En el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, en los
expedientes abiertos por la desaparición del agente ministerial de 31
años, Juan Ramón Flores Paredes, y el policía estatal Carlos Armando García
Ortega, de 35, el robo de una droga que se estaban disputando con otros agentes
federales corruptos, es la principal línea de investigación.
Familiares y personas cercanas a los jóvenes han declarado
que los escucharon hablar de un baje de droga, sin embargo, las versiones
tienen variantes. Unos hablan de mil 200 kilos, otros de 350 kilos de marihuana
que aparentemente “se encontraron”; uno
de los declarantes aseguró que fue en una lancha.
Asumen que sin dueño a la vista, los policías decidieron
quedarse con la droga y venderla, sin embargo, cuando la trasladaban para
esconderla, policías federales los detuvieron, y éstos les quitaron el
cargamento de marihuana, además de pedirles entre 40 mil y 50 mil dólares para
regresárselas.
En ese contexto desparecieron
el 10 de mayo de 2014.
De nuevo, versiones extraoficiales al interior del Grupo
Coordinación refieren la existencia de una “oficina” en las inmediaciones de la
delegación de la Procuraduría General de la República en Ensenada, adonde los
federales llevan a los delincuentes que extorsionan, por si están a punto de
ser sorprendidos, poder llevarlos inmediatamente a la institución cuando
reciban el pitazo.
La hipótesis es que a ese lugar fueron llevados los jóvenes
agentes, y de ahí, “alguien más” -un federal-
llevó el vehículo Mustang negro, placas BHD1946, a La Bufadora, en el Ejido Esteban Cantú. Lo estacionó sobre
unos matorrales, dejando dentro las pistolas de cargo, los celulares
registrados y el radio Matra.
El desaseo en todas las acciones de las autoridades
involucradas en el seguimiento, hace presumir al interior del Consejo Estatal
de Seguridad que existen más implicados. Primero la Policía Municipal, con
inusual eficiencia, ubicó el carro el lunes 12 de mayo, lo levantó y localizó a
la dueña. El auto había sido vendido al ministerial por una vecina y no habían
hecho cambio de domicilio, la joven avisó a la familia y acudió para que le
entregaran el vehículo, porque así se lo solicitaron.
Con el antecedente de la denuncia por la desaparición, la
Procuraduría de Zona apenas revisó el vehículo y lo entregó a la muchacha, a
sabiendas de que ya no era la propietaria, que era una escena sospechosa de un
crimen y que debía pasar por más exámenes periciales.
Las primeras declaraciones de familiares y sospechosos
también fueron superficiales, tampoco buscan abundar en la razón de la
desaparición, entonces la procuradora Perla Ibarra decidió quitarles el
expediente y pasarlo a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, después
de que la madre del desaparecido les gritara en las oficinas que estaban
haciendo un cochinero y todos estaban involucrados.
De forma no oficial, las autoridades recibieron reportes de
que los agentes desparecidos habían sido trasladados a un poblado de la zona
sur de Ensenada, mientras que oficialmente, el apoyo de la federación mostró
que desde el 10 de mayo, los aparatos de radiocomunicación de los jóvenes no
han tenido movimiento alguno.
(SEMANARIO ZETA/ Reporteros de ZETA/ 01 de Junio del 2014 a
las 06:21:41)
