes, 4 de agosto de 2014

CASO MUZQUIZ: PLEITO DE FAMILIA



Luego de publicar un desplegado en medios locales para ventilar acusaciones en contra de Carlo Enrique Muzquiz Dávila, su madre, la señora Gloria Ofelia Dávila, describe el posible despojo millonario del que ha sido víctima. “Lo que ha estado haciendo en contra mía es un acto que no entiendo; que un hijo haga eso contra de su mamá, es casi inconcebible”

Esta historia inicia en 2002, a la muerte del señor Raymundo Muzquiz Ayala, prominente empresario en Tijuana que forjó la empresa Inmobiliaria y Fraccionadora Lomas, S.A. de C.V., y deja a nombre de su esposa, Gloria Ofelia Dávila Rodríguez de Muzquiz, una fortuna valuada en aproximadamente 2 mil y 3 mil millones de pesos (aproximadamente 236 millones 220 mil 472 dólares), que ahora el hijo menor de la familia, Carlo Enrique Muzquiz Dávila, busca arrebatarle a todo costo.

Según expone la señora Dávila Rodríguez, para lograr su cometido, el segundo en discordia se ha valido de diversas argucias legales, entre éstas, la sentencia del Juez Segundo de lo Familiar, Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, quien declaró a la jefa de la familia mentalmente incapacitada, aun cuando, con anterioridad, había constatado su cordura, explicó a ZETA el abogado del caso, Luis Miguel Krasovsky.

Aunado a lo anterior, y con fecha de junio de 2012, se finge una donación pura y simple supuestamente celebrada, donde la madre dona a su hijo “todos los bienes”.

El asunto salió a la luz pública el viernes 18 de julio de 2014, cuando la señora publicó un desplegado en los medios locales, señalando a Carlo Enrique de quererla traer a Tijuana -ella reside en California desde hace algunos años- en contra de su voluntad y sin saber los motivos, pero además lo desconoce y le pide que le dé cuentas de la administración de la empresa a su cargo, pues dice, la ha despojado de sus propiedades y de su dinero.

Por lo anterior, sobre Carlo pesan cuatro acciones legales en su contra:

* Una demanda de revocación de donación, expediente 570/2014.

* Demanda de rendición de cuentas, expediente 481/2014.

* Demanda de nulidad de asamblea de 2001, expediente 738/2014.

* Demanda de nulidad de asamblea de 2004, expediente 698/2014.

También fue denunciado el Juez Segundo de Distrito, Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, por haber levantado medidas provisionales decretadas mediante auto de fecha 14 de marzo de 2014, cuando ya se había percatado del “perfecto estado de salud y que es capaz de gobernarse por sí misma”, esto en referencia a la señora Dávila Rodríguez.

Cabe recordar que a lo largo de su historia, la constructora Muzquiz (que a su vez forma parte de Grupo Musa y de la que está a cargo Carlo, quien es cercano al poder) se ha visto beneficiada con diversos contratos de obra, entre los que destacan parques industriales, centros comerciales, zonas habitacionales e infraestructura para la ciudad.

Dentro de las obras de construcción de la firma están:

* Acueducto Tijuana-Mexicali, La Presa y La Misión.

* Aeropuerto Internacional de Tijuana.

* Carretera a Playas de Tijuana.

* Plaza Monumental de Toros.

* Hipódromo de Tijuana.

* Puerta México.

* Avenida Revolución.

* Bulevares Agua Caliente, Insurgentes, Manuel J. Clouthier, El Rosario y Corredor Tijuana-Rosarito.

TEME POR SU SEGURIDAD

En la sala de su casa, en Chula Vista, California, y en compañía de su hija María Anastasia (conocida como Mariani) y su yerno David Patiño, la señora Gloria Rodríguez accede a platicar con ZETA.

De entrada dice que su nombre es Gloria Ofelia Dávila Rodríguez de Muzquiz, que en diciembre cumplirá 85 años y que nació en 1928, que estuvo casada con el señor Muzquiz (finado), con quien procreó cinco hijos: Felipe, Julio Raymundo, Gloria Anastasia, Melchor y Carlo; solo cuatro de ellos concluyeron la preparatoria, mientras que uno terminó sus estudios de nivel superior.

— ¿Cómo se siente de salud hasta el momento?, pregunta el reportero.

“Usted véame a mí. ¿Ve que estoy demente o estoy tonta, o estoy de algún modo incapacitada? Estoy perfectamente bien de salud y de mi persona. No tengo ninguna cosa que me pueda impedir actuar normal en cosas legales o de cosas familiares, o de lo que fuese”.

Luego habla sobre el desacuerdo que la llevó a publicar una carta en medios locales, donde ventiló los problemas de la familia: “Él (Carlo) es mi hijo menor y le había pedido que me cuidara todas mis cosas porque es en el que más tengo confianza… tenía. En que me manejara la constructora Muzquiz, la inmobiliaria, una gravera, terrenos que había comprado hace mucho en la carretera que va de Ensenada a Mexicali. Mis otros hijos son muy lindos y todo, pero no les gustan las responsabilidades”.

Sin embargo, las cosas no resultaron como ella esperaba. En su relato, la señora argumenta que en una ocasión su hijo menor le dijo que necesitaban ir al notario para que le firmara un documento para pagar impuestos. Más tarde se daría cuenta que todo era mentira, pues lo que había aprobado, era un poder notarial que facultaba a su hijo menor para poner todos los bienes a su nombre.

— En estos momentos hay una acción legal en contra de su hijo, ¿teme Usted por su seguridad?

“Un poco, sí, porque en un tiempo nos pusieron gente que nos estaba cuidando, y cuando íbamos al avión (el 14 de noviembre de 2013 su hijo contrató un avión privado para traerla a México, cuando ella estaba de vacaciones con su hija Gloriani en San Diego), había gente que se suponía me iba a decir que me fuera a otro avión para esconderme, para que no pudiera decir nada en contra de lo que estaba pasando”.

— ¿Qué cree que su hijo quiso hacer cuando se la llevó en el avión?

“Que él tenía algo que iba a hacer. Que me desapareciera en alguna parte para que nadie supiera dónde estaba, y me iba a estar teniendo cuidada”.

— Si ahora tuviera a su hijo enfrente, ¿qué le pediría?

“Que lo que ha estado haciendo en contra mía es un acto que no entiendo; que un hijo haga eso contra de su mamá es casi inconcebible, que debería poner su mente a pensar lo que está haciendo y el efecto que va a pasar. Si sigue haciendo cosas, se le va a acusar, y casi es seguro que vaya a terminar en la cárcel”.

A unos minutos de la conversación, Mariani interviene:

“Las cosas se suscitaron en 2002, cuando a la muerte de mi papá, mi mamá estaba algo decaída y no podía tragar. Empezamos a hacer los exámenes médicos y los doctores me pidieron que alguien debiera hacerse cargo de ella, que si algo le pasaba algo medicamente, se estableciera cuáles eran sus deseos. Eso es algo muy delicado y ahora los hospitales lo requieren.

“Ella me dijo que quería que yo me encargara. Fuimos con el abogado en Chula Vista y sacamos el documento donde me da autoridad de que tome decisiones por ella. Él (Carlo) de alguna se da cuenta y viene fúrico a la casa, a decir que por qué estábamos haciendo documentos sin su consentimiento.

“Desde que muere mi papá, no estuve a lado de mi mamá porque tuve un tumor en el cerebro y otra enfermedad. Me la pasaba en hospitales o encamada aquí en casa. Al momento que me operan y me puedo ir recuperando, la puedo tener en casa, y la veo afligida. Es cuando me doy cuenta que mis hermanos han estado sacándole mucho dinero”.

Por lo anterior, dice, le reclamó a Carlo (encargado de las compañías) que hacía mucho no le depositaba dinero a su progenitora (deberían ser por lo menos 20 mil dólares al mes), producto de los utilidades de las empresas que tienen en Tijuana.

“Se molestó muchísimo y fue cuando a mi mamá le dio mucho miedo. Nos gritó, elevó su voz. Haz de cuenta que ve a alguien tranquilo, siempre dulce, y le ve el otro lado. Yo también confié en él mis propiedades que me había dejado mi padre, por mi enfermedad dejé que las administrara y nos quitó lo que nos pertenecía. Él lo único que hizo fue transformar todo en suyo. Mis otros hermanos dependen del dinero que les da, por eso no he querido que intervengan, para que no pierdan su sustento. Es como despertar y encontrarse en una telenovela”, finalizó Mariani.

EL RAPTO

En noviembre de 2013, el hijo menor de la señora Muzquiz contrató un avión privado para traerla a México. Ese día, la Policía del Puerto de San Diego recibió del Departamento de Policía de Pismo Beach (PBDP), una llamada en relación a un posible secuestro donde la víctima y sospechoso llegarían a Landmark Aviation en el Aeropuerto de San Diego, en un jet. El sospechoso era Carlo Muzquiz, hijo de la víctima, Gloria Rodríguez.

“El PBPD informó que la parte que reportaba, Gloria Patiño, estaba en camino al Departamento de Policía de Palmo Beach para presentar un reporte de persona desaparecida. Todas las partes involucradas en el incidente eran miembros de una familia. Gloria Patiño es hija de Gloria Rodríguez y hermana de Carlo Muzquiz. Gloria reclama que ella tiene la custodia legal de su madre de edad avanzada, quien sufría las etapas iniciales de demencia”, cita el reporte de la autoridad estadounidense.

Según los hechos, Gloria y su madre estaban de vacaciones en un hotel de Palmo Beach cuando ocurrió el incidente. De acuerdo a la denunciante, su hermano habría volado desde San Diego y escoltó a su madre desde su cuarto de hotel al avión, en un intento por regresarla a México.

La Policía llegó al aeropuerto y se encontró con la nave, por lo que contactó a los tripulantes, quienes cooperaron y esperaron en el lugar durante la investigación, pues los registros oficiales reportaban a la señora Rodríguez como desaparecida.

“Alrededor de las 15:15 horas, Gloria Patiño llegó al lugar. La Policía de Puerto determinó que Gloria Rodríguez sí estaba en buena condición mental de tomar una decisión razonable en ese momento, y ella decidió irse con Gloria Patiño”, establece el documento oficial.

LAS IRREGULARIDADES DEL CASO

El abogado Luis Miguel Krasovsky expuso a ZETA que en noviembre de 2013, la señora Gloria Rodríguez lo contactó, pues quería saber el estado de sus bienes, ya que desde hacía tiempo su hijo Carlo no le daba un centavo y tampoco le hacía caso.

“Al morir el señor Muzquiz, la señora tiene activos personales importantes. Entre ellos el centro comercial Carrousel y, por otro lado, la empresa muy importante que, considero, es la que más tierra tiene en Tijuana (Inmobiliaria y Fraccionadora Lomas, S.A. de C.V.) de la cual la señora tenía el 96 por ciento de las acciones al momento de la muerte de su marido”.

Al fallecer el patriarca, la mujer decidió encomendarle a Carlo, su hijo menor, la administración de los bienes, porque se había apegado al papá y así aprendió el oficio, mientras que el resto de los familiares no tenían ocupación y más de alguno sufría adicciones.

Según el relato del legista, en 2002 el propio Carlo pidió a su madre le diera poderes amplísimos. Primero le solicitó un poder para actos de administración y, un año después, un poder amplísimo sobre todos los bienes.

“Durante todos esos años, si la señora se va de viaje Carlo le da dinero. Para eso no tenía gran problema con él. Hace algunos años el hijo dejó de darle dinero y se percató de que en su cuenta de inversiones no había dinero, por lo que le dice que le rinda cuentas. Carlo no hace caso, él se va a California, a Pismo Beach, y se da todo el incidente que la señora narra en el desplegado en los medios de comunicación locales”.

De acuerdo al abogado, dentro de las investigaciones encontraron que en el Registro Público de la Propiedad, la denunciante ya no tiene nada a su nombre, mientras que una escritura fechada en 2012,  evidencia que ella compadeció ante el notario público Javier Ibáñez, donde firmó el documento que le adjudica todos los bienes al vástago.

“La invita a comer, van a la notaria y el notario baja, y le firma un documento que es la adjudicación de los bienes de su marido, y la donación pura y simple de todos sus bienes. Además de lo anterior, en 2004 Carlo hizo dos asambleas firmadas supuestamente por ella. Es burdo lo que hicieron, en todo esto hay corrupción por parte de las autoridades, y esto demuestra que con dinero baila el perro”, finalizó el litigante.

Por su parte, los hermanos Muzquiz buscaron, a través de un abogado, una entrevista con ZETA que al cierre de esta edición no se concretó.

CONFLICTO DE INTERESES FAMILIARES A TRIBUNALES

En los últimos tres lustros, integrantes de la familia Muzquiz Dávila han librado múltiples batallas jurídicas ante Juzgados locales y federales, tanto en lo individual como en la parte empresarial, sumando tan solo en el rubro de amparos, unos 200 asuntos.

Los primeros juicios de garantías promovidos por la señora Gloria Ofelia Dávila Rodríguez y su esposo Raymundo Muzquiz Ayala, así como su hijo Carlo Enrique Muzquiz Dávila y la persona jurídica Constructora Muzquiz, eran en contra de autoridades fiscales, administrativas y legislativas, por cuestiones de negocios.

Sin embargo, en los últimos años, al deteriorarse los vínculos familiares, los amparos se promovieron en contra de Ministerios Públicos y Juzgados de lo Familiar. Los primeros interpuestos por Carlo Enrique, quien en 2008 fue procesado y fichado en el fuero federal por los delitos de fraude y abuso de confianza; los segundos, por juicios de sucesión testamentaria a bienes de Don Raymundo.

Los reclamos públicos atribuidos a la señora Gloria Ofelia en contra de su hijo Carlo Enrique Muzquiz, hacen patente la división familiar en la disputa de empresas y bienes muebles e inmuebles, al grado de que la mujer ha denunciado maniobras de su vástago por declararla en estado de interdicción (enferma de la mente) ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar.

Doña Gloria ha dedicado sus últimos tres juicios de amparo, de los más de 50 promovidos por ella ante Juzgados de distrito en varios años, para inconformarse por el manejo que se ha dado al caso en el tribunal familiar.

En la demanda de garantías 325/2014, presentada ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales con residencia en Tijuana, Dávila Rodríguez de Muzquiz se duele de la falta de emplazamiento al procedimiento promovido para declararla en estado de interdicción.

Lo increíble del caso es que, sin que se le haya comprobado dicho estado, le fue designado un tutor interino sobre su persona y como administrador de sus bienes, nombramiento que recayó en su hijo Carlo Enrique Muzquiz Dávila, precisamente a quien acusa de despojarla de sus empresas, propiedades y dinero. Además, en el juicio de amparo es señalado como tercero interesado (contraparte).

Afortunadamente, el juez de distrito advirtió el conflicto de intereses y, “dado que no se cuenta con mayores datos respecto a los familiares cercanos de la quejosa”, determinó designarle a María Luisa Yadira Batalla Álvarez -quien aparece en primer término como curadora en la lista de peritos y auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Baja California- como representante especial para que intervenga en el juicio de amparo.

El nombramiento de Batalla Álvarez es para el efecto de representar los intereses de la señora Dávila Rodríguez de Muzquiz en el juicio de garantías.

Por su parte, Carlo Enrique Muzquiz Dávila ha presentado 45 demandas de amparo, quejas y recursos de revisión, entre otros asuntos, ante Juzgados de Distrito y tribunales colegiados del Decimoquinto Circuito en Baja California, algunos de ellos cuando enfrentó la causa penal 114/2008 ante el Juzgado Sexto de Distrito en Tijuana.

A nombre de Constructora Muzquiz se han promovido más de 50 demandas y recursos de la misma naturaleza, y la hermana de Carlo Enrique, Gloria Anastacia Muzquiz, ha presentado dos demandas de amparo, siendo más reciente la 527/2014, ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo de Tijuana, en contra de una orden de presentación que le fue dictada en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República en Baja California, dentro de la indagatoria AP/PGR/BC/TIJ/761/2014/MX-II.

La señora Gloria Ofelia Dávila ha nombrado como su apoderado legal, representantes y autorizados, a varios abogados, algunos conocidos en Tijuana, entre ellos Luis Miguel Krasovsky Prieto, Román Salazar Castillo, Roberto Vega Treviño, Jaime R. Guerra González, Abraham Valenzuela López y Omar Valles Lavandera, quienes intentan probar que su cliente se encuentra lúcida y se han registrado múltiples anomalías en el Juzgado Segundo de lo Familiar.

(SEMANARIO ZETA/ Francisco Navarro Fausto/04 de Agosto del 2014 a las 09:00:00)

¡ FUNDIDOS !


Los mexicanos pagan casi 30 por ciento más por la luz que el promedio en el mundo. Esto gracias a prácticas de corrupción como los famosos ‘diablitos’, los ‘colgados’ y la ineficiencia en el suministro de electricidad en el país.



La nueva legislación abre las puertas a otras empresas para acabar con el monopolio de la CFE en la distribución 
Tanto el presidente Enrique Peña Nieto como diversos legisladores y empresarios auguran que el precio de la electricidad bajará entre 25 y 30 % a partir del 2015 
58%
De ventas de CFE representa el consumo industrial
25%
De ventas de CFE representa el consumo residencial
50 y 90%
Es el subsidio que reciben usuarios residenciales
450,000
mdp valor patrimonial CFE en 2007
239,000
mdp valor patrimonial 2012
22%
De la operación de la CFE significan las tomas ilegales de electricidad
Las tomas clandestinas de electricidad por parte de empresas y particulares, la política del no pago y el costo de los insumos para producir la energía eléctrica basada en el combustóleo, han hecho que la luz en México sea 30 por ciento más cara, en promedio, que en cualquier otra parte del mundo.

Las cifras oficiales admiten que los costos por las ineficiencias de la CFE en la generación eléctrica, y el uso de los diablitos para robar energía a través del medidor y quienes se “cuelgan” de los cables, impactan al 22 por ciento de su operación.

A ello se suma el esquema recaudatorio de la Secretaría de Hacienda, que retira todas las utilidades de la CFE sin dejar margen para reinversiones y mantenimiento de sistemas. 

Esto ha logrado que el pasivo total del organismo sea dos veces más que su patrimonio total, como lo reconoce la Secretaría de Energía.

Una consecuencia es que a partir del 2007 el valor del patrimonio de la CFE iniciara su caída, de 450 mil millones de pesos, a 239 mil millones en 2012, anticipando un saldo negativo para este año.

Según especialistas, a los problemas anteriores se agrega la tenencia de la tierra y los derechos de paso que encarecen el precio de la energía eléctrica.

Las cifras del INEGI muestran que el gobierno ha incrementado el precio de la luz a la industria por arriba de la inflación.

El precio promedio a nivel nacional del kilowatt-hora (kWh) de 1999 al 2012 registró un incremento de 260 por ciento, contra 82 por ciento de aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el mismo lapso.

Las tarifas para la mediana empresa, en ese periodo, pasaron de 52.28 centavos el kWh a 164.66 centavos.

Es decir, un incremento de 214 por ciento, 2.6 veces el nivel general de precios de la economía mexicana.

En el servicio doméstico, el incremento en la tarifa eléctrica fue de 1.7 veces la inflación.

La situación no cambia si lo comparamos con las tarifas que se cobran en otros países.

En los últimos 10 años las tarifas industriales pasaron de 0.06 dólares por kilowatt-hora en 2003 a 0.12 dólares kilowatt-hora en 2013, un 86 por ciento más caras que en Estados Unidos o Asia.

Con respecto a los países que integran la OCDE y de la cual México es miembro, las tarifas residenciales e industriales de México están por encima de esas naciones.

Es decir, de ser 10 por ciento más caras en 1998, se encarecieron 44 por ciento más el año pasado respecto a esos países.

> 52.28 a 164.66 centavos por kWh
Incremento tarifas en 12 años

> 260%

Aumento del costo del kWh de 1999 al 2012
> 214%

Aumentaron las tarifas industriales
> 86% 

más altas las tarifas que en Estados Unidos o Asia
> 44%

Más caras que los países de la OCDE

> 36
millones De clientes tiene la CFE al cierre de 2012

¿Bajará las tarifas?

La gran duda es si realmente se verán reducidas las tarifas con la entrada de más empresas al sector, como lo plantea la nueva Ley de la Industria Eléctrica.

La nueva legislación abre las puertas a otras empresas para acabar con el monopolio de la CFE en la distribución de electricidad.

Sin embargo esto no significa –o no se ha aclarado aún totalmente– que la industria y el comercio ya no tendrán subvenciones, pues entrarán al mercado de la oferta y la demanda.

Según afirma el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) mantener tarifas residenciales artificiales implica un lastre para los consumidores industriales y comerciales e incentiva patrones de consumo ineficientes entre la población.

Competencia como solución  

La apuesta del gobierno para que bajen los precios de la energía eléctrica es la competencia.

Tanto el presidente Enrique Peña Nieto como diversos legisladores y empresarios auguran que el precio de la electricidad bajará entre 25 y 30 por ciento a partir del 2015.

Según el senador David Penchyna, artífice de la Reforma Energética, “con más competencia la luz será más barata”.

Ejemplificó que la competencia en el mercado eléctrico redujo los precios 29 por ciento en Argentina, 30 por ciento en Chile y 10 por ciento en Perú.

Pero no todos piensan lo mismo, para el legislador perredista Armando Ríos Piter, “el mercado por sí mismo no nos va a dar mejores tarifas”.

La calificadora Merrill Lynch asegura que la electricidad en México sigue siendo el talón de Aquiles, sobre todo para el sector manufacturero.

El costo político

Para algunos especialistas la principal motivación que tiene el gobierno al mantener el régimen de subsidios generalizados, es evitar el costo político.

Para algunos especialistas los costos de los energéticos deben bajar, ya que están fuera de mercado. 

Sin embargo, en caso de desaparecer el subsidio residencial, un alto porcentaje de usuarios no podrían pagar la energía eléctrica.

Al cierre del 2012 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contaba con casi 36 millones de clientes, y de acuerdo con sus estimaciones, estos crecerán anualmente en un millón en los próximos años.

Lo cierto es que muchos de estos se encuentran concentrados en sectores específicos.

El sector industrial representa 58 por ciento de los ingresos por ventas de la paraestatal, pese a que solo equivale a 0.7 por ciento de los consumidores.

Por su parte, el consumo doméstico, que aporta 25 por ciento de los ingresos, concentra 88.4 por ciento de los compradores.

El aprobar o reprobar el subsidio a la energía eléctrica ha sido tema de debate en las leyes secundarias de la Reforma Energética. Un día dicen que sí y otro que no. Hasta ahora parece que continuarán subsidiando las altas tarifas que tienen que enfrentar los mexicanos para mantener la casa alumbrada, o amainar el frío o el calor. Aquí los puntos más álgidos del debate legislativo.

> 11 de julio
 
La bancada del PAN propone una adición al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual obligaba al ejecutivo federal a diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados, por apoyos focalizados.

> 19 de julio
 
Se aprueba en lo general el proyecto de Ley de Industria Eléctrica pero se omite el tercer párrafo del artículo 139 sobre los subsidios. «Estamos retirando por completo todo lo que tiene que ver con subsidio porque es una facultad constitucional del Ejecutivo. No desaparecen los subsidios y se mantendrán hasta que los costos bajen», explicó el senador panista Jorge Luis Lavalle.

> 20 de julio
 
Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del PAN, defendió la reforma y aclaró que se trataba de una confusión, la nueva Ley no quitará los subsidios sino hasta que bajen los precios. “No se mueve ningún subsidio hasta que no baje la electricidad”, dijo.

Según sea el sapo…

A la fecha existen en México 43 tarifas distintas para el suministro y venta de energía eléctrica clasificadas de acuerdo con su uso y su nivel de tensión.

El esquema tarifario eléctrico que controla la Secretaría de Hacienda ha privilegiado los subsidios cruzados y tanto las industrias, como los comercios, pagan buena parte del costo de llevar la electricidad a los hogares.

Salvo por los consumidores residenciales que están dentro de la “Tarifa de Alto Consumo”, el resto de los hogares, así como la industria agrícola y la industria de los servicios, tienen un subsidio al precio de la electricidad.

El modelo actual permite que los usuarios residenciales obtengan subsidios de entre 50 y 90 por ciento sobre el costo que tiene producirlo para la CFE.

Este esquema ha generado incentivos perversos por el consumo excesivo, pues un microempresario con su tienda de abarrotes paga de luz por sus refrigeradores el mismo costo que un joven universitario de la colonia Condesa en la Ciudad de México, de clase media alta, por usar electricidad.

Lo que significa, según afirma el CIDAC, que el actual modelo de subsidios a las tarifas eléctricas se sostiene por el sobrecosto de 5 al 11 por ciento de la electricidad que pagan los industriales y comerciantes.

Los problemas tarifarios y de subsidios, junto con la estructura ineficiente de monopolio, ha repercutido enormemente en las finanzas de la CFE.

El subsidio ha hecho que los ingresos por tarifas no logren compensar los subsidios implícitos en la tarifa, e impacten en el patrimonio de la empresa.

“Absorber una diferencia negativa entre el costo y el precio de venta va mermando el patrimonio de cualquier empresa, y en el caso de la CFE no es la excepción”, señala el CIDAC.

Y concluye con la duda sobre si el gobierno va a corregir el problema o simplemente va a financiar a una empresa quebrada, como sucedió por casi 15 años con la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Ley de la Industria Eléctrica
Los puntos medulares: 

> La nueva propuesta considera a la industria eléctrica una utilidad pública, por lo que procederá ocupación y afectación superficial o la constitución de servidumbre necesaria para asegurar el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica.

> Los propietarios de las tierras ocupadas por infraestructura eléctrica tendrán derecho a ser remunerados por los inversionistas.

> La negociación de dichas contraprestaciones, así como los  términos y condiciones para el uso, goce o afectación de las tierras, serán entre los inversionistas y los propietarios interesados.

> Se introduce la figura de testigos sociales, quienes darán fe a los contratos relevantes o de alto impacto. Los testigos darán recomendaciones, su testimonio y tendrán que dar aviso de las irregularidades a los órganos internos de control.

> Elimina la fuerza laboral y la adquisición de bienes o servicios como forma de contraprestación. Pero se podrá proponer al propietario y a los miembros de la localidad la adquisición de bienes, insumos y servicios abdicados cuando sea compatible con el proyecto.

CFE seguirá preponderante

Durante los debates y resoluciones sobre la Reforma Energética se especuló que se eliminarían los subsidios a las tarifas eléctricas. 

Esto inmediatamente causó sobresalto en la opinión pública ya que, aún cuando supuestamente están subvencionadas, son un mínimo de 30 por ciento más caras que otros países y tratándose de tarifas industriales las superan en más de 80 por ciento. 

Ante la reacción de la opinión pública el Senado dio marcha atrás en su intención de la eliminación del subsidio generalizado en las tarifas de energía eléctrica.

Después de negar que fuera la intención eliminar la ayuda del gobierno sobre los costos de la producción, y con  92 votos a favor y 27 en contra, los senadores aprobaron en lo general la Ley de la Industria Eléctrica, y en el terreno de subsidios propusieron crear uno solamente para los consumidores de bajos recursos, eliminando a los que corresponden a entidades geográficas con climas inclementes ya sea de frío o calor. 

El dictamen de la Cámara de Diputados mantiene el subsidio a las tarifas eléctricas y se reconoce que este tema es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal. 

En cambio, para reducir los costos de producción de la energía, propusieron y aprobaron castigos significativos por el robo de energía eléctrica mediante “diablitos” y la alteración de medidores y que los usuarios se “cuelguen” de los cables.

Según quedó establecido en la resolución, se impondrán multas de hasta 3.3 millones de pesos a quien impida la medición y obligará a los usuarios a pagar el triple de la energía eléctrica robada.

El segundo dictamen de secundarias se incluye castigar a políticos y líderes sindicales que tomen ventaja para  aprovechar el nuevo mercado libre de la industria eléctrica. 

Además, el Senado y la Cámara de Diputados eliminaron la figura de expropiación de terrenos que requiera la industria eléctrica y en cambio creó un sistema de “conciliación”.

Se subraya que las contraprestaciones, términos y condiciones para el uso, goce o afectación de terrenos, bienes o derechos para estas ocupaciones, serán negociados por los propietarios y los interesados.

La modificación al artículo 74 establece que los titulares de los terrenos tendrán derecho a que la prestación cubra compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la localidad afectada.

Sobre la competencia que las industrias privadas interesadas presenten a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se aclaró que esta como paraestatal seguirá siendo preponderante en la industria eléctrica nacional; ofrecerá el servicio eléctrico bajo tarifas reguladas, y se mantendrá como surtidor de energía para los usuarios pequeños y medianos de tipo residencial, comercial e industrial.

El dictamen precisa que el gobierno federal promoverá la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, y la Sener establecerá y supervisará la administración de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico.


ABUELAS AFRICANAS APRENDEN A PELEAR PARA NO SER VIOLADAS

Mercy Atieno, coordinadora de entrenadores, les enseña que deben agarrar los testículos del agresor.
 
Una ONG enseña a esas mujeres en un barrio pobre de Kibera a defenderse gritando o golpeando cuatro puntos clave: ojos, garganta, rodillas y genitales.
Nairobi.- Una vez por semana, las abuelas de Kibera salen de sus chabolas —viviendas de escasas proporciones y pobre construcción—, se desentienden de sus nietos y dejan sus puestos de venta callejera para aprender defensa personal, una herramienta que ha permitido reducir las violaciones contra ese grupo de mujeres en asentamientos marginales de Nairobi.

Llegar a ser una shosho (abuela, en el dialecto kikuyu) en los barrios pobres de la capital keniana es difícil no solo por la barrera que marca la esperanza de vida, que ronda los 50 años en esa nación africana, sino porque son presa fácil para los violadores.

Estas mujeres, por su género y edad, están en lo más bajo del escalafón social, de modo que los grupos de jóvenes que suelen asaltarlas no temen represalias por parte de sus familias, explicó Lee Sinclair, fundadora de la ONG estadunidense No Means, No Worldwide (No hay medios, no en todo el mundo).

La voz, un arma

La principal arma con la que cuentan estas mujeres, de entre 45 y 90 años, no es su fuerza, sino el uso de su voz en múltiples registros (calmada, exaltada, manipuladora o enloquecida).

El chillido de una anciana es capaz de sofocar una agresión más de 70 por ciento de las veces, y la defensa física siempre es el último recurso, enfatizó la coordinadora de entrenadores Mercy Atieno.

“Sauti, sauti, ¡¡¡¡sauti!!!”, grita una instructora durante las clases hasta quedar afónica, para hacer entender a una treintena de mujeres que ese término suajili que significa “voz” es lo primero que deben recordar si quieren salir airosas de un asalto.

Únicamente cuando la voz falle, la abuela estudiará su mejor ataque contra uno de los cuatro puntos clave de la anatomía masculina: los ojos, la garganta, las rodillas y los genitales.

Las shosho calculan el golpe más certero en función de su altura, y tendrán la victoria garantizada si logran “agarrar” los testículos del agresor, “nunca el pene, porque se hace menos daño”, opinó Atieno.

En el papel de agresoras, aunque estén ciegas o escuálidas, propinan su mejor gancho a los sacos de boxeo que usan las instructoras.

Al hacerlo golpean una sociedad en la que “los hombres han sido criados para ser fuertes y dominantes sobre la mujer”, lamentó Antony Njangiru, coordinador de Ujamaa, una organización que colabora con No Means, No Worldwide en Kenia.

Él y Walter Amadi dirigen un programa para educar a jóvenes en la igualdad de género que la organización desarrolla en las escuelas, de forma paralela a los cursos para mujeres mayores.

Resultados del programa


“Las violaciones han sido un problema en Kibera, Dandora, Korogocho... Pero desde que empezamos (con los cursos de concienciación) los ataques han disminuido. Los chicos han cambiado sus actitudes hacia las mujeres”, comentó Amadi.

Las abuelas que desde 2007 han acudido a una iglesia chabolista a recibir entrenamiento son hoy las mujeres más temidas por los violadores de la ciudad.

“Muchas se han entrenado año tras año y ahora son algunas de las mujeres más capacitadas de Nairobi. Estas abuelas son las únicas mujeres que conocemos que han reducido a cero las tasas de violaciones en un lugar concreto”, subrayó Sinclair, cuya ONG también desarrolla programas para prevenir la violencia en Estados Unidos y Nepal.

En un año, las posibilidades de autodefensa de las cerca de 300 abuelas que han pasado por las clases han mejorado en 85 por ciento, aseguró Nickson Langat, investigador de Ujamaa.

“Han sido capaces de parar al menos un asalto tras nuestro entrenamiento”, subrayó Langat.

De hecho, en Korogocho, la barriada donde los instructores de Ujamaa empezaron su labor, no hay registro de violaciones de mujeres mayores en los últimos tres años.

Muchos violadores piensan que al tener relaciones con ellas no contraerán el virus del sida, que se estima infecta a una de cada cinco personas (aproximadamente 200 mil) en Kibera, un bosque de uralita y plástico que se ha convertido en el mayor poblado chabolista de África.

La superioridad física del agresor dejaba siempre indefensa a la víctima, hasta que la ONG estadunidense y otras asociaciones comenzaron a impartir cursos de defensa personal en los barrios más peligrosos de Nairobi (Kibera, Mukuru, Korogocho o Njenja) y otras zonas del país africano, como el asentamiento costero de Lunga-Lunga. 

Enfermera con ébola regresará a EU

Nancy Writebol, una enfermera estadunidense con ébola, será trasladará el martes en avión de Liberia a Atlanta para recibir atención médica, después que el sábado ingresaron a uno de sus colegas en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad Emory.

Las autoridades de salud pública enfatizaron que la atención a Writebol y al doctor Kent Brantly en EU no representa peligro. “La verdad es que podemos frenar el ébola”, dijo el doctor Tom Frieden, director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EU, al programa This Week de la cadena ABC.

“Sabemos cómo controlarlo: con control de la infección en hospital y contenerlo en el lugar de origen en Africa”, abundó el experto.

Funcionarios en Liberia dijeron que un avión de evacuación médica transportará a Writebol a Atlanta a primeras horas del martes. El ministro de Información, Lewis Brown, declaró que la aeronave tiene previsto despegar alrededor de la 1:00 de la mañana.

Brantley y Writebol trabajaban en el mismo equipo de la misión médica que atendía a enfermos de ébola en Liberia. El brote se ha propagado a Guinea y Sierra Leona, con mil 300 personas infectadas, de las que al menos 729 han fallecido.

(MILENIO/ EFE /