miércoles, 27 de noviembre de 2013

DIFUNDE PGJDF VIDEO DE BALACERA EN INR DE TLALPAN

Mediante una cámara de vigilancia del Instituto Nacional de Rehabilitación fueron captados seis presuntos ladrones que buscaban robar una camioneta de valores.

Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal difundió el video donde se muestra el intento de asalto a una camioneta de valores en instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación en Tlalpan.

El lunes, en el asalto frustrado, cuatro delincuentes fueron abatidos por impactos de bala. También falleció un custodio.

La PGJDF explicó que los delincuentes pasaron desapercibidos porque vestían batas blancas. En el video también se observa que un sujeto fue amagado por uno de los asaltantes.

En las imágenes se logra ver que un quinto cómplice se encontraba afuera del hospital a bordo de un vehículo, pero al ver que uno de sus compañeros cayó herido, decidió poner en marcha el auto y darse a la fuga.

También se puede ver a un sexto delincuente corriendo a la salida. Antes de eso disparó a los custodios.

(MILENIO DIGITAL/ 27 de Noviembre 2013)

MATAN 3 INDOCUMENTADOS QUE IBAN EN LA BESTIA



* Los asaltan y asesinan cuando iban en el tren en la búsqueda del “Sueño Americano”

 Tres migrantes centroamericanos fueron asesinados por criminales cuando viajaban en el lomo del tren conocido como La Bestia, los cadáveres fueron localizados en el tramo ferroviario Achotal-Campo Nuevo en el municipio de San Juan Evangelista.

  Las corporaciones policíacas fueron alertadas en relación a un homicidio múltiple perpetrado por bandidos a bordo del lomo de La Bestia, esto en el tramo ferroviario Achotal-Campo Nuevo, por lo que de inmediato se activó un operativo.

  A unos cuatro kilómetros de Achotal, en el poblado Nuevo Saltillo, los policías localizaron el cadáver de un muchacho de 21 a 23 años, tendido entre las vías, con un impacto de bala en la cabeza y otro en el tórax.

  Metros adelante fue loca-lizado otro cadáver y a tres kilómetros el cuerpo de otro indocumentado con un impacto de bala en el cráneo, junto a éste último fue hallado un casquillo de calibre 9 milímetros y una mochila.

  Entre Medias Aguas y Campo Nuevo, socorristas del Ayuntamiento de Sayula de Alemán rescataron a un lesionado identificado como Gilberto Ramos Pérez, de 34 años, originario de Huimanguillo, Tabasco.

  El herido que fue ingresado al Hospital Oluta-Acayucan, pues se reporta grave, por amputación de pierna derecha y un balazo en hombro izquierdo que le provocó fractura de clavícula, explicó lo ocurrido a bordo del tren.

  Relató que en Medias Aguas subió al tren un grupo de cuatro criminales armados con pistolas y navajas, eran las seis de la mañana, los bandidos apartaron a las mujeres llevándolas a un furgón central.

  Y a unos 20 indocumentados varones los llevaron a un furgón del final del convoy, les despojaron de pertenencias y exigían un pago de 100 dólares, a los que se opusieron al atraco les dispararon a quemarropa y los tiraron del ferrocarril

  Gilberto Ramos explicó que como él no traía dinero se lanzó del tren antes de que fuera asesinado por los criminales, pero si le dispararon y fue herido en el hombro izquierdo, logrando salvar la vida.

  Luis Reyes Barraza, agente del Ministerio Público de Acayucan, acudió al sitio con peritos de la PGJE, para la diligencia de levantamiento de los tres cadáveres de indocumentados.

  Policías de la SSP recorrieron a pie un tramo ferroviario de 20 kilómetros, desde Campo Nuevo a Juanita, en busca de más víctimas, porque al inicio se hablaba de ocho muertos, pero ya no hallaron cadáveres.

  El tránsito ferroviario por ese tramo permaneció suspendido desde las 7 de la mañana hasta las tres de la tarde del martes. Un total de 19 migrantes que fueron víctimas del ataque permanecen en resguardo en Villa Juanita.

Inicia PGJ investigación por agresión a migrantes en San Juan Evangelista

Acayucan, Ver.La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz inició las investigaciones correspondientes por la agresión que sufrieron migrantes en la región de San Juan Evangelista mientras viajaban a bordo del ferrocarril, con un saldo de dos personas muertas y una tercera con lesiones.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron este martes cuando los centroamericanos fueron agredidos por otro grupo de migrantes que también viajaba a bordo del ferrocarril y que los arrojaron a las vías, muriendo dos personas mientras que una tercera resultó con lesiones y ya recibe atención médica en un hospital de la región.

La Secretaría de Gobierno de Veracruz (Segob) informó que ya entabló comunicación con las representaciones consulares en el estado y con personal de la Delegación del Instituto Nacional de Migración, que ya se encuentra a cargo de la situación.

Las autoridades federales y estatales realizan un operativo para la localización de los agresores.

(NOTIVER/ FEDERICO GARCÍA/ 27 de Noviembre 2013)

CORRALONES Y GRUYEROS, UNA MAFIA NACIONAL

Regresar lo robado. Negocio completo Foto: Claudio Vargas


La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados enciende la alarma: en varias entidades del país los dueños de corralones y los gruyeros actúan en complicidad con la delincuencia organizada para robar vehículos. Es el caso de Acapulco, donde los operadores de grúas se enfrentan con aseguradoras a raíz de este problema. Pero las autoridades de los tres niveles no solamente hacen muy poco para resolverlo; en ese puerto, por ejemplo, cobran hasta 30 mil pesos a los propietarios por devolverles sus unidades.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A su paso por las costas de Guerrero en septiembre último, el meteoro Manuel dejó cientos de muertos y desplazados, así como pérdidas materiales incuantificables y daños a la infraestructura de Acapulco. Pero también sacó a flote la apenas disimulada corrupción de los servicios de grúas y corralones del puerto, que desde hace semanas tienen en sus instalaciones más de 500 vehículos que sus dueños no pueden recuperar. La razón: las autoridades les cobran hasta 30 mil pesos por recuperar sus unidades.

Lo sucedido en Acapulco es apenas la punta del iceberg de lo que sucede en el país, pues muchos gruyeros cobran arbitrariamente por sus servicios de arrastre y piso. Lo más grave es que algunos de esos operadores presuntamente se han vuelto cómplices del crimen organizado para robar autos, los cuales son utilizados para cometer ilícitos que van desde el secuestro y trasiego de drogas hasta homicidios.

Con la excepción del Distrito Federal y Estado de México, la falta de regulación por parte de los tres niveles de gobierno provoca pérdidas a las aseguradoras, superiores a los mil millones de pesos anuales, asegura Mario Crosswell Arenas, director de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

Entrevistado en sus oficinas de la colonia Tlacopac, San Ángel, comenta:

“Es un problema muy delicado para las aseguradoras. Según cálculos, el sector destina alrededor de mil 100 millones de pesos en pago de grúas y arrastres, así como en la recuperación de los vehículos de los corralones en el ámbito nacional. La regulación federal, estatal y municipal no existe; cada quien hace lo que se le da la gana. Unos son más rateros que otros.”

Hasta el viernes 15 de noviembre, los 500 vehículos asegurados en el puerto de Acapulco no podían salir de los corralones de Grúas Picazo, Sólo Plataformas, Grúas Mondragón y Grúas Ápside –miembros de la Asociación de Grúas de Acapulco–, aun cuando el pasado 27 de octubre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzó a fijar sanciones, entre éstas la suspensión de actividades, “por prácticas comerciales abusivas”…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1934 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

NO APARECEN PILOTO, COPILOTO Y UN PASAJERO DE LA AERONAVE DESTRUIDA EN VENEZUELA

La nave fue derribada en el estado venezolano de Apure. Foto: Tomada de Twitter
MÉXICO, D.F. (apro).- La revelación que hizo el diplomático mexicano Leandro Arellano Reséndiz en relación con los pasajeros y tripulación que viajaban en la aeronave incendiada por las fuerzas armadas venezolanas el pasado lunes 4 –por ir hasta el full de droga, según adujo el presidente Nicolás Maduro–, obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a dar más detalles sobre el caso que provocó un diferendo entre los gobiernos de México y Venezuela.

Luego de acudir al Senado a presentar su plan de trabajo como embajador de México en Venezuela –falta la ratificación del gobierno de Maduro–, Arellano Reséndiz declaró a la prensa que los pasajeros de la aeronave se encuentran en México.

Sin ofrecer mayores detalles, el diplomático dijo que las personas que viajaban en el jet Hawker 25, matrícula XB-MGM, llegaron al país, procedentes de Colombia.

Antes de esa declaración, lo más que se sabía del caso es que sólo uno de los pasajeros dio su verdadera identidad. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo que dicha persona se encontraba plenamente identificada, aunque no dio a conocer su identidad por la reserva de la investigación.

Inicialmente, el gobierno de Querétaro reveló los supuestos nombres de los pasajeros y tripulantes de la nave. De acuerdo con el secretario general de Gobierno del estado, Jorge López Portillo, en la aeronave viajaban Isaac Pérez Dubond, Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Sergio David Franco Moga y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, además del piloto y el copiloto, Carlos Alfredo Chávez Padilla y Mauricio Pérez Rodríguez, respectivamente, quienes tienen su base en Toluca, Estado de México.

“Se corroboraron los nombres de los cinco pasajeros y de los dos tripulantes, se anexaron pasaportes de todos ellos y ninguno expedido en Querétaro”, afirmó López Portillo Tostado en aquella ocasión.

La destrucción de la aeronave mexicana en territorio venezolano trascendió el martes 5, un día después del hecho, cuando el jefe del Comando Estratégico Operacional del Ejército del país sudamericano, Vladimir Padrino López, publicó en su cuenta de Twitter (@vladimirpadrino) que habían inmovilizado a un “incursor aéreo” siete millas náuticas (13 kilómetros) al norte de Buena Vista del Meta, en el estado de Apure, cercano a la frontera con Colombia.

Un día después, a través de la Embajada de México en Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una nota diplomática en la que solicitó el esclarecimiento de los hechos “en estricto apego al derecho internacional”.

“La SRE se mantendrá atenta a la respuesta que se otorgue a esta solicitud y ha entrado en contacto con autoridades venezolanas, a fin de obtener la información con la prontitud que el caso amerita y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar”, puntualizó en un comunicado.

El jueves 7, la Cancillería confirmó que los ocupantes habían abandonado la aeronave antes de que las autoridades procedieran a incendiarla.

“Según la información contenida en la nota diplomática del gobierno venezolano, los ocupantes abandonaron la aeronave antes de su inhabilitación”, señaló en otro comunicado difundido ese día.
No obstante, la dependencia no precisó el número de ocupantes del avión ni su nacionalidad y el motivo de encontrarse en el país sudamericano.

Marcelo López, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, señaló en aquella ocasión que la aeronave llegó a esa entidad proveniente de Nuevo León, en cuya capital tiene el registro oficial, y posteriormente despegó a las 11:50 horas del lunes 4.

También se dio a conocer que el aparato, comprado apenas el 30 de octubre pasado a la empresa Monterrey Jet Center, a través de la compañía Projets, tenía registros de 8 mil 107 aterrizajes, con paradas frecuentes en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

La versión de la PGR

Por la tarde, la PGR confirmó que los cuatro pasajeros que viajaron a las Antillas Holandesas en el jet que posteriormente fue destruido en Venezuela, sí regresaron a México el pasado 7 de noviembre y tres de ellos ya declararon.

Los que no aparecen son el piloto y copiloto de la aeronave y un quinto pasajero que sí dieron identidades falsas.

En el comunicado, la PGR explicó que se inició una averiguación previa luego de conocerse que una aeronave con matrícula mexicana XB MGM fue destruida en territorio venezolano.

Indicó que los datos como en su momento se reveló, indicaron que la aeronave salió de Querétaro el 4 de noviembre con siete personas a bordo y con dirección a Bonaire en las Antillas Holandesas, a donde llegó el mismo día.

En esa ciudad del Caribe descendieron cuatro pasajeros que sí dieron sus identidades verdaderas, y luego el aparato retomó el vuelo con los dos pilotos y el quinto pasajero. El plan de vuelo indicó que se dirigirían a Honduras pero el aparato fue abatido en Venezuela.

“La información obtenida dentro de la investigación sobre los pasaportes reportó que los pasaportes de los dos pilotos y de uno de los pasajeros son falsos y que los de los otros cuatro pasajeros son auténticos”, indica el comunicado.

Los cuatro pasajeros con pasaporte auténtico volvieron a México el 7 de noviembre procedentes de Colombia. Tres de ellos ya declararon y se está ubicando al cuarto.

La PGR dejó en claro en que aún no hay cargos en contra de ellos, y dependerá del desarrollo de las investigaciones y de las declaraciones que faltan por recabarse, si se fija alguna responsabilidad.

La dependencia además dejó en claro que siguen a la espera de la información del gobierno de Venezuela que ayude al esclarecimiento de estos hechos.

/ 27 de noviembre de 2013 )

PIDEN CONCRETAR REFORMA AL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

Elementos militares en el Heroico Colegio Militar. Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Es “injustificable” la demora en la aprobación de reformas al Código de Justicia Militar, consideró el representante de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.

En la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes, editado por el Centro de la Montaña-Tlachinollan, Hernández Valencia resaltó que la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha participado en el proceso de análisis de esa reforma en el Senado.

La discusión del tema, recordó, deriva de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por casos en que personal castrense se ha visto envuelto en violaciones a garantías de civiles.

Y una vez que concluyó un proceso de consultas en el Senado, acotó Javier Hernández, la OACNUDH envió un comunicado a ese poder en el que cuestiona sobre el momento en que sería sometida al pleno la iniciativa respectiva, sobre todo cuando en la pasada revisión del Examen Periódico Universal (EPU) nueve países cuestionaron a México sobre el fuero militar y siete más sobre casos de desaparición forzada.

También recordó que varios organismos de la ONU han formulado recomendaciones para que nuestro país se apegue a los lineamientos internacionales en la materia, que restringen la actuación de órganos de justicia militar para investigar abusos cometidos por elementos castrenses.

El director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, Santiago Cantón, dio cuenta de la amplia jurisprudencia en la Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sobre los límites de la jurisdicción militar para someter a civiles al fuero castrense.

Luego de señalar que en Argentina se suprimió el sistema de justicia militar, Cantón dijo que para reformar el Código castrense “lo que se necesita es voluntad política, pues la discusión jurídica está zanjada; ni en el sistema interamericano ni en el internacional cabe duda de que el sistema de justicia militar no ofrece garantías de imparcialidad y transparencia tratándose de juicios en los que hay víctimas civiles”.

El también exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puntualizó que, de no aprobarse una reforma apegada a estándares internacionales, México podría ser sometido una vez más al máximo tribunal americano, y ser sentenciado como ya ocurrió en los casos de la desaparición de Rosendo Radilla, las violaciones sexuales a Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como las torturas a los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, expedientes relacionados con abusos militares y que fueron indebidamente juzgados por el fuero castrense.

Integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la abogada Jaqueline Sáenz Andujo resaltó que como resultado de los foros de consulta organizados por el Senado se encontró que habría más de un artículo del Código de Justicia Militar a transformar, si es que se busca atender las recomendaciones de organismos internacionales.

Después de recordar que a los foros no asistieron representantes de las Fuerzas Armadas, Sáenz Andujo destacó que en sus sentencias la CoIDH recomendó al Estado mexicano reformar la fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite al fuero castrense investigar cualquier delito cometido por soldados y marinos, incluso aquellos en los que se registran violaciones a derechos humanos de civiles.

Sin embargo, subrayó, del análisis cuidadoso de la legislación militar habría, por lo menos, cinco artículos más que modificar, así como realizar una revisión meticulosa del catálogo de delitos considerados como sujetos a la jurisdicción castrense.

En la presentación del informe estuvo presente un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Pérez, quien dio cuenta del proceso de construcción de los criterios de la SCJN en materia de fuero, y que además ha determinado la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera, recordó que detrás de la lucha por la reformas hay historias de víctimas y familias que aún aguardan se haga justicia.

Barrera Hernández puntualizó que el reporte está dedicado a la familia de Bonfilio Rubio Villegas, un indígena nahua asesinado por militares en un retén de la Montaña guerrerense y cuyo caso fue atraído por la Corte.

A partir de este caso, recordó el director de Tlachinollan, los ministros determinaron la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.

/27 de noviembre de 2013)

ACUSAN EN EU DE "LAVADO" Y FRAUDE A DOS EX FUNCIONARIOS DE MOREIRA

El exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila (SATEC), Héctor Javier Villarreal Hernández. Foto: Especial
WASHINGTON (apro).- La Corte Federal del Distrito Sur del estado de Texas develó este miércoles el encauzamiento judicial en contra de Jorge Juan Torres López y Héctor Javier Villarreal Hernández, exgobernador interino y extesorero del estado de Coahuila, respectivamente, por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude, entre otros.

Ambos exfuncionarios enfrentan cuatro cargos federales, por lo que podrían recibir penas de hasta más de 30 años de cárcel.

De acuerdo con el expediente judicial, Villarreal Hernández y Torres López depositaron más de 2 millones de dólares, cada uno, en cuentas bancarias en Las Bermudas.

Los cargos señalan que el exgobernador interino y a su vez extesorero del estado de Coahuila, al igual que Villarreal Hernández, también extesorero de la entidad norteña, nunca pudieron demostrar la legitimidad de los fondos que enviaron a las islas.

“Las acusaciones indican que Villarreal Hernández enfrenta cargos en México, por falsificar documentos sobre créditos fraudulentos para poder robar dinero del gobierno federal”, dice el encauzamiento en Texas, a cargo del fiscal federal Kenneth Magdison.

Y agrega:

“Los cuatros cargos contra estos dos exfuncionarios del estado de Coahuila son conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude bancario, fraude postal e interbancario”.

La Corte federal texana explica que a Villarreal Hernández se le acusa de lavado de dinero, fraude bancario y postal. Para el caso del exgobernador interino, las acusaciones que enfrenta son de lavado de dinero, fraude bancario e interbancario (transferencias electrónicas de dinero de banco a banco).

Los documentos que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de los dos exfuncionarios estatales mexicanos “destacan registros de varias transferencias bancarias con montos significativos, realizadas en bancos estadunidenses”.

De ser declararos culpables por lavado de dinero, Villarreal Hernández y Torres López recibirían una condena de hasta 20 años de prisión. Por el cargo de fraude bancario la sentencia sería de hasta 20 años de cárcel, y por el de fraude postal hasta 30 años, amén de que tendrían que pagar multas por varias decenas de miles de dólares.

Los dos exfuncionarios fueron también declarados fugitivos de la justicia estadunidense, por lo que el Departamento de Justicia pidió la asistencia de cualquier persona para dar con el paradero de los dos acusados. Los datos sobre el paradero de los acusados deberán ser transmitidos a la Oficina de Tarea del Área de Tráfico Intenso de Drogas en San Antonio, Texas, de la Administración Federal Antidroga (DEA); al teléfono 210-499-2900.

/ 27 de noviembre de 2013)

LOCALIZAN CINCO CUERPOS EN DOS PUNTOS DISTINTOS DE MICHOACÁN


Morelia Cinco personas sin vida han sido localizadas en Michoacán durante las últimas horas en dos hechos direfentes. Uno de los casos fue en el municipio de Tanhuato, donde fueron encontrados dos cuerpos, mientras que en Puruándiro fueron localizados tres cadáveres.

El secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna García, confirmó hoy que dos personas hasta el momento no identificadas fueron localizadas en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Tanhuato.

El hallazgo se realiza exactamente a ocho días de que en el municipio de Apatzingán fue ubicada una fosa, también con dos cuerpos en su interior.

Sobre los últimos hechos, la Subprocuraduría Regional de Justicia dio a conocer que mediante reportes se supo que la zona conocida como Gogote Estrujo se encontraba una fosa de la que se alcanzaba a ver un antebrazo humano.

Al trasladarse al lugar, el personal policiaco halló los cuerpos de dos hombres que antes de ser enterrados fueron cubiertos con cal.

Apenas el pasado 19 de noviembre, en un fraccionamiento de la cabecera municipal de Apatzingán fue localizada otra fosa clandestina con los cuerpos de dos hombres.

HALLAN TRES EJECUTADOS EN PURUÁNDIRO

En la cabecera municipal de Puruándiro fueron localizados los restos de tres personas, se encontraban tirados en la calle Pirul de la colonia El Saucito y presentaban impactos de arma de fuego en el cuerpo y el tiro de gracia, informaron fuentes oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Ayer, a las 22:00 horas vecinos informaron del hallazgo, por lo que las autoridades se trasladaron a este lugar ubicado en la región del Bajío. En el sitio, por la credencial de elector fue identificado Julio Torres García de 47 años de edad, los otros dos aún están sin identificar. Cerca del lugar había una motocicleta marca Italika sin placas, que presentaba varios impactos de arma de fuego.

En el sitio había casquillos percutidos calibre 38 súper y nueve milímetros, así como dos pequeñas bolsas de plástico que contenían droga conocida como cristal.

(EL DIARIO, EDICION JUAREZ/ Agencias | 2013-11-27 | 12:57)