El caso ha pasado a manos de cuatro jueces y sigue sin resolverse
Con una fortuna poco clara en el bolsillo, el dueño de tres hoteles
en La Paz, Loreto y Punta Chivato, construyó un andamiaje de relaciones
personales y políticas que le han valido la impunidad, pese a haber sido
sorprendido en flagrancia, extrayendo ilícitamente agua de un pozo
concesionado a la compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. El hecho quedó registrado en la averiguación previa LPZ/009/AES/2010 por los delitos de desvío, robo y despojo de agua
Punta Chivato, Baja California Sur. Propietario de la cadena hotelera Posadas Las Flores, Giuseppe Marcelletti Pandolfi, “El Italiano”, llegó a este destino turístico en la parte norte de la entidad en 1999.
Hábil y experto en el manejo de relaciones públicas,
rápidamente embaucó a ejidatarios y empresarios de la zona, pero también
defraudó su confianza, derivando de manera rápida en sendas denuncias
penales archivadas desde hace dos años.
Con una fortuna poco clara en el bolsillo y dueño de
tres hoteles en La Paz, Loreto y este paradisiaco destino de playa del
municipio de Mulegé, “El Italiano” construyó un andamiaje de relaciones
personales y políticas que durante este tiempo le han permitido
permanecer intocable e impune, pese a haber sido sorprendido en
flagrancia extrayendo ilícitamente agua de un pozo concesionado a la
compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. El hecho quedó
registrado en la averiguación previa LPZ/009/AES/2010, por los delitos
de desvío, robo y despojo de agua, más lo que resulte.
El 30 de agosto de 2010, el Agente del Ministerio
Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) ordenó una inspección y comprobó que Marcelletti había
instalado de manera clandestina tubería de 1 ¼” que conducía del
acueducto a una pila secreta de almacenamiento con capacidad de 180
metros cúbicos, cubierta con puertas de metal y candados, la cual estaba
dentro de la propiedad del extranjero.
No obstante de ser descubierta la toma clandestina, Marcelletti no
fue detenido pese la flagrancia, aun cuando estaba en el lugar, rodeado
por policías ministeriales y el Agente del Ministerio Público del Fuero
Común, bajo el argumento de que el entonces titular de la PGJE,
Francisco Karim Martínez Lizárraga, denegó la orden de captura por
tratarse de un “distinguido inversionista” y amigo del ex gobernador
Narciso Agúndez Montaño.
El parte de la inspección transcribe y, según cálculos
de investigadores y peritos hidráulicos, “Giuseppe Marcelletti Pandolfi
habría robado cerca de 150 mil metros cúbicos de agua potable entre el
año 2004 y el segundo bimestre del 2005, por lo que ocasionó un gran
daño patrimonial, ya que el cargo económico de la explotación del
líquido, no recayó en el extranjero, sino pasó automáticamente a la
compañía concesionaria del pozo”.
Obviamente, la extracción del agua provocó que Punta Chivato Shores, S.A. de C.V.,
propiedad del empresario Raúl Lujan Soberanes, incumpliera en sus
obligaciones de pago de la concesión otorgada por la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), bajo el número de permiso 01BCS102347/05EMGE06,
expedido el 19 de junio de 2006.
Datos recabados por ZETA refieren que la
investigación del faltante de agua habría iniciado en 2008, luego de que
el propietario de la compañía concesionaria detectó grandes diferencias
entre los metros cúbicos del bombeo del pozo con las lecturas en el
medidor principal de salida, rigurosamente monitoreado por personal de
CONAGUA.
Durante ese tiempo, “la empresa revisó cuidadosamente el
acueducto y las tuberías que salían hacia parcelas ejidales y viviendas
privadas de extranjeros en busca de alguna fuga, la cual abastece a los
casi 100 pobladores de la zona en diversos fraccionamientos”.
Sin embargo, no fue hasta febrero de 2010 -después de
intensos trabajos de mediciones y peritajes- cuando se descubrió que el
extranjero Giuseppe Marcelletti, presuntamente tenía una toma
clandestina que iba del pozo hasta el hotel de su propiedad, y por ende,
estaba extrayendo ilícitamente agua. La única manera de salir de dudas
era solicitar una inspección.
Por esta situación, Punta Chivato Shores, S.A. de C.V.
interpuso una denuncia penal en contra de “El Italiano” y, dos meses
después, se ordenó una inspección en la zona que derivó en el
desmantelamiento de la red clandestina.
No obstante, el caso fue consignado hasta el 16 de
febrero de 2011, es decir, seis meses después, al Juzgado Tercero de la
Penal en la ciudad de La Paz, registrado bajo el expediente 31/2011.
Contraviniendo el Código Penal de Baja California Sur
-que claramente establece un tiempo máximo de 15 días para resolver el
caso-, sospechosamente el juez tardó tres meses -del 16 de febrero al 2
de mayo de 2011- en devolver el expediente a la PGJE, argumentando
“incompetencia jurisdiccional”. Es decir, “no podría conocer del asunto,
porque debía llevarse en el único Juzgado Mixto de Primera Instancia de
Santa Rosalía, por ser el más cercano a la zona del conflicto
jurídico”.
Según un abogado consultado por ZETA, el juzgador
“debió haber remitido el expediente al Tribunal Superior de Justicia
del Estado, y desde ahí, inmediatamente se debió haber enviado al
Juzgado de su competencia”, ya que por ese procedimiento, y en un hecho
evidentemente premeditado, se perdieron otros tres meses más de tiempo,
hasta que finalmente el asunto cayó en agosto de 2011 en el Juzgado
Mixto de aquella población, en ese entonces a cargo del juez Bárbaro
Valenzuela; quedando entonces registrado bajo la causa penal 111/2011.
Pero no todo paró ahí. El verdadero viacrucis comenzó
cuando el caso se quedó en la congeladora desde esa fecha hasta mayo de
2012, es decir, nueve meses después, y por cuyo Juzgado pasaron cuatro
jueces penales. Ninguno dictaminó hasta que llegó el juez Edgar Hiram
Gallegos Cárdenas, y en una decisión “bastante cuestionable”, según
versión de la propia víctima, Raúl Luján Soberanes exoneró al extranjero
del delito cometido, al considerar que el caso “ya había prescrito”.
El juzgador no resolvió de fondo el delito cometido, y
extrañamente resolvió el caso. Al día siguiente fue removido y cambiado a
un Juzgado de Los Cabos, donde dicho sea de paso, su padre y su madre
enfrentan una denuncia penal en el Juzgado de su competencia por el
delito de despojo.
El veredicto del juez Gallegos provocó que la PGJE
apelara la decisión, por lo que, de nuevo y para variar, el expediente
fue enviado a la Sala Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado
(TSJE), a cargo del magistrado Alejandro Santoyo Padilla, el cual
sospechosa y extrañamente seis meses después, se excusó de conocer el
caso porque en su acuerdo reconoció “tener cierta relación de amistad
con el abogado del denunciado”.
El expediente pasó a la Sala Dos del TSJE, a cargo del
magistrado Homero Bautista López, quien revocó la resolución del
juzgador el pasado mes de noviembre y ordenó “entrar al estudio del
delito”, porque a su consideración, “no existen elementos jurídicos de
la prescripción del caso”.
Al cierre de edición, el juez no había resuelto el caso
porque el TSJE estaba entrando en un periodo vacacional del 14 de
diciembre al 7 de enero, y prácticamente preparaba sus “vacaciones”.
El sospechoso retraso
Sobre este hecho, el presidente del TSJE, Daniel Gallo
Rodríguez, reconoció un grave retraso en el caso, ya que “la tardanza es
un tiempo bastante considerable”.
— ¿En cuánto tiempo debió haberse resuelto este caso, conforme a derecho?
“Pues… la verdad y de acuerdo con la Ley, contempla 15 días aproximadamente para que se dictamine un asunto de este tipo”.
— ¿Quince días? Tardaron nueve meses para emitir un primer dictamen, el cual todavía está en veremos…
“La realidad de los Juzgados es que estamos
sobresaturados de trabajo. Yo te puedo decir que hemos avanzado, no
tanto como quisiéramos, pero anteriormente o en la anterior
administración, hubo casos en que se llegó a la prescripción de asuntos
sin que siquiera hayan sido revisados. No me estoy justificando, hemos
hecho lo que ha estado a nuestro alcance, y por eso estamos
implementando para el próximo año un programa de modernización para, en
dos años más, resolver los casos conforme marca la Ley”.
— Usted fue litigante en su momento. ¿Cómo considera el tiempo que este asunto ha tardado en resolverse?
“Es un tiempo excesivo, la verdad. Para el pedimento de
una orden de aprehensión o la negativa, sí es bastante tiempo, debo
reconocer. No es conformismo, pero te puedo decir que antes pasaban años
y nada de nada, simplemente nunca entraban a estudio, ahí se quedaban”.
Gallo Rodríguez admitió que el retraso en la resolución
pudo haber derivado de que ha pasado de un juez a otro y de un
magistrado a otro, pero “es un error constante de los jueces esa forma
de trabajar, porque en vez de dictaminar de inmediato, en cuanto reciben
el expediente y valorar si es de su competencia o no, resuelven hasta
que ya revisan el caso. Y eso no debe ser, porque para entonces ya
pasaron tres o seis meses”.
— ¿Cabe la posibilidad de algún acto de
corrupción en este caso? La pregunta es porque casualmente tardaron
nueve meses en emitir un veredicto que finalmente fue revocado. Es
evidente que mañosamente se dictaminó que “estaba prescrito”, y en la
revisión dice “no está prescrito”. El caso ha pasado a manos de cuatro
jueces y dos magistrados, estamos cerrando el año y sigue sin
resolverse después de dos años. ¿No se le hace raro? En este caso, por
lo menos, la justicia no está siendo pronta y expedita, como se supone
debe ser…
“La verdad sí está raro y creo que debemos revisarlo a
fondo. No es posible que estas cosas sigan pasando en el TSJE. La verdad
no estaba muy enterado del asunto, porque cuando ustedes solicitaron la
entrevista, yo solicité un informe al juez y me entregó un informe de
agosto a la fecha, es decir, cuando el caso comenzó a verse en Santa
Rosalía. Y obviamente no fui enterado del antecedente que había desde
febrero a agosto de 2011. Creo que vamos a revisar el asunto”.
— ¿Quién revisa el trabajo de los jueces?
“La verdad de las cosas, es que ahorita no existe alguna
área en específico que revise el trabajo de los jueces, prácticamente
hemos actuado en base a las quejas de la gente. Debo reconocer que
tenemos varias quejas en trámite, y hasta este momento no hemos cesado a
ningún juez por corrupción y obstrucción de la justicia. La revisión
del trabajo de los jueces, debo reconocer es un tema en el cual no
pudimos avanzar este año, pero lo contemplamos para el próximo año. El
presupuesto del TSJE pasó de 127 millones a 173 para 2013, y tenemos
pensado plantear al pleno la creación de un área nueva que se dedique a
revisar y supervisar el trabajo en los Juzgados. La facultad actualmente
sobre esto es de los magistrados, pero es una situación muy complicada
porque nos distrae totalmente de los casos que tenemos en revisión, el
cual se rezagaría más si anduvieron supervisando el trabajo de los
jueces. Ese es un punto débil que tenemos y estamos conscientes”.
Durante la entrevista con ZETA, el presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado reconoció que cuando entró en
funciones -octubre de 2011-, “los Juzgados no tenían papel ni tinta”.
“Ciertamente se justificaba tanta ineficiencia, pero
este año ya no tuvimos ese problema, y el próximo habrá más recursos, de
modo que no se va a justificar nada relacionado a su trabajo y vamos a
tener la autoridad moral para exigirles que cumplan con su trabajo”.
— Uno de los principales reclamos en las
elecciones locales pasadas fue el tema de la justicia. Sin embargo,
vemos que siguen trabajando los mismos jueces que estaban en la
administración anterior. Todo está intacto y nada se ha cambiado…
“La verdad sí, estamos hablando… Ay, son los mismos. De hecho han sido varios años que no tenemos Juzgados nuevos”.
— Son exactamente los mismos, porque ni siquiera los han rotado…
“La verdad no, de hecho te puedo comentar que tenemos
dos Juzgados familiares aquí en La Paz, donde los jueces tienen años en
el mismo lugar. Yo recuerdo que empecé a litigar en 1995, y de esa fecha
hasta ahora, son exactamente los mismos jueces. Los hemos reforzado a
algunos con personal, pero la realidad es que no hemos crecido nada y
tampoco hemos oxigenado los Juzgados”.
— ¿Qué va a pasar con el caso del italiano?
“El caso ya está en manos del Juzgado otra vez en Santa
Rosalía, deberá resolverse a más tardar en dos meses, a partir de esta
fecha, si no es que antes”.
La controversia
ZETA solicitó una entrevista con Giuseppe
Marcelletti. Sin embargo, éste se negó a concederla. A través de su
personal de confianza, solo envió una carta en la cual indica que cuando
adquirió el hotel de Punta Chivato, hoy llamado Posadas de Las Flores,
“… los ejidatarios de la zona -antiguos propietarios– expusieron que la
compra incluía el suministro de agua potable que había sido dotado
desde su creación”.
Sin embargo, se dijo víctima del propietario del pozo de
agua que pretende obligarlo a pagar desde finales de 2005 y hasta la
fecha.
En la misiva, el extranjero relata que el dueño de Punta Chivato Shores, S.A. de C.V.
ha monopolizado la venta y distribución de agua en la zona porque
“pretende cobrársela”, lo que contraviene la visión turística y de
desarrollo de Punta Chivato, y donde dice haber invertido en la
urbanización de un complejo turístico denominado Chivato Village y La Mirage, el cual consta de 91 lotes turísticos con vista al mar.
De igual manera, el extranjero asegura haber invertido
20 millones de dólares en una cadena de tres hoteles en La Paz, Loreto y
Punta Chivatos, a fin de promover el turismo europeo en estos destinos
de playa, a donde cada año -describe-“llegan seis mil turistas
italianos”.
Sin embargo, el propietario de la empresa Punta Chivato Shores, S.A. de C.V.
y concesionario del pozo de agua, Raúl Luján Soberanes, afirmó que no
tuvo más remedio que dejar de abastecer el agua al extranjero, pues
desde 1999 hasta finales de 2003, se negó a pagar el consumo del
líquido.
Durante los cinco años, y según sus cálculos, el
italiano consumió 125 mil metros cúbicos de agua, equivalentes a 25 mil
metros cúbicos por año.
“Quería el agua gratis”, asentó Luján, para agregar:
“Como si la CONAGUA no cobrara la explotación, uso y aprovechamiento de
aguas nacionales que extraemos del subsuelo”.
El 10 de agosto de 1999, el empresario adquirió la
totalidad de los derechos de titularidad de la parcela número 121, con
una superficie de 760 hectáreas, que pertenecía a un grupo de
copropietarios del Ejido de San Bruno, según consta en la escritura
11139 Volumen 96, certificada por la Notaría Pública Número 6 de Santa
Rosalía, y donde se compró la totalidad de los derechos del pozo de agua
ubicado en el acuífero de San Marcos-Palo Verde, otorgada por la
CONAGUA.
En aquel entonces la compañía concesionaria era Constructora e Inmobiliaria de San Bruno, S.A. de C.V.,
cuyo pozo era operado y administrado por miembros del Ejido San Bruno y
residentes extranjeros en Punta Chivato, según el expediente.
Sin embargo, la explotación del pozo y el agua venía
efectuándose fuera de control alguno, aunado a que existía un rezago de
ocho años en la omisión del pago correspondiente, por lo que el nuevo
concesionario inició trámites de regularización en el año 2000.
A partir de esa fecha, y hasta mayo del 2002, se suscribieron dos
convenios, y donde de inmediato, y a la firma, se efectuó un pago de un
millón de pesos, y luego se estableció lo siguiente.
- El primero, a pagar en 48 mensualidades por concepto
del adeudo de consumo de aguas nacionales de 1998 a 2002, por un monto
de 568 mil 309 pesos.
- El segundo, a pagar en 36 mensualidades por concepto
del adeudo de descarga de aguas residuales de 1998 a 2002, por 367 mil
801 pesos.
Una vez pagada la deuda, el empresario Raúl Luján
Soberanes inició los trámites para transferir las concesiones del pozo
de agua y de descargas residuales a nombre de Punta Chivato Shores, S.A. de C.V., lo cual se cristalizó hasta el 19 de junio de 2006.
Hoy por hoy, después de casi 14 años, el extranjero
nunca pagó el adeudo del agua y hasta incurrió en el robo, generando un
adeudo de casi 37 millones de pesos.
En este caso tuvo que intervenir hasta la Embajada de
Italia en México en 2008, sobre todo por la serie de problemas legales
que se vinieron en contra de Giuseppe Marcelletti por su negativa del
pagar el consumo de agua; pero es gracias a sus relaciones personales y
políticas, que sigue impune e intocable.
Las descargas
Lo más grave del asunto, es que el hotel Posadas Las Flores
en Punta Chivato carece de un permiso para la descarga de aguas
residuales en la zona, donde el delegado de CONAGUA en Baja California
Sur, Israel Camacho Gastélum, se ha hecho de la vista gorda.
El extranjero ha vertido aguas negras durante 14 largos
años sin tener una concesión ni efectuar pago alguno a la dependencia
federal, como sucede con la mayoría de los hoteleros.
Durante una recorrido por la zona, los propios
pobladores comentaron que Marcelletti no ha sido objeto de algún
monitoreo, revisión o auditoría ambiental por parte de la Comisión
Nacional del Agua, o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA).
ZETA solicitó una entrevista con el delegado de
CONAGUA en el estado, Israel Camacho Gastélum, quien dijo estar “fuera
de la ciudad”.
Empero, respondió un cuestionario entregado. A la
pregunta de si Giuseppe Marcelletti cuenta con permiso de descarga de
aguas residuales en Punta Chivato, respondió: “Es información de
carácter confidencial”.
Contradictoriamente, y lo que sí “no fue confidencial”,
es que recientemente se integró el expediente BCS-E-0265-25-04-05,
autorizando la explotación de 30 mil metros cúbicos a favor de Inmobiliaria Punta Chivato de BCS, S.A. de C.V., persona moral que opera el hotel Posadas Las Flores, cuyo propietario es el italiano Giuseppe Marcelletti.
Datos recabados por este Semanario exponen que la única
compañía que hasta hoy cuenta con concesión de descarga de aguas
residuales es Punta Chivato Shores, S.A. de C.V., que ampara un volumen de descarga de 12 mil metros cúbicos, prorrogado hasta el 18 de septiembre de 2017.