domingo, 18 de diciembre de 2011

CÁRCEL SOLO PARA EX FUNCIONARIOS DE BCS


Juan Luis Rojas Aguilar   
Todavía desconocemos el alcance y los motivos legales reales de las detenciones de que han sido objeto Luis Armando Díaz, Hector Guadalupe Ibarra Espinoza y Guillermo Jáuregui Moreno. Lo que la prensa escuetamente ha dado a conocer hace referencia al delito de peculado, pero aún desconocemos la acusación específica que se hace a cada uno de los inculpados.

Sobre la demanda penal que fue anunciada ya hace meses contra Narciso Agúndez Montaño, desconocemos también el estado que guarda la investigación y el proceso legal correspondiente.

Ambos incidentes involucran a ex funcionarios de primerísimo nivel del gobierno estatal anterior. En los dos casos, también, el delito se refiere a peculado, es decir, al delito que consiste en el hurto de caudales del erario, hecho por aquel en quien está confiada su administración, según define el término la Real Academia Española.

Todavía no se han dado a conocer con precisión los detalles de los montos involucrados con el delito supuestamente cometido por Narciso Agúndez Montaño; y del que se refiere al de los recientes detenidos, aún menos sabemos. 

Ni siquiera tenemos indicios, tampoco, sobre qué instancia realizó la investigación que arrojó los resultados que animaron a la presente administración a iniciar las averiguaciones previas y a dictar las órdenes de aprehensión.

Si la responsabilidad de los hoy indiciados es probada, y aplicada la sanción correspondiente, se estaría enviando a la ciudadanía una buena señal en el sentido de que los delincuentes de cuello blanco, a veces extendidos profusamente en la administración pública, ya no serán más tolerados.

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano auditor del Congreso de la Unión, en marzo de este año dio a conocer que de los recursos federales destinados a educación en 2009 al Estado de Baja California Sur, se encontró que fueron manejados irregularmente 1 mil 168 millones de pesos.

No obstante el gran prestigio de la instancia oficial – la ASF- que realizó la auditoría; no obstante el dictamen negativo que ésta otorgó al desempeño de instituciones estatales en el manejo financiero del recurso de origen federal, y no obstante la gigantesca cantidad involucrada en su administración irregular, la cuenta pública de 2009 del Gobierno de Baja California Sur, que fue aprobada por la anterior legislatura, no ha sido sometida a revisión en este renovado Congreso del Estado.

Omar Castro Cota, Secretario de Educación Pública en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño, declaró públicamente en su momento, que la responsabilidad de rendición de cuentas, ante la Federación, del recurso enviado a nuestra entidad como Fondo de Apoyo para Educación Básica y Normal (FAEB) recaía en la Secretaría de Finanzas, a cargo, entonces, de José Antonio Ramírez Gómez, y quien todavía hoy sigue desempeñando, en este gobierno encabezado por Marcos Covarrubias, la misma responsabilidad que desempeñó como tesorero de Narciso Agúndez Montaño.

Sería muy temerario de mi parte hablar de peculado en el caso de los extraordinarios recursos que fueron manejados irregularmente en 2009.

 Pero lo que no puedo evadir es la responsabilidad de decir que dada la investidura de la instancia que realizó la auditoría referida, y dados los desmesurados montos involucrados en la administración irregular, el actual Secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez debe ser cesado de su responsabilidad para ser investigado por lo que la Auditoría Superior de la Federación dio un dictamen negativo.

¿O ya se está acordando con la Federación que las irregularidades sean “solventadas”?

ULTIMO CONVOY DE EU ABANDONA IRAK


Sólo permanecerán en Irak 157 soldados estadunidenses encargados de entrenar a las fuerzas iraquíes y un contingente de Marines para proteger la embajada de Bagdad

Kuwait • Los últimos soldados estadunidenses abandonaron Irak el domingo al amanecer con destino a Kuwait, poniendo fin al retiro total de este país que invadieron hace cerca de nueve años, confirmó un mando en la frontera.

El 20 de marzo de 2003, las fuerzas estadounidenses penetraron masivamente en Irak para derrocar al antiguo dictador Sadam Husein, que sería ejecutado posteriormente.

Sólo permanecerán en Irak 157 soldados estadunidenses encargados de entrenar a las fuerzas iraquíes y un contingente de Marines para proteger la embajada de Bagdad.

El último convoy, compuesto por 110 vehículos que transportaban medio millar de soldados, pertenecientes en su mayoría a la 3ª Brigada de la 1ª División de Caballería, atravesó la frontera a las 07:30 (04H30 GMT).

Hace ocho años y nueve meses, la tropa estadunidense cruzó la frontera en sentido inverso en lo que se llamó "Operation Iraqi Freedom" (Operación Libertad Iraquí), que daría paso a la guerra más polémica de la historia de Estados Unidos desde la del Vietnam, casi medio siglo antes.

El ejército estadunidense llegó a contar con 170 mil hombres en el momento de mayor intensidad de la lucha contra la insurrección y con 505 bases en Irak.

"Es agradable saber que es nuestra última misión aquí. Escribimos una página de la historia, somos los últimos en marchar", declaró el soldado Martin Lamb, integrante del último convoy.

Ante la negativa de Irak de acordar la inmunidad a los miles de soldados estadounidenses encargados de continuar la formación, el presidente estadounidense Barack Obama decidió, el 21 de octubre pasado, el retiro total de sus tropas.

El último escuadrón abandonó en la madrugada del domingo el campo del imán Ali para los iraquíes (campo de Adder para los norteamericanos), cerca de Nasiriya, en el sur del país.

A partir de ahora, los 900 mil elementos de las fuerzas iraquíes tendrán la dura labor de asegurar solos la seguridad del país, amenazados por los insurgentes, especialmente Al Qaida, que aunque estén debilitados aún tienen capacidad para hacer correr la sangre.

También deberán impedir el renacer de las milicias y una reedición de la guerra confesional entre chiitas y sunitas que dejó miles de muertos en 2006 y 2007.

Los estadounidenses dejan un país sumido en una crisis política, tras la decisión del bloque laico Iraquiya del ex primer ministro Iyad Allaui de suspender a partir del sábado su participación en las labores parlamentarias.

Con esta decisión, el segundo grupo en el Parlamento con 82 diputados, por 159 de la Alianza Nacional (la coalición de partidos religiosos chiitas), pretende lanzar un mensaje contra la política del primer ministro Nuri al Maliki.

Los sunitas, etnia del ex dictador Sadam Husein, se consideran abandonados por el gobierno de mayoría chiita y reclaman mayor autonomía en las regiones que ellos dominan, como disfrutan ya los kurdos. Pero eso amenaza con hacer estallar el país en mil pedazos.

Pese a que Irak exporta 2.2 millones de barriles diarios, lo que le reporta 7 mil millones de dólares al mes, servicios básicos como la electricidad o el agua potable siguen siendo defectuosos.

Hay otros dos peligros que amenazan con provocar conflictos internos: la crisis en Siria entre sunitas y alauitas y la influencia cada vez mayor de Irán.

Así finaliza la invasión lanzada sin el aval de la ONU para encontrar armas de destrucción masiva que Sadam Husein tenía escondidas, según la administración estadounidense que entonces dirigía George W. Bush. Después se reveló que no existían.

Estados Unidos ha pagado un alto precio por esta ocupación: el Pentágono gastó cerca de 770 mil millones de dólares en nueve años, tiempo en el que murieron 4 mil 474 soldados estadunidenses, según las cifras oficiales de Washington. Otros 32 mil soldados resultaron heridos.

La ocupación estadunidense desde marzo de 2003 habrá provocado también entre 104 mil 35 y 113 mil 680 víctimas civiles en Irak, según la organización británica IraqBodyCount.org.

TRAS EL LAVADO DE DINERO



El SAT provoca terror domiciliario con programa recaudatorio y de combate a la informalidad


Paúl Mercado/ RIODOCE.COM.MX
   
A domicilio, como correspondencia ordinaria, desde el pasado lunes 31 de octubre, miles de personas físicas registradas o no en el padrón de contribuyentes han recibido una “invitación” para pagar impuestos que de acuerdo con Hacienda han sido evadidos a través de depósitos bancarios en efectivo. Amas de casa, estudiantes, entre otros tarjetahabientes han caído en pánico por este requerimiento disfrazado y se dicen perseguidos.


En el fondo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está ante una jugada de dos bandas: ha encontrado el esquema que le permita elevar la recaudación sin tener que crear más impuestos y se ha decidido a combatir de alguna forma el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como es el caso del narcotráfico.

“Yo diría que tiene esas dos finalidades: por un lado a Hacienda le interesa recaudar y esta es una buena fuente de recaudación. Y la otra es mandar señales muy claras: “A los que depositan en efectivo ¡aguas!, porque los va a requerir”, dijo a Ríodoce el contador Samuel Campos Velarde.

Lourdes es ama de casa y renta la vivienda que ocupa con su marido y su hijo. Durante los primeros días del Programa de Regularización del ISR 2009 que emprendió el SAT recibió una carta invitación donde le indicaban que de acuerdo con datos institucionales detectaron que no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y que tuvo depósitos en efectivo en el ejercicio 2009, mismos que fueron superiores a los 70 mil pesos.

Por esa razón, se indica en el documento, debe regularizar su situación fiscal y el SAT le ofrece para ello varias y cómodas alternativas, de conformidad con la regla II.2.8.3.7. correspondiente a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011.

A medida que Lourdes leía la carta invitación, el desconcierto y el temor la invadían pues, aunque sí reconoce esos depósitos en efectivo, asegura que es dinero lícito que su marido se ganó en los Estados Unidos.

“Es más, ese dinero es producto de la devolución de impuestos de aquel país, y no suena justo que sean sujetos a un gravamen por parte de Hacienda”, destacó.

El suyo no es un caso aislado en Culiacán. Ya los despachos contables han recibido quejas o al menos se les ha consultado sobre este tipo de requerimientos, que se aclara no son tales, pues solo se trata de “una invitación que no obliga a ningún pago ni crea derechos”.

Elena también es ama de casa y dijo a Ríodoce que igual ella recibió a un cartero con ese mismo documento de Hacienda, pero al preguntarle de qué era y aquel confirmarle el origen, se negó a recibirlo: “Yo no voy a recibir nada, porque no les debo nada. No quiero saber de eso, ni contribuyente soy”. Y el cartero se lo llevó.

De acuerdo con el SAT, gracias al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), se logró detectar que alrededor de 600 mil contribuyentes y no contribuyentes recibieron depósitos en sus cuentas bancarias y desde el 2009 han evadido el pago del ISR.

Es por esa razón que se les envió a sus domicilios o vía correo electrónico, también proporcionado por los bancos, una carta invitación y un formulario anexo para que paguen el impuesto correspondiente y regularicen su situación, incluso, para que quienes no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes lo hagan de manera automática y sin contratiempos.

La estadística oficial indica que de las 600 mil personas físicas a las que se les envió la carta, un 10 por ciento ha recibido depósitos superiores al régimen al que están registrados, pero además se calcula que unos 180 mil recibieron depósitos sin estar inscritos en el RFC y aproximadamente 300 mil más los recibieron en sus cuentas bancarias y no han declarado el ISR correspondiente.

A esta acción recaudatoria, que se niega sea producto del terrorismo fiscal en el que históricamente ha incurrido Hacienda y mucho menos una medida persecutoria, se le ha sumado el ordenamiento de más de 16 mil auditorías a contribuyentes que tienen en sus cuentas bancarias depósitos en efectivo con montos elevados.

Si bien las cartas están redactadas en un tono “conciliador”, en ella se incluye la advertencia de que “no estar inscrito en el RFC y no declarar ingresos puede generar requerimientos y sanciones, así como el inicio de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación”, por eso se “invita” a subsanar de manera inmediata y espontánea la omisión de no pagar el ISR que han generado los depósitos en efectivo. También se advierte: “Estás a tiempo de cumplir”.

Consultado por Ríodoce, el contador Miguel Ángel González López, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio en Culiacán, A.C., explicó que el IDE es un impuesto que se propuso en el 2008 para combatir el comercio informal y que desde el 2009 a la gente se le ha retenido en sus cuentas. Ahora el SAT lo que busca es meter a esas personas al padrón de contribuyentes para que paguen el ISR derivado de sus depósitos.

“Por lo pronto se trata solo de cartas invitaciones, de las cuales algunas personas están optando por pagar y otras van a esperarse a que a partir de marzo de 2012, cuando vence el plazo para estos pagos, les sea notificado legalmente esto que solo es una carta invitación, algo que no los obliga al pago… hay quienes están pagando, sus motivos tendrán”, señaló.

—¿Esto significa que estamos ante un acto ilegal?
—Es algo que es ilegal… la carta es una invitación, de las cuales la mayor parte de la gente va a esperar a que le notifiquen con un documento legal, un documento notificado conforme el Código Fiscal de la Federación. Esta carta solo la llevó un cartero y la entregó en las casas… legalmente no es correcto.

Al seno de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio en Culiacán, A.C. ya se ha analizado este asunto y la conclusión es que lejos de ser un acto de terrorismo fiscal, como mucha gente piensa, es una medida meramente recaudatoria. Prueba de ello es que el cálculo alegre que al final de la jornada hace Hacienda es el de obtener un ingreso a sus arcas por 5 mil millones de pesos.

“Ellos saben que esto es ilegal, es anticonstitucional. Mucha gente va a pagar, sí, pero creo que esto más que ser terrorismo fiscal tiene un fin recaudatorio, y como viene el 2012, año electoral, no sé si estén aprovechando la recta y que también tenga un fin político… eso quiero pensar”, reflexionó González López.

—El argumento es que se combate la informalidad con este programa, ¿no será también que hay intención de atacar el lavado de dinero?


—Tiene ese fondo, primero el IDE comenzó con lo que es el comercio informal y gente que no está registrada. Ahora le preguntan a la gente de dónde sacó ese dinero para depositarlo, también ahí es a donde vamos a caer, al lavado de dinero o al menos que comprueben el origen del dinero. Porque hay también operaciones de compraventa de casas, carros, de todo, donaciones…

Sobre este mismo asunto, el contador Samuel Campos Velarde, director general del despacho Campos y Asociados, dijo ante el temor de los requeridos, quienes se sienten perseguidos con esta acción fiscalizadora, que el programa no es persecutorio y aclaró: “La verdad es que todos estamos obligados a pagar impuestos y quien hace depósitos en efectivo en una cuenta bancaria, pues, la autoridad presume que deriva de la economía informal. Y ya yendo un poquito más allá, México tiene suscritos tratados con la OCDE que tienen que ver con el combate al terrorismo y el lavado de dinero, entonces, esos tratados obligan a emprender acciones en este sentido”.

—¿Entonces esto es una medida encaminada no solo a recuperar ese dinero evadido, sino a controlar el problema del lavado de dinero?


—Efectivamente, así es. Yo diría que tiene esas dos finalidades.

Ambas fuentes consultadas, especialistas en la materia, coincidieron que lo mejor en este caso es aclararle al fisco el origen de esos depósitos y comprobar que ya se pagaron los impuestos correspondientes. De lo contrario habría que pagar.

“El que sepa que sí anda evadiendo impuestos y tiene la manera de pagar, va a pagar. Y el que pueda comprobar de dónde viene el dinero, aclara y comprueba y ya no pagaría nada. Y habrá otros que no hagan nada y probablemente no les pase nada, no sabemos qué haga aquí la autoridad, si ordena auditoria a todos o si va a ser selectivo, que el sentido común indica esto último”, indicó Campos Velarde.

Contrario a la valoración de González López, en el sentido de que esto rosa la ilegalidad, Samuel Campos considera que todo es legal, y advierte que Hacienda bien pudo haber omitido las cartas invitación y mandar auditorías directas: “Eso hubiera sido un acto de molestia para el contribuyente, pero así da la oportunidad de que si está mal, se regularice, sin multa de por medio, y si está bien, pues que aclare”.

A un mes de recibida la carta invitación, Lourdes no se ha decidido a hacer algo. No tiene dinero para pagar lo que le requieren, dice, aunque le den facilidades. Elena por su parte sigue sin querer saber nada del asunto, lo cual la deja expuesta a que Hacienda le envíe una revisión y eso implicaría que además de la deuda tenga que pagar multa.

Así pues, todo hace indicar que no hay otra más que encarar el asunto. Pero el esquema tributario ha exhibido que con esta medida no solo se busca elevar la recaudación, sino que se atiende por otra vertiente el combate al lavado de dinero, y en medio de todo esto, el secreto bancario ha quedado hecho pedazos.


Sitio web del programa:http://www.sat.gob.mx/regularizacion_isr/


Plazo para pagar el ISR 2009:31 de marzo de 2012


Las cuentas del SAT

—600 mil evasores detectados vía IDE.
—550 mil recibieron cartas invitación.
—16 mil podrían recibir auditoría directa.
—5 mil millones de pesos esperan recaudar.

FUENTE: SAT.

ATROPELLOS ÉLITE EN SINALOA



Martín Durán   
Encabezado por el mayor Alfredo Mejía Pérez, —otrora coordinador del tristemente célebre Grupo Centauro— el Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva ha sido señalado en su campaña contra la delincuencia en Navolato de atropellos sin cuento, arrestos ilegales, cateos extrajudiciales y sobre todo de sembrar el temor entre la población civil que, mientras ve el paso de los comandos ejecutando a personas, resiente las vejaciones y los abusos de la corporación.


A María del Carmen le pareció que aquellos policías vestidos de azul marino y con el rostro cubierto le dispararían delante de su hijo de tres años, a mediados de noviembre, cuando irrumpieron en su casa de la colonia Las Vegas buscando armas y drogas.

Aterrorizada vio cómo tumbaron la puerta, cómo revolvieron el domicilio y ella misma sintió cómo la maltrataron verbalmente, exigiéndole que dijera en dónde estaba la droga, las armas. Su marido, Israel Vargas, no se encontraba esa tarde de noviembre y ella solo recuerda cómo lloraba el niño rodeado de los hombres que portaban fusiles.

Desde entonces, asegura, su pequeño hijo cada que ve una patrulla rondar suelta el llanto, entra en pánico. A Israel lo detuvieron días después, afuera de un taller mecánico no muy lejos de su casa.

La mujer relata que lo golpearon a culatazos hasta hacerlo vomitar sangre, pero el Grupo Élite envió un comunicado en el que indicó que Vargas vendía drogas a los “viciosos del barrio”. No dice que se resistió al arresto ni que lo golpearon, solo que portaba 15 gramos de “cristal” en el pantalón y que lo detectaron al ver al sujeto sospechoso arriba de una camioneta.

María del Carmen cuenta otra cosa distinta. “Me cuidas mucho a mi hijo”, recuerda que le dijo su esposo cuando alcanzó a llegar, descalza y corriendo, con apenas un hilo de aire, hasta el taller donde lo tenían y donde otras personas vieron la detención. “De su boca le salió sangre y así lo subieron a una patrulla y se lo llevaron”, refiere la mujer.

Más de 20 horas después de que se lo llevaron, ella no sabía dónde estaba hasta que la Secretaría de Seguridad Pública envió en comunicado donde señalaba que Israel vendía drogas en la colonia.

“Yo les voy a abrir”
A Isabel le detuvieron a su hijo de 16 años en Limontita junto con sus dos hermanos más chicos que él. Después de “jalonearlo” se lo llevaron y le achacaron que traía droga. Lo golpearon y más tarde lo boletinaron. Al día siguiente los periódicos publicaron que era un narcomenudista más de Navolato.

Pero Isabel, al contar la historia a Ríodoce, relata que un par de noches antes irrumpieron en su domicilio. A pesar de que les gritó desde adentro horrorizada, que ella abriría la puerta, los élites prefirieron forzarla y destrozarle la chapa.

“¿Por qué me tumban la puerta si yo les dije que les iba a abrir?”, les espetó la mujer una vez que se tranquilizó. Los policías, por fortuna, no revolvieron su casa, solo llamaron a su marido y platicaron con él afuera. Buscaban a una persona que alguien les dijo que vivía en esa casa.

Los habitantes del domicilio dijeron que al que perseguían no tenía domicilio ahí, pero los policías se empecinaron en que un informante les avisó que vendían drogas. Del hombre por el que preguntaron traían una foto y al no ubicarlo se marcharon. “Siempre fueron como siete patrullas y eran más de 20 policías encapuchados”, comenta Isabel.

Fue cuando ocurrió el arresto de su hijo en Limontita. Era domingo. Después de llevárselo lo pusieron a disposición del Tribunal de Menores. Ya el lunes, tras declarar, fue dejado en libertad, refiere la madre. Según ella, no coincidía la versión de los policías, pues en el parte pusieron que lo habían detenido en un lugar muy distinto y bajo distintas circunstancias.

“Me preocupa que le va a quedar esa mancha, el antecedente de que lo involucraron, y en Internet aparece que vendía droga”.

Las ambigüedades de la lucha
Nunca antes como ahora, tras ocho meses de haber sido creado por el Gobierno del Estado para abatir los índices delictivos en zonas más conflictivas del estado, le habían llovido quejas al Grupo Élite de la Policía Estatal.

Ni en su paso por Mazatlán o por Guamúchil, las fuerzas estatales habían estado en el foco de la atención de los organismos de derechos humanos. La Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), presidida por Leonel Aguirre Meza, informó que en estos tres meses que lleva este cuerpo policiaco en Navolato ha registrado siete quejas contra los agentes.

Aguirre Meza, en entrevista, afirmó que su organismo está a favor de que el Estado, como autoridad, entre a las zonas más afectadas de Sinaloa para combatir el crimen, pero también buscando la legalidad, apegado a derecho en todo momento.

“La actuación de la Policía Élite en Navolato está dando mucho de qué hablar, estamos viendo que la Policía no actúa en el marco legal que está estipulado”, remarcó el titular de la CDDHS.

Dijo que a este organismo no gubernamental han estado llegando quejas, pero hay otras en donde las personas no se atreven a denunciar por temor a ser blancos de ataques, porque en Navolato no solo hay que cuidarse de los delincuentes, sino también de los policías.

María del Carmen Gaspar, al momento de hacer la denuncia pública, apuntó que vía telefónica fue intimidada por supuestos agentes del Grupo Élite. Le marcaban desde el celular de su esposo para molestarla.

Leonel Aguirre explicó que en ningún momento la CDDSH se opone a los operativos, incluso que estos se dieron a raíz de la casi desaparición de la Policía Municipal. “La respuesta a la inseguridad que había en el municipio fue el Grupo Élite, cosa que nos pareció algo bueno, pero en el límite de los derechos humanos no están actuando bien”, calificó el defensor.

La transmutación de la Policía Élite

Por un lado, los agentes élites comandados por el mayor Mejía, director de la PEP, detienen y encarcelan a ladrones de comercio, de vehículos, ejecutan órdenes de aprehensión, inhiben los robos y capturan presuntos narcomenudistas.

Por otro lado, el uso excesivo de la fuerza pública contrasta con lo que oficialmente sostienen los mandos policiacos y funcionarios del área de seguridad.

Testimonios recogidos por este semanario revelan que al principio de la llegada de la Policía Élite los navolatenses agradecieron al menos las caravanas de patrullas que se paseaban por las calles del municipio. Pero tres meses después esa lucha del Estado comienza a desvirtuarse, según opinión de vecinos de Navolato.

“A todo mundo los ven como halcones, como informantes, nadie puede acercarse a ver un muerto que tiraron porque ya son parte de los delincuentes”, señaló una persona que fue testigo de cómo algunos policías insultaban a civiles cuando pasaban por la escena de un crimen.

“Llegaron bien, se miraban las patrullas en las calles y a uno eso le daba confianza, mucho Gobierno en las calles da confianza, pero ahora la actitud de la gente del Grupo Élite cambió, no queremos que se salgan, sino que vayan por los que de verdad la deben”, continuó el navolatense entrevistado.

Y a pesar del operativo instalado, los homicidios no disminuyen, pues estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado revelaron apenas la semana pasada que Navolato subió del tercero al segundo lugar dentro de los municipios con más crímenes, siendo superado por Culiacán, donde se concentran la mayoría de los asesinatos.

En octubre se registraron 16 homicidios en el municipio cañero, a diferencia de noviembre que cerró con 18. Mazatlán fue desbancado al tercer sitio durante el mes pasado y Ahome relegado al cuarto lugar, pese a ser ciudades con mayor número de habitantes.

“No tenemos ninguna queja”: Córdova

“Yo invito a todos los ciudadanos que se sientan agraviados por alguna corporación de esta Secretaría a que vengan y levanten una queja, y suplico a cualquier organización no gubernamental que defienda derechos humanos que se acerque y nos entregue las quejas que pudieran tener en su institución, no hemos recibido ninguna queja de ninguna comisión, incluyendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”, declaró Francisco Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública al ser cuestionado sobre el tema.

Cuando se le confirmó que la CEDH que preside Juan José Ríos Estavillo sí recibió una queja contra la Policía Élite, indicó que de manera oficial no se les ha notificado nada.

“No nos han notificado, ¡que nos notifiquen!, puede haber cien quejas pero si no nos notifican no podemos saber de qué se trata”, exclamó Córdova Celaya.

“Tenemos tres meses en Navolato, estos policías han de tener contacto con mil personas diariamente”, argumentó.

—¿Andan estresados los policías? —le preguntó Ríodoce.


—No andan estresados, nuestros policías traen la camisa bien puesta; vayan a Navolato y pregúntele a la sociedad, nunca vamos a atropellar los derechos de nadie.

SENTENCIAN A MILITARES QUE FILTRABAN INFORMACIÓN PARA ALFREDO BELTRAN LEYVA (A) "MOCHOMO"



Redacción   
Un juez federal sentenció a 25 años de prisión a cinco ex integrantes del Ejército mexicano que estaban comisionados en el estado de Sinaloa, pero que brindaban información de las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, particularmente a Alfredo Beltrán, El Mochomo, cuando el general Hidalgo Eddy pretendía capturar al Chapo Guzmán.


Dichas personas fueron encontradas responsables de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos del tráfico y comercio de estupefacientes.

El juez Cuarto de Distrito con residencia en Sinaloa determinó que la Procuraduría General de la República aportó pruebas suficientes para condenar a quienes ocupaban con cargos de Mayor de Justicia Militar, tenientes de infantería y sargento primero, todos adscritos a la Novena Zona Militar, en Culiacán, quienes proporcionaban información militar estratégica a El Mochomo.

Los responsables son: Humberto Solís Galicia, Alberto Corina Herrera, Francisco de Jesús Pérez Chávez, Humberto Ramírez López Cornejo y Ricardo Ramírez León.

A los soldados se les detuvo el 30 de enero de 2008, nueve días después de la captura de El Mochomo en Culiacán; posteriormente fueron arraigados en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), debido a que sus nombres aparecieron en documentos asegurados al cártel de Sinaloa.

Asimismo, un ex militar los señaló como las personas que ofrecían información a los hermanos Beltrán Leyva de cada una de las acciones que pretendía realizar las tropas de la Novena Zona Militar en contra de la mencionada organización criminal. En ese tiempo, el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy pretendía capturar al Chapo Guzmán.

Por esos hechos, la PGR integró la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/025/2008, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, misma que consignó ante el juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el estado de Jalisco, quien libró la orden de aprehensión correspondiente y después los sujetó a proceso penal.

En su momento, en entrevista con Milenio, Heidi Villegas, esposa de Jesús Pérez, denunció que se cometieron irregularidades en la detención de su marido.

De acuerdo a su versión, al Mayor se le detuvo y trasladó a la Ciudad de México, porque se encontró “su nombre escrito en una hoja durante el cateo en la casa de Alfredo Beltrán Leyva”.

Asimismo, reveló que un ex militar de apellido Callejas, que era investigado por Pérez Chávez, declaró que éste recibía dinero de El Mochomo, situación, dijo, es totalmente falsa, ya que se puede comprobar el estatus de vida que llevaba su esposo.

Por esta razón, Pérez Chávez pidió un careo con Callejas, pero esta petición le fue rechazada.

Al querer visitar a su esposo en las instalaciones de Siedo, comentó que se le obligó a rendir una declaración y en ésta fue establecido que Villegas rechazó ser asistida por un abogado. Según ella, en ningún momento se le ofreció asistencia jurídica.

CAZADOR DE CUCARACHAS


D E N I S E   D R E S S E R 

En su propia percepción, el Presidente ha pasado los últimos cinco años destapando el agujero, despegando el tapiz, quitando la duela

Según Felipe Calderón, lleva el sexenio cazando cucarachas. Como lo dijo en un discurso reciente, la labor de su Gobierno vis a vis el crimen organizado ha sido como entrar "a una casa desconocida, una casa nueva, y (...) ver por ahí cucarachas corriendo por un rincón y metiéndose por un agujero en la pared y al levantar el tapiz o la duela de esa pared, lo que se encuentra es que está infectado de esos animales y esas plagas". En su propia percepción, el Presidente ha pasado los últimos cinco años destapando el agujero, despegando el tapiz, quitando la duela. Reconstruyendo y saneando, dice. Pero al mismo tiempo afirma que el crimen organizado ha permeado la política y contaminado los procesos electorales. El cazador de cucarachas admite que en lugar de eliminarlas, ha contribuido a su expansion. 

Indicador tras indicador lo demuestra. La estrategia de seguridad del Gobierno federal no está funcionando. Sus cuatro objetivos – fortalecer las instituciones de procuración de justicia, reducir el consumo, debilitar a las instituciones criminales y liberar espacios público del control criminal – no han sido alcanzados. Más aún, las últimas dos metas han terminado por ser incompatibles entre sí. Como lo demuestra un estudio reciente del especialista Eduardo Guerrero, aunque el Gobierno logra dividir a las organizaciones más grandes, un regreso al statu quo ante – con el predominio de dos cárteles dominantes – es el resultado potencial de la política federal. El esfuerzo de fumigación de cucarachas no las debilita; al contrario. 

Un tema debatido es si existe una relación causal entre la cruzada del Gobierno contra el crimen – mediante el arresto de los principales capos – y la epidemia de inseguridad que asola al país. Y según Eduardo Guerrero esa relación existe: en 78.5 por ciento de 28 casos seleccionado por su estudio, la violencia en determinada región aumenta cuando se aplasta la cabeza de la cucaracha que es líder allí. En vez de disminuir, la violencia suele escalar. Un buen número de acciones gubernamentales, incluyendo la confiscación de ciertas drogas, la erradicación de ciertos cultivos, el arresto de ciertos criminales, incrementa la violencia a nivel municipal. 

Por otro lado, el Presidente presume el número de arrestos de criminales de alto perfil llevados a cabo en su administración. Eso – argumenta – reduce la amenaa que el narcotráfico crea para la seguridad nacional, Según la visión calderonista, la fragmentación de los cárteles reduce su peligrosidad. Pero no queda claro que el mercado trasnacional de estupefacientes hoy se encuentre menos concentrado que al principio del sexenio. Un sólo gran grupo tiene el control hegemónico sobre cada una de las rutas principales: el Cártel del Pacífico y Los Zetas. Claramente ambos constituyen una amenaza para la seguridad nacional pero – paradójicamente – su división podría exacerbar la violencia y el crimen en amplias franjas del territorio mexicano. 

La operaciones conjuntas entre la Sedena, la Marina y la Policía Federal ofrecen un panorama igualmente preocupante. Durante 2007-2008, siete operaciones de este tipo fueron llevadas a cabo y los resultados no han sido positivos. El despliegue de fuerzas federales ayuda a las autoridades locales a eludir su responsabilidad. Y peor aún: en términos de percepción pública, coloca toda la culpa sobre el aumento de la violencia sobre los hombros del Gobierno federal. Aun en estados como Chihuahua, Nuevo León, y Tamapaulipas, sitios donde se instrumentaron operativos conjuntos, el PRI gana y retiene el poder, a pesar de los esfuerzos del Gobierno federal. 

Quizás en reacción a una política cada vez más contraproducente, la estrategia de combate al narcotráfico ha experimentado un viraje en el último año. El objetivo parecería ser, según Guerrero, centrar menos la atención en la captura de los cabecillas y más en las organizaciones de alta peligrosidad. De allí que los Zetas se hayan convertido en las cucarachas más perseguidas, más acosadas, más asediadas. El equipo calderonista no ha admitido este reposicionamiento públicamente, porque entrañaría reconocer que el enfoque anterior –atacar a todos los cárteles al mismo tiempo-- había sido erróneo. A pesar de todo lo que el Gobierno federal hace y dice, la producción y la comercialización de las drogas sigue aumentando, genera ganancias entre $19,000 y $29,000 millones de dólares, y ya puede observarse la ampliación de consumo en territorio mexicano. El agujero que Felipe Calderón encontró en la pared crece y la plaga dentro de él también. 

Y por ello, por primera vez en lo que va del sexenio, en las encuestas los mexicanos colocan la inseguridad por encima de los temas económicos. Según el estudio más reciente llevado a cabo por Buendía y Laredo, 56 por ciento de la población piensa que el país es menos seguro debido a la estrategia gubernamental y 42 por ciento cree que narcotraficantes están gananado. 89 por ciento de la población tiene poca o ninguna confianza en la policía local y 75 por ciento tiene poca o ninguna confianza en la policía federal. 

Es en éste contexto que Felipe Calderón pronuncia un controvertido discurso en el cual advierte que las contiendas electorales podrían ser una nueva veta para los empresarios del crimen. Sugiere que pretenden corromper a las instituciones e infiltrar las elecciones. Augura la simbiosis del Estado criminal y el Estado constitucional. Pero si el Presidente hace esos pronunciamientos como parte de una lógica electoral, que busca desacreditar al PRI, el esfuerzo se le revierte. Señala con el dedo índice a quienes ensuciaron el cuarto, cavaron el hoyo, protegieron a las cucarachas y son responsables de su presencia. Pero el señalamiento presidencial es también una admisión de derrota. Calderón se erigió a sí mismo en cazador de cucarachas, y al final de su sexenio todo indica que ha sido responsable de su multiplicación.


OPIO Y RELIGION



Jorge Zepeda Patterson

Acotar el intervencionismo político del clero fue indispensable para el surgimiento de una república con gobiernos laicos y de una sociedad más plural

No sé si la religión sea el opio de los pueblos, como solía decir Marx, pero por la misma razón que sostengo que el opio (y las drogas) no deberían ser prohibidas, no veo por qué las prácticas religiosas deban ser restringidas por la ley hoy en día.

No soy creyente y en lo personal suelo colocarme en posición contraria a muchas de las tesis y actitudes de la Iglesia Católica con respecto a la ciencia, los temas de género, o su enfoque de la vida social y familiar en general. Pero creo que la libertad de opinión y de conciencia, incluyendo el culto religioso, no tendría por qué ser restringida, salvo en aquellos casos en que afecte la libertad de otros.

Entiendo los temores de muchos frente a la reforma del artículo 24 constitucional aprobada en la Cámara de Diputados hace unos días, que entre otras cosas permitirá la celebración de ceremonias religiosas en lugares públicos sin necesidad de permiso. No podemos olvidar el protagónico papel político de la Iglesia a lo largo de la historia de México, particularmente durante el siglo XIX, con su carga intolerante hacia cualquier expresión de disidencia ideológica o religiosa.

Acotar el intervencionismo político del clero fue indispensable para el surgimiento de una república con gobiernos laicos y de una sociedad más plural. Pero llegados a este punto, si queremos construir una vida pública democrática tendríamos que apostar por una sociedad más madura, capaz de ventilar sus diferencias y desequilibrios sin necesidad de tantas restricciones. Menos legislación y más educación, como se ha dicho con frecuencia.

Lo que me incomoda del estado actual de las cosas es la hipocresía. Hay un par de canales religiosos en la televisión por cable, los obispos son figuras públicas, buena parte de las ceremonias religiosas populares tienen lugar en la calle, las escuelas católicas está diseminadas por todo el territorio, y periódicos religiosos son entregados casa por casa en muchas zonas del País. Si quisiéramos aplicar cabalmente la ley, probablemente tendríamos que incurrir en estrategias policíacas muy parecidas a la persecución religiosa. En la práctica, hemos optado por el muy hispano "se acata pero no se cumple". Otra vez, un paralelismo inevitable con el tema de consumo y circulación de drogas; resulta imposible hacer cumplir la ley, pero, inmersos en la negación, nos rehusamos a cambiarla pese a que resulta obsoleta.

Hay desde luego un riesgo en abrir los espacio públicos a la intervención del clero. El fundamentalismo religioso es un virus para la salud de la conversación pública. La regresión social y democrática que hoy padecen las sociedades islámicas tiene mucho que ver con la irrupción de este fundamentalismo en los espacios políticos. Tendríamos que encontrar mecanismos para evitar ese riesgo en última instancia.

No será un debate sencillo, porque no hay soluciones fáciles. Pero creo que el peor de los escenarios es seguir asumiendo que los mexicanos están en un permanente estadio infantil que debe protegerse con barreras y restricciones. Preferible abrir la discusión sobre el aborto que ver a los obispos trabajar en lo oscurito con la clase política para implantar leyes prohibicionistas en las legislaciones estatales, como ha venido sucediendo. El debate apenas comienza.

Priistas divididos

La reforma del artículo 24 fue aprobado por los diputados, aunque aun no ha sido discutida por lo senadores. Pero es interesante ver la manera en que el asunto ha dividido a los priistas. La Senadora María de los Ángeles Moreno abanderada del laicismo que ha caracterizado a su partido, criticó tal modificación y cuestionó el desempeño de sus correligionarios de la cámara baja. "Los cambios en el 24 de libertades religiosas implican, entre otras cosas, que tengan derecho a tener concesiones de radio y televisión o que tengan derecho a impartir instrucción escolar", señaló la legisladora. Aseguró que la mayoría de los priistas en el Senado se oponen a estas reformas y ya preparan una iniciativa para contraponerse a lo aprobado por los diputados.

En el fondo, se trata de dos concepciones al interior de su partido. Los diputados están políticamente más cercanos al candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien no esconde su conservadurismo religiso. Crecido en un hogar de catolicismo practicante, formado en la Universidad Panamericana, del Opus Dei, Peña Nieto resulta un priista de religiosidad atípica.

Pero a diferencia de los diputados, un grupo de senadores se asume como depositario de la conciencia histórica del priismo y de sus compromisos sociales y políticos para con el País. La bandera del laicismo es uno de los pilares fundacionales del PRI y no estarán dispuestos a descartarla tan fácilmente. Será un pulso interesante a observar en las próximas semanas.



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RECHAZA PAN REGISTRO DE HIJO DE "MAQUIÍO" PARA CONTENDER AL SENADO


Notimex
Culiacán— El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó la solicitud de registro del diputado federal Manuel J. Clouthier Carrillo como precandidato al Senado de la República.

Sin precisar causales, el CEN no contempla en el listado nacional de precandidaturas externas avaladas al hijo del ex candidato a la Presidencia de la República, Manuel J. Clouthier del Rincón, 'Maquío', reveló la Comisión Estatal Electoral del PAN en Sinaloa.

En un comunicado, la CEE dio a conocer la lista de los aspirantes a una precandidatura panista por Mayoría Relativa y no se incluye al legislador federal; en cambio, avala solicitudes presentadas por legisladores federales y locales.

El presidente de esa comisión, Lorenzo Gómez Leal, informó que aceptaron las precandidaturas del diputado federal Adolfo Rojo Montoya, del diputado local Salvador López Brito y del ex legislador Guadalupe Carrizoza Cháidez, al Senado.

Para diputado federal, buscarán las diputaciones, José Leonel Sánchez Cota, Ramón Lizárraga Corrales, Bernardo Loose Dodter y Gerardo Peña avilés, por el Distrito 02.

Añadió que por el Distrito 3 y 4, fungen como precandidatos únicos Cruz Eduardo Angulo Castro y Manuel de Jesús Blanco Moreno, quienes habrán de validar su candidatura incluso con un voto el 19 de febrero, día de la elección interna panista.

Por el distrito 05, con sede en Culiacán, buscarán el voto de la militancia, Víctor Antonio Zazueta Angulo y Carlos Humberto Castaños Valenzuela; mientras que por el 06 harán lo propio Martín Pérez Torres, Arturo García Canizález y Gilberto Durán Hernández.

Gómez Leal indicó que por el distrito 08, ubicado en Mazatlán, contenderán Salvador García Salazar, Salvador Reynosa Garzón y Martín Alonso Heredia Lizárraga.

Los distritos 1 y 7 se declararon desiertos.

"MI HIJO, NO ERA ASESINO; NOMÁS FUE A UNA ESCUELA DE POBRES"



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Justicia, la demanda reiterada por las familias de los normalistas.
Funcionarios estatales sopesan escenarios para hoy, día de fiesta






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El normalista Alexis Herrera Pino, asesinado por policías el lunes pasado (Foto Cortesía de las familias de los estudiantes)






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Militares patrullan Chilpancingo la víspera del comienzo de la festividad del Paseo del Pendón, que se realiza cada año en esa ciudad y marca el inicio de la Feria de Navidad y Año NuevoFoto Notimex









Arturo Cano/  La Jornada

Ayotzinapa, Gro., 17 de diciembre. Frente a un dormitorio cuya reparación ha quedado a medias está un improvisado altar con la foto de Gabriel Echeverría de Jesús. En un edificio cercano, unas veladoras y un vaso que sirve de florero acompañan la fotografía de Jorge Alexis Herrera Pino.

Los dos muchachos iban a ser licenciados en educación primaria y quedaron tendidos, con tiros en la cabeza y el cuello disparados por la policía, en la Autopista del Sol el lunes pasado.

Estas son sus historias.
María Amadea de Jesús Tolentino recibe en el cuarto donde hace unos días veló el cuerpo de su hijo y se disculpa a la quinta frase: yo no sé leer, yo hablo dos idiomas.

El único cuarto con piso de cemento en la vivienda está repleto de flores y veladoras. Debajo de un Cristo hay dos fotos enmarcadas del hijo muerto que fue velado aquí, en su natal Tixtla, a pocos kilómetros de la normal de Ayotzinapa.

Doña María manda a una pariente por su marido y su hijo que se hallan en el panteón y mientras tanto habla de ella y de su hijo, en un ir y venir de lágrimas.

Cuenta que se casó ya mayor, a los 29 años, porque antes decía que no quería hombre porque son malos. Pero tuvo hombre y cuatro hijos. Los dos mayores, Martha y José Luis, viven en Atlanta y ni siquiera pudieron venir al sepelio de Gabriel porque no tienen papeles. Francisco, el menor, tuvo que dejar la escuela regular por falta de dinero y continúa sus estudios en la preparatoria abierta, con un brazo chueco resultado de la volcadura de un transporte público.

Cuando podía, Gabriel se alquilaba de peón para ayudar a la familia. Doña María tiene una fondita, aunque dice que a veces sólo alcanza a vender tres piecitas de pollo. El padre, también Gabriel Echeverría, enseñó a su hijo a trabajar en las dos hectáreas propiedad de la familia, pero ahora está incapacitado para trabajar tras una afección cerebral:

–La última vez que hablé con él me dijo: papá, yo quiero ser lo que fue Benito Juárez.

El delegado nacional
Al cuarto lleno de flores llegan vecinas que se acomodan en silencio después de entregar pequeños regalos: una botellita de aceite para cocinar, por ejemplo.

Vecinas y familiares asienten cuando los padres de Gabriel hablan de su carácter serio y responsable. Su único gusto era bailar, dice la madre, y va por un sombrero calentano que Gabriel usaba para zapatear con un grupo de danza folclórica.

Las esperanzas de la familia Echeverría estaban puestas en Gabriel. Decía que cuando terminara la normal iba a estudiar otra carrera, y que un sueldo sería para sus padres y el otro para su familia, si la llegaba a formar.

Ganas de estudiar no le faltaban. A veces trabajaba toda la noche, no le sé decir en qué, pero ahí estaba, con sus libros y su computadora, narra el padre.

En Ayotzinapa, sus compañeros de banca confirman el carácter responsable y serio de Gabriel.

Pablo Pérez Cruz, integrante del comité ejecutivo de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, afirma que le era muy cercano, porque ocupaba en el comité la cartera de orientación política y era, además, delegado nacional, es decir, representante de Ayotzinapa ante el resto de las normales del país.

A sus padres les contó de su nombramiento, que para él entrañaba gran responsabilidad. Y les advertía: todos callados, para que yo pueda llegar a donde quiero.

El lunes 12, el padre de Gabriel se encontraba, por las necesidades de un trámite, en las cercanías de la carretera federal. Le tocó ver cómo comenzaron a llegar los detenidos a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y las golpizas que les daban. Gritó que se detuvieran, igual que otras personas que andaban por ahí. Oyó los balazos y poco después fue a la carretera, donde vio tendido el cuerpo de su hijo de 21 años.

Mi hijo no era asesino, no era violador, nomás fue a una escuela de pobres, expresa doña María y se seca de nuevo las lágrimas.

El gobierno estatal ha buscado a los padres de Gabriel desde la noche del velorio. El padre cuenta que le ha llamado Víctor Aguirre, subsecretario de Gobierno, pero que él se ha negado a la reunión que le ofrecen con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Agrega que las últimas veces ha insistido una colaboradora de Víctor Aguirre llamada Elena, quien le dice: no desaproveche esta oportunidad de hablar con él.

¿Una pensión? ¿Que mi hijo más chico entre a la normal? Baraja sus opciones don Gabriel y menea la cabeza cuando cuenta lo que ha respondido a los funcionarios del gobierno: no sé ni preparar una palabra para contestarle al gobernador.

Los padres de Gabriel se arrebatan la palabra a cada rato y se contradicen todo el tiempo. Se entiende por qué su hijo les decía: mi tigrito, mi leoncita, los voy a meter en una jaula a cada uno y los voy a mantener.

Compañeros desde las cavernas
En Ayotzinapa hay casa llena. Los estudiantes de varias normales del país que marcharon el viernes siguen aquí, a la espera de las decisiones de sus asambleas.

Cinco muchachas de la normal de Atequiza, Jalisco, pasean muy orondas frente a la cooperativa que vende comida chatarra, tortas, papel sanitario y jabón.

Las miran pasar tres muchachos que inclinan la cabeza. Cuando se han alejado unos metros, uno de los jóvenes suspira: me acabo de enamorar.

Mientras el amor florece en Ayotzinapa, en el gobierno estatal hacen cálculos para este domingo. El Paseo del Pendón es una fiesta religiosa tradicional que incluye el desfile de los políticos. Se acostumbra que el gobernador encabece y detrás de él van los secretarios, los diputados, los aspirantes a cualquier cargo. Hay también danzas típicas y mezcal a raudales.

El temor es, naturalmente, que los estudiantes de Ayotzinapa decidan hacer algún tipo de protesta y le empañen la fiesta a un gobernador que incluso debe ocupar su tiempo en explicar la suma de errores –por decir lo menos– a sus propios compañeros de partido.
Esta tarde de sábado, el gobernador come con los dirigentes nacionales del PRD Jesús Zambrano y Dolores Padierna, quienes viajan expresamente para escuchar la versión de Aguirre. La reunión es privada, pero trasciende el interés del mandatario de convencer a los perredistas de la intervención de fuerzas extrañas en la represión del lunes 12.

Volvamos a la normal. Muy cerca del muchacho enamorado conversa con otro grupo Irving Juárez, quien compartía habitación con el otro estudiante asesinado, Jorge Alexis Herrera Pino. Eramos compañeros desde los tiempos de las cavernas, sostiene, al referirse a los dormitorios de los alumnos de nuevo ingreso, que son los más viejos y traqueteados.

Irving –a quien apodan El 40, por ser nacido en ese pueblo cercano a Acapulco– cuenta que en las últimas semanas Alexis estaba concentrado en su preparación física, porque quería estar en buenas condiciones para participar en un torneo de basquetbol en su natal Atoyac. Salía a correr en la mañana y en la tarde y contaba que el premio al equipo ganador era de 50 mil pesos.

Muy dotado para los deportes, Alexis era también bueno para los estudios. Eso dice Irving, quien recuerda que a su compañero de cuarto le gustaba el sonido de las teclas de su computadora, una blanca que tenía y que en sus ratos libres también le encantaba pasarla en Facebook y Messenger.

Irving y Alexis convivían de lunes a viernes pero los fines de semana se separaban, porque el primero se iba a manejar un taxi colectivo en la ruta Chilpancingo-Las Cruces.

Alexis la pasaba con su novia, Anel Cruz, quien hacía un viaje de seis horas desde una población serrana para estar con él.

Anel y Alexis iniciaron su noviazgo en segundo de preparatoria. Luego de seis años, a él le urgía terminar la normal (iba en tercer año) para comenzar a trabajar y matrimoniarse.

Los tenis sin dueño
A Elizabeth Pino, habitante de La Y, en el municipio de Atoyac, se le cayó el mundo cuando escuchó, el lunes 12, que desde la bocina que hace de radio comunitaria convocaban a todos los padres que tengan hijos en Ayotzinapa a una reunión urgente en la iglesia.

Había hablado por teléfono con su hijo Jorge Alexis apenas la noche del domingo, después del temblor, sólo para confirmar que todos estaban bien, pero la última vez que lo vio con vida fue el 2 de noviembre, cuando Alexis visitó a su familia por el Día de Muertos.

A Elizabeth se le cansaron los dedos de marcar el número celular de su hijo.

Jorge Herrera, padre de Alexis, interviene: mi hijo era delgado, alto, un excelente deportista. Era alegre y quería ser maestro como algunos de sus tíos y primos.

El padre de Alexis tiene dos hectáreas de terreno donde siembra maíz y frijol, pero en realidad vive de su trabajo de chofer de combi. Elizabeth vende quesadillas y tacos en su casa.

Ambos llegaron a Chilpancingo, a recoger los restos de su hijo, el lunes 12. Nos echó la mano un amigo de mi hermana, porque del gobierno no recibimos nada para el funeral, apunta el padre.

Funcionarios del gobierno estatal buscaron a la familia la noche del velorio. Al teléfono se puso un primo de Alexis presente en la charla:

–Le dije al funcionario que el gobernador no pretendiera tapar el sol con un dedo, y me contestó: no podemos hablar si te vas a poner así.

El primo de Alexis cuenta que le ofrecieron una charla privada con el gobernador, pero que en una llamada posterior le dijeron que tenía que ser pública. Luego marcaron precisamente cuando lo estábamos sepultando y pues ya no pudimos contestar.

Para los padres de Alexis, como para sus compañeros de la normal rural de Ayotzinapa, no hay más culpable que el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Lo primero que queremos es justicia, cárcel para los asesinos, señala Jorge Herrera.

–¿No es suficiente con la destitución de funcionarios?

–No, porque todo viene desde arriba.

Anel Cruz, la novia de Alexis, ya trabaja como maestra en una telesecundaria. Vio por última vez a Alexis el domingo 11, cuando la acompañó a la terminal de autobuses.

Para mí, el gobernador es responsable porque es la cabeza y debe tener la inteligencia de elegir a sus colaboradores. Si fueron sus funcionarios, entonces es incompetente porque no supo elegirlos, afirma la novia de Alexis.

Anel se quedó sola y con el regalo de fin de año que tenía listo para su novio: unos buenos tenis para que se luciera en el torneo interbarrios de Atoyac en estas vacaciones decembrinas.

TRABAJAN PARA AGENCIAS ESTADUNIDENSES "AL MENOS" 80 EX FUNCIONARIOS MEXICANOS


Espían y recopilan información, señalan altos mandos de PGR, SSP y Gobernación

No se descarta que servidores públicos en activo también estén colaborando con DEA, ATF e ICE

Gustavo Castillo García/  La Jornada
Desde ex funcionarios de alto nivel hasta policías de a pie han sido cooptados por agencias estadunidenses, principalmente por la encargada del combate antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las representaciones de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación confirmaron a La Jornada que han detectado que al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano trabajan para las agencias estadunidenses, espiando, recopilando información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés.

Las fuentes consultadas, las cuales solicitaron el anonimato, ya que han sido parte de los equipos que participaron en reuniones de representantes de México y Estados Unidos en negociaciones de acuerdos como la Iniciativa Mérida y la infiltración de agentes en organizaciones criminales, revelaron que no se ha descartado que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadunidenses en combinación con sus ex compañeros, lo que ya está siendo investigado en la averiguación previa en la que se indaga si la DEA ha lavado dinero de grupos criminales mexicanos en territorio nacional sin conocimiento de las autoridades del país.

Los ex servidores públicos y ahora informantes estadunidenses actúan como si se tratara de funcionarios consulares, pues una de sus bases se localiza en la propia embajada estadunidense; otras oficinas están en Reforma 265, y la más importante abarca un piso completo de un hotel que se ubica en la glorieta del Ángel de la Independencia.

De acuerdo con la información obtenida, las agencias estadunidenses han ofrecido empleo como informantes y a la vez como conseguidores de información en áreas como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), instancia de la PGR que tiene bajo su responsabilidad las investigaciones más sensibles en materia de crimen organizado; por ejemplo, el caso del empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, quien se encuentra sujeto a un proceso de extradición en Estados Unidos, o la integración de expedientes contra los hermanos Beltrán Leyva o la familia Zambada Niebla (hijos de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa).

Los entrevistados señalaron que los ahora servidores de DEA, ICE y ATF han sido detectados en instalaciones como el Centro de Mando de la Policía Federal o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y luego dirigir sus pasos a la embajada estadunidense o a las instalaciones que tienen en Paseo de la Reforma 265, donde oficialmente se localiza la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida.

Las autoridades entrevistadas reiteraron lo que este diario publicó en agosto pasado: en realidad, es un centro donde se determinan operaciones importantes contra grupos del crimen organizado, más por iniciativa o investigación de los estadunidenses que por actuaciones mexicanas, pero agregaron que, al igual que en las instalaciones del mencionado hotel, solamente se permite el acceso a los más selectos informantes o funcionarios.

En el caso de las instalaciones del hotel de la glorieta del Ángel de la Independencia, de los funcionarios entrevistados sólo algunos reconocieron haber ingresado al sitio: un piso completo que a simple vista parece una zona de suites, al cual solamente se accede con una llave por el elevador. Las fuentes detallaron que dentro de las instalaciones, las cuales son vigiladas por agentes estadunidenses, hay equipos de cómputo, vigilancia e intercepción telefónica, y en el lugar se reciben y envían de manera electrónica los cables sensibles de las operaciones en territorio mexicano.

La contratación de agentes y funcionarios mexicanos no es una situación reciente, pero ahora es más visible porque en algunos casos se ostentan como colaboradores; inclusive llegan a presumir que ahora tienen horarios más cortos y se enfocan a casos concretos, dijeron los entrevistados.

Asimismo, indicaron que en una reunión de alto nivel, funcionarios mexicanos reclamaron abiertamente a los representantes de agencias estadunidenses que en zonas como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, los agentes federales trabajaran para ellos y no cumplieran con sus responsabilidades, y se pidió que no los cooptaran, pero la situación ha continuado.

En ese contexto, aunque los agentes estadunidenses no suman más de 200 en todo el país, las autoridades mexicanas no conocen el número de informantes que han contratado, ya que inclusive se ha detectado que algunos que fueron detenidos como delincuentes colaboraban con alguna agencia, sobre todo en la frontera norte.

En agosto pasado, La Jornada informó que hay funcionarios locales que participan en las investigaciones y en el intercambio de información, además de que realizan labores de inteligencia, pero que son sometidos a exámenes de confianza por los estadunidenses, cuya evaluación incluye aplicaciones en el iris de los sustentantes, que se considera un sistema más barato, eficiente, confiable y rápido que el polígrafo tradicional.

Asimismo, que cuando las agencias estadunidenses quieren una captura o una incautación de alto impacto en México, las autoridades nacionales son informadas de los vínculos del presunto criminal, sus números telefónicos, los domicilios a que acude, como ocurrió en el caso de Arturo Beltrán Leyva, abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 15 de diciembre de 2009.

Una muestra pública reciente de la operación de estas agencias en territorio nacional –indicaron los entrevistados– fue lo sucedido en San Luis Potosí en febrero de este año, cuando el agente Jaime Zapata, de ICE, fue asesinado por integrantes de Los Zetas, luego de sostener una reunión con uno de sus informantes.

INSISTIRA PRI EN REFORMA POLITICA Y COALICIONES: BELTRONES


NotimexEl senador aseguró que en el periodo de sesiones concluido la semana pasada, el PRI contribuyó a crear instituciones y definir nuevas reglas para la renovación del régimen político.

Ciudad de México • El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, destacó el papel de su bancada en el recién concluido periodo de sesiones y adelantó que en el tiempo que resta a la actual legislatura, insistirán en un una reforma política que incluya los gobiernos de coalición.

Asimismo destacó que su partido ha influido para que el Senado de la República se afianzara “como una instancia de equilibrio constitucional, donde se delibera y legisla la agenda de interés general”.

En un comunicado, aseguró que en el periodo de sesiones concluido la semana pasada, el PRI contribuyó a crear instituciones y definir nuevas reglas para la renovación del régimen político.

En ese sentido destacó la aprobación de la iniciativa preferente del Ejecutivo federal y la iniciativa ciudadana, así como las reformas relativas a la sustitución del presidente en caso de falta absoluta y el procedimiento para su toma de protesta.

En materia de seguridad pública, dijo que brindaron al Ejecutivo federal instrumentos indispensables para la estrategia contra el crimen, como son las leyes contra el lavado de dinero y antisecuestros, así como reformas constitucionales en materia de derechos humanos, migración y amparo.

Asimismo, en materia económica, destacó la aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley de Asociaciones Público Privadas recientemente aprobada.

También resaltó las reformas a las leyes Federal de Telecomunicaciones que establecen el cobro por minuto de la telefonía celular, la General de Salud para agilizar la donación de órganos, además de las modificaciones la ley de Infonavit para la restitución de los ahorros de los trabajadores pensionados.

“El compromiso con las reformas no ha terminado y por ello, insistiremos en la aprobación integral de la reforma política, así como en la iniciativa de gobiernos de coalición, porque estamos convencidos de que para gobernar y volver a crecer es indispensable reformar el régimen político”, concluyó.

MIGUEL DE LA MADRID Y EL RUMOR DE SU MUERTE


Liliana Cavazos y Ricardo Dávila

Durante 20 minutos, en las redes sociales, diversos personajes, políticos e instituciones, dieron a conocer la muerte del ex presidente de México, hecho que después fue desmentido.