Anabel
Hernández/Proceso
Distrito Federal—- A
finales de abril de 2006 el titular de la entonces llamada Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la
Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos,
recibió una denuncia detallada de las propiedades y movimientos de los
principales jefes del crimen organizado en Michoacán.
Aunque se trataba de
un documento de nueve fojas elaborado colectivamente por ciudadanos del estado,
al calce aparecían el nombre, firma y teléfono de un responsable.
En el texto
–dirigido al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y a Santiago
Vasconcelos– se proporcionaban los nombres de varios líderes locales del
narcotráfico con sus domicilios, casas de seguridad, empresas y hoteles, placas
de sus vehículos y hasta números telefónicos mediante los cuales podían ser
investigados para aprehenderlos.
La finalidad de los
ciudadanos desesperados por la violencia era liberarse del yugo de los
criminales, y decían esperar que fuera “de utilidad esta información y así nos
ayuden a vivir tranquilos sin temor a ser asesinados por esos delincuentes”.
Fue un legislador
federal quien entregó dicha denuncia –cuya copia tiene Proceso– a Santiago.
Entrevistado por este semanario refiere que al pedirle firmar de recibido el
subprocurador se negó, pues el escrito lo comprometía.
Seguro de que la
atención a la denuncia pudo haber atajado la situación de caos que hoy vive
Michoacán, el ex legislador federal narra a Proceso el encuentro con Santiago,
pero pide omitir su nombre por temor a represalias y porque vive exactamente en
el corazón de la zona michoacana en conflicto.
El entonces titular
de la SIEDO, cuenta el ex legislador, “no quiso darse por enterado
oficialmente. Por eso no firmó. Si firmaba, se hacía responsable de que eso
existía y no quiso. Unos meses después surgió públicamente La Familia y se dio
a conocer en La Voz de Michoacán”.
CÉLULA MICHOACÁN
Los denunciantes
señalaban como líderes del “Cártel del Golfo, Célula Michoacán”, a Osiel Cárdenas,
quien ya había sido detenido; a Carlos Rosales Mendoza, también aprehendido; a
Nicandro Barrera Medrano, El Nica, y a Nazario Moreno, El Chayo. Estos dos,
puntualizaba el escrito, “controlan Michoacán”. Hasta el momento siguen libres.
Mencionaban también
a Chencho Moreno, hermano del Chayo (quien sería ejecutado por un grupo rival);
a Arnoldo Rueda Medina, El Minsa, compadre del Chayo (detenido en 2009); a
Mario Cárdenas, suegro de Alberto Moreno, hermano del Chayo (“detenido en
USA”); a Martín Ibarra, “prestanombres y administrador de los bienes del Chayo
y socio en la elaboración de droga”, y a “un profesor apodado La Tuta (Servando
Gómez Martínez), sicario y lugarteniente del Chayo en la región de Arteaga”.
Añadían que en 2003
todos ellos habían orquestado la fuga del Cereso de Apatzingán y advertían:
“Tienen armas de grueso calibre y una flotilla de aproximadamente seis
Cherokees blindadas, blancas y grises”.
Especificaban la
ubicación de casas de seguridad, empresas, un motel, huertas y hasta el
domicilio de Nazario Moreno.
Afirmaban que detrás
de un Costco en Morelia, en la calle San José del Cerrito números 119 y 117,
colonia Leona Vicario, había casas de seguridad de Nazario Moreno e indicaban:
“Ahí pueden encontrar armas, vehículos blindados y drogas”. También denunciaban
dos casas de seguridad en la misma zona, en la calle San Juan Bautista número
44, y la de junto, sin número, donde igualmente se podía hallar droga y
armamento.
Apuntaban igualmente
a un domicilio frente a Pizza Hut de la colonia Las Américas, en Juan de Medina
Rincón sin número, al lado del número 111, usado por El Chayo y su hermano
Chencho. Además, “a un costado de helados Bing de Las Américas vive El Chayo
con su esposa (María Elena Loya), calle Nicaragua número 37”.
Según los
denunciantes, en Agustín Ramírez 546, colonia Margarita Maza de Juárez, entre
la salida de la carretera libre a Guadalajara y camino a San Juanito Itzícuaro,
El Chayo tenía una bodega donde guardaba droga y armas.
El domicilio de
Martín Ibarra, presunto lavador de dinero, lo ubicaban en el fraccionamiento
Lomas de las Américas número 70, donde “pueden encontrar armas, autos, facturas
de vehículos, escrituras de ranchos y casas propiedad de El Chayo”.
Daban igualmente las
referencias de dos ranchos más de éste en Reynosa, Tamaulipas.
Aseguraban que una
casa de cambio llamada Centro de Divisas Barrera, en el 122 de Ponciano
Arriaga, en Morelia, era propiedad de Nicandro Barrera Medrano, El Nica, pero
estaba a nombre de sus familiares.
En la lista de
bienes presuntamente propiedad de Barrera Medrano incluían el motel Oasis, por
la salida de la libre a Guadalajara, en la calle Arboleda 80, colonia La Loma;
hasta la fecha sigue en funcionamiento.
En el documento se
referían a una mujer, Silvi, quien entonces vivía en Uruapan (número 22 de la
Calle 2 de la colonia Eduardo Ruiz) y presuntamente era pareja de Barrera
Medrano. Por si fuera poco daban el número de un celular del Nica y decían que
entonces él vivía en el lujoso fraccionamiento San Javier, de Monterrey.
“Los de inteligencia
militar le dieron seguimiento (a Barrera Medrano) hasta Monterrey, pero no
pudieron actuar y detenerlo porque El Nica era escoltado y cuidado por más de
40 sujetos armados, entre los que estaban varias autoridades de Monterrey”,
asentaban.
Daban pormenores de
las huertas del municipio de Ario usadas tanto para la siembra de durazno y
aguacate como para la producción de drogas sintéticas y almacenamiento de
armas. Mencionaban el rancho Santa Elena y la huerta Loma Bonita, la cual,
exponían, había pertenecido a Armando Valencia Cornelio, pero ya era propiedad
de Nazario Moreno y la administraba Martín Ibarra.
Como propiedades y
refugios de Servando Gómez Martínez, La Tuta, en Arteaga mencionaban dos casas:
una en Doctor Miguel Silva 53 y otra sin número; también un domicilio “en la
esquina que forman las calles Independencia con Avenida Principal.
LOS SOBORNOS
Tras expresar que
los jefes de “la organización del Cártel del Golfo en Michoacán pagan a las
diferentes autoridades estatales y federales”, añadían que el primer comandante
regional de la Policía Ministerial de Michoacán, Jehová Cortés López, recibía
20 mil dólares al mes por encargarse “de taparles los homicidios y otros
delitos cometidos, y les manda unas patrullas cuando están aquí en Morelia para
que los cuiden y los protejan”.
Aunque Cortés no fue
detenido sino hasta mayo de 2007, en efecto la PGR notificó que lo acusaba de
dar protección a Carlos Rosales Mendoza, “El Tísico”, del Cártel del Golfo.
La dependencia
refirió que cuando “El Tísico” fue detenido “se le aseguraron una escopeta, dos
armas de fuego, cuatro cargadores para AR-15, cartuchos útiles de diferentes
calibres, así como cinco gorras con insignias de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), cinco pantalones negros tipo comando, cinco
chamarras con insignias de la PGJE, dos videocámaras, cinco chalecos antibala,
un overol negro, una placa metálica con insignias de la PGR, cinco grabadoras
de cinta para escáner, un pasaporte, 11 mil 50 pesos, tres tarjetas bancarias y
50 panfletos de La Familia Michoacana”.
Los ciudadanos
también acusaban a Miguel Ángel Arellano Pulido, procurador estatal en 2004 y
2005, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008). Afirmaban que
aquél “recibió de Carlos Rosales, un mes antes de que lo agarraran (octubre de
2004), 100 mil dólares como regalo, pero no le dan mensualidad. Éstos (los
dólares) se los hicieron llegar con un hermano, no sabemos si hermano del procurador
o hermano de Carlos Rosales”.
En 2005 Arellano
renunció a la Procuraduría para convertirse en diputado federal.
Durante el periodo
de aprehensiones de presidentes municipales y funcionarios públicos acusados de
tener vínculos con la delincuencia organizada (2009) conocido como el
‘michoacanazo’, Arellano se amparó contra cualquier acción en su contra por
parte de la PGR.
En febrero de 2012,
a unos días de terminar su mandato, Leonel Godoy, gobernador de Michoacán de
extracción perredista, le concedió una patente para crear la Notaría número
165.
NADIE LES HIZO CASO
Los michoacanos
contaron a la PGR y a la SIEDO que la investigación la hicieron en poco más de
un mes y habían hecho contacto con miembros de inteligencia militar de Morelia,
pero sin ningún resultado.
A ellos “se les
remitió casi toda esta información, pero ya son casi 22 días y no vemos nada de
avances. Necesitamos que nos ayuden (...) pero es que personal de inteligencia
militar nos dijo que no confiáramos en nadie, porque podía pasar lo de
Apatzingán, cuando un AFI se fugó con un detenido en un cuartel de ellos”.
En el escrito
dirigido a Macedo de la Concha y a Santiago Vasconcelos, los ciudadanos
michoacanos les pidieron que la autoridad se mantuviera en contacto para
allegarle más información e incluso ofrecieron dos testigos de los crímenes de
quienes comenzaban a formar La Familia, a condición de que los metieran al
programa de testigos protegidos.
Todos los detalles y
esfuerzos ofrecidos por los ciudadanos fueron ignorados.
En principio habían
hecho llegar el documento a la PGR, pero al no estar seguros de que lo hubiera
recibido en propia mano el titular de la SIEDO, le pidieron a un legislador
federal de Michoacán entregarlo.
“Cuando vi la
información”, “se me puso la piel de gallina, era mucho riesgo. Pero dije: ‘Si
yo me echo para atrás, entonces ¿en quién va a confiar la gente?’”
Así, a finales de
abril de 2006 concertó una cita con Santiago Vasconcelos y cuando estuvo con él
en su oficina le indicó que iba a entregarle un documento del cual seguramente
ya tenía conocimiento. Según el testimonio del legislador, el titular de la
SIEDO le dijo que se trataba de “un documento cualquiera”.
“Le dije que no era
un documento cualquiera porque venía el nombre y el teléfono de la persona que
denunciaba, y venía mucha información sobre el crimen organizado en la entidad,
y lo menos que podía hacer la PGR era investigar y verificar la información.
“¿No lo quiere
firmar, no se quiere dar por enterado?”, le preguntó.
“Me compromete”,
respondió el subprocurador. “Ni a usted se lo voy a firmar”. Y dio por
terminado el encuentro.
“¿Por qué si tenían
esa información no pararon a esa gente y le pusieron un hasta aquí? Los dejaron
crecer. La pregunta es: ¿Los dejaron crecer gratis o recibieron algún estímulo
económico?”, continua el exdiputado.
Esto a pesar de que
68 por ciento de la población total de Michoacán se encuentra bajo el yugo de
los narcotraficantes.
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ PROCESO/ Anabel Hernández/ 2013-11-09 | 21:29)