miércoles, 11 de enero de 2012

EL ASESINATO DE ZAFIRO EN ENSENADA

La joven de 15 años fue atada de pies, manos y estrangulada

La PGJE ha dejado más preguntas que respuestas en el homicidio de la estudiante del bachillerato CBTIS 41, luego del hallazgo de sus restos, reportado al C4 el sábado 31 de diciembre, cerca del panteón del poblado de Maneadero.

Ricardo Meza Godoy

La información a cuentagotas proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha dejado más preguntas que respuestas en torno al caso de Zafiro Sánchez Cabrera, joven de 15 años de edad, estudiante de primer semestre de Electrónica en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 41, localizada sin vida en las inmediaciones del panteón del poblado de Maneadero el 31 de diciembre de 2011.

Luego del hallazgo, reportado al C4 ese sábado a las 9:28 horas, a la dependencia estatal le tomó más de tres días confirmar públicamente la identidad de la menor, cuyo cuerpo se encontraba en estado de descomposición, con las piernas dobladas hacia la espalda, atada de pies y cuello.

Según la subprocuradora de Zona Ensenada de la PGJE, Lidia Gallegos Aguilar, Zafiro murió debido a asfixia por estrangulamiento, aunque se negó a proporcionar el dato del tiempo estimado de muerte, bajo el argumento de que forma parte de la investigación para dar con el paradero de los implicados; ya hay sospechosos.

Pese a portar la misma ropa (uniforme de su escuela con el logotipo estampado, falda color gris, suéter negro, camiseta tipo polo color blanco, calcetas blancas, short de licra color azul) y reunir la misma filiación y características con las de la joven desaparecida, la Procuraduría no confirmaba la identidad.

La publicación de esos datos el domingo 1 de enero en medios impresos y electrónicos, aunado a la relación entre la vestimenta de Zafiro y el cuerpo localizado en Maneadero, tuvieron impacto en la familia de la adolescente, que hasta ese momento desconocían si se trataba de la menor.

La madre de Zafiro, María Eugenia Cabrera Mejía, comentó a ZETA el lunes 2 de enero a las 11:00 de la mañana, que las autoridades aún no le confirmaban si el cuerpo de la mujer descubierto en el poblado al sur de Ensenada, fuese el de su hija, y se encontraba muy consternada por la información que comenzaba a filtrarse.

Ese mismo día, alrededor de las 14:25 horas, la subprocuradora Gallegos Aguilar aseguró que no podía verificar la identidad hasta que se concluyeran las pruebas de ADN que le fueron tomadas a familiares de Zafiro, incluyendo a María Eugenia Cabrera; ésa sería la prueba definitiva.

Sin embargo, referiría después la propia subprocuradora, lo que logró determinar la identidad de la menor fue el cotejo de las huellas dactilares tomadas de una tarjeta del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, proporcionada el domingo 1 de enero por el padre de Zafiro, Fidel Sánchez López, elemento de la Secretaría de Marina Armada de México en Ensenada.

Sánchez había acudido ante las autoridades para identificar el cuerpo, localizado en Maneadero, y confirmó que la ropa coincidía con la de su hija.

Finalmente, la familia de Zafiro fue notificada de la identidad el lunes 2 de enero, mientras que el martes 3, el padre de la joven solicitó la liberación del cuerpo, entregado ese día en el transcurso de la tarde por las autoridades y velado durante la noche.

La confirmación de la identidad de Zafiro a la comunidad en general se dio hasta el mediodía del miércoles 4 de enero, al tiempo que la Subprocuraduría daba los pormenores a las 13:00 horas y Zafiro estaba por recibir sepultura.

Activa y aficionada al Animé

Lidia del Carmen Ramírez Tejeda, directora del CBTIS 41, escuela donde estudiaba Zafiro, lamentó los hechos.

“Zafiro Sánchez era una muchacha identificable dentro del plantel debido a su estatura”, dijo. 1.70 metros y su peculiar cabello, con pequeños rayitos y mechones color rosa. Estudiaba el primer semestre de Electrónica.

Su comportamiento era como el de la mayoría de los estudiantes de preparatoria, era una chica activa y participativa que formaba parte de un club de Animé, que se reúne los sábados en la escuela. No era retraída ni mostraba algún comportamiento que requiriera llamadas de atención. Tampoco tenía antecedentes de mala conducta.

La maestra recordó que la madre de Zafiro había acudido días después de la desaparición de su hija al plantel, a preguntar entre sus compañeros si tenían información sobre su paradero.

El suceso no tiene precedentes en el CBTIS 41, lo más cercano fue el caso de un estudiante que un día no volvió a su casa luego de acudir a la escuela por quedarse con compañeros, la madre acudió al plantel y el menor apareció horas después. Pero nada como esto.

La seguridad en la escuela, afirmó la directora, ha sido siempre tema de interés. Refirió que existen diversas medidas, como el apoyo de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública en las horas de entradas y salidas, mantenimiento permanente a las luminarias de los alrededores de la escuela por Obras Públicas Municipales, juntas con los padres de familia para abordar temas relacionados con el control de las salidas de los jóvenes (que salgan sólo al terminar su horario de clases) y la necesidad de portar en todo momento el uniforme, operativos mochila y cursos para padres realizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Luego de la construcción de una plaza comercial cercana, donde se ubican cines, tiendas y restaurantes, la escuela se ve más propensa a las “pinteadas” de los jóvenes a esos sitios, situación que se aborda dentro de las juntas escolares, de acuerdo con la explicación de la directora, quien aseguró que tomarán medidas más estrictas para cuidar a los estudiantes, al menos hasta donde les compete.

El día de la desaparición de Zafiro, la escuela se encontraba en periodo de exámenes finales, con entrega de calificaciones y horarios quebrados. Las entradas y salidas de los estudiantes en esos periodos no tienen horarios fijos.

Durante la rueda de prensa convocada por la PGJE, el miércoles 4 de enero al mediodía, la subprocuradora mencionó que pese a darse por concluida la orden de localización de la menor luego de que el padre de Zafiro reclamara el cuerpo, se mantiene una averiguación previa por el delito de homicidio calificado, “la cual tiene bastantes datos para la investigación, esos datos desafortunadamente por el momento me los tengo que reservar por la propia investigación, para no correr riesgo con el esclarecimiento de este hecho”, dijo Gallegos.

“Sí tengo datos exactamente en la fecha probable de la muerte, tengo otros datos de después de la fecha de la desaparición. Sin embargo, son datos que me tengo que reservar, por el momento no es oportuno informarles detalles de cómo va la investigación, porque pues, tenemos un homicidio calificado, un presunto responsable, pues (que) le tuvo que privar de la vida; y yo al momento de estar haciendo comentarios de cómo va la investigación, el dato precisamente que me acaba de preguntar (tiempo de muerte) es muy importante para nosotros y me lo voy a reservar”, aseveró Lidia Gallegos.

Hasta el momento la PGJE asegura no contar con más denuncias de menores extraviados. Preguntas sobre líneas de investigación, sobre sospechosos o algún riesgo de otros jóvenes estudiantes, información sobre los movimientos de Zafiro luego de su desaparición y/o cualquier dato adicional del caso, no serán dados a conocer, ya que “se está investigando”, concluyó la autoridad.

VIENE AMLO A EMPALME

Estará el 28 de Enero, en la Plaza del Tinaco a las  10:00 horas

Se llevó a cabo la Conferencia de Prensa convocada por la Coalición Movimiento Progresista de Empalme, Sonora, integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dando a conocer lo siguiente:

Que el responsable de la Coalición Movimiento Progresista en la región noroeste de nuestro país es Dante Delgado Rannauro.

2. Que el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de Sonora es Alfonso Durazo Montaño.

3. Que los responsables de los eventos de Andrés Manuel López Obrador son los partidos que integran la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y PMC).

4. Que se han programado reuniones periódicas entre los dirigentes estatales de los partidos miembros de la Coalición Movimiento Progresista para sacar adelante una
agenda de trabajo que contemple, en principio, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Sonora.

5. Que la gira de Andrés Manuel López Obrador en Sonora será del 27 al 29 de enero del presente año, visitando las siguientes ciudades: 27 de enero, Álamos,
Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez; 28 de enero, Empalme, Santa Ana y Caborca; y 29 de enero, Magdalena, Agua Prieta y Cananea.

6. Que en Empalme, el evento se celebrará en la Plaza Independencia (mejor conocida como del Tinaco), el sábado 28 de enero a las 10:00 horas.

7. Que la Coalición Movimiento Progresista en Empalme, estará reuniéndose con el propósito de garantizar un evento digno de la importancia del candidato de la izquierda mexicana y del movimiento progresista, Andrés Manuel López Obrador.

Agradecemos su atención al presente boletín.

 A T E N TA M E N T E
C. ADRIÁN HERNÁNDEZ FLORES
PDTE. PRD EMPALME COORD.
C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORA
PT EMPALME
C. GERARDO LOZANO HERNÁNDEZ
COORD. PMC EMPALME
C. PABLO MARTÍNEZ MORALES
COORD. MORENA EMPALME

OSCAR ARMANDO DACCARETT CASAS DESCONOCE RELACION CON EL EX GOBERNADOR

Óscar Armando Daccarett Casas desconoce relación con el ex gobernador
 
En el interrogatorio, Daccarett, uno de los tres socios de la compañía Las Veredas de San José, S. de R.L, responsable de la primera operación de compraventa de los terrenos del gobierno estatal, se negó a responder las preguntas formuladas por el fiscal, donde sale a relucir el nombre de su padre. Inclusive lo desconoce.

Gerardo Zúñiga Pacheco
La Paz, Baja California Sur.  Después de un compadrazgo del que presumían y se jactaban en el anterior sexenio, hoy Óscar Armando Daccarett Casas, inseparable amigo de Narciso Agúndez Montaño y ex comisionado de Pesca Deportiva del gobierno del estado, entró en una etapa de crisis emocional, al grado de desconocer el nombre de su padre, la relación de carácter personal y de negocios de su progenitor con el ex gobernador. También desconoce el cargo que ocupó en la anterior administración del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Lo anterior quedó asentado en la declaración preparatoria que Daccarett rindió en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en torno a la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas.
En el interrogatorio, Óscar Daccarett, uno de los tres socios de la compañía Las Veredas de San José, S. de R.L., responsable de la primera operación de compraventa de los terrenos del gobierno estatal, se negó prácticamente a responder las preguntas formuladas por el fiscal, donde sale a relucir el nombre de su padre, e inclusive lo desconoce.
A continuación, un extracto del interrogatorio:
—  Que diga el testigo cómo se llama su padre, dando nombre completo, apellido materno y paterno…
“No voy a responder ninguna pregunta familiar, sólo a preguntas de la demanda”.
— Que diga el testigo si sabe o le consta, si ha existido o existe alguna relación de carácter personal o de negocios entre su padre, Óscar Daccarett Habiff, y Narciso Agundez Montaño…
“Ése no es mi padre, mi padre se apellida diferente, el segundo apellido es diferente y no sé si haya relación entre ellos, sólo por los periódicos sé que es comisionado de Pesca Deportiva”.
—  Que diga el testigo, cuál es la relación existente entre Narciso Agúndez Montaño y Usted…
“Ninguna”.
De esta manera, el hijo del empresario -cuyos negocios y fortuna están sujetos a investigación- trató de desvirtuar la sólida y conocida amistad pública entre el ex gobernador y su padre, quien inclusive en el sexenio pasado, instauró un torneo de pesca deportiva llamado Copa Gobernador, en honor a su íntimo amigo.
Las sospechas
En la indagatoria que sigue la PGJE en torno a este caso de corrupción en el sexenio del ex gobernador del PRD, los investigadores tienen la fundada sospecha de una relación de negocios entre Óscar Armando Daccarett Casas y Hassan Mansur González, en conexión con Narciso Agúndez Montaño, los cuales -a decir de los investigadores- podrían estar sirviendo de prestanombres del ex mandatario.
Y es que, casualmente, los dos únicos compradores de los siete bienes inmuebles de El Pedregal de Cabo San Lucas, son originarios de Torreón, Coahuila. Por eso, el agente del Ministerio Público del Fuero Común cuestionó a Daccarett sobre su relación con Mansur, cuando fue citado a declarar en torno a los hechos.
Éste es un fragmento del interrogatorio:
—  Que diga el testigo si conoce a Hassan Mansur González…
“No lo conozco, sé quien es solamente, sólo que la familia Mansur González es muy conocida en Torreón, Coahuila, de donde soy originario, nada más”.
—  Que diga el testigo si algún miembro de su familia conoce a algún miembro de la familia Mansur González…
“Lo desconozco”.
—  Que diga el testigo si conoce o sabe de la existencia de la empresa Inmuebles Samar Torreón, S.A. de C.V…
“No la conozco, ni sé de su existencia”.
— Que diga el testigo si conoce o sabe de la existencia de la empresa Sonia Torreón, S.A. de C.V…
“No la conozco”.
— Que diga el testigo si conoce a la señora Sonia Mansur González…
“No la conozco, se dé una familia Mansur, pero no conozco a nadie de esa familia”.
— Que diga el testigo si sabe de la existencia de la familia Mansur González…
“Durante mi vida en Torreón he escuchado de ellos por diversas personas y he visto fotos en periódicos, estoy hablando hasta que yo tenía 18 años; doce años atrás”.
El testimonio de Alfredo Porras
En esta indagatoria, el ex secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez, rechazó que haya estado presente en la reunión donde se firmó la minuta para autorizar la segunda operación de compraventa de los siete bienes inmuebles, fechada el 17 de febrero de 2011. Es decir, una semana después de la derrota del PRD, y donde supuestamente había estado acompañado de Narciso Agúndez Montaño y de Juan Garibaldo Romero Aguilar, en su calidad de gobernador y oficial mayor, respectivamente, del gobierno estatal.
En su declaración preparatoria, el ex funcionario reconoció como suya la firma que aparece en la minuta, pero “no estuve presente físicamente en la reunión y firma de la minuta, sino posteriormente, como a los dos o tres días, el director de Asuntos Jurídicos, Ramón Alejo Parra Ojeda, me la llevó a mi oficina y me pidió que firmara la minuta.
“Antes de firmar, yo lo interrogo que si todo estaba en orden, dado que desconozco cuestiones de valores de mercado, catastrales y otras cosas relacionadas a la venta de bienes inmuebles, y me responde que sí estaba todo correcto y firmo posteriormente el documento, atendiendo instrucciones del gobernador, como marca la Ley”, relató en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.
Los Razonamientos del MP
En esta investigación, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, ha llegado a la conclusión de que en las dos operaciones de compraventa “hubo dolo”, ya que aprovechándose de su cargo e investidura, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño vendió los siete bienes inmuebles a precios muy inferiores del mercado, sólo por tratarse de compañías propiedad de compadres y amigos; inclusive dando facilidades de pago de hasta más de tres años, contraviniendo así la Ley, y actuando en perjuicio del Estado y los intereses de la sociedad.
En uno de sus razonamientos, el representante social explica que ha quedado plenamente demostrado  que la actuación del ex mandatario provocó “un daño en los intereses del negocio de la licitación pública, acreditándose a todas luces un favoritismo a las empresas adquirientes, satisfaciendo indebidamente el interés de las mismas en obtener ilícitamente los bienes inmuebles, violentando el procedimiento de licitación establecido, sobre todo porque Óscar Armando Daccarett Casas, es hijo de un empresario de un íntimo amigo y compadre de Narciso Agúndez Montaño, no obstante que sospechosamente la compañía de Las Veredas de San José, S. de R.L. se haya apersonado y aceptado perder la cantidad de 3 millones 810 mil pesos por la reparación del daño o cancelación de la operación de compraventa”.
El Ministerio Público deduce que la actitud del ex gobernador y sus funcionarios configura la figura activa del ilícito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el numeral 147 en sus fracciones III y IV del Código Penal Vigente, ya que desplegaron conductas de acción y omisión que encuadran dentro de ese delito, al permitir que no se cubriera en la primera operación el dinero, y que eso obligara a la cancelación del contrato; y en el caso de la segunda operación de compraventa, que no se licitara y se asignara de forma directa.
Independientemente de los razonamientos, toda la información que ha recabado el Ministerio Público está sirviendo para que en los próximos días o semanas, pueda librar nuevas órdenes de aprehensión por los delitos de falsedad de declaraciones y abuso de autoridad, principalmente.
Niegan amparo a Luis Armando y Francisco Karim
Los ex funcionarios del pasado sexenio que abusaron de sus cargos y poder, siguen recibiendo el revés de la justicia. Por lo pronto, el ex secretario general de Gobierno y ex procurador de Justicia, Luis Armando Díaz y Francisco Karim Martínez Lizárraga, no podrán gozar de la protección de justicia federal que rechazó su solicitud de amparo, promovido en el Juzgado Primero de Distrito, a cargo de Alfredo Manuel Bautista Encinas.
En el caso del ex titular de la PGJE, el juzgador negó la suspensión definitiva contra actos del juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal que lleva el caso de la invasión de La Ballena en San José del Cabo, Baja California Sur, donde Francisco Karim Martínez Lizárraga, validó en calidad de Notario Público Número 22, la supuesta operación de compraventa entre el indiciado y encarcelado César Uzcanga Amador y Martín Ceseña Cosío, quienes posteriormente fraccionaron y vendieron parte de los terrenos a militantes del PRD y del Partido del Trabajo (PT).
En el caso de Luis Armando Díaz, ex candidato a la gubernatura del estado por el PRD y ex secretario general de Gobierno en la administración de Narciso Agúndez Montaño, el juez negó el amparo promovido contra el auto de formal prisión decretado en su contra el 3 de diciembre de 2011 por la licenciada Rosario del Carmen Palacios Montaño, según la causa penal número 261/2011.
El procesado fue declarado culpable por el delito de incumplimiento de un deber legal en perjuicio del gobierno del estado, por la cantidad de 76,200,000.00  pesos, por haber incurrido en la comisión del citado delito, ya que de manera dolosa e ilegal -entre Díaz y otros ex funcionarios-, beneficiaron a la empresa Las Veredas de San José, S. de R. L. de C.V., propiedad del hijo de Óscar Armando Daccarett Habiff, compadre del ex gobernador. (Alejandro Acuña Rivera)

NARCOMENUDEO EN LORETO: GUERRA POR LA

Identificado como uno de los principales distribuidores de droga en esta población, de poco más de 10 mil habitantes, Juan Alberto Palafox, originario de Sinaloa, fue atacado por Valentín Geraldo “El Barraza” y Hugo Gurrola “El Hugo”, bajo órdenes de un tercer delincuente apenas conocido por su apodo.

Investigaciones ZETA
Loreto, Baja California Sur. La disputa por el control de la plaza del narcomenudeo en esta pequeña población, de poco más de 10 mil habitantes, comenzó con el levantón y golpiza de Juan Alberto Palafox “El Rengo”, considerado uno de los principales narcomenudistas del lugar, según el mapa criminal elaborado por autoridades federales y militares.

Tras haberlo levantado, golpeado y abandonado en un camino de terracería que lleva al poblado turístico de San Javier, los presuntos agresores ya habían dado por muerto al supuesto delincuente de 37 años, originario de Sinaloa.

Datos recabados por ZETA refieren que Palafox fue levantado a las 10:30 de la noche del 1 de enero en su domicilio particular, en las calles Halcones y Golondrinas, Colonia Miramar de Loreto, hasta donde primeramente llegó un pick-up color arena, del cual descendieron dos sujetos armados con una pistola, apuntando y amenazándolo. Después comenzaron a golpearlo, por lo que uno de ellos hizo una llamada vía celular y, repentinamente, apareció un vehículo color guinda de donde bajaron otras cuatro personas, quienes también lo golpearon y lo subieron a la unidad sedan de dos puertas, para emprender la huida de inmediato.

Al percatarse del hecho, los vecinos alertaron a las autoridades, por lo que hasta el lugar llegaron tres unidades de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Loreto; posteriormente arribó el agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En el lugar observaron huellas de sangre y de violencia, y a un costado un teléfono celular destrozado, por lo que se ordenó la fijación y levantamiento de evidencias e indicios para esclarecer el hecho.

Casi 10 horas después de la desaparición, un automovilista reportó el hallazgo de un cuerpo bañado de sangre, tirado en el Kilómetro 3 de la carretera que conduce al poblado turístico de San Javier.
Por tal motivo, el agente del Ministerio Público fue hasta el sitio donde encontraron tirado el cuerpo de “El Rengo”, quien presentaba múltiples heridas en el cuerpo, ninguna de bala, por lo que estaba aún con vida e inmediatamente fue trasladado al hospital general del poblado.

Hoy se sabe que el herido únicamente pudo identificar a dos de sus agresores: Valentín Geraldo “El Barraza” y Hugo Gurrola “El Hugo”,  quienes, según datos de inteligencia del Grupo de Coordinación, operan para el nuevo líder del narcomenudeo de la plaza de Loreto, identificado con el alias de “El Profe”.
En sus primeras declaraciones, “El Rengo” dijo desconocer por qué lo habían levantado y hasta inicialmente negó saber el nombre de sus agresores, sin embargo, después de varias contradicciones, terminó por confesar cuando menos el nombre de los dos primeros atacantes, quienes llegaron armados hasta su casa y lo sometieron para posteriormente entregarlo a otros sujetos.
Cabe destacar que uno de los señalados, “El Hugo”, desempeñó el cargo de coordinador de Programas de Modalidades Sociales en el Ayuntamiento de Los Cabos, cuando Luis Armando Díaz fungió como alcalde de ese destino turístico.
Por su parte, el médico legista de la PGJE certificó que Juan Alberto Palafox presentaba heridas múltiples y cortes contundente en región parietal derecha, hematoma y equimosis en brazo izquierdo; lesiones que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en riesgo su vida.
Y es que según la versión de “El Rengo”, los victimarios no pararon de golpearlo desde su casa hasta que perdió el conocimiento, “cuando me llevaban pa´l lado del poblado de San Javier”.
Con toda esta información, la PGJE emprendió la búsqueda de los agresores, logrando ubicar primero a Valentín Geraldo “El Barraza”, de 30 años, sobre la calle Cloromido Cota de la colonia Miramar, en Loreto, mientras caminaba. El sujeto corrió cuando le marcaron el “alto”, hasta que metros adelante fue alcanzado y sometido por agentes de la Policía Ministerial.
Posteriormente, los policías fueron hasta la colonia Obrera de esa población, donde detuvieron a “El Hugo” cuando circulaba sobre la calle Tapiceros en su vehículo. Al ser sometido a una revisión, le encontraron fajada una pistola tipo revólver de color negro con dorado, marca Sturmruger&Co, abastecida con dos cartuchos, uno de ellos percutido y calibre 22.
Por tal motivo y en espera de ampliar la investigación, los dos detenidos fueron arraigados por un periodo de 30 días, en tanto el agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Homicidios Dolosos, determina su situación jurídica.

TRÁFICO DE INFLUENCIA EN BC

La vía corta Tijuana-Tecate para Dimas Campos

En 2008, funcionarios del gobierno del estado pidieron a Carrizo Borge Railways Inc. incluir como socio en la explotación del servicio de carga en la vía férrea, al empresario Dimas Campos, porque había invertido mucho dinero en la campaña del mandatario estatal, José Guadalupe Osuna.

El 2 de enero de 2012, sin concursar ni contar con locomotoras, vehículos ni personal, le entregaron el contrato.

Rosario Mosso Castro
La empresa Baja California Railroad Inc., propiedad de Dimas Campos, recibió de Admicarga un permiso, por lo pronto bimensual, para la operación y explotación de la Vía Corta Tijuana-Tecate.

Su principal competidor, la empresa Carrizo, argumenta irregularidades en el proceso de adjudicación, relacionadas con el dinero invertido por el empresario de carburantes, en la campaña a Gobernador de José Guadalupe Osuna, por lo que abiertamente han tratado de incluir en el permiso, o entregárselo, desde el año 2008.

Cuauhtémoc Cardona Benavides, Secretario General de Gobierno, lo niega, y asegura que se vieron obligados a cambiar de contratistas por problemas de mantenimiento en las vías y circunstancias legales que afectaban la operación de Carrizo Borge Railways Inc. (CZRY) con quien operaban desde el año 2001.

Aseguró que el contrato de Railroad Inc. se le adjudicó después de analizar tres propuestas que se recibieron por invitación. Aunque conforme a los dichos en Carrizo, los invitados no fueron notificados que se trataba de un concurso.

Respecto al favorecimiento por compromiso político-económico declaró: “No quiero entrar en ese juego. El Gobierno del Estado, particularmente yo, no estamos haciendo ese tipo de valoraciones, en cuanto a lo que argumentan de Dimas, te puedo decir que se dice más de Carrizo”.

¿Que ellos pusieron más dinero para la campaña?, pregunta ZETA. “Se dice más de Carrizo”, repitió y agregó: “Aquí nosotros no vamos a favorecer más allá de quien preste un mejor servicio para la operación de vías e intercambio de bienes, ésa es la instrucción del Gobernador”.

Sin embargo, reconoció que en tiempos del fallecido secretario Francisco Blake, se manejó la posibilidad de que Campos ofreciera el servicio.

De entrada, los propietarios de Carrizo piden reglas claras y un proceso transparente en el otorgamiento del próximo contrato para la explotación de las vías, sea por concurso o licitación, dado que no existe ninguna circunstancia extraordinaria que permita o justifique la adjudicación directa.

Y advierten que entregaron el contrato temporal de forma irregular:
- A una empresa que no tiene ni locomotora ni carros de carga.

- E interrumpieron el servicio por más de seis días sin notificar y el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que debió solicitarse con tres meses de anticipación.

La versión de Carrizo
Para la CZRY la historia de la intentona de entrega del servicio público a Campos, empieza a finales de 2008, cuando fueron notificados que el contrato original de 25 años se reduciría y el compromiso de la paraestatal con ellos concluiría el 31 de diciembre de 2011, cuando se volvería a concursar. Conformes, se dieron por enterados.

Justificado en un proyecto de modernización de la vía, firmaron un convenio que modificaba el contrato original con el “compromiso verbal” de que este año serían invitados a competir por el servicio al igual que otros proveedores.

En las mismas conversaciones recibieron dos recomendaciones de sus interlocutores del estado, representados por el director de Admicarga, Jorge Octavio Monraz Sustaita. Les pidieron que contemplaran la posibilidad de incluir como socio a Dimas Campos o que le compraran el diesel, fueron claros, querían favorecerlo porque había metido mucho dinero a la campaña del gobernador y querían que se recuperara.
Los permisionarios no vieron mal la sugerencia de entrada y lo citaron en las oficinas del Consejo Coordinador Empresarial; como no manifestó disposición para invertir capital, la sociedad se olvidó; tampoco aceptó ofrecerles un precio atractivo en el combustible, no llegaron a ningún acuerdo.

De acuerdo a datos recabados por ZETA, la inclusión de los Campos en la explotación de las vías era un tema largamente planeado, porque en agosto de 2007 constituyeron una sociedad llamada Ferrocarriles Baja Express S.A. de C.V., para ofrecer transporte de carga y personas por vía terrestre, marítima y aérea. Esto quedó archivado en el Registro público de la propiedad de Baja California.

Baja California Railroad Inc. nació en marzo de 2008, pero ésta no aparece en el RPPC, lo único que se pudo rastrear fue si inscripción en los grupos de ferrocarrileros en California, donde presuntamente presentó una copia de la concesión  recibida del gobierno mexicano para explotar la vía corta. Documento que no podía tener, dado que la concesión es de Admicarga y el propietario del contrato era todavía Carrizo Borge Railways Inc.

El 16 de diciembre de 2011, Carrizo recibió el oficio ADMI503/2011 recordándole el vencimiento del contrato y para “asegurar la continua y permanente prestación del servicio”  le proponían “la posibilidad de celebrar un nuevo contrato” que vencería el 29 de febrero de 2012”, el día 20 del mismo mes respondieron que estaban muy interesados en continuar prestando el servicio y que elaboraran el convenio para firmarlo.

De acuerdo a la versión del Secretario General de Gobierno, al mismo tiempo fueron invitadas otras dos empresas, incluida la de Dimas Campos.

Después de varias reuniones Admicarga y Jorge Monraz  “desconocen” a Carrizo y las condiciones previamente pactadas para continuar el servicio. Lo hacen impidiendo el ingreso del personal de la empresa a las instalaciones de la vía férrea.

Previamente, los desencuentros entre los directivos de CZRY y Monraz se dieron por dinero, Carrizo argumentaba:

-Que si deseaba terminar el contrato debía finiquitar y entregarle los 91 mil 452. 51 pesos que le debía por los servicios prestados de septiembre a diciembre, que no se habían pagado mensualmente como exige el contrato.

- Y además debían entregarles recibos por la retención de 55 mil 678.94 pesos en agosto y 30 mil 271 pesos en diciembre. Recursos que conservó el estado bajo el argumento que serían utilizados en el mantenimiento de la vía. Pero la empresa necesitaba los recibos que acreditaran el pago de servicios y productos para ingresarlos en sus registros fiscales. Admicarga continúa sin entregarlos.

“Para refutar el argumento de que no se cumple con el mantenimiento de la vía, el Carrizo tiene recibos para acreditar lo que se ha invertido, lo que se ha gastado, con la cuadrilla de nuestra empresa y lo que hemos entregado a la paraestatal”, detalló el representante legal de la empresa, Benigno Licea.

Suspensión irregular del servicio
La empresa de Campos no consiguió que los empresarios ferrocarrileros de California le rentaran locomotoras ni carros para prestar el servicio, por la forma en que se dio el cambio de contrato, y porque no se licitó aunque se sabía que varios de ellos estaban interesados.

Consiguió el equipo con una compañía al norte de Estados Unidos, pero tardarán más de un semana en llegar, así que el servicio permanecerá interrumpido.

En su defensa el secretario de gobierno aseguró que en Estados Unidos hay muchas empresas ferroviarias asociadas que controlan todos los intercambios de carros, y nadie es dueño, todos rentan.

Adicionalmente, según explicó Cardona cuando se le cuestionó la interrupción del servicio, Railroad Inc. debe realizar un trámite ante el gobierno de Estados Unidos para darse de alta, que dura más de una semana, y eso fue motivo de la interrupción.

Se le cuestionó que en ese caso debieron iniciar los trámites con mayor anticipación y notificar a la SCT. Además, que se tenía conocimiento por las revistas de las asociaciones ferroviarias de California que Baja California Railroad ya se había dado de alta desde 2008 sin tener concesión. Lo que justificó: “En cada ocasión se debe correr un nuevo trámite”, sin responder el resto de las preguntas.

Los operadores de la vía son del Sindicato de Ferrocarrileros Nacionales, tienen contrato con Carrizo y recibieron la orden desde México de respetarlo.

Sin embargo, aseguran que  el 2 de enero recibieron la visita de Jorge Monraz acompañado del secretario Cuauhtémoc Cardona, llevaba a presentarle al señor Dimas Campos para informarles que Baja California Rail Road Inc. sería la nueva permisionaria.

Intentaron contratarlos, les advirtieron de los riesgos de perder las prestaciones y sueldos si se quedaban con la empresa Carrizo porque estaba en problemas y hablaron de las ventajas de apoyarlos. Como se habían quedado con dinero de CZRY podrían garantizarles el sueldo y compensaciones.

La instrucción hasta la primera semana de enero para los empleados era que no trabajarían con la nueva empresa, sin embargo dados los retrasos en los trámites, tendrán más tiempo para pensarlo.

Permisos 2012
Contratos de prestación de asesoría y de apoyo técnico en la operación y explotación del servicio de transporte es lo que el director de Admicarga está facultado a realizar con sus permisionarios desde diciembre de 2001 cuando recibió del gobierno la concesión y la facultad de operarla mediante: “…adjudicación, concurso, invitación o licitación”, según indica su decreto de creación.

El mismo que ordena se haga cumpliendo con las bases técnicas “…de acuerdo a los reglamentos y leyes aplicables”.

Los cuales por control indican sólo pueden hacerse por “economía y eficiencia” o por los argumentos enumerados en los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones. Pero ninguno de los argumentos es aplicable en el caso del contrato de Railroad Inc.

Cardona Benavides refirió deficiencia en el servicio de mantenimiento de parte de Carrizo y pidió que Jorge Monraz lo aclarara, sin embargo ZETA llamó a los teléfonos de oficina y móvil del funcionario, le dejó recados por ambas vías y con su personal, refiriendo el tema, y no respondió. La realidad es que en Admicarga sabían desde diciembre de 2008 que el 1 de enero debía haber cambios y no tomó las prevenciones debidas.

A nombre del estado, Cardona Benavides defendió el permiso otorgado asegurando que: Carrizo sabía que su contrato finiquitaba; Admicarga no está obligado a licitar  porque las líneas férreas se rigen por otras regulaciones; además que el permiso es corto; y sí compararon opciones en una especie de concurso por invitación en el que participaron 3 compañías incluida Carrizo.

“Con Jorge Monraz me hiciera valoraciones técnicas de la falta de mantenimiento de vías. Y revisión de propuesta económica con Víctor Adán López.

“No sé qué quieren ellos pero nosotros queremos la empresa que preste el mejor servicio y en esta breve etapa, decidimos por Baja California Railroad porque ya había recorrido camino (permiso solicitado en 2008), es local y le estamos dando la oportunidad”.

Y reiteró: “No se ha dado el contrato definitivo de quién va operar, estamos haciendo una revisión de las necesidades para después analizar propuestas de quien podrá garantizarnos un mejor servicio de largo plazo.

Declaró que será otorgada a la empresa que pueda responder económica y operativamente por el mantenimiento y modernización de las vías, que es en este momento el mayor problema para otorgar el servicio. “La seguridad es nuestra prioridad”.

El subsecretario de la  General de Gobierno, Ismael Chacón agregó: “Todas las adjudicaciones y contratos de Admicarga son valorados por SCT”, a lo que ZETA contra argumentó “…pero SCT les valida lo que ustedes envían”.

Sin embargo aseguró que todo se hizo de la manera correcta porque el reglamento contempla que se tomen acciones extraordinarias y temporales si son validadas por la SCT para que el servicio no se interrumpa. Aunque no refirieron cuáles eran las situaciones excepcionales insistieron “se tomaron las providencias… y son temporales”.

Además, para justificar la evasión de la licitación, aseguró que por su conformación, aunque Admicarga es una paraestatal, al ser concesionaria y entregar la prestación del servicio a un tercero, establece contratos del tipo privado, no como ente de gobierno.

Más allá de los dichos, Admicarga es una paraestatal que debe ajustarse a la Ley de Adquisiciones, la cual es clara al instruir que la selección del procedimiento de adjudicación “… deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el sujeto obligado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación. En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios…”.

Y prohíbe pagar o recibir favores políticos. Sin embargo, ahora es cuestión de dar seguimiento al proceso y esperar al próximo 1 de marzo, cuando la nueva empresa ferroviaria reciba finalmente el permiso de explotación de largo plazo.

LOS EXPEDIENTES DE BENJAMIN ARELLANO EN MEXICO

CASO POSADAS (delitos federales)

Proceso penal: 30/96.

Juzgado: Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Delitos: Asociación delictuosa, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, acopio de armas, introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos, almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación y equiparable al contrabando.

Asunto: Caso Posadas, delitos federales en el Aeropuerto de Guadalajara 24/05/93.

Resolución: El juez dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar.  El Primer Tribunal Unitario “A” de Toluca confirmó el fallo en el toca penal 182/2002.

CASO POSADAS (delitos fuero común)

Causa penal: 333/93.

Juzgado: Segundo de lo Criminal en Guadalajara.

Delitos: Homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

Asunto: Caso Posadas, crimen del prelado y seis personas más en el Aeropuerto de Guadalajara 24/05/93.

Avance: Orden de aprehensión vigente (no cumplimentada).

CASO POSADAS (indagatoria abierta Fiscalía Especial)

Averiguación previa: SE/001/95.

Autoridad: SIEDO (PGR).

Delitos: Homicidio calificado y otros.

Asunto: Caso Posadas, crimen del prelado y seis personas más en el Aeropuerto de Guadalajara 24/05/93.

Avance: Averiguación previa abierta, sin determinar.

SENTENCIA COHECHO A MILITARES

Proceso penal: 28/97.

Juzgado: Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Contra la salud y asociación delictuosa (absuelto por cohecho).

Asunto: Ofrecimiento de cohecho al General José Luis Chávez, ex delegado de la PGR en Baja California.

Resolución: En septiembre de 2007, el juez dictó sentencia de 22 años de prisión.

LÍDER DEL CAF

Proceso penal: 29/2002.

Juzgado: Primero de Distrito “B” en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Asociación delictuosa y delitos contra la salud, en la modalidad de tráfico de cocaína y marihuana.

Asunto: Asociación criminal con otros miembros del Cártel Arellano Félix y su presunto liderazgo.

Resolución: La juez dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. La PGR apeló a la resolución ante el Primer Tribunal Unitario “B” de Toluca.

CARGAMENTO DE DROGA

Proceso penal: 349/92-5B.

Juzgado: Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Contra la salud, en el tipo de posesión finalista de cocaína y marihuana.

Asunto: Un tráiler con cocaína y marihuana, asegurado en 1992 en una residencia de Tijuana, Baja California, presunta propiedad de los hermanos Arellano Félix.

Resolución: El juez dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. El Segundo Tribunal Unitario de Toluca confirmó el fallo en el toca de apelación 180/2002.

NAVÍO CON COCAÍNA

Proceso penal: 24/2000-V.
Juzgado: Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y contra la salud.

Asunto: Aseguramiento del barco “El Pámpano” en 1999 en Oaxaca, cargado con cocaína.

Resolución: El juez dictó auto de formal prisión. La PGR apeló ante el Segundo Tribunal Unitario de Toluca, que confirmó el formal procesamiento en el toca 574/2002.

CAPTURA EN PUEBLA

Proceso penal: 33/2002-VI.

Juzgado: Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Asunto: Aprehensión de Benjamín en Puebla, el 9 de marzo de 2002. El Ejército mexicano y la PGR hallaron dos rifles AK-47 y una pistola calibre 38 súper.

Resolución: En abril de 2007, el juez dictó sentencia condenatoria de cinco años cuatro meses de prisión.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

Proceso penal: No se indica.

Juzgado: Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México.

Delitos: Cometidos en el extranjero (contra la salud).

Asunto: Orden provisional de detención, con fines de extradición internacional.

Resolución: El juez dictó auto de formal prisión en mayo de 2007, y tiempo después declaró procedente la extradición del capo. Finalmente, el 29 de abril de 2011, la Cancillería mexicana concedió la extradición del reclamado al gobierno de los Estados Unidos de América.

BENJAMIN ARELLANO: ENFRENTARA JUSTICIA MEXICANA

Cumplida su condena en Estados Unidos, deberá ser repatriado

Por lo menos una orden de aprehensión en contra del narcotraficante preso en la Unión Americana, está vigente en un juzgado de Guadalajara, Jalisco, por el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo.

Además otros procesos penales fueron suspendidos por la orden de extradición. A pesar de la benévola sentencia de 25 años en Estados Unidos, en México sólo llegó a ser sentenciado a 22 años de encarcelamiento y a pagar una multa de poco más de 3 mil pesos, mientras que en los Estados Unidos deberá entregar cien millones de dólares en propiedades, dinero en efectivo, instrumentos financieros y otros productos.

Adela Navarro Bello
Al final del juicio, Benjamín Arellano Félix se benefició con la protección de la autoridad que más lo persiguió.

15 años después de ser nombrado uno de los criminales más buscados por las corporaciones policíacas y de investigación en los Estados Unidos, una corte federal acordó con el capo del narcotráfico en México, reducirle la sentencia penal a pírricos 25 años.

Para ello el ahora auto reconocido narcotraficante hubo de aceptar básicamente tres situaciones.

1.- Que efectivamente fue el líder del cártel Arellano Félix y encabezó las operaciones criminales de asociación delictuosa y lavado de dinero. El resto de los delitos fueron eliminados en el convenio.

2.- Ceder a nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, propiedades, bienes, cuentas, instrumentos financieros y productos diversos por una cantidad de cien millones de dólares.

3.- Colaboración incondicional con las autoridades de los Estados Unidos para la investigación e incriminación de otros miembros del crimen organizado que sean detenidos, investigados y procesados en el futuro.

Al aceptar tales condiciones, evitó una penalidad que podía ir de 40 a 140 años de prisión. Con 25 años a los que se supone será sentenciado, el capo de uno de los cárteles más poderosos y sangrientos de América en los últimos 25 años, saldrá de la prisión norteamericana al cumplir los 83 años.

Pero en ese momento deberá ser repatriado por las autoridades norteamericanas, para que en México, en el año 2037, se reactiven los juicios que quedaron suspendidos por obra de la extradición hacia los Estados Unidos. Entre ellos, el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, ocurrido en mayo de 1993, y dentro de cuyo expediente existe una orden de aprehensión contra el narcotraficante.

En la Corte del Distrito Sur de California en la Unión Americana, aceptaron un acuerdo propuesto por el abogado del narcotraficante para que éste fuera juzgado con benevolencia a cambio de información que no ha sido dada a conocer por ser parte de una investigación, a pesar que la Procuradora Federal en California, Laura Duffy, se apresuró a declarar que con el encarcelamiento de Benjamín Arellano, el cártel quedaba desmantelado.

Dentro del arreglo judicial, Benjamín Arellano únicamente fue juzgado por dos delitos: asociación delictuosa y lavado de dinero. Por los mismos recibirá una condena de 25 años de prisión, y la sanción económica de 100 millones de dólares. Además tiene el beneficio de poder gozar de tres años de libertad condicionada por cada una de las condenas –la primera de 20 años, la segunda de 5.

En México, el mayor de los Arellano tiene pendientes varios juicios por delitos diferentes a los contenidos en el tratado de extradición, y por los que fue juzgado y recibirá en los próximos días sentencia. En estas condiciones, una vez que Benjamín Arellano Félix compurgue la sentencia dictada en los Estados Unidos de América, tendrá que ser repatriado para que continúe con los procesos penales abiertos y órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en su contra, entre delitos del fuero común y del orden federal en México.

Los pendientes en México
Al sinaloense le espera todavía rendir cuentas por el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, crimen por el que existe una orden de captura en su contra en el Juzgado Segundo de lo Criminal en la Perla Tapatía.

En el expediente 222/93 se imputa a Benjamín el homicidio calificado del prelado y las otras seis personas, así como el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y asociación delictuosa en perjuicio de la sociedad.

El referido mandamiento judicial nunca se cumplimentó porque desde la detención del narcotraficante, en marzo de 2002, se le confinó al Centro Federal de Readaptación Social número 1 con residencia en Almoloya de Juárez y el juez de Guadalajara, Hugo Olveda Colunga se rehusó a procesar al reo vía exhorto.

Otros procesos federales en el Estado de México fueron suspendidos para ejecutar la extradición concedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno norteamericano, por tratarse de un instrumento legal de orden internacional, jerárquicamente superior a las leyes secundarias (federales y estatales). Sin embargo, al cumplir con su sanción en el extranjero, Arellano Félix tendrá que volver a pagar sus deudas con la justicia mexicana.

El problema que se suscitó sobre la orden de aprehensión que se decretó a nombre de Ramón Benjamín Arellano Félix se subsanó en su momento en el Juzgado Cuarto en la causa 20/2001, acreditando que Ramón Arellano y Ramón Benjamín Arellano eran la misma persona dentro de la causa penal antes señalada.

Explicó un colegiado a ZETA:

“En el juzgado segundo de Guadalajara, Jalisco, existe vigente aún una orden de aprehensión contra Benjamín Arellano Félix, por los hechos relacionados con el cardenal, misma que se pretendió cumplimentar pero en aquél entonces existía el cómodo criterio de los jueces de que no se consideraba cumplimentada una orden de aprehensión si físicamente no se ponía a disposición al inculpado en el reclusorio de su jurisdicción, lo que así consideró el Lic. Hugo Olveda. La causa penal de dicha orden es la 222/93”.

Pendiente está el caso del asesinato de Luis Valero Elizalde y el intento de homicidio contra Jesús Blancornelas ocurridos en noviembre de 1997, y donde de acuerdo a las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los diez elementos que emboscaron al codirector de ZETA, eran parte de la estructura criminal del cártel Arellano Félix, en ese momento comandado precisamente, por Benjamín y Ramón Arellano Félix.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República, después de atraer la investigación al fuero federal, no continuó con la indagación.

Benévola sentencia: ex Fiscal caso Posadas
Jorge Fonseca Villegas, ex fiscal especial para el caso Posadas Ocampo en Jalisco, durante varios años siguió muy de cerca al capo de origen sinaloense, para que se le cumplimentara una orden de aprehensión por el homicidio del prelado, es actualmente colaborador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac.

Con el recuerdo aún vivo de su función ministerial, Fonseca Villegas contestó de manera formal a las preguntas formuladas por este semanario.

—Maestro Fonseca, como persona de derecho y que ha trabajado para la procuración de la justicia en este país ¿qué le pareció o qué impresión le deja la sentencia a Benjamín Arellano Félix en Estados Unidos?

“Respecto de la reciente sentencia impuesta a Benjamín Arellano Félix en la Ciudad de San Diego, puedo señalar, como ex fiscal y abogado, que creo es una sentencia benévola en atención al delito y peligrosidad del sujeto, digo, si la comparamos con la sanción que se hubiera solicitado dentro del marco legal mexicano. Afortunadamente para Benjamín Arellano Félix y sus abogados fue posible negociar la sanción penal puesto que el derecho anglosajón que impera en Estados Unidos lo permite; y sin que estemos lejos de esa realidad, ya que la reforma realizada a nuestro sistema de justicia penal, específicamente en el sistema acusatorio que impera ya en algunas entidades federativas de nuestro país y Leyes Federales como aquella Contra Delincuencia Organizada y la penitenciaria, prevé esa posibilidad de negociarla o disminuirla considerablemente; pero debemos reconocer que finalmente existió una sentencia condenatoria y no absolutoria”.

El tema de la extradición por mucho tiempo atemorizó a los delincuentes y al parecer a las propias autoridades, pero finalmente pareciera que a los criminales les va mejor del otro lado de la frontera…

“En relación a lo de la extradición como instrumento legal que los procesados o enjuiciados lo puedan ver como algo favorable, creo que es circunstancial, es decir, es en atención al delito, la peligrosidad y principalmente las pruebas de cargo que existan; o sea, pueden existir delitos que en México se sancionen más benévolamente que en Estados Unidos y viceversa. Además, no apartemos de nuestra óptica que la extradición no puede ser solicitada por un posible extraditable sino por el Estado extranjero que así lo requiera y cumpla con los requisitos respectivos, sin dejar de reconocer que pueden haber trasfondos políticos”.

A Benjamín Arellano lo extraditaron aún con cuentas pendientes por pagar a la justicia mexicana. ¿Qué ocurrirá con estas averiguaciones previas y causas penales pendientes?

“En lo referente a esas causas penales que tenga pendientes el señor Arellano Félix, como lo pueden ser órdenes de aprehensión, Estados Unidos tendría que repatriarlo a México una vez cumplida su sentencia allá para que sea enjuiciado acá o se continúen sus respectivos procesos que pudiesen haber quedado suspensos, procesalmente hablando, con motivo de su extradición; en pocas palabras, no implicaría impunidad”.

Desde luego cuenta con la orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más. Usted fue el fiscal especial. ¿Por qué desde 2002 hasta 2011, que Arellano estuvo preso, nunca se cumplimentó el mandamiento judicial?

“El motivo por el que no se cumplimentó la orden de aprehensión contra esta persona por los hechos en los que privaran de la vida al entonces Señor Cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo, y que su servidor fuera Fiscal Especial, es en razón a que existía un criterio jurisdiccional o de los jueces en el sentido de que no tenía por cumplimentada una orden de aprehensión si no dejabas físicamente a disposición del Juez competente al indiciado en la prisión de su jurisdicción, lo cual así aconteció cuando se trató de ejecutar en ese entonces la orden de captura, y se pretendía que el juez federal que lo procesaba por delitos de dicho orden, le resolviera vía exhorto de colaboración, su situación jurídica en auxilio de la autoridad local y una vez resuelta la misma, se desahogaran las diligencias o pruebas que ofrecieran las partes por la misma vía o en su defecto, se solicitara la suspensión del procedimiento por ser procedente y continuar con el mismo una vez que físicamente se trasladara a Benjamín Arellano Félix al Cefereso de Jalisco, pero necesariamente se debía ejecutar la orden de captura y resolver su situación jurídica con un posible auto de formal prisión por la comisión de tales hechos”.

Durante su etapa como Agente del Ministerio Público asignado especialmente al “Caso Posadas Ocampo” ¿tuvo Usted contacto o acceso al capo referido, en alguna diligencia?

“Existió una entrevista con dicho personaje cuando también integré la entonces Comisión Interinstitucional de PGR, Gobierno de Jalisco y Episcopado Mexicano, pero simplemente te puedo decir que él se limitó a señalar que nunca estuvo presente ni sus hermanos, que a quien realmente deberían preguntarle era al doctor Carpizo y a Pablo Chapa Bezanilla, quienes manipularon la investigación, puesto que Benjamín Arellano quiso entrevistarse con el doctor Carpizo y este último nunca accedió a dicha entrevista”.

Las penas en Estados Unidos
El acuerdo que realizó Benjamín Arellano Félix a través de su abogado, con la Corte del Distrito Sur de San Diego, le permitió eliminar tres de los cinco cargos por los que sería juzgado en la Unión Americana: el de delincuencia organizada, el de sociedad criminal para distribuir estupefacientes en el sur de California y el de agrupación delictuosa para la compra legal de armas que se trasladan a México y a Colombia.

Únicamente será sentenciado por dos cargos: asociación delictuosa para introducir toneladas de mariguana y cocaína y otras drogas a la Unión Americana, y lavado de dinero.

Por el primer cargo recibirá un máximo de 20 años en prisión, una multa de 250 mil como máximo o el doble de las ganancias en bruto u otros ingresos derivados del defendido por la ofensa cometida. Una asesoría especial obligatoria de cien dólares por cargo y un plazo de libertad supervisada de hasta tres años y la entrega de todas las propiedades que representan o se derivan de ingresos obtenidos directa o indirectamente por la actividad de crimen organizado.

Por el cargo de lavado de dinero, un máximo de cinco años en prisión una multa de 250 mil como máximo o el doble de las ganancias en bruto u otros ingresos derivados del defendido por la ofensa cometida. Una asesoría especial obligatoria de cien dólares por cargo y un plazo de libertad supervisada de hasta tres años, la entrega de toda la propiedad que forma parte o esté derivada de los ingresos que el defendido recibió directa o indirectamente como resultado de la violación y entrega de toda la propiedad utilizada o que pretendió utilizarse de cualquier forma o en parte para cometer o facilitar dicha violación.

Los compromisos de Benjamín
En la firma del acuerdo judicial, Benjamín Arellano Félix estableció varios compromisos con el Gobierno de los Estados Unidos. Aquí los destacados:

* Acepta entregar una suma de dinero en contra suya y a favor de los Estados Unidos, de cien millones de dólares más intereses, provenientes de dinero en efectivo y propiedades.

* Se compromete a colaborar de manera verdadera y absoluta con los Estados Unidos en todos los asuntos relacionados con los bienes que posee y atestiguar con la verdad, en caso que se den futuros procedimientos.

* No puede instruirle a ninguna otra persona o entidad a destruir, dañar, tirar, o transferir los bienes mencionados.

* Antes de la sentencia el defendido aceptó ayudar a los Estados Unidos en la repatriación y entrega de los bienes y tomar todos los pasos necesarios para que los títulos de propiedad sean transferidos sin problemas al gobierno de Estados Unidos. Lo cual abarca todos los trámites.

* Acepta identificar y ubicar los bienes, lo cual implica también la firma de todos los documentos necesarios para la transferencia de las propiedades a los Estados Unidos, aunque los bienes estén a nombre de terceros. La acción aplica a cuentas bancarias, instituciones financieras, bonos, certificados, fideicomisos, seguros.

* Acepta que no apelará, ni declarará ataque colateral alguno y renuncia a todos sus derechos constitucionales para su defensa.

* Se compromete a no solicitar pre liberación.

* Todos los bienes están sujetos a su declaración cuando superen los mil dólares en el valor.

De igual manera, adquirió otras obligaciones. El acuerdo se acaba si incurre en alguna de las siguientes conductas:

* No declararse culpable.

* No aceptar absoluta responsabilidad en los cargos que se le imputan.

* No presentarse ante la corte.

* Intentar retirar su declaración de culpabilidad.

* Incumplir una orden de cualquier corte relacionada con este caso.

* Apelar o atacar colateralmente la sentencia o la condena.

* Realizar actos criminales adicionales desde el momento de su arresto y hasta el momento en que le dicten sentencia.

Cártel Arellano Félix, sigue
Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, sigue prófugo de la justicia.

Su permanencia en Tijuana, Ensenada, algunos municipios de Baja California Sur, e incluso ciudades de la Unión Americana, es una realidad conocida y confirmada por los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California, organismo encabezado por el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán y el General Alfonso Duarte Mújica.

Recientemente fue documentada la intención de “El Ingeniero” para reorganizar su grupo criminal ante la creciente presencia de testaferros de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Tijuana. Y al estilo de la familia Arellano, el sobrino de Benjamín recurrió a camino conocido: el Barrio Logan de San Diego, y la Mafia Mexicana en cárceles y calles californianas.

Conocida es la pugna que vivió Sánchez Arellano entre los años 2008 y 2010 con quien había sido lugarteniente de su estructura criminal, Teodoro García Simental, por el control de la venta y el trasiego de drogas por esta frontera mexicana. Capturado por el gobierno federal el segundo, “El Ingeniero” recobró su poderío criminal en esta región.

La propia autoridad norteamericana, específicamente la Agencia Antinarcóticos (DEA por sus siglas en inglés), ha emitido una alerta para lograr información que lleve a la captura del menor de los Arellano en encabezar la organización criminal.

Lo mismo y en territorio mexicano ha realizado la Procuraduría General de la República.

Aun con viejos elementos del CAF prófugos, como Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”, financiero de la organización desde los tiempos en que ésta era liderada por Benjamín y Ramón, quien también apoyó en la criminalidad a Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, detenido en agosto de 2006 y éste sí sentenciado a prisión de por vida por la misma procuradora Laura Duffy, la estructura operativa para el trasiego y la venta de drogas, sigue viva.

Es conocido por la autoridad mexicana, que “El Ingeniero” cuenta con una suerte de consejo que le permite mantener la organización criminal. Hombres y mujeres que encabeza su tía, Enedina Arellano Félix, quien jugó un importante papel en el lavado de dinero.

Sin embargo la Procuradora Duffy se apresuró a declarar que con la aceptación de culpabilidad por parte de Benjamín Arellano la organización estaba desmantelada. Ambiente contrario se vive en Tijuana y otras zonas de Baja California, donde el cártel Arellano ahora comandado por “El Ingeniero” mantiene rutas de trasiego, distribución y venta de drogas entre México y los Estados Unidos.