Mathieu Tourliere/ Proces
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde el 2008, cuando entró en
operación el Proyecto Bicentenario-Ciudad Segura, más de 12 mil
videocámaras vigilan cuanto sucede en las principales calles y avenidas
de la Ciudad de México, con el objetivo de reducir la inseguridad.
Sin embargo, ni en Inglaterra, que cuenta con una cámara por cada 14
habitantes ni ningún estudio internacional han comprobado que las
cámaras de vigilancia reduzcan el crimen, subrayó Nelson Arteaga,
profesor e investigador de la Facultad Latino-Americana de Ciencias
Sociales (Flacso) en la conferencia “Cámaras de vigilancia e inseguridad
en México”.
El sociólogo expuso que desde la década de los 90, la sensación de
inseguridad se incrementó en México.
Añadió que esta percepción generó, a
su vez, expresiones de “pánico moral” –un sentimiento de que la
sociedad está a punto de destruirse–, y marcó el florecimiento del
negocio de la seguridad privada y de las políticas de vigilancia
aplicadas bajo el lema de “cero tolerancia”.
En el 2008, dijo, la Plataforma México incentivó el uso de tecnología
de vanguardia para espiar las correspondencias electrónicas y las
conversaciones telefónicas.
Además, añadió que el gobierno federal
invirtió más de 400 millones de dólares para adquirir sistemas de
rastreos de Internet y software que permiten dirigir computadoras a distancia y descifrar contraseñas.
El académico calificó de “urbanismo militar” las políticas de
vigilancia y de seguridad que lleva a cabo el Gobierno del Distrito
Federal, es decir, explicó, que considera el entorno urbano como un
entorno de guerra.
En entrevista con Apro, Nelson Arteaga sostiene que las
autoridades capitalinas adoptan las mismas técnicas, materiales y
estrategias que los militares para controlar la ciudad. La lógica de
cuadrantes y de geolocalización del territorio, por ejemplo, dice,
permiten ubicar “puntos rojos” o “zonas peligrosas”.
“La mayoría de los sistemas de vigilancia provienen de la industria
militar, y muchas de estas tecnologías aplicadas al entorno urbano han
sido exportadas de Irak y de Afganistán. Imitan los métodos con los
cuales los estadunidenses controlaban la ciudad de Bagdad”, subrayó.
Durante su conferencia, Arteaga enfatizó que son múltiples las
técnicas de vigilancia: celulares, tarjetas de crédito, redes sociales e
Internet en general –quizás lo más vigilado que existe, precisó– y
videocámaras, entre otros sistemas.
A través de sofisticados métodos, las autoridades gubernamentales
pueden identificarnos, monitorear lo que estamos haciendo y
clasificarnos mediante el establecimiento de perfiles y sectores de
población. Estas técnicas, explica, se podrán ampliar por el
reconocimiento del iris o la detección del flujo sanguineo en el futuro.
Sin embargo, según los datos del sociólogo, tan sólo 4% de los
mexicanos está familiarizado con los sistemas biométricos de vigilancia,
como el reconocimiento facial de las cámaras, mientras el 24% de los
estadunidenses y 29% de los canadienses están conscientes de esto.
Por
lo contrario, y mientras no se haya comprobado la reducción del número
de crímenes con las cámaras de seguridad, 81% de los mexicanos confían
en que éstas abatirán la inseguridad, contra 65% de los franceses, en su
país.
El experto culpó a los medios de comunicación por divulgar el mito,
según cual las cámaras son eficientes al construir una “narrativa de la
vigilancia”.
Las televisoras, indica, propagan fragmentos de videos extraídos de
cámaras de seguridad en búsqueda de imágenes fuertes. “La violencia
vende”, lamenta.
Al difundirlas, dice, mantienen la sensación de inseguridad, pero al
mismo tiempo fortalecen la idea que las cámaras generan seguridad en un
círculo que se autoalimenta.
Hoy días muchos pueden ver en tiempo real a dos personas que cometen
un delito y están detenidas. “Lo vemos como un éxito”, comentó. Sin
embargo, según él, sería inútil poner una persona detrás de cada cámara
porque “pueden pasar meses o años sin que pase nada”.
Las cámaras tienen entonces, refiere, otro uso: “Cuando los de clase
media y alta ven una cámara de videovigilancia se sienten más seguros. A
diferencia de otros países, los mexicanos sienten que la seguridad y la
vigilancia no son derechos, sino propiedades que se obtienen con los
ingresos. Entre más vigilancia tienen en su zona de trabajo y donde
viven, paradójicamente tienen más privacidad. En otros países es un
atentado a la privacidad”, destacó el investigador.
La instalación de videocámaras en la Ciudad de México, cuenta,
concretizó una propuesta de Rudolf Giuliani, el entonces alcalde de
Nueva York, para “rescatar el Centro Histórico”.
La consecuencia directa
del nuevo sistema de vigilancia fue el desplazamiento de esta zona de
sectores “no deseados” de población –de bajos ingresos–, a los cuales
sustituyó una clase media. Después, agregó, se exportó hacia el sistema
de transporte de la ciudad.
Según datos proporcionados por el investigador, 68% de las cámaras de
seguridad en la Ciudad de México tienen como objetivo “prevenir,
inhibir, combatir conductas ilícitas, así como garantizar el orden y la
tranquilidad la población”; 30% gestionar el flujo del tráfico del Metro
y 2% rodean las avenidas principales de la ciudad.
Asimismo, el 22% de
las cámaras se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez
mientras el 28% están en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Industria millonaria
Arteaga ve la vigilancia como una herramienta. Puede ser útil para la
democracia cuando se usa para incentivar políticas públicas y generar
igualdades.
No obstante, sostiene que puede ser abusiva cuando unos la manipulan
para clasificar a ciertos grupos sociales según esquemas de segregación
urbana, o para detectar líderes de movimientos sociales, un método común
en México, apuntó.
“La vigilancia permite, por una parte, el control y, por el otro, el
cuidado de la población. El punto es ¿hasta qué punto una sociedad o un
Estado se inclina hacia uno otro lado de la balanza?”, preguntó.
Para
ilustrar sus dichos, compartió un estudio que realizó sobre la
implantación de cámaras de vigilancia en las entradas y salidas de
Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, una de las zonas más
exclusivas del área metropolitana.
Notó que las autoridades invitaron a
los alumnos de secundaria de las escuelas de las afueras de Interlomas
–populares– a admirar cómo protegían la zona para que no se arriesgaran a
cometer robos.
“La advertencia era ‘cuídense, pórtense bien porque los estamos vigilando’”, subrayó el investigador.
Al contrario, recibieron a los habitantes de la zona con otro
discurso. Les aseguraron que los estaban cuidando y que, “pese a que la
cámaras puedan ver lo que está sucediendo en sus edificios, nuestra
ética nos prohíbe espiar lo que hacen a través de las ventanas”.
La industria de la vigilancia, recordó, genera millones de dólares.
Es “una industria militar en el propio sentido”. El Gobierno del
Distrito Federal contrató a empresas privadas para la instalación de las
cámaras de seguridad, y formó a aproximadamente 500 vigilantes informó
Arteaga.
Según las cifras que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública
en el informe de la cuenta pública 2011 del Gobierno del Distrito
Federal, el presupuesto para el sistema de videovigilancia de la Ciudad
de México en este año alcanzaba 105 millones de pesos, mientras 8 mil
520 empresas de seguridad privada permisionarias realizaron trámite para
operar en la capital.
El investigador exhortó a la ciudadanía a apropiarse el debate.
Apuntó, particularmente, los riesgos que representa el uso arbitrario de
los datos por las entidades públicas y privadas de seguridad, y sobre
todo sus efectos en la segregación social de los espacios urbanos.
Contó
que en centros comerciales, cuando entra una persona que no parezca un
consumidor habitual del lugar, de inmediato atrae las cámaras y los
vigilantes piden a los guardias ponerle atención a este “consumidor
falso” como lo llaman.
Existen resistencias a la vigilancia por algunos sectores y en
algunos lugares –como las escuelas– explicó. Esas resistencias ilustran
posibles tensiones en el futuro. Al no invertirse hoy en el tema de la
vigilancia y del control del espacio urbano, quizá algún día será
demasiado tarde para la sociedad civil revertir el proceso. ¿Qué tipo de
ciudadanía se construye en un entorno considerado conflictivo?,
preguntó Arteaga. Es tiempo de decidir qué tipo de ciudad debe ser la
Ciudad de México.
