martes, 30 de octubre de 2012

KIKI CLAUSSEN: ¿JEFE DE LOS CHICAGO BOYS PORTEÑOS?

La Viña de SeñoEl año de 1979 ha quedado registrado en la historia nacional como el del asalto al poder por los neoliberales. El 17 de septiembre de ese año la revista Proceso puso al descubierto que trabajaba para el gobierno federal dando asesorías a funcionarios de política fiscal de la SHCP que encabezaba Francisco Gil Díaz y jefe de los Chicago Boys mexicanos el economista norteamericano Arnold Harberger, socio de Milton Friedman, para asesorías neoliberales para gobiernos dictatoriales de América Latina, como la Junta Militar de Augusto Pinochet en Chile. Ambos eran autores de lo que se llamó “genocidio económico” que no fue otra cosa que tratamientos de shock de acuerdo a la teoría monetarista de moda.

De esa fecha para acá el país entró en una espiral que no parece tener fin y en donde las clases asalariadas han pagado los platos rotos de los experimentos económicos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas desde la puesta en marcha del Plan Global de Desarrollo 1980-1982.

Austeridad: ¿Para quién?

Y ante la psicosis que viene causando en la planta laboral del ayuntamiento de Guaymas el recorte brusco de personal en donde ni siquiera se avisa ¡agua va! En un redimensionamiento salvaje so pretexto de ser imposible cubrir la abultada nómina municipal y en donde según el tesorero Manuel Ibarra Salguero es llegar al meta de rebajarla un 30% dentro de la aplicación del Plan de Austeridad que tiene como mira reducir un 20% del gasto y según el funcionario la nómina llega a los 13 millones de pesos mensuales y hasta el viernes anterior el reajuste ascendía al 18%. 


Aunque tales medidas no extrañan en el municipio, tocó al gobierno de Antonio Astiazarán implementar el recorte de 120 tirabichis en aras de lograr la privatización del servicio de limpia, en una cruda que ha costado al municipio y a los guaymenses varios millones de pesos entre liquidaciones a los despedidos y pagos a la empresa PASA a través de un contrato espurio cuya impugnación camina en el Tribunal Contencioso de Hermosillo. 


Como cerebro del mencionado Plan de shock algunos acuciosos observadores ubican a Enrique Claussen, hermano del alcalde y forjado en las áreas financieras gubernamentales y en la IP, pues el KIkí recuérdese se desempeño en la dirección de ingresos del gobierno de Armando López Nogales, cuando estalló el affaire de las licencias otorgadas a ton  ni son en la dependencia a su cargo.  Al aludido se le ubica como gente de la cuadra del empresario Ricardo Mazón quien lo colocó como encargado de finanzas del PRI estatal cuando el partido lo dirigía Claudia Plavlovich.
Y aunque el Kikí es el autor de tales medidas, a Fabrizio Cano Lara, en su carácter de director jurídico del ayuntamiento le fue asignado el rol de ejecutor de las mismas, con lo cual éstas han perdido seriedad ante la falta de autoridad del monigote.
Luego de alcanzar Otto la nominación priísta a la alcaldía, ni tardo ni perezoso se vino como gran mariscal a dirigir la campaña de su carnal haciendo mancuerna y equipo con dos chuchas cuereras como el abogado Francisco Javier Carrasco Valenzuela , el Chunco y Miguel Gaspar Bojórquez, el PÏlo, antiguo compañero de aventuras del Tragabalas Jesús Zambrano, jerarca nacional del PRD, quien corrieron mejor suerte que el Nito, socio de ambos en aquel bancazo de Empalme en los tiempos de la guerra sucia cuando compartieron la enfermedad infantil de la utopía armada y quien sostiene que si hay política de puertas abiertas como no habrá de haber política de barandal que el exalcalde rielero práctica a diario en palacio.
Y si el Mocho Martínez puso en su tiempo de moda la política de banqueta el Pilo hace política de pasillo, a grado tal de que muchos creen haberlo confundido con el espectro del conde Gastón Raousset de Boulbón  circulando por palacio. La cura no tiene desperdicio.

El Vida, el Gil Díaz del gobierno del Otro Rumbo

En todo ese intríngulis al jefe policíaco Francisco Vidaurrázaga Soto parace haberle tocado el papel de recolector de fondos para la tesorería, cuando en la cacería de ciudadanos del fin de semana nomás entambó nomás a 88 infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno y a las normas de tránsito.
Dicha práctica ha sido implementada tono con las directrices del “hermano incómodo”, aunque a estas alturas ya no se sabe si el Kikí lo es del Otto o el Otto del Kikí, por el broncón en que está metido el alcalde con el plan de ajuste que ya le valió un connato de amotinamiento por parte de los empleados despedidos de su fuente de empleo y de ingreso familiar en un gobierno plagado de funcionarios de primer nivel venidos de afuera, acción con la cual el gobierno municipal  ha perdido autoridad moral y credibilidad  frente a la ciudadanía.
A como se ve el proyecto familiar de los Claussen está levantando inconformidades al por mayor, pues a la sorda inconformidad de priístas desplazados por la clica de los hermanos y el arribo de personajes polémicos a espacios de gobierno como Héctor Hernández el Maizena y Ramón Monchy Leyva, para anda identificados con la ideología priísta, si es que comparten alguna, el corredero de empleados, los golpes al SUTSAG  y la creciente inconformidad de ciertos sectores porteños golpeados por la crisis y la carencia de alternativas de desarrollo se está cocinando un coctel altamente explosivo.     


Y en todo ese embrollo la política de choque salida de la cabeza del KIkí que enviará al desempleo a bastantes empleados del municipio pudiera ser el detonante que rompa la cohesión social en una comunidad polarizada desde antes de la campaña electoral. 


Eduardo Bours, en su momento al darse cuenta el costo de su programa de redimensionamiento estatal que se aplicó a principios de su sexenio y las injusticias que con llevaba éste dio marcha atrás y se fue con más tiento. 


Prudencia… recomendaba el clásico. No se vale jugar con la necesidad de la gente.

OTTO CLAUSSEN A UN TRIS DEL DIVÁN

La Viña del Señor

Por lo manifestado a los medios por el alcalde Otto Claussen respecto al saqueo que encontró en las finanzas municipales y que éste calificó públicamente en un exabrupto como “un desmadre” hacen ver que atraviesa severa crisis personal y que las etapas del duelo enumeradas por primera vez en 1969 por la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross en su libro “On death and dying” pueden aplicársele a la perfección. 

El modelo de referencia comprende cinco etapas de un proceso por el cual la gente lidia con la tragedia principalmente cuando se le diagnóstica una enfermedad terminal o una pérdida catastrófica.
A saber tales fases son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación., las cuales parece ir recorriendo el Alemán, en un proceso que ha ido evidenciando su falta de control y las carencias de un equipo de trabajo que no ha resultado a la altura de las circunstancias de la problemática del puerto, pues hasta Carlos Navarro, diputado por el PRD llama la atención y exige se corrija la ilegalidad de no contar a estas alturas con director de Seguridad Pública y se aclaren las circunstancias del quebranto financiero y mínimo pide un psicoanálisis al respecto, pues no se entiende que gentes como César Lizárraga y su exparticular Dalia Laguna vayan a ser cobijados con un cargo en el gobierno estatal o que el Toño Astiazarán sea empujado como candidato a la grande por el Yaqui Power en el 2015, siendo sospechosos ambos expresimunis de tener responsabilidad en la ruina heredada que trae al alcalde de cabeza.

Surrealismo ario

Efectivamente,  el surrealismo ha tocado a las puertas de palacio  y  como muestra basta un botón, cuando el Pilo Miguel Gaspar Bojórquez de desempeñar una subsecretaría en el gobierno de Eduardo Bours y de gran gurú de la campaña germana es un funcionario con puesto inventado de secretario técnico de presidencia, que despacha en los pasillos de palacio y tiene como escritorio un barandal. ¡Surrealismo puro! Digno de un personaje de alguna novela del Gabo García Márquez, el padre del realismo mágico. ¡Casi casi Boris Yetsin encaramado en un tanque agitando cuando el golpe de estado en la desaparecida URSS!! Bueno, así vemos al Pilo desde los patios de la casa consistorial.


Y como si lo anterior no bastara, en el gabinete del reich tenemos a puro renglón torcido de dios apareciendo en la priemra línea en la Contraloría  un panista renegado en la persona del Maizena Héctor Hernández, quien ya trae harta con sus locuras a la tranquila abogada Almita Espinoza Campos, eso sin contar que para abultar el cuadro Walter Décima, un exjardinero allá en su tiempos de migrante en los junaites esté encargado de la promoción económica del municipio o que como director jurídico figure Fabrizio Cano Lara, cuyo único mérito fue falsificar actas y documentos del PRI y tiene una querella por tales delitos en la Agencia del M.P. del sector I esquina con el lic. Dancil y de que en la dirección de Ecología cobre Iván Pérez Caballero, expresidente del FJR y cuyo único mérito es haberse rajado en sus dichos ante la Comisión de Justicia Partidaria cuando denunció el lodazal al interior del tricolor. ¡Qué locura!! Hubiera dicho Rogelio Hugo Castro Montijo, el popular Conde Montijo, poeta, inventor y fundador de la famosa radio PIS del Partido Imperialista Sonorense, aquella que transmitía “Con permiso o sin permiso de la SCT” y antecedente más remoto de Rabio Bemba de Carlos Aparicio.

¿Origen es destino?

Si esos son los mejores hombres reclutados por el headhunter mayor del Corporativo Hnos. Claussen, Carrasco, Leyva, Ordaz y Cía., es decir el Kikí Claussen y el intelectual orgánico –de nivel gerencial-- del group Jesús Susarrey, hay suficientes razones del ingreso de Otto como paciente non del “manicomio sin bardas” como desde hace rato se le conoce al puerto para no desentonar con el hecho de que el primer habitante de estos lares lo fue un ladrón y un borrachal, llamado tío Pepe, tal como lo sostiene el historiador Horacio Vázquez del mercado en su libro “Antigüedades guaymenses” de reciente impresión.

La enmienda Ordaz: la muerte tiene permiso

A tono con el célebre cuento del guaymense Edmundo Valadés “la muerte tiene permiso” Otto Claussen con un  apresuramiento propio de mejores causas pidió permiso al cabildo para violar la Ley de Gobierno y Administración Municipal y con el apoyo de los ediles priístas obtuvo la venia –nula de todo derecho— para recibir donaciones sin pasarlas por el pleno del cuerpo edilicio, lo que levantó suspicacias entre los regidores de oposición a grado tal de que el Negro Librado Navarro hizo recordar los donativos de José Ordaz vía la empresa Villas Sirenas para desatorar el predio de las Tinajas el cual vendió en 4.5 millones de dólares a Jon Mellen socio de su hermana Catalina en dichos condominios con el 70% de las acciones. 


Y por si fuera poco entre algunos desarrolladores de San Carlos ha llamado la atención cierta fijación del alcalde sobre los terrenos de playa del hotel Fiesta Real, los condominios Villa Sirenas y la parcela 7, propiedad de pura casualidad de las empresas de Mellen y Catalina, ambos peleados a morir y sobre los que Josë Ordaz Aguiar tiene la mira puesta y que en el caso de los condominios tiene un embargo precautorio trabado en un juicio laboral inventado como aquel que les fraguó a Granjas Monarcas mediante el cual se quedó con sus terrenos. 


Según Otto esos terrenos deben un dineral de predial, pero a pesar de que existen otros grandes deudores del ellos no dice nada y si en cambio menciona a pura chiruza y ello hace sospechar la existencia de cierto arrenglón con Ordaz, quien financió las andanzas de la asociación “Guaymas, tú puerto” cuyo vocero fue Víctor Buitre Parra y la utilizaron para minar la credibilidad del gobierno panista de César Lizárraga y a ambos no es casualidad se les vio compartiendo el pan y la sal en el Armida con el desconsolado alcalde, a quien el mero jefe del New Sonora prometió rescatarlo de sus penurias. 


Por cierto Ordaz anduvo muy acelerado indagando sobre la situación de lasTinajas de Abaroa y eso puso en alerta naranja al Tavo Llano Zaragoza conociendo las mañas del inge.
 

Y para los que anotan, en la pugna del predio Las Tinajas, sobre el cual la ex síndica Hortensia Díaz Frayde se desistió de un juicio de amparo previo donativo de 5 millones de pesos con el vobo del Toño Astiazarán, Francisco Javier Carrasco Valenzuela, el Chunco, pelea una parte como abogado de Juan Cordero Jarero y Arturo Zaragoza Catalán; el secretario y compadre del Chunco Ramón Monchy Leyva es el abogado de José Ordaz Aguiar, quien se dice dueño de los predios ya vendidos a Jon Mellen y Rodolfo Pelón León Iberri, cercano al Kikí y ex abogado de Ordaz, lo tiene demandado por el 50% del terreno, por adeudo de honorarios.

 ¡De ese tamaño el enredo!! ¿O ese es el truco de la jugada aprobada –carta blanca-- en cabildo haiga sido como haiga sido?¿Será el lloriqueo del alcalde en las radios una estrategia para taparle el ojo al macho y desviar la atención para ocultar los verdaderos bisnes?
 

Pero, como hemos sostenido en otras entregas, lo bueno de todo es que las camisas de fuerza son unitallas…  por si se ofrece.

Pero, la mejor explicación de las crisis la ha dado Antonio Gramsci, quien explicaba que estas se dan cuando lo viejo no acaba de morirse y lo nuevo no acaba por nacer. Quizás ese sea el caso.




GUAYMAS: LA ANOMIA ETERNA


La Viña Señor

Como un “desmadre” calificó el alcalde Otto Claussen Iberri ante los micrófonos de la 1040 la situación financiera actual del puerto, prácticamente en bancarrota o quiebra técnica.

Aunque la palabreja no tuvo la connotación de aquella que le espetó el exgobernador Eduardo Bours Castelo al profesor Oscar Acosta Castro, aguerrido miembro del FADES cuando en pleno día del maestro le recordó su 10 de mayo y episodio que pasó a formar parte de la leyenda del boursiato y que para muchos marcó el principio del fin de ese régimen.

Anomia financiera

En efecto, el exabrupto pocas veces escuchado de un político de tal nivel en las radios de Guaymas, dice mucho del estado de ánimo del Alemán por las condiciones desesperantes en que se encuentra la hacienda municipal cuando apenitas alcanzó a cubrirse una parte de los sueldos de los empleados del ayuntamiento.

Con adeudos que suman según Claussen casi 200 melones la cosa pinta fea, cuando Carlos Zataraín González dejó en el 2006 una deuda de 26 millones en seis años ésta se ha incrementado exageradamente al grado de ahorcar y comprometer el desarrollo del municipio y tener al germano con los pelos de punta. 

El Lito Enrique Bueno Guerra como tesorero en la administración del Bebo supo manejar tal endeudamiento sin embroncar financieramente a la comuna la cual hasta dicho año tenía margen de maniobra, cuando la nómina municipal no se hallaba tan abultada.

El tesorero Manuel Ibarra Salgado sostuvo que 75 millones corresponden a pasivos de corto plazo (proveedores), 3 millones más se deben a la CFE y otros 3 están retenidos debido a que fueron participaciones adelantadas y gastadas a la administración saliente de Mónica Marín, a quien igualmente se achaca según los entendidos el cobro de las famosas “comisiones” por asignación de obras que quedaron inconclusas.

La crisis que envuelve el erario se ha anunciado requiere para enfrentar los pasivos de un crédito de al menos 150 millones que al ayuntamiento le significará incrementar la deuda municipal cuando por rezago de predial se deben miles de pesos que a falta de una eficaz cobranza no han entrado a las arcas.  Por rumbos de la comisaría de San Carlos, que es en donde se realizan las operaciones inmobiliarias más importantes se sospecha existen fuertes pendientes por partes de los desarrolladores turísticos del lugar.
Es un hecho de que en las dos últimas administraciones –de Antonio Astiazarán y César Lizárraga—  el desastre tocó a las puertas del ayunta y su reflejo en la calidad de los servicios municipales no tarda en hacerse visible. El saqueo se intuye estuvo de miedo y ahí si que no hay distingos de partidos en el ejercicio del gobierno.
Y al desastre financiero, se debe sumar el deterioro político determinado con la puesta en la mira en la gubernatura por parte de un personaje con ambición sin límites de ingratos recuerdos en Guaymas, en una ecuación de pronósticos reservados.

Anomia política

Y como si lo anterior no fuera suficiente para poner a rezar a los golpeados porteños y lanzar imploraciones al cielo por las desgracias que los aquejan, el que se haya dado a conocer que en reciente comilonga en casa del Toño Astiazarán entre distinguidos miembros del “mesón bouesista” con su jefe nato el exgobernador cajemense Eduardo Chapo Bours, éste destapó al exalcalde y actual diputado federal como el candidato de dicha camarilla para la grande en 2015 y hasta le levantó la mano --según reporta el aguerrido colega y profesor David El Deyvi Parra de Percepción-- con lo cual se destapó que ni Claudia Plavlovich, ni Ernesto Borrego Gándara entran en los planes de la cofradía para abanderar sus intereses y que van con todo por la revancha.

Sin embargo, para los priístas del norte, en voz del diputado Samuel Moreno, coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado con tal anuncio el mensaje es claro de que el “Yaqui Power” está en la lona y no tiene futuro.

Ello, inyecta buenas dosis de tranquilidad a los alicaídos guaymenses que a estas alturas del partido y de las penurias lo último que esperan es aguantar a un alocado Toño peleando por la candidatura a la gubernatura y lo que eso representa, cuando por el lado de los azules se dice Roberto Romero López también la quiere. 

Pero, la amenaza quedó en aire e imaginémoslo encabezando la causa del grupo con gentes detrás suyo como el exprocurador Abel Murrieta, el alcalde de Cajeme Rogelio El Roger Díaz Brown, el diputado federal Faustino Félix, el diputado local José Abraham Mendivil, el alcalde de Navojoa Nathanael El Pitillo Guerrero, Bulmaro Cabezón Pacheco Moreno, etc., etc.

¡Dios nos agarre confesados!! Y confiemos en que diosito no es tonto.

Por lo pronto por si las moscas “angel de la guarda, no nos desampares ni de noche ni de día”… amén.



PROTESTAN INDÍGENAS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC CONTRA PARQUES EÓLICOS

Se movilizan ante el anuncio de la presencia del presidente Felipe Calderón, que inaugurará la primera etapa del parque eólico Piedra Larga, en Unión Hidalgo, y el parque de Santo Domingo Ingenio, en el poblado del mismo nombre.

Rosa Rojas   
México, DF. Una serie de movilizaciones en protesta por la "imposición" de parques eólicos sin información suficiente y sin cumplir la obligación de realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas dueños de la tierra se lleva a cabo este día en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ante la anunciada presencia del presidente Felipe Calderón para inaugurar esta tarde la primera etapa del parque eólico Piedra Larga, en Unión Hidalgo y el parque de Santo Domingo Ingenio, en el poblado del mismo nombre.

Así lo informó, vía telefónica, el dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Carlos Beas, quien precisó que se teme el desalojo por parte de agentes de la Policía Federal de unos 200 ejidatarios de La Venta y una comisión de unos 20 comuneros jonatz (huaves) de San Francisco del Mar que se sumaron a esa protesta, que lograron llegar a unos 200 metros del parque de Piedra Larga.

Otro grupo de integrantes del movimiento Yosoy132 y de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio se están concentrando en Unión Hidalgo, donde han llegado también comuneros de San Dionisio del Mar, San Mateo, y pescadores de Unión Hidalgo, Juchitán y Tehuantepec. 

En la parte de Zanatepec, hacia el oriente hay otro grupo protestando, apuntó.

Indicó asimismo que el contingente de UCIZONI que se dirigía a la concentración en Union Hidalgo quedo varado en un lugar llamado El Palmar, hacia La Venta, por un reten de unos 30 antimotines federales así como de policías estatales, que les impiden el paso.

Por otra parte, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos informó que mañana se entrevista en Holanda, una comisión de esta organización con los directivos del fondo PPGM, para informarles la inconformidad de los indígenas ikjoots de San Dionisio del Mar ante la construcción de un parque eólico en la barra de Santa Teresa, por parte de la empresa española PRENEAL Mareña Renovables, que está siendo financiado en parte por dicho fondo.


La comisión de la AMAP va apoyada por miembros de los sindicatos de Sanidad de Holanda que son los que depositan  sus fondos en el PPGM. Se le va a pedir a dicho fondo que retire el financiamiento para el citado parque eólico que afectaría el hábitat, la forma de ganarse la vida -fundamentalmente de la pesca- y la cultura del pueblo ikjoots de San Dionisio.

La UCIZONI informó por otra parte que envió a la representante para México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-México), Mercedes Araoz, una solicitud para que se programe una reunión de trabajo para el próximo 7 de noviembre, sobre el parque eólico de San Dionisio del Mar, para el cual el BID está concediendo un crédito.

Dicha reunión deberá realizarse en las oficinas del BID ubicadas en la ciudad de México, para tratar lo relativo al consentimiento indígena o negociaciones de buena fe, relacionado con el cumplimiento de un compromiso central de la Política Operativa para los Pueblos Indígenas (OP 765) del banco.

Asimismo, tratar la calidad de debida diligencia, respeto a la evaluación ambiental y social y evaluación de impactos acumulativos (Política de Medio Ambiente de Cumplimiento con Salvaguardas, OP 703).

El acceso a la información (OP-102) respecto al estudio de consultoría original de riesgo social hecho por el BID en 2010, además de los informes que deben haber incorporado la información de este estudio (como la estrategia ambiental y social, ESS o el informe de gestión socio-ambiental, ESMR); el Documento Operativo del Proyecto (POD); copias del acuerdo con representantes de los pueblos indígenas, consistente con la política OP 4.10 y el informe de supervisión o ayuda memoria de la última misión de supervisión del 18-19 de Octubre.

A dicha reunión asistirían representantes de la Asociación de Pescadores Ribereños de Juchitán, Oaxaca; de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar; de los Bienes Comunales de San Mateo del Mar; de Radio Huave de San Francisco del Mar; de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la tierra y el Territorio; del Grupo Solidario La Venta; de AMAP; de la Asociación Yansa, y de UCIZONI.

LA LLAMADA PARA DENUNCIAR A LAZCANO, NO SALIÓ DE PROGRESO





Juan Pablo Becerra-Acosta / México.- Progreso, municipio de la zona carbonífera de Coahuila, está 300 kilómetros al norte de Saltillo, donde el narcotraficante Heriberto Lazcano murió en un enfrentamiento con efectivos de la Marina el pasado 7 de octubre, y yace semidesierto tres semanas después. Durante dos días de recorrido por la zona la cabecera municipal permaneció así: casi sin vida.


del cártel que lideraba Lazcano: se corrió el rumor de que los marinos habían localizado a El Lazca debido a una denuncia anónima de los pobladores. Ellos lo niegan y reaccionan con una mezcla de temor y enojo…

—La Marina dice que fue por una denuncia ciudadana, cosa que no es cierto. De ahí el temor del pueblo. Este pueblo no está impuesto a hacer denuncias. No podemos decir que era gente (El Lazca) desconocida ni que la conocíamos (cantinflea). Son mentiras… —se queja una señora que sale de su casa para colocar sillas y mesas a la mitad de la calle vacía: tendrá una fiestecita familiar. Otra mujer y varios niños la escuchan.

—¿Lo que dijo la Marina, de que por una denuncia ciudadana lo detuvieron, es mentira?

—Son mentiras, no es cierto. Nadie dijo nada. Mucho menos los que estaban en el estadio (cuando el narcotraficante fue abatido se realizaba un partido de beisbol llanero a la entrada del pueblo). Somos gente humilde. En las ciudades la gente está con los celulares. Aquí ni señal hay…

La mujer, de unos 50 años, no oculta su preocupación por que su poblado aparezca como delator, lo que la lleva a evidenciar cierta complacencia con los criminales…

—Aquí no estamos para hacer esta clase de denuncias. Aquí todos son bienvenidos. Aquí no tenemos porqué desconocer a nadie ni decir: “Este viene a hacer mal”. Hizo mal la Marina en hacer esa clase de conversación (sic) y más en las noticias, porque eso se corrió por todo el mundo y no es cierto.

—¿Eso los asustó?

—Pues sí. Nosotros no quisimos que nos fueran a hacer una represalia y ese era el temor que había. Había mucha sicosis, mucha consternación. Por eso estamos inconformes con lo de la Marina…

—¿Ustedes sabían que vivía aquí?

—En ningún momento. Nunca conocimos que esa gente viviera aquí. Pa’ qué echar mentira. Hay gente que le gusta hablar porque tiene boca…

—Se dice que tenía una casa aquí, eso dijo el ex gobernador Humberto Moreira…

—Sólo que él se la haya dado… —responde con sarcasmo una joven que tercia en la charla.

Otra mujer que suele preparar comida en un quiosco (ayer y hoy no tuvo clientela: el lugar estuvo vacío) sintetiza las cosas a su manera, ante la mirada sorprendida de su hija y su yerno:

—Mire, si ese señor hubiese vivido aquí, hubiera sido el amo del pueblo. Y mírenos, apenas vivimos con lo que tenemos…

Los chavos que rondan por ahí son más atrevidos y uno de ellos, de unos 14 años, cuenta un secreto lejos de los adultos:

—A veces vienen las camionetas de ellos, de los señores. Vienen varias. Llegan y tocan una como sirena, se paran y nosotros ya sabemos: salimos corriendo. Nos regalan juguetes y cosas, como bicicletas o sudaderas y gorras…

Ante la cara de estupefacción de los que escuchamos, ruega: “Pero por favor, no les digan (mira a las mamás) que les conté, que me van a castigar feo…”

***

El presidente de este municipio de migrantes y mineros (la mitad de los hombres se va a Estados Unidos y la otra trabaja en pozos y tajos carboníferos), Rubén Trejo, niega que el líder del cártel abatido viviera aquí, como denunció hace unos días el ex gobernador Moreira, y dice ignorar si empresarios del carbón están ligados al narco en la zona, como también afirmó su correligionario priista.

Ataviado con botas vaqueras y sombrero ranchero, el hombre robusto responde con firmeza, aunque de cuando en cuando mira con nerviosismo…

—Mis respetos para el profesor Moreira, el ex gobernador. Nos dio cosas buenas en un año, pero yo no sé en qué se fundamenta o en qué se basa. Aquí, si vemos gente extraña, tenemos que conocerla, todos nos conocemos: somos compadres, amigos y familiares el de la tienda, el de la tortillería, el de la gasolinera. Yo no vi gente extraña y no sé el fundamento del profesor para que esté diciendo esas cosas. Desconozco totalmente esa situación…

—¿Ni un ciudadano le informó que algún fuereño llegara a vivir por aquí?

—No, yo tengo mucha cercanía con la gente, y no…

—¿Y lo de los empresarios? Dice Moreira que El Lazca se hacía pasar por empresario minero…

—Yo los empresarios no sé quiénes sean. Yo te puedo decir quién es el dueño del rancho, de la superficie, te puedo decir de los ejidatarios, pero de la concesión minera no podría darles información, porque no sé. Las concesiones son otorgadas por el gobierno federal. No sabemos quién es el empresario, no trata con nosotros, no sabemos: ellos llegan y pagan a un ranchero, a un ejidatario por el terreno, por usarlo y lo explotan…

Lo que sí confirma el presidente municipal es la zozobra que han pasado sus gobernados: delincuentes llaman y los extorsionan acusándolos de haber delatado a El Lazca. Repiten esto: “Sabemos que de este número salió la llamada para denunciar a El Lazca. Los vamos a matar si no nos dan lo que les pedimos…”

—Ha habido llamadas de extorsión, es cierto. Yo he trabajado con elementos de Seguridad Pública: ponemos cartelones y explicamos que no lo crean, que hay que colgar el teléfono…

—¿Sicosis?

—Sí, tenemos que reconocer que es obvio que la gente está asustada por las llamadas de extorsión. Sí hubo un momento de sicosis, como dices tú. Estamos trabajando en ello con la gente, en las escuelas, en la iglesia, porque no podemos estar viviendo así…

Un comandante de la policía acreditable del estado, que pide omitir su nombre y ruega que solo se grabe su voz mientras patrulla Progreso, es quien está a cargo de la seguridad del municipio, ya que ningún policía del lugar ha querido hacerlo. Él confirma el miedo que ha privado en el lugar:

—Lo que pasa es que cuando se suscitó este hecho empezó una sicosis por lo mismo. Entró en pánico la población. La gente es muy humilde aquí. Cuando se dio la noticia de que había sido una llamada anónima la delatora, la gente tuvo temor de que hubiera una represalia con todo el pueblo, no con alguien en específico.

Los habitantes cuentan que cuando El Lazca fue abatido, los marinos gritaron a la gente que se tirara al piso en el campo de beisbol llanero, donde se llevaba a cabo un partido. Hubo histeria. Desde entonces los encuentros no se han reanudado: la gente aún tiene miedo. Aunque nunca falta alguien valiente…

—¿Miedo todavía? ¿De qué? El muerto ya está muerto —lanza una mujer de mirada penetrante…

ESTA DESAPARECIDA CONDUCTORA DE NOTICIERO EN SLP

Agencias




 
San Luis Potosí.- La conductora del noticiero canal 12 local, Adela Jazmín Alcaraz López, se encuentra desaparecida desde el pasado viernes, ayer su madre se presentó ante la agencia del Ministerio Público para interponer formal denuncia y solicitar que se le busque.

La madre de la periodista, Enriqueta López Chávez, quien radica en la ciudad de Guadalajara, acudió ante el Ministerio Público en donde fue atendida por Juan Manuel Sanjuanero de la Mesa Uno, para interponer formal pesquisa, al cual quedó asentada en la averiguación previa 557/2012.

La madre relató que un hijo suyo recibió una llamada donde se comunicó un hombre que se identificó como el “Capitán Víctor”, quien le dio instrucciones que fuera recoger a los hijos de Jazmin Alcaraz al Municipio de San Ciro de Acosta; más tarde el mismo sujeto se comunicó para informarle que los pequeños se encontraban con la señora que los cuida.

Enriqueta López dijo desconocer dónde vive la persona que cuida a sus nietos, sin embargo la Policía Ministerial del Estado ya se encuentra en las investigaciones del caso.

La periodista Adela Jazmin Alcaraz es presentadora de noticias de canal 12 local en el horario de 9 de la noche, es originaria de Guadalajara y tiene más de 10 años viviendo en el municipio de Rioverde.

Inicia PGJ de SLP investigación por desaparición de periodista
Por Milenio


San Luis Potosí.- La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que inició investigaciones respecto de la presunta desaparición de Adela Jazmín Alcaraz López, periodista y conductora del noticiero del canal doce que transmite desde el municipio de Ríoverde para la zona media de la entidad.

El Procurador, Miguel Ángel García Covarrubias, informó que familiares de la periodista presentaron esta mañana una denuncia ante el Ministerio Público, donde se abrió la averiguación previa 557/2012.

La periodista, originaria del estado de Jalisco, desde hace diez años realizaba su actividad periodística en Ríoverde. Esta en calidad de desaparecida desde el pasado viernes.

García Covarrubias señaló que las autoridades de la Policía Ministerial están ya investigando el caso, por lo que no se puede adelantar si se trata de un secuestro. Refirió que como apenas se ha recibido la denuncia con base a las declaraciones de un hermano de la periodista, no se pueden establecer aún hipótesis sobre el hecho.

ILEGAL ADJUDICACIÓN

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El Órgano de Fiscalización no tiene información
Un proyecto de 36 millones de pesos fue entregado directamente a una empresa de Tijuana. La manipulación de la ambigua Ley de Obra Pública y la promesa incumplida de una segunda convocatoria, son aspectos que enrarecen esta que es la asignación más costosa que el gobierno de Baja California ha otorgado para la edificación del Centro de Convenciones Metropolitano
De tramposa y arbitraria fue calificada la adjudicación directa que concedió el gobierno de Baja California para un proyecto de 36 millones de pesos a la empresa de Ingeniería, Construcción y Aire Acondicionado, S.A. de C.V. (ICASA).

De nueve empresas participantes en una primera licitación para la instalación del aire acondicionado del Centro de Convenciones Metropolitano localizado en Playas de Rosarito, ocho se quedaron esperando la segunda convocatoria, tal como lo marca la Ley de Construcción de Obra Pública. Además los representantes del gobierno bajacaliforniano se los habían prometido.

A decir de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), las nueve empresas que concursaron en la convocatoria lanzada en septiembre de 2012 incumplieron con el total de los requerimientos para ganar el concurso.

“Ello originó que la licitación se declarara desierta, lo que facultó al gobierno a realizar una adjudicación directa”, refirió Fausto Gabriel Espinoza Tamez, Director de Obras y Servicios Técnicos de la dependencia.

Pero los testimonios de los participantes ponen en entredicho la versión del funcionario, lo cual, aunado a la escasez de información oficial sobre las condiciones reales en las que se efectuó el contrato con la empresa tijuanense, motiva al presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Juan Bautista Montejano de la Torre, a requerir una investigación a fondo, a fin de determinar si hubo tráfico de influencias.

“De ser así el titular de SIDUE, Oficialía Mayor, o quien haya otorgado la adjudicación incurre en una responsabilidad que puede derivar desde una sanción hasta una denuncia de tipo penal”, advirtió categórico.

ILEGAL PREMURA
Con una propuesta de 32 millones 513 mil pesos más IVA, la empresa Ingeniería, Construcción y Aire Acondicionado S.A. de C.V. (ICASA), propiedad de Mario Soto Cota, quedó en segundo lugar –en cuanto a la propuesta económica– dentro de la primera, y única, licitación efectuada por el gobierno del Estado para la instalación del sistema de aire acondicionado del Centro de Convenciones de Rosarito.

Dentro de las observaciones para no considerarla ganadora en etapa técnica se establece la falta de puntos necesarios, aun así la obra le fue adjudicada directamente, bajo el contrato D-PDR-12-ROS-EP-12: “Por ser la propuesta más baja de las empresas que menos observaciones registró”, discurrió Fausto Gabriel Espinoza.

En total, SIDUE signó un contrato con ICASA del orden de los 36 millones 089 mil pesos, determinando en él un anticipo de 10 millones 827 mil pesos, siendo éste el segundo contrato que la empresa obtiene en la edificación del Centro de Convenciones. Aunque el primero sí lo obtuvo ganando la licitación pública en 2010, para el desarrollo de la obra de suministro e instalación de cubierta para la sala de exposiciones.

La razón de SIDUE para no efectuar una segunda licitación en el proyecto de instalación de aire acondicionado es la falta de tiempo, a decir del Director de Obras y Servicios Técnicos, Fausto Gabriel Espinoza, la adjudicación “sí urgía porque estamos en la etapa final y se requiere introducir los ductos”.

La titular de la Dirección Jurídica de la dependencia, Eva María Vásquez Hernández, aseguró que todo el proceso “se hizo con mucha transparencia y las mismas condiciones para todos los participantes, prevalecieron las condiciones de Ley”.

Sin embargo, de acuerdo a la legislación vigente es hasta que se declara desierta una segunda licitación cuando una obra se puede adjudicar en forma directa, en su Sección VI, artículo 72 determina que al declararse “desierta una licitación pública y persistir la necesidad de la entidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en dicha licitación, se podrá emitir una segunda convocatoria…”

Aunque considera excepciones para no licitar por segunda ocasión, siendo el tiempo un factor determinante para ello, siempre y cuando se trate de una obra considerada como urgente, o de fuerza mayor y exista “la imposibilidad o impedimento de la dependencia o entidad para obtener, en el tiempo requerido, las obras o servicios que necesita mediante el procedimiento de licitación pública”.

Por cuestiones de protección, obras relacionadas con seguridad pública son también asignadas en forma directa.

Pero ninguno de estos aspectos aplica en el caso de la implementación del aire acondicionado del Centro de Convenciones de Rosarito, porque su puesta en operación no puede ser considera como urgente, por tratarse de un recinto con fines turístico y comerciales.

La premura por concluirlo en marzo de 2013, como lo tiene previsto el gobierno del Estado, obedece a dos razones, pero ninguna de peso: La realización del evento Espacio que organiza y promueve la empresa Televisa, cuya edición en 2013 se encuentra programada para el mes de marzo, teniendo como sede ese inmueble aún en construcción; el otro motivo es incluir su edificación y operación en el sexto y último informe de gobierno de José Guadalupe Osuna Millán.

“Después de todo se trata de la obra de mayor magnitud edificada durante su gobierno”, dilucidó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Roberto Méndez Meza.

INCONFORMA DESCALIFICACIÓN
Cuando una primera licitación se declara desierta, un segundo concurso es lo que procede, anotó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Roberto Méndez Meza.

El 28 de mayo de 2012 el gobierno de Baja California publicó la licitación nacional en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales CompraNet, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

En ella se mostraron interesadas 20 empresas de diversas partes del país, aunque la mayoría bajacalifornianas, de las que solo nueve concluyeron el proceso de inscripción, precisó Fausto Gabriel Espinoza, director de Obras y Servicios Técnicos de SIDUE.

Al concluir la revisión técnica resultó que todas las propuestas de los oferentes registraron observaciones, por lo que no reunían el cien por ciento de los puntos para obtener la licitación. La licitación se declaró vacía, “y la Ley establece que después de declararla desierta se puede adjudicar directamente, con las mismas condiciones en las que se presentó la licitación”, dedujo Espinoza Tamez.

De acuerdo a la versión de SIDUE la propuesta de SAASA de Minatitlán S.A de C.V quedó descartada por estar fuera de mercado; Instalaciones de Aire S.A. de C.V. y Aire, Servicio y Refrigeración de Mexicali S.A. de C.V. por no acreditar capacidad financiera para el desarrollo del proyecto.

Jay Construcciones S.A. de C.V. no presentó la totalidad de los formatos, mientras que IAASE, S.A. de C.V. simplemente no folió su propuesta; motivos suficientes para no ser consideradas.

Las cuatro compañías restantes, González Ramírez Juan José, Plataforma de Profesionales Técnicos, De la Peña Ingenieros Civiles, e Ingeniería Construcción y Aire Acondicionado S.A. de C.V., no reunieron los puntos necesarios para pasar a la etapa técnica.

Estas descalificaciones fueron catalogadas como ilegales y arbitrarias por los participantes.

Para los representantes de la empresa Aire, Servicio, Refrigeración de Mexicali, S.A. de C.V., declarar desierta la convocatoria fue una “forma muy arbitraria” para favorecer a una empresa en particular y eliminar al resto de los participantes. “Estuvimos esperando una segunda licitación, porque así lo marca la Ley y además se nos informó, pero nunca se llevó a cabo”, apuntó Manuel Miranda.

A Instalaciones de Aire S.A. de C.V. (INSA) sólo le faltó presentar la declaración fiscal de 2009, “la cual si teníamos y nos encontrábamos preparados para participar en un segundo concurso”, compartió uno de sus directivos que también se quedó esperando.

La empresa González Ramírez Juan José fue la empresa que más puntos reunió en la licitación, de hecho su propuesta fue aún más baja que la empresa beneficiada con la adjudicación, pues su monto fue de 32 millones 295 mil pesos; al igual que ICASA quedó descartada en la primera etapa por no reunir los puntos necesarios para pasar a la fase técnica.

En entrevista para ZETA Juan José González comparte que el no haber desarrollado anteriormente algún proyecto con el monto licitado fue la causa por la que quedó descartado.

De acuerdo a la Ley, las empresas deben comprobar haber ya ejecutado una obra de la misma magnitud, o menos de un 10 por ciento del monto por el que se está concursando, clasificación que limita a las empresas pequeñas que buscan ampliar sus inversiones, como es su caso, consideró.

Representantes de Plataforma de Profesionales Técnicos calificaron de ilegal el procedimiento seguido por el gobierno de Baja California, por no apegarse al reglamento de licitación pública, pero descartaron la posibilidad de presentar alguna queja, mucho menos el demandar ante la contraloría federal, procedimiento al que tienen derecho, porque “sería un proceso largo y desgastante y nos tendríamos que poner de acuerdo entre todos los participantes, lo cual sería complicado”, expusieron.

Para Fausto Gabriel Espinoza, director de Obras y Servicios Técnicos, los señalamientos de inconformidad solo se derivan de la escasez de trabajo, “todos se creen ganadores, todos quieren tener participación y trabajo porque casi no hay”.

INVESTIGARÁN CONTRATO MISTERIOSO
Es de llamar la atención que ni el Órgano de Fiscalización Superior  (ORFIS) del Estado cuente con información sobre el proceso de licitación y la adjudicación directa de un contrato de 36 millones de pesos a ICASA.

A petición de Juan Bautista Montejano de la Torre, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, el ORFIS solicitó esos datos, a cambio recibió los expedientes de una obra efectuada en el Bulevar 2000 de Tijuana. Así se lo hizo saber al diputado.

“Este caso me da mala espina, porque ni al ORFIS SIDUE le dio información, argumentando que fue un contrato que realizó Oficialía Mayor”, expresó el legislador.

Montejano de la Torre prepara una investigación en la que hará énfasis en tres puntos: Analizar las especificaciones supuestamente incumplidas por las empresas que quedaron descalificadas, las razones por las que no se lanzó una segunda convocatoria, y el porqué de haber sido ICASA la empresa beneficiada con la adjudicación directa.

El congresista sostiene que aun cuando se trata de un proceso efectuado en el 2012 “por la opacidad de cómo se dio el procedimiento el ORFIS está obligado a efectuar una revisión inmediata y no esperar hasta el 2013”.

Aun cuando se efectuara una auditoría y se comprobaran irregularidades, la obra concesionada no podrá ser suspendida, por lo que ICASA puede continuar con los trabajos de instalación del sistema de aire acondicionado que inició hace un par de semanas, “en caso de faltas a la ley, lo único que procede es que al funcionario que asignó la obra se le finque responsabilidad”, precisó Edmundo Vaillet, especialista del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. Finalmente lo hecho, hecho está.

LA IMPUNIDAD DE Z GAS EN BAJA CALIFORNIA

francisco garcia burgos, sgg


CRE puede revocar el permiso de distribución de gas a la familia Zaragoza

- La suspensión del suministro de gas en 3 mil 700 tomas en Mexicali por parte de la compañía de gas es ilegal; los daños se calculan en 15 millones de pesos.
- El Gobierno del Estado puede expropiar los ductos para administrarlos u otorgar esa facultad a otro particular.
- Entre las obligaciones de Z Gas, está el bonificar por cinco veces la factura que hubiesen pagado a los usuarios, a quienes dejó sin el suministro.
- Mexicalenses consideran emprender una demanda colectiva contra la gasera por incumplimiento de servicio, daños y perjuicios.
- La Comisión Reguladora de Energía no fue informada por los propietarios de la gasera de la suspensión ni los motivos que tuvieron, lo cual podría ser causal de recisión del título de permiso.
- PROFECO integra expedientes de quejas de usuarios para iniciar el procedimiento administrativo que podría derivar en una multa de hasta 6 millones de pesos.
- En el caos y la afectación a particulares y empresas que no tienen gas, directivos de Z Gas guardan silencio; no responden a los exhortos del Gobierno, y han dicho que la decisión es permanente.
La arbitraria suspensión del suministro de gas por tubería que la compañía Z Gas de la familia Zaragoza impuso a 3 mil 700 tomas -2 mil 599 en servicio-, podría costarle caro a la empresa.

Si el Gobierno Federal encabezado por el Presidente Felipe Calderón decide hacer valer el título de permiso que le concedió  en 2007 a Gas Butano Propano de Baja California S. A. de C. V. (Z Gas) para la distribución de gas licuado por medio de ductos en Mexicali, la compañía podría perder dicha autorización.

Entre las obligaciones y facultades que estableció la Comisión Reguladora de Energía -entidad firmante del permiso-, está la de revocar la autorización, entre otras cosas, por:

“Interrumpir sin causa justificada y autorización de la Secretaría de Energía, los servicios objeto del permiso”.

Acción en la que cayó Z Gas cuando, de manera unilateral, sin notificar a la Comisión ni a la Secretaría de Energía, suspendió el servicio.

El miércoles 24 de octubre, funcionarios federales confirmaron a ZETA que no habían tenido aviso, solicitud ni información sobre la suspensión, y que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) analizaba en esos momentos la sanción para la gasera.

Sin embargo, el Gobierno del Estado de José Guadalupe Osuna Millán también puede tomar acciones contra la compañía de Jesús Zaragoza. En el “Título de Permiso para la Distribución de Gas Licuado de Petróleo por Medio de Ductos en la Zona Geográfica del Municipio de Mexicali, Baja California, número G/207/LPD/2007 con duración de 30 años”, se determina que los ductos son utilidad pública:

“En virtud de lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, se considerará de utilidad pública el tendido de los ductos para la prestación del servicio de distribución en predios de propiedad pública, social y privada ubicados dentro de la zona geográfica…”.

Bajo esa consideración, el gobierno de Baja California o el Gobierno Federal, pueden expropiar los ductos, ya sea para administrarlos como entidad o para conceder a un particular la prestación del servicio. Una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 2006, explica:

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien, a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra públicos. Posteriormente amplió el concepto, comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no solo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin”.

El incumplimiento de Z Gas: 15 millones de pérdidas

Un reporte oficial relata así el contexto de la acción de la compañía gasera y los daños:

“El jueves 18 de octubre  la empresa Gas Butano Propano de Baja California S.A de C.V., mejor conocida como Z Gas, suspendió sin previo aviso  a sus clientes  ni a las autoridades  gubernamentales el servicio de suministro de gas por tubería a 2599 usuarios de las colonias Industrial, Burócratas, Colonia Nueva y  Los Pinos de la ciudad de Mexicali.

“Dentro de las zonas afectadas se encuentran ubicadas casas habitación, escuelas, hospitales, guarderías,  el centro de readaptación social,  así como numerosos comercios dedicados a la venta de alimentos, lo que se tradujo en pérdidas económicas de considerable cuantía que pudieran ascender a más de 15 millones de pesos.

“La empresa a través de su representante, Ignacio Alcalá,  justificaron dicha decisión estrictamente a razones de seguridad, sin embargo no presentaron ningún dictamen sobre   las condiciones de la red de distribución, ni de una fuga o falla de tal magnitud que justificara la cancelación súbita del servicio”.

De hecho en el título de permiso otorgado en 2007, Z Gas contaba con una gracia de tres años para entregar un informe a la comisión del estado del sistema de distribución. Se presume que en 2009 se notificó el estado de la tubería, y que se iniciaron las reparaciones, adecuaciones o ampliaciones necesarias; pero en épocas recientes, a pesar que ha sido un rumor por parte de la empresa la rehabilitación de las líneas, en ningún momento se informó a la autoridad federal la dimensión de los trabajos, muchos menos la suspensión permanente del servicio.
Informar tanto a la autoridad como a los usuarios finales de la suspensión, es una obligación de Z Gas y así está consignada en el documento que concede el permiso:
- Informar inmediatamente a la Comisión sobre cualquier circunstancia que afecte o pudiera afectar negativamente la prestación del servicio de distribución.

Ello significa que a estas alturas -diez días sin proveer gas por tubería en Mexicali-, Z Gas debió informar a la CRE y ésta haber tomado acciones a favor de los usuarios finales y de atención hacia la gasera.

Otras obligaciones que constan en el título de permiso y en las cuales está fallando la compañía de la familia Zaragoza:

- Prestar el servicio cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas.

- Prestar el servicio en forma eficiente, segura y oportuna, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento.

- Contratar y mantener vigente el seguro que cubra la responsabilidad por daños a terceros que pudiera derivarse de la prestación de sus servicios, de acuerdo a lo establecido en la directiva de seguros; los seguros para hacer frente a las responsabilidades en que pudiera incurrir por la prestación del servicio.

- Prestar el servicio conforme a los términos y condiciones establecidas en este reglamento y en los contratos que se celebren.
El mismo documento obliga a Z Gas a proporcionar información a la CRE: “El permisionario estará obligado a proporcionar la información suficiente y adecuada que le sea requerida por la Comisión en los términos del Reglamento en lo relativo a la actividad de distribución de gas que desarrolla dentro de la zona geográfica”.

Revocación del permiso y bonificación a afectados

En el apartado que refiere “Suspensión del Servicio de Distribución”, se estipula que el permisionario no incurrirá en responsabilidad por la suspensión o restricción del servicio de distribución cuando ésta sea por cualquiera de cuatro causas:

- Caso fortuito o fuerza mayor.

- Fallas en la instalación o mala operación.

- Trabajos de mantenimiento, ampliación o modificación.

- Incumplimiento del adquiriente.

Sin embargo, el permiso también es específico. Si por alguna de estas causas se suspende el servicio, Z Gas tiene la responsabilidad de hacerlo “del conocimiento de los adquirientes afectados a través de los medios de comunicación con mayor difusión en la localidad de que se trate, mencionando el alcance, la duración y, de ser posible, la fecha y hora en que ocurrirá dicha suspensión”, situación que no se dio en el caso de Mexicali.

Además:
“Cuando la suspensión… del servicio se vaya a prolongar por más de cinco días, el permisionario deberá presentar ante la Comisión, para su aprobación, el programa que aplicará para enfrentar la situación”.

En caso que la suspensión se dé por causas distintas a las mencionadas, Z Gas tiene responsabilidad con el usuario: “…el permisionario bonificará al adquiriente, al expedir la factura correspondiente, una cantidad equivalente a cinco veces el importe del servicio que hubiere estado disponible de no ocurrir la suspensión y que el usuario hubiere tenido que pagara”.

La Comisión Reguladora de Energía puede revocar el permiso, entre otras cosas, por “… interrumpir sin causa justificada y autorización de la Secretaría de Energía los servicios objeto del permiso”.

A diez días de la decisión unilateral de la compañía gasera de la familia Zaragoza para interrumpir de manera permanente la distribución de gas por tubería en Mexicali, las sanciones no han llegado ni por parte de la Secretaría de Energía, ni por la Comisión Reguladora de Energía, firmante del título de permiso y facultada para revocarlo.

Entretanto, la impunidad continúa para Z Gas en perjuicio de miles de afectados en la capital.

Los damnificados de Z Gas

La mañana del miércoles 17 de octubre, miles de residentes, comerciantes, profesionistas de Mexicali de colonias como Nueva, Burócratas, Industrial, Cuauhtémoc y Los Pinos, se despertaron sin servicio de gas por tubería.

3 mil 700 tomas que abastecen a cerca de dos mil familias, restaurantes, hospitales, comercios, la Casa de Gobierno y hasta el Centro de Readaptación Social, fueron cerradas al suministro por parte de la empresa Zeta Gas, una de las dos principales concesionarias de ese monopolio del gas que opera en México, Centro y Sudamérica.

El problema cobró otra dimensión cuando los damnificados fueron informados -por otras entidades y no por la gasera- que el corte sería definitivo. Lo siguiente fue arreglárselas en lo individual para conseguir cilindros, tanques estacionarios, tubería y mano de obra e instalar el viejo sistema.

“Fue como regresar más de 20 años”, dijo un residente de la colonia Nueva.

En las dos clínicas del Seguro Social afectadas, instalaron dos tanques estacionarios de tres mil y cuatro mil litros para abastecer el servicio de lavandería y el de alimentación. Lo mismo en el  exclusivo Al Mater, o el México-Americano. También en locales de comida de la Plaza Cachanilla.

Los usuarios -y el gobierno- desconocen qué sucedió para que la empresa gasera tomara esa decisión. Directivos de Z Gas bloquearon cualquier comunicación. La especulación reinó entre la población afectada: que la medida se tomó porque remplazar la tubería es incosteable para la multinacional; que había un inminente problema de inseguridad, que se trató de presión del corporativo para aumentar el precio del producto.

La realidad es que el hecho es inédito a nivel nacional por parte de una empresa que ha estado ligada a la polémica.

Un fuerte olor a gas

René Rosado -titular de la Unidad Municipal de Protección Civil- carga una gruesa carpeta con el expediente de Z Gas. Desde julio de 2012, ciudadanos presentaron denuncias de fugas en el sistema de suministro de gas por tubería. Hasta hace una semana había cerca de 30 denuncias, cifra irregular a la alza en relación a meses anteriores.

Meses atrás, la compañía Z Gas inició la rehabilitación del total de los 65 mil 500 metros lineales de tubería, de los cuales -de acuerdo al reporte oficial- había concluido el 89 por ciento. El 11 por ciento restante significaba 27 tramos de tubería distribuidos en un polígono que abarca desde la Zona Centro, las colonias Nueva, Burócratas, Industrial, parte de la Cuauhtémoc y Los Pinos, hasta el Bulevar López Mateos, en la calle Perú, o en la colonia Nueva.

Durante el proceso de rehabilitación de la tubería, explica Rosado, “empezamos este verano a tener informes de que se estaban presentando con mayor frecuencia fugas de gas en el polígono correspondiente a la colonia Nueva, Industrial, Burócrata. Ellos demostraron que faltaba ser actualizada su tubería”.

En julio, esa autoridad municipal solicitó información a la empresa sobre el estado de la red, qué estaba ocurriendo y cómo lo estaban solucionando. La empresa entregó una lista de 27 tramos pendientes de remplazar, que significaban el 11 por ciento de la red total.

El director de la Unidad Municipal de Protección Civil muestra los documentos que hizo llegar Pedro García Borboa, representante de Z Gas. Oficios, ubicaciones, todo detallado. Pero las fechas de los documentos-respuesta solo llegan hasta la semana pasada.

El miércoles 17 de octubre -explica Rosado- recibieron llamadas de ciudadanos afectados que pedían información. Se comunicó con representantes de la empresa, quienes oficialmente dijeron: “Recibimos instrucciones de cerrar la red”.

Municipio: Si se retira, deben sanear

Para José Manuel León Herrera, director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Mexicali, la acción de Z Gas es irresponsable. “Trata de llevar acabo una acción que confunde para dejar de cumplir con su obligación”. Refiere que el hecho se presenta cuando en la Ley de Competencia se discute quien es el facultado para distribuir el gas en la República Mexicana.

Herrera explica que existe un decreto que establece a partir de la semana pasada, Petróleos Mexicanos sería el distribuidor del energético a las empresas que lo hacen llegar al consumidor final. “Anteriormente las empresas gaseras venían adquiriendo el energético en el extranjero, lo traían al país y aquí lo distribuían al consumidor”. Ahora, dice el funcionario, habrá un  mayor control con PEMEX como intermediario.

Continúa: “Las empresas tendrían que ver si les conviene o no seguir bajo este esquema”, y ve como una posible opción que ante esta situación hayan decidido cerrar el flujo como medida de presión. “Es que PEMEX los va a obligar a que tengan saneada su infraestructura en función del riesgo”, considera Herrera.

Además, el funcionario cree que en Z Gas se dieron cuenta que requieren de un presupuesto sustancioso para subsanar omisiones en mantenimiento y la restitución de tuberías obsoletas. Asegura que la empresa tenía un presupuesto para la reposición de esa parte de tubería, calculado en 40 millones de dólares, pero que al finalizar la revisión ascendió a 58 millones de dólares.

“Lo que debió hacer la empresa es notificar con anticipación y paulatinamente ir suspendiendo el suministro de gas en aquellas de mayor riesgo para reponer las tuberías”, dice Herrera. Menciona reuniones del alcalde Francisco Pérez Tejada -quien vive en la zona afectada- con la gasera donde insistió que no era tan fácil rehuir a las obligaciones.

El Reglamento de Edificaciones del Municipio (en los artículos 15, 16 y 18) indica que si van a retirarse, deben iniciar un proceso de saneamiento en la zona donde existe infraestructura de esta naturaleza, “podría ser de mayor riesgo una tubería vacía a una tubería cargada. El gas es altamente inflamable, es explosivo, la explosividad se da ante vacíos”.

Además, Z Gas deberá desmantelar 63.5 kilómetros de la red de tubería ya instalada en esa zona de la ciudad, lo cual significa un costo millonario, pues deben romper pavimento, sacar tubos, sanear el subsuelo, cerrar, compactar y pavimentar de nuevo, “no es sencillo quitar una tubería”.

El director de administración urbana comenta que la Ley les faculta a cobrar el derecho de uso del subsuelo, y Z Gas debe los últimos cinco años de ese concepto, que calcula en un monto cercano al millón de pesos.

Autoridades locales esperan sanción federal

Francisco García Burgos, secretario general del Gobierno del Estado, comenta que recibieron muchas llamadas aquel 17 de octubre. Los ciudadanos preguntaban qué ocurría y luego les pedían intervenir. El subsecretario, José Manuel Salcedo Sañudo, entró en contacto con la empresa -tanto a nivel local como nacional-, y por la tarde de ese miércoles ya sostenían reuniones con representantes de Z Gas.

“Nos dijeron que no tenían una solución; tampoco decían si iba a ser permanente, era una situación incierta”, comenta García Burgos. Incluso, que primero los representantes de la empresa adujeron que había sido el Ayuntamiento de Mexicali quien les había obligado a cerrar por la situación de las tuberías, lo cual era falso.

Al día tuvieron una reunión con el director de Relaciones de Gobierno de Z Gas y asesor del consejo de la empresa, Ignacio Alcalá del Sagrado Corazón de Jesús. “Ahí quedó claro que no iba a haber restauración del servicio”, explica García Burgos.

Entonces los funcionarios -y no la empresa, como corresponde- informaron a los vecinos la realidad que enfrentaban.

El argumento de los representantes de la compañía fue un asunto de mantenimiento de la red  de distribución -donde ya se requerían reparaciones mayores-, y por seguridad preferían detener el servicio hasta hacer una evaluación. Fijaron en cinco días el tope para restaurar el servicio; posteriormente los directivos nacionales aclararon: “No tenían intención de volver a prestar servicio”.

García Burgos ataja: “Nosotros no discutimos la parte técnica del estado de las tuberías, por supuesto que debería alguien llamar a cuentas para saber que pasó con el mantenimiento todos estos años a esas tuberías, por qué llegaron al estado de deterioro en las que están, pero sí nos complica mucho que de un día para otro hayan tomado esta decisión, sin un proceso de avisarles a los clientes”.

El secretario dice que el gobierno estatal solicitó al Gobierno Federal -a través de la Comisión Reguladora de Energía- que obligara a la empresa a reanudar el servicio o cancelar la concesión, “evidentemente no tienen interés en sus clientes”, reflexiona García.

Z Gas otorga servicio de gas por tubería en Cancún, Tijuana y Mexicali, aunque la suspensión solo se efectuó en la capital bajacaliforniana.

Gobierno y Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) instalaron mesas para recibir denuncias ciudadanas e interponer una demanda colectiva contra la gasera. El primer día recibieron 53, seis en Centro de Gobierno. La idea es asesorar a los ciudadanos para interponer demandas en dos vías: PROFECO y Juzgado Civil.

En coordinación con PROFECO se prepara “un procedimiento administrativo que podría derivar en una multa a la empresa hasta de 6 millones de pesos”.

García Burgos declaró que no hay facultad estatal para presionar a este tipo de empresas por la prestación del servicio, que todo es a través del Gobierno Federal. Pero el secretario sí tiene una opinión:
“Creo que es una falta de conciencia social de la empresa. Nosotros creemos que la iniciativa privada debe ser sustituido por el gobierno cuando es insuficiente, y creemos que está bien que los permisos para la prestación del servicio de gas estén en manos privadas, lo que no creo que está bien es este abuso”.

García Burgos considera importante la respuesta que emita el Gobierno Federal para que no se actúe como que no pasó nada.

– Pero a la administración federal le queda mes y medio…

“Esto va mas allá del régimen que está gobernando”.

MATAN AL "ONDEADO"


   

Se enfrenta a Ejército en el Valle de San Lorenzo
Redacción
Para Manuel Torres Félix, Manuelón, el Ondeado o el M1, se acabó el insomnio. La madrugada del sábado 13 de octubre de 2012 murió durante un enfrentamiento con fuerzas especiales del Ejército.
 
Lo cazaron como el gato montés que era. Lampareado en la noche por un camino cercano a Oso Viejo, Quilá, esta vez no logró escapar como otras tantas en que a sangre y fuego lograba huir para esconderse en sus guaridas y sus montes.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, algunas recogidas por reporteros que acudieron en la madrugada al Valle de San Lorenzo y otra vertidas en forma extraoficial por los mismos militares, Manuel Torres, acompañado por un fuerte grupo de escoltas, se topó con fuerzas federales e intentó burlarlos. Pero ya lo tenían cercado. Desde días antes, fuerzas especiales con el apoyo de la Novena Zona Militar, habían sembrado elementos en toda la zona. Esa madrugada, un contingente de soldados entró por Tacuichamona rumbo a Oso Viejo y otro similar bajó desde Quilá, conformando una pinza infranqueable a pesar de que conocía el terreno como la palma de su mano.

En el momento del encontronazo, Manuel Torres bajó del vehículo donde se transportaba y trató de huir entre el monte. Pero fue alcanzado por los disparos. Cayó en el acto.

Se le aseguraron dos pistolas calibre .38 Súper y siete cartuchos útiles calibre .22. El procurador de justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, informó que traía consigo 9 mil 980 dólares y 23 mil 500 pesos, además de porciones de un polvo blanco, al parecer cocaína.

Aunque la información oficial no habla de detenidos, fuentes de Ríodoce aseguran que fueron muchos.

Negra carta de muerte

No se había conocido en Sinaloa un operador del narcotráfico tan sanguinario. Los hay en todos los bandos, su hermano Javier Torres, preso en los Estados Unidos donde purga una condena por narcotráfico, se enfrentó también con el Ejército mexicano y en los hechos murió un militar. Luego fue entregado por sus propios jefes y extraditado.

Javier Torres era uno de los lugartenientes principales de Ismael Zambada García el Mayo. Y aunque Manuel Torres nunca alcanzó el mismo nivel en la estructura, fue pieza clave para la organización luego de que en el cártel de Sinaloa estalló la guerra.

Manuel Torres se encargó de enfrentar a sangre y cuchillo a los nuevos enemigos de Zambada y Joaquín Guzmán: los hermanos Beltrán Leyva.

Cientos de muertes se atribuyen a los comandos dirigidos por Manuel Torres, que se ganó a pulso el seudónimo del Ondeado por su falta de equilibrio emocional.

No había distinción. Se trataba de cuidar la plaza para el que siempre la había tenido y se actuó sin miramientos. Así, cayeron policías de todas las denominaciones y hasta algunos militares que se atrevieron a incursionar en su terreno y de cuyas bajas el Ejército nunca informó.

Desde que inició la guerra en 2008, los Torres fueron blancos de ataques de sus nuevos enemigos, principalmente a través del grupo denominado los Charritos, ligados a la familia Araujo, cuyo tronco principal fue Gonzalo, el Chalo Araujo.

El 4 de abril, apenas iniciadas las hostilidades, fue atacado afuera de un billar ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, el joven Joel Torres Jiménez, hijo del JT. Tenía 19 años y sobrevivió.

Pero semanas después, el 18 de abril, otro Torres, ahora hijo de Manuel, Atanasio Torres Acosta, el Tachío, fue asesinado. Fue a un lado de las instalaciones de la Secretaría de Salud, en el residencial Montebello.

La Policía halló uno de los vehículos que aparentemente usaron los gatilleros. Un Tsuru rojo en donde encontraron rifles AK-47 y un mensaje: “De parte de tu compadre y sus Z sobrinos. Para que lo tengas presente Manuel Torres”.

El M1 enloqueció con la muerte de su hijo, que fue velado en una de sus casas, en el valle. La misma noche y al día siguiente en que velaban el cuerpo de Atanasio, Manuel Torres cobraba venganza con jóvenes levantados que sus gatilleros le llevaban a domicilio para que los torturara.

Nada lo detuvo. Por toda la ciudad empezaron a aparecer cuerpos decapitados, mutilados, con mensajes alusivos al crimen del Tachío. Ninguna muerte, ningún límite contuvo su sed de venganza hasta su muerte, la madrugada del sábado.

Los cárteles estaban en guerra pero él tenía la suya propia en nombre de la afrenta que había sufrido.

En el lugar en que fue asesinado su hijo fueron tirando cuerpos decapitados, uno de ellos el de Roberto Barceló Villagrán, quien había sido comandante de la Policía Ministerial y jefe del grupo Centauro. Le amputaron las dos piernas, lo decapitaron y en vida la abrieron la espalda con un cuchillo.

Manuel Torres Félix ni siquiera aparecía en los archivos de la PGR, menos en los de la Procuraduría de Justicia estatal, cuando Barack Obama, el 1 de junio de 2011, lo designó, junto con Gonzalo Inzunza Inzunza, el Macho Prieto, como narcotraficantes sujetos a la Ley Kingpin, que sanciona a los cabecillas del narcotráfico, lo cual le permite al Gobierno norteamericano congelar cuentas y negocios a extranjeros.

En Sinaloa, la Procuraduría tiene registrado un viejo antecedente de Manuel Torres, “desde que las culebras andaban paradas”, por portación de arma de fuego. Pero no más.

El abejazo

Manuel Torres murió de muerte natural. A salto de mata desde que el presidente Felipe Calderón empezó su guerra, no tuvo descanso. Vivía en el monte, en los valles y muy pocas veces bajaba a la ciudad. Desconfiaba hasta de su sombra. Solía pasar dos, tres noches sin conciliar el sueño, siempre al alba.

Hace quince días, un enjambre lo atacó y tuvo que ser trasladado a Culiacán, donde apenas le salvaron la vida después de que cientos de abejas lo habían picado. No le tocaba la vida. Tenía un destino: el que a cuchillo mata a cuchillo muere.

CONTRATO QUE APESTA







Las aguas negras de Culiacán y el hedor del negocio millonario con TACSA

Lo que corre por el dren Cedritos que atraviesa el municipio de Navolato no solo es la podredumbre que desecha Culiacán sino los 9 millones 200 mil pesos mensuales —110 millones de pesos anuales y más de 900 millones de pesos pagados desde 2010— que la Junta de Agua Potable cubre a la empresa Tratamiento de Aguas de Culiacán, S.A. de C.V., que debiera sanear las aguas negras.


La hediondez de las aguas residuales descubre a la vez el tufo de un contrato que se cumple al pie de la letra desde hace diez años y que compromete a la Japac a pagar, hasta 2022, por algo que no se hace. O al menos no se realiza bien.

Testigos de lo maloliente de ese acuerdo, firmado en 1988 por el entonces alcalde Sadol Osorio Salcido, hay muchos. Son los habitantes de las comunidades Los Pochotes, Macario Gaxiola, 5 de Mayo, Guamuchilito, El Paraíso, La Palma, Campo Berlín, El 17 y La Platanera, que todos los días conviven con la contaminación que genera el dren.


Han luchado de todas las maneras posibles para que las aguas negras, supuestamente tratadas por TACSA, dejen de vertirse al dren Cedritos. El olor pútrido los ahoga, los enferma y los encorajina.


También el daño ecológico es evidente. Organizaciones ambientalistas han resuelto que la flora y la fauna prácticamente ha muerto a lo largo del canal que transporta los residuos del drenaje y que de acuerdo a la empresa TACSA son aguas tratadas.


“Urge una solución que pare el desastre en ecosistemas y el grave daño a la salud de los habitantes”, dice el biólogo Alberto Urtusuástegui quien documenta la catástrofe ambiental.


Advierte que restaurar la zona dañada en los más de 20 kilómetros por los que corren las aguas negras requerirá de otra inversión millonaria y será una tarea que tomará dos o tres décadas.


Pero nadie toca a TACSA. Con su planta tratadora ubicada por el kilómetro 7.5 de la carretera Culiacán-Culiacancito hace un negocio que une a los navolatenses en su contra. El fracaso de la vía pacífica para gestionar la intervención de las autoridades anticipa el uso de la presión como última arma.


Las quejas ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Comisión Nacional del Agua, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y los alcaldes en turno de Culiacán y Navolato no han rendido resultados. Ahora van a la toma de la planta tratadora y al cierre del dren Cedritos.


Letrina cara


La historia negra de la planta norte para el tratamiento de las aguas residuales de Culiacán empezó el 16 de noviembre de 1998 cuando el contrato, que se extingue hasta enero del 2022, se le otorgó a TACSA, firma que es parte de un grupo de negocios integrado también por las empresas Degremont, S.A., de origen francés, su filial Degremont de México y Triturados Basáltico y Derivados (Tribasa) S.A. de C.V.


La negociación habilitó a TACSA para construir, equipar y operar durante 20 años la planta con capacidad para sanear mil 700 litros por segundo de aguas residuales de Culiacán. La inversión fue de 253.4 millones de pesos, aportados de la siguiente manera: 87.4 millones por la Conagua a fondo perdido y los restantes 172.4 millones por la empresa TACSA con 73.6 millones en capital de riesgo y un crédito de Banobras por 98.8 millones de pesos.


La construcción de la planta inició el 15 de enero de 2000 y concluyó el 15 de septiembre de 2001. Del 16 de septiembre de 2001 al 15 de enero de 2002 fue sometida a un periodo de pruebas, pero antes, el 7 de diciembre de 2001, fue inaugurada y publicitada como la panacea en el cuidado del medio ambiente.


Luego de que entró en servicio, la Japac empezó a pagarle a TACSA. En enero de 2002 le entregaba 3.7 millones de pesos mensuales; en 2010 la cantidad ascendía a 8.2 millones de pesos mensuales y actualmente le cubre la suma de 9 millones 200 mil pesos al mes, de acuerdo con información solicitada por Ríodoce a la paramunicipal.


Según análisis de costos que el Gobierno de Culiacán hizo durante la administración que encabezó Jesús Vizcarra Calderón, el convenio con TACSA mantiene hipotecadas las finanzas de la Japac, debido a que la Junta de Agua tiene que hacer uso de recursos no recuperados para cumplir el contrato.


Desde que entró en operaciones la planta tratadora y hasta diciembre de 2010 la Japac le había pagado a TACSA un total de 726 millones de pesos y en el mismo periodo la paramunicipal había cobrado 542 millones de pesos por concepto de cuotas de saneamiento costeadas por los usuarios. La carga para la Japac fue por el orden de los 184 millones de pesos.


También se han hecho intentos por ponerle fin al contrato. Cuando Carlos David Ibarra fungía como alcalde intentó la reestructura del pasivo con TACSA. El plan era que la Japac recuperara la planta para operarla. El Ayuntamiento hizo una oferta a la empresa por 286 millones de pesos, pero esta le respondió con una contrapropuesta de 486 millones, lo cual tronó la negociación.


“La verdad es que la Japac se ha esclavizado a TACSA. Y lo peor es que las aguas negras siguen emanando como si no estuvieran tratadas. ¿Por qué no romper ese contrato abusivo? Si quieren lo pueden hacer por la vía jurídica”, dice un abogado que asesora a las familias dañadas por la contaminación.


Y da un dato para rescindir el convenio: con el fin de extender el negocio y violando lo estipulado, TACSA le vendió en 2007 el 50 por ciento más uno de los derechos de ese contrato a la empresa japonesa Sumitomo, lo cual es ilegal.


Albañal gigantesco


“Yo no me pude ir porque de aquí saco pa’comer, pero a mi familia sí la tuve que mandar a vivir a otro lado”, dice José López, un ladrillero que trabaja casi al borde del dren Cedritos. Ve correr durante todo el día las aguas oscurecidas y apestosas que lo infectan todo a su paso.


En campo Berlín han sufrido durante una década las consecuencias de un contrato de origen maloliente. Enfermedades en las vías respiratorias, en la piel e infecciones gastrointestinales son frecuentes e incluso por las noches tienen que dormir tapados de pies a cabeza para mitigar la fetidez que corrompe al aire.


Por eso a los navolatenses que viven a orillas o en las cercanías del dren Cedritos les importa poco cuánto le paga la Japac a TACSA. Lo que les interesa es que se le ponga un alto a la emisión de aguas negras que conforman el más grande foco de infección tal vez de todo Sinaloa.


La lucha contra lo que ellos definen como “un escusado gigantesco” la han librado desde 2002 cuando TACSA empezó a operar la planta tratadora de aguas negras del sector norte de Culiacán. Por cierto, no han ganado ni una batalla.


En 2011 los navolatenses le declararon la guerra al dren Cedritos. El 8 de septiembre se manifestaron frente al edificio del Ayuntamiento de Navolato exigiendo la intervención del alcalde Evelio Plata y cuatro días después regidores y funcionarios municipales hicieron un recorrido por la zona afectada, verificando la seriedad del problema.


Se tomó el acuerdo de crear una comisión entre los gobiernos de Culiacán, Navolato y el de Sinaloa para buscarle una solución al conflicto antes de que los afectados pusieran en práctica acciones como la toma de la planta de TACSA o el cierre del dren Cedritos.


Entonces se procedió a girarle oficios a la Conagua, Semarnat, Japac, direcciones de ecología municipales y el 25 de octubre autoridades estatales y municipales realizan una visita a la zona de descarga de la planta de TACSA.


Pero el problema y el conflicto siguen ahí. Lo certifican centenas de familias de Navolato y el dren que, como víbora putrefacta, serpentea dando testimonio de los millones que la Japac paga a cambio de nada.


Como si fuera dinero tirado al caño.



Pide Evelio Plata que intervenga Salud


Evelio Plata Inzunza, alcalde de Navolato, propone que intervenga la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que elabore un diagnóstico sobre la situación de contaminación que afecta al dren Cedritos y al río Culiacán.


Sobre un estudio profundo del problema, considera, podrían tomarse acciones que involucren a los gobiernos estatal, de Culiacán y Navolato, para atender un asunto que adquiere sesgos alarmantes.


Plantea que se precise hasta dónde llega la responsabilidad de la planta tratadora de aguas negras que opera TACSA y cuál es la aportación que hacen al problema empresas asentadas en la zona, e incluso el poblado de Culiacancito que también aporta al daño ecológico y de salud.


“Es una historia que ya tiene muchos años pero que (se) ha recrudecido recientemente. Esto hace urgente la gestión, encabezada por el gobernador Mario López Valdez, para que conozcamos primero la magnitud del conflicto y luego nos coordinemos para atenderlo”, dice el edil navolatense.


Afirma que su gobierno está haciendo lo necesario para instalar plantas tratadoras de aguas residuales en comunidades como La Palma y Navolato, para evitar que los desechos se viertan al dren o al río. “Aún en la falta de recursos presupuestales, tenemos que aplicarnos todos en este asunto o pronto lamentaremos consecuencias muy fuertes”, advierte.


Por la contaminación del dren Cedritos, reconoce Plata, se han registrado enfermedades en los habitantes de las comunidades aledañas y deterioro ecológico, generando inconformidad y un ambiente inadecuado para vivir.


Dice que la Secretaría de Salud debe intervenir como autoridad rectora y en apego a un estudio del problema generar que intervengan no solamente los gobiernos municipales y el estatal sino también instancias de la Federación involucradas en estas cuestiones.


“Las aguas negras están ahí y no podemos seguir cruzados de brazos”, puntualiza.


Números a resaltar


— 253 millones de pesos costó la planta tratadora de aguas residuales.

— 172 millones fueron aportados por TACSA.
— 900 millones de pesos se le han pagado a TACSA desde 2002.
— 110 millones de pesos es el pago anual actual de la Japac a TACSA.
— 9.2 millones de pesos al mes le paga la Japac a TACSA.
— 20 años es la duración del contrato para sanear aguas negras.
— 10 años más le quedan de vigencia al contrato con TACSA.
— 9 comunidades de Navolato son afectadas por la contaminación.