PICACHOS: ILEGALIDAD Y MANEJOS TURBIOS

Tras el conflicto hay una maraña de abusos, desalojos y palabrería Javier Valdez     El gobierno de Mario López Valdez firmó un acuerdo con los comuneros afectados por la presa Picachos que no ha cumplido.  En el documento, suscrito por Malova cuando este era candidato a gobernador, se establece retomar todos los convenios anteriormente firmados por las autoridades, instalar una mesa de diálogo para incorporar a estas comunidades al desarrollo, impulsar programas de vivienda y de carácter productivo. “A partir de la firma de estos compromisos, quienes suscriben se comprometen a compartir las luchas y esfuerzos que estas comunidades realizan en la búsqueda de justicia y el desarrollo social. Se estará en las buenas y en las malas con los pueblos desplazados por la presa Picachos”. El documento, cuya copia está en manos de Ríodoce, fue firmado el 27 de junio de 2010 por López Valdez y los candidatos a presidentes municipales de Mazatlán y Concordia, Alejandro Higuera Osuna y Alejandro Osuna Millán. En la parte inicial del texto se reconoce que los habitantes de las seis comunidades afectadas por esta obra hidráulica —cuyo conflicto tiene alrededor de diez años—, fueron víctimas de desalojo e ilegalidad, ya que no se respetó la Ley Agraria, la Ley de Expropiación ni la Constitución General de la República, además de que se violaron los derechos de los habitantes de San Marcos, Copales, El Placer, La Puerta de San Marcos, Las Iguanas y Casas Viejas. “Se reconoce que la política seguida por los gobiernos del estado y municipales de Concordia y Mazatlán han agraviado a estos pueblos al no dar cumplimiento a sus demandas con apego a derecho y a justicia social”, señala. Pero el gobierno de Mario López Valdez optó por la represión, al desalojarlos de las carreteras México 15 y Maxipista la tarde del domingo. El saldo fue de 46 comuneros detenidos. No es la primera vez que el “gobierno del cambio” reprime a manifestantes: en julio de 2011 fueron violentamente desalojados choferes del transporte urbano que mantenían una huelga de hambre en la Unidad Administrativa y en diciembre de ese año fueron despedidas 35 enfermeras por manifestarse públicamente y demandar a la administración estatal para exigir aumento salarial y prestaciones, entre ellas seguro social. Establece que después de años de lucha y un largo peregrinar, movilizaciones, desalojos violentos y firmas de convenios, las autoridades estatales y municipales están comprometidas a otorgarles una atención expedita y justa para garantizar la solución a sus demandas. “Se asume el compromiso de retomar todos los convenios signados con el Gobierno del Estado para desplegar la gestión necesaria que asegure el desarrollo social de los pueblos desalojados por la citada obra hidráulica”. En el punto dos se asegura que la explotación de aguas, pesca y actividad turística, incluido el traslado a la presa desde Mazatlán y viceversa, será exclusivo para los habitantes de las comunidades afectadas. “Tomando protesta como gobiernos se establecerá una mesa de diálogo para definir planes de trabajo parta incorporar a las comunidades a programas de atención y desarrollo que implementen estos gobiernos para fortalecer programas de vivienda y desarrollo urbano en general”. Entre los compromisos están los de desarrollar proyectos productivos y empleo, educación media superior en San Marcos y Las Iguanas, donde deberán instalarse escuelas preparatorias. Avalúos y viviendas De acuerdo con versiones de los afectados, los avalúos para las indemnizaciones de sus tierras datan de 2005, cuando estos debieron actualizarse y realizarse de nuevo al menos en el 2011: “Lo que se pagó a todos fue con ese avalúo de 2005, es decir, fueron pagos bajos y a todos se nos debe, porque con lo que nos dieron no alcanza”, afirmó María José Osuna Gutiérrez, de la comunidad de San Marcos. Unas 20 familias, agregó, no han recibido nada del rubro de indemnizaciones. “Por promesas nunca ha parado. Para eso han servido las mesas de diálogo con este gobierno, para palabras, porque en realidad han hecho muy poco, casi nada”, manifestó. Otras versiones señalaron que se construyeron alrededor de 770 viviendas, la mayoría de mala calidad, pero todavía hay unas 50 familias que no han recibido el apoyo de 110 mil pesos para edificarlas. Información extraoficial señala que los pagos por indemnizaciones de tierras fueron de los 20 a los 150 mil pesos por hectárea. “El problema con Picachos es de origen, porque nunca se expropiaron las tierras, lo que habla de una grave ilegalidad, no se desarrolló el distrito de riego, es decir, no se pueden incorporar tierras al riego porque no hay canales ni drenes y los avalúos aplicados están rebasados, no corresponden a la realidad, no están actualizados”, manifestó un funcionario del Gobierno federal cercano a este conflicto. Malos manejos En el rubro de “apoyo compensatorio y solidario para los afectados que viven en las seis comunidades y que no cuentan con tierras” se acordó un monto de 8 millones de pesos para distribuirse en partes iguales y en dos pagos, a realizarse el 15 de mayo y el 15 de junio.  Pero información extraoficial indica que el monto subió a más de 10 millones y luego a 24 millones de pesos debido a la falta de control por parte del Gobierno estatal y a las constantes exigencias de los comuneros.  Este acuerdo fue el 15 de abril de 2010, entre afectados, el gobernador Jesús Aguilar Padilla y José Luis Luege, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Desde 2010 fue incluida en el presupuesto la construcción de la carretera de La Puerta de San Marcos a la cortina de la presa, que alcanza alrededor de 4 kilómetros.  Pero apenas en marzo empezaron los trabajos y no se sabe cuándo concluirán. Algo similar pasó con la promesa de construir un panteón en Los Copales, donde los vecinos habilitaron un terreno que opera de manera rústica, y con los caminos para sacar cosechas, que también fue un compromiso de las autoridades estatales. Renuncia Feliciano Castro Feliciano Castro Meléndrez, titular de la Oficina de Enlace entre Gobierno del Estado y los comuneros afectados por la presa Picachos, renunció a su cargo este martes en protesta por la represión ejercida por las autoridades en contra de los inconformes. En una carta dirigida a Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, Castro Meléndrez explicó que su renuncia se debe a “no compartir la acción de Gobierno ante la marcha de los comuneros”. Durante el operativo de desalojo de las carreteras libre México-Nogales 15 y Maxipista, que fueron tomadas por los manifestantes, los agentes de la Policía Ministerial detuvieron a 110 comuneros, de los cuales más de 40 siguen encarcelados, acusados de obstruir las vías de comunicación. “Podré no compartir ciertas formas de lucha de los comuneros, pero nunca estaré de acuerdo en que se use la fuerza de la represión ante un movimiento social; inaceptable la violencia del Gobierno ante reclamos sociales, más aun tratándose de casos donde la premisa es la ilegalidad e irregularidades ejercidas por el Estado”, dijo Castro, expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex diputado local. El ex funcionario estatal exigió que sean dejados en libertad los comuneros presos, entre ellos Atilano Román, uno de sus máximos dirigentes. Atilano Román. ¿Fue consigna? “Chingar” a Octavio Atilano Román, para ‘cerrar’ con la presa Picachos El “ocaso” de Atilano Cayetano Osuna / Mazatlán “Hay que chingar a Octavio Atilano Román Tirado, necesitamos ‘cerrar’ con la presa Picachos”, dijo una fuente extraoficial que fue la consigna del Gobierno del Estado desde antes del domingo 1 de abril, de que el líder fuera detenido junto a algunos comuneros casi a la altura del poblado Celestino Gazca, perteneciente al municipio de la Cruz de Elota. —Ayer (jueves 28 de marzo), el gobernador lanzó una advertencia, dijo que se atuvieran a las consecuencias, ¿eso en que situación los pone?— preguntó una reportera al líder Octavio Atilano Román Tirado la mañana del viernes 29 de marzo, momentos antes de que la caravana de comuneros y avecindados de los pueblos afectados por la construcción de la presa Picachos saliera marchando de la gasolinera de El Venadillo, rumbo a Culiacán, a pedir justicia. —Pues mira, es una amenaza… Si es la manera de resolver los problemas en Sinaloa, violentando la ley, nosotros basta ver el artículo primero, sexto y once de la Constitución, no vamos infringir la ley, vamos transitando, vamos manifestándonos, pero pues es una amenaza y es la forma de gobernar a Sinaloa. Si con su amenaza el gobernador nos está diciendo que nos va a mandar a la cárcel, pues que se vaya delante de nosotros, porque antes que nada, el proyecto presa Picachos, es un proyecto sustentado en la ilegalidad. No hay un decreto expropiatorio, no hay un cambio de uso de suelo, no hay un estudio de impacto ambiental del proyecto, no se ha indemnizado correctamente, no se ha cumplido con los afectados de la presa Picachos. Si es por infringir la ley, bueno, que se vaya delante de nosotros y nosotros con mucho gusto estaremos allí. Lo afirmado por Román Tirado en el sentido de que el “proyecto de la presa Picachos está sustentado en la ilegalidad”, era una verdad contundente que ningún ciudadano podía desmentirlo, pero la “suerte” del líder comunero ya estaba echada porque al Gobierno del Estado le urgía “cerrar” la Picachos. El Gobierno del Estado ya quería iniciar con la construcción de la presa Santa María, pero la postura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estaba muy clara: “Si no me ‘cierras’ la presa Picachos, no hay presa Santa María”. Para lograr lo anterior, quien había operado directamente era Gerardo Vargas Landeros, director general de Gobierno del Estado, pero el líder Atilano Román dijo a Ríodoce que la mesa de negociaciones con aquel fue un intento fallido. “Mira, yo creo que aquí a quien el gobernador le ha destinado responsabilidades de más alto nivel es al secretario general de Gobierno. Hemos atendido la mesa de negociaciones con él, pero simple y sencillamente no estamos viendo resultados de esa mesa; podemos reunirnos mil veces, pero si no hay resultados sale la misma”, dijo. —¿Qué es lo que está atorando las negociaciones con el Gobierno del Estado? —Mira, funcionarios de la Sagarpa y otras instancias del Gobierno del Estado el año pasado se comprometieron a aterrizar alrededor de 70 millones de pesos, de proyectos productivos a favor de los afectados de la presa. Resulta que no han aterrizado hasta la fecha ni un peso. Ahora nos sale que nada más 26 millones, pero no hay en concreto nada. Hemos presentado nosotros avalúos, ellos quedaron de presentarnos, un compromiso de pago, de los afectados de los pendientes que hay, y a la fecha no los hemos recibido. Nos traen con evasivas, con reuniones, nos cambian a los funcionarios, tenemos casas de las que la gente se salió de vivir en ellas, que no están en condiciones de ser habitadas. Desde principios de marzo, mientras Vargas Landeros les daba “atole con el dedo” a los comuneros liderados por Atilano Román, el funcionario valoraba la solución que se estaba aplicando en la comunidad de San Juan de Jacobo, Concordia, asesorada por un abogado en materia agraria que apoyado por José María Pacheco Vargas, perito forestal, certificado por la Semarnat, había hecho avalúos a 45 hectáreas de tierra de uso común afectadas por la Picachos. Los avalúos realizados por Pacheco Vargas con base en los factores de valor de la tierra, pago de bienes distintos a la tierra (árboles) y factor de pérdida de potencialidades a perpetuidad, alcanzaban el millón de pesos, por hectárea. El Gobierno del Estado ya había dado un cheque de 500 mil pesos, como “pago de buena fe”, en abono a los 170 comuneros de San Juan de Jacobo, y no descartaba la posibilidad real de aplicar el mismo esquema en el Potrero de las Tetas, comunidad ubicada en la zona serrana del pueblo de San Marcos. En el Potrero de las Tetas, integrada por 47 comuneros afectados con 120 hectáreas, el único renuente de la directiva de la comunidad en firmar un acuerdo para que se aplicara el mismo esquema de San Juan de Jacobo, era Alfredo Román, alias el Lipi, hermano de Atilano, pero fue obligado a firmar por sus compañeros. Una fuente de Ríodoce dijo que lo ocurrido en el Potrero de las Tetas había “encabronado” a Atilano Román, porque este en un programa radiofónico (la “hora del campo”) arremetía contra el Gobierno del Estado y no bajaba de “ignorante” al abogado que había logrado consensuar entre los comuneros el acuerdo para asesorarlos con base en avalúos hechos por el perito Pacheco Vargas. En ese escenario partió la caravana de vehículos de los comuneros y avecindados afectados por la construcción de la presa Picachos, rumbo a Culiacán, a pesar de que había advertencias de que serían reprimidos antes de llegar a su destino. “La caminata va a estar durante la Semana Santa, vamos a tardar alrededor de diez días aproximadamente en llegar a Culiacán, caminando (por la libre y la autopista)”, dijo Atilano. Pero no alcanzó a llegar por su propio pie, porque un operativo instrumentado por elementos de la Policía Ministerial del Estado y de la Estatal Preventiva lo detuvo junto con algunos de sus seguidores, cerca del poblado Celestino Gazca de la Cruz de Elota, donde en marzo de 2010 seis comuneros (masacre que nunca fue esclarecida) fueron abatidos a balazos, en supuesto “fuego cruzado” de dos grupos delictivos enfrentados por la plaza, cuando los campesinos regresaban en sus vehículos de un plantón que sus compañeros de lucha mantenían en Palacio de Gobierno, en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla. Durante el gobierno de Aguilar Padilla, el líder Atilano Román había adquirido mucho poder y se les había salido de las manos, por lo que la consigna en esta marcha de Semana Santa era detenerlo para “cerrar” la presa Picachos.