Playas de Sonora un negocio de
los Bours
El
fideicomiso Impulsor –encabezado por Ricardo Bours Castelo, hermano del mandatario sonorense– enajenará 115 hectáreas de playa virgen en Caborca por
“donación” que, de acuerdo con planes maestros, serán vendidas a la iniciativa
privada.
Diseñada por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, esta figura
fiduciaria de carácter público –que podría manejar recursos por 224 mil
millones de pesos– opera con fines empresariales
Nancy Flores / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Hermosillo,
Sonora. La administración de Eduardo Bours Castelo podría conseguir poco más de
115 hectáreas –1 millón 150 mil metros cuadrados– en zona de playa, sin pagar
un solo peso.
Aunque los terrenos se gestionaron para la construcción de la carretera costera
y se obtendrán por donación, parte de éstos podrían ser vendidos a la
iniciativa privada para desarrollar proyectos turísticos, revelan planes
maestros.
Las operaciones relacionadas con la futura enajenación de tierras, hasta ahora
propiedad de dos ejidos, fueron organizadas por el hermano del gobernador,
Ricardo Bours Castelo, en su calidad de vicepresidente del fideicomiso público
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, Impulsor, y
solventadas con recursos del erario.
Este fideicomiso se creó el 28 de febrero de 2005, por decreto del mandatario
estatal Eduardo Bours, en el marco de los llamados “proyectos públicos
privados” –estrategia empresarial diseñada por el exsecretario de Hacienda
Pedro Aspe Armella, responsable de la creación en 1993 del Fideicomiso Aduanas
I y la empresa ISOSA, causantes de daños multimillonarios a la hacienda pública
de México, según la Auditoría Superior de la Federación–. Oficialmente, Impulsor tiene por objeto promover y ejecutar programas y
proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad, y ampliar la
infraestructura para detonar el crecimiento económico y la atracción de
inversiones privadas.
Por la importancia de los proyectos, cuya inversión podría superar los 124 mil
millones de pesos, Eduardo Bours colocó al frente del fideicomiso a su hermano
menor, quien se conduce bajo la tutela de Aspe Armella: desde su constitución y
hasta la fecha, el exsecretario de Hacienda y su empresa Protego –contratada en
2004 por el gobierno de Bours para diseñar los “proyectos públicos privados” y
fungir como asesor legal para el refinanciamiento de la deuda estatal– lo
asesoran.
Aunque se trata de un fideicomiso público, el decreto de creación permite que a
sus arcas ingrese dinero de la iniciativa privada. El documento omite aclarar
el carácter del ingreso por esta vía, pero los estados financieros le reservan
registro como capítulo 9000, correspondiente a deuda pública.
En la actualidad, Protego orienta los cinco proyectos de este fideicomiso:
Carretera Costera, Pasajes, Hermosillo, Guaymas y Software, este último
destinado a generar una industria de tecnologías de información en el estado.
Cesión de la tierra
La donación de las 115 hectáreas forma parte del proyecto Carretera Costera,
considerado como el principal y más ambicioso de los cinco. Un breve informe
proporcionado por la diputada local Petra Santos revela que tan sólo este
capítulo manejará recursos por alrededor de 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con los Resultados del análisis programático-presupuestal al
cuarto trimestre de 2007 de Impulsor, un par de ejidos del municipio de Caborca
–ubicados en el Mar de Cortés– donarán las tierras: General Manuel Ávila
Camacho entregará 100 hectáreas; mientras que General Celestino Gasca
Villaseñor, 15-21-42.8056 hectáreas.
El primero posee entre sus riquezas el Puerto Lobos, según el acta de la 13
sesión extraordinaria del Cabildo de Caborca, de fecha 27 de diciembre de 2006.
El documento también revela que en zona de playa, la hectárea cuesta alrededor
de 69 mil 214 dólares, que significa siete dólares por metro cuadrado.
Por su parte, el ejido Gasca Villaseñor cuenta con playas vírgenes y uno de sus
atractivos principales es la isla San Jorge. En esta zona, agentes inmobiliarios
ofertan en dos dólares el metro cuadrado.
No obstante los precios tasados en dólares, el fideicomiso Impulsor logró que
las autoridades ejidales se comprometieran a otorgar más de 115 hectáreas sin
obtener algo a cambio.
Las negociaciones para la cesión de los terrenos duraron dos años y fueron
emprendidas por Óscar López Ibarra y Roberto Fernández Medina, coordinador y
director jurídico del proyecto Carretera Costera, respectivamente.
El 13 de noviembre de 2007, López Ibarra se reunió con los abogados y
representantes del ejido Ávila Camacho en Tucson, Arizona. Ahí, los ejidatarios
se comprometieron a donar 100 hectáreas, “que deriven de la vista de campo”
hecha por Impulsor y el ejido.
Veintiún días después, el 4 de diciembre, Fernández Medina consiguió en Caborca
que la asamblea ejidal de Gasca Villaseñor signará un contrato de promesa de
donación de una fracción de parcela de más de 15 hectáreas, a favor del
fideicomiso.
Ambas operaciones fueron registradas en el capítulo 9 de los Resultados del
análisis programático-presupuestal al cuarto trimestre de 2007 de Impulsor,
referente a la “liberación de derecho de vía y reserva territorial”.
En la actualidad, los funcionarios de Impulsor sostienen negociaciones con
autoridades de un tercer ejido, el Guillermo Prieto, también de Caborca, para
obtener terrenos bajo la figura de donación.
Proyectos y recursos
Además de la construcción de la carretera costera, que correrá más de 600
kilómetros desde San Luis Río Colorado hasta Guaymas, Impulsor pretende renovar
los puntos de mayor tránsito de turistas, por medio del proyecto Pasajes.
Con el proyecto Hermosillo busca desarrollar el norte, el centro de
convenciones y el Vado del Río en la capital sonorense; para este último, los
gobiernos estatal y municipal han destruido una de las tres reservas ecológicas
de la zona: Parque Villa de Seris.
El proyecto Guaymas planea construir dos nuevas marinas, una en San Carlos y la
otra en Bacochibampo; mientras que el de Software tiene por objeto crear
un centro de alta tecnología para el estado.
Además de éstos, los planes maestros de Impulsor incluyen la creación de un
multicomplejo con centro de convenciones, multideportivo y plaza comercial para
Cajeme (Ciudad Obregón).
Petra Santos, legisladora por el Partido de la Revolución Democrática, dice que
estos proyectos serán cedidos a la iniciativa privada, pues la administración
de Bours Castelo se ha caracterizado por concesionar las obras públicas.
Cita como ejemplo el delfinario, creado con recursos públicos y actualmente en
manos de empresarios.
De acuerdo con el decreto de creación, los cinco proyectos mezclarán recursos
públicos y privados. No obstante, desde su creación y hasta diciembre de 2007,
todos sus ingresos provienen del erario: en tres años la administración de
Eduardo Bours le ha transferido 50 millones 675 mil pesos. Para 2008, la cifra
podría aumentar a 69 millones, al recibir un presupuesto superior a los 18
millones de pesos.
El diputado panista Francisco García Gámez observa que, aunque los objetivos
son buenos en tanto se habla de un desarrollo para el estado, falta
información. Indica que recién creado, “se decía que iba a ser autosuficiente;
no ha sido: se le han estado aportando recursos anualmente para que pueda subsistir”.
—(Impulsor) no fue la mejor opción hasta ahora. Los proyectos no han avanzado,
no han aterrizado y de ahí surge la desconfianza de la gente. Todos estamos
dispuestos a que se nos fiscalice; si estamos haciendo las cosas bien no hay
por qué ocultar la información.
Aunque su objetivo es promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos,
ni un solo peso ha sido invertido en estos rubros, revelan sus estados
financieros, balances generales e informes anuales.
Hasta ahora, el 55.1 por ciento del dinero transferido por el gobierno estatal
se destinó al pago de la nómina, a pesar de que el personal de base apenas
asciende a 15 personas. Más aún, los documentos financieros revelan que los
activos del fideicomiso apenas suman 4 millones 136 mil 680 pesos, 8.1 por
ciento del presupuesto asignado en tres años.
El Informe financiero al 31 de diciembre de 2007 indica que el activo
circulante asciende a 676 mil 694; equipo de transporte, 350 mil; mobiliario y
equipo de oficina, 2 millones 414 mil 202; equipo de cómputo, 695 mil 783
pesos.
Los gastos
Los informes analíticos de Impulsor para los ejercicios 2005, 2006 y 2007
indican que en el capítulo 1000, “servicios personales”, el fideicomiso gastó
27 millones 964 mil 842 pesos: 7 millones 497 mil 347 pesos en su primer
ejercicio; 9 millones 360 mil 228.39 en el segundo; 11 millones 107 mil 266.56
en el tercero.
De la cifra total, destacan las “remuneraciones adicionales y especiales”, que
justifica gastos por “riesgos laborales”, “ayuda de despensa” y “ayuda para el
consumo de energía eléctrica”, revela el Informe de observaciones de la
primera revisión a los avances trimestrales de gestión financiera, ejercicio
2007, hecho por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de
Sonora.
La erogación por estos conceptos representa el 61 por ciento de los egresos
totales referentes al capítulo 1000, al ascender a 17 millones 68 mil 301
pesos. El monto contrasta con los pagos por “remuneraciones al personal de
carácter permanente”, 8 millones 701 mil 425 pesos, y las “remuneraciones al
personal de carácter transitorio”, 577 mil 493 pesos.
Otra erogación que sobresale en este capítulo es la de “pagos por concepto de
seguridad social”, que sumó 1 millón 617 mil 620 pesos, cubierto en los
ejercicios de 2006 y 2007.
Los otros gastos se registraron en el capítulo 2000, “materiales y
suministros”, por 1 millón 206 mil 85 pesos; y en el 5000, “bienes muebles e
inmuebles”, por 3 millones 463 mil 192 pesos.
Mientras los capítulos 6000, “inversiones en infraestructura para el
desarrollo”; 7000, “inversiones productivas”; 8000, “participaciones y
aportaciones a municipios”, y 9000, “deuda pública”, se registran en ceros, el
4100, “transferencias corrientes”, indica un gasto en el ejercicio 2006 por 1
millón 860 mil 821 pesos, sin aclarar el destino de estos recursos.
Proyectos
multimillonarios, interés de los Bours
Ricardo Bours Castelo asumió la vicepresidencia de Operadora de Proyectos
Estratégicos del Estado de Sonora, Impulsor, desde febrero de 2005. Según
justificó el gobierno de su hermano Eduardo, el cargo no le cuesta un solo peso
al erario sonorense.
En efecto, el interés de la familia Bours en este fideicomiso no es el salario,
sino los proyectos y recursos que éste manejará, y que implican más de 100 mil
millones de pesos.
Y es que la estrategia empresarial planeada por el exsecretario de Hacienda
Pedro Aspe Armella prevé el trasiego de los ingresos del Plan Sonora Proyecta
(PSP), que podrían alcanzar los 124 mil millones de pesos, a Impulsor.
Para ello, el PSP –actualmente suspendido por la intervención de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación– establece la creación de uno o varios
fideicomisos privados para administrar, durante tres décadas, 114 mil millones
de pesos provenientes del cobro de tres impuestos –el 2 por ciento sobre la
nómina, el de los automóviles nuevos y el de las revalidaciones de placas y
licencias de manejo– y colocar deuda en la Bolsa de Valores por 10 mil millones
de pesos.
Tras su creación, opositores al PSP advirtieron que el esquema fiduciario
podría derivar en un fraude contra las finanzas públicas estatales: la ambigua
redacción que se le dio posibilitaría al gobierno estatal evadir la
reintegración de los remanentes al erario, a pesar de que éstos son recursos
públicos que podrían superar los 100 mil millones de pesos.
Para frenar estas operaciones bursátiles que colocarían a Sonora como la
entidad federativa con mayor deuda pública respecto de su crecimiento económico
y que podrían constituir un fraude, legisladores del Partido Acción Nacional
–acompañados por la diputada perredista Petra Santos– promovieron un recurso de
inconstitucionalidad ante la SCJN, aún pendiente de resolución.
La vicepresidencia de Ricardo Bours está amparada en el decreto de creación del
fideicomiso Impulsor, publicado en el Boletín Oficial del gobierno
sonorense, el 28 de febrero de 2005.
Éste establece que al frente de la estructura están el presidente –Francisco
Díaz Brown, secretario de Economía– y el vicepresidente, quien debe ser un
representante de la iniciativa privada elegido por el Comité Técnico de
Impulsor.
Hace tres años, Ricardo Bours fue elegido por dicho comité, conformado en su
totalidad por subordinados del mandatario estatal: los secretarios de Hacienda
y de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; los
directores de la Comisión de Agua Potable y del Instituto del Medio Ambiente; y
los coordinadores de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y de la
Comisión de Fomento al Turismo, indica el decreto.
Para el diputado panista Francisco García Gámez, la participación del hermano
del gobernador en Impulsor falta a la ética: “No es ético, se deben de cuidar
las formas. No puedo asegurar que (Ricardo Bours) esté haciendo mal las cosas,
porque no tengo información, pero de no haber metido a un familiar, cuando
menos se hubiera evitado la especulación”.
El legislador local señala que al inicio de la gestión de Ricardo Bours, “se
dijo que no iba a cobrar nada por su participación; sin embargo, eso no lo
salva de la especulación. Cualquier familiar que se tenga pegado a la
administración de uno mete ruido. Eso es algo que no se debe de hacer”. (NF)
Fideicomiso Impulsor
Fecha de creación: 28 de febrero de 2005
Carácter: público
Presidente: Francisco Díaz Brown, secretario de Economía
Vicepresidente: Ricardo Bours Castelo, empresario Asesor: Pedro Aspe Armella,
exsecretario de Hacienda
Proyectos: Carretera Costera, Pasajes, Hermosillo, Guaymas
y Software
Posibles recursos: 224 mil millones de pesos (triangulados del
PSP)
Recursos públicos ya transferidos: 50 millones 675 mil pesos
Activos: 4 millones 136 mil 680 pesos
ISAF: irregularidades en Impulsor
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) descubre
irregularidades en los activos del fideicomiso Impulsor, que apenas suman 4
millones 136 mil 680 pesos: activo circulante, 676 mil 694; equipo de
transporte, 350 mil; mobiliario y equipo de oficina, 2 millones 414 mil 202;
equipo de cómputo, 695 mil 783 pesos, indica el Informe financiero al 31 de
diciembre de 2007.
De estos activos destaca el equipo de transporte: el ISAF observa que, el 10 de
abril de 2006, el fideicomiso compró una camioneta Ford Expedition, cuatro
puertas, por 350 mil pesos, sin obtener el dictamen previo signado por la
Secretaría de Hacienda.
El ISAF determinó que Impulsor incurrió en irregularidades y ordenó a Katia
Cota Martínez entregar la evidencia documental del dictamen. Para solventar
esta anomalía, la directora del Fideicomiso consiguió que el 18 de octubre de
2007 el subsecretario de Egresos, Lauro Rivera Bringas, emitiera el oficio
05/06/877/07 para aprobar la compra. Es decir, el dictamen se formuló un año
seis meses después de la adquisición.
Para el doctor en filosofía por la Universidad de Texas e investigador del
Colegio de Sonora, Nicolás Pineda Pablos, en materia de rendición de cuentas la
entidad fronteriza está rezagada, respecto del resto del país.
El académico advierte que uno de los problemas de la fiscalización es la
ausencia de penalizaciones: cuando se comete una irregularidad o cuando hay
observaciones en la cuenta pública, no hay sanciones o se manejan bajo el
criterio de que la ropa sucia se lava en casa.
Pineda Pablos explica que, “mientras la opinión pública observa al gobierno
bajo la tesis de que hay mucha corrupción e ineficiencia y mal manejo de los
recursos públicos, en el gobierno la revisión de la cuenta pública se hace bajo
la tesis contraria de que todo está bien y no hay irregularidades que castigar”.
Agrega que hasta antes de 2003 las cuentas públicas no eran públicas, se tenían
que conseguir por vías privilegiadas, no eran accesibles a los ciudadanos, y
que fue hasta 2005 cuando se reformó la constitución, para crear el ISAF. No
obstante, indica, a la fecha Sonora carece de ley de fiscalización, pues
Congreso estatal no se ha puesto de acuerdo. (NF)
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de junio de 2008 | Año 7 | No. 104
MEXICO. D.F. De acuerdo a los resultados de la más reciente encuesta aplicada por Consulta Mitofsky dados a conocer hace apenas unas horas, el candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto habría sufrido un drástica caida de 16 puntos porcentuales, en tanto que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador habría tomado la puntera en las preferencias preelectorales.
