jueves, 13 de febrero de 2014

SAN LUIS POTOSÍ: CRECE EL ESCÁNDALO DE LAS NARCOPENSIONES

Francisca Reséndiz. Acusación contra Toranzo. Foto: Especial
SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (Proceso).- No hay modo de que el titular de la Dirección General de Pensiones del estado, Oziel Yudiche Lara, utilizara el dinero de los fondos de jubilaciones de la entidad sin la anuencia del propio gobernador Fernando Toranzo Fernández, asegura la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.

En su edición 1944, Proceso reveló que, de acuerdo con expedientes estadunidenses, fondos de jubilaciones de San Luis Potosí son invertidos en una empresa de Miami que presuntamente lava dinero para el Cártel de Sinaloa.

“Oziel Yudiche no se manda solo; Toranzo lo puso ahí, por eso quien es responsable de ese manejo es el propio gobernador. Está permitiendo eso y el director es su artífice”, sostiene la líder del SITTGE.

Un silencio total prevalece en el gobierno de Toranzo tras la publicación del reportaje.

Las dudas sobre el manejo de las pensiones de los trabajadores estatales no son nuevas. El SITTGE y agrupaciones ciudadanas investigan las inversiones realizadas en distintos bancos, pero particularmente en administradoras de perfil especulativo…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1945 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

LIBRE, NARCOMENUDISTA USADO EN GUERRA SUCIA CONTRA CORRESPONSAL DE PROCESO



Yazbet Ramos Avila “El Bacho”, presunto narcomenudista. Foto: Especial
CANCUN, Q. Roo (proceso.com.mx).- El supuesto narcomenudista Yazbet Ramos Avila “El Bacho”, obtuvo la libertad bajo fianza, una semana después de que fue detenido, acusado de la venta de droga en el parque de una colonia popular de esta ciudad.

El Juzgado Primero penal reclasificó el delito narcomenudeo en su modalidad de venta a posesión simple, con lo que el Misterio Público del Fuero Común había consignado Ramos Avila.

De esta manera, el supuesto narcomenudista, con el pago de una fianza salió libre.

En los medios vinculados al gobierno estatal que encabeza Roberto Borge, incluidas redes sociales y medios impresos, se operó una guerra sucia en la que se relacionó a Avila Ramos con el corresponsal de Proceso en Quintana Roo, Sergio Caballero.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente y ordenó al gobierno de Borge la aplicación de mediatas cautelares en favor del corresponsal de Proceso.

El pasado sábado 25 de enero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó a través de un comunicado de prensa, que la Fiscalía de Atención al Narcomenudeo detuvo a dos personas del sexo masculino, quienes fueron capturados con 49 dosis de droga, al parecer cocaína, en un operativo implementado por agentes de la policía judicial en la unidad deportiva de la Región 95.

En el comunicado, la PGJE subraya que fueron detenidos en el momento de una operación de compra-venta de drogas.

“Se abrió la averiguación previa 58/2014, por delitos contra la salud toda vez que fueron detenidos al momento que uno de ellos recibió el dinero por la venta del producto”.

La PGJE señala que el operativo fue viernes 24 de enero, a las 15:43 horas y que los detenidos responden a los nombres de Yazbet Ramos Ávila de 37 años de edad, originario de Veracruz, con domicilio en la región 95, de oficio pescador y vendedor de droga, el segundo responde al nombre de Daniel Antonio Franco Quintal de 31 años de edad, originario de Mérida, Yucatán, con domicilio en la región 95, de oficio comerciante de ropa.

Según el comunicado, la captura de esos dos sujetos, se dio a partir de la detención de otro supuesto narcomenudista, identificado como Julio Cesar Cruz Carrasco, quien habría afirmado que Ramos Ávila y Franco Quintal, venden droga en la unidad deportiva de la región 95.

Y precisa:

“Por lo que se realizó un operativo en los alrededores de la unidad deportiva, observando a una persona de sexo masculino de complexión obesa, en ese momento se aproximo una segunda persona , mismos que al notar la presencia policiaca intentaron darse a la fuga, siendo detenidos metros más adelante”.

Tras la su detención a Franco Quintal le fueron encontradas dos bolsitas de polvo blanco al parecer cocaína y una dosis de marihuana, en tanto a Ramos Ávila se le aseguró una bolsa tipo lonchera que contenía en su interior 25 bolsitas con polvo blanco, 17 bolsitas con fragmentos de crack y siete bolsitas más con la misma sustancia y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos en efectivo.

A pesar de ser liberado, Yazbet Ramos continua sujeto a proceso bajo la causa penal 47/2014.

/ 12 de febrero de 2014)

LAS RIESGOSAS TRAVESURAS DE LA INFANTA CRISTINA

La infanta Cristina de Borbón y Grecia, séptima en la sucesión por la Corona española. Foto: AP


En la casa real española están prendidas las alarmas: una de sus integrantes, la infanta Cristina, deberá comparecer ante un juez, acusada de fraude y lavado de dinero. El gobierno de Mariano Rajoy está nervioso y ha empezado a mover los hilos para defender lo aparentemente indefendible. El despropósito es tan grande que incluso el fiscal anticorrupción ha salido en defensa… de la imputada. Lejos quedaron los tiempos en los que Juan Carlos I dijo: “La justicia es igual para todos”.

MADRID (Proceso).- En su mensaje de Navidad de 2011 el rey Juan Carlos I advirtió: “La justicia es igual para todos” y “las conductas censurables deben ser sancionadas”. Entonces no se podía saber que un juez acusaría a la hija del monarca español, la infanta Cristina de Borbón y Grecia, de fraude fiscal y lavado de dinero.

El mensaje del rey –en el cual reclamó “ejemplaridad” a quienes tienen responsabilidades públicas– obedecía a la presión judicial y el creciente rechazo social tras conocerse la trama corrupta de su yerno Iñaki Urdangarin, duque de Palma, imputado cinco días después, el 29 de diciembre de 2011, por evasión de impuestos, fraude fiscal, falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos al percibir de los gobiernos valenciano y balear 6 millones de euros por sus servicios, usando como instrumento el Instituto Nóos, una sociedad sin fines de lucro (Proceso 1902 y 1906).

El jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, reconoció en entrevista con la televisión pública que los últimos tres años han sido “un martirio” para el monarca y su familia.

Pero las encuestas arrojan otra cosa. Los españoles ven un trato de favor para la hija del monarca. Un sondeo publicado por el diario El Mundo el pasado 15 de enero revela que 90% de los consultados cree que “la justicia no es igual para todos”, rechaza abrumadoramente a la pareja (93% a Urdangarin y 64.8% a ella) y 83.4% critica a la casa real por el manejo del caso. La encuesta refleja el rechazo a la evidente utilización, por parte de la casa real y el gobierno de Mariano Rajoy, de todos sus recursos para proteger a la hija del rey.

Pero ni el rey ni Rajoy pudieron evitar que el juez de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, obligara a la infanta a comparecer este sábado 8 para establecer su supuesta participación en la mecánica corrupta, convirtiéndola en la primera integrante de la familia real española en verse implicada en una investigación judicial.

Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Gestión de Hacienda (Gestha), critica la serie de actuaciones “inusuales” de la Agencia Tributaria con informes ordenados por el magistrado, los cuales contradicen a otros previos, en los que ya habían descubierto indicios de delito o en los que se dan por válidas facturas falsas para librar del delito fiscal a la infanta.

También condena la “inusual” actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía General del Estado por oponerse a cada auto del juez Castro con el fin de exculpar a la hija del rey, cuando su papel institucional debe ser el contrario: proteger a la Agencia Tributaria de los delitos fiscales.

“Al margen del debate sobre las tres facturas –por casi 70 mil euros– que la Agencia Tributaria está dando por válidas para evitar llegar al monto de 120 mil euros de defraudación fiscal (límite a partir del cual el fraude es delito), para Gestha lo más preocupante es que un familiar de la más alta instancia del país, la jefatura del Estado, pueda estar defraudando”, dice Cruzado a este semanario.

Aunque Cruzado es cauteloso al referirse a las presiones que se ejercen contra los peritos fiscales y otras instancias involucradas, “porque desconozco la motivación”, recordó que sus críticas a contradicciones específicas de la Agencia Tributaria y de los peritos fiscales hicieron al fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, abrir diligencias en su contra, las cuales desestimó el juez Castro.

Caso Aizoom

El poder del Estado español se dejó sentir después de la primera imputación que Castro emitió contra la infanta, en abril de 2013, en cuyo auto de 15 fojas veía elementos para implicar a Cristina de Borbón en las operaciones sospechosas del Instituto Nóos.

Sin embargo Horrach recurrió el auto del juez por considerar que “no existen indicios” de la participación de la infanta en el caso Nóos, decisión criticada por el sector de la abogacía, pues no es frecuente que el fiscal defienda a la parte acusada. Pese a todo, el pasado 7 de mayo la Audiencia Provincial de Baleares le dio la razón al fiscal anticorrupción y suspendió la imputación de la infanta por decisión de dos de los tres magistrados.

El despropósito llegó al grado de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce –dependiente del gobierno de Rajoy y jefe de Horrach–, se congratuló por esa decisión.

Pero el beneplácito duró poco: el 14 de mayo el juez Castro ordenó a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagatoria sobre los delitos fiscales y de lavado de dinero, pero ya no sólo sobre Nóos, sino sobre la sociedad patrimonial Aizoon, propiedad a partes iguales de Urdangarin y Cristina de Borbón.

El pasado 7 de enero Castro emitió un nuevo auto de imputación de 227 folios, citando a la infanta para declarar el próximo 8 de marzo, pues encontró vinculación en los movimientos financieros de Nóos y de Aizoon en una simulación para cometer lo que llamó “doble defraudación”.

Cruzado sostiene que la doble defraudación a la cual alude el juez es porque se hicieron transferencias de la fundación sin fines de lucro a la sociedad, y en ésta se incluyeron gastos personales como deducibles de Aizoon.

La defensa de Borbón –que consulta sus decisiones con la Casa del Rey– encabezada por Miquel Roca –uno de los “padres de la Constitución española”– decidió no impugnar la imputación para evitar la crítica social, destacó que la infanta deseaba “colabo­rar con la justicia” y solicitó adelantar la comparecencia para el sábado 8.

Para abogados españoles consultados es poco común que un auto judicial para imputar a alguien sea tan profuso como éste, pero entienden que el magistrado haya sido tan meticuloso “y con una motivación jurídica impecable”. “Tiene lógica que el juez haya documentado y motivado técnica y jurídicamente cada elemento del caso”, agrega, a su vez, el dirigente de los técnicos fiscales.

La investigación que repasa la vida financiera y tributaria de la infanta encontró que Aizoon tenía como domicilio fiscal el mismo de su familia, el palacete de Pedralbes, en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, por lo cual los duques de Palma cobraban “alquiler” a su propia empresa.

También que destinaron fondos para rehabilitar el palacete de Pedralbes, como lo confirmó a la policía de delitos económicos el arquitecto Marc Viader, quien cobró 20 mil euros por sus servicios. Se documentó que por la remodelación, la decoración y la instalación de muebles se facturaron casi 2 millones de euros.

Para la fiesta de 40 años de Urdangarin las bodegas Baigorri les facturaron 6 mil 600 euros por varias cajas de vinos, y para la celebración se instalaron tres estufas en el jardín del palacete y arreglos con globos.

La pareja gastó casi 60 mil euros en boletos de avión y de tren entre 2006 y 2011, en restaurantes dejaron cerca de 14 mil euros, en hoteles más de 10 mil euros, en tanto que en joyas, libros y discos más de 8 mil euros, según se desprende de los informes entregados al juez y que documenta el auto de imputación.

Cristina pagó con cargo a Aizoon casi 7 mil euros para aprender a hablar en público e Iñaki abonó 707 euros por cursos de merengue y salsa o más de 500 euros para “decoración de fiesta infantil” para uno de los hijos del matrimonio, según el informe que desgrana cada factura.

Coincidiendo con un viaje laboral a Mozambique, como responsable de Acción Social de La Caixa, la infanta participó en un safari en Sudáfrica con seis personas, utilizando una identidad falsa (aparecen como “familia Pep Figueras”) con cargo a Aizoon (mil 323 euros), según la factura de la empresa Guests Pestana Kruger Lodge.

El expediente también incluye que el rey le transfirió a su hija 1.2 millones de euros en préstamo. No se tiene claro si fue una donación, en cuyo caso tendría un carácter fiscal distinto. Por ello uno de los puntos centrales es desentrañar si la infanta era consciente de cómo su marido supuestamente blanqueó en Aizoon el dinero que recibió por contratos públicos a través de Nóos, la entidad sin fines de lucro.

Cruzado asegura que, con base en los autos del juez, “Aizoom es parte de un entramado de sociedades creada para defraudar, aunque el alegato de su defensa, de la fiscalía y de la Abogacía del Estado es que sólo por ser propietaria de 50% de la sociedad no la hace responsable de los presuntos delitos, pero existen elementos interesantes, como el hecho de que ambos firman como arrendadores y arrendatarios de la sede fiscal de su sociedad en la propia residencia familiar.

“Hay un testimonio del notario que participa en la constitución de Aizoom, que está en los autos del juez, en el que declara que los asesores fiscales en su despacho le dijeron que la infanta estaba ahí como ‘escudo fiscal’, es decir, es parte de la sociedad para evitar que la Agencia Tributaria los persiguiera”, apunta el dirigente de Gestha.

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria difundió un comunicado en el cual criticó con dureza la “intolerable y grosera campaña de desprestigio” de la fiscalía y algunos medios contra el juez Castro.

La campaña, explica la asociación, está plagada de “críticas vejatorias y ataques personales” al juez, y deploran que el fiscal Horrach la haya secundado con su escrito, en el cual acusa al juez de “conspirar” con el “silencio” del Consejo General del Poder Judicial, al que insta a denunciar los hechos.

El largo brazo de Madrid

El 25 de enero dos técnicos fiscales autores de los informes sobre el papel de la infanta y una inspectora de la Agencia Tributaria, comparecieron en el juzgado, donde negaron que sean falsas las facturas por casi 70 mil euros pagados al socio de Urdangarin, Diego Torres, por una supuesta asesoría, pero reconocieron que son “simuladas” pues no responden a servicio alguno.

El dirigente de Gestha dice que su organización criticó “las actuaciones de los peritos fiscales por admitir como deducibles tres facturas falsas, reconocidas en un informe previo de la agencia, y utilizadas para comprobar un servicio de consultoría que no se prestó. En cualquier otro procedimiento esas facturas no se hubieran admitido como deducibles y en este caso se hace, por eso hemos exigido que se aclare por qué se aceptaron. Es sencillo: son deducibles o no lo son, en vez de hablar de facturas simuladas”.

La agencia y la jurisprudencia asientan que para que sea deducible no solo debe existir la factura, sino el hecho económico por el cual se está pagando; de hecho la primera conclusión es que se trataba de una distribución de beneficios en lugar de una supuesta prestación de consultoría, explica.

En dicha comparecencia Castro cuestionó por qué se enviaron a Madrid los informes tributarios sobre la infanta, un asunto clave en la elaboración de los dictámenes de la Agencia Tributaria, pues el procedimiento habitual es que los inspeccione la delegación de Barcelona, donde viven los imputados.

Sin embargo Hacienda envió los informes a Madrid antes de entregarlos al juez.

La pregunta provocó un duro choque con Horrach, quien insinuó que el juez sugería que los informes se habían “cocinado” en las oficinas centrales de Hacienda. Pero el magistrado fue contundente: “No le consiento que reinterprete mis preguntas. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho”.

Pese a las evidentes discrepancias entre el juez y el fiscal, ambos coinciden en el criterio de que, al margen de la deriva judicial del caso, la infanta Cristina y Urdangarin podrían afrontar una responsabilidad civil que superaría el millón de euros por la actividad de Aizoon.

“En la parte penal”, dice Cruzado, “habrá que esperar la resolución del juez de instrucción, porque en España no sólo se comete el delito de defraudación fiscal como autor, sino como cómplice o como cooperación necesaria, es decir, la figura que colabora en la comisión de un delito”.

En una de sus pocas declaraciones públicas, Castro dijo –luego de imputar a la infanta– que su decisión tuvo como fin “evitar que la incógnita se perpetúe”, en referencia al cúmulo de dudas sobre el papel de la hija del rey en la trama corrupta.

Y señaló, aludiendo a las palabras del rey en la Navidad de 2011, que él está convencido de que “la justicia es igual para todos”.

En cambio Rajoy defendió con ahínco a Cristina de Borbón en una entrevista de televisión en la cual señaló: “Estoy convencido de la inocencia de la infanta”, y agregó, “estoy convencido de que las cosas le irán bien”.


Ana Romero, del diario El Mundo, aseguró en un artículo, el pasado 26 de enero, que la infanta ya es “irrecuperable”. Sostiene que la casa real, como Rajoy, apuesta por la inocencia “legal” de la infanta, pero sabe que su comportamiento “éticamente reprochable” la ha inutilizado para la institución, a la cual ha llevado al límite.




DINERO SUCIO EN EL "MONEXGATE"

Leonardo Valdés Zurita y Alfredo Cristalinas, director de fiscalización. Foto: Eduardo Miranda
Los días posteriores a la jornada electoral federal del 1 de julio de 2012 se destapó el escándalo del Monexgate, el uso de monederos electrónicos repartidos al por mayor para inducir el voto en favor del candidato priista. Pero ya desde antes la Unidad de Fiscalización del IFE había detectado “movimientos inusuales” en las tarjetas Monex y había pedido a la Secretaría de Hacienda su manual contra el lavado de dinero. La PGR intervino –sospechaba el uso de recursos del narcotráfico– y empezó a investigar; incluso congeló cuentas y aseguró efectivo de algunas personas físicas y empresas coludidas en el Monexgate… Sin embargo, todo se diluyó tersamente hasta desaparecer una vez que Enrique Peña Nieto fue declarado presidente electo.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando aún no estaba formalizado el triunfo del priista Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales de 2012, la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) detectó movimientos “inusuales” en los monederos electrónicos utilizados por el PRI e hizo la denuncia correspondiente ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Las operaciones que llamaron la atención de la Unidad de Fiscalización implicaban el uso irregular de cuando menos 40 millones de pesos –en ellas participaba el Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., empresa denunciada el 5 de julio de 2012 por Andrés Manuel López Obrador como parte de la trama de triangulación de recursos en favor del candidato priista– y el uso de dinero “en otros países”.

Una semana antes de la denuncia de López Obrador, Alfredo Cristalinas, jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE, ya tenía conocimiento de la intervención de Inizzio y les había pedido a las autoridades hacendarias su Manual de prevención de lavado de dinero, pues la empresa no aclaraba el origen de 70 millones 815 mil 534 pesos.

La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), ordenaron asegurar cuentas bancarias de diversas personas morales y físicas por su probable participación en “una organización criminal dedicada a operar con recursos de procedencia ilícita… como el narcotráfico”, y de quienes meses después se sabría que intervinieron en la triangulación de recursos que hizo el PRI, entre ellos Raúl Álvarez Longoria.

Lo anterior se desprende de decenas de oficios que Alfredo Cristalinas, jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE, envió durante julio de 2012 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la UIF, así como de amparos promovidos ante la justicia federal por Álvarez Longoria, Alberto Grande Vidaurre y Edicom, S.A. de C.V., acusados de formar parte de “una organización criminal dedicada a operar con recursos de procedencia ilícita”.

Para el 2 de agosto de 2012 la acusación penal contra algunos de quienes participaron en el entramado financiero del PRI para la campaña presidencial se diluyó a “delitos fiscales”; para esa fecha el reconocimiento legal de Enrique Peña Nieto como triunfador de la elección presidencial estaba en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados declaraban que “nada se hará en lo oscurito” y rechazaban apremiar al IFE en la solución del llamado caso Monexgate.

Oficios cristalinos

El 5 de julio de 2012, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de campaña de López Obrador, denunció públicamente que el PRI, a través del banco Monex, utilizaba monederos electrónicos distribuidos por las firmas Inizzio y Efra. Con facturas y contratos entre ambas empresas y la banca, el petista sostuvo que mediante Inizzio se distribuyeron 68 millones 316 mil 158 pesos y con Efra, 91 millones 212 mil 30 pesos.

Una semana antes, el 26 de junio, Cristalinas preguntó a la CNBV de quién eran y cómo se habían fondeado dos tarjetas que esa misma mañana había detectado y denunciado públicamente Roberto Gil Zuarth, coordinador de la campaña de la candidata panista, Josefina Vázquez Mota.

El 27 de junio Cristalinas entregó un informe a los consejeros electorales, quienes dijeron saber de la existencia de 9 mil 924 tarjetas de prepago por un monto de 70 millones 815 mil pesos, aunque hasta entonces no se había revelado la participación de Inizzio; ese mismo día el fiscalizador del IFE ya había pedido a la CNBV la entrega de información sobre todas las cuentas bancarias de la empresa.

El 5 de julio, según el oficio UF-DRN-77 18/12 dirigido a Guillermo Babatz Torres, entonces presidente de la CNBV, Cristalinas le solicitó nuevamente “evidencia, depósito o transferencia respecto del origen de 70 millones 815 mil 534 pesos” de Inizzio, todos los detalles de las 9 mil 924 tarjetas y algo más: “domicilio del promotor del Grupo Monex, responsable de la cuenta de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V… Manual de lavado de dinero y expediente de Inizzio”.

El titular de la Unidad de Fiscalización no explica las razones por las cuales pide detalles de cómo opera el lavado de recursos, pero en un segundo oficio, el UF-DRN-7740/12, fechado el mismo 5 de julio, solicita el total de los recursos dispersados por Inizzio, forma en que se pueden usar las tarjetas, los contratos celebrados y… “expediente de la persona que contrató las tarjetas derivado del Manual de Prevención de Lavado de Dinero; promotor responsable de la cuenta”.

Un día después Cristalinas pidió a la CNBV –mediante oficio UF-DRN-7794/12– otros datos de Inizzio y de nueva cuenta la petición: “Expediente de la persona que contrató las tarjetas, derivado del Manual de Prevención de Lavado de dinero”.

Después de 20 días de revisar el manual, los saldos, propietarios, cómo, dónde y cuándo se utilizaron las casi 10 mil tarjetas o monederos electrónicos Monex que entregó la empresa Inizzio, Cristalinas encontró lo que en el argot bancario se llama operaciones “sospechosas” o “inusuales”: al menos 685 tarjetas rebasaban las mil 500 udis (7 mil 390 pesos), tope fijado para detectar lavado de dinero y envió un peculiar oficio a la CNBV –el UF-DRN-8777/12– el 18 de julio de 2012.

El oficio dice: “Respecto de los siguientes hechos, esta Unidad de Fiscalización detectó información y datos que resultan trascendentes e importantes hacerlos de su conocimiento para que en el ámbito de sus atribuciones determine si constituyen infracciones a algún ordenamiento legal en la materia: conforme a la documentación que obra en el expediente citado al rubro se desprende que los recursos que se asignaron a 685 tarjetas de las 9 mil 924 tarjetas adquiridas por la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., rebasaron el saldo de mil 500 udis por un importe total de 39 millones 685 mil 964 pesos con 94 centavos”.

Y más, detectó que 20 tarjetas se usaron en diversos países, los cuales no enumera. “De la documentación que obra en el expediente se advierte que 20 monederos fueron utilizados en otros países dispersando recursos que ascienden a una cantidad de 725 mil 716 pesos”.

El 20 de julio de 2012 Cristalinas envió el mismo reporte al encargado de la UIF, José Alberto Balbuena Balbuena.

En total, el fiscalizador del IFE informó a la UIF de 46 expedientes con operaciones “inusuales o sospechosas”.

Investigación por lavado

El 2 de julio de 2012 la UIF emitió el oficio 110/H/787/2012, donde se documenta el entramado financiero de empresas lidereadas por Edicom (Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales), y las personas físicas Raúl Álvarez Longoria y Alberto Grande Vidaurre, así como la participación de Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quienes facturan a nombre de otras para ayudar a evadir al fisco.

El 23 de enero de 2013 la Unidad de Fiscalización identificó a Álvarez Longoria y a Calzada Cisneros, entre otros, como participantes en la trama financiera Monexgate, pero no los relacionó públicamente con la investigación de lavado de dinero que realizaban la PGR y la UIF.

Proceso indagó en los amparos –algunos otorgados y otros rechazados– promovidos por Álvarez Longoria, Edicom y Grande Vidaurre para exigir que se les liberaran cuentas abiertas en los bancos Santander o HSBC y que por orden judicial de la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) y la SIEDO, se les congelaron el 5 de julio de 2012.

En el amparo 134 promovido por Edicom ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito Penal –donde pide la liberación de sus cuentas bancarias– se refiere que el caso tiene como origen las averiguaciones previas UIFPGR/53/2012 y la UEIORPIFAM/AP/167/2012.

En el caso de Edicom se pidió que se aseguraran las cuentas 920015633119 de Santander y la 4044942373 de HSBC, pues de ellas tenía conocimiento la UEIORPIFAM. Santander informó que el 9 de julio de 2012 encontró tres cuentas con diferentes saldos: 8 mil 507, 10 mil 31 pesos y 37 millones 427 mil 286 pesos, las cuales aseguró.

El 10 de julio HSBC aseguró una cuenta con saldo de 734 mil 681 pesos y dos más sin dinero alguno.

Según la averiguación previa 167/2012, “las razones para decretar tal medida (congelamiento de cuentas), según afirmó la institución ministerial, fue debido a que las pruebas relacionadas, examinadas y valoradas en su conjunto, en forma lógica, natural y jurídica, como lo establece el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, permite presumir de manera indiciaria la existencia de conductas posiblemente constitutivas de delitos, en las que de manera probable intervinieron los indiciados y sus cómplices (quejosa y otros), pues de lo expuesto se aprecia la existencia de indicios y que probablemente colaboraron con diversos miembros en una organización criminal dedicada a operar recursos de procedencia ilícita, contribuyendo a que dicha sociedad delictiva continúe con sus actividades, todo lo cual conduce a establecer que esas personas participan activamente en una asociación ‘perfectamente’ establecida”.

También se indica que “a las catorce horas con cuarenta minutos” del 4 de julio de 2012 se realizó un cateo en la empresa Edicom, asegurándose cerca de 4 millones de pesos, algunos euros y 8 mil 250 dólares.

Y justifica: “Dinero que se aseguró por el referido órgano especializado en delincuencia organizada, dado que, según afirmó, de los elementos de prueba se tienen indicios suficientes y fundados de la existencia de un grupo de personas, entre las que se encuentran los indiciados, los que han operado en el sistema financiero mexicano millones de pesos, presumiblemente producto de actividades ilícitas, pues algunos de ellos no tienen actividades que avalen sus ingresos a través de actividades laborales productivas y lícitas, por ende, la presunción fundada de que dichos recursos monetarios pueden ser producto de actividades ilícitas, lo que denota un modus operandi perfectamente definido y estructurado, llevando a cabo diversas conductas delictivas que bien pudieran estar vinculadas con la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al realizar múltiples operaciones en el sistema financiero mexicano con depósitos y retiros en diversos bancos, pero principalmente en Santander México y HSBC, lo cual se tiene acreditado de indicios fundados”.

De manera coincidente, en su indagatoria sobre el Monexgate la Unidad de Fiscalización del IFE pidió a la CNBV datos sobre las cuentas que Inizzio abrió en Santander y HSBC, según consta en los oficios UF-DRN-13584/12 y UF-DRN-131585/12.

Avanzada ya la investigación y pese a todos los elementos de convicción que se tenían por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, el 2 de agosto de 2012 –cuando el triunfo de Peña Nieto ya se daba por hecho– se cambia el delito a “defraudación fiscal”. “Se acordó la incompetencia por razón de especialidad” y se pasó la averiguación previa a la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Fiscales y Financieros.

Sin explicación a detalle, la parte acusadora, la Unidad Especializada en Recursos de Procedencia Ilícita, la cual sostenía tener todas las pruebas indiciarias, se desistió de sus señalamientos: “No se desprende elemento de convicción alguno respecto de la configuración de un tipo penal materia de esta unidad. El 7 de agosto de 2012 se abrió la AP por defraudación fiscal”.

Pero no sólo se diluyó la gravedad del delito, sino que se consideró “una adecuada aplicación de normas que regulan el aseguramiento” de las cuentas de Edicom, por lo que se le otorgó el amparo y se le liberaron. Esto a su vez dio como consecuencia que Álvarez Longoria se amparara en materia administrativa contra actos de la CNBV. Éste no se le otorgó.

En el amparo se da cuenta también de que todo derivó de una denuncia anónima que se presentó por escrito el 28 de junio de 2012, dos días después de que Gil Zuarth denunció el uso de la banca por parte del PRI para dispersar recursos.

PAPA FRANCISCO ORDENA LA EXPULSIÓN DE SACERDOTE PEDERASTA

El Papa Francisco en el Vaticano. Foto: AP
MÉXICO, D.F. (apro).- El Papa Francisco obvió la espera para que la justicia civil emitiera sentencia definitiva en el caso del sacerdote Marco Mangiacasale, hallado culpable en un proceso eclesiástico por abusos sexuales contra menores, y ordenó su expulsión inmediata.

Habitualmente, si existe un proceso en curso, los tribunales del Vaticano esperan el resultado final de la justicia civil para dictar sentencia pero luego de que la justicia civil halló culpable a Manigiacasale de haber abusado de cuatro menores en dos grados distintos de juicio, el Papa firmó su expulsión.

Mangiacasale, presbítero de la diócesis de Como, en el norte de Italia, está a la espera de la sentencia definitiva en la justicia civil que ya le dictó una condena de tres años, cinco meses y 20 días de cárcel por el abuso a los cuatro menores.

Por su parte el Vaticano lo sentenció a una “reducción al estado laical” que lo alejará definitivamente del sacerdocio, prohibiéndole cualquier posibilidad de celebrar misa, administrar sacramentos o estar en contacto con menores en el ámbito eclesiástico.

El procedimiento contra el ahora expárroco y ecónomo de la iglesia de San Giuliano llegó firmado por el propio Papa Francisco y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Mueller.

Desde el anuncio público que hizo el jerarca católico, el 5 de abril de 2013, sobre su decisión de continuar la política de “tolerancia Cero”, emprendida por el Papa emérito, Benedicto XVI entre 2011 y 2012 contra los sacerdotes pederastas, la Iglesia católica ha dictaminado la expulsión de 400 sacerdotes culpables de estos delitos.

/13 de febrero de 2014)

BIENES DE EX TESORERO NO APARECEN EN ASEGURAMIENTOS A SAQUEADORES DE TABASCO

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Las propiedades que José Manuel Saiz Pineda, exsecretario de Finanzas del exgobernador Andrés Granier Melo, posee en el estado de Yucatán no aparecen en la lista de 900 inmuebles y cuentas bancarias aseguradas a los “saqueadores” de Tabasco.

La titular de la Fiscalía General del estado de Yucatán, Celia Rivas Rodríguez, informó al diario Por Esto! que la Procuraduría General de Justicia de esta entidad ha presentado varios oficios para solicitar información, pero ninguna para aseguramiento de predios.

“Nosotros lo único que hemos hecho es actuar en relación a solicitudes de colaboración e información al Registro Agrario Nacional, al Registro Público de la Propiedad del estado, Catastro del estado y Catastro de Mérida. La información que nos ha sido entregada la hemos enviado a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Tabasco”, señaló en entrevista con el diario yucateco.

Añadió:

“No tenemos mayor información, es un proceso jurídico que está llevando la Procuraduría de Tabasco, junto con la Procuraduría General de la República”.

Hasta ahora, insistió, “no hemos recibido ninguna solicitud de aseguramiento. Hemos recibido solicitudes de colaboración en torno a información, misma que hemos puntualmente solicitado a las diversas instancias”.

Luego de señalar que en varias ocasiones las autoridades de Tabasco han solicitado información, se ha hecho el trámite correspondiente y se ha enviado a la Procuraduría de ese estado, Rivas Rodríguez puntualizó que hace un mes, más o menos, recibieron la última solicitud de información, pero ninguna para el aseguramiento de predios.

”No hemos recibido ninguna solicitud de este tipo, solamente solicitudes de información, que es la que hemos enviado a la Procuraduría General de Tabasco”, reiteró.

No obstante, el diario señaló que tuvo conocimiento de que personal de la PGJ de Tabasco solicitó en fechas pasadas a su símil de Yucatán y al Registro Público de la Propiedad “llevar a cabo el aseguramiento de predios que adquirió la empresa Patrimonio Kanasín al extesorero de Tabasco”.

Recuerda que en Kanasín y otros ejidos se compraron grandes extensiones de tierras y dichas transacciones estuvieron a cargo de diversas financieras y empresas de las que son socios exfuncionarios de Tabasco, “como José Manuel Saiz Pineda, Amílcar Sala Villanueva y Carlos Alberto El Pelón Pineda Calcáneo, además de empresarios yucatecos como Lorenzo de Jesús Medina González y Esteban Correa Bolio, entre otros”.

Relata que antes de concluir 2013, el gobierno yucateco arrancó un programa de regularización de terrenos que tenía en sus manos Patrimonio Kanasín, mismos que habrían pasado a manos del Ejecutivo, para lo cual se creó un fideicomiso al que se incorporaron tierras de Kanasín, “pero la solicitud de la Procuraduría de Tabasco de aseguramiento de predios habría sido presentada mucho antes de que se tomara esa medida”.

Destaca:

“Mediante asambleas ilegales, los falsos ejidatarios José Manuel Saiz Pineda, exsecretario de Administración y Finanzas de Andrés Granier Melo, y sus socios yucatecos Lorenzo de Jesús Medina González, Esteban y Rafael Correa Bolio, se adjudicaron poco más de 2 mil hectáreas en Kanasín, las cuales adquirieron con dinero robado al pueblo tabasqueño”.

Detalla que de las poco más de 2 mil hectáreas de Kanasín, alrededor de mil fueron enajenadas en transacciones de compra-venta entre diversos compradores, en tanto que de las mil restantes la mayor parte pasó a Patrimonio Kanasín, “empresa creada ex profeso para lavar dinero”.

Saiz Pineda, añade, simuló una venta de 136 hectáreas a Patrimonio Kanasín por 250 millones de pesos, pagaderos a 10 años.

Y menciona que entre las empresas que se asociaron para conformar Patrimonio Kanasín figura Bienes Raíces Supreme, SA de CV, propiedad de Esteban Correa Bolio y Lorenzo de Jesús Medina González, accionistas de la Unión de Crédito Integral del Golfo, SA de CV.

También aparece Desarrollo RDG, cuyos socios son Rodrigo Díaz Gutiérrez y Rommel Daniel Sánchez Angulo, y Grupo Hogare, SA de CV, de Juan Manuel Ponce Díaz y nuevamente Rommel Daniel Sánchez Angulo. Las tres asambleas claves se llevaron a cabo en 2009, 2010 y 2011.

“Saiz Pineda trabajó en contubernio con un grupo de empresarios yucatecos, entre los que figuran Esteban Correa Bolio y Lorenzo Medina González, lavando dinero robado en Tabasco, tanto en la adquisición de tierras en varios ejidos como a través de más de 50 empresas financieras”, denuncia Por Esto!

La mayor parte de los bienes inmuebles del exsecretario de Finanzas de Andrés Granier Melo, asegura, no se encuentran en Tabasco, sino en Yucatán. Y en Tabasco únicamente se le ha asegurado un departamento en Residencial Los Cántaros de la colonia El Águila de Villahermosa.

El diario menciona que entre las más de 900 propiedades aseguradas al clan del exgobernador Granier Melo, sólo aparecen 15 a nombre del exmandatario y varios de sus colaboradores, según la averiguación previa DGI-067/2013 en la que son acusados de peculado en pandilla.

Señala que desde el 14 de agosto de 2013, bajo el oficio número 4248/2013, emitido por el Agente Ministerio Público Investigador de la PGJ, se ordenó la medida precautoria.

“El aseguramiento de los bienes inmuebles relacionados en este documento es con las medidas precautorias y a fin de que los propietarios se abstengan de realizar actos jurídicos de venta, renta o traslado de dominio”, cita el documento.

De las 15 propiedades mencionadas, añade, al menos nueve pertenecen aún al exgobernador Andrés Granier, entre ellas una en la que aparece su esposa María Teresa Calles de Granier como copropietaria. Ese inmueble está ubicado en el conjunto habitacional Jardines del Sur II. Y también está la lujosa mansión en el Fraccionamiento Playa Miramar del municipio de Centla, Tabasco.

A Miguel Ángel Contreras, exsubsecretario de Egresos, le embargaron cinco propiedades en las rancherías Ixtacomitán, en la Villa Ocuiltzapotlan, además de un departamento en Residencial Los Cántaros, donde era vecino de Saiz Pineda.

/ 13 de febrero de 2014)

UNO DE LOS IMPLICADOS EN EL CASO "GOYO" TRABAJABA PARA LOS ZETAS

Los presuntos implicados en el asesinato de Gregorio Jiménez. Foto: PGJE
MÉXICO, D.F. (apro).- Gerardo Contreras Hernández, el último de los seis detenidos por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Gregorio “Goyo” Jiménez de la Cruz, ya había sido detenido en abril del 2012 por formar parte de una célula Los Zetas en el sur de Veracruz.

De 19 años, el indiciado fue acusado hace dos años de la tortura y muerte de cuatro marinos, cuyos cuerpos mutilados fueron encontrados en la carretera Actopan-Xalapa, de acuerdo con información difundida por El Diario de Acayucan.

El rotativo recuerda incluso que el nombre de Gerardo fue boletinado por el propio gobierno estatal.

Y añade:

“Pudo haber sido detenido en el 2012 junto con el Jefe de sicarios de Los Zetas, Marcos Jesús Hernández Rodríguez, alias El Chilango. Con ellos, también fue consignado Romero Domínguez Vélez, “El Chaparro” quien entonces fungía como jefe de plaza de Coatzacoalcos donde se edita Liberal del Sur para el que trabajaba “Goyo” Jiménez y cabecera municipal a la que pertenece la congregación de Allende, donde vivía nuestro compañero”.

Junto con Gerardo Contreras, se encuentran detenidos Teresa de Jesús Hernández Cruz, Santos González Santiago, José Luis Márquez Hernández, Jesús Antonio Pérez Herrera y Juan Manuel Rodríguez Hernández, acusados de los presuntos delitos de plagio y homicidio, de acuerdo con la investigación ministerial Coat4/058/2014.

Contreras Torres y José Luis Márquez también tienen antecedentes penales en los fueros común y federal.

En el caso específico de Romero Domínguez “El Chaparro”, el diario Milenio pública una nota en la que refiere que al jefe de plaza de Coatzacoalcos le encontraron en su teléfono celular fotografías y videos que exhiben su gusto por morder los dedos “desmembrados” y por torturar y decapitar a sus víctimas.

En el caso de José Luis Márquez Hernández, de 20 años y originario de Agua Dulce, ya había sido detenido en septiembre del 2013 por elementos de la Policía Naval de Villa Allende por robo armado y con violencia de varios vehículos.

A Márquez Hernández le encontraron el 27 de septiembre de ese año un Jetta 2012, con reporte de robo, según consignó un boletín de la Policía Naval.

/ 13 de febrero de 2014)

DESCUBREN NARCOTÚNEL MÁS LARGO ENTRE MÉXICO Y ARIZONA





Phoenix— Agentes estadounidenses descubrieron en Nogales un túnel transfronterizo para el contrabando de drogas, considerado hasta ahora el más largo encontrado entre Arizona y México.

El túnel de 146 metros (479 pies) de longitud, fue descubierto la noche del pasado lunes. El ICE precisó que al descubrirse el túnel fueron detenidos José Solórzano Flores, de 41 años; José Mario Armenta Valdez, de 41; y Jesús Alberto Ramírez Valencia, de 22.

(EL DIARIO, EDICIÓN JUAREZ/ Agencias | 2014-02-13 | 00:27)

ORDENAN A SEGOB REVELAR NOMBRES DE 'JEFES DE PLAZA' CAPTURADOS



Distrito Federal— La Secretaría de Gobernación (SG) deberá informar quiénes son los 27 líderes o jefes de plaza y los operadores financieros de todos los grupos delictivos detenidos por la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, refirió en su Informe del 5 de noviembre de 2013.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó también a la dependencia federal precisar con base en qué documentos o investigaciones refiere que se trata de líderes o jefes de plaza.

Luego qué un solicitante se inconformó ante la respuesta de la SG, quien declaró la inexistencia de dicha información, se turnó el caso al IFAI, a quién la SG reiteró su respuesta inicial y agregó que turnó la petición a la Comisión Nacional de Seguridad, y ésta a su vez solicitó la información a la Policía Federal, la cual señaló que se encuentra clasificada como reservada, ya que forma parte de averiguaciones previas no concluidas, seguidas ante el Ministerio Público Federal.

Al analizar la normatividad aplicable, se advirtió que la SG cuenta con otras unidades administrativas competentes a las que no turnó la solicitud, como la Dirección General de Comunicación Social y la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada.

Asimismo, que la Dirección General de Comunicación Social es la encargada de ejecutar la política de información, difusión y comunicación social de la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, así como de informar a la opinión pública, sobre los asuntos competentes.

A su vez, la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada es responsable de coordinar el procesamiento de información que generen las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad.

Aunado a ello, el IFAI destacó que si bien la Policía Federal no puede proporcionar la información porque se encuentra clasificada, lo cierto es que para la elaboración, emisión y difusión del Informe de Labores el Comisionado Nacional de Seguridad se auxilia de los datos que le entregan las diversas unidades administrativas de la dependencia.

Por lo tanto, se propuso revocar la respuesta de la SG e instruir a una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección General de Comunicación Social y a la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada, a fin proporcionar al recurrente la información de su interés; de no localizarla, deberá declarar su formal inexistencia.

(EL DIARIO, EDICION JUAREZ/ Agencias | 2014-02-13 | 14:25)

OBTUVO EX TESORERO DE COAHUILA DINERO DEL NARCOTRÁFICO: DEA

                
En la lectura de los cargos de un jurado federal especial presentada esta mañana en San Antonio se acusa a Héctor Javier Villarreal Hernández, el exsecretario de Finanzas del estado mexicano de Coahuila, de presunta participación en una conspiración para lavar dinero, según informaron el procurador federal Robert Pitman, el agente especial en funciones a cargo de la división Houston de la DEA Steven Whipple, el agente especial a cargo Steve McCollough, de Investigaciones Penales del Servicio Interno de Recaudación, y la agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Interna Janice Ayala.

De acuerdo a un comunicado de la oficina de la Fiscalía federal para el oeste de Texas, dependiente del Departamento de Justicia, en la presentación de cargos se alega que Villarreal y otras personas llevaron a cabo a partir de enero del 2008 transacciones financieras con ingresos provenientes de actividades ilícitas.

De acuerdo a los cargos, los fondos en cuestión proceden de la importación, la venta y la distribución de sustancias controladas, el soborno de un funcionario público, la malversación de fondos públicos y el fraude por medios electrónicos. En los cargos se alega asimismo que el imputado transfirió dentro y fuera de Estados Unidos fondos con el propósito de ocultar y encubrir la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos de origen delictivo.

De ser declarado culpable, el imputado podría ser sentenciado hasta a 20 años en un penal federal.

Villarreal se entregó ayer en El Paso a autoridades federales. Permanece bajo arraigo federal luego de la comparecencia inicial que hiciera esta tarde ante el juez federal Henry Bemporad en San Antonio. Por el momento no se tiene programada ninguna otra comparecencia en los tribunales.

Los cargos se originaron en la investigación realizada por agentes de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en colaboración con Investigaciones Penales del Servicio Interno de Recaudación (IRS-CI), Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) y el Equipo Especial para Regiones con Alta Intensidad de Narcotráfico en San Antonio (HIDTA).

El gobierno de los Estados Unidos agradece la cooperación en curso del gobierno de México en relación con las indagatorias anteriores.

(El Diario de El Paso | 2014-02-13 | 15:22)