Vincula PGJE a padre del empresario desaparecido con estafadores gitanos
Antonio Sáenz Pratt, el empresario mazatleco que está desaparecido
desde el 4 de marzo, cuenta con al menos cinco identificaciones con
otros nombres y tres de ellas con domicilios diferentes, de acuerdo con
indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) sobre este caso.
Las pesquisas indicaron además que el padre de la supuesta víctima,
de nombre Carlos Castillo Conde, ha usado otras identidades, entre ellas
Carlos y Pablo Gutiérrez Silva, y José Antonio Sáez, originario de
Mérida Yucatán y con domicilio en Guadalajara, Jalisco.
Además, se le vincula con fraudes y otros delitos, como el homicidio
de Pablo Luvinoff Arroniz, líder de la comunidad gitana en México.
La nota a la que hacen referencia las investigaciones de la Procuraduría local, publicada en el diario El Rotativo, del estado de Querétaro, incluye la fotografía del padre de Sáenz Pratt, bajo el encabezado Actúa mafia gitana en México, el 23 de junio de 2003.
Luvinoff Arroniz fue ultimado el 26 de septiembre de 2010, cuando
convalecía en el hospital HMG de la Ciudad de México, a pesar de que
contaba con vigilancia de la Policía Judicial del Distrito Federal. Los
homicidas entraron a su cuarto y le dispararon a corta distancia con un
arma calibre 22, al parecer con silenciador.
Antes, una de sus hijas y otro integrante de la comunidad gitana,
quien fue confundido con el hoy occiso, fueron también ejecutados a
tiros.
“La ejecución de Luvinoff ocurrió después de que el pasado día 11, 13
días después de que integrantes de la Comunidad Gitana colocaron una
manta espectacular en Avenida Revolución para ofrecer una recompensa a
las personas que dieran información para capturar al menos a cinco
personas a las que identificaban como “una banda de gitanos
extorsionadores y terroristas” y entre los identificados —en el
anuncio—, se encontraban Tambo, Julio, Galean, Luís Eduardo Ávila y Fernando Pliego, Melón”, reza la nota publicada en El Sol de Hidalgo, el 26 de septiembre de 2010.
Castillo Conde tiene entre sus apodos el de Tamba, también Élmer Gruñón y Rico Mac Pato.
A esta llamada “mafia” gitana se les vincula con secuestros,
extorsiones y otros ilícitos propios de la delincuencia organizada.
La PGJE señala además que padre e hijo podrían estar vinculados con
fraudes en perjuicio de empresas dedicadas a la venta de vehículos
nuevos, de ahí la importancia de usar diferentes identidades. También
fue abierta la averiguación previa IX-D/537/2008, interpuesta por la
empresa Vehículos Automotores del Centro (Vacsa).
“El fraude consiste en acudir a la empresa automotriz y para adquirir
el crédito presentan documentación requerida apócrifa, pagan solo el
enganche para llevarse el vehículo, y posteriormente no vuelven a hacer
pago alguno”, reveló la fiscalía estatal.
Una de las referencias de estas prácticas es la ciudad de Celaya, en
el estado de Guanajuato. Por estos ilícitos, fueron cateados algunos
inmuebles y asegurados cinco vehículos: un Jetta rojo 2008, un Jeta tipo
Trendine 2008, una Chevrolet Tahoe blanca, 2007 y con placas de Puebla,
un BMW gris 2008 y una Hummer blanca 2008.
En el caso de Antonio Rodríguez Pratt, las identidades encontradas
son una credencial de elector a nombre de Jorge Bastidas Duarte, una
licencia de conducir de Gerardo Salinas Herrera y con domicilio en la
colonia Providencia, de Guadalajara —también una credencial de elector
con estos datos—, y otra a nombre de Antonio Ruiz Larios, también de la
capital tapatía.
Alejandra Noriega Solís, pareja del empresario desaparecido, también
tiene varias identificaciones: del IFE, con el nombre Givett González
Meza, con domicilio en Oaxaca; Alejandra Salinas Arriaga, Gladis
Rodríguez Méndez, ambas de Guadalajara, y Yesika Ruiz Miranda.
Investigadores de la PGJE señalaron que a pesar de que han sido
citados para que declaren y también para informar de los avances de las
averiguaciones del caso, la familia de Antonio Sáenz se ha negado a
acudir a la Procuraduría y al Ministerio Público. Señalaron que las
pesquisas continúan, pues se trata de un delito que se persigue de
oficio, aunque los parientes no interpusieron querella.
Los enredos
Antonio Sáenz Pratt, de 33 años, empresario y con domicilio en el
puerto de Mazatlán, fue visto por última vez el 9 de marzo de 2012,
alrededor de las cuatro horas. Iba con varias personas y al parecer
habían recorrido antros del lugar. Entre sus acompañantes estaban su
primo Marco Antonio Ramírez y dos mujeres.
La víctima conducía una camioneta tipo L200, marcha Mitsubishi,
modelo 2010 y placas UB-53629, de Sinaloa. Al parecer, el joven
empresario, dueño del negocio de maquinaria para la construcción Central
de Máquinas, con domicilio en Mazatlán, se dirigía a Culiacán. Y desde
entonces no se le ha vuelto a ver.
Jenifer y Bernarda Lobos, hermana y madre del desaparecido, acusaron
al gobernador Mario López Valdez, al alcalde Alejandro Higuera y al
procurador Marco Antonio Higuera Gómez, de omisión por no atender este
caso y de estar coludidos con los delincuentes. Los detenidos —Marco
Antonio Ramírez, primo de Sáenz Pratt, quien también trabajaba en
Central de Máquinas—, Isabel Grandes Carranza y Fiama Denis Ramírez
Grandes, hija de ambos, fueron liberados inmediatamente.
Además, en las pesquisas aparece como implicado Luis Manuel
Balladares Palma, también identificado como Luis Manuel Palma, padre de
Marco Antonio, como partícipe del secuestro de Sáenz Pratt.
En su declaración ante la Agencia Tercera del Ministerio Público,
Ramírez reconoció haber usado la tarjeta de débito 00187603541, de
Bancomer, a nombre de Sáenz Pratt y su pareja Alejandra Noriega, para
comprar electrodomésticos el 11 de marzo, en Villa Unión. Pero negó
haber secuestrado o levantado al hoy desaparecido.
Ahora, la familia ofrece una recompensa de 1 millón de pesos a quien
dé información que permita dar con Sáenz Pratt. Por su liberación, los
secuestradores exigieron 10 millones de pesos.
“Si hay delito, que castiguen”
“Si mi hermano se cambió el nombre, no es un delito y no hay una orden de aprensión contra él porque lo checamos en Plataforma México,
con todos los nombres que usa, y no hay una orden de aprensión. Mi
madre permaneció once meses en Sinaloa y siempre se negaron a
recibirla”, manifestó Jenifer, desde la Ciudad de México, vía
telefónica.
Tanto ella como su madre, agregó, exigen que si el empresario
desaparecido cometió un delito que se le castigue con la cárcel,
detenido y sujeto a proceso penal, pero antes deben dar con él.
“Si tienen algo contra de él, lo quiero en una cárcel, así lo digo yo
y se los dijo mi madre en su momento, detenido, pero no secuestrado o
muerto. Y si mi padre es culpable de algo, que no juzguen a mi hermano
por eso”, señaló.
Cuando estuvieron en Querétaro y Michoacán, aseguró, unos familiares fueron secuestrados por integrantes del cártel de los Zetas,
quienes los obligaron a entregarles tres vehículos —cuyas
características no proporcionó— y 300 mil pesos, a cambio de liberarlos.
“Mi hermano se fue de ahí porque amenazaban con matarlo. Mi madre les contó esto a los de Antisecuestros”, afirmó.
