martes, 9 de abril de 2013

DAN 38 AÑOS DE CÁRCEL A PRESUNTO ASESINO DE REGINA MARTÍNEZ



Noé Zavaleta/ Proceso
XALAPA, Ver. (Apro).- Jorge Antonio Hernández, El Silva, el único detenido hasta ahora por el asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, fue sentenciado a 38 años de prisión.

María de los Ángeles Diana Coq Toscanini, coadyuvante de Proceso en las investigaciones sobre el crimen, informó que el Tribunal Superior de Justicia del estado le impuso también una multa de 80 mil pesos como reparación del daño por su coparticipación en el homicidio y robo calificado en contra de la periodista, una de las nueve víctimas mortales en el gobierno de Javier Duarte.

La litigante comentó que este martes se notificó en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, la sentencia de 38 años y 60 días de prisión para El Silva.

Regina Martínez fue asesinada el 27 de abril del año pasado en el interior de su domicilio, en la privada de Rodríguez Clara, en el barrio del Dique y, a casi un año del artero crimen, uno de los presuntos asesinos, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, continúa prófugo, pese a contar con antecedentes penales previos al homicidio de la reportera.

En el desahogo de las pruebas de cargo en la investigación ministerial 019/2012/PC y en la causa penal 358/2012, la juez Beatriz Rivera Hernández ratificó la responsabilidad del acusado, sin que El Silva haya presentado algún elemento de descargo para demostrar su inocencia.

Por el contrario, el detenido reconoció su participación en los hechos en que perdiera la vida Regina Martínez.

El 30 de octubre de 2012 el procurador Amadeo Flores Espinosa anunció la detención de El Silva y que su oficina estaba en busca de El Jarocho, un delincuente y sexoservidor a quien presentó como supuesto novio de la periodista. Ese mismo día los consignó ante la justicia local y el viernes 2 de noviembre la juez Rivera dictó el auto de formal prisión contra El Silva.

La juez desechó por completo la declaración preparatoria de Hernández Silva, quien negó su responsabilidad y acusó a la Procuraduría de Justicia de tortura y retención ilegal durante varias semanas hasta hacerlo inculparse, amenazado con que matarían a su madre, su único lazo afectivo, si no lo hacía.

Analfabeto y portador del virus de inmunodeficiencia humana, El Silva, de 34 años, tras ser detenido, firmó su declaración ante el Ministerio Público con su huella digital, pero su comparecencia ante la PJG en la que se inculpa es tan coherente, estructurada y detallada como la de una persona con preparación, según consta en la investigación ministerial 019/2012/PC.

Desde que fue llevado a prisión, Hernández Silva quedó aislado. No convive con la población del penal de Pacho Viejo, en Xalapa. De acuerdo con testimonios recogidos en el centro de readaptación social, lo tienen bajo vigilancia día y noche.

En lo que va de la administración de Duarte, nueve periodistas han sido asesinados, cuatro se encuentran desaparecidos y cerca de 20 más se han visto obligados a dejar la entidad por amenazas, despidos y presiones.

(PROCESO/ Noé Zavaleta/ 9 de abril de 2013)

CRITICA ‘ARTÍCULO 19’ SILENCIAMIENTO DE MEDIOS VERACRUZANOS Y CARPETAZO A CASO REGINA



Marcela Turati/ Proceso
MÉXICO, D.F. (Apro).- En el Golfo de México “se vive un nuevo y hasta ahora exitoso ensayo de silenciamiento de medios”, donde Veracruz completa un preocupante escenario de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados o privados de la libertad y donde funcionarios públicos al servicio de “grupos de poder” intimidan a comunicadores, señala el informe 2012 de la organización Artículo 19.

En el documento Doble asesinato: prensa entre la violencia y la impunidad, la agrupación advierte que en lo que va del mandato del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, han sido asesinados nueve periodistas –entre ellos la corresponsal de Proceso, Regina Martínez– y que cinco de los siete asesinatos contra periodistas perpetrados durante 2012 ocurrieron en las ciudades de Xalapa y puerto de Veracruz (todos en un lapso de apenas 47 días).

La organización internacional critica al gobierno veracruzano por su “excesivo control” sobre la información que circula en los medios, particularmente la relativa a temas de seguridad pública y delincuencia organizada y por incidir en la política editorial de los medios a través de la asignación discrecional de publicidad oficial.

“Emprender investigaciones periodísticas desde una perspectiva diferente a la cobertura superficial de sucesos policiacos y la reproducción de boletines oficiales, se convirtió en una labor poco apreciada de cara al proceso electoral de julio pasado. Los grupos de poder en la entidad recurrieron a las amenazas veladas –a veces por conducto de oscuros funcionarios del gobierno– contra varios periodistas, de los cuales 10 se vieron obligados a optar por salir temporal o definitivamente del estado”, indica.

El informe que analiza anualmente la libertad de prensa, acusó al gobierno estatal de intentar “dar carpetazo” a los homicidios de periodistas, como ocurrió en el caso de Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012.

“Las instituciones de procuración de justicia permitieron filtraciones irresponsables a la prensa, particularmente sobre el crimen de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, y contribuyeron con su silencio al crecimiento de rumores que propiciaron, como ya comentamos, la salida temporal o definitiva de varios periodistas del estado, a quienes se les informaba extraoficialmente que su vida corría peligro”.

Asimismo, critica al procurador estatal Amadeo Flores Espinosa por criminalizar a los fotoperiodistas Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba y Esteban Rodríguez Rodríguez, asesinados el 3 de mayo de 2012, y a Regina Martínez.

“Las conclusiones de la Procuraduría se enfocaron en desacreditarla al sugerir que la reportera no sólo permitió entrar a su domicilio a sus asesinos —descritos peyorativamente por el procurador estatal como “malvivientes”—, sino que convivía con ellos. Justo cuando se cumplían seis meses del asesinato de la corresponsal de Proceso, se informó de la detención de Jorge Antonio Hernández Silva, uno de los responsables, y se llamó a todos los medios para exhibirlo ante ellos y presentarlo como criminal confeso. Días después, frente a un juez y ya sin ninguna clase de despliegue mediático, Hernández Silva negó haber tenido participación en el homicidio, dijo que la confesión le fue sacada bajo tortura y que la Procuraduría amenazó con hacerle daño a su madre”, consigna.

Artículo 19 eligió a Regina Martínez como uno de los casos emblemáticos de crímenes contra periodistas que ilustrarán la campaña #laimpunidadmata, con la cual pretende recabar un millón de firmas para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto el cese a la impunidad.

(PROCESO/ Marcela Turati/ 13 de marzo de 2013)

NO HAY CARPETAZO EN CASO REGINA MARTÍNEZ: PROCURADURÍA DE VERACRUZ



Noé Zavaleta/ Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- La directora de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Consuelo Lagunas Jiménez, negó hoy que esté por cerrarse el caso del asesinato de la periodista Regina Martínez, quien fuera corresponsal del semanario Proceso, registrado el 28 de abril de 2012.

En respuesta a las afirmaciones de la abogada María de los Ángeles Diana Coq Toscanini, quien funge como parte coadyuvante en la investigación por parte de la revista que dirige Rafael Rodríguez Castañeda, la funcionaria subrayó que la indagatoria sigue abierta y que están a la caza de José Adrián Hernández Domínguez El Jarocho, uno de los presuntos homicidas de la reportera que se encuentra prófugo.

Asimismo, dijo que hasta el momento no han recibido notificación oficial por parte de la revista Proceso del cambio de coadyuvancia en la investigación.

“A lo mejor se la envió directo al procurador, a mi oficina no ha llegado nada”, aclaró a los reporteros al salir de la sede del Tribunal Superior de Justicia, a donde acudió a cumplir con una “diligencia particular”.

En el mismo sentido se pronunció el titular del Poder Judicial del Estado, Alberto Sosa Hernández, quien aclaró que hasta el momento no se ha concluido el proceso judicial del homicidio de la periodista veracruzana.

“No se ha dado por concluida la instrucción… Si existe un recurso nosotros tendremos que esperar, para que se envíen autos de nueva cuenta al juzgador, no hay responsabilidad, son los tiempos que se llevan para la resolución”, argumentó.

Sosa Hernández admitió que hay diligencias e interrogatorios que no se han llevado a cabo, sin embargo, deslindó de esa responsabilidad al órgano que preside.

“No es relativo al Poder Judicial, es relativo al Ministerio Público, el juzgador al ir cumple con su cargo, con la fecha acordada, si no se llevan a cabo (las diligencias), el juzgador tendrá que hacer uso de los medios de apremio; es el Ministerio Público el que debe impulsar ese procedimiento (de las diligencias e interrogatorios)”, explicó al concluir la sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura.

Ayer, Diana Coq Toscanini acusó que la Fiscalía de Veracruz de pretender archivar el caso, a pesar de que faltan diligencias por desahogarse y de las inconsistencias que contiene el proceso.

Entrevistada en esta ciudad, dijo:

“Le pongo copia al procurador, Amadeo Flores Espinosa y le pido a la jueza (Beatriz Rivera Hernández, encargada del Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa) que se tomen en cuenta toda las pruebas que no se han hecho y que se actúe conforme a derecho, eso es lo que piden los directivos de la revista”.

Sin embargo, la directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas, aseguró que la abogada tendrá que “aportar las pruebas que sean necesarias” para demostrar que hay irregularidades y no hay avance en las investigaciones en el caso Regina.

“Ella es una buena abogada (Coq Toscanini), mi reconocimiento como litigante, si ella tiene elementos de prueba, los tendrá que aportar”, reiteró.

Lagunas Jiménez evadió responder el motivo porque el que varias diligencias se han entrampado entre el Ministerio Público y el Juzgado Tercero de Primera Instancia, en donde algunos interrogatorios ya  agendados se han tenido que cancelar, así como el motivo del porqué el único asesino confeso, José Antonio Hernández El Silva ha cambiado en tres ocasiones de abogado defensor.

“Usted conoce la indagatoria (refiriéndose al reportero). Ya el resto lo lleva la Dirección General de Control de Procesos y no es de mi competencia”, se deslindó.

(PROCESO/ Noé Zavaleta/ 5 de marzo de 2013)

EU INVESTIGÓ UN POSIBLE COMPLOT DE ECHEVERRÍA PARA ASESINAR A LÓPEZ PORTILLO



Redacción/ Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).- El gobierno de Estados Unidos analizó el escenario de un posible asesinato del entonces presidente electo, José López Portillo, por orden del presidente Luis Echeverría (1970-1976).

Así lo revela el cable secreto 1976MEXICO10067_b, de fecha 6 de agosto de 1976 –enviado a Washington por la embajada de EU en México–, desclasificado hace poco por el gobierno estadunidense y publicado en línea por Wikileaks, junto con miles de cables de esa época.

En el cable, que fue divulgado por la página Medios y Ciudadanos, dice:

“Crecían los rumores de que el presidente Echeverría está planeando el asesinato del presidente electo López Portillo para extender su propio mandato”, dice el cable, según se desprende de una nota publicada en la página Medios y Ciudadanos.

Aunque en el documento se menciona que creían que sólo eran “rumores” y que no tenían alguna “razón concreta para creer que un escenario así podría suceder”, resalta que los rumores habían sido lo “suficientemente persistentes” como para analizar un escenario así y sus implicaciones para Estados Unidos.

La nota firmada por Alejandro Navarrete puntualiza que el cable diplomático cita un artículo periodístico del destacado historiador Daniel Cosío Villegas, que concluía que Echeverría tendría aún en el sexenio de López Portillo 70% de autoridad, y eso “siempre que algo grotesco e imprevisto no suceda”.

El reporte de la embajada afirma que el comentario de Cosío Villegas sólo reflejaba lo que ellos ya habían escuchado insistentemente en las últimas semanas: que López Portillo podría ser asesinado antes de tomar posesión.

Los diplomáticos de la embajada atribuían las versiones a la desconfianza social en Echeverría, pero a pesar de eso decidieron hacer un análisis de escenario.

ANÁLISIS DE ESCENARIO

La embajada estadunidense consideraba que en caso de que López Portillo fuera asesinado, el Congreso nombraría a alguno de los políticos fieles a Echeverría como presidente interino, entre los cuales mencionaba a (Hugo) Cervantes del Río, (Augusto) Gómez Villanueva y Porfirio Muñoz Ledo.

También se podría especular, dice el cable, que las prohibiciones constitucionales para que Echeverría siguiera en el poder pudieran ser cambiadas en el Congreso antes del 1 de diciembre.

Según el reporte, para que el presidente pudiera hacer algo así tendría que tener dos factores clave: el consentimiento de los poderes centrales y un “chivo expiatorio” verosímil

En el primer rubro señala que Echeverría tenía el control del Ejército, el PRI y los sindicatos y movimientos de obreros. Y, si acaso, los empresarios podrían ser el único sector que no lo respaldara.

En cuanto al “chivo expiatorio”, el cable menciona que podría echársele la culpa a la Liga Terrorista 23 de Septiembre.

Por último, como posibles elementos disuasivos, EU sólo encontraba que el asesinato podría dañar a la economía, ya que la “oposición de la prensa” era débil tras el “golpe a Excélsior“.

Al final, el cable insiste en que este análisis era un mero ejercicio de imaginación y que no había razones concretas para creer que ese escenario estaba por suceder, como señalaban los rumores.

(PROCESO/ Redacción/ 9 de abril de 2013)