jueves, 8 de agosto de 2013

PERRO QUE ATACÓ AYER A ANCIANO EN LA PAZ, BCS, YA TENÍA REPORTE

2 - 1 perro que ataco a anciano

  • Fue el que le arrancó pedazo de brazo a anciano
  • Anteriormente había mordido a una mujer
La Paz, B.C.S.- El perro que ayer mordió en el brazo derecho a una persona de la tercera edad, a la que le arrancó un trozo de carne, ya había sido reportado a la policía municipal por un ataque anterior.

Tal y como les informamos, la mañana de ayer el señor Amado Avilés Agúndez, de 77 años de edad, había sido atacado por un can, cuando caminaba por la banqueta en las calle Marcelo Rubio Ruiz, entre Benito Juárez y Licenciado Verdad.

Fue una agresión demasiado violenta, por lo que el anciano, originario de El Triunfo, fue trasladado al hospital del Seguro Social, donde se trataría de injertar el pedazo de brazo que le arrancó el perro.
Elementos de la Policía Municipal estuvieron todando insistentemente en el domicilio donde está el perro, al parecer de la raza labrador (ver foto), sin embargo nadie les abrió.

Se recuerda el que el jueves 11 de julio anterior, también por la mañana, una mujer fue mordida por el mismo perro y ocurrió lo mismo. Nadie se hizo responsable por las heridas que le causó el animal.

(COLECTIVO PERICU/  Redacción/ 08 de Agosto 2013)

AUTORIZA SEMARNAT CONSTRUCCIÓN DE TIROLESA EN EL ESTADO "EL SOLDADO" EN SAN CARLOS NUEVOS, GUAYMAS

Con el fin de conservar la biodiversidad y los servicios ambientales que presta el ecosistema, la CEDES está desarrollando una serie de obras y actividades en el Área Natural Protegida Estatal del Estero del Soldado, en San Carlos, Nuevo Guaymas.

Mediante Oficio resolutivo No, SGPA/DGIRA/DG/04352, de fecha 24 de junio de 2013, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, emitió la autorización para el proyecto "Obras y actividades para la conservación de la biodiversidad del estero "El Soldado"", promovido por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable.

En el término primero de dicho oficio resolutivo, la SEMARNAT resuelve autorizar el impacto ambiental de las siguientes obras y actividades como la construcción y operación de tres torres con dos plataformas, con cableado de acero.

Así como la conclusión de la construcción y la puesta en operación de una palapa para servicios, una casa ecológica que apoye la investigación científica del estero y una área de recepción de los visitantes al área natural protegida.

Como parte de las condicionantes bajo las cuales quedó sujeta la realización de las obras y actividades del proyecto autorizado, la SEMARNAT le estableció a la CEDES, la obligación de diseñar e instrumentar un Programa General de Monitoreo Ambiental de las condiciones del humedal, a fin de llevar un riguroso control sobre el desempeño del proyecto sobre la vegetación de manglar y los ecosistemas presentes en la zona de influencia.

Para tales fines, la CEDES ha llevado a cabo una serie de reuniones con grupos ambientalistas y académicos quienes apoyarán en el desarrollo de dicho Programa.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/  Comunicado/ Jueves, 08 de Agosto de 2013 16:09) 

GRAVES REGRESIONES

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens. Foto: Germán Canseco

Graves regresiones

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia económica dispone la creación de dos organismos constitucionales autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). La designación de sus integrantes, prevista en el artículo 28 de la Constitución, establece un novedoso modelo que habría de mejorar las prácticas existentes. La realidad, empero, apunta hacia el camino contrario. Veamos por qué afirmo lo anterior.

Primero. El artículo 28 constitucional dispone que el Comité de Evaluación, integrado por los titulares del INEGI, del Banco de México y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia (cursivas mías)”.

Las convocatorias públicas para integrar el Ifetel y la Cofece contradicen el mandato constitucional y abren la puerta de par en par a la suspicacia tan nuestra.

 En efecto, con convocatorias mal fundadas y motivadas, el comité decidió que la sociedad no tiene derecho a saber los nombres y apellidos de los mexicanos que se sacrificarán por la patria, como la convocatoria del Ifetel señala: “7. 

A más tardar el 29 de julio de 2013, el Comité de Evaluación publicará en el Portal de Internet y enviará a publicar en el Diario Oficial de la Federación la relación que contenga únicamente los números de los folios de aquellos aspirantes que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos, sin que dé a conocer sus nombres”. Las mismas disposiciones tiene la convocatoria para conformar la Cofece.

Al margen de la Constitución y la ley, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, del INEE; Agustín Guillermo Carstens Carstens, de Banxico, y Eduardo Sojo Garza-Aldape, del INEGI, llegaron incluso a fortalecer al máximo la opacidad, habida cuenta que las convocatorias señalan que los nombres y apellidos de los aspirantes se mantendrán en secreto de manera indefinida. En el numeral 9 de la de Ifetel se evidencia su espíritu secretista: “Los datos personales de los aspirantes son confidenciales aun después de concluido el procedimiento de selección”.

Esta medida no sólo es inconstitucional, sino regresiva de las prácticas institucionales en México. Como es sabido, los aspirantes a consejeros del IFE, del IEDF, el presidente de la CNDH o de la CDHDF, tan sólo por citar unos ejemplos, fueron dados a conocer en tiempo y forma, sin que paradójicamente hubiera una orden constitucional específica de realizar ese acto de transparencia, como sí está previsto para integrar la Cofece y el Ifetel. Hay que recordar además que nadie obliga a los interesados a formar parte de la estructura del poder del Estado y que su aceptación implica sujetarse al control del escrutinio público.

Segundo. Las convocatorias en cuestión ponen en práctica la discriminación prohibida por el artículo 1º, párrafo quinto, de la Constitución, y por el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al solicitar “cartas de no antecedentes penales” a los interesados. Sobra decir que en el Distrito Federal y en Tabasco, a vías de ejemplo, no existen esos documentos precisamente por ser considerados discriminatorios. 

Peor aún, ya en el desaseo jurídico, las convocatorias solicitan requisitos de imposible cumplimiento para personas de varias entidades federativas, pues si bien es cierto que aceptan como documento sustituto la “carta de no antecedentes penales” federal, también lo es que ese documento tampoco lo emite la PGR, la cual sólo otorga el de “antecedentes registrales”, que jurídicamente es distinto.

Del mismo modo, las convocatorias son omisas en transparentar otro aspecto medular: el relativo a quién o quiénes calificarán los exámenes practicados a los aspirantes. 

Tampoco hay candados para garantizar que quien obtuvo la más alta calificación fue evaluado con idéntico criterio que quien tuvo notas inferiores. 

La única salida a este problema es observar el mandato expreso del artículo 28 constitucional y hacer públicos los exámenes calificados para no dejar duda alguna. Hay que recordar que esta tarea no es un acto de fe, sino de autoridad y constitucionalmente público.

En la misma línea se inscribe el tema concerniente a la integración de las listas compuestas de entre tres y cinco de los aspirantes con las calificaciones más altas. 

No hay públicamente un criterio metodológico para realizar esta labor, cuya importancia reside en el hecho de que la ubicación en una lista o en otra puede hacer la diferencia para ser comisionado o no; es decir, si un aspirante aparece en una lista donde también se encuentran personajes con visible cercanía con un partido político, tendrá menores oportunidades que si aparece en otra donde no hay cuotas partidistas o son menores.

Tercero. La debilidad jurídica que sostiene la validez de las citadas convocatorias permite que éstas o actos derivados de las mismas puedan eventualmente impugnarse por la vía de amparo; de entrada, por algún aspirante inconforme. Si bien es verdad que la convocatoria del Ifetel señala en el numeral 9 que el aspirante acepta por el hecho de inscribirse los términos de la convocatoria, no lo es menos que los derechos humanos son irrenunciables. 

Con toda claridad, el artículo 103, fracción 1 de la Constitución, dispone que: “Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

Esta posibilidad podría implicar la reposición del procedimiento para ajustarse a lo ordenado por la Constitución, además de establecer las responsabilidades legales en que podrían incurrir los titulares del IEE, Banxico e INEGI.

evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com
/ 8 de agosto de 2013)

CASO MANNING: VENGANZA, NO JUSTICIA

El soldado Bradley Manning. Foto: AP

El juicio al estadunidense Bradley Manning se convirtió en un proceso para satanizar la conciencia de un militar asqueado por las acciones criminales del país “líder del mundo libre”. Finalmente el joven que filtró información comprometedora del gobierno de Estados Unidos al portal WikiLeaks fue aplastado por sus fiscales, que en ningún momento buscaron justicia sino castigar, vengarse de un “indisciplinado”.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde un helicóptero Apache los marines creen distinguir una ametralladora, decenas de metros abajo, en manos de un hombre.

“Mire con atención el video”, exhorta David Coombs, abogado de Bradley Manning a la presidenta de la corte marcial, la coronel Denise Lind, durante la audiencia que el pasado 26 de julio se celebró en Fort Meade, Maryland, como parte del juicio que se sigue contra el soldado estadunidense.

En la pantalla instalada en la sala se ve que los soldados a bordo del helicóptero piden autorización para disparar. Por la radio, una voz les da la luz verde. En una nube de polvo caen ocho individuos que rodean al hombre supuestamente armado. El único sobreviviente repta con dificultad sobre la banqueta.

“Este tipo está tirado. Claramente está herido. Le vamos a disparar más”, continúa el abogado y señala las imágenes de la pantalla. “Objetivo. Así calificamos a personas para que su asesinato no pese sobre la conciencia”, añade.

El video muestra luego una camioneta de civiles que se detiene para auxiliar al herido.

“Más disparos. Sólo disparos”, comenta Coombs, en referencia a los 12 civiles asesinados el 27 de julio de 2007; dos de ellos eran empleados de la agencia de noticias Reuters. Los marines confundieron la cámara que portaba uno de ellos con un arma. El evento quedó grabado en blanco y negro por las cámaras del helicóptero.

En la sala del juicio la escena es surrealista: el abogado exhibe crímenes de guerra a una corte formada únicamente por militares que representan al gobierno estadunidense.

Esta audiencia era crucial. Era la última oportunidad de Coombs para convencer a la juez de su argumento central: Manning era un joven de 22 años, “idealista” e “ingenuo”, que intentó denunciar las injusticias y excesos de las guerras en Irak y Afganistán y hacer públicos sus secretos.

Sin embargo en la siguiente audiencia –el 30 de julio– la juez declaró culpable al soldado de 20 de los 22 delitos que la fiscalía le había imputado, entre ellos “robo de información” y “violación de la Ley de Espionaje”. Su sentencia podría alcanzar 130 años de cárcel, pena aún sujeta a negociación entre las partes. Su condena definitiva se dará a conocer en las próximas semanas.

Manning se salvó de ser sentenciado por el delito más grave: “ayuda al enemigo”, lo cual hubiera abierto la puerta a la cadena perpetua sin derecho a comunicarse con el exterior (sanción exclusiva de una corte marcial).

“Transcripciones” del juicio Manning vs. Estados Unidos –que se llevó a cabo entre el 3 de junio y el 30 de julio pasados– fueron difundidas por la organización civil Fundación Libertad de Prensa. Dos de sus integrantes cubrieron las sesiones abiertas a la prensa. 

Con base en esas transcripciones es posible reconstruir algunos aspectos clave de dicho juicio, así como la manera en que el soldado realizó la mayor filtración de documentos clasificados de Estados Unidos.

Informante

El soldado de primera clase Bradley Manning llegó a Irak en octubre de 2009. En su calidad de analista de información de inteligencia fue asignado a la Unidad de Operativos Futuros, ubicada en la Base de Operativos Avanzados de Hammer, cerca de Bagdad.

Manning se familiarizó rápidamente con sus herramientas informáticas. El acceso a la red militar Siprnet le permitía recoger documentos clasificados para producir análisis útiles a las tropas sobre el campo de batalla. 

Estos reportes eran “excelentes” y “muy bien organizados”, según afirmaron durante el juicio sus superiores jerárquicos, los jefes de brigada Kyle Balonek y Hondo Hack.

El analista utilizaba a diario bases de datos CIDNE-I y CIDNE-A, que contenían los archivos “SigActs”, en los cuales se registraban ataques o actividades notables realizadas por los marines en Irak y Afganistán. 

 Debido al calor, la arena y el polvo las computadoras con las cuales trabajaba a veces se bloqueaban y en estos casos perdía todo su trabajo. Por lo tanto, guardaba en discos copias de estas bases de datos.

El analista empezó a adoptar un punto de vista crítico sobre las operaciones militares estadunidenses. “Para llevar a cabo nuestros operativos antiterroristas y de contrainsurgencia nos volvimos obsesivos en capturar y matar objetivos humanos con base en listas, sin darnos cuenta de que se nos agotaba la cooperación con nuestros socios”, por lo que “pensaba que si el público, especialmente el estadunidense, tuviera acceso a esta información, se podría lanzar un debate nacional”, justificó Manning el pasado 28 de febrero, durante una audiencia previa al juicio.

El 23 de enero de 2010 el soldado aprovechó sus dos semanas de permiso para ir a la casa de sus tíos en Maryland. Antes de salir de Irak guardó copias de las dos bases de datos (CIDNE-I y CIDNE-A) en la tarjeta de memoria de su cámara fotográfica, con la intención de divulgarlos una vez que estuviera en Estados Unidos.

“En este momento opinaba, y todavía opino, que estas bases de datos son dos de los documentos más importantes de nuestra época”, contó en dicha audiencia previa. Los describió como “diarios”, para “entender las guerras no convencionales desde el terreno”.

Pero enfrentó el desinterés de los periódicos The Washington Post y The New York Times. Entonces se conectó a un chat de WikiLeaks, que frecuentaba desde hacía varias semanas, donde preguntó quién estaría interesado por un documento que informaba sobre “el verdadero precio de la guerra en Irak y Afganistán”. 

Un internauta que usó el seudónimo de Nathaniel Franck lo orientó sobre cómo subir archivos a la plataforma de WikiLeaks. Así filtró los primeros documentos en su poder.

Mientras la organización cotejaba esos documentos –los cuales publicó el 25 de julio y el 22 de octubre de 2010 con los títulos de Diario de la guerra en Afganistán y Registro de la guerra en Irak, respectivamente– Manning regresó a su unidad en Irak.

En febrero de ese año se enteró de que la agencia Reuters había pedido al ejército de Estados Unidos una copia del video del ataque en el que murieron dos de sus empleados. 

Éste le contestó que ya no existía y no dio explicaciones. Manning accedió a la base de datos del ejército y descargó el video. Utilizó para ello el programa Wget.

 Luego, mediante procesos de encriptación lo entregó a WikiLeaks, portal que lo publicó el 5 de abril de 2010 con el título de Asesinato colateral.

Entre enero y mayo de 2010 Manning proporcionó a WikiLeaks más de 700 mil documentos clasificados: registros de las acciones significativas de las guerras de Irak y Afganistán, información sobre presos de la cárcel de Guantánamo y unos 250 mil cables diplomáticos de Estados Unidos.

No le fue difícil al fiscal afirmar ante la corte marcial que Manning realizó estos actos.

De hecho el pasado 28 de febrero, por voluntad propia, Manning relató detalladamente cómo accedía a las bases de datos, cómo sacaba copias electrónicas de los documentos, cómo se comunicó por primera vez con WikiLeaks y cómo posteriormente le filtró los documentos, así como los motivos que lo llevaron a realizar tales actos. 

“Conforme iba leyendo los cables me di cuenta de los tratos escondidos y actividades criminales que no parecían acordes con los principios del líder de facto del mundo libre”, dijo ante la juez, en referencia a Estados Unidos.

Después de dos horas de declaración reconoció que era “culpable” de 10 de los 22 delitos que se le imputaban.

Lind no lo podía creer.

–¿Se da cuenta de que está regalando una “declaración desnuda” (una confesión sin negociar una reducción de pena)? ¿Entiende que al confirmar sus dichos, el fiscal no los tendrá que comprobar? –le preguntó Lind dos veces.

–Sí, su señoría –ratificó Manning.

Estrategia legal

En una audiencia previa al juicio –el pasado 8 de enero– el fiscal principal del caso, el mayor Ashden Fein, pidió a la juez que no se otorgara valor alguno a “las buenas intenciones” del joven soldado, que lo motivaron a entregar los documentos a WikiLeaks. Aseveró que sólo los “actos” se constituían en pruebas.

Por ello Coombs utilizó la estrategia de que Manning asumiera primero sus actos para después enfocarse en sus motivos, según se deduce de las transcripciones de la Fundación Libertad de Prensa. Ello además lanzaría un mensaje a la opinión pública: el soldado reveló sólo aquello que el sentido común considera justo.

Durante el juicio Manning aseguró que más de 1 millón de personas tienen acceso directo a los SigActs y que éstos no llevan información ultrasecreta. Coombs los calificó de “documentos históricos que relatan hechos pasados” y aseguró que el soldado los había elegido con precaución.

Además sostuvo que Manning tenía acceso a la base de datos HumInt, mucho más relevante para el “enemigo” que los SigActs.

Por su parte Fein aseveró que la divulgación de estos documentos clasificados representaba un peligro para los soldados, ya que los enemigos podían saber más sobre las tácticas del ejército. Sin embargo no logró comprobar que generaron daños.

Además el fiscal trató de demostrar –sin éxito– que Manning buscaba datos específicos en función de lo que solicitaba WikiLeaks en su “lista de filtraciones más buscadas”.

“Prefirió la lealtad a WikiLeaks y a Julian Assange que a la bandera de Estados Unidos”, afirmó Fein en la audiencia del 26 de julio.

“Si (Manning) hubiera trabajado para WikiLeaks, hubiera sido el peor empleado del año. Tenía acceso a todo lo que la organización quería sobre Estados Unidos”, ironizó el abogado del soldado. “Pensaba que estos cables no podían dañar a Estados Unidos. Pero sí pensaba que podían molestar al gobierno”, añadió.

En la corte los instructores de Manning en el ejército aseguraron que durante su entrenamiento éste fue notificado sobre los riesgos de difundir en internet información clasificada. De hecho firmó un documento en el que se comprometió a no divulgar secretos militares.

Fein describió a WikiLeaks como “una fuente de información de inteligencia para los adversarios”. Sostuvo que el líder de esta organización, Assange, enviaba órdenes a Manning.

Ante la descalificación que el fiscal lanzó contra WikiLeaks, Coombs presentó como testigo de la defensa a Yochai Benkler, profesor de derecho en Harvard y autor del artículo Una prensa libre irresponsable y WikiLeaks. Tras su testimonio, la juez aceptó que esta organización “es periodística si se entiende por periodismo la recolección de información relevante para el público”.

Benkler, el único testigo civil del juicio, señaló que antes de la divulgación de los datos sobre las guerras de Irak y Afganistán los medios estadunidenses utilizaban como fuente a WikiLeaks.

–¿Estará de acuerdo en que la divulgación masiva de documentos es, de alguna forma, inconsistente con el periodismo? –le preguntó el fiscal a Benkler.

–No, ¿por qué estaría de acuerdo? –respondió el académico–. 

Permitió realizar investigaciones independientes sobre el número de muertos en estas guerras.

Delación

Manning, apasionado de la geopolítica y la informática, pasaba en Irak la mayoría de su tiempo libre en su computadora o en la zona para fumar, contó su compañero de cuarto, Eric Baker, durante la audiencia del 4 de junio.

“Hablaba mucho de política”, contó por su parte su supervisora, Jihrleah Showman, quien lo consideró un “demócrata extremo”. Un compañero suyo, David Sandtler, testimonió que Manning se escandalizaba por la ayuda que el ejército estadunidense brindaba a la policía iraquí para encontrar y asesinar a opositores políticos.

Durante el juicio, defensa y fiscales utilizaron reportes de conversaciones por chat que Manning tuvo con Adrian Lamo entre el 20 y el 26 de mayo de 2010. Lamo era un activista gay y hacker quien en 2004 fue detenido después de que crackeó los portales de The New York Times, Microsoft y Lexis-Nexis. Manning lo contactó pues pensó que éste “lo entendería”. Necesitaba “soporte moral y emocional”, según declaró durante el juicio.

El 21 de mayo de 2010 Manning le preguntó: “Si tuvieras un reino libre sobre redes clasificadas largo tiempo… digamos 8-9 meses… y que vieras cosas increíbles, cosas horribles… cosas que pertenecen al dominio público y no a un servidor ubicado en una sala oscura de Washington… ¿qué harías?”.

Posteriormente le confesó que había filtrado documentos clasificados. “En otras palabras, provoqué un inmenso desmadre”, le dijo Manning a Lamo, lo que le permitió a Fein aseverar durante el juicio que el joven soldado era un “anarquista” quien “identificó una debilidad y la explotó sin buenas intenciones”.

Manning no se dio cuenta de que mientras se confesaba con Lamo éste lo delataba con Antonio Edwards, agente especial del Comando de Investigación Criminal del Ejército.

El 27 de mayo Manning fue detenido en Irak. Lo transfirieron a Kuwait, donde permaneció tres meses en el campo Arifjan antes de ser remitido a los de Quantico, Virginia y luego al de Fort Leavenworth.

Manning estuvo preso nueve meses en Quantico. Durante ese lapso permaneció 23 horas al día en una celda de máxima seguridad de dos por tres metros. Estuvo en “observación” constante para que no se suicidara. No tenía derecho de acostarse durante el día ni de recargar su espalda contra la pared.

El analista Nathan Fuller, quien asistió a todas las audiencias del caso Manning, relató en noviembre de 2012 que el objetivo de la corte militar no era la justicia sino la disciplina.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comisionó a Juan Méndez, relator especial sobre Tortura, Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes, para investigar la situación carcelaria del soldado. Después de 14 meses de investigación concluyó que “las condiciones de detención han podido constituir actos de tortura”.

“Gracias” a este maltrato Manning, actualmente de 25 años, podrá descontar 112 días de su condena final, según decidió la juez.

Al empezar su juicio en junio de 2013, más de tres años después de su detención, Manning se convirtió en el preso militar con mayor periodo de encarcelamiento en espera de juicio desde la guerra de Vietnam.

En un chat que sostuvo con un amigo virtual en 2009 –un año antes de que lo detuvieran– se lamentaba: “A veces me gustaría que todo fuera blanco y negro, como lo presentan los medios y los políticos: él es el villano y él es el bueno… Pero todo es en tonos borrosos de gris”.

/8 de agosto de 2013)  

CASO MANNING: VENGANZA, NO JUSTICIA

El soldado Bradley Manning. Foto: AP

El juicio al estadunidense Bradley Manning se convirtió en un proceso para satanizar la conciencia de un militar asqueado por las acciones criminales del país “líder del mundo libre”. Finalmente el joven que filtró información comprometedora del gobierno de Estados Unidos al portal WikiLeaks fue aplastado por sus fiscales, que en ningún momento buscaron justicia sino castigar, vengarse de un “indisciplinado”.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde un helicóptero Apache los marines creen distinguir una ametralladora, decenas de metros abajo, en manos de un hombre.

“Mire con atención el video”, exhorta David Coombs, abogado de Bradley Manning a la presidenta de la corte marcial, la coronel Denise Lind, durante la audiencia que el pasado 26 de julio se celebró en Fort Meade, Maryland, como parte del juicio que se sigue contra el soldado estadunidense.

En la pantalla instalada en la sala se ve que los soldados a bordo del helicóptero piden autorización para disparar. Por la radio, una voz les da la luz verde. En una nube de polvo caen ocho individuos que rodean al hombre supuestamente armado. El único sobreviviente repta con dificultad sobre la banqueta.

“Este tipo está tirado. Claramente está herido. Le vamos a disparar más”, continúa el abogado y señala las imágenes de la pantalla. “Objetivo. Así calificamos a personas para que su asesinato no pese sobre la conciencia”, añade.

El video muestra luego una camioneta de civiles que se detiene para auxiliar al herido.

“Más disparos. Sólo disparos”, comenta Coombs, en referencia a los 12 civiles asesinados el 27 de julio de 2007; dos de ellos eran empleados de la agencia de noticias Reuters. Los marines confundieron la cámara que portaba uno de ellos con un arma. El evento quedó grabado en blanco y negro por las cámaras del helicóptero.

En la sala del juicio la escena es surrealista: el abogado exhibe crímenes de guerra a una corte formada únicamente por militares que representan al gobierno estadunidense.

Esta audiencia era crucial. Era la última oportunidad de Coombs para convencer a la juez de su argumento central: Manning era un joven de 22 años, “idealista” e “ingenuo”, que intentó denunciar las injusticias y excesos de las guerras en Irak y Afganistán y hacer públicos sus secretos.

Sin embargo en la siguiente audiencia –el 30 de julio– la juez declaró culpable al soldado de 20 de los 22 delitos que la fiscalía le había imputado, entre ellos “robo de información” y “violación de la Ley de Espionaje”. Su sentencia podría alcanzar 130 años de cárcel, pena aún sujeta a negociación entre las partes. Su condena definitiva se dará a conocer en las próximas semanas.

Manning se salvó de ser sentenciado por el delito más grave: “ayuda al enemigo”, lo cual hubiera abierto la puerta a la cadena perpetua sin derecho a comunicarse con el exterior (sanción exclusiva de una corte marcial).

“Transcripciones” del juicio Manning vs. Estados Unidos –que se llevó a cabo entre el 3 de junio y el 30 de julio pasados– fueron difundidas por la organización civil Fundación Libertad de Prensa. Dos de sus integrantes cubrieron las sesiones abiertas a la prensa. 

Con base en esas transcripciones es posible reconstruir algunos aspectos clave de dicho juicio, así como la manera en que el soldado realizó la mayor filtración de documentos clasificados de Estados Unidos.

Informante

El soldado de primera clase Bradley Manning llegó a Irak en octubre de 2009. En su calidad de analista de información de inteligencia fue asignado a la Unidad de Operativos Futuros, ubicada en la Base de Operativos Avanzados de Hammer, cerca de Bagdad.

Manning se familiarizó rápidamente con sus herramientas informáticas. El acceso a la red militar Siprnet le permitía recoger documentos clasificados para producir análisis útiles a las tropas sobre el campo de batalla. 

Estos reportes eran “excelentes” y “muy bien organizados”, según afirmaron durante el juicio sus superiores jerárquicos, los jefes de brigada Kyle Balonek y Hondo Hack.

El analista utilizaba a diario bases de datos CIDNE-I y CIDNE-A, que contenían los archivos “SigActs”, en los cuales se registraban ataques o actividades notables realizadas por los marines en Irak y Afganistán. 

 Debido al calor, la arena y el polvo las computadoras con las cuales trabajaba a veces se bloqueaban y en estos casos perdía todo su trabajo. Por lo tanto, guardaba en discos copias de estas bases de datos.

El analista empezó a adoptar un punto de vista crítico sobre las operaciones militares estadunidenses. “Para llevar a cabo nuestros operativos antiterroristas y de contrainsurgencia nos volvimos obsesivos en capturar y matar objetivos humanos con base en listas, sin darnos cuenta de que se nos agotaba la cooperación con nuestros socios”, por lo que “pensaba que si el público, especialmente el estadunidense, tuviera acceso a esta información, se podría lanzar un debate nacional”, justificó Manning el pasado 28 de febrero, durante una audiencia previa al juicio.

El 23 de enero de 2010 el soldado aprovechó sus dos semanas de permiso para ir a la casa de sus tíos en Maryland. Antes de salir de Irak guardó copias de las dos bases de datos (CIDNE-I y CIDNE-A) en la tarjeta de memoria de su cámara fotográfica, con la intención de divulgarlos una vez que estuviera en Estados Unidos.

“En este momento opinaba, y todavía opino, que estas bases de datos son dos de los documentos más importantes de nuestra época”, contó en dicha audiencia previa. Los describió como “diarios”, para “entender las guerras no convencionales desde el terreno”.

Pero enfrentó el desinterés de los periódicos The Washington Post y The New York Times. Entonces se conectó a un chat de WikiLeaks, que frecuentaba desde hacía varias semanas, donde preguntó quién estaría interesado por un documento que informaba sobre “el verdadero precio de la guerra en Irak y Afganistán”. 

Un internauta que usó el seudónimo de Nathaniel Franck lo orientó sobre cómo subir archivos a la plataforma de WikiLeaks. Así filtró los primeros documentos en su poder.

Mientras la organización cotejaba esos documentos –los cuales publicó el 25 de julio y el 22 de octubre de 2010 con los títulos de Diario de la guerra en Afganistán y Registro de la guerra en Irak, respectivamente– Manning regresó a su unidad en Irak.

En febrero de ese año se enteró de que la agencia Reuters había pedido al ejército de Estados Unidos una copia del video del ataque en el que murieron dos de sus empleados. 

Éste le contestó que ya no existía y no dio explicaciones. Manning accedió a la base de datos del ejército y descargó el video. Utilizó para ello el programa Wget.

 Luego, mediante procesos de encriptación lo entregó a WikiLeaks, portal que lo publicó el 5 de abril de 2010 con el título de Asesinato colateral.

Entre enero y mayo de 2010 Manning proporcionó a WikiLeaks más de 700 mil documentos clasificados: registros de las acciones significativas de las guerras de Irak y Afganistán, información sobre presos de la cárcel de Guantánamo y unos 250 mil cables diplomáticos de Estados Unidos.

No le fue difícil al fiscal afirmar ante la corte marcial que Manning realizó estos actos.

De hecho el pasado 28 de febrero, por voluntad propia, Manning relató detalladamente cómo accedía a las bases de datos, cómo sacaba copias electrónicas de los documentos, cómo se comunicó por primera vez con WikiLeaks y cómo posteriormente le filtró los documentos, así como los motivos que lo llevaron a realizar tales actos. 

“Conforme iba leyendo los cables me di cuenta de los tratos escondidos y actividades criminales que no parecían acordes con los principios del líder de facto del mundo libre”, dijo ante la juez, en referencia a Estados Unidos.

Después de dos horas de declaración reconoció que era “culpable” de 10 de los 22 delitos que se le imputaban.

Lind no lo podía creer.

–¿Se da cuenta de que está regalando una “declaración desnuda” (una confesión sin negociar una reducción de pena)? ¿Entiende que al confirmar sus dichos, el fiscal no los tendrá que comprobar? –le preguntó Lind dos veces.

–Sí, su señoría –ratificó Manning.

Estrategia legal

En una audiencia previa al juicio –el pasado 8 de enero– el fiscal principal del caso, el mayor Ashden Fein, pidió a la juez que no se otorgara valor alguno a “las buenas intenciones” del joven soldado, que lo motivaron a entregar los documentos a WikiLeaks. Aseveró que sólo los “actos” se constituían en pruebas.

Por ello Coombs utilizó la estrategia de que Manning asumiera primero sus actos para después enfocarse en sus motivos, según se deduce de las transcripciones de la Fundación Libertad de Prensa. Ello además lanzaría un mensaje a la opinión pública: el soldado reveló sólo aquello que el sentido común considera justo.

Durante el juicio Manning aseguró que más de 1 millón de personas tienen acceso directo a los SigActs y que éstos no llevan información ultrasecreta. Coombs los calificó de “documentos históricos que relatan hechos pasados” y aseguró que el soldado los había elegido con precaución.

Además sostuvo que Manning tenía acceso a la base de datos HumInt, mucho más relevante para el “enemigo” que los SigActs.

Por su parte Fein aseveró que la divulgación de estos documentos clasificados representaba un peligro para los soldados, ya que los enemigos podían saber más sobre las tácticas del ejército. Sin embargo no logró comprobar que generaron daños.

Además el fiscal trató de demostrar –sin éxito– que Manning buscaba datos específicos en función de lo que solicitaba WikiLeaks en su “lista de filtraciones más buscadas”.

“Prefirió la lealtad a WikiLeaks y a Julian Assange que a la bandera de Estados Unidos”, afirmó Fein en la audiencia del 26 de julio.

“Si (Manning) hubiera trabajado para WikiLeaks, hubiera sido el peor empleado del año. Tenía acceso a todo lo que la organización quería sobre Estados Unidos”, ironizó el abogado del soldado. “Pensaba que estos cables no podían dañar a Estados Unidos. Pero sí pensaba que podían molestar al gobierno”, añadió.

En la corte los instructores de Manning en el ejército aseguraron que durante su entrenamiento éste fue notificado sobre los riesgos de difundir en internet información clasificada. De hecho firmó un documento en el que se comprometió a no divulgar secretos militares.

Fein describió a WikiLeaks como “una fuente de información de inteligencia para los adversarios”. Sostuvo que el líder de esta organización, Assange, enviaba órdenes a Manning.

Ante la descalificación que el fiscal lanzó contra WikiLeaks, Coombs presentó como testigo de la defensa a Yochai Benkler, profesor de derecho en Harvard y autor del artículo Una prensa libre irresponsable y WikiLeaks. Tras su testimonio, la juez aceptó que esta organización “es periodística si se entiende por periodismo la recolección de información relevante para el público”.

Benkler, el único testigo civil del juicio, señaló que antes de la divulgación de los datos sobre las guerras de Irak y Afganistán los medios estadunidenses utilizaban como fuente a WikiLeaks.

–¿Estará de acuerdo en que la divulgación masiva de documentos es, de alguna forma, inconsistente con el periodismo? –le preguntó el fiscal a Benkler.

–No, ¿por qué estaría de acuerdo? –respondió el académico–. 

Permitió realizar investigaciones independientes sobre el número de muertos en estas guerras.

Delación

Manning, apasionado de la geopolítica y la informática, pasaba en Irak la mayoría de su tiempo libre en su computadora o en la zona para fumar, contó su compañero de cuarto, Eric Baker, durante la audiencia del 4 de junio.

“Hablaba mucho de política”, contó por su parte su supervisora, Jihrleah Showman, quien lo consideró un “demócrata extremo”. Un compañero suyo, David Sandtler, testimonió que Manning se escandalizaba por la ayuda que el ejército estadunidense brindaba a la policía iraquí para encontrar y asesinar a opositores políticos.

Durante el juicio, defensa y fiscales utilizaron reportes de conversaciones por chat que Manning tuvo con Adrian Lamo entre el 20 y el 26 de mayo de 2010. Lamo era un activista gay y hacker quien en 2004 fue detenido después de que crackeó los portales de The New York Times, Microsoft y Lexis-Nexis. Manning lo contactó pues pensó que éste “lo entendería”. Necesitaba “soporte moral y emocional”, según declaró durante el juicio.

El 21 de mayo de 2010 Manning le preguntó: “Si tuvieras un reino libre sobre redes clasificadas largo tiempo… digamos 8-9 meses… y que vieras cosas increíbles, cosas horribles… cosas que pertenecen al dominio público y no a un servidor ubicado en una sala oscura de Washington… ¿qué harías?”.

Posteriormente le confesó que había filtrado documentos clasificados. “En otras palabras, provoqué un inmenso desmadre”, le dijo Manning a Lamo, lo que le permitió a Fein aseverar durante el juicio que el joven soldado era un “anarquista” quien “identificó una debilidad y la explotó sin buenas intenciones”.

Manning no se dio cuenta de que mientras se confesaba con Lamo éste lo delataba con Antonio Edwards, agente especial del Comando de Investigación Criminal del Ejército.

El 27 de mayo Manning fue detenido en Irak. Lo transfirieron a Kuwait, donde permaneció tres meses en el campo Arifjan antes de ser remitido a los de Quantico, Virginia y luego al de Fort Leavenworth.

Manning estuvo preso nueve meses en Quantico. Durante ese lapso permaneció 23 horas al día en una celda de máxima seguridad de dos por tres metros. Estuvo en “observación” constante para que no se suicidara. No tenía derecho de acostarse durante el día ni de recargar su espalda contra la pared.

El analista Nathan Fuller, quien asistió a todas las audiencias del caso Manning, relató en noviembre de 2012 que el objetivo de la corte militar no era la justicia sino la disciplina.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comisionó a Juan Méndez, relator especial sobre Tortura, Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes, para investigar la situación carcelaria del soldado. Después de 14 meses de investigación concluyó que “las condiciones de detención han podido constituir actos de tortura”.

“Gracias” a este maltrato Manning, actualmente de 25 años, podrá descontar 112 días de su condena final, según decidió la juez.

Al empezar su juicio en junio de 2013, más de tres años después de su detención, Manning se convirtió en el preso militar con mayor periodo de encarcelamiento en espera de juicio desde la guerra de Vietnam.

En un chat que sostuvo con un amigo virtual en 2009 –un año antes de que lo detuvieran– se lamentaba: “A veces me gustaría que todo fuera blanco y negro, como lo presentan los medios y los políticos: él es el villano y él es el bueno… Pero todo es en tonos borrosos de gris”.

/8 de agosto de 2013)  

LA TRAMA DE MARISELA MORALES PARA FABRICAR CULPABLES

La exprocuradora general de la República, Marisela Morales. Foto: Germán Canseco

Juan Carlos de la Barrera Vite, quien fue titular de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud cuando Marisela Morales estuvo al frente de la SIEDO, lleva un año preso por delitos inventados por testigos protegidos. En entrevista con Proceso afirma que entonces la actual cónsul de México en Milán dio instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran en el narco a varios políticos de peso, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador y al propio Enrique Peña Nieto.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- “Las confesiones del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande –quien según la Procuraduría General de la República vendió en miles de dólares a los Cabrera Sarabia, una de las células del Cártel de Sinaloa–, no existen (es decir, son falsas)”, sostiene Juan Carlos de la Barrera Vite, preso desde hace un año en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

Y arguye: “Es una venganza de Marisela Morales Ibáñez (porque) me negué a fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban al gobierno… Lo hizo para implicarme, incluso manipuló declaraciones de dos testigos protegidos de claves: Libre y X ”.

De la Barrera Vite trabajó con Morales cuando la funcionaria era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO). Ella, dice, lo nombró en junio de 2010 como responsable de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.

Con la detención de De la Barrera el 29 de julio de 2012 al final de su sexenio, Felipe Calderón buscó presentar el hecho como el último gran golpe contra el crimen organizado. La PGR anunció incluso que con esa captura había quedado desarticulada una banda compuesta por siete funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la misma procuraduría que presuntamente operaba para el Cártel de Sinaloa.

Y aun cuando las supuestas declaraciones del Grande no están contenidas en la causa penal 57/2012 –en un año la PGR no ha podido integrarlas–, De la Barrera sigue preso y, según el expediente, hasta ahora no ha habido una sola audiencia porque, aduce la procuraduría, “la vida de los testigos protegidos peligra”.

De la Barrera insiste: Morales llevaba a las reuniones semanales “una lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos, fiscales, coordinadores y titulares de unidad para que –con medidas indebidas, como golpes o torturas psicológicas– presionáramos a testigos protegidos y a detenidos para que les abrieran proceso y se les inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con sustento legal”.

La entrevista se realiza vía telefónica a través de una línea de Telmex –cualquier otra está prohibida en el Cefereso 3, Noroeste, donde De la Barrera está internado–. Le autorizaron sólo 10 minutos.

–Deme nombres –le dice la reportera.

–Gregorio Sánchez, exalcalde de Quintana Roo; Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos; los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos exgobernadores de Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer Nicolás Mollinedo; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Enrique Peña Nieto.

–¿Qué tenían en contra de Peña Nieto?

–Abrieron un acta circunstanciada en la Coordinación General A, la tenía Fausto Ayala; nunca se elevó a averiguación previa. Desconozco el sustento de la misma. Esto inició en 2010. Morales quería concentrar el control en caso de que el PAN bajara en las encuestas.

Según el entrevistado, él nunca comulgó con la forma en que trabajaba la entonces titular de la SIEDO. “En las reuniones nos indicaba cómo explotar a los testigos protegidos y cómo llevar los asuntos”.

Morales –quien desde mayo pasado es cónsul en Milán, Italia– “era una persona violenta, decía que si no nos gustaba, que nos fuéramos. Trabajé ahí menos de cinco meses y puse mi renuncia en la Oficialía de Partes por los motivos que le comento”, señala De la Barrera.

–¿Se siente un chivo expiatorio?

–Sí, por las irregularidades que advertí. Incluso cuando me detienen los agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación), me dicen claramente que no iban por mí. El objetivo era golpear al ministro de la SCJN Sergio Valls –con quién él trabajo anteriormente–. Esto es raro, ya que el ministro y ella tenían muy buena relación.

Trascurridos los 10 minutos se corta la llamada.

Declaraciones falaces

Kenia Rodríguez, esposa de Juan Carlos, redondea la idea de su esposo: “En 2010 el presidente Felipe Calderón estaba enfrentado con la Corte. Acusaba a los jueces de dejar salir a los delincuentes. En su defensa, ellos argumentaban que la PGR integraba las averiguaciones previas de manera incorrecta. Morales incluso le pidió a Valls una cita”.

Relata: “Dos meses antes de que mi esposo renunciara a la SIEDO, hubo una comida en el restaurante de la Suprema Corte. Fue informal. La entonces titular de la SIEDO le pidió al ministro (Valls) hablar con los jueces para ‘sacar’ los asuntos. Él se negó”.

Y aunque se programaron dos o tres encuentros más, Valls los canceló. “Tampoco aceptó enviarle más colaboradores como agentes de la SIEDO”, añade. Una vez que Juan Carlos dejó la subprocuraduría, el ministro Valls lo invitó de nuevo a la SCJN, donde comenzó a laborar en el área de Recursos Humanos.

El 29 de julio de 2012, más de año y medio después de su salida de la SIEDO, De la Barrera fue detenido en Acapulco, según narra su esposa: “Yo estaba en Cuernavaca con mi mamá. Hablaba por teléfono con él cuando me dice ‘¡Me persiguen!’. ¿Quién? ¿Y los niños? –le pregunté.

“Me fui de inmediato a Acapulco y encontré a mis dos hijos –de nueve y seis años– en casa de una vecina. Estaban desconsolados. Los vecinos anotaron los números de placa de los vehículos en que subieron a mi marido: 285XBB del Estado de México y 999WAD. Ambas estaban sobrepuestas; los agentes no iban uniformados, me dijeron.”

Kenia regresó a Cuernavaca para dejar a sus hijos con su familia y se fue al Distrito Federal. Alrededor de las dos de la madrugada del 30 de junio tocaron a la puerta. Vio tres camionetas de la Marina y dos Suburban de los MP.

“Abro y le digo a uno de los sujetos: no sé nada de mi esposo. ¿Dónde está? En un postit me escribe que en el Cefereso 3 Noroeste en Matamoros. ¿Qué hace mi esposo allá? –le digo.

“Catearon mi vivienda, la de la mamá de Juan Carlos; también fueron a Acapulco. Revisaron computadoras, agendas, pero no encontraron nada.”

El papeleo para visitar a su esposo le llevó un mes a Kenia. “Quería saber de qué lo culpaban. Estaba en los noticiarios nacionales, le dije, acusado de vender declaraciones que hizo El Grande contra los hermanos Cabrera Sarabia y Juan Carlos Moreno Flores, El Calentura, del Cártel de Sinaloa”.

Juan Carlos le comentó que esa declaración no existe: “Como fiscal –dice–, mi esposo tomó la declaración al Grande y a La Barbie. Hasta que Marisela Morales le asignó los casos a Guillermina Cabrera; fue ella quien convenció al Grande para que declarara por consigna a cambio de convertirlo en testigo protegido”.

De la Barrera Vite rindió su primera declaración dos meses después de su detención. Negó las imputaciones. Sólo aceptó que conocía de vista a Víctor Omar.

De acuerdo con la causa penal 57/2012, el 1 de febrero de ese año, de manera voluntaria se presentó Esther Yadira Huitrón Vázquez, quien dijo haber pertenecido a las organizaciones de los hermanos Beltrán ­Leyva y después al Cártel de Sinaloa. A cambio de rendir información acerca de la célula de los hermanos Cabrera Sarabia que operaba en Durango y el sur de Chihuahua, solicitó acogerse a la figura de testigo protegido. La PGR le asignó la clave Libre.

Ella rindió 10 declaraciones en dos meses en las cuales involucró a siete funcionarios: Esteban Amezcua Bernal, Ramiro Campos Lomelí, Verónica Guadalupe Esquivel Cuevas, Víctor Omar Martínez Ferrara, Manuel Arroyo Hernández y Gerardo Ortega Maya –este último fue torturado para que declarara contra el general Tomás Ángeles Dauahare, según denunció su hermana Karina Ortega.

En su primera declaración, Libre entregó una agenda. En una de las hojas escribió –aunque no consignó la fecha– que entregó a Víctor Omar Martínez Ferrara 60 mil dólares para que se los entregara a Juan Carlos de la Barrera –quien se encargaba de los trámites de los testigos protegidos en la SIEDO– como pago por las declaraciones de los testigos protegidos que testificaron en contra de Felipe Cabrera Sarabia, El Inge.

No obstante, en la sexta declaración Libre se contradijo al referir que los primeros días de enero de 2012 el fiscal De la Barrera solicitó los 60 mil dólares, por lo que a través de Israel Rivera, El Licenciado Flaquito, “le hizo el depósito a una cuenta bancaria a nombre de Juan Carlos de la Barrera”.

“En una ocasión, Juan Carlos me llamó y me dijo: ‘Ya te envié eso, refiriéndose a las declaraciones de un colombiano apodado El Conejo y a las de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, que fueron las que nos vendió y que contienen imputaciones en contra de la organización de Los Cabrera Sarabia. Posteriormente, el 9 o 10 de febrero de 2012 recibí otra llamada de él. Me dijo que recibió el dinero y que estaría monitoreando cualquier dato o testigo protegido que perjudicara al Inge Cabrera…”

Más adelante Libre dijo haber entregado 100 mil pesos a Antonio Guerra Chávez, a quien conoció a través de Juan Carlos, que lo presentó como integrante del grupo de inteligencia de la SIEDO. Él apoyaría a Los Cabrera para la liberación del Calentura.

En otra referencia a De la Barrera, la testigo expuso que el 24 y 26 de diciembre de 2011 se reunió con él y Víctor Omar Martínez Ferrara para pedirle el número de averiguación previa iniciada en contra de Felipe Cabrera –detenido el 23 de diciembre de ese año en Culiacán–. Según Libre, Juan Carlos se comunicó con Guillermina Cabrera, titular de la Unidad de Delitos Contra la Salud, quien aportó la AP PGR/SIEDO/UEIDCS/561/2011. La licenciada quería 100 mil dólares por pasar información. Libre le dijo que esperara.

En la sexta declaración –la del 6 de febrero de 2012– la testigo expuso que el 20 de noviembre de 2011 Juan Carlos le ofreció información sobre las averiguaciones previas que se integraran contra los Cabrera, así como dar apoyo jurídico a las personas de esa organización que llegaran a ser detenidas.

Según ella, Juan Carlos le aseguró que, por ser fiscal, tenía el poder de detener cateos y el control de los testigos protegidos. En ese momento, dice, le mostró una foto en su celular en la cual aparece al lado del Grande.

Libre refirió que ese mismo día Juan Carlos le dijo que tenía las declaraciones del Grande contra El Calentura, por lo que le cobró 50 mil dólares y le ofreció convertirlo en testigo protegido. Un día de noviembre de 2011, Luz María Moreno Flores, hermana del Calentura, citó a Víctor Omar Martínez Ferrara en una casa de cambio de su propiedad, ubicada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, con la finalidad de darle el dinero para que se le hiciera llegar a De la Barrera.

El 24 de abril de 2012 ratificó sus declaraciones. Y cuando le mostraron seis fotografías, “identificó a Juan Carlos como fiscal de la SIEDO encargado de los testigos protegidos, quien –dijo– le proporcionó un número de averiguación previa”. No obstante omitió decir que le entregó dinero. Con el resto de los personajes fue precisa.

En su declaración del 6 de mayo de 2012, Martínez Ferrara contradijo a Libre, quien presuntamente es su novia. Dijo que ella le entregó los 50 mil dólares a Juan Carlos, de los cuales sólo 30 mil eran para De la Barrera, otros 30 mil pesos para él y 25 mil dólares para el contacto de la SIEDO.

“Sin embargo conocí al capitán Guerra, quien pide 500 mil pesos para apoyar el asunto del Calentura. Mi novia me pide el dinero de regreso y se lo entrega a Guerra”, comentó Martínez Ferrara.

Cuando Libre se presentó en la SIEDO y pidió acogerse a la figura de testigo protegido la acompañó su chofer Eynar Rodrigo Lozano Mendoza, e hizo la misma solicitud. Las autoridades le asignaron la clave X.

X rindió tres declaraciones. En la del 5 de junio de 2012 afirmó: “A Víctor de la Barrera se le entregaron los 50 mil dólares por entregarle a su pareja sentimental documentos relacionados con El Calentura”. Con relación a De la Barrera señaló que era el encargado de los testigos protegidos en la SIEDO.

La versión de la defensa

Alberto Btze Rangel, abogado de Juan Carlos de la Barrera Vite, señala más irregularidades: “Libre, quien supuestamente se llama Esther Yadira Huitrón Vázquez, se presentó de manera voluntaria a las 9:30 del 1 de febrero de 2012, pero según su declaración en este acto no se identificó por no contar con un documento oficial. El problema es que no se identificó en ese acto ni en ningún otro. Lo mismo sucede con X”.

Este es el origen de la averiguación previa contra su cliente, dice el abogado, a quien acusan de que vendía información al Cártel de Sinaloa. Para ser exactos, añade, aun cuando los testigos aseguran que conocieron a Juan Carlos en diciembre de 2011, él había dejado de trabajar en la SIEDO un año antes.

Nadie declaró que Juan Carlos haya vendido información cuando era trabajador de la SIEDO; además, insiste el defensor, los hechos a los que hacen referencia los testigos se iniciaron más de un año después de que él salió de la dependencia. “Esa es una incongruencia. Es imposible que haya tenido acceso a la averiguación previa cuando hacía más de un año que ya no trabajaba en la subprocuraduría”.

Y agrega: “La única que declaró contra Juan Carlos es Libre. 

Revisé la agenda y la parte en que asegura haberle entregado 60 mil dólares a Juan Carlos está escrita con letra distinta a la de ella. Es una anotación apócrifa”.

/8 de agosto de 2013)