sábado, 12 de mayo de 2012

PELAYO Y EL ESCÁNDALO DEL RAMO 33 EN ENSENADA,BC


Declaraciones dispares, confusiones, reclamos y engaños siguen envolviendo la alcaldía ensenadense donde funcionarios dicen que sólo mostrarán los manejos del Ramo 33 si se pagan las fotocopias.

aliadosvspelayo bRicardo Meza Godoy
Adolfo Villarino Ibarra, siendo Secretario Particular de Enrique Pelayo Torres, con el objetivo de acceder a toda la documentación y registros del Ramo 33, fue quien ordenó el 6 de julio de 2011 a personal del gobierno municipal ingresar a las oficinas donde se encontraban datos personales y archivos que integraban los expedientes de cientos de ciudadanos que conformaron los comités para solicitar obras al XX Ayuntamiento de Ensenada.

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Sin que se conozca la existencia de algún aviso previo u oficio de por medio, y sin la presencia de los responsables del resguardo de dichos documentos, los funcionarios Fernando Cacique Rodríguez, entonces director de Servicios de Apoyo y ahora Oficial Mayor del Ayuntamiento; y Manuel Marín Valdez, secretario privado del Presidente Municipal, literalmente asaltaron el lugar, abrieron candados y se llevaron los expedientes.

Otros dos funcionarios, de nombre Iván Gutiérrez y Juan Guillén Sánchez, serían señalados también por retirar las computadoras de las oficinas de innovación gubernamental y centro de atención empresarial del gobierno municipal.

El argumento que daría posteriormente Adolfo Villarino ante la Sindicatura Municipal, sería que la información del Ramo 33 estaba en riesgo de perderse y tenía que ser resguardada. A pesar de que se encontraba bajo llave y en una oficina ubicada en el cuarto piso del edificio del gobierno municipal, el mismo donde se encuentra la oficina del Presidente Municipal.

Días antes, las diferencias entre el Coordinador de Gabinete Noé Rivera Domínguez y Enrique Pelayo Torres habían llegado a su clímax, cuando Pelayo removió definitivamente a Rivera el 29 de junio de 2011. Un pleito que enmarcó estos acontecimientos.

Los encargados de las oficinas donde se encontraban los expedientes del Ramo 33, eran Óscar Soto Brito y Hugo E. Sánchez Villegas, quienes en un documento recibido en Sindicatura Municipal el 14 de julio de 2011, hicieron del conocimiento de la dependencia, entonces a cargo de Alfredo Constantino Bernaldez Caravantes, lo que consideraron un acto irregular. 

A su decir, mil 135 expedientes sociales de obra para ejercer el fondo de infraestructura social básica, con actas de integración de los comités de obra del Ramo 33, copias de las credenciales de elector de los integrantes de los comités, formato del responsable de obra y las peticiones expresas de obra dirigidas al Presidente Municipal, entre otros documentos oficiales.

En ese documento dirigido a Sindicatura, ambos funcionarios se deslindaban de cualquier mal uso que se hiciera de la documentación y/o bienes que se encontraran en el interior. 

Aseguraban, que no se realizó ningún acto de entrega-recepción y el ingreso de los otros empleados municipales se hizo sin su presencia. Incluso, dicen, se cambiaron las cerraduras de las oficinas desde el 7 de julio y ya no les permitían la entrada. 

Y que Fernando Cacique, Director de Servicios de Apoyo, los amenazó inclusive, con retener ilegalmente toda percepción y retribución a la que tenían derecho en ese entonces.

El 18 de agosto, pasada la transición en la titularidad de la Sindicatura Municipal, el nuevo Síndico, Carlos Fidel Escobar Hernández, solicitó a Adolfo Villarino un informe detallado sobre lo declarado por Soto y Sánchez, debido a que la situación pudiera constituir una falta administrativa. 

Y citó de igual forma a Manuel Marín Valdez y a Fernando F. Cacique Rodríguez.

El 25 de agosto de 2011, Cacique respondería al Síndico Municipal afirmando lo siguiente: “… es FALSO todo lo manifestado por Óscar Soto Brito y Hugo Enrique Sánchez Villegas contra mi persona, de que se rompieran cerraduras y sustrajeran folders con documentación oficial, 1135 expedientes sociales de obra para ejercer el fondo de infraestructura social básica y demás documentos y que se haya dejado vacía la oficina y que se sustrajeron objetos de los escritorios, también es FALSO que se le haya impedido el acceso a ambos…en ningún momento los amenacé de retenerles toda percepción y retribución laboral…”. Como se conoció después, sus declaraciones no fueron consistentes con las de Marín y Villarino ante la Sindicatura.

El 2 de septiembre de 2011 Escobar citó a Marín y a Villarino. El día 9 de ese mes Villarino reconoció ante el Síndico que el 6 de julio sí había girado instrucciones a personal de la dirección de informática del XX Ayuntamiento de Ensenada, “… para que procedieran a retirar los equipos de cómputo que se encontraban instalados en las oficinas de Innovación Gubernamental y del Centro de Atención Empresarial y a su vez fuesen resguardados en diverso sitio…”.

El motivo esgrimido por el Secretario Particular de Pelayo fue “ante el temor fundado que dichos sistemas fuesen sustraídos o eliminados de los archivos computacionales por las personas que laboraban en dicha área”.

Villarino confirmó que también giró instrucciones a Cacique y a Marín, para que: “procedieran a resguardar toda la información documental relativa al fondo de infraestructura social básica del Ramo 33”.

Incluso hace referencia a que ambos abrieron las oficinas con ayuda de un cerrajero, y la información la entregaron a Jorge Alberto Reyes Moreno, director de Desarrollo Social Municipal, quien las archivó en algún sitio de sus oficinas. 

Las declaraciones de Manuel Marín coincidieron con las de Villarino, “…procedimos a retirar los expedientes relativos al citado fondo federal”, dijo.

Desde entonces, el tema se quedó en Sindicatura, no se registraron sanciones ni mayor seguimiento al respecto, aun cuando existían declaraciones dispares entre lo que dijo Cacique y lo que declararon Villarino y Marín. El propio Villarino declararía a ZETA esta misma semana que no había mucho que decir sobre el asunto del Ramo 33.

El retiro irregular de los documentos por orden del particular del Alcalde y los propios expedientes del Ramo 33 quedarían fuera del alcance ciudadano por meses, como evidenció la petición de información pública que Soto Brito hizo en noviembre 2011, donde Pelayo Torres negó en repetidas ocasiones entregarla bajo el argumento de que Soto había trabajado ahí y que existía una investigación en su contra, por haber chocado un vehículo propiedad del Ayuntamiento.

El 2 de mayo de 2012 al cuestionar ZETA sobre el tema del Ramo 33 al Presidente Municipal, el servidor público decidió no entrar en detalles. 

“Yo creo que ya le han dado demasiada difusión a ese tema de Soto Brito, mucha polémica por ahí que en realidad ustedes se han encargado de abonar en que se haga mucho aspaviento de una situación que no existe…”, afirmó Pelayo.

Sin embargo, las cotidianas inconsistencias en las declaraciones del Presidente Municipal de Ensenada, mantienen la duda en el propio Soto Brito sobre la veracidad de sus afirmaciones, y Soto asegura que no ha sido notificado formalmente de la entrega de dicha documentación, como lo establece la Ley.

El Secretario del Ayuntamiento comentó el mismo 2 de mayo, que la información ya se tiene disponible y que tenían conocimiento de que ya se había notificado a Soto pero éste no había acudido. 

Horas más tarde, Adrián Alcalá Méndez, consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Baja California (ITAIPBC), confirmó a ZETA que a Soto se le había notificado vía correo electrónico el pasado 26 de abril de 2011, sin embargo fue hasta el 2 de mayo, cuando Soto habló con personal de la dependencia, argumentando no haber recibido el correo.

Será luego de que Soto haga el pago correspondiente de las copias certificadas y copias simples de la información que solicitó, cuando tendrá acceso a los documentos. Y en caso de estar incompletos podrá inconformarse ante el propio ITAIPBC para que éste a su vez pida de nuevo la información faltante al XX Ayuntamiento.
El dinero a pagar: 6 mil 780.82 pesos, correspondiente a las copias certificadas del recurso de revisión núm. 26. Y mil 578.16 pesos por la obtención de copias simples en el recurso de revisión núm. 22 de Soto.

La Durango chocada
Volviendo a 2011, mientras se registraban los conflictos entre Noé Rivera y Pelayo; mientras Adolfo Villarino ordenaba retirar toda la documentación del Ramo 33 a empleados que harían declaraciones opuestas ante la Sindicatura; el Secretario General del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ley Álvarez buscaba un carro.

La búsqueda del Secretario Ley de un vehículo, sería encausada desde el inicio en oficio dirigido al director de la Administración de Bienes Patrimoniales (A.B.P.), Alfredo Ariel Cortez Castro, bajo la premisa de hacer gestiones contra Óscar Soto Brito para recuperar el vehículo.

De acuerdo con Ley, a Soto le pidieron prestado un carro que tenía bajo resguardo y se hizo una especie de cambalache que duraría un día, esto es, del 5 al 6 de julio, donde a Soto se le prestó un vehículo Dodge Durango, vehículo que aseguró Ley Álvarez, Soto nunca regresó. El 20 de julio, Cortez Castro envió a la Sindicatura Municipal una petición de seguimiento al caso del vehículo buscado por Ley.

Sindicatura requirió al titular de la dirección de A.B.P., que mostrara la documentación necesaria para dar con el vehículo y deslindar responsabilidades, una serie de requisitos burocráticos.

También le solicitó copias de los siguientes documentos: acta administrativa; evidencia documental de que la unidad fue prestada y entregada a Soto Brito; resguardo de la unidad; denuncia interpuesta ante el Ministerio Público. Con esa información podría proceder una posible sanción y Sindicatura tendría elementos para hacerlo.

En abril de 2012, durante una entrevista con personal de Sindicatura, ZETA tuvo conocimiento que nunca existió evidencia documental que indicara que Soto Brito recibiera alguna vez el vehículo. La única fuente que tenía la dirección de A.B.P. y la propia Secretaría General, eran declaraciones de testigos.

Durante el proceso de la denuncia de la dirección de A.B.P. ante la Sindicatura, y ante el desconocimiento de lo que había ocurrido con el vehículo, hubo también algunas inconsistencias. 

En un oficio despachado por Alfredo Ariel Cortez el 10 de agosto de 2011, el funcionario escribe: 

“Asunto: Reporte de extravío de Unidad Oficial”. Una semana después, el mismo funcionario en otro oficio escribe al Síndico Procurador: 

“Asunto: Robo de Unidad”. Cuando aún no se determinaba qué había pasado.

Sindicatura Municipal conoció después que la Durango estaba asignada formalmente a la Coordinación de Delegaciones y citó a su titular, José de Jesús Segura Ruiz, el 5 de octubre de 2011.

Segura admite que el vehículo está asignado a la dependencia a su cargo, sin embargo refiere que nunca se hizo ningún protocolo de entrega en la Coordinación de Delegaciones, “…es importante aclarar que nunca hubo un evento de entrega-recepción cuando yo entré a la dependencia”, dijo.

La declaración de Segura ante Sindicatura proporcionaría una serie de datos reveladores: “… me entero que ese vehículo Durango está asignado a la Coordinación de Delegaciones… había sido solicitado al director anterior, por parte del Secretario del Ayuntamiento, para uso de sus tareas. Utilizaba el vehículo para cumplir tareas propias de su responsabilidad”. 

Y prosigue: “…me comenta el Ciudadano Secretario que la unidad había sido chocada, pero que mientras se reparaba…me ofrecía prestarme otro vehículo…”.

Después, Segura recibió una llamada telefónica de una licenciada de nombre Raquel Reynoso, comentándole que la Durango estaba detenida en la agencia del ministerio público por ocasionar daños en propiedad ajena, bajo la Averiguación Previa 4011/11/311.

Sobre el caso, Soto Brito narró ante Sindicatura el 20 de octubre de 2011 que, vía radio, Zaida Nallely Bracamonte Mendoza, empleada en Secretaría General, aproximadamente el 5 de julio le pidió de favor que le prestara el vehículo que él conducía ese día. 

Al día siguiente, Bracamonte y Soto hacen el cambio de llaves y Soto se queda con “… una camioneta roja”.

Horas más tarde cuando Soto quiso salir del Ayuntamiento en el otro vehículo, asegura que no pudo porque se apagaba y terminó dejándolo en un estacionamiento de tierra a un costado de la Casa Municipal, solicitó fueran por él y dice, que las llaves de la camioneta roja las dejó en su escritorio. 

Al siguiente día, Soto no se presentó a la oficina, dijo que  por cuestiones médicas. Soto y Sánchez fueron removidos un par de días después de sus cargos. Refiere que días después, Nallely Bracamonte le llama por teléfono y comienza a preguntarle sobre la camioneta.

En resumen, un carro con una averiguación por daños; asignada a la Coordinación de Delegaciones; que Segura Ruiz descubrió utilizaba el Secretario Ley Álvarez; que los funcionarios de la Secretaría General aseguran prestaron en lo económico a Soto, justamente en los días del asalto a la documentación del Ramo 33; y la misma que el Presidente Municipal Enrique Pelayo Torres insinuaría públicamente en abril 2012 que Soto chocó.

Las declaraciones del Alcalde, derivaron en una denuncia en su contra por difamación, entablada por Soto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el 25 de abril de 2012.

El 2 de mayo, Ley Álvarez comentó a la prensa local, que la Sindicatura Municipal tiene una denuncia en contra de Soto Brito, “…por la probable comisión del delito de abuso de confianza.  Esto es en relación a un vehículo que él tenía bajo su resguardo, y que mientras él tenía bajo su resguardo ese vehículo apareció chocado en alguna colonia y pues ahí se inició una averiguación previa en contra de quien resultara responsable…. tengo entendido que chocó contra una barda… el propietario de una barda presentó su querella por daños y está esa averiguación, pero aparte hay otra presentada por Sindicatura…”, dijo Ley.

No obstante, a la fecha, ni la historia de la Durango chocada, ni la historia de la solicitud de información sobre el manejo de recursos del Ramo 33, han derivado en sanciones a funcionario alguno y ninguna de las dos historias está clara.

Aliados contra Pelayo
Pese a tener ideologías, intereses y objetivos distintos, nuevos y antiguos personajes de la actual administración municipal de Ensenada coincidieron en algo durante esta época electoral, decidieron distanciarse lo más posible del Presidente Municipal Enrique Pelayo Torres, y lo han hecho público.

El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y también candidato al Senado por Baja California, Alfonso Orel Blancafort Camarena, terminó de decidirse el lunes 2 de abril cuando el Presidente Municipal clausuró porque quiso, la Sesión de Cabildo que se desarrollaba de manera regular y donde estaba por hacer uso de la voz en asuntos generales el regidor del verde.

La acción de censura de Pelayo fue la gota que derramó el vaso en la molestia sobre el trabajo en la administración municipal que Blancafort venía acumulando, como ocurrió a mediados de 2011 cuando afirmaba tener que hacer plantones frente a la oficina de la Tesorera Municipal, María de Guadalupe Beltrán Rocha, para que lo atendiera, ya que la funcionaria no respondía los llamados a brindar informes ante el Cabildo.

El tema que abordaría Blancafort el 2 de abril, del cual dimos cuenta en ediciones pasadas en ZETA, era el manejo de los recursos del Ramo 33. Una lista con varias peticiones dirigidas al Cabildo para exhortar al Alcalde, a transparentar las cuentas públicas. 

El conocimiento previo de Pelayo sobre el asunto que plantearía Blancafort ese día, fue lo que le llevó a clausurar la sesión para evitar que fuera propuesto, según estimó el propio regidor del PVEM.

La actitud del Alcalde de clausurar esa Sesión fue también calificada como inadecuada por el propio Síndico Municipal, Carlos Escobar Hernández, días después. Por ello, Blancafort y el Partido Verde al menos en Ensenada, pintaron su raya frente a Pelayo.

Junto a la candidatura del regidor del Verde Ecologista rumbo al Senado de la República, surgió otro personaje del XX Ayuntamiento, que parecía haberse salido completamente de la ecuación política local, Noé Rivera Domínguez, quien habló con ZETA sobre su reaparición en los reflectores, no como el actual operador de la campaña de Blancafort a nivel estatal, sino como alguien todavía perseguido por acciones del Alcalde, según dio a entender.

Portando una camisa clara de manga larga con un bordado de la campaña del Partido Verde, y un pantalón oscuro, bien rasurado y peinado, Rivera Domínguez llegó al punto de reunión para la entrevista, y se sentó a platicar tranquilamente, recorriendo una gran cantidad de temas sobre el gobierno local, moviéndose de un tema a otro rápidamente, donde tocó asuntos sobre su ríspida relación durante los primeros meses de la administración, con distintos funcionarios municipales y con el mismo Alcalde, de quien espera poder distanciarse lo más posible en todos los aspectos, laborales, políticos y hasta geográficos. 

Eso sí, dejó claro que sus comentarios durante la charla no estarían enfocados a atacar a Pelayo, simplemente a resumir lo que él veía y lo que le ha ocurrido, en sus palabras: “Pelayo me traicionó y me apuñaló por atrás y se deshizo de mí por medio de lo que otros le decían”.

Tras haber sido despedido del XX Ayuntamiento por Pelayo e irse a radicar a la Ciudad de México, su regreso a Ensenada fue tras una invitación; “Me vine a invitación de Rommel Arvizu”, dijo Rivera. 

Aseguró que durante un viaje que hizo a la Ciudad de México el empresario concesionario de la estación XS 92.9 FM, ex aspirante a candidato para la presidencia municipal de Ensenada y ex aspirante a candidato para Senador de la República por el PRI, y tras un encuentro entre ambos, lo invitó a trabajar en la estación, de vuelta a Baja California y él aceptó.

Con un programa en la radio que inició en 2012, titulado “Mercado Negro”, explicó Rivera, comenzaron a manejar información con noticias de carácter nacional, y posteriormente fueron enfocándose en el ámbito local, donde hubo a su decir, una serie de “presiones”,  y luego, el jueves 12 de abril, ocurrió un incidente que marcó el cierre de su programa. 

Hechos que Rivera vincula con represalias del gobierno municipal, sospechando del Alcalde Pelayo.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó que a las 22:45 horas del 12 de abril, se recibió un reporte vía C-4 donde se informaba que: “en la calle Paseo de los Fresnos 656 del Frac. Loma Dorada un vehículo estaba incendiándose, por lo que se abocó los elementos de la SSPM de la Estación Punta Banda los cuales al llegar se entrevistaron con el reportante (Noé Rivera)… el cual menciona que se encontraba en el interior de su domicilio trabajando en el segundo piso, cuando escuchó una detonación y al asomarse por una ventana visualizó que su vehículo marca Hummer H-3 color Verde modelo 2006 con serie vehicular #5GTPN136X68144070 y placas de circulación 244-XKW del D.F., estaba ardiendo en llamas, arribando al lugar la unidad M-4 de bomberos los cuales sofocaron el incendio así como personal de la policía ministerial…”.

Donde un sujeto encapuchado y con chamarra arrojó combustible a su Hummer, encendió el vehículo y se dio a la fuga en un pick up blanco, declaró Rivera, haciendo esa misma noche señalamientos de la posibilidad de que fuera gente vinculada al actual gobierno municipal los que planearon esa agresión, haciendo responsable al Alcalde de lo que pudiera pasarle a él y a su familia.

Las investigaciones del ministerio público continúan y Rivera se dice sorprendido de la “primitivez política de Ensenada”.

Asegura que no trae campaña contra el Alcalde, y que los rumores de que él se encuentra detrás de las acciones que ha realizado Óscar Soto Brito, un ciudadano que ha requerido información a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC) a la autoridad municipal, son falsas. “¡Óscar Soto no es mi amigo!… Soy amigo de Blancafort pero Óscar no es mi amigo”, expone el ex coordinador de gabinete en el gobierno de Pelayo, mismas declaraciones que hace Soto Brito sobre si tiene alguna relación con Noé Rivera en el caso de la solicitud de información sobre el Ramo 33. Se conocen solamente, dicen ambos, porque coincidieron en un mismo periodo en la administración debido a sus puestos en el gobierno municipal.

“Si yo estoy o no detrás de Soto, pues que cumpla con la ley”, afirmó Rivera, refiriéndose a las declaraciones del Alcalde de que la información se le había negado a Soto porque había otros asuntos de por medio.

Rivera se sorprende de un gobierno municipal donde se mantienen impunes situaciones como el depósito de los dos millones de dólares, que no se haya hecho nada ante los involucrados incluyendo los propietarios de las cuentas bancarias. 

Se sorprende que el Alcalde declarara conocer a Suzumo Azano cuando días antes aseguraba no conocerlo, sabiendo que se reunía con él e incluso comían juntos.

Se sorprende de la nula reacción del gobierno estatal ante tanta irregularidad, “esto deja mal parado al gobierno del estado… prefieren vivir en la familia embobada”, dijo, sin que nadie haga nada.
Le sorprende también que le hayan quemado su carro cuando nunca había pasado por algo así. Pero al final de cuentas asegura: “no traigo odio”. Lo que quiere hacer, es sacarle la campaña a Blancafort, y que “aunque no gane… que sea la mejor campaña para Senador”. 

Dos personajes del XX Ayuntamiento, con perfiles distintos, del mismo equipo y la misma fuerza política que llevó a Pelayo a la presidencia municipal, y que ahora coinciden en su distanciamiento con el primer edil.

En otro frente y también en contra de las actitudes del Alcalde, se sumó el regidor Armando Reyes Ledezma, quien a principios del mes de abril de 2012, hacía duras críticas hacia él: 

“La falta de transparencia y la ilegalidad han sido las características principales del Gobierno Municipal encabezado por Enrique Pelayo Torres, quien con sus acciones corruptas daña la imagen del Partido Revolucionario Institucional”, informaba a través de comunicados el regidor y líder estatal del Partido del Trabajo.

Y después arremetía con declaraciones más fuertes dirigiéndose a los priístas: “…que no les sorprenda si pierden las elecciones por tener impunemente en sus filas a personajes tan nefastos como el actual Presidente Municipal de Ensenada”.

Reyes destaca, al igual que lo ha hecho el regidor del Partido Acción Nacional, Aníbal Santana Chaires, que además de la falta de transparencia en el manejo del Ramo 33 en 2011, el gobierno de Enrique Pelayo no ha realizado lo que corresponde al ciclo 2012, “(sobre el Ramo 33) no tenemos hasta ahorita ninguna propuesta de obra generalizada por parte de la ciudadanía, o por parte de los consejos, hasta ahorita no hay conocimiento que los consejos de desarrollo social, el consejo de desarrollo comunitario, que es el CODEC, se hayan reunido, ahorita no se han reunido ni hecho análisis de las obras, los tiempos los tenemos desfasados”, afirmó el regidor del PT, anunciando nuevamente un retraso en el ejercicio del recurso que también estuvo retrasado en el 2011.

El regidor asegura que las declaraciones de Enrique Pelayo en torno a que no le han llegado recursos federales pueden estar relacionadas con un incumplimiento a las normatividades por parte de la administración, “esos recursos son por default, son recursos que ya están etiquetados dentro del ejercicio fiscal que nosotros aprobamos, es decir, todo lo que es el proyecto de egresos de los mil 300 millones de pesos que se aprobó, ahí están aprobadas las aportaciones federales y ahí están los del Ramo 33. Si estos recursos no llegaron obvio que puede que no se esté cumpliendo con lo que marca la normatividad, hay una normatividad que se llama la ley de coordinación fiscal, el artículo 33 te menciona todo lo referente con la aplicación del recurso, que son todos los requisitos que debes cumplir como ayuntamiento”, explicaba Reyes.

El regidor señaló que será a través del Cabildo donde hará una petición para que la administración explique por qué no se ha hecho efectivo el recurso y qué pueden hacer como ayuntamiento. Lo único que sí tienen, dijo, “es un mundo de demandas de obras” que desde el año 2011 se quedaron en el aire.

Las constantes negativas para reportar lo que está haciendo, y teniendo facultades los regidores para solicitarle informes al Presidente Municipal y demás funcionarios del Ayuntamiento, afirmó Reyes Ledezma, pueden llevar a sanciones contra el Alcalde, “es un ejecutivo con una actitud autoritaria, cerrada, de poco oficio político el cual no le permite poder entablar una relación de conciliación y de acuerdos con el Cabildo, con el resto del Ayuntamiento… aquí las decisiones han sido de manera unilateral…. y desgraciadamente sus decisiones en todos los sectores han sido equivocadas, no hay aciertos”, dijo.

Sobre los puntos de coincidencia que tiene con Noé Rivera y Alfonso Orel Blancafort, el regidor del PT comentó: “…estamos coincidiendo tres pero debemos coincidir muchos más, si tú le preguntas a los perredistas, si tú le preguntas a Nueva Alianza, si tú le preguntas a la misma gente del PRI, si tú le preguntas al PAN, hay una coincidencia total en las acciones que está realizando mal la administración”.

Y quiso dejar claro que coinciden pero no están en complicidad. Sobre Noé Rivera dice, “es un ciudadano que causó mucha polémica con Pelayo y que el pleito es de ellos, es un pleito personal de ellos, es un romance que se rompió. Seguido aquí se rompen los romances, ahorita se rompió con el general (Florencio Raúl Cuevas Salgado) y (el regidor Antonio) Lomelí por ejemplo. Aquí los romances se rompen todos los días… donde lo único que ha hecho es desmotivar la participación ciudadana”, afirmó.

Estos personajes que en otros momentos han actuado enfrentados, con calidad moral o no, Pelayo los unió. Ahora, coinciden en una alianza en relación a peticiones sobre rendición de cuentas, de explicaciones sobre el manejo de los recursos y la operatividad del gobierno municipal, y llamados a la cordura al Alcalde, mientras Noé Rivera asegura que ésta es “la peor administración del país”, y comentó sobre Pelayo: “te van a acribillar una vez que pase a elección presidencial, te van a usar de ejemplo”.

CAEN FUNCIONARIOS EN LOS CABOS,BCS


Descubre Contraloría malos manejos de servidores públicos cabeños, quienes se dedicaban a asignar terrenos adquiridos por el Municipio, pero cobraban su “cuota de recuperación” correspondiente.

Hilda Martínez Guerra
en la entrega de la coordinacion de asentamientos humanos
Cabo San Lucas. Por primera vez en la historia del municipio de los Cabos, dos empleados fueron cesados de sus cargos: un funcionario de segundo nivel y un trabajador sindicalizado, al comprobarse que no sólo hacían negocio con el puesto que desempeñaban, sino que disponían de tierras sin tenerlas.


La denuncia pública hecha por uno de los vecinos, reveló una serie de irregularidades que culminó en solicitud de renuncia por parte de los elementos corruptos, sin derecho a ocupar puestos públicos en los próximos tres años.

El señor José Ortiz, vecino primero de la invasión Cactus y ahora reubicado en la quinta etapa de la colonia Leonardo Gastélum, aprovechó una gira del gobernador Marcos Covarrubias y del presidente municipal de Los Cabos para exponer su enojo ante lo que, como persona necesitada de un pedazo de tierra para vivir, tuvo que soportar.

De entrada, les planteó que aprovechándose de su puesto, José Alemán Arcos, empleado sindicalizado con más de diez años de servicio en diferentes áreas, y que en ese tiempo se desempeñaba en Asentamientos Humanos, distribuía los predios a quienes se les “asignaba”, además de hacer cuantiosos cobros por “apresurar los trámites”.

colonia leonardo gastelum
En ese mismo sentido, Alemán Arcos negociaba espacios como esquinas o lotes que también eran canjeables por módicas cantidades entre 3 mil y 5 mil pesos, situación que fue denunciada ante las autoridades en un acto público realizado en la mencionada colonia. Luego se supo que había sido el propio ingeniero Daniel Muñoz quien enviaba a José Alemán a realizar dichos cobros.


Pero no fue la denuncia de la gente lo que hizo que Alemán Arcos fuera llamado a “cuentas” por Contraloría Municipal. La gota que derramó el vaso fue la acusación de un líder de vendedores ambulantes, de nombre Domingo Figueroa, quien informó de la venta fraudulenta de una licencia de alcoholes, propiedad de José Alemán Arcos, misma que el funcionario corrupto vendió a otra persona llamada Jorge Uraga.

Jose ortiz (el de sombrero), se animó a denunciar
Lo anterior provocó que el propio gobernador le solicitara al alcalde, José Antonio Agúndez, la apertura a una investigación en torno a la denuncia, abriendo una serie de irregularidades que por años venían cometiendo ambos empleados de la delegación municipal.


Los antecedentes
El alto crecimiento demográfico que se registra en Los Cabos, sobre todo en la delegación más grande del estado, Cabo San Lucas, ha provocado que miles de familias hoy vivan en asentamientos irregulares, incluso ubicadas en cauces de arroyos o predios de particulares, o bien, propiedad de los ejidos.

Para solucionar el problema, el gobierno intentó negociar con los dueños de las tierras, mayoritariamente ejidatarios que, inicialmente, buscaban la recuperación de sus espacios, pero al no conseguirlo, accedieron a venderle al gobierno, lo que aún continúa en trámites.

De esa manera surgieron en Cabo San Lucas colonias como Mesa Colorada, Las Palmas, Leonardo Gastélum, y Vista Hermosa en San José.

Sin embargo, la autoridad dejó el tema en manos de los empleados del área de Asentamientos Humanos, quienes a sus anchas, repartieron los predios primero entre conocidos, amigos y familiares indirectos, y después a familias que realmente los necesitaban, haciendo así el negocio de su vida.

No faltó quien llegara con sus 3 mil pesos para quedar en una esquina, según denunció José Ortiz, y de ahí, poco a poco le asignaron a una sola familia hasta dos terrenos contiguos.

Los llamados “Líderes de Colonia” se encargaron de los servicios básicos indispensables en esta zona de reciente creación, como son agua potable y energía eléctrica.

Actualmente se sabe que alrededor de 15 mil familias viven en zonas irregulares, por lo que reciben el servicio de agua a través de pipas, y en algunos de los casos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha accedido a proporcionarles luz por medio de tableros comunitarios; situación que los llamados líderes o gestores de sus colonias, aprovechan al cobrar arbitrariamente por el “servicio”.

En cuanto al tema de los empleados despedidos, se sabe que tanto Daniel Muñoz como  José Alemán Arcos, trabajaban en contubernio. 

Este último realizaba el “trabajo sucio”, en tanto que Muñoz despachaba desde su área las asignaciones a quienes requerían un terreno.

El ingeniero Daniel Muñoz fue invitado recientemente a entregar su responsabilidad en la coordinación de Asentamientos Humanos de la delegación municipal de Cabo San Lucas, siendo sustituido por Javier Geraldo.

Actualmente la mayoría de predios de la colonia Leonardo Gastélum ya fueron asignados, y cada uno de los vecinos tiene algo que contar  sobre cómo obtuvieron el predio en el que residen.

En enero pasado, el gobierno de Marcos Covarrubias requirió ante la Procuraduría General de Justicia a ex funcionarios del gobierno estatal que encabezó Narciso Agúndez, bajo el argumento de estar implicados en la venta de terrenos ubicados en el desarrollo El Pedregal en Cabo San Lucas. Predios que, se informó, ya fueron recuperados por el Estado.

La autoridad de la PGJE confirmó que la investigación en torno a dichos predios sigue su curso, toda vez que, tras la primera compraventa, regresaron los bienes, pero después fueron vendidos a diferentes personas por 25 millones de pesos.

Al momento se sabe que hay más funcionarios implicados en el negociazo que fue la comercialización ilegal de las tierras de Cabo San Lucas.

CASO WALMART PRUEBA CORRUPCIÓN EN BCS


El ayuntamiento de Los Cabos sospechosamente autorizó la construcción de una tienda en San José del Cabo, a pesar de que violaba la Ley de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

Gerardo Zúñiga Pacheco/Hilda Martínez Guerra
San José del Cabo, Baja California Sur.- Tuvieron que pasar 2 años y terminar el trienio de la ex alcaldesa de Los Cabos, Mirna Xibillé de la Fuente para que pudiera destaparse la corrupción que giró en torno a la construcción del supermercado Walmart de esta ciudad.

Wallmart de San Jose del CaboCon el escándalo internacional por el pago de sobornos a funcionarios mexicanos, hoy por hoy, el propio ayuntamiento reconoce que “hubo algunas irregularidades” y –a decir de arquitectos e ingenieros— la construcción y apertura de la tienda departamental estuvo fuera de toda normatividad e incuso violento el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur.

“Nosotros cuando asumimos la administración, la tienda ya estaba en operaciones, y obviamente, la obra estaba totalmente finiquitada. Ahorita estamos revisando el caso y la posición de nosotros es que no debe haber impunidad y vamos a tomar medidas para mitigar cualquier desorden urbano”, dijo el director de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, Roberto Flores Rivera.

Desde un principio, el Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Abogados de Los Cabos, dirigidos –en ese entonces— por José de Jesús Ide Ornelas, Gerzain Guzmán Roa y Adrián Ordaz Real, asumieron una posición crítica sobre la construcción de la tienda en San José del Cabo en el 2010, derivado de que “estaba fuera del marco legal” y estaba siendo catalogada como un “proyecto irregular”.

Wallmart de San Jose del CaboLa principal inconformidad, explica a ZETA Gerzain Guzmán Roa, quien esta semana dejó el cargo de presidente del Colegio de Ingenieros, se centraba en que “la tienda estaba siendo construida en un terreno de zona urbana, y sobre una carretera que tiene un tráfico intenso de vehículos la mayor parte del día, y el cual se incrementaría de manera notable, cuando el supermercado, estuviera funcionando”.

Por esta situación, arquitectos e ingenieros, respaldados por abogados, se pusieron de acuerdo y comenzaron a enviar oficios desde diciembre del 2010 a Elías Nuño Robles, hoy ex director de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología del ayuntamiento local, quien “nunca tuvo la gentileza de contestarles” hasta que finalmente, y por iniciativa propia, elaboraron un estudio y emitieron un dictamen técnico sobre la construcción de la tienda de la cadena comercial.

Durante la elaboración del estudio, descubrieron que en las últimas 2 administraciones, la de Luis Armando Díaz, René Núñez Cosío y Mirna Xibillé de la Fuente, habían estado aprobando proyectos de espaldas a la sociedad, con mucho impacto urbano, vial y ecológico, y comprometiéndose a dotar de servicios que en algunos casos, no pudieron cumplir.

En la revisión de algunos proyectos, los profesionistas encontraron firmas estampadas de sus propios compañeros como “Director Responsable de Obra” en proyectos irregulares, y donde encontraron que el cuerpo de regidores, especialmente, se habían tomado facultades que no les competían, amparándose bajo el Artículo 115 de la Constitución, que a la letra dice: “Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley, determine.  La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado”.

lapazwalmartsobornos3Entre toda la serie de irregularidades que arquitectos, ingenieros y abogados, encontraron desde la construcción hasta la apertura de la tienda Walmart en San José del Cabo, destaca lo siguiente:

1.- El gobernador del estado y el alcalde en turno –en ese tiempo, Narciso Agúndez Montaño y Mirna Xibillé de la Fuente— no crearon la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano, como órgano de consulta auxiliar para elaborar, formular, evaluar y modificar planes y proyectos de desarrollo, como los obligaba el Artículo 14 de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, y por consiguiente, la aprobación del proyecto Walmart, dependió unilateralmente del alcalde, del director de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología, del presidente de la Comisión de Planeación Urbana del Cabildo y de los regidores.

2.-Los aludidos expidieron autorizaciones, licencias y permisos de uso de suelo y construcciones, a pesar de que el proyecto del supermercado, contravenía a los planes y programas de desarrollo urbano, como lo establecen los artículos 97 y 99 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.

3.- La secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura del Estado y la dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, no vigilaron el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, y por consiguiente, no levantaron infracciones, impusieron sanciones administrativas e incluso no invalidaron los permisos, autorizaciones y licencias, como los facultaba el Artículo113 de la Ley de Desarrollo Urbano.

4.- El supermercado se construyó sobre un terreno que tenía el uso de suelo predominante de corredor urbano por colindar con la carretera Transpeninsular y era de vocación habitacional, por lo que el uso de suelo estaba condicionado a un máximo de construcción de dos mil metros cuadrados y las edificaciones no deben rebasar los 10 metros de altura, incluido el tinaco, según el Plan de Desarrollo Urbano. Sin embargo, la cadena comercial, levantó una construcción de 20 mil 129.70 metros cuadrados en un terreno de 23 mil 682 metros cuadrados. Más del 1000 por ciento de lo que contempla la Ley.

5.- El supermercado colinda con la carretera Transpeninsular, y una calle de nombre Valerio González en la colonia Centro,  por lo que su construcción, apertura y operación, generaría mucho impacto en el movimiento de camiones de carga y vehículos particulares de los clientes, sobre todo porque es paso natural de ambulancias, bomberos, protección civil y está rodeada de cinco instituciones educativas y de una central camionera.

6.- Por lo reducido del espacio, y derivado de que las instalaciones del supermercado ocuparon el 85 por ciento del bien inmueble, la tienda de la cadena comercial, no tenía manera de poder construir el mínimo de cajones de estacionamientos que exige la Ley para centros comerciales, como son 850. 

Si acaso, construyó 146 espacios: 130 en un subterráneo y 16 en la entrada de la tienda.

La corrupción
Para Armando Covarrubias Villaseñor, el líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Los Cabos, el caso del supermercado Walmart de San José del Cabo, y también el de Cabo San Lucas –dijo— deben formar parte de la investigación federal que el pasado 26 de abril abrió la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), en torno al escándalo de corrupción de Walmart en México.

Y es que desde su punto de vista, el pago de sobornos a funcionarios mexicanos alcanzó a todos los niveles gubernamentales en el estado. “Desde funcionarios municipales, estatales y federales, porque es evidente que si autorizaron la operación de la tienda Walmart, con toda la serie de irregularidades que surgieron desde la construcción hasta la apertura, es porque corrió mucho dinero, y parte de los 24 millones de dólares que se reveló pagaron en México, cayeron en Los Cabos”, consideró.
El líder empresarial explicó que independientemente de toda la serie de irregularidades, autoridades municipales y federales, ahora se prestaron para autorizar una obra de construcción del desvío de aguas broncas que corren por el cauce natural del arroyo de Cabo San Lucas, y quienes, dijo, “pretenden desviarlo al arroyo de Salto Seco” para que en caso de un huracán el agua que puede impactar la tienda, se vaya hacia las colonias.

“Eso es muy grave”, dijo y adelantó que un grupo de empresarios de Canacintra, están recabando información y documentos para entregar una copia del expediente a la PGR y sea tomado en cuenta en el número de acta circunstanciada AC/PGR/UEIDCFP/MP-043/2012, aprovechando que el Agente del Ministerio Público de la Federación, inició la solicitud formal de información a particulares, personas morales e instituciones de gobierno, como un primer paso para recabar datos y pruebas que puedan ser valorados y determinar si existen o no elementos suficientes para continuar con la indagatoria, y abrir, en caso de que sea procedente y como un segundo paso, una averiguación previa que lleve al deslinde de responsabilidades penales en contra de los ex servidores públicos, cuyo caso –recordó— “tiene indignado” hasta al presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El empresario recordó que el principal testigo del pago de los sobornos del caso Walmart, Sergio Cicero Zapata y el cual hizo la revelación al diario New York Times, estuvo operando en Los Cabos y fue quien “arregló todas las autorizaciones, licencias y permisos de uso de suelo y construcciones a favor de la cadena extranjera”.

Sobre este hecho de corrupción, el ex alcalde de Los Cabos, René Núñez Cosío, y antecesor de la ex alcaldesa, Mirna Xibillé de la Fuente, se desligó porque dijo que “el caso lo traía la entonces presidenta de la Comisión de Planeación Urbana del Cabildo, Nélida Alfaro Rosas, porque cuando llegó a mis manos, yo solicité un estudio de impacto vial y una opinión técnica del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)”.

Sin embargo, el ex edil recordó que en ésas estaban, cuando renunció al cargo y se fue a buscar la candidatura a gobernador por el PRD, y ya no regresó al puesto, porque su sucesora, se negó a entregarle la estafeta, bajo una serie de argucias. “Después supe que lo autorizaron, a pesar de que yo tuve por varios meses el caso en mi oficina y mi postura había sido la de tener estudios sobre el proyecto de inversión”, comentó.

— ¿El proyecto tenía viabilidad o no?, se le preguntó.

“Para mí no tenía ninguna viabilidad, por eso lo estuve deteniendo durante varios meses, porque el terreno estaba en un corredor urbano que no permitía este tipo de construcciones, según la Ley de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano, ya que el tipo de tienda rebasaba por mucho las dimensiones y características establecidas, y por obvias razones, necesitábamos un plan de impacto vial, ya que la carga vehicular de la zona era bastante, y, lógico, subiría con una tienda de esta magnitud”.

Los acuerdos
Por toda la presión que desde un principio ejercieron los arquitectos, ingenieros y abogados, la ex alcaldesa, Mirna Xibillé de la Fuente, terminó por ceder, y aunque la tienda, ya había sido terminada de construir en 2011, sostuvo una serie de reuniones con los profesionistas y directivos de la cadena comercial en las oficinas del IMPLAN, las cuales terminaron el 28 de marzo del 2011, justamente a un mes de dejar el poder, y el cual sería asumido por el hoy alcalde, José Antonio Agúndez Montaño.

En esos encuentros estuvieron presentes Nélida Alfaro Rosas, presidenta de la Comisión de Planeación Urbana del Cabildo; Elías Nuño Robles, director de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología; Kurt Honold, representante de Walmart; Jesús González Andujo, presidente del IMPLAN y los representes de los colegios de ingenieros, arquitectos y abogados.

Los profesionistas, funcionarios y empresarios, tomaron los siguientes acuerdos:

1.- Atender las observaciones viales del dictamen técnico de los arquitectos e ingenieros en forma inmediata, relacionada a la propuesta vial integral, como son banquetas, camellones, semáforos peatonales, puente peatonal y paso inferior vehicular de sentido de norte a sur para ingreso a la tienda.

2.- Supervisión de los trabajos ejecutados para revisar la calidad.
3.- Elaboración de un nuevo estudio de impacto vial integral y ampliar la cobertura de semáforos hasta la calle Malvarrosa y adaptar semáforos peatonales en el crucero de las calles Valerio González y Malvarrosa en el cruce con la carretera Transpeninsular.

4.- Autorizar la entrega de licencia para la apertura de la tienda, una vez realizadas todas las adecuaciones viales en la zona.

5.- Los colegios de arquitectos e ingenieros se comprometieron avalar la obra, una vez terminadas las obras viales sugeridas.

Sin embargo, de poco o nada sirvieron estos acuerdos que hasta se firmaron con un Notario Público, porque la cadena extranjera ignoró y desdeñó a las autoridades y urbanistas, aun cuando, el 16 de marzo del 2011, pagó cuatro fianzas de arriba del millón de pesos como “una garantía” de que resolvería el serio problema de vialidad que generó hoy la apertura de la tienda en San José del Cabo, como previamente anticipó un estudio de impacto vial en diciembre del 2010, y la cual utiliza como patio trasero una popular calle, la Valerio González, conocida por ser una vialidad de mucho flujo vehicular especialmente en horas pico y que conecta con el Centro Histórico y la carretera Transpeninsular que  conduce a Cabo San Lucas y la llamada Ciudad Lineal.

El estudio de impacto vial arrojó hace dos años que la apertura de una tienda de esa magnitud en la zona, implicaría un gran movimiento de camiones de carga y vehículos particulares de los clientes potenciales de la cadena, y los cuales se vendrían a sumar al tráfico vehicular que se registraba en la zona.

Datos recabados por ZETA, y corroborados con el estudio vial, expusieron que la calle Valerio González, es una salida natural de ambulancias, bomberos y unidades de protección civil, porque sus instalaciones están muy cerca de la zona, aunado al hecho de la cercanía con una central camionera y de cinco instituciones educativas, como son la Universidad Mundial, Secundaria Mijares, Conalep, Jardín de Niños y el Cecatur.

Después del escándalo internacional de Walmart, el director de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, Roberto Flores Rivera,  ahora sí se apresuró a “pedirle a la tienda que cumpla con lo prometido”. 

“Ya estamos hablando con los directivos y estamos solicitando reuniones para ver algunos puntos que no se han cumplido como el puente peatonal, los semáforos peatonales y el subterráneo o paso inferior vehicular de sentido de norte a sur para ingreso a la tienda”, comentó.

Al respecto, un directivo de Walmart en Los Cabos, y quien solicitó no publicar su nombre, en virtud de que no era una voz autorizada para ofrecer una versión oficial por parte de la firma, explicó a ZETA que la compañía estaba terminando de elaborar un estudio de impacto vial integral en un radio mayor a mil metros que van desde la glorieta de Fonatur hasta la Y del estadio de futbol, y donde se instalaron contadores electrónicos del lado izquierdo para ofrecer una solución al problema de tráfico y vialidad, sobre todo ahora que el ayuntamiento y Fonatur –dijo– tienen planeado modificar la zona, y por consiguiente, no quieren hacer trabajos innecesarios, sino empatar su parte con la de las autoridades.

Los impactos negativos que en este momento registra la zona, según el estudio de impacto vial, es reducción de fluidez vehicular; impacto auditivo por la circulación de grandes camiones; impacto ambiental; deterioro acelerado de la vialidad de la calle Valerio González por tráfico de carga pesada; peligro de peatones; bloqueo parcial de salida de los cuerpos de emergencia; bloqueo de estacionamientos privados y de comercios de la zona; deterioro de calidad de vida de los vecinos; depreciación de las propiedades y riesgo inminente para los jóvenes estudiantes por el constante flujo de operadores de tráiler.

Los responsables de haber autorizado la construcción, apertura y operación del supermercado de Walmart, y según la conclusión del Colegio de Abogados, son:

1.- Mirna Xibillé de la Fuente, ex alcalde de Los Cabos.

2.- Elías Nuño Robles, ex director de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología.

3.- Nélida Alfaro Rosas, ex presidenta de la Comisión de Planeación Urbana del X Ayuntamiento de Los Cabos.

4.- José Manuel Curiel Castro, ex síndico del X Ayuntamiento de Los Cabos.

5.- Los ex regidores del PRD, PAN, PRI y PVEM, Enrique Pascual Navarro, Gildardo Rodríguez Quiñonez, Carlos Julio Miranda, Guillermo Sandez Puppo, Jaime Manuel Camacho Castillo, Gustavo Castro Sánchez, Héctor Aragón Agúndez, Felipe Ortiz Cruz, José Antonio Gutiérrez Sarmiento y Maximino Fernández Ávila.

REGISTRA SONORA TEMPERATURA MÁXIMA DE 42.5 GRADOS


Esos registros se dieron en la presa Oviachic, cerca de Ciudad Obregón, al sur de Sonora y en Yécora, municipio serrano oriental, respectivamente.

Notimex 
Hermosillo, Son. La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó una temperatura máxima de 42.5 grados y una mínima de 5.1, durante las últimas horas en Sonora.

En su reporte diario, el organismo federal detalló que esos registros se dieron en la presa Oviachic, cerca de Ciudad Obregón, al sur de Sonora y en Yécora, municipio serrano oriental, respectivamente.

Agregó que también se anotaron 40 grados en la estación El Orégano II, al noreste de esta capital, en el centro del estado y 39.7 en la presa El Novillo, sobre la región oriental.

Respecto a las temperaturas mínimas de esta mañana, se registraron seis grados en la presa Cuauhtémoc, municipio de Atil, al norte del estado y 16.5 en esta capital.

La temperatura mínima fue de 12 grados en Punta de Agua II, demarcación del puerto de Guaymas, al sur de Sonora.

No se registraron precipitaciones en la entidad durante las últimas 24 horas y se observará el cielo mayormente despejado, con viento variable y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Pronosticó que el ambiente se mantendrá de caluroso a muy caluroso en el día y se registrarán valores máximos mayores de 40 grados.

Mientras que los amaneceres más fríos seguirán en las sierras más elevadas de Sonora y Chihuahua, con valores mínimos por debajo de 10 grados.

DEJA SEIS MUERTOS Y DOS HERIDOS CHOQUE EN TUXPAN, JALISCO


El accidente ocurrió en la carretera libre  Jiquilpan-Manzanillo, a la altura del sitio conocido como Cuatro Caminos.

Notimex
Guadalajara, Jal. Autoridades policiales del estado de Jalisco informaron que se registró un choque en el municipio de Tuxpan, región sur, con saldo de seis personas que perdieron la vida y dos lesionadas.


La Comandancia de la Policía Municipal de Tuxpan señaló que tras un reporte del accidente, agentes policiales se ubicaron en la carretera libre Jiquilpán-Manzanillo, a la altura del sitio conocido como Cuatro Caminos.

En el lugar localizaron lesionado a José Manuel Becerra Navarro, quien presentaba varias contusiones después del impacto que sufrió su camioneta, con placas FSG-1048 del estado de Colima. Sin embargo, en el lugar perdió la vida su acompañante Josué Olaz Cuevas Castillo, quien tenía 28 años.

El mencionado vehículo se impactó contra una camioneta roja con placas JHV-9306 de Jalisco, en cuyo interior murió Martín Amezcua Díaz, de 53 años.

Otras personas que fallecieron en el lugar son una mujer de 43 años, un menor de 15 años, otro de tres y uno más de 18 meses de nacido.

El accidente dejó gravemente lesionada a una joven de aproximadamente 25 años, quien fue trasladada al IMSS de Zapotlán El Grande, al igual que el otro herido.

Tomó conocimiento y se hizo cargo del servicio el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, el Perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la unidad de la Policía Federal Preventiva, con sede en Tuxpan.

CAPTURAN A PRESUNTO JEFE ZETA, POR EJECUCIÓN DE 18 PERSONAS EN JALISCO

Juan Carlos Antonio Mercado es señalado por la autoridad como líder de plaza en Tala; fue detenido en un domicilio del citado ayuntamiento.


Redacción
Jalisco • Policías del Estado capturaron a Juan Carlos Antonio Mercado, El Chato, jefe de la plaza en Tala para los zetas y presunto responsable de la multiejecución en Ixtlahuacán de los Membrillos donde el jueves fueron encontrados los cuerpos de 18 personas en dos camionetas abandonadas en una brecha del citado ayuntamiento.

De acuerdo a versiones oficiales elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco irrumpieron en un domicilio del municipio de Tala donde capturaron a Antonio Mercado.

El pasado viernes también apresaron a cuatro individuos que se encontraban bajo las órdenes de El Chato.

De acuerdo a los elementos los individuos fueron capturados en la calle Cuahutémoc de la colonia La Capilla del municipio de Tala, cuando Ramón Parada Talamantes, Cesar Alejandro Rodríguez Cervantes, Héctor Manuel López y Milton Eribaldo Castro Vega, se trasladaban en un automóvil Chevrolet Impala 2002 en color gris.

Los individuos capturados están relacionados también con la casa de seguridad de donde escaparon 12 personas quienes serían ejecutadas para abandonar sus cuerpos en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara según relató la primera detenida por estos hechos Laura Rosales Sánchez.

Se sabe que gracias a ésta primera detención se lograron avances importantes en el caso pues la hoy arraigada proporcionó datos clave para dar con el paradero de sus cómplices.

POLICÍAS DE JUÁREZ AMENAZAN CON DISPARARLE A PERIODISTAS


De acuerdo con el portal electrónico del periódico El Diario, los agentes forman parte de la escolta de la subdirectora de Tránsito de esa localidad, Marys Domínguez.

Los guaruras de Domínguez viajaban en vehículos oficiales, pero los números estaban cubiertos.

La zona centro de esa frontera fue sitiada anoche por decenas de policías municipales y estatales en un operativo que incluyó revisiones a transeúntes y a clientes de cantinas.

Según El Diario, a unos pocos minutos de iniciar el despliegue policiaco ya había más de 30 personas detenidas, aunque las autoridades no indicaron cuáles eran los motivos.

Sin embargo, en otro incidente, reporteros gráficos de un periódico también fueron amenazados y encañonados con armas de fuego por los policías que resguardan la seguridad de la subdirectora de Tránsito.

Uno de los fotógrafos, quien pidió que su identidad no fuera revelada, relató que tras estar en el operativo en el Centro se dirigió junto con otros compañeros a cubrir una ejecución en otro sector de la localidad, a bordo de un automóvil.

Agregó que en el trayecto se toparon con el convoy de Marys Domínguez al que rebasaron y dejaron atrás.

No obstante, los guaruras de la funcionaria municipal, detalló, los alcanzaron, les cerraron el paso, cortaron cartucho y los bajaron del auto.

El fotógrafo dijo que ellos se identificaron con sus gafetes y les explicaron que eran reporteros que acudían a cubrir un hecho violento en las avenidas Camino Real y Norzagaray.

Aseguró que uno de los policías les respondió: “A mí me vale madre que sean del Diario o del Mexicano (periódicos), qué tal si te disparo, al que le van a echar la culpa es a nosotros, siempre lo hacen. Pónganse al tiro porque ahorita está caliente”.

El reportero gráfico señaló que los agentes portaban uniformes oficiales pero que las unidades en que viajaban traían cubiertos sus números y que la jefa de Tránsito no descendió del vehículo.

ENCUENTRAN TRES CUERPOS EN UNA CAMIONETA EN JUÁREZ

Staff El Diario
Tres hombres jóvenes fueron asesinados esta tarde en la colonia Praderas del Sur, según se reportó a las autoridades poco después de las 14:00 horas.

Vecinos del sector hicieron el llamado de emergencia al parecerles extraño ver un vehículo que tenía mucho tiempo abandonado; al llegar cuerpos policiacos encontraron en el cruce de las calles Caléxico y Alamogordo una camioneta Chevrolet Tahoe, color guinda, a bodo de la cual estaban tres cadáveres del sexo masculino, con una edad aproximada a los 20 años.

Se desconocen las identidades de las víctimas y el móvil del triple homicidio, que tiene características de ejecución. 

CAE OTRO LIGADO A MATANZA EN JALISCO; SUMAN SEIS

El Universal
Guadalajara— En un operativo en el municipio de Tala, en la región Valle de Jalisco, policías estatales arrestaron a un sujeto presunto integrante del grupo criminal responsable de la privación ilegal de la libertad de más de 30 sujetos, de los que 20 fueron asesinados en dos hechos al sur y poniente de la zona metropolitana de Guadalajara.

Fernando Andrade Vicencio, comisario de seguridad pública del estado, informó esta tarde que la detención de este sujeto fue resultado de los operativos y refuerzo de vigilancia en municipios de la Ribera de Chapala y la región Valles, luego del hallazgo de los restos de 18 hombres en dos camionetas abandonadas en las inmediaciones del kilómetro 25 de la carrera Guadalajara-Chapala y el hallazgo de dos hombres muertos a balazos en el municipio de El Arenal.

"En el municipio de Tala se detiene a esta persona abordando una camioneta en color blanco con reporte de robo, y al momento en el que se le hace la revisión se le localiza una pistola.

Es identificado por la difusión que se le dio a su fotografía por algunas instancias investigadoras y que bueno se trataba de El Chato y que estaba involucrado con esta banda de la delincuencia organizada y se dedicaba a levantar personas", explicó el mando policiaco.

El detenido que cuenta con antecedentes penales por delitos del fuero común reconoció su participación en seis secuestros y que sus victimas eran escogidas al azar.

La fotografía de este sujeto quien esta noche será entregado a la Procuraduría General de Justicia del estado fue difundida ayer por el procurador estatal, Tomas Coronado Olmos, quien lo identificó como uno de los cabecillas de una de las células participes del secuestro de al menos 20 personas en la región Valles. 

Con este hombre suman ya seis detenidos vinculados con la organización criminal.

LA IP TAMBIÉN EXIGE RESPUESTAS


-No sea ingenuo coronel -dijo el médico
-Ya nosotros estamos muy grandes para esperar al Mesías.
Gabriel García Márquez


Fernando Villa Escárciga

Antes que un debate público, los candidatos a la Presidencia Municipal han estar prestos a emitir las respuestas que reclama Guaymas.

Desde hace varios días, aquí se ha consignado la preocupante carencia de propuestas de quienes pretenden la Alcaldía.

En esto coincide mucha gente y ahora son los empresarios quienes cuestionan a los pretensos a ocupar la jefatura política del puerto.

Nada extraordinario se pide, sólo claridad sobre los propósitos de los candidatos  a regir el destino del Municipio hasta el 2015.
Esto va dirigido a Manuel Aguilar Juárez (PAN-PANAL); Otto Claussen Iberri (PRI); Librado Navarro Jiménez (MC) y Lino Ruiz Coronel (PRD-PT).

Ya dan náusea frasecitas como “más progreso”, “bienestar para la gente”, "mejor rumbo",“me comprometo y cumplo”, “ciudadanos al poder”...

Son formulismos que quizá en otra época funcionaron.


Ahora los tiempos y la gente son más exigentes y hacen bien. El Municipio no da pa´más.

En los últimos años se organizaron debates --reyertas de saliva --con formatos insustanciales y sosos. De dar güeva, dicen los plebes.

En contraste, bueno sería organizar una especie de Foro y que cada candidato, de uno en uno, responda qué y cómo quiere las cosas para Guaymas.

Es sólo una forma, conste, pues con seguridad de la gente, organismos sociales y privados surgirían mejores ideas.

Cada candidato se podría apoyar en su planilla de doce apóstoles o regidores (as) , “reconocidos” todos por su sapiencia, decencia y solvencia moral.


Por lo pronto, el Consejo Promotor Ciudadano Guaymas 21XXI en su mayoría integrado por empresarios hace valer sus preguntas.

Muchas de ellas están fundamentadas en la obligatoriedad de los Ayuntamientos contenida en el 115 Constitucional.

A la espera de que los “asesores”, “científicos” o “cerebros” de los equipos de campaña tomen nota, ahí va la lista del G 21XXI:

¿Cuál es su visión sobre Guaymas?;

¿Cuál es su misión?;

¿Cuál es la ventaja competitiva de la zona metropolitana Guaymas?;

¿Cuáles son las ventajas competitivas creadas?;

¿Cuál es el nivel de competitividad de la Zona Guaymas?

¿Cuál es la problemática y solución respecto a la Zonificación, planes urbanos y reservas territoriales?;

 ¿Cuál es la problemática y solución respecto a la distribución y tratamiento de agua?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto a la Seguridad Pública y Tránsito?;


¿Cuál es la problemática y solución respecto al transporte público de pasajeros?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto a la recolección y tratamiento de basura?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto al alumbrado público?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto a panteones, parques y jardines?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto a panteones y rastros?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto a instalaciones deportivas?;

 ¿Cuál es la problemática y solución respecto al Presupuesto y manejo de deuda?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto a la Zona Metropolitana Guaymas-Empalme?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto a la Transparencia basada en indicadores públicos y homologados?;

¿Cuál es la problemática y solución respecto a la Rendición de Cuentas, de cara a la ciudadanía?;

¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de la Zona Metropolitana Guaymas?; y

¿Qué conoce del programa de impulso GUAYMAS 21XXI?

Hasta ahora, que se sepa, los candidatos Aguilar y Claussen se han reunido con turisteros, comerciantes y otros gremios.


Y hasta ahora, que se sepa, ninguno de esos temas ha salido a flote en ese intercambio de diálogos. En las fotos, eso sí, todo mundo sonriente.

Pero Guaymas tiene muchas broncas y ya no puede esperar.

Desde las colonias más proletarias hasta los ricos más encumbrados han de exigir certidumbre.

Por cierto, en el Consejo Ciudadano que formuló el cuestionario para los candidatos participan los siguientes personajes:

Luis Felipe Seldner Tonella, Marco Antonio Llano Zaragoza, José Mora Gómez, Juan Dworak Robinson, José Luis Bellot Rojas, Guillermo Soberón Chávez;

María de los Angeles Carvajal Rascón, Yolanda Liñeiro Saldamando, Ramiro Páez Cruz, Heberto Ferreira Avilés, Wilfrido Aldana Cantú;

Pedro García Valdez, Esteban Terrazas Aguirre, Enrique Hudson Alcérreca, Guillermo Iberri Sandoval, Octavio Llano Alverde;


Rafael Caballero Corral, Francisco Uribe Maytorena, Enrique Rodríguez Pompa, Antonio de la Llata Coronado, Perla Mariela García Almada;

María Teresa Célis de Grossman, Marco Antonio Llano Vielledent y Ernesto Zaragoza de Cima.

El grupo incluye empresarios del turismo, agropecuario, maquilas, comercio, pesca y medio ambiente.

También se inscriben historiadores, arquitectos, desarrolladores, del ramo de la construcción y la academia.

Entre ellos varios tienen sus mentes, corazones e intereses pintados de rojo o azul. Ninguno amarillo. Puro “aristócrata”, pues.

Es dable suponer que algunos de los mencionados están comprometidos hasta las cachas con uno u otro candidato.

Siendo así, el espacio está abierto para quien guste retirar su nombre para no incomodar a sus desplumados “gallos”.

De quienes sí se espera respuesta, considerando que quieren gobernar y bien, es de los candidatos todos a la Alcaldía.

Ni modo, señores, ya los pusieron a trabajar. Sorprendan. Porque aun sin foto, de sonreír ganas tiene todo Guaymas.  


Salud. Siempre.