lunes, 5 de agosto de 2013

PLAYA SANTOS: MENTIRAS Y VERDADES




La aprobación del polémico desarrollo turístico está en veremos. La SEMARNAT debe decidir si entre tanta flora y fauna, se sacrificará el refugio natural del lobo marino para dar paso al proyecto, a ejecutar en tres etapas a lo largo de 20 años

Punta Lobos, Baja California Sur. Hoy viernes 2 de agosto, el proyecto Playa Santos entró en un proceso de stand by que durará máximo tres meses para que el Consejo Consultivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) emita el dictaminen que aprobará o no la inversión del polémico desarrollo turístico, en una superficie de 4 millones 149 mil 370.915 metros cuadrados distribuidos en 20 polígonos; en un punto conocido por su riqueza en flora y fauna marina, y sobre todo, por ser un refugio natural del lobo marino.

Durante la Reunión Pública de Información convocada el 29 de julio por la delegación de la SEMARNAT, donde quedó evidenciada la nueva etapa de confrontación entre empresarios y ambientalistas, salieron a relucir verdades, pero también una serie de mentiras entre unos y otros, encaminadas a lograr la aprobación o boicot del proyecto que contempla una inversión de 6 mil millones de pesos en tres etapas, por un periodo de 20 años.

Según el análisis del coordinador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Agustín Bravo Gaxiola, los inversionistas omitieron información clave en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), como son los siguientes:

- El proyecto no fue evaluado en forma regional, sino particular, a pesar del impacto que generara en la zona, dada la magnitud del plan.

- Hay datos  incompletos sobre el plan hídrico que contempla la construcción de una planta desoladora, planta de aguas residuales, y el uso y consumo del agua de los habitantes del desarrollo.

- Datos incompletos en el número de habitaciones por cada vivienda que se pretende construir.

- La garantía de que será un desarrollo abierto, y de que se respetarán los usos y costumbres de los pescadores de Punta Lobos, sobre todo en el tema de los accesos a la playa, ya que el proyecto contempla la construcción de casetas de control.

Por su parte, en virtud de la desinformación generada por los propios ambientalistas en los poblados de Todos Santos, El Pescadero, Las Playitas y Punta Lobos, el director de desarrollo del proyecto Playa Santos, Carlos Asali Harfuch, expuso que el desarrollo no contempla la construcción de una marina ni campo de golf; tampoco tendrá 11 mil cuartos de hotel.

En el último mes, la guerra de datos entre unos y otros terminó por confundir hasta a las propias autoridades, a tal grado de que la delegación de SEMARNAT tuvo que emitir una convocatoria de Reunión Pública de Información para que los directivos del proyecto informaran y expusieran los aspectos técnicos ambientales de Playa Santos, así como los posibles impactos y riesgos que podría ocasionar la ejecución de obras y el plan de manejo que contenga las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección de posibles efectos o impactos ambientales a causa del proyecto de inversión.

El resultado de la información, opiniones y dudas recolectadas en el teatro “Manuel Márquez de León”, en el poblado de Todos Santos, donde participaron entre 300 y 400 personas -entre académicos, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general-, será entregado el 2 de agosto a los directivos del proyecto inversión, quienes tendrán máximo 90 días para poder responder, y una vez contestando, esperaran máximo diez días más para conocer el dictamen final del Consejo Consultivo de la SEMARNAT.

El proyecto

Según la Manifestación de Impacto Ambiental -concluida en mayo-, el proyecto Playa Santos contempla la construcción de tres hoteles y 4 mil 470 viviendas, entre villas residenciales, condominios y lotes habitacionales en tres etapas, cuya inversión de 6 mil millones de pesos se distribuiría de la siguiente manera:

- Entre 2013 y 2016, 3 mil millones de pesos en la edificación de dos hoteles de dos hectáreas 767 mil 040 metros cuadrados cada uno, y 2 mil 50 villas y condominios; dos clubes de playa privados y un rancho con club de granja, centro comunitario, palapas de meditación y yoga, vialidades, accesos y estacionamientos, canalización hidráulica, red eléctrica, planta desalinizadora, planta de tratamiento de aguas residuales; además de áreas verdes con flora nativa y de protección natural, y del único humedal de la zona.

- Entre 2017 y 2025, mil 500 millones de pesos en la construcción de un nuevo fraccionamiento urbano-turístico de mil 450 viviendas, vialidades, estacionamientos, infraestructura eléctrica, drenaje, agua, residencias, área comercial y un nuevo hotel.

- Entre 2026 y 2032, mil 500 millones de pesos en la construcción de 970 residencias, vialidades y estacionamientos, infraestructura eléctrica, drenaje, agua y área comercial.

La primera etapa duraría 4.5 años; la segunda, nueve; y la tercera, 6.5. Se proyecta construir entre 8 y 25 casas por hectárea, en base al Plan de Uso de Suelo y el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz.

De acuerdo con la MIA, el proyecto  tiene cuatro inversionistas:

- FRBC Todos Santos, S. de R.L de C.V., que aportará un millón 690 mil 928.179 metros cuadrados de terreno.

- FRBC Todos Santos 2, S. de R.L de C.V., con la aportación de 868 mil 166.468 metros cuadrados de terreno.

- HSBC México, S.A., a través del fideicomiso F/306088, aportando un millón 541 mil 435.066 metros cuadrados de terreno.

- Inmobiliaria Punta Lobos, S.A. de C.V., con una aportación de 48 mil 841.202 metros cuadrados de terreno.


Los 20 polígonos están localizados en el Kilómetro 19 de la población de Todos Santos a El Pescadero, donde según la Manifestación de Impacto Ambiental, casi la mitad de los predios, es decir, un millón 729 mil 919.285 metros cuadrados, habrán de ser desmontados para la construcción del desarrollo turístico.

 EL DEBATE

Desde un principio, Playa Santos está en la mira de los grupos ambientalistas, principalmente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), encargado de solicitar de forma oficial la realización del Reunión Pública de Información a la Secretaría de Medio Ambiente.

Aunque desde el punto de vista del coordinador en la organización, Agustín Bravo Gaxiola, el proyecto “es muy interesante y tiene cosas novedosas, y un enorme potencial para elevar la calidad de vida de los pobladores de Todos Santos”, empero, “hay un divorcio entre la Manifestación de Impacto Ambiental y lo que dicen los empresarios que contiene el plan”.

Durante una entrevista con ZETA, el representante del CEMDA consideró que los inversionistas tienen que volver a reformular la MIA para que todo lo que se ha comentado en la opinión pública, se vea escrito y reflejado en el estudio, y en consecuencia, puedan conocerse de manera certera los pasos a seguir para que no haya lugar a objeción alguna, y así lograr la autorización de SEMARNAT.

El ambientalista señaló que desgraciadamente, por ahora la Manifestación de Impacto Ambiental dice una cosa y los empresarios han expuesto otra en la presentación del proyecto, y no tienen una conexión o relación directa una cosa con la otra.

“Lo que vemos es que se quedaron muchas cosas de las que han dicho públicamente fuera del estudio, y es algo que no es grave, pero obliga a los inversionistas a volver a presentar otra manifestación donde se subsanen estas omisiones y se integren los aspectos que han señalado por otros lados. Se nos ha dado una versión muy feliz del proyecto, pero algunas cosas que se han dicho, no vienen en el documento que determinará la aprobación o no”, refirió Bravo.

No obstante, el director de Playa Santos, Carlos Asali Harfuch, defendió el desarrollo turístico: “Es un proyecto sustentable, no venimos a tomar nada de la infraestructura local, sino vamos a crear nuestra propia infraestructura y seremos autónomos”.

— Vemos que el debate principal se está centrando en el tema del agua. ¿Qué va a suceder en este punto?, cuestionó ZETA.

“Nosotros tenemos contemplada la construcción de una planta desalinizadora y vamos a tratar nuestras propias aguas para que el re-uso se logre y se distribuya en la zona”.

— Evidentemente estamos hablando de un proyecto muy ambicioso. Hablar de 4 mil 500 viviendas turísticas es alrededor del 30 por ciento de la oferta hotelera de un destino como Los Cabos, el segundo más grande de México, y obviamente habrá de impactar no solo en Todos Santos, sino en toda la región, sobre todo en la imagen. ¿Qué plan tienen en esa materia?

“Bueno, la intención de nosotros es preservar la tradición de Pueblo Mágico. Lo hemos pensado mucho tiempo y muy cuidadosamente, y hemos contratado a los mejores diseñadores en su tipo para que nos integremos nosotros a lo que hoy ya existe cuidadosamente, bajo un proyecto muy bien planteado.

“Los empresarios han dado el espaldarazo al proyecto de inversión, porque -desde el punto de vista del presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz, “Agustín Olachea Nogueda- es el momento oportuno del despegue del destino, porque la vocación de ese lugar localizado entre La Paz y Cabo San Lucas, es meramente turística y residencial.

Asali Harfuch agregó que el proyecto vendrá a generar una histórica inversión en la zona y la generación de empleos tan escasos hoy en día, que de acuerdo a la MIA, e gradual e integralmente planeada. “Así es como deben de caer las inversiones en el estado, y donde no hay cabida al crecimiento desordenado e irregular, como sucede en otros casos desafortunadamente”, dijo.

El empresario lamentó la postura de algunas organizaciones ambientalistas que todo el tiempo se han venido oponiendo a cada proyecto de inversión, y tratan de boicotear y frenar el desarrollo. Quienes se dedican a lucrar a nombre del medio ambiente, dice, lo que han hecho es desinformar a la población.

“Ellos consiguen los proyectos de impacto ambiental, le buscan y lo tuercen, y entonces resulta fácil vender esa desinformación ambiental, y desgraciadamente, algunas personas les creen, aunque algunos no hayan leído o tenido acceso a un documento de este tipo”, afirmó.

El líder de los hoteleros consideró que es muy grave que algunos de los ambientalistas, que en su mayoría tienen viviendo entre tres y cinco años en el estado, vengan a crear un ambiente hostil a la inversión y a la generación de empleos que tanto requiere Baja California Sur.

El propio delegado de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, consideró que en virtud de la desinformación y dimes y diretes, tuvieron que realizar la Reunión Pública de Información, donde después de exponerse datos técnicos del proyecto, pudieron detectar algunas inconsistencias en la Manifestación de Impacto Ambiental, sobre todo en el tema del agua, la planta desalinizadora, planta de tratamiento de aguas residuales y localización de pozos de agua.

El funcionario aceptó que tras la reunión surgieron algunas dudas que deberán ser aclaradas por los inversionistas, antes de poder tomar una decisión final.
La resistencia


Independientemente de lo contemplado en el proyecto de inversión y de la opinión de empresarios, líderes, ambientalistas y autoridades, los pescadores de Punta Lobos evidentemente están renuentes y hasta ofrecen cierta resistencia a la consolidación del desarrollo turístico Playa Santos.

Durante un recorrido efectuado por ZETA, el pescador Moisés Orozco -a nombre de más de 200 familias de la zona- externó su temor de ser desplazados por los inversionistas, y sin tapujos comentó: “Va a suceder exactamente lo mismo de Los Cabos”.

El principal temor es que “vayan a cerrar el acceso a la playa por donde han transitado muchas generaciones, hijos, padres, abuelos y bisabuelos, y quienes no solo utilizan la playa como punto de trabajo, sino también como recreación”.

Según el pescador, desde junio “los ambientalistas han estado viniendo a decirnos que no nos dejemos, que no permitamos que el complejo turístico se ponga aquí, porque van a cerrar el acceso a la playa y pondrán una marina”.

De ahí la incertidumbre: “Los pescadores de Los Cabos permitieron que pusieran una marina y les dijeron que iba a ser para todos, pero ahora resulta que cobran, han desplazado a la mayoría que no paga y meten yates o lanchas deportivas, y todos nuestros compañeros ahora están arrinconados en un punto donde tienen mucho presionándolos para quitarlos, y construir un nuevo peine para meter más embarcaciones que ya no caben”, finalizó el entrevistado.

El terreno donde se pretende construir Playa Santos se localiza en el Kilómetro 19 de Todos Santos a El Pescadero, en medio de una propiedad del empresario y dueño del grupo Núcleo Radio Mil, Guillermo Salas Peyró, y del empresario regional Jorge Santana.

(SEMANARIO ZETA BCS / ZETA / agosto 5, 2013 12:00 PM)

“LOS KAWASAKIS”, PISTOLEROS DE “EL HITLER”




Investigadores de la PGJE de Baja California Sur siguen como línea del asesinato en Comondú, a sicarios de un grupo que solo tienen identificado por el apodo, y a quienes atribuyen el repunte de violencia en ese municipio. La autoridad responde con el envío de un grupo táctico a la zona

Investigaciones ZETA
Ciudad Constitución, Baja California Sur. En 24 horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur supo los nombres de los responsables del levantón y asesinato de Sergio Piña Covarrubias, ejecutado el 29 de julio de 2013 en una brecha localizada a  diez  kilómetros de la carretera de Ciudad Insurgentes a Loreto.

Según el dictamen de peritos y médicos legistas de la Dirección de Servicios Periciales, la víctima de 34 años de edad presentaba huellas de tortura y un impacto de arma de fuego calibre 45 en la cabeza.

Tras el hallazgo del cuerpo, una de las primeras líneas de investigación de la PGJE fue que el origen del crimen está en el brazo armado de quien se ostenta como “jefe de plaza” de narcomenudistas en Comondú, Noé Fregoso Sosa “El Hitler” y sus pistoleros, identificados por agentes investigadores como “Los Kawasakis”.

De acuerdo a los investigadores, el 28 de julio, un día antes del crimen, Sergio Piña, quien se desempeñaba como trabajador de la yarda Autos Pedro, propiedad del empresario Pedro Loya Valverde, salió cerca de las 10:30 pm del hotel Paraíso, localizado sobre el bulevar Agustín Olachea.

De acuerdo con testigos, una persona lo esperaba afuera del hotel, y juntos abordaron un vehículo para dirigirse al lote de carros, donde tomaron alcohol por algunas horas con un grupo de personas, sobresaliendo dos mujeres.

Transcurrido el tiempo, Piña se quedó solo y apareció un convoy de vehículos, entre éstos una camioneta Suburban y otra Lincoln Navigator. De éstas descendieron hombres armados que comenzaron a jalonear a la víctima, hasta subirla a una de las unidades.

Según testigos, Piña fue subido de manera violenta al vehículo para después bajar en un intento de huida, sin embargo, entre jalones y golpes, sus captores volvieron a subirlo a la camioneta Navigator de color blanco, y arrancaron con rumbo a Ciudad Insurgentes.

Ya no se sabría nada de Sergio Piña hasta el día siguiente, cuando su cuerpo sin vida se localizó tirado. El reporte del hallazgo a las autoridades, lo hizo un trabajador de un rancho que se topó con el cadáver, al transitar por la zona que una hora después, sería acordonada por Servicios Periciales para recolectar evidencia, que al cierre de esta edición, aún eran analizados en el laboratorio de criminalística de la Dirección de Servicios Periciales.

Los familiares de Sergio Piña Covarrubias ya identificaron el cuerpo, y la PGJE sigue tras la pista de los presuntos responsables del crimen. Aunque oficialmente no se han dado a conocer los nombres, un investigador del caso confirmó a Investigaciones ZETA que se trata de una célula delictiva conocida como “Los Kawasakis”.

Los investigadores de la PGJE tienen dos posibles móviles del crimen:

- Un ajuste de cuentas por deudas de Piña con el crimen organizado y;

–Un crimen pasional, ya que según testigos, la víctima trabajaba en el negocio del cuñado de una célula criminal de “Los Kawasakis”, con quien pudo haber tenido diferencias en relación a la hermana del dueño de la yarda.

Al cierre de esta edición, la Procuraduría General de Justicia del Estado había logrado la captura de un cómplice de los criminales, el cual podría ser arraigado en el Centro Cautelar y de Ejecución de la PGJE.

De acuerdo a datos recabados por el área de inteligencia de la Procuraduría estatal, en el último mes la organización delictiva de Noé Fregoso Sosa “El Hitler” ha sido responsable del aumento del índice de violencia en Comondú.

Para revertir los índices de violencia registrados en el municipio, que van desde asaltos y robos hasta levantones, balaceras y ahora ejecuciones, la PGJE ha enviado un grupo táctico con el código de “Los Jaguares”.

(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones/  agosto 5, 2013 12:00 PM)

EL INFORTUNIO DE UN CASINO EN LOS CABOS

 
Familias cabeñas protestan por la apertura del casino La Fortuna en la conocida Plaza Sendero, misma que desde un principio fue avalada por el gobierno perredista del alcalde José Antonio Agúndez Montaño

Gerardo Zúñiga Pacheco
Cabo San Lucas, Baja California Sur. Desde un principio, el gobierno del alcalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Antonio Agúndez Montaño, supo de la instalación del casino La Fortuna en este destino de playa, cuando la compañía Doblecar, S.A. de C.V. solicitó y tramitó una licencia de construcción para registrar una obra de remodelación en la Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos.

En el formato de solicitud quedó registrado debidamente el nombre del usuario, la descripción de la obra, ubicación y teléfono; se entregó constancia de carta de posesión, constancia de no adeudo de agua y de Impuesto Predial, así como la copia del plano de la construcción, constancia de deslinde y autorización de uso de suelo.

En el rubro de descripción, quedó asentado que la obra de remodelación era de una casa de juegos y apuestas, detallando  el plano estructural, instalaciones y arquitectónico de esta compañía originaria de Monterrey, Nuevo León.

Datos recabados por ZETA exponen que a principios de abril de 2013, el Departamento de Licencias de Construcción fue el responsable de elaborar el trámite y revisar que se cumplieran las necesidades técnicas, de seguridad y orden de una manera global, en cuanto al diseño, construcción, reparación y ampliación de obras en base al plan y programa de desarrollo urbano.

Terminó la obra y la compañía Doblecar, S.A. de C.V. todavía tuvo tiempo de introducir mesas, sillas, sillones, escritorios y todas las máquinas de juegos al azar, y hasta colocar decoraciones en el interior de las instalaciones.

Peor aún, la casa de juegos y apuestas puso el anuncio exterior con la leyenda La Fortuna, en cuyo logotipo sobresale la figura de una máquina de juegos con iluminación fluorescente.

De manera oficial, nadie se había dado cuenta de esto, hasta que el 27 de julio, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monge, apareció cerca de las diez de la mañana y, tras una convocatoria, protagonizó una manifestación en contra de la apertura del casino La Fortuna en la conocida Plaza Sendero de Cabo San Lucas.

Durante la protesta, donde participaron padres de familias y niños, condenaron la puesta en marcha de esa casa de juegos, sobre todo porque, recordó, “el Congreso local había prohibido el 26 de marzo la instalación de más casinos en el estado, y pareciera que fue todo lo contrario”.

Según el dictamen de la XIII Legislatura, publicado en el Diario Oficial, los diputados aprobaron por unanimidad reformar los artículos 14 y 148 de la Constitución Política del Estado, donde quedó establecida la prohibición a las autoridades estatales y municipales de otorgar permisos para uso de suelo y licencias de construcción a empresas denominadas casinos, salas de sorteos, casas de juego o similares.

En su momento el dictamen fue avalado por las comisiones de Enlace Legislativo y de Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes en su pronunciamiento conjunto, expusieron que “no permitirán más casinos” por los problemas sociales y económicos que estaban generando y el incremento de “jugadores problema”.

El caso desató una serie de comentarios, como los del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez,  quien analizó la situación desde la perspectiva jurídica y social.

En entrevista con ZETA, consideró que el destino necesita orden, ya que el crecimiento desordenado no solo genera problemas políticos, sino también sociales.

“Los empresarios estamos obligados a respetar las leyes y normas, pero si alguien no está haciendo caso, la autoridad tiene la obligación de hacerlas valer, basado en el marco jurídico, porque se está sentado un precedente de desorden, el cual se puede repetir con otras empresas en un futuro”, dijo Castillo.

El empresario señaló que los diputados -quienes prohibieron la instalación de más casinos- también están obligados a revisar que las leyes que aprobaron se ejecuten, e incluso la Secretaría de Gobernación debe revisar este caso, porque ya se está generando un problema social en la localidad.

La presión social obligó a la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos a tratar de emendar el error y pretender clausurar el casino cuatro días después de la inauguración -29 de julio-, pero no pudo.

El representante legal de la compañía exhibió el amparo 2412/2012/6Y, expedido el 2 de julio de 2013 por el Juez Segundo de Distrito en materia Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León, que a la letra dice:

“Se concede la suspensión provisional para que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran, es decir, para que no sean desalojados, desposeídos, ni se lleve a cabo el decomiso, sustracción, aseguramiento, incautación, secuestro o embargo de bienes propiedad de la quejosa, siempre y cuando así lo acredite; ni su ejecución con uso de la fuerza pública, cateo, rompimiento de caraduras, ni tampoco se lleve a cabo la ejecución de proveídos, autos, socorros y resoluciones señaladas tendientes a una violación a la privacidad domiciliaria, allanamiento del centro de trabajo relacionada en la ubicación antes mencionada. Todo lo anterior, no provenga del procedimiento administrativo que en su caso se estuviera siguiendo”.

Cuando el Ayuntamiento de Los Cabos pretendió clausurar el local con la fuerza pública, todos fueron sacados del lugar y, expuestos al ridículo, el representante amenazó con llamar a las fuerzas armadas si no se retiraban del lugar, al violentar “un amparo federal”.

Sobre estos hechos, el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño aseguró que “como autoridad actuó estrictamente apegado a la Ley, y clausuró jurídicamente el casino”. No obstante, reconoció que La Fortuna opera ilegalmente porque carece de permiso de apertura, operación y licencia de alcohol, y todos los días recibe a más de 300 personas en sus instalaciones.

Para concluir, el alcalde citó que el casino no debe operar, porque lo cual “se está revisando jurídicamente el caso para actuar en consecuencia”, ratificando su compromiso con la legalidad, el Estado de Derecho y con la ciudadanía.

(SEMANARIO ZETA BCS / agosto 5, 2013 12:00 PM)

El infortunio de un casino en Los Cabos

casinos 1



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Familias cabeñas protestan por la apertura del casino La Fortuna en la conocida Plaza Sendero, misma que desde un principio fue avalada por el gobierno perredista del alcalde José Antonio Agúndez Montaño
Cabo San Lucas, Baja California Sur. Desde un principio, el gobierno del alcalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Antonio Agúndez Montaño, supo de la instalación del casino La Fortuna en este destino de playa, cuando la compañía Doblecar, S.A. de C.V. solicitó y tramitó una licencia de construcción para registrar una obra de remodelación en la Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos.
En el formato de solicitud quedó registrado debidamente el nombre del usuario, la descripción de la obra, ubicación y teléfono; se entregó constancia de carta de posesión, constancia de no adeudo de agua y de Impuesto Predial, así como la copia del plano de la construcción, constancia de deslinde y autorización de uso de suelo.
En el rubro de descripción, quedó asentado que la obra de remodelación era de una casa de juegos y apuestas, detallando  el plano estructural, instalaciones y arquitectónico de esta compañía originaria de Monterrey, Nuevo León.
Datos recabados por ZETA exponen que a principios de abril de 2013, el Departamento de Licencias de Construcción fue el responsable de elaborar el trámite y revisar que se cumplieran las necesidades técnicas, de seguridad y orden de una manera global, en cuanto al diseño, construcción, reparación y ampliación de obras en base al plan y programa de desarrollo urbano.
Terminó la obra y la compañía Doblecar, S.A. de C.V. todavía tuvo tiempo de introducir mesas, sillas, sillones, escritorios y todas las máquinas de juegos al azar, y hasta colocar decoraciones en el interior de las instalaciones.
Peor aún, la casa de juegos y apuestas puso el anuncio exterior con la leyenda La Fortuna, en cuyo logotipo sobresale la figura de una máquina de juegos con iluminación fluorescente.
De manera oficial, nadie se había dado cuenta de esto, hasta que el 27 de julio, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monge, apareció cerca de las diez de la mañana y, tras una convocatoria, protagonizó una manifestación en contra de la apertura del casino La Fortuna en la conocida Plaza Sendero de Cabo San Lucas.
Durante la protesta, donde participaron padres de familias y niños, condenaron la puesta en marcha de esa casa de juegos, sobre todo porque, recordó, “el Congreso local había prohibido el 26 de marzo la instalación de más casinos en el estado, y pareciera que fue todo lo contrario”.
Según el dictamen de la XIII Legislatura, publicado en el Diario Oficial, los diputados aprobaron por unanimidad reformar los artículos 14 y 148 de la Constitución Política del Estado, donde quedó establecida la prohibición a las autoridades estatales y municipales de otorgar permisos para uso de suelo y licencias de construcción a empresas denominadas casinos, salas de sorteos, casas de juego o similares.
En su momento el dictamen fue avalado por las comisiones de Enlace Legislativo y de Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes en su pronunciamiento conjunto, expusieron que “no permitirán más casinos” por los problemas sociales y económicos que estaban generando y el incremento de “jugadores problema”.
El caso desató una serie de comentarios, como los del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez,  quien analizó la situación desde la perspectiva jurídica y social.
En entrevista con ZETA, consideró que el destino necesita orden, ya que el crecimiento desordenado no solo genera problemas políticos, sino también sociales.
“Los empresarios estamos obligados a respetar las leyes y normas, pero si alguien no está haciendo caso, la autoridad tiene la obligación de hacerlas valer, basado en el marco jurídico, porque se está sentado un precedente de desorden, el cual se puede repetir con otras empresas en un futuro”, dijo Castillo.
El empresario señaló que los diputados -quienes prohibieron la instalación de más casinos- también están obligados a revisar que las leyes que aprobaron se ejecuten, e incluso la Secretaría de Gobernación debe revisar este caso, porque ya se está generando un problema social en la localidad.
La presión social obligó a la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos a tratar de emendar el error y pretender clausurar el casino cuatro días después de la inauguración -29 de julio-, pero no pudo.
El representante legal de la compañía exhibió el amparo 2412/2012/6Y, expedido el 2 de julio de 2013 por el Juez Segundo de Distrito en materia Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León, que a la letra dice:
“Se concede la suspensión provisional para que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran, es decir, para que no sean desalojados, desposeídos, ni se lleve a cabo el decomiso, sustracción, aseguramiento, incautación, secuestro o embargo de bienes propiedad de la quejosa, siempre y cuando así lo acredite; ni su ejecución con uso de la fuerza pública, cateo, rompimiento de caraduras, ni tampoco se lleve a cabo la ejecución de proveídos, autos, socorros y resoluciones señaladas tendientes a una violación a la privacidad domiciliaria, allanamiento del centro de trabajo relacionada en la ubicación antes mencionada. Todo lo anterior, no provenga del procedimiento administrativo que en su caso se estuviera siguiendo”.
Cuando el Ayuntamiento de Los Cabos pretendió clausurar el local con la fuerza pública, todos fueron sacados del lugar y, expuestos al ridículo, el representante amenazó con llamar a las fuerzas armadas si no se retiraban del lugar, al violentar “un amparo federal”.
Sobre estos hechos, el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño aseguró que “como autoridad actuó estrictamente apegado a la Ley, y clausuró jurídicamente el casino”. No obstante, reconoció que La Fortuna opera ilegalmente porque carece de permiso de apertura, operación y licencia de alcohol, y todos los días recibe a más de 300 personas en sus instalaciones.
Para concluir, el alcalde citó que el casino no debe operar, porque lo cual “se está revisando jurídicamente el caso para actuar en consecuencia”, ratificando su compromiso con la legalidad, el Estado de Derecho y con la ciudadanía.
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