Las
comunidades serranas de Guerrero se están quedando desiertas. Sus
habitantes huyen en masa para librarse de los ataques de paramilitares
al servicio de talamontes y narcos, que asesinan a los líderes
campesinos… pero también escapan del Ejército y de las corporaciones
policiacas, que acosan a los defensores del medio ambiente. Los
desplazados señalan que las agresiones tienen como objeto expulsarlos
para que los caciques y capos sobreexploten los recursos naturales de la
zona y cuenten con rutas libres para traficar drogas.
PUERTO LAS
OLLAS, SIERRA DE GUERRERO (Proceso).- Como parte de la disputa por las
rutas de tráfico de drogas y de recursos madereros, paramilitares
vinculados al crimen organizado amenazaron de muerte y ahuyentaron a
campesinos de la comunidad La Laguna, en el municipio de Coyuca de
Catalán.
La noche del 21 de abril, 30 adultos, la mayoría mujeres y
ancianos, con 77 niños, 34 de ellos menores de cinco años, atravesaron
en siete camionetas y durante cinco horas el filo mayor de la Sierra
Madre del Sur para llegar a Puerto Las Ollas, una comunidad encabezada
por Álvaro García Ávila.
No es el único caso. El pasado miércoles 8,
el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja,
informó a medios de comunicación de Chilpancingo que se han registrado
otros desplazamientos en el mismo municipio de Coyuca de Catalán, así
como en los de Coahuayutla, La Unión, José Azueta, Petatlán, Ajuchitlán
del Progreso y Pungarabato.
Ramón Almonte es hermano del que fuera
primer secretario del consulado de México en Chicago, Jaime Almonte
Borja, asesinado de cuatro balazos el pasado 1 de enero en El Naranjo,
también en Coyuca de Catalán, de donde es originaria su familia.
Tras un acto oficial, Almonte Borja reconoció que la sierra guerrerense
“está siendo devastada económicamente por grupos criminales; (y además)
tenemos un gravísimo problema de robo de vehículos, extorsión, secuestro
y de pago de piso”.
Para el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro
García Ávila, la situación es más grave, puesto que la violencia la
atizan grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico.
“A mí
también ya me han amenazado –señala en entrevista–; quieren invadir la
sierra con sus porquerías. Han llegado a decirme que, si les dejo poner
sus famosas tienditas, ellos me van a dar una parte de sus ganancias. No
podemos permitir eso: de por sí somos pobres, y luego gastar lo poco
que tenemos en drogas, como que no está bien, por eso estamos dispuestos
a todo para que no entre esa gente.”
Sin embargo, se enfrentaron a
un poder armado que no tiene contrapeso gubernamental. Sin dinero, sin
comida ni ropa, los campesinos de La Laguna no soportaron más la
situación. Su líder, Rubén Santana Alonso, fue asesinado el 16 de
febrero pasado, en tanto que su hijo, Sergio Santana Villa, y otras dos
personas corrieron la misma suerte el 17 de abril. Todos ellos fueron
emboscados por paramilitares que, a decir de los campesinos, viven en
las comunidades de Hacienda de Dolores y Los Ciruelos.
El 18 de
abril, el líder de la comunidad La Morena, Javier Torres Cruz, también
murió emboscado. Ya en diciembre de 2009 había sido detenido por
militares y entregado a presuntos pistoleros de Rogaciano Alba Álvarez,
el exalcalde de Petatlán ahora procesado por narcotráfico y a quien
Torres denunció como asesino intelectual de la abogada Digna Ochoa.
En 1998, Santana Alonso, Torres Cruz y García Ávila participaron en la
fundación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos integrantes han sido
constantemente hostigados por talamontes, soldados y policías.
Apenas este viernes 10, Felipe Torres Cruz, hermano de Javier y quien
también resultó herido en la emboscada, informó por teléfono que a
finales de mayo se comunicó con el procurador de justicia estatal,
Alberto López Rosas, para conocer los avances en la investigación del
esclarecimiento del crimen.
“La única demanda que hemos hecho al
gobierno es que haga justicia –enfatiza Felipe Torres–, tan es así que
cuando vino a La Morena gente de la procuraduría (estatal), yo le di
nombres de algunos de los que mataron a mi hermano, que era un grupo de
unos 60 hombres, pero cuando llamé al procurador me contestó que la cosa
estaba muy difícil, y que si no sería más fácil que nos saliéramos de
la sierra… Como si nosotros fuéramos los culpables. Y luego, ¿a dónde
quiere que nos vayamos a morir de hambre?”
La indiferencia es la
actitud que los tres órdenes de gobierno adoptan hacia los actos
delictivos contra las comunidades. Felipe Torres agrega que el pasado
lunes 6 se comunicó a las oficinas centrales de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) para
informar que paramilitares se reunirían el viernes 10 para recibir armas
“de parte de Sergio Barragán, que está en la Ciudad de México y es con
quien están aliados, pero en la Sedena me dijeron que tenían mucho
trabajo y en la Marina que estaba muy lejos el lugar que les indiqué”.
En el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo de 2007 a 2009, las
comunidades serranas defensoras de los bosques han denunciado
incursiones violentas de militares y policías que llegan disparando sin
motivo.
A la OCESP pertenecían Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera,
detenidos y torturados por militares en mayo 1999, caso por el que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia
condenatoria para el Estado mexicano.
Como prosiguió su labor de
defender los bosques, García Ávila también fue detenido por militares en
febrero de 1999 y estuvo encarcelado en el penal de Acapulco por
supuesta portación de armas.
Agresiones desde el gobierno
El
pasado 12 de mayo, Proceso acompañó hasta Puerto Las Ollas a una misión
humanitaria coordinada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
(CCTI), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero
(FODEG) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos del Estado
de Guerrero, y a la que se sumaron visitadores de la Comisión de Defensa
de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum-Gro).
Esta comunidad está
a nueve horas del puerto de Acapulco. En el trayecto se cruzan Las
Humedades y Rancho Nuevo, poblaciones abandonadas a causa de los ataques
y las amenazas de los grupos paramilitares del narco.
El dirigente
del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, informa que por lo menos 32 personas
han sido asesinadas en ese tramo. “Todos esos crímenes tienen que ver
con la ambición por los recursos naturales y por querer apropiarse de
las rutas que usan los narcotraficantes. Es la ruta que siempre ha
querido Rogaciano Alba”, puntualiza.
Los habitantes de Puerto Las
Ollas sólo tienen cultivos de autoconsumo y carecen de los servicios
básicos. A la pequeña escuela llega de vez en cuando una maestra para
atender a decenas de niños de distintas edades. Pese a su pobreza, los
habitantes de esta comunidad pusieron a disposición de los refugiados
terrenos en los que se improvisaron viviendas con carpas y estructuras
de madera.
Al frente del grupo de desplazados, Juventina Villa,
viuda de Rubén Santana, revela entre sollozos que días antes de su
asesinato, el líder recibió fuertes presiones de los talamontes para que
les permitiera cortar madera. “Cuando mataron a mi esposo pensamos que
todo era por las maderas, por eso decidimos quedarnos; pero cuando
mataron a mi hijo y a otros dos más, nos mandaron decir que no
levantáramos ninguna denuncia y que nos saliéramos de ahí”.
Ella y
varios campesinos que huyeron de su comunidad dicen que el día que
emboscaron a Santana Alonso había un contingente militar a unos dos
kilómetros del lugar del ataque, pero no persiguió a los asesinos. Días
después Juventina lloraba en la tumba de su marido, cuando unos soldados
llegaron en tres vehículos del 40 Batallón de Infantería y
fotografiaron el sepulcro.
“Toda la gente estaba asustada, pero los
soldados dijeron que habían ido por una recomendación de derechos
humanos, y yo les dije que para qué venían a sacar fotos si mi marido ya
estaba muerto”, añade la señora Villa.
Los campesinos afirman que
por la misma violencia quedaron abandonadas otras dos comunidades de la
sierra, Los Órganos y Los Pescados. “Algunos se van al pueblo (la
cabecera municipal de Coyuca de Catalán), unos más a otras comunidades o
de plano a Estados Unidos; nosotros no podemos irnos a otro lado que no
sea el campo, porque nadie tiene estudios, apenas y sabemos escribir
nuestro nombre”, comenta José, de 22 años, quien se escapó de Los
Ciruelos junto con su familia y se refugió en Puerto Las Ollas con los
desplazados de La Laguna.
Éstos señalan como instigadores de la
violencia a familiares del exdirector de la Policía Ministerial del
estado, Erit Montúfar Mendoza, sobre todo su hermano Gilberto Montúfar, a
quien identifican como líder de Los Pelones, el brazo armado del cártel
de los Beltrán Leyva en la región.
Según ellos, en la zona se han
cometido varios crímenes contra pobladores que se negaban a dejar sus
propiedades para permitir la tala indiscriminada y dejar el paso libre
al tráfico de drogas.
Como funcionario de la administración de
Zeferino Torreblanca, Montúfar fue señalado en 2007 por encabezar un
operativo de 100 policías estatales y ministeriales que provocaron
destrozos y maltrataron a habitantes de La Laguna en 2007, lo que motivó
la recomendación 38/2008 de la Coddehum. Sin embargo, en ésta sólo se
consideró como responsables a los policías estatales.
El mismo 12 de
mayo, los desplazados de La Laguna exigieron el esclarecimiento de los
homicidios y que se castigue a los culpables, pero también le pidieron
al visitador de la Coddehum Adelaido Memije que interviniera para
atender las necesidades de vivienda, salud y alimentación, sobre todo
para los ancianos, los niños y las embarazadas.
Justicia, la mejor ayuda
Las
peticiones de justicia por los crímenes que obligaron a los campesinos a
refugiarse en Las Ollas, así como protección para recuperar sus
propiedades y reincorporarse a la vida productiva, fueron medianamente
escuchadas por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ocho días después de
que organizaciones sociales, la Coddehum y representantes de medios de
comunicación acudieran a la región.
Enviados del gobierno estatal
“llegaron el viernes 20 con cobertores, despensas, techos de lámina de
cartón, herramientas para construir las casitas y trabajar la tierra.
Vino una brigada de doctores… (Las autoridades) se echaron el compromiso
de meter las manos para agarrar a esa gente que anda matando a los
campesinos en la sierra y que iban a subir más policías para acompañar a
la gente a La Laguna a recuperar algo de lo que dejaron en su
comunidad”, dice por teléfono el líder campesino de esa comunidad,
Álvaro García Ávila.
De todas formas, en conferencia de prensa, el
23 de mayo en Chilpancingo, el secretario General de Gobierno, Humberto
Salgado Gómez, pidió la intervención federal para combatir la violencia
en la sierra guerrerense, que atribuye al crimen organizado.
En el
mismo encuentro con los medios de comunicación, el secretario de
Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del estado, Almonte Borja,
reconoció que tan sólo en La Laguna se han cometido 15 asesinatos
recientemente.
Ahí mismo, el gobierno del estado informó que
proporcionó material y equipo para la construcción de 54 casas para los
desplazados de La Laguna en Las Ollas, en un operativo encabezado por
Almonte Borja y Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de Asuntos
Políticos de la Secretaría General de Gobierno.
No obstante, y aun
cuando expresó su reconocimiento al gobierno de Aguirre Rivero por este
primer paso, el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila,
manifestó que los habitantes de la sierra guerrerense necesitan más que
despensas y techos de cartón:
“Hasta ahora lo que hay son tres
camionetas de policías estatales que están patrullando Las Ollas, y aún
no se ponen de acuerdo cuándo van a llevar a la gente a recuperar sus
animalitos o lo poco que dejaron en sus casas.
“Aunque ya tienen
espacio aquí para instalarse, lo que esa gente quiere es regresar a sus
casitas, a sus tierras, pero sobre todo quieren justicia, que agarren a
los asesinos de los defensores de los bosques, que, como sabemos, nomás
quieren llevarse nuestros recursos naturales y vendernos su porquería de
droga.”
Este reportaje se publicó originalmente el 19 de junio de 2011 en la edición 1807 de la revista Proceso bajo el título: Guerrero: las comunidades se quedan solas. Y Juventina Villa, asesinada ayer miércoles junto con su hijo, fue una de las entrevistadas por Gloria Leticia Díaz.