(EL UNIVERSAL)
MÉXICO, D.F., abril 13.- La
Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabeza la lista de 16 dependencias y
entidades del gobierno federal en las que durante 2011 se detectaron
irregularidades en el patrimonio de sus servidores públicos por un monto
superior a los 250 millones de pesos, por lo que se dio vista a las autoridades
administrativas y penales, ante la sospecha de posible enriquecimiento ilícito.
El Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
revela así las acciones emprendidas para detectar y sancionar a los funcionarios
cuyos bienes y recursos contrastan con las percepciones que tienen por sus
cargos o actividades empresariales o financieras, cuyo origen lícito no pueden
acreditar.
Se detalla en el documento que entre enero y diciembre de 2011 “se detectaron
inconsistencias patrimoniales por un monto de 251 millones 400 mil pesos en el
análisis de la situación patrimonial de 36 servidores públicos”.
Los funcionarios bajo sospecha pertenecen a 16 dependencias y entidades de la
administración pública federal, “mismas que fueron notificadas a las áreas
sancionadoras con el propósito de que tomaran las acciones conducentes en los
ámbitos administrativo y penal”.
Aunque el informe no señala a presuntos responsables, ni cuántos de estos
casos concluyeron en denuncias penales ante la Procuraduría General de la
República (PGR) para ejercitar la acción penal por el delito de enriquecimiento
ilícito contra los servidores públicos implicados, el documento sí señala que la
CFE encabeza la lista de instituciones o entidades del gobierno federal en las
que se detectaron las irregularidades en la situación patrimonial de los 36
funcionarios.
A esta relación se suma PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.; la PGR,
Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión
Nacional de Zonas Áridas; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como Caminos y Puentes Federales
(Capufe).
También se detectaron anomalías en los bienes y recursos de servidores
públicos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y la
propia Secretaría de la Función Pública (SFP).
En la lista se incluye a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(SAE-SHCP), del Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En el caso de la CFE, actualmente se dirime en el Juzgado Cuarto de Distrito
en Materia de Procesos Penales Federales el caso de su ex director de
Operaciones, Néstor Moreno Díaz, quien está acusado de enriquecimiento ilícito
por 33 millones de pesos, ya que presuntamente recibió sobornos millonarios por
parte de empresas trasnacionales a cambio de contratos que reportaron ganancias
a las compañías implicadas por más de 100 millones de dólares entre los años de
1997 y 2003.
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