PIENSAN DEMANDAR A JENNI RIVERA EN LOS ÀNGELES, CALIFORNIA

Reforma

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un Juez en Los Ángeles confirmó hoy que estudiará una querella contra la fallecida Jenni Rivera, entablada por una mujer que alega haberse roto una pierna tras haber sido empujada por la cantante de música mexicana tras un concierto en California.

El Juez David Minning de la Corte Superior de Los Ángeles confirmó la decisión de tomar el caso, que será enmendado por la parte acusadora para hacer figurar como principales demandados a los herederos de Rivera, debido a la muerte de la cantante en un accidente aéreo el domingo en Nuevo León, México.

"Qué circunstancia tan trágica", dijo en la audiencia el Juez Minning, por el fallecimiento a los 43 años de la artista mexicano-estadounidense.

En junio, el juez había desestimado este caso porque el guardaespaldas, Jesse Contreras, que es uno de los demandados, no había recibido una citación.

En esta ocasión, el Juez revirtió aquella decisión y fijó una audiencia para el 19 de febrero.

Mayra Pineda García entabló una demanda en octubre de 2011, en la que pide 16 mil 700 dólares en daños, alegando que el guardaespaldas de Jenni Rivera la empujó y le ocasionó la fractura de una pierna cuando ella quiso acercarse a la cantante tras un concierto en Cabazon, 150 km al este de Los Ángeles.

El Juez también considerará una demanda que Rivera había entablado a su vez contra la compañía que contrató al personal de seguridad, para que sea ésta la que indemnice a la mujer en caso de que el magistrado así lo decida.

El domingo, el avión LearJet 25 en el que viajaba la "Diva de la Banda" junto a otras seis personas se estrelló casi en picado a más de 1 mil km/h.

El martes, el cantante Lupillo Rivera, hermano de Jenni, llegó a la ciudad de Monterrey acompañado de su madre y otros dos hermanos para realizar las pruebas de ADN a los restos humanos hallados en el lugar del accidente, a unos 200 km de esta ciudad.

DETIENEN A DOS INTEGRANTES DE LA FUERZA CIVIL POR "RAPIÑA" EN ACCIDENTE DE JENNI RIVERA

La detención ocurrió luego de que a Luis Ávila Moreno se le detectó un teléfono celular el cual presuntamente contenía diversas fotografías de la zona resguardada por el accidente aéreo.

Redacción

Monterrey • Personal de Fuerza Civil de Nuevo León detuvo a dos elementos de la misma corporación a quienes se les encontraron pertenencias presuntamente propiedad de los pasajeros que viajaban en la aeronave que se accidentó el pasado 9 de diciembre en el municipio de Iturbide.

Los detenidos responden al nombre de Luis Antonio Ávila Moreno, de 23 años, originario de Monterrey, Nuevo León; así como Mario Alberto García Pacheco de 24 años, originario de Poza Rica, Veracruz.

La detención ocurrió el 11 de diciembre luego de que a Ávila Moreno se le detectó en su poder un teléfono celular tipo BlackBerry el cual presuntamente contenía diversas fotografías de la zona resguardada por el accidente aéreo.

Tras realizar una revisión en el alojamiento de los elementos que participaron en el resguardo de la zona del accidente, a los ahora detenidos se les encontraron algunas pertenencias aparentemente de las víctimas.

Por ello los elementos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público para su investigación con la reserva de analizar si existe alguna agravante por su condición de ser servidores públicos.

PERMISO PARA MATAR

Aunque la tensión ha bajado en el campo pesquero El Colorado, la rabia sigue ahí, agazapada, entre pobladores que no quieren ver más policías municipales en sus calles. Tienen una certeza, ellos levantaron y asesinaron al líder pesquero Victorino Solís Luna y quien comandaba el operativo es el jefe de la corporación, Jesús Carrasco Ruiz. Luis Fernando Nájera  Campo pesquero El Colorado.- Los gobiernos municipal y estatal dejaron huérfanos de justicia a los habitantes de este campo pesquero, que la reclamaron cuando uno de sus líderes fue desaparecido y asesinado, dicen aquí, a manos de policías preventivos del grupo de agentes ministeriales y municipales que componen el séquito de seguridad y operativo del director interino, Jesús Carrasco Ruiz. Y es que la creencia popular se sustenta en tres verdades: el comando de policías preventivos que llegó hasta las orillas del campo pesquero para allanar la casa de Victorino Solís Luna, presuntamente en busca de un sujeto que se metió huyendo de ellos, “fantasma” al que nadie vio; la llamada telefónica del ahora fallecido para decirle a su hermano que la Policía Municipal de Los Mochis lo estaba deteniendo, y la aceptación del jefe de Policía, Jesús Carrasco, de que él comandaba esa operación, aunque como en todas las explicaciones que ofrece de operativos que siempre terminan con muertos o desaparecidos aclaró: “Nosotros no lo detuvimos”. Tras el reclamo de justicia no escuchado, sino tomado con sorna, con burla, con desenfado, la población decidió ignorar a la autoridad municipal y a la estatal. Y ya molestos, una noche, en la penumbra, colgaron tres mantas en las que desconocían al Gobierno y condenaban públicamente a los ministeriales y a los preventivos. En contraparte, pedían la vigilancia de la Armada y del Ejército, porque las policías municipales y estatales asesinaban a placer a empresarios, a pescadores, a pobladores. Los habitantes del Colorado, así lo dijeron, se sentían entre la espada de la justicia y el paredón de los delincuentes, en cualquier caso, huérfanos, exiliados en la anarquía promovida desde el Palacio Municipal y desde el Palacio de Gobierno. Los políticos le mentían al pueblo, y peor aún, les enviaban policías para matarlos, asesinarlos, desaparecerlos. Los denunciantes son todos habitantes del poblado. No se identifican y no hay modo de hacerlo, pues sin rostro no puede la policía ubicarlos, y por lo tanto no podrá causarles daño, en busca de callar las voces que los acusan de asesinos. Reconocen temer al poder que Jesús Carrasco Ruiz, el Flaco o el Tango, amasó en un año, pues no hay Gobierno que lo someta a la justicia, dado que lo mismo —refieren— allana domicilios, abusa de la gente, le roba, la priva de la libertad, la desaparece, la asesina y hasta puede esfumar los cadáveres, ya sea dejándolos en un paraje, sepultándolos o quemándolos. Zuríx Adaí Verdugo Velásquez, viuda de Victorino Solís Luna, presidente de la cooperativa Bahía de Lechuguilla, desaparecido el viernes 23 de noviembre en medio de un operativo de la Policía Municipal de Ahome y cuyo cadáver fue localizado quemado al día siguiente, sábado 24 de noviembre, en el panteón de El Colexio, Choix, también se venció a ese poder. “Ya no voy a luchar más. Ni voy a declarar nada, ni en la Procuraduría ni en los medios. Dejaré que las cosas se desarrollen y nada más. Debo proteger a mis tres hijos, están chicos. Veré qué hacer para que a ellos nada les pase. Me he resignado a saber que perdí a mi esposo. La lucha que emprendí fue para recuperarlo con vida, pero me lo entregaron muerto. —¿Qué más debo hacer? Nada. Ya nada debo hacer, sino resignarme. —¿Tiene miedo? —Sí, tengo miedo. —¿Habló usted con el gobernador (Mario López Valdez)?, ¿qué le prometió? —Sí. Lo de siempre, lo mismo que le dicen a todos. Que va a hacer justicia, que caiga quien caiga, que no protege a nadie, y cosas de esas, las de siempre. —¿El procurador (Marco Antonio Higuera Gómez) qué le dijo? —Lo mismo, lo de siempre. Lo mismo que el gobernador. —¿ Les creyó? —Ese es su deber, si no lo cumplen, ni modo, fallaron. Pero ese es su deber, ellos sabrán si lo cumplen… Ya no quiero hablar más, ¿usted me entiende, verdad? Y mire, escriba lo que le digo, porque los otros publicaron lo que quisieron. Mire, yo no acuse a ese señor (Jesús Carrasco Ruiz), sino él fue el que reconoció que estuvo en el operativo, en mi casa. Yo no lo vi, pero si él dice que aquí estuvo, pues debe ser cierto. —Entonces, ¿a quién vio usted? —A tres policías. Ellos llegaron hasta aquí, se metieron a mi casa, dizque porque no necesitan orden de cateo. —¿Los identifica? —Sí. Si me los ponen de frente sí. —¿Qué tipo de policía se metió a su casa? —Los municipales. Fueron municipales. Eso sí lo digo, porque yo los vi y hablé con ellos. Nadie me lo contó. Lo viví. La búsqueda del esposo desaparecido tuvo un fatal desenlace, recuerda la ahora viuda. Después que Victorino le reportara a su hermano Aldo, que la Policía Municipal lo detenía entre El Bule y Las Grullas Margen Izquierda, la ahora viuda se angustió. Le llamó al celular, y algún desconocido cortó la llamada. Luego marco al radio, y otro o el mismo desconocido cortó la llamada. Luego, el celular fue apagado, y las llamadas dejaron de entrar. Eso nunca lo hacía Victorino pues siempre le contestaba a ella. Entonces reportó a cuanta corporación sabía que existía. Los marinos, el Ejército, los municipales, los estatales, y nadie le dio una explicación. Esperó y al día siguiente denunció ante el secretario del Ayuntamiento (Zenón, dice ella) pero obtuvo lo mismo: nada. Esperó unos días más, y el miércoles, cuando los trabajadores se armaron de valor, se manifestaron en el Palacio. Nada, igual que antes, obtuvo. Solo palabras. Ese miércoles, los empleados de una funeraria le llamaron. Supo que tenían un cadáver sin identificar. Supo que era su esposo por la ropa, porque ella se la compraba. Entonces, su esperanza terminó. Su esposo, que despareció mientras la Policía Municipal lo buscaba, estaba muerto. Durante las exequias, el pueblo, los pescadores leales a Victorino alzaron la voz y se declararon como comunidad independiente de Ahome, repudiaron al alcalde Zenén Aarón Xóchihua y al gobernador Mario López Valdez, a quienes condenaban tener a asesinos de empresarios en la Policía Municipal. Y así continúan. En Los Mochis, el alcalde Zenén Aarón Xóchihua Enciso ofrecía apoyar la investigación en contra de su policía, pero no separaría del cargo al director interino, Jesús Carrasco Ruiz, ni a ningún otro elemento, por grave que fuera la denuncia en contra. Dijo que pondría a disposición de la Procuraduría toda la documentación que se refiera al operativo y haría declarar a los agentes involucrados, pero nada más. Y alardeó ante reporteros. La comunidad no está en la anarquía, aunque los operativos, las incursiones de patrullas, se han suspendido. No están solos, estamos al pendiente de ellos y en contacto con las autoridades ejidales. El alcalde mentía, deliberadamente mentía a reporteros, pues desde el 23 de noviembre no ha cruzado información del caso con nadie, ni con el comisario municipal, José Abel Gaxiola Leyva, ni con el presidente del Comisariado Ejidal, Mario Arturo Ruiz Soto. El primero afirmó que el campo pesquero “es un santo desmadre porque nadie, ningún funcionario ha llegado para calmar los ánimos, aunque la presión en la gente ya está cayendo. No es que se den delitos, sino el desmadre es porque hay mucha incomodidad contra el Gobierno. No creo que ataquen a la Policía, a algún funcionario, pero hay esa molestia. Una parte de la población cree que debemos tener vigilancia, pero otra la rechaza, principalmente a los municipales, porque los considera autores de lo que le pasó a Victorino”. —¿Alguien del Ayuntamiento se ha comunicado con usted? ¿Alguien del Palacio le ha pedido informes de lo que ocurre en El Colorado? —Nadie. Cero contacto. Nadie me ha pedido un informe, nada. Es como si el problema no existiera, como si los comentarios no se hubieran realizado, como si las mantas no hubieran sido colgadas. Y mira que tengo buenos contactos. Vaya, ni mi compadre me ha llamado. —¿Quién? —El regidor Leonel Sánchez es mi compadre, y no me ha llamado. Tampoco Miguel Ángel Medina, que es otro regidor con el que tengo contacto lo ha hecho, ni tampoco Miguel Ángel Camacho, el de Participación Social me ha llamado. Nadie. Es más, ni la síndica y ni el comandante. Nadie ha hecho nada. Mario Arturo Ruiz Soto, comisariado ejidal de El Colorado, se mostró reservado y pretendió rechazar hablar del caso que sufren sus representados, por escabroso. “Sé que hay temor en la población a la Policía, porque la consideran responsable de lo que le pasó al líder pesquero, pero le pedimos prudencia porque el poblado no debe quedar sin autoridad”. —¿Tuvo usted contacto con la autoridad municipal? —Aún no. No tengo contacto con nadie de ellos, pero la buscaré. —¿Quién le ha preguntado por el asunto? —Hasta hace unos minutos, un agente de gobernación. —¿Alguien más? —No, nadie. —¿El alcalde? —No. Nadie. El doble discurso de Malova El gobernador Mario López Valdez demostró, otra vez, su doble lenguaje. Y es que en la víspera del Segundo Informe del alcalde de Ahome, Zenén Aarón Xóchihua Enciso, defendió nuevamente al comandante interino de la Policía Municipal, Jesús Carrasco Ruiz, involucrado en una nuevo operativo que terminó en la muerte de un líder pesquero en el Campo El Colorado, ubicado a unos 55 kilómetros al poniente de Los Mochis, Victorino Solís Luna. Antes, cuando la población se había manifestado en contra de la corporación municipal, el gobernador envió por la viuda, Zurix Adaí Verdugo Velázquez. Ella voló en helicóptero, y hablando con él, recibió la promesa que se haría justicia, que no protegía a nadie, que caiga quien caiga. Pero el viernes cambió de posición y ante reporteros dudó de la versión dada por decenas de testigos, incluyendo la de la propia mujer. Y ahí defendió a Carrasco: “No dudo que existan personas que quieran sacar a un buen comandante”. Y con un disculpe cerró el caso.

CULIACÀN, PARAÌSO DEL CRIMEN

Ismael Bojórquez     No hay ninguna justificación ni razón para estar satisfechos, como parece ser el caso del secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alfonso Carlos Ontiveros Salas: la capital de Sinaloa se sigue consumiendo en la violencia de alto impacto, pero también en aquella generada por la delincuencia de poca monta.  Nadie detiene a los gatilleros de la mafia que todos los días dejan su macabra cuota de sangre sobre el asfalto, en los caminos vecinales, en el interior de un bar y hasta en el domicilio de las víctimas.  Pero tampoco a los raterillos de televisores en las colonias ni a los que arrebatan bolsos en los centros comerciales. Muchachas violadas y asesinadas son ahora parte puntual de la estadística mensual, el robo de vehículos sigue siendo un problema grave y no se diga los robos en casa habitación, los asaltos a mano armada. Culiacán es, para decirlo en términos llanos, la ciudad más insegura de Sinaloa y una de las menos habitables, por esta razón, del país. Pero el secretario de Seguridad Pública se muestra feliz porque los delitos están bajando. Y habla como si no hubiera registro de ellos. Ni memoria. Al secretario hay que decirle que antes de que llegara la presente administración, que inició Héctor Melesio Cuen y asumió en plena carrera electoral Aarón Rivas, los niveles de la incidencia delictiva eran mucho más bajos. Hay que decir, de acuerdo con los registros de la Procuraduría de Justicia, que de 2005 a 2010, la incidencia delictiva en Culiacán se fue incrementando paulatinamente. Y que tuvo un repunte drástico a partir de que llega Cuen a la alcaldía en 2011. Y no debe atribuirse esto a un incremento general en la criminalidad en todo el estado o en todo el país, porque, al contrario, 2010 fue más violento en todos los aspectos. Algo pasó en 2011 que hizo que los delitos se dispararan y esto tiene que ver con la administración pública, el relajamiento de la vigilancia y hasta con las complicidades de las corporaciones policiacas con la delincuencia. De 4 mil 431 delitos de alta incidencia registrados en 2007, se pasó a 5 mil 46 en 2008, año en que estalló la guerra en el cártel de Sinaloa, subió a 5 mil 360 en 2009 y a 6 mil 897 en 2010, el año más violento en Sinaloa y en el país. Pero al operarse el cambio de Gobierno en Culiacán, la violencia se disparó. Algunos resortes de la administración quedaron sueltos, porque la incidencia delictiva quedó retratada en 10 mil 144 casos en 2011 y hasta octubre del presente año se han registrado 7 mil 164 delitos. El incremento pues, en estos dos años, es brutal. Por eso es tramposa la relación que hace Ontiveros Salas entre un año y otro. Si él comparara los números del primer año de la presente administración (2011) con el primero de la pasada (2008), resulta que los delitos sencillamente se duplicaron. Si la incidencia delictiva de Culiacán se compara con los otros dos municipios más grandes de Sinaloa, Mazatlán y Ahome, los resultados son más ominosos. Históricamente estos dos municipios han sido menos violentos. La incidencia en Ahome, que tiene 400 mil habitantes —la mitad de la población con que cuenta Culiacán—, es de alrededor de mil 700 delitos promedio en los últimos dos años. Es decir, proporcionalmente mucho menor. Y en Mazatlán igual, con una población similar a la de Ahome, tiene una incidencia que rondará los 2 mil delitos este año, acotando que la tendencia es claramente a la baja, pues en 2011 presentó 2 mil 644 delitos. Queda claro que Melesio Cuen se equivocó al poner frente la seguridad a un hombre que no desconocía la problemática pues ya había sido director de la Policía y subprocurador de Justicia, pero que había dejado su resto profesional corriendo trabajadores y maestros de la UAS, o llevando bajo el brazo litigios torcidos —desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad, a la cual llegó después del crimen de Enrique Ávila Castro— que siempre le salieron costando a la UAS millones y millones de pesos. Ontiveros fue el brazo ejecutor de Cuen durante su administración y del actual rector Víctor Antonio Corrales Burgueño, hasta que dejó el cargo para asumir la Secretaría de Seguridad. Pero acá no tenía que lidiar con jubilados a los que se les esquilma hasta el voto, académicos o trabajadores, sino con estructuras criminales que para operar ocupan casas de seguridad, vehículos robados, dinero… y cuyas fuerzas, no siempre controlables, operan por su cuenta asaltando gente en los cajeros y hasta violando jovencitas que salen de los antros o son levantadas en sus barrios. “Voy con todo por un Culiacán seguro”, fue una de las cantaletas de Melesio Cuen en su campaña por la presidencia, pero es claro que no tenía ni una pobre idea de cómo enfrentar a la delincuencia. La pregunta es por qué, con estas cifras, el alcalde lo sostiene en el cargo. Bola y cadena DE HECHO, LAS MEDIDAS MÁS fuertes que ha tomado Ontiveros no han sido contra la delincuencia, a la que tolera y desdeña —“No hay una situación de alarma por las violaciones de jovencitas”, dijo al referirse a los casos de violaciones que se conocieron en la Isla Musala. Las medidas más estrictas las ha tomado contra el personal de la misma corporación policiaca, hombres y mujeres que se atreven a reclamar sus derechos laborales y a los cuales el secretario ha boletinado, hostigado, despedido. Humo negro VESTIRSE DE LUCHADOR es cosa de niños, circular en bicicleta y hasta en moto. Bailar, trotar como loquito en el carnaval antes de que pase la reina, repartir huevos y pollos en los tianguis, jugar beisbol y agarrarle la pierna a una edecán pueden ser vistos como chistes salados que al final hacen ver mal a un gobernante, aunque la corte abyecta le aplauda mientras dice “que ocurrente es usted gobernador, qué chistoso, qué estilo”... Pero pilotear un helicóptero oficial es otra cosa. Y peor aún la explicación que da. Hay un remedio muy bueno para el aburrimiento, es legal y no significa ningún riesgo para terceros: descular hormigas.

 

LA DECISIÒN DE PEÑA NIETO

Iría Peña Nieto contra alianza Zetas-Beltrán-Carrillo; el Chapo sería el beneficiado Silber Meza    El investigador Luis Astorga afirma que el problema de gobernabilidad que provocan estos grupos del crimen organizado es lo que los mantiene en la mira. Ciudad de México.- Lo primero que se ve al entrar en el cubículo de Luis Astorga es un mapa geográfico de Colombia y una caricatura que destaca sus lentes y la abundancia de su nariz. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM el espacio de trabajo es reducido. Desde ahí, Astorga afirma que la suerte está echada para la alianza Zetas-Beltrán Leyva-Carrillo Fuentes: en el próximo sexenio ellos se llevarán los ataques más duros de parte del Gobierno mexicano y del estadounidense. “Una organización criminal que opera con una lógica mafiosa-paramilitar es potencialmente más peligrosa que una que puede ser más poderosa en términos económicos pero que no funciona con esa lógica”. —¿Le puede poner nombre a esas organizaciones? —Las organizaciones que tendrían un perfil más claramente mafioso-paramilitar son estas alianzas entre Zetas-Beltrán Leyva-Carrillo. En su oficina apenas cabe un escritorio, una computadora personal y un par de sillas para los visitantes. Frente a él un par de libreros donde resaltan sus libros más conocidos: El siglo de las drogas, Drogas sin fronteras y Mitología del narcotraficante en México. Astorga explica que son ellos, los Zetas-Beltrán Leyva-Carrillo, los que generan más problemas de gobernabilidad para el país y se han convertido en una amenaza para los Estados Unidos. Otro elemento en su contra es que han tocado a las élites políticas, como fue el asesinato del hijo del ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. La violencia fronteriza de los Zetas comprende Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. “Un indicador clarísimo es la política sobre seguridad que anunció Obama el año pasado. ¿Cuáles son las organizaciones criminales a nivel mundial que señala el Gobierno estadounidense como prioritarias para atacarlas? No menciona al Chapo, menciona a los Zetas”, acota con un acento sinaloense domesticado en la distancia. “Para quien lee los mensajes políticos de los estadounidenses eso es clarísimo: los tienen en la mira. Y que va a ser prioritario le guste o no le guste al Gobierno mexicano que venga, o que esté”. Pero el beneficio que se llevaría Joaquín el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa no sería con base en una política de protección gubernamental a este grupo, aclara, sino como un efecto de la estrategia. “Ni siquiera tiene la capacidad de coordinar a sus instituciones de seguridad, ¡cómo se van a coordinar las instituciones de seguridad para proteger a un grupo sobre otro! No tiene sentido”, dice mientras dibuja en sus labios una sonrisa irónica. Acuerdo o confrontación El tema del narcotráfico está lleno de mitos y Luis Astorga ha dedicado buena parte de su trabajo científico a desmentirlos. Uno de esos tiene que ver con los acuerdos entre los políticos y los narcotraficantes. El doctorado en Sociología del Desarrollo por la Universidad Sorbona de París cuenta que en la época priista el narcotráfico estaba subordinado al poder político. “Cualquiera que se revelara a las reglas del juego autoritario sabía que tenía tres opciones: salir del negocio, ir a la cárcel o morirse”, sentencia. Con la transición el modelo ha cambiado, ahora los criminales han aprendido a relacionarse con los poderes locales de distintos partidos políticos: el poder está repartido. Además, ya no están domesticados como antes. El Estado ya no tiene el control total sobre ellos y se enfrenta a un nuevo reto. “El poder político es el que ahora tiene las tres opciones: no hacer nada y dejar que los grupos criminales dominen al político, hacer acuerdos con los criminales para beneficiarse económicamente… o la tercera opción es que la clase política mexicana asuma que es parte del Estado, sus responsabilidades, porque tienen posiciones de Poder”. —¿Existe la posibilidad de que el PRI negocie con el narco para que baje la violencia? —Se parte de la idea falsa de que nunca ha habido negociación. En la etapa de la transición, lo que hemos visto es que esas tres opciones han estado operando en el país, lo que no sabemos es hasta qué punto está predominando una sobre la otra, pero eso no quiere decir que nunca haya habido arreglos”. El narcotráfico, resalta Astorga, no se puede entender sin el sistema político, por eso hay que conocerlos a ambos y observar su interrelación. Peña Nieto tiene una fuerte oportunidad de disminuir la violencia si logra disciplinar a los presidentes municipales y gobernadores del PRI. Los priistas no solo gobiernan gran parte del territorio mexicano, también se encuentran en los lugares más violentos, detalla. “Le convendría disciplinar a sus propios gobernadores y presidentes municipales y dar un ejemplo de que va en serio. Y si va en serio tendrían que salir gobernadores, presidentes municipales y algunos sectores empresariales locales a los cuales se les aplicaría la ley”. Los acuerdos entre los políticos y el narcotráfico siempre se han dado, reitera Astorga, lo que no se sabe aún es a qué estrategia le dará más fuerza Peña: a la confrontación Estado-crimen organizado, o a los acuerdos con este. La marcha de los militares En el discurso se escucha bien que los militares salgan de las calles y pueblos de México, sin embargo, en las condiciones en las que se encuentra México es imposible, menciona el sinaloense. “No es una cuestión de gusto, sino de capacidad del Estado mexicano”, advierte con ese tono que enlaza la serenidad y tristeza. Afirma que no hay ningún presidente municipal que crea que puede solo con las policías a su servicio. La debilidad institucional aún predomina. Con las pequeñas señales que ha lanzado Peña Nieto se puede, sabes que va a reorganizar el sistema de seguridad, pero no se ven grandes cambios en corto plazo. Si sale adelante el proyecto de Gendarmería Nacional, en una imitación del modelo francés, explica Astorga, serían los propios militares los que ocuparían esa dependencia. Las fuerzas castrenses retiquetadas ocuparían las zonas rurales y la Policía Federal las ciudades. “El problema no son las fuerzas militares, sino los inexistentes contrapesos internos y externos”. Estos cambios pueden dar resultados si se llega a un gran acuerdo político y se toma una política de Estado, incluyendo a la Federación, los estados, los municipios y el Poder Legislativo. Aún así, advierte, los resultados no se verán rápido, menos bajarán los homicidios y secuestros en un 50 por ciento como lo prometió Peña Nieto. “Son como los quince minutos en los que Fox iba a arreglar el problema de los zapatistas. La tendencia a prometer lo imposible en los políticos ya está en su ADN, no hay que tomarlo en serio y va a ser fácilmente criticable porque no lo va a lograr”, afirma. Legalizar la mariguana Luis Astorga es uno de los primeros académicos que han colaborado en la creación de iniciativas de ley para legalizar la mariguana. Con la aprobación del uso recreativo de la yerba en los estados de Colorado y Washington, en México se reavivó el debate. Aunque este es un indicador positivo para la legalización de esta droga en Estados Unidos, en nuestro país y en el mundo entero, aún falta por conocer los efectos de la aplicación de la nueva norma, ya que se empezarán a difundir en un año y medio más.  Lo más interesante es que el debate en México se volvió a abrir. Otro lugar que va a marcar la agenda es Uruguay, país que discute legalizarla. Esta sería la primera nación en hacerlo. “No tiene mucho sentido combatir la mariguana si allá —en Estados Unidos— va a estar legalizada”, sostiene. La máquina de lavado seguirá A pesar de los esfuerzos mexicanos por impulsar una ley contra el lavado de dinero es muy complicado que este se detenga, afirma Astorga. Ningún país, ni siquiera Italia, ha podido desmantelar las estructuras económicas de los grupos del crimen organizado. “Si en Estados Unidos no se tiene el conocimiento con todas la leyes y controles que ellos tienen, cómo vamos a pensar que en uno o dos sexenios por una ley contra el lavado de dinero pueda ser más eficaz que lo que no ha podido ser en Estados Unidos”, critica con un dejo de desespero. La “lista negra” norteamericana tampoco es de gran ayuda porque la mayoría de los negocios que menciona son de menor rango, expone, y cuando es una empresa mediana o grande como es el caso de la lechera Santa Mónica, propiedad de la familia de Ismael el Mayo Zambada, viene una nueva disyuntiva. “Nada más calcúlale a cuánta gente emplea, qué es lo que vas a privilegiar: si está vinculado o no con algún miembro de organizaciones criminales o si tienes una cantidad impresionante de empleados y eso te está dando empleos relativamente estables para muchas familias. Ese es uno de tantos ejemplos. No es la misma un salón de belleza que emplea a cinco personas, que un negocio de esos que emplea cientos”. El nuevo rostro de la Sedena Salvador Cienfuegos Zepeda, antiguo comandante militar en Jalisco, Guerrero, Chiapas y el centro del país, fue designado secretario de la Defensa Nacional por el presidente Enrique Peña Nieto. Detrás de su nombramiento hubo días y semanas donde la disputa que varios generales protagonizaron llegó a niveles nunca antes vistos. Juan Veledíaz / Especial para Ríodoce —No lo conozco, pero me parece que es muy hosco, parco—. Las palabras buscaron ser la síntesis, el sumario que la periodista Isabel Arvide pronunció sobre la personalidad del general Salvador Cienfuegos Zepeda la noche del pasado lunes 3 de diciembre, cuando recordaba su relación con varios generales y reconocía que entre aquellos pocos, muy pocos, que nunca había tratado, estaba el nuevo titular de la Defensa.   Transcurrían las primeras 72 horas tras el anuncio que confirmó la llegada de Cienfuegos a la titularidad de la secretaría de la Defensa Nacional y que produjo buenas expectativas en gran parte del Ejército, cuando la veterana periodista presentaba en una librería al sur de la Ciudad de México su libro Mis generales, un compendio de sus experiencias y anécdotas de los últimos 30 años con varios militares sobre los que escribió breves perfiles.  Ante una reducida pero selecta audiencia, comentó que el presidente Enrique Peña Nieto había engañado a todos con la verdad, es decir, que terminó por respetar la regla de oro de la milicia —la antigüedad en el servicio— y su designación recayó en el general de división con más años ostentando ese grado. Entre los 36 generales de los que Arvide escribió estaban cuatro de los cinco divisionarios que compitieron por la Secretaría, en esas páginas aparecían el hoy exsubsecretario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, también el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, ratificado en el cargo, Marco Antonio González Barreda, el nuevo oficial mayor Luis Arturo Oliver Cen y el hoy ex director de administración Augusto Moisés García Ochoa.  Sobre cada uno realizó un boceto de su trayectoria militar y por ahí recordaba que cualquiera de ellos tenía los méritos suficientes si resultaba ungido. Al final de cuentas el nombramiento recayó en un militar que no aparecía en su libro. Tras el anuncio de la tarde del viernes 30 de noviembre de que quien ocuparía el cargo era el general Cienfuegos, concluía uno de los procesos de sucesión al interior de la dependencia donde los ataques y mensajes dentro y fuera del ritual, proliferaron como pocas veces había ocurrido. Días antes del desenlace, una versión que se filtró a la prensa capitalina señalaba que había varios generales muy molestos y que no dudarían en solicitar su baja y anticipar su retiro si el ungido resultaba ser el director de administración de la Sedena. Semanas antes en la pasarela de aspirantes, hubo un momento en que el general García Ochoa sintió que sería el nuevo secretario del ramo. Días después de que encabezó la parada militar del 16 de septiembre, responsabilidad que ha sido vista dentro del simbolismo castrense como paso previo para asumir la Secretaría, fue enviado como representante del general Galván al Palacio Legislativo de San Lázaro a la instalación de la Comisión de Defensa. Delante de los diputados García Ochoa leyó una carta del secretario donde resaltó la “buena relación” con el Legislativo, además se congratuló que la presidencia recayera en el diputado Jorge Mendoza, ex directivo de TV Azteca considerado miembro de la “tele bancada”, quien como senador participó en esta comisión en la Cámara alta. Apenas en abril último García Ochoa había asistido al senado para dictar una conferencia que tituló Las Fuerzas Armadas en la defensa de la patria. En esa exposición consideró que existen nuevas amenazas contra la seguridad nacional y el Estado mexicano, no solo con el narcotráfico sino el terrorismo, la ciberguerra o guerra electrónica y los fenómenos naturales, lo cual obligaba a replantear la agenda de riesgos.  “La defensa de la patria se centra en el surgimiento de nuevos actores y sucesos en el desarrollo nacional e internacional (…) la geopolítica nos obliga a definir y actualizar una nueva agenda de riesgos y amenazas”.   No faltó el tinte futurista cuando añadió que las redes trasnacionales del narco, el crimen organizado, el terrorismo y el bioterrorismo, el secuestro, el tráfico de armas y de personas, obligaban a modernizar la visión del Ejército y adecuar sus normas y reglamentos. La exposición se dio semanas después de que García Ochoa presentara su tesis de maestría en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, cuya autoría compartió con el contralmirante José Luis Arellano Ruiz y el capitán de navío Antonio Velasco Ríos, y la cual titularon La estrategia nacional contra la delincuencia organizada y su impacto en la seguridad nacional. En esas páginas, dadas a conocer por una revista quincenal en agosto pasado, consideraron que mientras el golpeo de las fuerzas federales ha llegado a debilitar a todos los otros cárteles, el de Sinaloa exhibía su inmunidad ante la crisis y seguía en expansión. La organización “ha sido la más beneficiada durante la crisis que se presenta en México contra la delincuencia organizada”. Y añadían, “es el grupo regional dominante en la mitad occidental de México y está ampliando activamente su territorio. Actualmente hay células del cártel de Sinaloa ayudando al cártel del Golfo en su lucha contra los Zetas en el noreste del país, desplazando poco a poco a Vicente Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez, controlando Tijuana y luchando por la plaza de Acapulco.  Donde quiera que haya un conflicto en México entre dos o más facciones o escisiones se encuentra la mano útil del cártel de Sinaloa. Mientras que las luchas internas y presiones externas de los organismos de control militar de México y las fuerzas federales han debilitado a todos los otros cárteles, el cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”. Esos dos momentos, su intervención en el Senado y que se conociera el contenido de su tesis de maestría, fueron vistos al interior del Ejército como un proselitismo abierto del general García Ochoa, lo que molestó a gran parte del generalato.  Conforme se acercaba la fecha del anuncio, y aumentaban las versiones sobre la disputa entre García Ochoa contra el general Gaytán, se comenzó a mencionar el nombre del general de división Virgilio Daniel Méndez Bazán, comandante de la Décima Región Militar con jurisdicción en los tres estados que comprenden la península de Yucatán. Su nombre surgió de una supuesta cercanía filial con Enrique Peña Nieto y vino a atizar las especulaciones sobre la identidad de quien sería sucesor del general Galván. El regreso de la infantería El dicho de Arvide sobre la personalidad del general Cienfuegos, parecía no estar muy distante de la realidad. De todos los aspirantes a encabezar la Defensa, se decía que era el único que mejor representaba ese distintivo modo de ser: hermético, adusto y de poco roce social, característico de buena parte del generalato. El general Cienfuegos parecía lo contrario al exsubsecretario Gaytán Ochoa, e incluso era lo más opuesto al ex director de administración, el general García Ochoa. Con el primero lo une una amistad y respeto de mucho tiempo atrás, con el segundo era más una relación profesional que afectiva, según se comentó en el medio castrense. Pero la diferencia central era que no frecuentaba círculos políticos y de funcionarios civiles al nivel de sus dos coterráneos. Cienfuegos inició su carrera cuando en 1964 ingresó al Colegio Militar, tres años después en 1967 se graduó como subteniente de infantería, arma que regresa al mando del Ejército tras seis años de que un oficial de artillería como el general Galván, lo ostentara. Estuvo en todos los escalafones desde su época de oficial, fue comandante de compañía —integrada por 100 o más elementos— después ocupó jefaturas de sección y encabezó diversas unidades principalmente en el estado de Jalisco donde fue comandante de la Zona 15 y de la Quinta Región Militar.  Ese mismo cargo lo tuvo en zona de guerrilla y narcotráfico como Guerrero, donde fue comandante de la Novena Región y en Chiapas, donde estuvo al mando del cuartel de la Séptima Región. La suerte le sonrió cuando estuvo al mando de la Primera Región Militar, que comprende los estados del centro  del país como Estado de México, Hidalgo, Morelos y el Distrito Federal, y conoció al entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. El priista tuvo la deferencia de invitarlo a su boda hace dos años, cuando se casó con la actriz Angélica Rivera. Entonces se comentó que fue el único militar de alto rango convidado y que asistió al evento. De la hoja de servicios del general Cienfuegos se desprende que obtuvo el primer lugar en su promoción en la maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacionales, realizada en el Colegio de Defensa Nacional. También resalta que ha tenido varias misiones en el extranjero, una como agregado militar a la Embajada de México en Japón y Corea del Sur y otras tantas en citas internacionales, como la de los preparativos para la quinta reunión de ministros de Defensa de las Américas realizada hace algunos años en Santiago de Chile.  En Estados Unidos lo mismo ha visitado en misión oficial las instalaciones del Quinto Ejército en Texas, que asistido a la reunión preparatoria de la conferencia especial sobre seguridad en Washington. De su paso como representante del Ejército, se resalta que fue edecán militar de Fidel Castro, cuando era el jefe de Estado cubano, en una de las visitas que realizó en los años noventa al país. Cienfuegos ha sido subjefe de doctrina militar en el Estado Mayor de la Defensa, en esa misma dependencia fue jefe de la Sección Tercera, Operaciones, y en otro momento jefe de la Subsección de Planes en la Sección Cuarta.  En su currículum académico se hace notar que fue director del Colegio Militar, y del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea. Como profesor impartió la materia de táctica de infantería, caballería, artillería, ingenieros y arma blindada en Colegio Militar así como Logística y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra. Hasta las primeras horas del viernes 7 de diciembre, los únicos nombramientos en la Defensa Nacional que estaban confirmados era en la Oficialía Mayor, donde se nombró al general Oliver Cen, antiguo comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán y se ratificó al general González Barreda, oriundo de Concordia, Sinaloa, como inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea.  Estaba por confirmarse si el nuevo subsecretario sería el general Méndez Bazán y se conocería quién sería el nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa. También se supo que al general García Ochoa, ex director de administración, sería enviado de comandante a la Segunda Región Militar, con cuartel en Mexicali, Baja California, mientras al general Gaytán Ochoa, exsubsecretario, se barajeaba que podría ser nombrado al frente de Banjercito.

OSCURA TRANSPARENCIA EN SINALOA

El gobierno de Malova esconde información sobre el manejo de la megadeuda Alejandro Sicairos     La repentina exigencia a abrir las cuentas del supercrédito de 2 mil 600 millones —imprevisto que incomodó al gobernador Mario López Valdez— dejó al descubierto que la transparencia, uno de los principales íconos del malovismo, existe solo en el discurso pero no en los hechos. Por eso todo el gabinete de López Valdez se movilizó la mañana del miércoles 5 de diciembre para tapar la postura asumida por el Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia en Sinaloa (CCVTS), negándose este organismo a avalar que se estén aplicando correctamente los 2 mil 600 millones de pesos. El desdén que durante meses asumió el Gobierno del Estado frente a la instancia que el mismo Malova instaló el 15 de agosto de 2011 para vigilar el adecuado uso del megapréstamo, hizo crisis desde inicios de septiembre de 2012 cuando el consejo vio cerrado todo acceso a la información referente a ese tema. En un acuerdo no escrito, las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Administración y Finanzas, así como la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, decidieron bloquear el flujo de datos, debido a que los consejeros ciudadanos estaban solicitando detalles del proceso de licitación, asignación y supervisión de las 552 obras a realizar con los 2 mil 600 millones de pesos, pormenores que las dependencias habían decidido guardar herméticamente. En su función de auditores sociales, los consejeros hicieron intentos por subsanar el vació informativo. Habían detectado irregularidades en los procesos de adjudicación de algunas obras y pidieron a Obras Públicas, Finanzas y Transparencia que abrieran los expedientes correspondientes. Una y otra vez pidieron clarificar las cuentas. Una y otra vez las dependencias les cerraron las puertas. En razón de ello, el CCVTS consideró violentado uno de sus propósitos consistente en “ejercer con madurez su vocación independiente, y en sus recomendaciones, sugerencias o medidas precautorias al Gobierno del Estado aplicará criterios claros, equilibrados y consensuados por sus miembros”. Se declaró impedido a revisar, pero principalmente a avalar, al romperse el flujo de información. El consejo está integrado por doce ciudadanos que representan a organismos de la iniciativa privada y diez servidores públicos. Los primeros, al confirmar que el Gobierno estatal pretendía incapacitarlos en la función que les encomendó, decidieron invalidarse como avales del buen ejercicio de los 2 mil 600 millones de pesos. De paso le asestaron el más duro golpe a la publicitada transparencia del gobierno de Malova. La víspera del trueno Al menos en el 20 por ciento de las licitaciones de obras revisadas selectivamente, que comprometen inversiones superiores a los 30 millones de pesos cada una, el Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia de Sinaloa, halló elementos que podrían cancelar todo o parcialmente los procesos de asignación. En informes y solicitudes que el organismo hizo llegar a la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado se señalan incongruencias como el hecho de dar los contratos a empresas que hicieron posturas muy superiores a las de otros ponentes. En algunos casos significaban ahorros del 20 o 30 por ciento en los costos de las obras, pero indebidamente se benefició a quien más caro cobró. Como muestra están la Constructora y Arrendadora López que obtuvo un contrato de obras por 37 millones 768 mil 917 pesos con 30 centavos, por pavimentación de la carretera Los Mochis-Ahome entre ejido México y carretera a Compuertas, reconstrucción de la carretera México 15 a Cerro Cabezón y reconstrucción de un tramo de la carretera Guasave-Callejones de Guasavito. Del lugar séptimo que ocupó en el proceso de licitación como por arte de magia brincó al primero y ganó la adjudicación. Hay casos más descarados como el de la empresa Administradora de Edificaciones que ganó un contrato por más de 20 millones de pesos. En el acta de licitación aparece en el lugar 20, pero providencialmente desplazó las 19 propuestas restantes y fue seleccionada como ganadora. NK Urbanizaciones quedó en el último lugar, el quinto, con su propuesta para realizar obras por más de 40 millones de pesos y resultó ganadora del procedimiento. El CCTVS detectó que los operadores del proceso de licitación construyeron ganadoras eliminando a quienes el Gobierno no quería que realizaran las obras y privilegiando a intereses cercanos a funcionarios estatales. El otro aspecto que llamó la atención del CCVTS es el retraso general en las obras que se realizan con el magacrédito. Hasta noviembre de 2012 se habían ejercido mil 146 millones 373 mil 779 pesos, es decir el 44.9 de los recursos considerados en el préstamo. Faltaban por ejercer mil 453 millones 626 mil 221 pesos. De las 552 obras en que se usarán los 2 mil 600 millones de pesos, 365 han sido terminadas, 129 están en proceso, 26 en licitación y 32 en espera. Aval en entredicho El propio gobernador tomó las riendas de un asunto que a sus colaboradores se les salió de control. Lo hizo el día que el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Sinaloa dio a conocer la negativa a avalarle el programa de inversión del megacrédito que el Congreso del Estado le autorizó para contrarrestar el desastre económico que dejaron las heladas en febrero de 2011, según decreto del 8 de agosto del mismo año. El jueves de la semana pasada dijo que daría “un jalón de orejas” a los funcionarios que no habrían colaborado con el CCVTS. En realidad un día antes ya les había llamado la atención por un episodio que sus asesores catalogaron de alta gravedad. Les ordenó a Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas; José Luis Sevilla Suárez Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y a Karim Pechir Espinoza de los Monteros, secretario de Innovación Gubernamental, que subsanaran de inmediato las omisiones cometidas. A partir de esa instrucción dada por Malova el caso dio un vuelco al considerar el Gobierno estatal como alta prioridad la atención en el CCTVS. Habituados a que los organismos ciudadanos acaben siendo comparsa u ornamento, esta vez los sacudió el imprevisto posicionamiento insubordinado de empresarios y profesionistas. En espera de que se agenden las reuniones aclaratorias —inclusive una con Malova— el CCTVS mantenía el viernes en suspenso el aval al ejercicio de la llamada megadeuda. La actitud era inamovible: “No estamos en condiciones de avalar la adecuada aplicación de los 2 mil 600 millones de pesos”. La información faltante o deficiente tiene que ver con 78 millones de pesos por concepto de asesoría financiera y accesorios que no ha aclarado Administración y Finazas, la explicación de Obras Públicas sobre 72 millones de pesos gastados en la supervisión de obras y los nombres de los que realizaron esa tarea, la clarificación de criterios para eliminar a contratistas por razones de forma a pesar de que su propuesta económica estaba por debajo de las demás, mientras que a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, que preside Juan Pablo Yamuni, se le exhorta a que descifre el destino de 78 millones de pesos que le fueron asignados con recursos del megapréstamo. A la exigencia del Consejo Ciudadano se sumaron las cámaras empresariales, partidos políticos, organizaciones de profesionistas y órganos de auditoría. En seguimiento a la queja presentada públicamente por el CCVTS, la Auditoría Superior del Estado tomó el jueves la decisión de realizar una fiscalización profunda al cien por ciento de las obras aprobadas dentro de los 2 mil 600 millones de pesos, en vez de la revisión aleatoria que estaba efectuando. El opaco proceder del gobierno de Malova quedó evidenciado y el manejo de recursos públicos fue puesto bajo sospecha. Reparto bajo escrutinio El Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia de Sinaloa ha sometido a revisión especial las licitaciones con las cuales se otorgaron los contratos de obras a las empresas que más se beneficiaron, conforme los montos asignados. Empresa Monto Medif Constructora 149’130,495.70 Agregados, Maquinaria y Construcción 60’777,180.17 Constructora Maíz Mier 60’531,134.12 Procasa de Culiacán 54’384,531.16 Construcciones José 46’130,915.46 NK Urbanizaciones 42’272,823.63 Constructora y Arrendadora López 37’768,917.30 LP Construcciones Hidráulicas 31’134,446.05 Construcciones Salafier 30’386,385.56 Construcciones e Infraestructura del Miño 29’846,992.32 Grupo Asfaltos Procesados 27’129,193.60 Arrendadora y Constructora de la Costa 26’997,781.38 Proyectos y Desarrollos Salve 25’853,426.63 Ingenieros y Equipos Mecánicos 23’567,967.07 Construcciones Mocorito 23’528,324.93 Borquin Construcciones 23’292,998.48 Gil Leyva Edificaciones 21’832,590.20 Administradora de Edificaciones 21’605,356.25 RM Obras y Servicios 21’006,178.80 Burgueño y Asociados Constructora 20’284,377.52 Juan Carlos Hernández Bermúdez 19’421,375.71 Mega Block 19’419,854.83 Rosario López Cárdenas 16’148,998.67 El tamaño de la lupa El Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia en Sinaloa lo integran: Consejeros ciudadanos Maricela Olan Ruiz Contador Público Samuel Campos Velarde Contador Público Miguel Ángel Miller Ruiz Empresario Héctor Luis Favela Machado Ejecutivo Efrén González Pola Abogado Fernando Inukai Sashida Ingeniero Esteban García Gallegos Ingeniero Rafael Domínguez Nelly Empresario Carlos Corrales Díaz Empresario Edgardo González Trasviña Desarrollo de Vivienda Bonifacio Hernández Valdés Ejecutivo Leobardo Robles Valdez Contador Público

ATRAPAN A ASALTABANCOS EN LOS MOCHIS

Luis Fernando Nájera

La Policía Municipal de Ahome atrapó a cuatro de cinco asaltabancos, esta mañana de martes, en Los Mochis. De acuerdo con un reporte de la corporación, los detenidos se identificaron como el aparente cabecilla, Iram Alfonso López, de 34 años de edad, con domicilio en calle Madrid número 2254, fraccionamiento Los Cedros, los hermanos Gilberto y Leobardo Alarcón Aceves, de 21 y 24 años de edad,  respectivamente, ambos con casa en calle Regador número 2435, colonia Ampliación Santa Alicia, y Cruz Gerardo Álvarez Peraza, de 29 años de edad,  con domicilio en calle Lisboa número 2366, fraccionamiento Los Cedros. Un quinto atracador huyó con el dinero, y las armas utilizadas en el atraco a empleados y cuentahabitentes de Bancomer, sucursal ubicada en Independencia y Dren Juárez, en en el fraccionamiento Los Olivos. Alrededor de las 10:00 de la mañana, los delincuentes siguieron a una persona que había retirado 34 mil pesos de un banco para realizar un depósito en otra sucursal. A su victima la interceptaron mientras realizaba la operación y en la maniobra atracaron a dos cajeras, también. Sin embargo, en la fuga fueron copados por policías, quienes los atraparon. Pese a lo rápido del operativo, el dinero robado no fue encontrado ni las armas utilizadas en el atraco. Encuentro macabro Dos osamentas fueron localizadas en un dren, en el Valle de El Carrizo, a unos 80 kilómetros al norte de Los Mochis, reportaron esta tarde de viernes las corporaciones policiales. Al parecer, las osamentas pertenecen a dos hombres, por los vestigios de las prendas de vestir encontradas. Los restos humanos fueron encontrados dentro del dren Buenaventura, en El Carrizo. Estas no han sido identificadas aún.

SALINISTAS Y BURÒCRATAS DEL PRI A LA SEDESOL DE ROSARIO ROBLES

Marcela Turati

MÉXICO D.F. (apro).- La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, presentó esta mañana al gabinete con el que emprenderá retos como la próxima Cruzada Nacional contra el Hambre, modificaciones a la pensión a ancianos y al programa Oportunidades, además de la implementación del seguro de vida para jefas de familia.

Llama la atención que la mayoría son políticos que hicieron su carrera en el Estado de México. En las currículas de varios destaca que han sido diputados o secretarios de finanzas de estados priistas. Uno es integrante de la CNC, otro de la CNOP, dos formaron parte del Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, el famoso Pronasol.

El equipo de funcionarios se compone de los subsecretarios de Desarrollo Social y Humano, el mexiquense Ernesto Javier Nemer Álvarez, quien fue coordinador parlamentario del PRI y funcionario de gobierno del Estado de México con Peña Nieto; de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el coahuilense Javier Guerrero García, quien fue directivo en Pronasol, exdiputado y ostentó cargos en Coahuila, y el de Prospectiva, Planeación y Evaluación, el poblano Juan Carlos Lastiri Quirós, quien también pasó por Pronasol, fue diputado y estuvo en el CEN del PRI.

El Oficial Mayor es el exconsejero del IFE y exsecretario de gobierno de Chiapas, Emilio Zebadúa González.

La nueva directora General del Programa Oportunidades, Paula Angélica Hernández Olmos, trabajó de la mano del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Sus credenciales son políticas: fue “Consejera Política Nacional del PRI; Consejera Política Estatal; Delegada Especial del CEN en Jalisco; Coordinadora General de precampaña y Campaña para la Elección de Diputados Federales y Coordinadora de Financiamiento Privado en la Campaña para la gubernatura de Osorio Chong al gobierno del estado de Hidalgo”.

El director del Programa de Abasto Rural Diconsa, Héctor Eduardo Velasco Monroy, es de Atlacomulco; fue diputado y exsecretario particular de gobierno en el Edomex. Fue dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC) del Estado de México, y expresidente de la Comisión Especial para la Reforma Profunda del Campo, del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina.

El del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva es un exdiputado oaxaqueño.

La funcionaria experredista anunció también que Liliana Romero Medina asume la Dirección General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart); María Angélica Luna Parra, directora del Instituto Nacional para el Desarrollo Social (Indesol); Araceli Escalante Jasso, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y Evangélica María Villalpando Rodríguez, como Abogada General y Comisionada para la Transparencia.

Robles señaló que el gran desafío como gobierno federal es combatir el hambre, por lo que en un plazo menor a 60 días presentará la estrategia para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Mencionó la importancia estratégica de programas como Oportunidades y de Apoyo Alimentario (PAL), así como de la red de abasto creada a través de Diconsa y Liconsa, en ese esfuerzo.

He aquí el perfil de los nuevos funcionarios difundido por la Sedesol:

Ernesto Nemer Álvarez.- Subsecretario de Desarrollo Social y Humano. Nació en 1961, en Toluca, Estado de México; es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca y tiene más de 25 años de trayectoria en el servicio público.

Se desempeñó como Secretario de Administración, Secretario de Desarrollo Social y Secretario General de Gobierno en el Estado de México.

Fue Presidente del H. Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y del H. Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de México.

Diputado Local por el Distrito XXXV Metepec, fue coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVII Legislatura.

Javier Guerrero García.- Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio Nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en 1958.

Tiene título universitario en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) y estudios de Maestría en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública (INAP).

Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana (UIA) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue profesor de Maestría en el Instituto de Administración Pública y en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

También ha sido Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila; coordinador Nacional de la Comisión Permanente de los Funcionarios Fiscales de México; Director General de Organización Social del Programa Nacional Solidaridad; Subdirector General de Organización del DIF nacional e integrante del Consejo Consultivo de Solidaridad.

Fue Secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado de Coahuila; Diputado Federal en las LV, LVII y LX Legislaturas y presidente municipal de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Juan Carlos Lastiri Quirós.- Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación. Nació en 1966, en Zacatlán, Puebla. Fue Presidente Municipal de Zacatlán, fue diputado Local Propietario por la LIV Legislatura y diputado Federal Propietario a la LXI Legislatura.

Promotor Social del Programa Nacional Solidaridad, ocupó las Subsecretarías de Enlace y Desarrollo Social, y la de Coordinación y Desarrollo Regional del Estado de Puebla. Fue Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Puebla.

Se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS); Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares; Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla, y Secretario de Gestión Social del CEN del PRI.

Emilio Zebadúa González.- Oficial Mayor. Nació en el Distrito Federal, en 1961. Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Doctor en Gobierno (Administración Pública) por la Universidad de Harvard y Doctor en Derecho Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha sido Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral; Secretario de Gobierno del estado de Chiapas; Diputado Federal y Presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro, A. C.

Paula Angélica Hernández Olmos.- Directora General del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Nació el 13 de abril en Pachuca de Soto, Hidalgo. Es Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey; tiene diplomados en la Micro, pequeña y mediana empresa y en Estrategias Electorales y Políticas. Cursa la Maestría en Administración.

Fue Consejera Política Nacional del PRI; Consejera Política Estatal; Delegada Especial del CEN en Jalisco; Coordinadora General de precampaña y Campaña para la Elección de Diputados Federales y Coordinadora de Financiamiento Privado en la Campaña para la Gubernatura de Miguel Ángel Osorio Chong al gobierno del estado de Hidalgo.

Coordinadora de Infraestructura de la Conferencia Nacional de Gobernadores Región Centro y Coordinadora del Comité Técnico Sectorial de la Región Centro.

Ha sido Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos Humanos en el Estado de Hidalgo; Coordinadora del Comité Técnico Sectorial de la Región Centro, así como Tesorera del Patronato del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Hidalgo, entre otros cargos.

Héctor Eduardo Velasco Monroy.- Director General de Diconsa.

Nació en Atlacomulco, Estado de México. Es Licenciado en Comunicación Colectiva por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene Maestría en Administración Pública por el ITESM.

Se ha desempeñado como Secretario Particular Adjunto del Gobernador del Estado de México; Diputado por el Distrito XIII en la LVI Legislatura; Diputado federal en la LXI Legislatura, en la que presidió el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

Fue dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC) del Estado de México, y Presidente de la Comisión Especial para la Reforma Profunda del Campo, del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina.

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.- Director General de Liconsa.

Nació en 1967, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; es Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla (UDLA) y tiene un Diplomado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNAM.

Fue Diputado Federal en las LIX y LXI Legislaturas; Coordinador de la Diputación Federal Oaxaqueña; Secretario de la Comisión de Turismo; Director del Instituto Estatal de Desarrollo Municipal; Coordinador de Comunicación Social y Secretario Técnico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Liliana Romero Medina.- Directora Nacional de Fonart

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UAEM, tiene la Maestría en Administración y Gerencia Pública por la Antigua Universidad de Alcalá de Henares, España.

Fue Secretaria Particular Adjunta del Presidente de la Gran Comisión de la LII Legislatura del Estado de México; Directora de Abasto de la Dirección General de Abasto y Comercio del Gobierno del Estado de México; Directora General del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México.

Asimismo se desempeñó como Directora de Gobierno de la Subsecretaria Regional Toluca de la Secretaría General de Gobierno; Coordinadora de Delegaciones Regionales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, y Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de México.

María Angélica Luna Parra.- Directora Nacional del Indesol. Licenciada en Comunicación Social, por la Universidad Iberoamericana, ha sido miembro del Consejo Consultivo de Pronasol y de la Secretaría de Desarrollo Social; Subdirectora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y Diputada Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Fue Directora General del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México; promotora y coautora de gran parte de la legislación para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, los derechos de la infancia, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad.

Fue miembro de la Comisión Redactora de la Ley para Prevenir y Combatir la Discriminación; miembro fundadora de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), e impulsora del movimiento de incorporación de las personas con discapacidad y de los derechos de la infancia.

Araceli Escalante Jasso.- Directora Nacional del Inapam. Nació en 1943, en Ciudad del Carmen, Campeche. Se ha desempeñado como Presidente Municipal de Carmen, Campeche; Diputada Federal por el PRI en la LX Legislatura; Secretaria de la Comisión de Vivienda e integrante de las comisiones de Equidad y Género y de Radio y Televisión.

Senadora por el estado de Campeche en las LVIII y LIX Legislaturas; Presidenta de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión de Enlace con la Sociedad Civil del Grupo Parlamentario del PRI. Diputada Federal en la LVII Legislatura electa por el principio de Mayoría Relativa en el II distrito electoral federal del estado de Campeche; Diputada Local en la LV Legislatura del Estado de Campeche, electa por el principio de Mayoría Relativa, del PRI.

Presidenta Adjunta de la Federación Nacional de Municipios de México, A. C.; Presidente de la Red Nacional de Municipios Saludables de la Federación Nacional de Municipios de México, A. C.; Vicepresidente para América del Norte de la Confederación Parlamentaria de las Américas.

Evangélica María Villalpando Rodríguez.- Abogada general y Comisionada para la Transparencia. Abogada y Maestra en Derecho, ha sido asesora en la Secretaría de Gobierno, en la Jefatura de Gobierno y en la Secretaría de Educación.

Fue Directora General Jurídico-Consultiva en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y asesora en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.

En el Tribunal Superior de Justicia se desempeñó como Directora de Promoción y Convenios del Instituto de Estudios Judiciales. Maestra a nivel licenciatura en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma Metropolitana.