viernes, 5 de abril de 2013

PERDIENDO LA FE


Mathieu Tourliere/ Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los mexicanos van perdiendo la fe en la Iglesia católica: 4.1% de la población del país mayor de cinco años abandonó las filas del catolicismo en la última década (2000-2010), una deserción equivalente a la observada en 30 años (1970-2000) según el censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según datos de ese censo, 74.6 millones de mexicanos se declaraban católicos en 2000. Para 2010 la cifra creció en términos absolutos: 84.2 millones, pero en comparación con el total de la población mayor de cinco años (94.3 millones en 2010), implicó una disminución de 4.1%.

Por el contrario, la proporción de evangélicos y protestantes subió 2.4% en la última década: pasó de 4.4 millones en 2000 a 7.6 millones en 2010, equivalente a 7.7% del total de la población.

El porcentaje de las personas que se declararon sin religión también creció, aunque muy poco: de 3 millones en 2000 aumentó a 4 millones 660 mil en 2010 (4.9% de la población total).

Pese a ello 72% de los mexicanos confía en la Iglesia católica, según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup, elaborada por el Inegi y la Secretaría de Gobernación), realizada en 2012, y el sondeo sobre confianza en las instituciones, efectuada por Mitofsky el pasado agosto.

La Iglesia ocupaba la primera posición de las instituciones más confiables del país en 2008. Bajó al segundo lugar en 2012, detrás de los médicos, según la Encup, y de las universidades, según Mitofsky.

La encuesta de Mitofsky calcula que los universitarios confían menos en la institución religiosa mientras que las personas que acabaron sus estudios de secundaria son los que más crédito le otorgan. También destaca que la proporción de entrevistados que contestaron tener “poca o nula” confianza en la Iglesia católica pasó de 10.7% en 2008 a 14.5% en 2012.

El estudio Panorama de las religiones en México, publicado por el Inegi en 2010, sostiene que tres cuartas partes de la población indígena mexicana son católicos. El informe destaca que Zacatecas es el estado con mayor proporción de católicos: 94.4% de la población. En Chiapas sólo 59.5% de la población se declara católica. En Quintana Roo la proporción de católicos cayó 8.6% en la última década, mientras que la de personas “sin religión” creció 3.7%. Es este estado donde reside el mayor número de personas sin religión (13% de la población).

 (PROCESO/ Mathieu Tourliere/ 04 de Abril 2013)

MORIR EN EL CUARTEL



Los soldados mexicanos no sólo mueren en enfrentamientos con el crimen organizado en los campos y ciudades del país. También fallecen, por las más diversas causas, dentro de instalaciones militares. Así lo confirma la Secretaría de la Defensa, que respondió a una solicitud de información de este semanario. Entre 2001 y 2012, 121 soldados perdieron la vida en lo que podría considerarse su propia casa.

Luis Lozano/ Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La lucha de los efectivos del Ejército Mexicano por su propia supervivencia no se libra sólo en las zonas donde combaten a la delincuencia organizada. En los últimos años, soldados de todos los rangos han tenido la necesidad de extremar medidas para cuidar su integridad dentro de las sedes militares.

El número de muertos en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2001 supera el centenar; las causas de los fallecimientos incluyen suicidios, asesinatos y accidentes.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, Sedena entregó un desglose de 121 muertes ocurridas en sus cuarteles en toda la República. El Estado de México (con 25 casos) y el Distrito Federal (con 19) encabezan la lista.

SUICIDIO, LO MÁS COMÚN

El 24 de julio de 2011 el cabo José Enrique Mota Solano murió en el dormitorio 18-A de la prisión del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México (Proceso 1824). Sus compañeros lo encontraron colgado con una cuerda de plástico que ató por un extremo a su cuello y por el otro a los barrotes de una ventana.

El cabo había sido recluido en marzo de ese año, acusado de los delitos de abandono de servicio y robo de su arma de cargo. Saber que su condena sería de años y no de meses lo había deprimido.

El de Mota Solano es sólo uno de los 34 suicidios que entre 2001 y 2012 cometieron efectivos militares (33 hombres y una mujer) mientras estaban acuartelados. La cantidad representa 28% de las muertes en edificios del Ejército, según la información de la Unidad de Enlace de la Sedena.

El primero de esos suicidios ocurrió el 25 de julio de 2001 en un cuartel del Estado de México; el más reciente fue en Torreón, Coahuila, el 11 de septiembre del año pasado.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, Francisco Javier Ávila López, de 22 años, introdujo el cañón de un fusil G-3 en su boca y disparó, cuando estaba en la caseta de acceso al campo militar La Joya.

El testimonio de sus compañeros, quienes lo habían observado deprimido la víspera del incidente, indica que Ávila se encontraba en un ensayo de la banda de guerra del 33 Batallón de Infantería cuando intempestivamente decidió separarse del grupo.

Momentos después todos escucharon la detonación.

La lista en poder de Proceso señala que siete de los suicidios de soldados en instalaciones militares ocurrieron en el Estado de México; en el Distrito Federal sumaron cinco; tres en Coahuila; con dos casos aparecen Baja California, Jalisco, Michoacán y Sonora.

ASESINATOS

La información sobre asesinatos en cuarteles y campos militares es resguardada por la Sedena, por lo que la información periodística sobre homicidios entre militares dentro de sus bases es prácticamente nula.

No existe un “parte” público en el que se informe de este tipo de acontecimientos, dado que al tener un marco normativo propio la milicia desarrolla sus diligencias judiciales en un entorno al que no tienen acceso las instancias civiles de procuración de justicia.

Pero los homicidios entre militares en sus propias sedes ocurren.

Entre 2001 y 2011 la Sedena abrió 12 expedientes sobre estos casos; la mayoría de ellos corresponden a agresiones con arma de fuego.

El primer asesinato de un militar cometido por otro dentro del periodo referido ocurrió el 27 de abril de 2001. Fue en la 22 Zona Militar, en el municipio de Rayón, Estado de México; la Sedena precisó que la muerte fue provocada con un arma blanca.

A partir de entonces se perpetró en promedio un asesinato por año en cuarteles del Ejército hasta llegar a 12 homicidios acumulados el 7 de diciembre de 2011, cuando se presentó el más reciente. La cifra indica que una de cada 10 muertes en esas instalaciones es por asesinato.

El Estado de México es, también en este renglón, el que más homicidios en instalaciones militares reportó, con tres en una década; Jalisco y Tamaulipas cuentan dos ataques fatales cada uno, mientras que Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Sinaloa y Veracruz tienen uno cada uno.

Pero la muerte causada por balas no se limita a los combates o asesinatos: En el periodo revisado hubo más fallecimientos por accidentes al manipular armas que los derivados de homicidios.

Los registros indican que disparos accidentales cobraron la vida de 14 soldados en alguna base del Ejército, lo que ubica a esta causa de muerte como una de las principales, al alcanzar 11.5% del total reportado.­

Muertes por este motivo se presentaron en Chiapas, Estado de México, Tamaulipas y Tlaxcala con dos casos en cada entidad; Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y San Luis Potosí reportaron un caso cada uno.

Las granadas también resultaron fatales; al manipularlas fallecieron en el periodo cinco militares más; a la lista se agrega la muerte de un militar, el 10 de marzo de 2005 en el Distrito Federal, que manipulaba pirotecnia asegurada por el Ejército.

El caso más notorio tuvo lugar en Durango el 10 de abril de 2008, dentro del Centro de Adiestramiento Básico de Infantería en el municipio serrano de Pueblo Nuevo. Dos militares murieron y 17 más resultaron heridos. Las víctimas fueron identificadas como Víctor Ismael Ramírez y Bladimir Bonifacio Aparicio, originarios del Estado de México y Veracruz, respectivamente. Ambos tenían 20 años y apenas habían ingresado al Ejército.

(PROCESO/ Luis Lozano/ 4 de abril de 2013)

CONCLUYE BLOQUEO EN AUTOPISTA DEL SOL; MAESTROS RETIENEN Y GOLPEAN A “INFILTRADOS”



Ezequiel Flores Contreras/ Proceso
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Poco antes del mediodía maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) bloquearon intermitentemente por más de seis horas la Autopista del Sol, con el fin de que el gobernador Ángel Aguirre vuelva a enviar al Congreso local la iniciativa de decreto para la reforma a la Ley Estatal de Educación.

No obstante, esa vía registró un bloqueo total por aproximadamente 20 minutos.

Después de las 17:00 horas, el contingente de maestros despejó la vía que conduce al centro de esta capital (el otro sentido había sido desbloqueado horas antes) y se dirigieron a su campamento ubicado en la sede del magisterio disidente.

Sin embargo, el momento más ríspido durante la movilización se registró cuando los inconformes detectaron un vehículo en el que dos agentes federales monitoreaban el desarrollo de la protesta.

En el acto, los manifestantes detuvieron a los dos policías vestidos de civil, quienes seguían la marcha a bordo de un auto azul compacto, modelo Pontiac.

Luego de destrozar el vehículo a palazos, los agentes fueron sometidos a golpes y conducidos a la sede magisterial, que se encuentra en la calle Circunvalación Poniente de la colonia Burócratas, al sur de esta capital.

Más tarde, policías federales rodearon la zona del campamento y un oficial se acercó a los manifestantes para demandar la entrega de sus elementos, advirtiendo que “los mandos” no permitirían que los maestros retuvieran por mucho tiempo a los agentes.

Tres horas después, cerca de las ocho de la noche, los manifestantes entregaron a los policía federales David Carreón Guerrero, adscrito a la Dirección Regional de Seguridad de la PF, y a Hugo Ramírez Arnaldo, oficial adscrito al área de Investigación de la Dirección Regional de la Policía Federal en Guerrero.

Hipólito Lugo Cortés, visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y un abogado de la PF atestiguaron la entrega de los agentes retenidos por los profesores.

El líder de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, encabezó la entrega de los policías, no sin antes hacer un llamado a las autoridades para que frenen este tipo de acciones, que tachó de “hostigamiento al magisterio independiente”.

Además, calificó de grave que agentes federales encubiertos se “infiltren” en las movilizaciones de los maestros que rechazan la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y que ya fue avalada por el Congreso de la Unión.

(PROCESO/Ezequiel Flores Contreras/ 4 de abril de 2013)

ASESINAN A CUATRO EN CHIHUAHUA; UN MENOR, ENTRE LAS VÍCTIMAS



Redacción/ Proceso
CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- Un menor de 13 años fue ejecutado junto con otros tres hombres, en el kilómetro 8 de la carretera Parral a Guadalupe y Calvo.

Los cadáveres fueron encontrados en la comunidad de San Julián, a un costado de una brecha.

La Fiscalía Zona Sur informó que los cuatro presentaban impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y todos fallecieron por laceración cerebral.

Las víctimas fueron identificadas con los nombres de: Jovito Marcial García García, de 22 años; Víctor Cano Chávez, de 29; Mario Alberto Cano Torres, de 18, y un menor de edad de 13 años.

Los policías ministeriales recogieron casquillos calibre 736X39 y 9 milímetros. Los cuerpos fueron trasladados a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo para practicarles la necropsia de ley.

(PROCESO/ Redacción/ 5 de abril de 2013)