jueves, 28 de marzo de 2013

LA SILENCIOSA GUERRA DE PEÑA NIETO EN MICHOACÁN



El gobierno de Enrique Peña Nieto libra una guerra de bajo perfil en Michoacán. El Ejército se halla entrampado entre las guardias civiles y los cárteles de narcotraficantes. Desde el repliegue de la Policía Federal en esa entidad, los soldados intentan frenar la violencia e imponer la ley pero se topan con grupos de la delincuencia organizada como Los Zetas, Los Caballeros Templarios o El Cártel Jalisco Nueva Generación, que protagonizan feroces combates por el control de la plaza y asesinan sin miramientos a quien les estorba.

Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La estrategia de silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto dejó en la penumbra la muerte de Dionisio Loya Plancarte, uno de los jefes de Los Caballeros Templarios y líder histórico de la delincuencia organizada en Michoacán.

Conocido como El Tío, Loya Plancarte murió a manos del Ejército en una supuesta represalia del gobierno de Peña Nieto por la desaparición de tres elementos del Estado Mayor Presidencial en la entidad.

Enviados desde la Ciudad de México, los militares desaparecieron entre los municipios vecinos Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, bastiones de lo que fue La Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios.

Informaciones obtenidas por Proceso indican que a partir de ese hecho, el Ejército realizó operativos nocturnos en las comunidades de ambos municipios. Hasta ese momento, los militares sólo transitaban por las carreteras principales; ahora ya entraron a las comunidades.

Durante una de esas incursiones, en las primeras horas del sábado 16 se enfrentaron a un grupo de civiles armados en las inmediaciones de la comunidad de El Alcalde, en el municipio de Apatzingán. Según corporaciones policiales del estado citadas por periodistas locales, en el enfrentamiento murieron cinco elementos castrenses.

El hecho ocurrió hacia las dos de la mañana cuando un convoy militar integrado por tres vehículos se enfrentó a hombres que viajaban en camionetas tipo todoterreno y se negaron a deponer las armas. Algunas versiones mencionaron que después del combate se registró una fuerte movilización militar, incluso por aire.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio, aunque se trata de la baja más importante de Los Caballeros Templarios desde la muerte de Nazario Moreno González, El Chayo, en un enfrentamiento con la Policía Federal en diciembre de 2010, según dio a conocer esa corporación.

Con la desaparición del Tío, al frente de Los Caballeros Templarios sólo quedarían Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Enrique Plancarte Solís, El Kikín, a quien se le adjudican las relaciones con los proveedores internacionales –en especial de China– de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

El Ejército también guardó silencio ante el agravio que sufrió unos días antes, entre la noche del lunes 11 y el martes 12 de marzo, cuando una partida de soldados pertenecientes a la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán fue retenida por civiles en La Ruana, tenencia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Buena Vista Tomatlán. En este lugar surgió una “policía comunitaria” en febrero pasado y ha sido escenario de enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos.

El hecho de violencia más reciente ocurrió la tarde del viernes 22, al sur del municipio en una comunidad conocida como Santa Ana Amatlán, colindante con El Terrero y Catalinas.

Elementos del Ejército se enfrentaron a un grupo de civiles en el mismo lugar donde el miércoles 13, hombres armados incendiaron una gasolinera y una empacadora de limón.

Los autores de la retención grabaron un video sobre los militares desarmados y cercados por la población. El video circuló profusamente en la prensa y las redes sociales.

En Buena Vista existen numerosas brechas que conducen a los lugares de origen del Chayo, El Tío y El Chango Méndez, quien fue otro de los líderes de La Familia Michoacana y que permanece detenido desde junio de 2011, cuando lideraba la otra escisión de ese grupo, La Familia.

La retención de los militares, que según las versiones locales eran entre 20 y 40 –de dos a cuatro pelotones– fue para exigir la liberación de 51 personas acusadas de formar una “policía comunitaria” en esa población, y también de tener vínculos con la delincuencia organizada.

Detrás de los grupos civiles armados de Buenavista y Tepalcatepec, se presumió la presencia de grupos de la delincuencia organizada como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios. El Ejército entró en esos dos municipios y detuvo a integrantes de ambas organizaciones.

Los grupos civiles armados tuvieron su máxima expresión el pasado mes de febrero en la zona de tierra caliente, luego del surgimiento de guardias civiles en Cherán, Paracho y otras zonas de población autóctona del centro-norte del estado. Dijeron que estaban ahí para enfrentarse con la delincuencia organizada.

Otras “guardias civiles” han surgido en comunidades del municipio de Los Reyes, al norte del estado. También se han reportado otras en los alrededores del puerto de Lázaro Cárdenas, estratégico para la movilización de sustancias y drogas ilegales por el Pacífico, tanto las que provienen de México como las procedentes de Asia.

Los alrededores del puerto han sido zona de fuerte confrontación con presencia del cártel de Los Zetas, que en la década pasada, como brazo armado del cártel del Golfo, dio entrenamiento paramilitar a la organización conocida como La Empresa que después se denominó La Familia Michoacana. Ahora, Los Caballeros Templarios se reorganizaron en esa zona como parte de su confrontación con el CJNG y Los Zetas.

El mes en curso ha sido difícil para el Ejército en Michoacán, luego de que el gobierno de Peña Nieto replegó a la Policía Federal, que durante el sexenio de Felipe Calderón tuvo una importante presencia en el estado. La corporación tuvo numerosas bajas a manos de La Familia Michoacana hasta la anunciada ejecución del Chayo.

El jueves 7, el Ejército detuvo a 34 personas que dijeron formar parte de la policía comunitaria. No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) los consideró como integrantes de una organización delictiva y consignó a 31 de ellos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas –fusiles AK47, AR-15 y pistolas calibre 5.7– y delitos contra la salud. Los otros tres eran menores de edad y fueron remitidos a centros de justicia para adolescentes.

Se les trasladó a penales federales de Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Entre ellos se identificó a una persona con el nombre Édgar Antonio Rojo Lara, supuesto lugarteniente del CJNG en Michoacán.

Los detenidos insistieron en que eran guardias comunitarios pertenecientes a Buena Vista Tomatlán organizados contra las extorsiones y cobro de rentas de Los Caballeros Templarios, y que las armas se las quitaron a miembros de esa organización.

Poco después, el lunes 11, el Ejército detuvo a otras 17 personas, entre ellos dos menores de edad, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la misma comunidad de la Ruana, punto intermedio entre los municipios de Buena Vista y Apatzingán. Durante los ochenta y noventa este lugar fue conocido como un importante productor de mariguana.

Luego de la segunda captura ocurrió la retención de los militares. En el video que difundieron los autores del secuestro se escucharon críticas en contra de Los Caballeros Templarios y La Tuta. El gobierno estatal intervino y los militares fueron liberados al día siguiente. Para el procurador del estado, Plácido Torres Pineda, el asunto “no pasó a mayores”. La Sedena guardó silencio.

Fragmento de un reportaje que se publica en la edición 1899 de la revista Proceso, ya en circulación.

(PROCESO/ Jorge Carrasco Araizaga/ 28 de marzo de 2013)

VERACRUZ: REALIDAD MAQUILLADA



Noé Zavaleta/Proceso
XALAPA, VER. (Proceso).- Mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno encabezado por Javier Duarte sigue a marchas forzadas con la depuración de las policías municipales, la ola de violencia, secuestros y extorsiones –y los abusos de las fuerzas del orden– no cesa en el estado de Veracruz, que opta por maquillar la realidad.

El jueves 21, mientras Duarte daba el banderazo de salida al Mando Único Unificado –programa de patrullaje de las fuerzas armadas y la Policía Estatal en los municipios de Córdoba y Fortín de las Flores– un grupo de ex policías protestaba por su “despido injustificado” y por presuntas violaciones a sus derechos humanos. Acusaban a las fuerzas federales y estatales de haberlos sacado a rastras, arrancándoles el uniforme.

En la ceremonia Duarte confirmó la desintegración de la Policía Municipal de Fortín de las Flores y la canalización de más de 200 uniformados de Córdoba a la Academia de Policía de El Lencero para someterlos a exámenes de confianza.

En la misma semana las quejas de empresarios, políticos y de la sociedad por la violencia e inseguridad que azotan a gran parte de Veracruz dieron pie a que las fuerzas federales y la Policía Estatal tomaran el control de la seguridad municipal. Lo que aceleró la decisión fue el intento de secuestro del regidor cuarto de Fortín de las Flores, Antonio Ramírez Hernández, y la liberación –tras el pago de un rescate de medio millón de pesos– del empresario orizabeño Jaime Figueroa Sánchez. Ambos hechos ocurrieron en la zona centro de Veracruz el lunes 18.

MUERTOS QUE NO SE CONSIGNAN…

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hubo cuatro ejecutados el viernes 15; al otro día ningún periódico dio cuenta de esto.

Las redes sociales reportaron ejecutados en colonias populares de Veracruz y en la parte alta de la zona centro, daban detalles de la llegada de comandos armados y del estruendo de las balas. Usuarios de Twitter y de Facebook subieron imágenes de los cercos de seguridad de la Policía Naval y de la SSP. Aun así la PGJE optó por el silencio.

El miércoles 20 tres presuntos delincuentes fueron abatidos por policías federales en Actopan. El gobierno sólo dijo que soldados y policías estatales le marcaron el alto a un vehículo en el que viajaban personas sospechosas que abrieron fuego. No se dijo a qué grupo delincuencial pertenecían.

El jueves 14, tres presuntos delincuentes murieron en el puerto de Veracruz a manos de efectivos de la SSP y federales del operativo Veracruz Seguro. Al otro día, familiares de los fallecidos se manifestaron en los juzgados del ex penal Ignacio Allende para exigir justicia, pues aseguraban que sus hijos no eran delincuentes y que incluso dos de los tres acribillados “ni siquiera iban armados”.

Una mujer, María del Carmen Hernández, declaró a la prensa que su hijo venía del trabajo y se asustó con el operativo, por lo que ignoró la orden de detenerse. “Eso es lo que dicen los testigos”, afirmó.

Los hechos son similares a los que relatan las cuatro viudas de Ixhuatlán del Café: Sus esposos fueron asesinados por militares la noche del 28 de diciembre de 2012 en Córdoba, (Proceso 1889). Según sus viudas estos hombres eran un taxista, un mecánico, un “mil usos” y un jardinero que trabajaba en Estados Unidos y no eran sicarios al servicio de Los Zetas.

En noviembre pasado Proceso informó que la captura de tres presuntos integrantes de Los Zetas exhibió a las autoridades de Veracruz, pues se detectó una red de complicidades de ese grupo criminal para operar en el municipio de Córdoba con el apoyo de empresarios, políticos y funcionarios de la PGJE.

Los excesos de los militares, la colusión de las autoridades con el crimen organizado y la incapacidad del gobierno de Duarte frente a la ola de inseguridad empezaron con la entrada en vigor del operativo Veracruz Seguro, el patrullaje de la Secretaría de Marina en el puerto de Veracruz y en Boca del Río al inicio de su gobierno, en diciembre de 2010.

El operativo, reforzado por la Secretaría de la Defensa y con la cooperación de la Agencia Veracruzana de Investigación y de la SSP se extendió en 2012 a la capital del estado, a Coatzacoalcos y ahora a Córdoba y Fortín de las Flores.

En Úrsulo Galván hay ocho policías desaparecidos desde el pasado 20 de enero; a las manifestaciones de las madres o las esposas de estos se han sumado ciudadanos que tienen familiares desaparecidos.

En Soledad de Doblado, además del asesinato del ex alcalde Martín Lara se han dado reportes de extorsión e intentos de secuestro a ganaderos y pequeños empresarios.

En Alvarado 20 policías municipales fueron arraigados por marinos quienes después de retenerlos tres días los regresaron al ayuntamiento. Según la alcaldesa Sara Luz Herrera, los oficiales regresaron sanos y salvos, pero renunciaron a la corporación.

En Tlalixcoyan un grupo de vecinos de la congregación de Piedras Negras, hartos de la inseguridad y la ola de robos, formaron un grupo de autodefensa. Pese a los reportes de la prensa, el gobierno veracruzano sigue negando su existencia.

Incluso el titular de la SSP, Arturo Bermúdez prefirió incriminar al fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez y sugerir que quien debería estar en la cárcel es él por haber, dijo, “pagado” y “puesto a grafitear” a un grupo de vecinos de ese municipio. En estos tres municipios la seguridad ya corre a cargo de las fuerzas estatales y federales.

“UNA BOLA DE DELINCUENTES”

“Ha sido muy difícil para nosotros en estos primeros dos años despedir a 2 mil 200 policías y también extremadamente difícil encontrar 2 mil policías confiables”, expresó Bermúdez en un desayuno de desagravio con fotógrafos, dos días después de sus ataques a Félix Márquez.

En otra ocasión Bermúdez señaló que las policías municipales de Veracruz son una “bola de delincuentes”; así lo dijo el 18 de noviembre de 2011 durante su comparecencia ante el Congreso local, cuando justificaba la extinción de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan (PIXBT).

“La extinta Policía Intermunicipal de Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan estaba integrada por puros delincuentes. Ahora son los mismos, pero ya sin uniforme. Las pandillas se alquilan y se rentan a una delincuencia más estructurada”, dijo Bermúdez a los diputados.

(PROCESO/ Noé Zavaleta/ 28 de marzo de 2013)

EXIGE AI INVESTIGAR PRESUNTA TORTURA Y ASESINATO DE MILITARES CONTRA DOS CIVILES



Redacción/ Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) exigió una investigación “completa e imparcial” sobre el asesinato de Alfredo Ruiz Rojas, de 23 años, y de un adolescente que lo acompañaba, presuntamente perpetrado por elementos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Además, llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas ante el riesgo de sufrir represalias al exigir que se investiguen los hechos.

En un comunicado, AI detalló que si bien la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE) informó que las víctimas fallecieron en un tiroteo y que se habían descubierto armas en su vehículo, un testigo informó al padre de Ruiz que tanto su hijo como el adolescente fueron ilegalmente ejecutados por militares, luego de que fueron torturados.

Pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación con base en el reporte militar del incidente, el padre de Alfredo Ruiz visitó la localidad donde ocurrió la ejecución, y habló con testigos, quienes confirmaron la detención de las dos personas.

Uno de esos testigos –a quienes los militares detuvieron, golpearon y amenazaron de muerte si contaba lo que había visto–informó que en un camino de terracería los militares golpearon a las víctimas con armas, y después los asesinaron a tiros.

Luego de reconocer el cuerpo Alfredo Ruiz en una morgue, con evidentes huellas de tortura, su padre puso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por todo ello, AI llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas, testigos y la organización local que acompañado el caso.

De igual forma, exigió a las autoridades una investigación completa e imparcial sobre las muertes, que incluya una exhaustiva investigación sobre las denuncias de tortura y ejecución ilegal de Alfredo Ruiz y del adolescente que lo acompañaba.

(PROCESO/ Redacción/ 28 de marzo de 2013)

TELCEL, IUSACELL Y UNEFON, LAS EMPRESAS CON PEOR SERVICIO: COFETEL



Redacción/ Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).- Los servicios más deficientes en telefonía móvil e internet son los que brindan Telcel, Iusacell y Unefon, reveló hoy la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Al dar a conocer los resultados de la medición de calidad del servicio local el Distrito Federal y área metropolitana, la Cofetel informó que las tres empresas mencionadas concentran la mayor proporción de llamadas fallidas, interrupciones, suspensión de conexiones a Internet.

La medición se llevó a cabo del 31 de enero al 1 de marzo de este año, en mil 482 servicios de voz, 2 mil 179 de mensajes cortos, y la proporción de sesiones fallidas de conexión a internet, en cumplimiento con los dispuestos en el Plan Técnico Fundamental de la Calidad del Servicio.

En la calidad del servicio de telefonía móvil, la Cofetel midió conforme a la tecnología que usa cada empresa, por lo que encontró que Telcel tuvo falla en sus servicios de voz 3G en 1.01 por ciento de los casos. En el mismo segmento Iusacell falló en 1.5 por ciento y Unefón en 1.82 por ciento.

Este procedimiento también mide la proporción de llamadas interrumpidas donde el mayor número de fallas se dio en la red 2G de Telcel con 1.63 por ciento, y en la 3G, de Iusacell, así como pot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  y Unefón con 2.18 y 2.96 por ciento de llamadas interrumpidas.

En la proporción se sesiones fallidas en Internet Telcel tuvo la más alta con 16.5 por ciento, pero en la de sesiones interrumpidas Iusacell y Unefon registraron 4.83 y 6.39 por ciento respectivamente, mientras que todas incluida Movistar tardan entre 22 y 30 segundos en restablecer este servicio.

(PROCESO/ Redacción/ 28 de marzo de 2013)