miércoles, 12 de junio de 2013

IDENTIFICAN A TRES DE LOS CADÁVERES ENCONTRADOS EN FOSA CLANDESTINA EN LA PAZ, BCS

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  • Uno de ellos era estudiante del CBTIS
  • Habían sido reportados como desaparecidos
La Paz, B.C.S.- Informes extraoficiales recabados por Reporteros Sin Fronteras indican que tres de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas que fueron descubiertas la tarde del lunes en la parte posterior del fraccionamiento Tabachines, ya han sido identificados.

Lo anterior corrobora las primeras versiones de que se trataba de personas muy jóvenes, que fueron ejecutadas de un disparo en la cabeza sin que al momento se precisen los motivos ni la razón para ultimarlos de esa forma.
CADAVER NO. 1
 
Corresponde a la joven Damaris Karina Márquez Moreno, de 22 años de edad y que fue reportada como desaparecida el 23 de abril pasado.

CADAVER NO. 2
 
Es de Carlos Antonio Cota Cervantes, de 19 años de edad y apodado El Charly. El joven era estudiante de la preparatoria CBTIS 62. Su desaparición fue reportada también el 23 de abril pasado.

CADAVER NO. 3
 
Se trata de Abel Leal González, alias “El Buena Onda”, de 27 años de edad y reportado como desaparecido el 1ro. de Mayo. Abel González ya había sido detenido antes por violencia intrafamiliar y por haber diparado un arma de fuego en la vía pública.

Colectivo Pericú con información extraoficial de REPORTEROS SIN FRONTERAS.

PIDE PGJE Y DIF ESTATAL RESGUARDO DE HERMANOS DE YOSELIN FERNANDA

Agueda Barojas Ontiveros
La Procuraduría General de Justicia en el Estado y el DIF Estatal pidió a la Sub Procuraduría de la Defensa del Menor investigar el destino de los hermanos de Yoselin Fernanda, la menor asesinada el lunes por su padrastro. 

Fabiola López Mendoza, Sub procuradora de la Defensa del Menor, dijo que no tienen en resguardo a los tres hermanos de Yoselin Fernanda porque no saben dónde están.

Aseguró que esta mañana con el apoyo de la dirección de Seguridad Pública buscarán a la madre de la menor, quien al parecer ya llegó a la ciudad.

“Nos dijeron que después de los hechos los menores estaban con la hermana del presunto homicida, después que fueron entregados a los familiares maternos, por eso ahorita iremos a buscar a la madre para saber en qué condiciones piensa tenerlos después de estos hechos y del abandono”, comentó.

López Mendoza manifestó que la Procuraduría quería saber si esos niños ya estaban bajo el resguardo de la Sub Procuraduría.

“No lo están porque el Ministerio Público no nos ha hecho la solicitud de resguardo, no sabemos dónde están y no sabemos quién se hará cargo de ellos, eso investigaremos ahorita”, dijo.

El abandono

Fue en mayo del 2008 cuando Jesús Cáñez Flores y Amalia Wong acudieron a la Sub Procuraduría de la Defensa del Menor a formalizar un convenio.

Dentro del archivo muerto de la dependencia hay dos expedientes sobre el caso, pero en ninguno aparece la menor asesinada.

Ahí acordaron que los tres menores, en ese tiempo de 10, 6 y dos años de edad se quedarían a vivir con el hoy detenido.

La madre de Yoselin Fernanda explicó en uno de los expedientes que el señor tenía celos infundados y en el segundo dijo que sufría violencia intrafamiliar.

Además, narró que el señor la amenazó con quitarles a los niños por lo que optó por dejarlos.

Después de esa firma, la señora regresó para decir que Cáñez Flores no la dejaba ver a los menores, pero en ningún momento se menciona a la menor.

Los antecedentes

En el archivo muerto de la PGJE en el 2004 existe una denuncia que se presentó por abusos deshonestos que cometieron contra Yoselin Fernanda, entonces de cuatro años de edad.

La denuncia se interpuso en ese tiempo en la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ aGUEDA BAROJAS/ Miércoles, 12 de Junio de 2013 09:59) 

DESPIDEN A YOSELIN FERNANDA EN GUAYMAS

Agueda Barojas Ontiveros
Con llanto y mucho dolor, maestros y alumnos de la Escuela Secundaria Federal número uno despidieron esta tarde a Yoselin Fernanda. 

Luego de la misa de cuerpo presente en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el cuerpo de la menor asesinada el pasado lunes, fue llevado a la escuela.

Ahí los compañeros de Yoselin Fernanda hicieron guardia de honor de unos 15 minutos para después llevarla a sepultar.

Durante la ceremonia la directora del plantel, Rosario Tello Ugalde, dijo que la occisa era una excelente estudiante a la que siempre recordarán.

La maestra aceptó que si detectaron algunas irregularidades en el comportamiento de Yoselin Fernanda pero que ella nunca les aceptó que era víctima de maltrato.

Sus compañeras estaban desconsoladas y lamentaron que Yoselin no haya decidido hablar a tiempo.

En la ceremonia también estuvo presente la madre de la menor, así como sus hermanos y sus tías.

Defiende a maestro

La directora del plantel defendió al maestro Juan Félix, a quien el padrastro de la menor quería matar.

El presunto homicida dijo cuando fue capturado que de lo único que se arrepentía es de no haber matado al profesor Juan.

Tello Ugalde aseguró que Juan Félix es un excelente maestro y desestimó las declaraciones del presunto homicida.

Según versiones que se manejaron esta tarde en la escuela, el maestro sabía de la situación que vivía la menor con su padrastro y le había dicho que ellos estaban listos para apoyarla cuando decidiera denunciarlo.

Buen padre

Si a alguien sorprendió lo que ocurrió fue a nosotros, dijo la directora de la Federal número uno, quien aseguró que Jesús Cáñez Flores acudía a todas las reuniones de padres de familia, cosa que no todos los padres y madres hacen.

Siempre venía, lo conocíamos bien, era un señor serio, la niña cumplía con todo, estamos muy sorprendidos, comentó.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ Agueda Barojas/ Miércoles, 12 de Junio de 2013 16:40) 

ARGENTINA: LA TORTURA Y "LA COMPLICIDAD SOCIAL"

Una protesta en contra del uso de la tortura en las prisiones de Argentina. Foto: AP

BUENOS AIRES (apro).- “Este congreso tiene por objetivo generar una discusión en sentido crítico sobre la tortura; por eso hemos convocado a jueces y fiscales que están comprometidos con el tema para que puedan marcar cuáles son las deficiencias desde los poderes institucionales”, dice a Apro Nicolás Laino, funcionario de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la organización del Primer Congreso Internacional Sobre Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, desarrollado el 6 y 7 de junio en la Biblioteca Nacional de la ciudad de Buenos Aires.

El congreso internacional es uno de los puntos destacados de la Campaña Nacional contra la Tortura. Ésta fue lanzada en marzo de este año por la Defensoría General de la Nación, que depende del Ministerio Público de la Defensa. 

Se extiende a lo largo de 2013, en homenaje al bicentenario de la Asamblea Constituyente del año 1813, cuyos representantes criollos, emancipados del poder español, abolieron la tortura, que hasta entonces era un instrumento legal del proceso penal.

“Cada vez que se tortura, atrasamos 200 años”, es la consigna de la campaña. El llamamiento evoca el hito histórico y a la vez la lucha contra la persistencia de la tortura ilegal en lugares de encierro, como cárceles e institutos siquiátricos.

“Hay un componente de tolerancia social a la violencia institucional, a las torturas, al maltrato carcelario, sobre el que hay que trabajar muy fuerte”, dice a Apro la panelista del congreso internacional Paula Litvachky.

 “Este congreso sirve para dar visibilidad al tema y discutir socialmente la tolerancia a ciertas prácticas de tortura y malos tratos que es necesario erradicar, porque justamente esta tolerancia es la que después genera políticas de demagogia punitiva”, sostiene.

Litvachky dirige el área de Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos más prestigiosos de Argentina.

Los panelistas abocados al análisis de la situación en Argentina coinciden en señalar que aquí los casos de tortura no se presentan de manera aislada. La lucha contra esta práctica necesita, por consiguiente, enfrentar poderes y estructuras.

“No hay en la sociedad un rechazo visceral a la tortura”, sostuvo la propia defensora general de la nación, Stella Maris Martínez, en declaraciones que publicó el diario Página 12 el pasado 2 de junio. La funcionaria comparó, para graficar su postura, la reacción social mediática frente a dos noticias de julio de 2012:

A mediados de ese mes se divulgó un video, grabado con un celular, en el que se veía a policías torturando a detenidos en una comisaría de la provincia de Salta. La repercusión del hecho en los medios se disolvió rápidamente. 

Días más tarde, se reveló que el Servicio Penitenciario Federal disponía de un programa de salidas para que algunos presos asistieran a actividades culturales, coordinadas por una ONG cercana al gobierno. 

El escándalo ocupó portadas y títulos durante más de una semana. “Frente a estos casos, yo creo que todavía tenemos una sociedad cómplice”, dijo la defensora Stella Maris Martínez en el citado artículo.

Sostuvo que a las fuerzas de seguridad se les exige, ante casos de gran repercusión mediática, que encuentren una solución sin reparar en los medios.

El congreso internacional en Buenos Aires abarcó los aspectos culturales, sociológicos e históricos de la tortura, su persistencia en tiempos de democracia, su judicialización, las experiencias en materia de prevención; además de las obligaciones de los Estados.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la materia. Entre los panelistas puede citarse a Alberto Pérez Pérez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al director de legislación y políticas de Amnistía Internacional, Mike Bochenek; al miembro de la Corte Suprema argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni; al magistrado de la Audiencia Nacional española, Ramón Sáez Valcárcel; y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Justicia permisiva 

Argentina ratificó en 1986 la Convención de las Naciones Unidas para prevenir y sancionar la tortura. Desde 1989 rige en el país la Convención del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. A ambas convenciones se les asignó un rango constitucional en 1994.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2002 un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En 2004, Argentina aprobó por ley este Protocolo, cuya finalidad es controlar las prácticas cotidianas dentro de las cárceles a través de un sistema preventivo de visitas periódicas.

“Nosotros estamos impulsando fuertemente que Argentina ponga en funcionamiento el mecanismo nacional de prevención de la tortura y que empiece a funcionar de manera articulada con los mecanismos provinciales”, sostiene Litvachky.

Mientras tanto, la tortura en los sitios de detención persiste. Su cifra negra se presume elevada.

El número de condenas por torturas en cárceles o comisarías argentinas es bajísimo. La actitud de jueces y fiscales frente a este delito es permisiva. “En general los poderes judiciales en Argentina están respondiendo en forma muy débil a las denuncias que existen sobre violencia institucional en los lugares de encierro”, dice Litvachky.

“Es necesario que los poderes judiciales profundicen sus políticas de sanción frente a las denuncias sobre prácticas de tortura y malos tratos”, dice, ya que “el modo en que el poder judicial responde en estos casos es también, indirectamente, una política de prevención”, puntualiza.

Jueces y fiscales optan generalmente por desconfiar del preso que dice haber sido golpeado o torturado. Y cuando existen las pruebas, es difícil deslindar las responsabilidades. Desde el advenimiento de la democracia, en 1983, “se aprobó un artículo que responsabilizaba a título de culpa al director de la unidad”, contó la defensora general Martínez en la nota citada. “Ese artículo, que está vigente desde hace 30 años, se aplicó una sola vez”, señaló.

“La impunidad que encuentran este tipo de hechos se ha vuelto una tolerancia no social y general, pero sí una tolerancia del sector del Estado, en concreto del Poder Judicial, que debería tomar estos crímenes cometidos al amparo o con la actuación de agentes estatales como los crímenes más graves, tal como se considera en el derecho internacional”, sostiene Laino.

“Frente a estos hechos, los jueces y fiscales no investigan, no requieren medidas, los miran como algo leve o simplemente no les creen a los presos cuando cuentan sus historias de maltrato”, grafica el funcionario.

Otro de los expositores del congreso, Jorge Taiana, fue canciller argentino entre 2005 y 2010. Taiana sabe de lo que habla. En 1975 fue detenido ilegalmente por la Policía Federal. Fue registrado como desaparecido. Posteriormente fue legalizado y estuvo preso en distintas cárceles de la dictadura hasta noviembre de 1982.

Taiana considera que la tortura no sólo es un medio para obtener información sino que también constituye un elemento de disciplinamiento, que se aplica a delincuentes y al conjunto de excluidos que hay en la sociedad.

“Lo que nosotros tenemos mayormente estudiado, por lo menos a nivel del sistema federal y provincial, es que hay un fuerte componente del maltrato y la tortura como forma de disciplinamiento y de gobernabilidad de los lugares de detención”, coincide Litvachky. “Y se identifican también algunas prácticas de violencia policial y de tortura o maltrato en comisarías, pero no en el nivel que se ve en las cárceles”, sostiene.

La especialista cree que el uso de lo que se conoce como tortura procesal, que es la tortura para la confesión, no está tan extendido. “Aunque existen sí, claramente, prácticas de hostigamiento y maltrato a jóvenes, como la detención para averiguación de antecedentes, que tienen que ver más que nada con una función de control territorial”, explica.

Menciona el caso de Luciano Arruga, un chico que está desaparecido desde el 31 de enero de 2009, cuando contaba con 16 años de edad. La familia sostiene que fue secuestrado por efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, para los que se habría negado a delinquir. “Nosotros vemos que esa desaparición sería como la manifestación más extrema de esas prácticas de hostigamiento policial”, dice Litvachky.

Vulnerables

Laino explica la situación que enfrenta un preso que ha sido víctima de torturas:

“Frente a la impunidad absoluta en que quedan los hechos, los presos dicen ‘Para qué voy a denunciar, si terminan archivando todo porque no me creen o no me hicieron la prueba a tiempo; además me van a seguir cuidando los mismos torturadores’.

“Y si lo mandan a otra cárcel, los penitenciarios federales se conocen, lo mismo los de las provincias, saben que es un denunciante y le terminan pegando. El temor a represalias hace que no se denuncien hechos”, resume.

El Ministerio Público de la Defensa asiste a la víctima que quiere presentar una denuncia y lo acompaña con su equipo de abogados si quiere ser querellante. Pero también ha creado en 2010 un organismo que permite al detenido exponer la tortura sufrida sin tener que hacer la denuncia.

Laino coordina esta Unidad de Registro, una especie de observatorio que monitorea casos de tortura en lugares de encierro y el uso de violencia desmedida de las fuerzas de seguridad en sus operativos. La idea del organismo es fortalecer la prevención de estos delitos. Se busca establecer patrones y producir estadísticas. “Los defensores oficiales, que defienden a muchos de los 10 mil presos que hay en las cárceles federales registran los hechos en una planilla”, sostiene Laino. “Allí hay información sobre la víctima, la unidad penitenciaria y el lugar donde ocurrió el hecho, el horario, sobre las características de los agresores en caso de que se conozcan”, sostiene.

El observatorio ha permitido establecer que los grandes complejos carcelarios del Gran Buenos Aires presentan los índices más altos de violencia institucional. En el caso de las detenciones, la policía suele desplegar una violencia excesiva contra chicos en situación de calle o que vienen de las “villas de emergencia”.

La mayoría de las víctimas de este maltrato provienen de la clase social más desfavorecida, que es la que hoy es la que se hacina en cárceles y comisarías.

Litvachky advierte: “Los Estados que proponen modelos de inclusión social no pueden al mismo tiempo trabajar sobre modelos punitivos que impulsan un endurecimiento del sistema penal, que en general está orientado hacia los sectores populares. Porque eso es todo lo contrario a un sistema de inclusión.”

La especialista propone, en cambio, reorientar los esfuerzos del sistema penal para dirigirlos contra las redes y no sobre los últimos eslabones.

“Lo que uno ve en general es que el sistema penal está lleno de pobres y que las personas que son detenidas son los últimos eslabones de las cadenas —dice Litvachky— porque el Estado no tiene la inteligencia ni la política contra la criminalidad suficiente como para trabajar sobre las redes de ilegalidad, que son las que también generan violencia social y las que en última instancia producen delitos violentos que provocan alarma social.”

El congreso internacional abordó también la tortura contra otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad. En ese marco, se elogió la reciente reglamentación de la Ley de Salud Mental, que pretende evitar torturas en los lugares de encierro siquiátrico. 

“Para estas personas con problemas de salud mental la ley crea un mecanismo, un órgano de revisión, que va a tener facultades para controlar las internaciones”, explica Laino. “Porque mucha gente que está detenida en centros siquiátricos no está a disposición de un juez penal, el problema es que están a disposición de jueces civiles”, sostiene.

“Los jueces civiles se vienen oponiendo a aplicar esta ley con el argumento de que no estaba reglamentada”, dice. “Se van a empezar a aplicar muchos derechos que surgían de la norma y que muchos jueces civiles, reacios a los nuevos paradigmas de derechos humanos, en el caso de internación siquiátrica, se estaban negando a aplicar”, afirma.

La Ley de Salud Mental encontró “mucha resistencia de las corporaciones clásicas, que tenían todo el poder en el tema de salud mental, como por ejemplo los siquiatras”, explicó la defensora general Martínez en el artículo citado. La nueva ley “no concibe al enfermo meramente como un objeto de protección sino como un sujeto de derechos”. 

 Tiene derecho a tener un abogado “que lo asesore sobre la racionalidad de que sea tratado privándolo de su libertad, con tratamientos que aplican mecanismos como la sujeción, el electroshock”, dijo la defensora. “Hemos logrado revertir esa medida extrema en un altísimo número de casos”, sostuvo.

Extramuros

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presenta cada año un Informe de Derechos humanos. En el informe publicado en 2012, el CELS advierte que algunos indicadores, como la evolución de muertes en las cárceles, han mostrado un incremento preocupante. “Mientras que en 2010 hubo 33 muertes, en 2011 hubo 39”, puede leerse.

“Esta ocurriendo en el Servicio Penitenciario Federal un número muy elevado de muertes”, constata Laino, cuyo sector en la Defensoría General de la Nación lleva el registro de las muertes en situación de encierro que se producen en el ámbito federal. 

“Algunas de esas muertes se producen por enfrentamientos entre internos, entonces dicen ‘No, se pelearon entre ellos, se mataron entre ellos’”, refiere el funcionario.

 “¿Por qué se matan? Se matan por un par de zapatillas, se matan porque no alcanza la comida”, sostiene. “Eso nos habla de una deficiencia estructural en el servicio penitenciario, ya que el poder de custodia tendría que evitar que esto pasara”.

“Adentro y afuera, una frontera imaginaria. La brutalidad intramuros se propaga al resto de la sociedad y, lejos de pacificarla, aumenta los niveles de violencia”, escribió el 27 de julio de 2012 el periodista y director del CELS, Horacio Verbitsky, en el diario Página 12.
 “Más temprano que tarde estas prácticas intramuros se diseminan en toda la sociedad, que no está formada por compartimentos estancos”, sostiene el periodista. 

“Allí donde una vida no vale nada, todas se devalúan —dice—. Los asaltos a familias o personas mayores que son golpeadas en forma salvaje o sometidas al paso de corriente eléctrica prueban el aporte de las prácticas carcelarias a la inseguridad.”

—¿Ve usted una relación entre los niveles de violencia institucional que viven los presos en las cárceles y la violencia que han asumido en los últimos 15 o 20 años los asaltos o robos? —se le pregunta a Litvachky.

—Es difícil responder linealmente esa pregunta —dice la especialista— No hay estudios de impacto que puedan hacer esa relación tan directa. Lo que sí está claro es que cuando uno trabaja sobre la violencia social, sobre su disminución, la violencia institucional es uno de los aspectos centrales sobre los que hay que intervenir.

Litvachky sostiene que “si la cárcel o las instituciones de encierro pretenden resolver algún aspecto vinculado con la generación de violencia social, que se expresa en algunos casos en el delito, aunque no siempre, esta respuesta estatal no puede ser una respuesta en la que se aplique violencia”.

Dice: “Ahí hay una discusión moral, una discusión ética y una discusión político-institucional también”.

Desde la Defensoría General de la Nación se plantea a futuro un cambio radical. El contacto con los presos estaría a cargo de personas con un rol de educadores antes que de guardias. El personal de seguridad haría sólo protección perimetral. 

Hacer cárceles pequeñas, gobernables. No abusar de la prisión preventiva. Desarticular la convicción de que el Estado debe castigar al delincuente a modo de venganza en vez de privarlo de la libertad en lugares sanos, limpios y seguros para sancionarlo e intentar recuperarlo.

En lo inmediato, según Litchavsky, “es necesario que los poderes ejecutivos (nacional y provinciales) desarrollen sus propias políticas de prevención de la tortura, que tiene que ver con el modo en que funcionan los servicios penitenciarios y las policías”, dice.

“Hay necesidad que tanto los servicios penitenciarios como las policías reformen sus prácticas, se reformen las leyes orgánicas, se fortalezca el control político tanto de los servicios penitenciarios como de las policías, y mejoren los sistemas de control interno”, sostiene la especialista.

/ 7 de junio de 2013)

LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Familiares de los desaparecidos en la Zona Rosa protestan en la PGJDF. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- Desde los años 70 del siglo pasado, el fenómeno de las desapariciones forzadas, bajo la sombra de las autoridades de seguridad del Estado, comenzó a manifestarse en el marco de la lucha contra las guerrillas con un número aproximado de mil 500 casos.

Dos décadas después, sobre todo a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, este fenómeno se ha incrementado gravemente al punto de que los registros oficiales hablan de 26 mil casos, aunque el número podría ser mayor porque una buena parte no se denuncia por temor.

A partir de 1997 la agrupación Human Rights Watch comenzó a señalar las desapariciones forzadas en el norte de México. En ese año, el estado con mayor número de casos era Baja California, pronto siguieron sus pasos Chihuahua y Tamaulipas, y luego Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Morelos y Michoacán.

En algunos de estos estados, las leyes que establecían el tiempo para declarar a una persona como desaparecida fueron cambiadas en un intento de alargar ese periodo y de esa manera diluir el espinoso problema que ya tenía, con el aumento de casos y las demandas de miles de familias por encontrar a sus seres queridos.

Algunos de los casos de desapariciones eran de gente especializada en oficios o profesiones que interesaban especialmente a los grupos del crimen organizado. 

Se trata de electricistas, albañiles, ingenieros civiles, arquitectos, albañiles, campesinos, químicos, médicos y técnicos en cibernética, a los cuales ponían a trabajar en sus campos, laboratorios y centros de producción.

A pesar de las miles de denuncias expuestas en organizaciones nacionales e internacionales, la oleada de desapariciones forzadas ha continuado tomando nuevos perfiles y nuevos rumbos.

Ya no se trata ahora de gente especializada en algún oficio, ahora son grupos de campesinos, migrantes y muchos jóvenes que son extorsionados u obligados a trabajar bajo sus órdenes.

Tampoco se ha centralizado en algunos estados. Otras regiones del país ya sufren este problema, una de ellas la ciudad de México y los municipios colindantes del Estado de México.

La reciente desaparición de los jóvenes de Tepito en el bar de la Zona Rosa y los otros cinco del bar en la colonia 18 de marzo al norte de la ciudad de México, son dos casos que se han denunciado públicamente y que muestran que este fenómeno que va aparejado con el empoderamiento del crimen organizado no se detiene.

Es casi seguro que hay más desapariciones forzadas en el Distrito federal y el Valle de México que hasta el momento no han sido denunciadas o hechas públicas. Pero es evidente que distintas bandas del crimen organizado están operando en toda esta enorme mancha urbana que potencialmente representa el mercado de consumo más atractivo del país porque la mayor parte de la población es joven.

Paradójicamente, las autoridades capitalinas y mexiquenses están más preocupadas por aparentar que tienen controlada la situación y que el crimen organizado no está instalado en la sede del poder federal.

Pero las evidencias muestran lo contrario: colonias y barrios como Tepito, Iztapalapa, Ecatepec, Cuautepec El Alto, San Felipe, Tacuba, Atizapán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, entre otras, están controladas por distintos grupos. 

Otros más se dedican a dominar el mercado de consumo en bares y restaurantes de colonias, como Condesa, Roma, Centro, Aragón, Anáhuac, Morelos, Doctores y Juárez, bajo la mirada complaciente o corrupta de las autoridades.

Las desapariciones que se han registrado en la ciudad de México no son casos aislados como las autoridades pretenden hacer ver, son parte de un fenómeno nacional que no ha podido ser detenido por una simple razón, por la incapacidad que los tres niveles de gobierno han mostrado para combatir al crimen organizado y la impunidad que reina en todas las instancias de seguridad y procuración de justicia.

Twitter: @GilOlmos
/ 12 de junio de 2013)

ELECCIONES REPERCUTIRÁN EN EL PACTO POR MÉXICO: ZAMBRANO

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano.  Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la calidad de las elecciones en 14 estados de la República, incluida la de gobernador en Baja California, repercutirá en el desarrollo del Pacto por México.

En conferencia de prensa posterior a la reunión con el grupo parlamentario de senadores perredistas, el dirigente señaló que “a partir de lo que suceda el 7 de julio el PRD tomará decisiones”.

No obstante, aclaró que no llevará a la mesa del Pacto por México una posición de suspender los trabajos, aunque tenga denuncias del uso de programas sociales con fines electorales por parte de gobiernos priistas, como ha denunciado.

“No estoy planteando que voy a llevar a la mesa del Pacto una posición de no continuar con los trabajos, sino que a partir de la reunión de hoy se haga una revisión de los compromisos del adéndum y veremos qué sigue”, añadió, en referencia al agregado que se le hizo al Pacto para evitar el desvío de recursos de programas sociales hacia las campañas políticas.

Zambrano Grijalva recordó que en el encuentro que sostuvieron el PRI, el PAN y el PRD con el secretario de Gobernación se revisaron los compromisos que se asumieron en el adéndum del Pacto por México en materia electoral.

“Desde nuestro punto de vista ha habido claros incumplimientos del gobierno federal y del PRI”, criticó.

Aunque sí planteó que si el Revolucionario Institucional continúa con la lógica de no cumplir acuerdos, “no tiene caso seguir manteniendo los trabajos del Pacto en ese sentido”.

Zambrano confió en que el PRD va a estar encima de los gobernadores priistas para evitar que usen recursos públicos y beneficiar electoralmente a sus candidatos.

“Que cumplan con la ley y con la Constitución, que no se les olvide a los gobernadores que son sujetos de responsabilidad y que nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, advirtió.

En cuanto al regreso a México del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, el presidente nacional del PRD manifestó que no deja de llamar la atención el “cinismo” con el que se maneja el priista.

“Qué bueno que dé la cara y deje de estarse escondiendo, porque Granier estaba escondido, y que ahora explique el enorme desfalco que ha puesto en evidencia el gobierno de Núñez, que explique la fortuna enorme de sus hijos”, indicó.

/ 12 de junio de 2013)

EL INFIERNO DE LOS MIGRANTES

Migrantes en Tenosique, Tabasco. Foto: Noé Zavaleta

VERACRUZ, Ver. (apro).- Caravanas de madres que buscan a sus hijos van y vienen, misiones de observación documentan una y otra vez el viacrucis que enfrentan los migrantes en su paso por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, y nadie hace nada para poner fin a ese infierno migratorio.

El pasado 28 de mayo integrantes de la Misión de Observación de la Ruta Migratoria (Morm), acompañados de reporteros, hicieron un recorrido a bordo de “La Bestia” en el tramo Tabasco, Chiapas y Veracruz, y constataron que los migrantes siguen siendo objeto de un sinnúmero de abusos.

Por ejemplo, el pasado 31 de mayo dos mujeres centroamericanas fueron baleadas cerca de las vías del tren, entre la estación Pakal-Nah y Salto de Agua en Chiapas, por resistirse a pagar la “cuota” a un comando armado que controla esa región.

Días después, el 4 de junio, en la estación de Medias Aguas, en Sayula de Alemán, Veracruz, el salvadoreño, Jorge Alberto Pérez León, fue atacado por otro grupo delincuencial que intentaba bajar del tren a dos menores que se negaron a pagar la “cuota” para poder subir al lomo de “La Bestía”. Pérez defendió a los menores y recibió cinco balazos en el tórax y las piernas que lo tienen hospitalizado. Su estado de salud es grave.

Antes de esos dos hechos, el 1 de mayo, una decena de indocumentados hondureños resultaron heridos en la congregación de Las Barrancas, en Cosoleacaque, Veracruz, al ser lanzados del tren en marcha. Inicialmente, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que se había tratado de una riña y más tarde tuvo que recular.

A raíz de ese incidente, la Misión de Observación de la Ruta Migratoria (Morm) organizaron un recorrido de seis días en el que recorrieron nueve puntos del sureste mexicano que abarcan los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Integrada por padres franciscanos, activistas del Movimiento Migrante Mesoamericano y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otros defensores de centroamericanos, la misión recorrió a contraflujo –de norte a sur- el trayecto que día con día toman los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos, en busca del llamado “sueño americano”.

Pero en el trayecto, se enfrentan todo tipo de situaciones: secuestros, extorsiones, desapariciones, humillaciones, maltrato e injusticias.

Nadie duerme por el temor a ser víctimas de “Los Maras” –que habitan y delinquen en el sureste mexicano–, o de la organización de Los Zetas, cuyo coto de poder se encuentra en los estados de Tabasco y Veracruz.

“Nos encontramos con tragedia tras tragedia, con auténticas historias de velorio”, reseña fray Tomás González, encargado del alberque de migrantes centroamericanos en Tenosique, Tabasco, demarcación en donde inicia la travesía migratoria en suelo mexicano, hostal y comedor gratuito que surgió a la par de la matanza de 73 inmigrantes en la congregación de San Fernando en Tamaulipas.

Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano y amenazado de muertes en diversas ocasiones por la delincuencia organizada., completa: “Pareciera que las autoridades alientan la violencia en la ruta migratoria como una forma de detener o inhibir la migración por consigna en Norteamérica; si no es así, que nos demuestren lo contrario”.

Durante el recorrido por Orizaba, Amatlán de los Reyes, Acayucan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Las Choapas (Veracruz), Chontalpa, Huamanguillo, Tenosique (Tabasco) y Palenque (Chiapas), Elvira Arellano, activista de “Familia Latina Unida”, resume su sentir:

“El tren es de la delincuencia organizada, de una horda de delincuentes que le quiere quitar la libertad a nuestros hermanos mesoamericanos”.

En una reunión con senadores, los activistas de Morm lamentaron que pese a los hechos de sangre, muerte, desapariciones y secuestros de migrantes las autoridades mexicanas no hagan nada para frenar esa pesadilla.

Rubén Figueroa fue directo en su juicio. Dijo que los migrantes siguen siendo vistos como “mercancía”, pues representan una derrama económica muy fuerte para el crimen organizado.

“Y en contraste, tenemos la garita migratoria más grande del continente. No queremos reconocer a los migrantes como víctimas, cuando desaparecen nadie se da por enterado”.

En entrevista, el activista añade que las políticas de migración en México presentas muchas deficiencias porque, en lugar de una salvaguarda migratoria hay una “cacería de migrantes”, al carecer de una forma digna de transportación.

“La indiferencia de las autoridades desencadena omisión y complicidad con la delincuencia. Esa pareciera que es la visión estratégica del Estado mexicano para frenar, para decir ‘stop’ a la migración”, dice.

El pasado sábado 8 Figueroa volvió a denunciar que recibió nuevas amenazas en las afueras del albergue de “La 72” en Tenosique, Tabasco.

“Una persona se acercó al albergue de forma sospechosa, le pregunte que necesitaba, él me dijo andaba buscando a una persona, le dije que no podía venir a buscar a nadie y que por favor se retirara del lugar. El sujeto me respondió que quien era yo para pedirle eso. Le respondí que ese era mi trabajo. 

“Pues a la mierda con tu trabajo, no te metas con nosotros, porque te van a encontrar embalsamado, ya lo veras”, replicó el sujeto.

“La maldita cuota”

Desde el momento mismo en que los migrantes centroamericanos ingresan a suelo mexicano ya saben que tienen que cubrir una cuota de 400 dólares si desean viajar en el lomo del tren de Tenosique, Tabasco, hasta Orizaba, Veracruz.

“Ya nos llegaron. Vinieron ayer por la noche y pidieron la cuota de aquí. Nos garantizan que con esos 100 dólares podremos transitar sin problemas de aquí (estación de Pakal-Na, en Palenque, Chiapas) a Chontalpa (estación ubicada en Huimanguillo, Tabasco)”, cuenta un hondureño costeño.

–¿Y ya pagaron?–, les pregunta el reportero.

“Hay que pagarlos, no tenemos ese dinero; otros compañeros ya lo pagaron, nosotros vamos a ver como lo juntamos. Nos enviaron a dos hombres, de menor rango, pero por lo que hemos escuchado abajo del tren piden el dinero por la buena, arriba, lo bajan a uno, lo machetean o secuestran”, dicen los hondureños en Palenque.

En Coatzacoalcos, Veracruz, “la puerta de entrada al crimen autorizado”, como resume el activista del Morm, Rubén Figueroa, los hondureños narran las “cuotas” que han tenido que pagar en sus distintos traslados por Tabasco, Chiapas y Veracruz.

“Son 100 dólares de Tenosique a Palenque, 100 para pasar a Chontalpa, 100 para llegar a Coatzacoalcos y 100 más para Tierra Blanca”, refieren en los bajos del Puente Verde de Coatzacoalcos.

En la conversación, algunos de ellos preguntan al reportero que tan ciertos son los ataques armados en Veracruz, en clara alusión al hecho sucedido en Las Barrancas, municipio de Cosoleacaque. En Huimanguillo, cerca de las vías del tren, el ambiente es hostil, los migrantes no quieren saber nada de derechos humanos, activistas y medios de comunicación.

A lo lejos, los “halcones” hacen su trabajo, Observan, hablan y hablan por teléfono. En los comedores que abundan por la zona, se percibe el miedo.

El reportero intenta conversar con un grupo de migrantes y la recepción no es la mejor: “A mí no me tomes fotografías, ni a mi carnal tampoco; no debemos nada, pero uno corre peligro ustedes no”, dice y se aleja.

Una mujer que vende comida a los migrantes dice al reportero:

“Es mejor no hablar, yo vendo comida a migrantes, pero vienen ustedes hablan conmigo y hay gente (sic) que va a pensar que en nuestra conversación les pude haber dicho no sé qué tanta cosa, y me pueden meter en problemas. Ya no es como antes, yo no voy a decir nada. Que les vaya bien”.

Ya en Las Choapas, un hondureño que bajó del tren a comer, rumia su suerte: “Ya pagamos 100 a los mareros (Los Maras) en Chiapas sólo para poder subir al tren, desgraciadamente muchos de quienes nos asaltan y extorsionan también son de nuestro país, eso me empinga (encabrona), ahora que lleguemos a Coatzacoalcos hay que pedir monedas para pagar otra cuota a los narcos”.

Edmison, del departamento de Francisco Morazán, explica que las historias de extorsiones, asaltos, secuestros y desapariciones de migrantes centroamericanos en México son conocidos hasta en los lugares más recónditos de la República catracha.

“La voz se corre, hay mucha gente que no tuvo éxito, se regresa a mitad del camino en México y uno ya sabe lo que le espera; pero es preferible pasar casi un mes de pesadilla aquí, lejos de tu familia, a seguir con la vida insoportable en Honduras, con la mara en guerra, con desempleo y mucha pobreza”, dice.

“Todos somos uno”

Alexander, otro hondureño, narra su experiencia:

“Venimos 20, pero los 20 somos uno, tenemos que cuidarnos entre todos, ya pagamos la cuota, pero ya no traemos dinero y la comida la hemos tenido que venir racionalizando, apenas llevamos 12 días en suelo mexicano y ya no vamos a permitir más extorsiones”.

El tren para en la estación de Tancochapa, en las Choapas, Veracruz a 52 kilómetros de Coatzacoalcos. En auto, el trayecto se hace en no más de 60 minutos, pero en el lomo de “La Bestia” el recorrido es de cuatro a cinco horas.

Nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos en su mayoría van trepados a los largo de los 20 vagones. Otros lo hacen dentro del tren, pero tienen que pagar de 20 a 30 pesos a cada uno a los maquinistas.

En el recorrido, los migrantes centroamericanos piden dinero a los mexicanos que se cruzan en su camino, con el argumento de que llevan días sin comer o simplemente apelan a la caridad.

La suma que llegan a conseguir dura poco en sus manos porque tarde o temprano se utilizará para pagar las cuotas al crimen organizado.

En ocasiones, los migrantes llegan a caminar largas distancias y en su camino tienen que ocultarse entre la maleza, adentrarse en los pueblos y confundirse entre la población para no ser extorsionado.

Tan sólo en la congregación de “El Ceibo”, municipio de Tenosique, los migrantes centroamericanos llegan a caminar hasta 57 kilómetros.

“Nos lleva hasta dos días, porque tenemos que ir escondiéndonos de la delincuencia y de la Policía Federal. Pernoctamos entre la maleza y ya en Tenosique, a esperar a que pase el tren”, relata Alejandro, un joven salvadoreño de 21 años, quien emprenderá un segundo intento por llegar a Estados Unidos.

“Veracruz Foco Rojo”

El padre Tomás González, encargado del albergue “La 72” dice que el territorio veracruzano representa un “foco rojo” para los migrantes porque son víctimas de violencia, desapariciones y vejaciones.

Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, secunda al religioso:

La acentuación de la violencia y las vejaciones contra migrantes en suelo veracruzano arreció con Fidel Herrera y se recrudeció con Javier Duarte.

En el actual gobierno, dice, la interlocución con la directora de Atención a Migrantes, Claudia Ramón Perea, ha sido nula y de “oídos sordos”. La funcionaria duartista, agrega, se ha dedicado a “minimizar” los secuestros y extorsiones a los centroamericanos en el territorio veracruzano, en aras de no dañar la imagen pública de la administración priista y la del propio Duarte.

La “riña” que despertó a todo un pueblo

“Salgan del monte, no tengan miedo”, gritó, micrófono en mano, Julio Pérez, a los migrantes centroamericanos que se encontraban ocultos entre la maleza, varios de ellos, ensangrentados y golpeados severamente.

El perifoneo “urgente” funcionó: poco a poco, cientos de inmigrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador empezaron a salir de sus escondites, luego de ser arrojados del tren por un grupo criminal o arrojarse por su propia cuenta ante el temor de ser asesinados.

Era el 1 de mayo y la noche previa un grupo armado de más de 20 personas tomó por asalto el tren y decenas de centroamericanos fueron arrojados al suelo desde “La Bestia” en movimiento. El incidente ocurrió en la congregación de Las Barrancas, municipio de Cosoleacaque.

Esa misma noche, todo el pueblo de Las Barrancas salió en auxilio de los extranjeros. La pequeña localidad, que sobrevive de la siembra de maíz y de los ingresos de sus albañiles, herreros y obreros de Minatitlán, se volcó con botellas de agua, comida, ropa limpia y consuelo para los migrantes que vivieron 30 minutos de terror.

Julio Pérez cuenta en entrevista que un vecino lo alertó de que un migrante llegó hasta su casa ubicada a la orilla de las vías del ferrocarril, con la mano cortada y del rostro ensangrentado.

El hombre herido le pidió auxilio porque habían sido atacados con machetes y armas cortas.

“Con el aparato de sonido les dijimos a los migrantes que no tuvieran miedo, que salieran del monte; ellos tenía miedo que los volvieran a atacar, después de insistirles a través de una bocina, poco a poco fueron saliendo”, cuenta Julio.

En su reporte sobre ese incidente, el Morm dice lo siguiente: “Para los defensores, la inequidad en la protección de los migrantes redunda en la escasez de apoyo a las personas y manifiesta la ausencia de políticas generales de protección y promoción de derechos humanos, y no se observa por ninguna parte la intención clara de proteger la dignidad, integridad ni la vida de las personas”.

“El Chava y el Pájaro”

En el recorrido por Veracruz, los migrantes tienen dos nombres bien grabados en la mente: El Pájaro y El Chava, identificados como presuntos líderes de la delincuencia organizada.

Al Pájaro lo describen como un sicario musculoso, que siempre viste camisetas sin mangas, para lucir sus tatuajes. Dicho sujeto siempre se hace acompañar de 20 personas, quienes se encargan de asaltar a los migrantes arriba del tren y de privarlos de su libertad para cobrar a sus familiares una cantidad por su rescate.

El Chava es un sicario que siempre lleva consigo una R-15. Este sujeto opera en la región de Tierra Blanca y Orizaba y su grupo se encarga de cobrar las cuotas.

“Si no pagas, te tira del tren, te machetea o te mata”, narra un grupo de migrantes.

“Sabemos el modus operandi de los delincuentes, cómo los apodan, quienes son los líderes, los tatuajes que los distinguen. Se trata de 20 personas se suben al tren con armas largas y cortas, machetes, y atracan a todo mundo. 

“Toda esa información está en manos de las autoridades estatales y federales y no pasa nada”, dice o eso se le hemos dicho a la autoridad y no pasa nada, dice Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano.

En Tenosique, Tabasco, revela, se han interpuesto más de 100 demandas penales ante las procuradurías estatal y federal y “la indiferencia y pasividad son notables”.

En la mayoría de los nueve puntos que recorrió la Misión de Observación de la Ruta Migratoria no pasó desapercibido la presencia de “vigías del camino” o “halcones”, jóvenes mexicanos y centroamericanos que se entremezclan con los inmigrantes que desean llegar a Estados Unidos y que buscan monitorear todos los movimientos de los tripulantes.

Repatriación voluntaria

A Carlos Argueta, Manuel Benítez y Samuel Domínguez, hondureños de 20 años, les duro cinco días la ilusión de llegar a Estados Unidos. Los tres suplicaron a agentes del grupo Beta, el brazo vigilante del Instituto Nacional de Migración, y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su “repatriación voluntaria”, ante el temor a caer en manos del crimen organizado.

Y es que apenas subieron al tren alguien se les acercó y les pidió una cuota 400 dólares que ni siquiera llevaban consigo.

Llevan un día entero sin comer. Su rostro está demacrado. En el parque Pakal-Na, cerca de la estación ferrocarrilera de Palenque, Chiapas, consiguieron un trabajo “chapeando” y cargando muebles, en una casa, en donde se ganaron 30 pesos cada uno.

Arguetta, Benítez y Domínguez narran que desde que entraron a suelo mexicano, personal al servicio de la delincuencia organizada los empezó a hostigar para cubrir su cuota. De lo contrario, les advirtieron, que serían tundidos a machetazos y bajados del tren en movimiento.

Atemorizados, los tres hondureños oriundos del departamento de Comayagua, optaron por pedir a las autoridades mexicanas su repatriación voluntaria.

En el parque Pakal-Na, la primera estación para empezar el trayecto de “La Bestía”, cerca de un centenar de hondureños reposa luego de haber pasado su primera escala en suelo mexicano, caminaron 57 kilómetros en la congregación El Ceibo, durmieron una noche o dos en el albergue de Tenosique, Tabasco, y recién llegados a Chiapas, saben que los peligros apenas inician.

/ 12 de junio de 2013)

LA HISTORIA DE UN MILITAR TORTURADO POR MILITARES

Juegos de guerra. Militares simulan operativo en Veracruz. Foto: Miguel Ángel Carmona

GUADALAJARA, Jal. (Proceso).- El sargento segundo Aarón Israel González Espino quedó epiléptico, extremadamente delgado, frágil y con daños psíquicos después de largas sesiones, días de tortura en la XXI Zona Militar, en Morelia, perpetradas para que se declarara culpable de delitos presuntamente cometidos por otros militares.

González Espino siempre afirmó que era inocente, pese a los tormentos infligidos entre marzo y abril de 2010 por militares del cuerpo de élite GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) y agentes de la Policía Judicial Militar.

Lúcido, pese a que las secuelas lo dejaron al borde de la muerte, el sargento del 37 Batallón, con sede en Zamora, cuenta su azarosa historia.

Recluido en la Prisión Militar de la V Región Militar, con sede en La Mojonera, Zapopan, relata que hizo alta en el Ejército en junio de 2001, que nunca causó problemas y que –es importante– siempre fue hallado sano en las revisiones anuales que le hacía la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Todo se torció, asegura, el 31 de marzo de 2010. Estaba de vacaciones cuando recibió una llamada telefónica que le hizo un cabo apodado El Nipón. El cabo le pasó la bocina al coronel Andrés Ojeda Ramírez, quien le dijo a González Espino que tendría que presentarse en Morelia, y que ellos lo llevarían.

El Nipón fue por él a su casa, en Zamora. Aún sin decirle de qué se trataba, lo subieron a una camioneta “que manejaba el cabo Demetrio Diego, y además iban el teniente Juan Manuel Vidal Luna y personal de tropa con el rostro cubierto”.

Ya en Morelia, afirma, lo llevaron al cuartel de la ciudad. Ahí lo presentaron ante el jefe del estado mayor, Gabriel Rincón. “Él me presentó con los gafes que estaban en la segunda planta de la XXI Zona Militar. Les dijo: ‘Ahí se los encargo’. Y me ataron las manos a la espalda y me vendaron los ojos. Me tuvieron ahí ese día sin alimentos ni agua y no me explicaron por qué”, recuerda.

Al día siguiente llegaron unas personas a donde estaba detenido: “Me decían que yo era El Español, lo que negué, y me comenzaron a golpear: ‘Sí, alguien te señala y te reconoce como El Español’. 

Entonces trajeron al ‘soldado coronel’. No lo vi, pero escuché cómo lo estaban golpeando severamente. Después de los golpes lo pusieron frente a mí, me descubrieron la cara y él me señaló como El Español”.

Así comenzaría a enterarse que lo acusaban de estar coludido con el narco y de pasarle información a La Familia Michoacana.

Se intensificaron las golpizas. “Me dieron cachetadas en la cara, la nuca y los oídos hasta que me quedaron zumbando. Me levantaron entre dos personas y me pasaron a los baños de la Segunda Compañía del doceavo Batallón de Infantería”.

Lo metieron a la regadera y le preguntaban que cuánto dinero le daban por pasar información. Respondió que nunca había pasado información ni lo haría: “‘Entonces la pasas gratis’. ‘No señor, yo nunca he pasado información’”, respondió.

Posteriormente, “uno de ellos me empezó a echar agua con el trapo húmedo y me pusieron una bolsa que me tapó bien la nariz y la boca y trataron de asfixiarme con fuerza. 

No sé de dónde comencé a patalear y me quedé viendo en blanco. Se subían en mi cabeza y me gritaban: ‘¡Ya muérete, cabrón! ¡Me vale verga si te mueres, ya te aventaron, tú estás muerto, me vale madre, ya muérete!’”, recuerda.

Pero el sargento insistía en su inocencia. “‘¿Qué te parece si a tus hermanos, a tus papás les plantamos droga, granadas? ¿Cuántos años crees que se van a aventar?’. 

‘Yo no sé nada’, les contesté. Me preguntaron qué hacía en la zona. Yo les dije que era técnico en urgencias médicas y conductor de ambulancia y, aparte, hago trabajos de carpintería que me pedían los comandantes”. 

Recordó que también había sido chofer del propio comandante de la XXI Zona Militar, Mauricio Sánchez Bravo.

Poco tiempo después una carcajada lo estremeció. “Así me gusta, que no digan nada porque más me divierto”, dijo el de la risa. 

“Bienvenido a la segunda fase”, le espetó. “Me echaron agua caliente en la cara, agua fría, agua caliente, agua fría y me comenzaron a dar toques. 

‘Así me gusta, que no hable nada porque más me divierto’, me dijo. Dejaron puestos los cables en el pie y me presionaban las rodillas para que no las encogiera. Mi cuerpo se ponía tieso”.

El que disfrutaba torturando fue a más: “Okey, pues como no quieres aceptar que eres El Español y que trabajas para La Familia, voy a ir subiendo así hasta llegar, ¿sabes a dónde? A los huevos, al cabo que ya tienes cuatro hijos y ya no los ocupas”. 

“Y comenzó de nuevo a darme toques hasta que llegó a mis testículos. No sé cuántas veces me pusieron toques, pero mejor quería de verdad morir en ese instante. Ya no soportaba”.

En esa misma sesión de tortura, afirma, se incorporó un judicial militar: “A uno de los judiciales, el cual ubico bien por su forma de hablar, le sonó su nextel y era su novia, o no sé quién. Le dijo: ‘Es que estoy trabajando, de veras, ¿no crees?’ Y empezó a darme toques y toques otra vez y me acercó su teléfono a la boca y me preguntaba: 

‘¿Pasas información a La Familia?’ Le dije que no y me siguió dando toques. Luego dijo: ‘¿Ya escuchaste, amor? Ando trabajando’”.

Esa noche, asegura, escuchó cómo torturaban a otras personas.
Poco después empezó a orinar rojo: “Me dolían los testículos. Oriné rojo, no sé la intensidad de qué tan rojo”. Era el 2 de abril.

Sólo al día siguiente fue presentado ante un Ministerio Público (MP) militar. Y cuando estuvo frente a él, declarando, asentó que él era inocente. “Le dije al coronel del MP que no era El Español y que no era miembro de La Familia”.

Después de eso cesaron las torturas. Pero no la persecución.

Entre el 7 y el 8 de abril lo llevaron a firmar un “correctivo disciplinario” de parte de su batallón, porque supuestamente se había perdido un rifle G-3. Y ahora era investigado por eso.

Sólo el 13 o 14 de abril, recuerda, le quitaron las esposas y las vendas de los ojos. Le pagaron su quincena. Hasta entonces pudo tener visita de sus familiares.

El 19 de abril en la mañana les comunicaron al sargento y a otros siete detenidos –que bajo tortura atestiguaron en su contra– que había una orden de aprehensión… por el fusil “perdido”. Los trasladaron a la prisión militar, donde ahora Aarón Israel González Espino (el soldado C-6373801) purga la pena señalada en la causa 345/2010.

A causa de todo esto, un año después intentó suicidarse. Lo llevaron al Hospital Central Militar, en la Ciudad de México. Fue atendido en la sección de neurocirugía por problemas serios de depresión: “Historia de crisis convulsiva. 

Refiere el paciente que inicia en 2010. Esto le ha sucedido de seis a ocho ocasiones y de esas ocasiones ha presentado en tres eventos relajación de esfínteres, dos urinaria y una fecal. 

La citada clase (soldado) se encuentra incapacitado en primera categoría para el servicio activo de las armas por padecer epilepsia”, reza el parte médico.

Sin embargo, ya estabilizado lo regresaron a la misma cárcel, pese a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a un amparo otorgado por el Juzgado Quinto de Distrito.

Las causas, en el aire

El sargento dice que de nada le valió haber sido chofer del comandante de la XXI Zona Militar, el general de brigada Mauricio Sánchez Bravo –ahora retirado– y de su esposa. Al contrario: cree que, para cubrirse, el propio comandante podría haberlo acusado.

El sargento no tiene claro por qué arremetieron contra él. Sólo recuerda que, antes de ser detenido, él detectó que alguien lo estaba siguiendo. Por miedo a que lo “levantaran” dio “parte verbalmente al general Mauricio Sánchez Bravo, a los tenientes de infantería Fierro, comisionado de contrainteligencia, y a Mario Sosa”.

 Explica: “Tenía miedo a que me fueran a levantar, o a hacerle algo a la familia de mi general, pues yo fui su chofer y de la señora”.

Cuando contó esa historia durante su detención, uno de captores aventuró: “O le querían llegar a mi general”…

En la plática con este semanario, el sargento González Espino aseguró que jamás recibió de alguien alguna propuesta ilícita, y que si así hubiera sucedido, se lo habría dicho a sus superiores: estaba de por medio su vida.

/ 12 de junio de 2013)