MÉXICO,
D.F. (Apro).- Sergio García Ramírez era el Procurador General de la
República en 1985 cuando se desató el caso Camarena, la herida del
gobierno de Estados Unidos que se reabrió con la liberación de Rafael
Caro Quintero, uno de los jefes del desaparecido Cártel de Guadalajara.
Por
su cargo, fue el responsable de las investigaciones del secuestro,
tortura y asesinato del agente de la Administración Federal Antidrogas
(DEA, por sus siglas en inglés) a manos de ese cártel, según la
acusación de Estados Unidos.
Delegó la investigación en Manuel
Ibarra, el director de la Policía Judicial Federal (PJF), antecesora de
la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), hoy Policía Federal
Ministerial (PFM).
De acuerdo a la justicia estadunidense, y con
el consentimiento o no de García Ramírez, Ibarra hizo todo lo posible
para obstruir las detenciones de quienes planearon el secuestro y
quienes lo operaron.
Entre los primeros se acusó a Caro Quintero,
Ernesto Fonseca Carrillo –tío del fundador del Cártel de Juárez, Amado
Carrillo, y Miguel Ángel Félix Gallardo, tío de los hermanos Arellano
Félix, del Cártel de Tijuana.
De los autores materiales, el
gobierno estadunidense implicó a agentes de la PJF y de la también ya
desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), que dependía de la
secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Manuel Bartlett Díaz, hoy
senador por el Partido del Trabajo.
LA DFS desapareció en mayo de
ese mismo año en medio del escándalo por su participación en el
asesinato del periodista Manuel Buendía. Su director, José Antonio
Zorrilla Pérez, fue encarcelado, mientras que los principales agentes de
la policía secreta del régimen del PRI se dispersaron y varios de ellos
quedaron del lado del narcotráfico.
García Ramírez no sólo se
quedó al frente de la PGR, sino que tres años después, al igual que
Bartlett, fue aspirante a la presidencia de la República para suceder a
Miguel de la Madrid, fallecido el año pasado.
Jurista destacado, se refugió en la academia y en la burocracia internacional, aunque no dejó de servirle al PRI.
En 1997 fue designado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que llegó a presidir en 2004 durante cuatro años. Salió de ese cargo internacional en 2010.
En el ínter, fue secretario
general del PRI entre 2000 y 2001, por lo que fue protagonista de la
derrota de su partido ante Vicente Fox en las elecciones presidenciales
del 2000. Una década después, entre diciembre de 2011 y febrero de este
año fue consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), donde hizo otro
papelón. Su breve paso como consejero sólo fue para avalar la verdad
legal de que Peña Nieto no gastó más de lo debido en su campaña
presidencial, que no hubo ninguna ilegalidad y mucho menos lavado de
dinero.
Cumplido su servicio, se concentró de nuevo en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde es uno de sus
integrantes destacados.
Pero ni su discurso experto de juez
internacional ni mucho menos el de promotor del estado de derecho y por
ende de los derechos humanos coinciden con su actuación como político y
funcionario público.
Está negado a hablar de lo que pasó en el
caso Camarena a pesar de que ese capítulo representó uno de los peores
momentos para México por las presiones del gobierno y los medios
estadunidenses, que se dedicaron a denigrar la imagen de México.
Sin
faltarle razón, García Ramírez fue un fuerte crítico de la política
entreguista de Felipe Calderón a los estadunidenses en materia de
narcotráfico, pero no se atreve a aclarar lo que pasó en 1985 cuando él
era clave en la relación bilateral en ese tema.
No quiere salir al
paso para explicar la actuación de su jefe de policía. Lo menos que se
puede decir es que no tenía control sobre él. De otra manera, él mismo
estaría implicado en la protección gubernamental a los narcotraficantes
acusados por Estados Unidos.
Ni siquiera como jurista ahora se
atreve a pronunciarse sobre la resolución judicial que dejó en libertad a
Caro Quintero el pasado 9 de agosto después de 28 años de cárcel. Ahora
la PGR –esa misma que él encabezó– quiere controvertir ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por considerar que hay un problema
constitucional, otra de las áreas de interés de García Ramírez.
Pero
el fallo del Segundo Tribunal Unitario con sede en Jalisco que
favoreció al exnarcotraficante es un asunto eminentemente penal, una de
las áreas que más ha trabajado quien ahora está llamado a responder y a
contar la versión mexicana del caso Camarena.
Pero no quiere decir
nada. El silencio es su respuesta, refugiado en la opacidad y la
ausencia de rendición de cuentas, ésa que tanto pregona en sus discursos
e investigaciones a favor de la democracia.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
/15 de agosto de 2013)
