domingo, 12 de mayo de 2013

EL FACTOR DE DICIEMBRE

No sé qué es peor, si un escenario en el que todo se debió a un ajuste de cuentas entre militares o una renuncia absoluta a la responsabilidad del gobierno encomendada a unos civiles, a quienes todos pagamos para que cumplan y hagan cumplir la ley.
La cuestión militar acaba de ser noticia tras la declaración del exsubprocurador de la SEIDO, José Cuitláhuac Salinas Martínez, sobre que la exprocuradora y el exsubprocurador, nunca supieron nada en relación al caso Ángeles Dauahare.

Con independencia de esa denuncia, cuya intención es evitar males mayores –que sea detenido o asesinado–, se pone el foco en un problema muy importante.

La lógica que se desencadenó en diciembre de 2006, al sacar al Ejército a la calle en la lucha contra el crimen organizado, creaba una serie de condiciones que, aunque siempre fueron inherentes a la Defensa Nacional, por una cuestión de seguridad, exteriorizaban y colocaban unas reglas del juego diferentes.

La intervención militar en las calles, no solo en su misión constitucional de defender nuestra integridad territorial, sino para luchar contra los cárteles del crimen, supuso un salto cualitativo que inevitablemente debió llevar aparejada una colaboración más profunda también en el aparato encargado de impartir justicia, o por lo menos de preparar los expedientes para que existiera, es decir, la PGR.

A partir de aquí, lo sorprendente de esta denuncia es que, si de verdad los funcionarios como Salinas o la propia exprocuradora se inhibieron en el cumplimiento de su deber, eso no les exime de su responsabilidad. Y si no es así, ¿a salto de qué viene esta declaración extemporánea, esta denuncia y esta prevención?

Sorprende, sobre todo, la no clarificación de la exprocuradora sobre el alcance real de la cooperación y de la delimitación de funciones y responsabilidades.

No sé qué es peor, si un escenario en el que todo se debió a un ajuste de cuentas entre militares o una renuncia absoluta a la responsabilidad del gobierno encomendada a unos civiles, a quienes todos pagamos para que cumplan y hagan cumplir la ley.

Se mire por donde se mire, es un escándalo que a nadie conviene dejar como está. Primero a los militares, segundo a las víctimas –es decir, a los generales que fueron detenidos y pasaron meses y meses en la cárcel– y tercero, a todos los que hemos asistido y estamos perplejos ante el sexenio mágico que acabó el 1 de diciembre pasado.


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