martes, 13 de diciembre de 2011

FAMILIA DE EL MULETAS CONTROLA NARCOMENUDEO EN TIJUANA BC

 La célula delictiva de José Luís Mendoza Uriarte, primo de Raydel López “El Muletas”, fue interceptada por una denuncia ciudadana que reportó hombres armados circulando en un vehículo Nissan negro a exceso de velocidad sobre Zona del Río Tijuana.

El reporte pasó y fue atendido por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes interceptaron el auto donde Luis Mendoza o “Mariano Rodríguez Peña”, acompañado de Guadalupe Javier Rodríguez Cruz y Kelvin Quiñonez Armenta, fueron revisados y reportados sin novedad. Pudieron haber escapado, pero transitaban en un carro con reporte de robo en California.

Los agentes corrieron los nombres de los detenidos en la base de datos y se dieron cuenta que Mariano Rodríguez Peña no existía, y al momento de detenerlos, dicho sujeto amenazó a los agentes: “Van a valer madres”.

Los oficiales decidieron hablar con los socios del desconocido, que parecía ser la cabeza del grupo y lo delataron. Dijeron que se trataba del “Güero Chompas”, dedicado al narcomenudeo, que había participado en asesinatos y usualmente andaba en compañía de su cuñado y su suegro.

Confesaron ser vendedores de droga al menudeo para “Los Teos”, pero anteriormente delinquían para Javier Mendoza Uriarte “El Chapito”, quien se fue a esconder a Culiacán y entonces el “Güero Chompa” se convirtió en el encargado de los negocios ilícitos de su pariente en el mes de septiembre.

Los cómplices admitieron que la célula delictiva había participado en algunos de los homicidios cometidos en El Florido, Los Pinos, Mariano Matamoros y el fraccionamiento García.

De los integrantes del grupo delictivo, explicaron que por la familia de “El Muletas” queda libre y operando criminalmente Víctor Mendoza Ureña “El Tío”, apoyado por “El Darynel”, “El Tacuba” y otro “Tío”.

Descubierto, Luís Mendoza mencionó que tratándose de ajustes de cuentas y homicidios en la Zona Este de la ciudad, se apoyaba de un hombre al que apodan “La Mosca”, y que otro hermano del “Chapito” controla el narcomenudeo en la colonia Sánchez Taboada.

Manifestó “trabajar para ‘El Tigre’” y saber que son de la línea de Sinaloa.

LA IMPUNIDAD DE TONY AGUNDEZ EN LOS CABOS BCS

Alcalde protege a Díaz y Lenin.

En lo que es una clara violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente municipal no ha removido de sus cargos a Luis Armando Díaz, quien fue hallado culpable de la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo fraccionamiento de “El Pedregal”, y a Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, quien sigue al frente de Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal luego de reprobar los exámenes de control y confianza.

Gerardo Zúñiga Pacheco / Alejandro Acuña Rivera
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- En el principal destino turístico del estado de Baja California Sur, nada más truenan los chicharrones del perredista-ecologista José Antonio Agúndez Montaño, alcalde de Los Cabos.

Nadie mueve un lápiz o una hoja de papel si el hermano del indiciado e inhabilitado ex gobernador del estado no da la orden o cuando menos disimula hacerlo.

Desde hace cinco semanas el alcalde del PRD se ha convertido en el principal protector de funcionarios ineptos e ineficientes, y ahora, hasta de cuestionados “servidores públicos” porque cuando menos, dos de ellos están en boca de todos y en la mira de las autoridades policiacas.

Uno de los señalados es Luis Armando Díaz, ex candidato a gobernador, ex secretario general de gobierno y hoy director de desarrollo en el Ayuntamiento de Los Cabos, detenido, encarcelado, y posteriormente, liberado, y desde el 5 de diciembre, encontrado penalmente culpable del delito de incumplimiento de un deber legal por la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo fraccionamiento de “El Pedregal” de Cabo San Lucas, cuya sentencia fue emitida por la Juez Tercera del Ramo Penal, María del Rosario Palacios Montaño.

Hombre clave en el trágico sexenio del hoy ecologista Narciso Agúndez Montaño, la permanencia en el cargo de Díaz viola de entrada y flagrantemente el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur, que dice que una persona “no podrá tener cargo o comisión, hasta en tanto, se defina de forma definitiva, su situación jurídica”.

Datos entregados a ZETA expusieron que la Contraloría General del Estado ha iniciado un procedimiento de destitución con inhabilitación de Luis Armando Díaz, como único órgano de gobierno facultado legal y jurídicamente –así lo establece la propia Ley— para que sea separado provisionalmente del cargo, comisión o empleo que desempeña el citado funcionario, en virtud de que el alcalde José Antonio Agúndez Montaño, violentando todas las disposiciones legales, declaró que el indiciado director de desarrollo “no sería removido y permanecería en su puesto. “Todo el respaldo para Luis Armando Díaz”, sostuvo el 5 de diciembre.

Por otro lado, hay regidores, como el panista Juan Fernando Sánchez Navarro, que están totalmente en desacuerdo con la postura del edil, que sigue haciendo caso omiso en el cambio de 8 funcionarios de su administración que no reúnen el perfil ni son aptos para desempeñar los cargos, según el resultado de una evaluación elaborada por 8 de los 11 regidores de la administración que únicamente fue respaldada por el 25 por ciento de los electores cabeños.

Sánchez Navarro explicó que los regidores ya tienen cinco semanas que entregaron el resultado de la evaluación y después de más de 200 días, aún no conocen la respuesta del alcalde José Antonio Agúndez Montaño.

No obstante, regidores del PRD, como Julio César Castro, dijeron a ZETA que tendrían que recurrir a la presión para que el alcalde resuelva en definitiva la situación laboral de los funcionarios que, en la evaluación de trabajo, salieron reprobados, y contraviniendo a las promesas de campaña del propio alcalde, siguen trabajando en el Ayuntamiento de Los Cabos.

El regidor del PRD solicitó –en el caso específico de Luis Armando Díaz— a la PGJE una investigación apegada a derecho y fuera de cualquier revanchismo político para evitar que se politice el sistema de procuración de justicia y el estado de derecho, que las decisiones que tome la contraloría general del estado sean en base a sus facultades y que se presenten pruebas de las acusaciones.

Para colmo el alcalde de Los Cabos también está incurriendo en un delito estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que a más de cuatro meses de haber reprobado el examen de control y confianza –el 6 de agosto– en el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (CISEN), Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar sigue ocupando el cargo de comisionado de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

El artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es claro y contempla sanciones con entre 2 y 8 años de prisión y una multa de 500 a mil días de salario mínimo a quien, de manera dolosa, ilícita o reiterada, haga lo siguiente:

Fracción III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de seguridad pública de cualquier orden de gobierno, a cualquier persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la ley.

Fracción IV.- Asigne de nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a aquella persona que no haya sido certificada y registrada, en los términos de esta Ley. Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente.

Así, entre violaciones y omisiones y la postura sumisa y blanda de los regidores del PRD, PAN y PRI, Luis Armando Díaz y Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, siguen en sus cargos cobrando jugosos sueldos y viviendo del erario, como en su momento lo hicieron con el hermano del alcalde Tony Agúndez.
 

HUNDEN A NARCISO AGUNDEZ

 
Inhabilitan y multan a ex gobernador
Hay más de 15 testimonios que obran en la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011 y la causa penal 261/2011, donde la mayoría de los presuntos implicados en la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo fraccionamiento El Pedregal, desesperados y presionados por la investigación judicial, señalan directamente al ex gobernador como principal responsable de haber dado la orden, fraguado y simulado la operación de compraventa en Cabo San Lucas.

Gerardo Zúñiga Pacheco /Alejandro Acuña Rivera
La Paz, Baja California Sur. “Se me instruyó por parte del ingeniero Narciso Agúndez Montaño para acudir a la Notaría Pública Número 15, a cargo del licenciado Juan Raúl Mendoza Unzon, a recibir diversos cheques, motivo de una operación de compraventa, desconociendo en ese momento sobre qué inmuebles se refería y el monto de las operaciones de cada uno, comentándome el notario que los cheques que me hacía entrega, en su totalidad, sumaban 23 millones 983 mil pesos y que debía entregarlos a la Secretaría de Finanzas, mediante escrito, haciéndome del conocimiento el titular de la Notaría, a la entrega de los mismos que la operación que se había realizado era sobre siete bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, Baja California Sur”, expuso Ramón Alejo Parra Ojeda, ex director de Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos del pasado sexenio, en su declaración preparatoria en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El ex funcionario aseguró que de hecho entre septiembre y octubre de 2010 recibió órdenes del ex gobernador para realizar el cobro a la empresa Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V., ya que únicamente había pagado la cantidad de 3 millones 810 mil pesos como garantía de seguridad, correspondiente al 5 por ciento del valor total de la operación de compraventa,  la cual había ascendido a 76 millones 200 mil pesos y estaban pendientes de liquidarse 72 millones 390 mil pesos.

Al momento de rendir su declaración, Parra Ojeda no recordó la fecha exacta, únicamente que cuando habló con los representantes de la compañía, quienes responden a los nombres de Óscar Armando Deccarett Casas, Barret Jonathan Masso McDonald y Luis Roberto Gorostiza Nelson, reconocieron el adeudo y prometieron liberar el dinero a más tardar en un mes.

“No obstante y para efecto de cumplir con la instrucción de recuperar los inmuebles, procedimos a interponer demanda civil contra la empresa Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V., pero a inicios de 2011 se me instruye para efectos de participar en la celebración de un convenio, mediante el cual la empresa regresaría los bienes inmuebles a favor del gobierno del estado con sus mejoras y accesorios, porque el argumento de la empresa era que no había podido cubrir el adeudo por cuestiones de índole económico, estableciéndose que la cantidad que había sido depositada como garantía de seriedad, quedaría a favor del gobierno por daños y perjuicios”, relató.

El ex servidor público comentó que el 11 de enero de 2011 se firmó el convenio para que los bienes inmuebles pasaran otra vez a manos del gobierno del estado, sin embargo, luego de esa operación y casi de forma inmediata, tuvo conocimiento de que el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño había girado la instrucción para que fueran escrituradas las propiedades de El Pedregal en Cabo San Lucas, mismas que debían ser expedidas en la Notaría Pública Número 15, a cargo de Juan Raúl Mendoza Unzon.

El testigo se refería a la operación de compraventa -por segunda ocasión- de los siete bienes inmuebles de esa zona residencial a favor del empresario Hassan Mansur González, representante legal de las compañías Inmobiliaria Fakhir, S.A. de C.V.; Inmuebles Sonia Torreón, S.A. de C.V. e Inmuebles Samar Torreón, S.A. de C.V., quien supuestamente pagó 55 millones 947 mil 600 pesos menos del valor real de las propiedades, generando un quebranto en las arcas estatales.

“Yo no tuve ninguna participación en ese proceso, únicamente recibí y recogí diversos cheques, motivos de la operación de compraventa, y hasta que los tuve en mis manos, supe que era por lo de los bienes inmuebles de El Pedregal de Cabo San Lucas”, dijo.

Después de rendir su declaración, el agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, planteó once preguntas a Ramón Alejo Parra Ojeda, mismas que tuvo que responder. Destacan las siguientes:

1. ¿Conoce o tiene conocimiento de quiénes fueron las personas que se encargaron de hacer los trámites ante la Notaría con motivo de la compraventa de los referidos inmuebles?

“No conozco a las personas, el día que me entregaron los pagos, el titular de la Notaría Pública Número 15 me comentó que eran los compradores”.

2. Diga en qué Juzgado y bajo qué número de expediente fue radicada la demanda civil que dice haber promovido en contra de Las Veredas de San José, S. de R.L de C.V. por la falta de pago…

“No sé el número de expediente ni Juzgado, no obstante para mejor proveer de la presente indagatoria, sugiero a esta autoridad requerir la información a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Legislativos”.

Éste es sólo un extracto de uno de los más de 15 testimonios que obran en la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011 y la causa penal 261/2011, donde la mayoría de los presuntos implicados en la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo fraccionamiento El Pedregal, desesperados y presionados por la investigación judicial, señalan directamente a Narciso Agúndez Montaño como principal responsable de haber dado la orden, fraguado y simulado la operación de compraventa en Cabo San Lucas.

La primera venta
El 10 de junio de 2011, José Refugio Carrillo Sánchez, director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno del estado, presentó una denuncia penal tras descubrir en la revisión de expedientes una serie de irregularidades e inconsistencias en la venta de siete predios del citado fraccionamiento de Cabo San Lucas.

Relató que después de tomar protesta en el cargo, el 6 de abril, comenzó un inventario de los bienes inmuebles patrimonio del gobierno estatal, por lo que encontró un expediente archivado a su cargo, relacionado a la enajenación de siete bienes inmuebles, los cuales fueron adquiridos por medio de contratos de donación y vendidos al parecer de manera ilícita, y de los cuales entregó una relación con los antecedentes, extensiones, ubicaciones y claves catastrales, así como escrituras.

En su querella, Carrillo explica que el 15 de febrero de 2008, Narciso Agúndez Montaño, solicitó al Congreso su autorización para enajenar a título oneroso los citados bienes inmuebles, enviado un escrito al presidente de la Comisión Permanente, José Carlos López Cisneros, acompañado de los respectivos avalúos catastrales autorizados por la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos, los cuales fueron elaborados en base a la tabla de valores unitarios de suelo y la construcción, así como la zona donde estaban localizados.

Hasta el 7 de diciembre de 2007, los siete bienes inmuebles costaban 64 millones 673 mil 161 pesos, según avalúo firmado por el entonces director de ese organismo municipal, Abel David Green.

El funcionario expone que el 4 de marzo de 2008, la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso local, integrada por los diputados Óscar Leggs Castro, Blanca Guadalupe Guluarte Guluarte y Georgina Nohemí Hernández Beltrán, dictaminaron y aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto del entonces gobernador, Narciso Agúndez Montaño,  cuya solicitud llevaba la firma del secretario de Finanzas, Nabor García Aguirre (ya fallecido) y del secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Guillermo Jáuregui Moreno.

Los legisladores aprobaron la venta de los siete bienes inmuebles con una extensión de 71 mil 939 metros cuadrados, cuyos fondos se destinarían a obras de infraestructura urbana y social.

En el Artículo Tres del decreto, los diputados establecieron un candado: “Se obliga al titular del Poder Ejecutivo a enterar oportunamente al Congreso del Estado, en cualquier tiempo que éste se lo requiera, de la promoción y enajenación a título oneroso en su caso, así como el destino de los recursos económicos, revirados de la presente autorización”.

Por tal motivo, el 16 de mayo de 2008, Guillermo Jáuregui Moreno, siendo secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, expidió la convocatoria para la Licitación Pública Nacional PI-01/2008, e invitó a todos aquellos que tuvieran interés en participar en la compra de las propiedades, estipulando como precio base de la venta 76 millones 151 mil 160 pesos, y fijando como condición el pago del 100 por ciento a la propuesta ganadora al momento de formalizar el contrato de compraventa, a través de cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas, y a más tardar diez días después de la emisión del fallo.

En la denuncia penal, José Refugio Carrillo Sánchez afirma que, en base al expediente en su poder, el dictamen se emitió el 2 de junio de 2008 y favoreció a la compañía Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V., representada por Luis Roberto Gorostiza Nelson, quien ofertó la cantidad de 76 millones 200 mil pesos. Una vez transcurrido el proceso, el 12 de junio del 2008, se celebró el contrato de compraventa entre gobierno del estado y los ganadores de la licitación, en el cual firmaron las siguientes personas:

Por parte del gobierno, Narciso Agúndez Montaño, Luis Armando Díaz, Héctor Ibarra Espinoza y Guillermo Jáuregui Moreno en su calidad de gobernador, secretario general, oficial mayor y secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, respectivamente.

Mientras que del licitante ganador figuró Luis Roberto Gorostiza Nelson, representante de Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V.

Cabe destacar que en ese contrato nunca apareció el nombre de Óscar Armando Deccarett Casas, hijo del principal prestanombres de Narciso Agúndez Montaño, ni de Barret Jonathan Masso McDonald, extranjero que durante mucho tiempo invadió propiedades para el malogrado Grupo de Los Cabos, como el caso de la discoteca Pink Kitty de Cabo San Lucas.

En la denuncia penal, el funcionario entregó una copia del contrato donde se establece que en el acto de la firma se entregaron 72 millones 390 mil pesos, equivalentes al 95 por ciento de la operación y 3 millones 810 mil pesos, que representan el 5 por ciento de la operación.

En total, 76 millones 200 mil pesos, cantidad notificada oficialmente como ingreso al Congreso del Estado, dentro de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008; sin embargo nadie sabe dónde quedó el dinero.

La segunda venta
 Pese a que en el primer contrato de compraventa y en la cuenta pública de 2008, el dinero aparece como ingresado a las arcas estatales, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, una vez que perdió las elecciones del 6 de febrero de 2011 y en vísperas de dejar el poder, el 17 de febrero pasado, o sea, 11 días después de la derrota del candidato a gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Armando Díaz y adelantándose a que pudiera descubrirse esta operación fraudulenta, ordenó la elaboración de una minuta en la que se hace constar una supuesta reunión entre él, Alfredo Porras Domínguez y Juan Garibaldo Romero, así como los diputados Natividad Osuna Aguilar y Arturo Flores González, en la cual se explica acordaron volver a vender los siete bienes inmuebles, en virtud de la anulación del contrato de compraventa con Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V. y, por consiguiente, se declaraba desierta la Licitación Pública Nacional número PI-01/2008.

En la minuta que obra en el expediente judicial, Narciso Agúndez Montaño, dijo que tenía dos interesados en comprar los bienes inmuebles del exclusivo fraccionamiento El Pedregal.

El primer interesado era Mónico Javier Soto López, administrador único de la compañía Alja Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V., quien ofreció pagar 20 millones de pesos por las propiedades.

El segundo interesado fue Hassan Mansur González, representante legal de Inmobiliaria Fakhir, S.A de C.V., Inmuebles Sonia Torreón, S.A. de C.V. e Inmuebles Samar Torreón, S.A de C.V., quien dijo que presentó una propuesta de pago de 23 millones 980 mil pesos.

En el expediente que obra en manos de ZETA, se describe que en virtud de que la Licitación Pública Nacional finalmente quedó desierta y que los diputados habían autorizado en el cláusula número tres de que en caso de que la convocatoria se declarara desierta, el gobierno del estado podría vender los bienes inmuebles separada o conjuntamente de manera directa a la persona física o moral que presentara la propuesta económica más viable, sin importar que dicha autorización se encontrara apegada o no a la legalidad.

Así, después de analizar las dos propuestas y los supuestos avalúos catastrales y comerciales incorporados a la minuta, firmados por el perito valuador Luis Pedro Cervantes Santamaría, Narciso Agúndez Montaño, Alfredo Porras Domínguez y Juan Garibaldo Romero Aguilar, en su calidad de gobernador, secretario general y oficial mayor, de manera respectiva, concluyeron vender los terrenos al empresario Hassan Mansur González, ordenando entonces el ex gobernador al comprador que fuera a la Notaría Pública Número 15, a cargo de Juan Raúl Mendoza Unzon, para que formalizara el contrato de compraventa en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el cual pagaría todos los impuestos, derechos y honorarios notariales de los siete bienes inmuebles.

En la minuta de esa reunión, iniciada a las 12:30 y terminada a las 15:15 del 17 de febrero, se refiere que Narciso Agúndez Montaño instruyó a Hassan Mansur González para que entregara el pago en cheques al momento de escriturar las propiedades y destinar dichos recursos para infraestructura urbana y social.

Cabe destacar que los dos avalúos que existen en el expediente sobre las dos operaciones de compraventa de los siete bienes inmuebles del fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, fueron elaborados por la misma persona, es decir, Luis Pedro Cervantes Santamaría, y evidentemente difieren del precio y del tiempo, aunque se trata de los mismos terrenos.

El primero registra una avalúo de 76 millones 151 mil 160 pesos elaborado en febrero de 2008, y el segundo un avalúo de 21 millones 183 mil pesos, elaborado en enero de 2011.

Las irregularidades
En el expediente de más de tres mil hojas, tanto la PGJE como del Tribunal Superior de Justicia del Estado encontraron una serie de irregularidades. Algunas de ellas son:

1. La primera propuesta económica presentada por Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V. no apareció en el expediente de la operación de compraventa archivado en la Dirección del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra.

2. El primer contrato de compraventa es simple, y no quedó registrado ni formalizado bajo ningún notario público.

3. Los avalúos oficiales de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos, elaborados el 7 de diciembre de 2007 -según la constancia expedida-, registran una firma y cuentan con los sellos de la Tesorería Municipal y Catastro, pero carecen del nombre de los firmantes. En esa fecha los predios fueron valuados en su conjunto en 64 millones 673 mil 161 pesos.

4. Los avalúos elaborados por Luis Pedro Cervantes Santamaría son diametralmente opuestos y tienen una diferencia de 55 millones 947 mil 600 pesos entre el primero de 2008 y el segundo de 2011.

5. La segunda operación de compraventa no registra una Licitación Pública Nacional, contraviniendo la Ley, aun cuando los diputados de la pasada legislatura hayan autorizado al ex gobernador del PRD para poder celebrar la operación de manera directa y sin entrar a concurso. La licitación sólo salió publicada en una sola ocasión y fue de carácter nacional, cuando en la autorización de los diputados, se preveía una de carácter internacional, por lo que aprovechándose del poder y de la investidura, se evitó la participación de extranjeros en el concurso, por tratarse de un destino turístico y de una zona de alta plusvalía comercial.

6. El ex gobernador y sus ex colaboradores recurrieron a una sesión secreta para poder vender de manera directa los bienes inmuebles, omitiendo la realización de una nueva Licitación Pública Nacional e Internacional.

7. Las dos propuestas económicas de la segunda operación de compraventa no están en la minuta o el expediente en la Dirección del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra.

8. Los contratos de compraventa de la primera y segunda operación tienen una gran similitud en su redacción, palabras, expresiones léxicas, así como sorprendente semejanza en faltas de ortografía.

9. En la revisión de la documentación, según las conclusiones del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se advierte un claro contubernio entre autoridades de gobierno y supuestos compradores, ya que por testigos, se descubrió un acuerdo previo entre los involucrados para perpetrar actos dolosos en perjuicio de la administración pública estatal.

10. Asimismo, el agente investigador explica que el contubernio es evidente, cuando dichos ex funcionarios permitieron que los supuestos compradores tardaran hasta tres años en pagar las propiedades, los cuales, posteriormente, dejaron sin efecto la operación, cuando la regla de pago era liquidar al 100 por ciento los predios en el momento de la firma del contrato, quedando en evidencia la simulación para tratar de apoderarse ilícitamente de esas tierras.

11. Finalmente, la PGJE determinó que los ex funcionarios contravinieron los lineamientos establecidos en las reglas de la convocatoria, porque al formalizar el primer contrato de compraventa quedó claro que habían cubierto el pago de las propiedades; sin embargo, para su propia sorpresa tres años después los supuestos compradores, convinieron rescindir el contrato, porque “no habían pagado”, exponiendo con dicha actuación un daño en los intereses del negocio en la licitación pública, acreditándose a todas luces un favoritismo hacia la empresa y los supuestos compradores, satisfaciendo indebidamente el interés de la misma, máxime que como exponen testigos, Óscar Armando Deccarett Casas es hijo de Óscar Deccarett Habbif, comisionado de Pesca Deportiva en el sexenio de Narciso Agúndez Montaño y compadre suyo.

Los implicados
NombreCargo
Narciso Agúndez Montaño
Gobernador
Luis Armando Díaz
Secretario general
Alfredo Porras Domínguez
Secretario general
Guillermo Jáuregui Moreno
Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Juan Garibaldo Romero Aguilar
Oficial mayor
Héctor Ibarra Espinoza
Oficial mayor
Ramón Alejo Parra Ojeda
Director de Asuntos Jurídicos y Legislativos
Oscar Armando Deccarett Casas
Socio de Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V.
Barret Jonathan Masso McDonald
Socio de Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V.
Luis Roberto Gorostiza Nelson
Socio de Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V.
Luis Pedro Cervantes Santamaría
Perito valuador
Juan Raúl Mendoza Unzon
Notario público Número 15
Elsa Lorena Domínguez Molina
Directora de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra
Judith Díaz Espindola
Notaría Pública Número 14
Hassan Mansur González
Representante legal de Inmobiliaria Fakhir, S.A. de C.V.; Inmuebles Sonia Torreón, S.A. de C.V. e Inmuebles Samar Torreón, S.A. de C.V.

Fuente: Investigaciones ZETA

QUINTO AÑO DE GOBIERNO: 60 MIL 420 EJECUCIONES

 Baja California, cuarto lugar nacional con 4 mil 014 muertos en cinco años

 - 28 mil 025 difuntos son clasificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública como “sin datos” y “otros”.  Es decir, el gobierno federal no sabe quiénes son el 46.38 por ciento de los muertos.

- Dirección del Centro Nacional de Información: “Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento, por lo que es de esperarse que en algunos estados como Chihuahua, haya más víctimas que averiguaciones previas”.

- Human Rights Watch: “Lo que ocurre en México es que no existen investigaciones creíbles”.

- Amnistía Internacional: “Lo que urge es la investigación”.

- Activista Consuelo Morales de Nuevo León: “Calderón es responsable de este baño de sangre y desolación”.

- Doctor Diego Valadés: “Gobierno mexicano denota actitud irreflexiva y autoritaria”.

Enrique Mendoza Hernández
En medio de la impunidad en el sexenio del Presidente Felipe Calderón, los muertos en México ya no se cuentan de uno en uno. Se cuentan por montones, como los 26 cadáveres arrojados en plena Guadalajara o los 35 en Boca del Río.

Por cientos se registran los desenterrados de narcofosas en Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero hasta el momento.
Con el Operativo Michoacán, Felipe Calderón inauguró lo que llamó su “guerra” contra el crimen organizado, el 11 de diciembre de 2006.

A cinco años de gobierno y a uno de que concluya su administración, niños, mujeres, estudiantes, activistas sociales, empresarios, periodistas, adolescentes y otros mexicanos han perdido la vida.

Recurriendo como metodología a la comparación de tarjetas informativas de las secretarías de Seguridad Pública tanto municipales como estatales, y a estadísticas de las fiscalías y procuradurías generales de Justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de Información, ZETA llegó a la conclusión que durante los cinco años de gobierno calderonista, la cantidad de muertos llegó a 60 mil 420; escalofriante cifra que incluye lo que el gobierno federal clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”.

La alarmante suma se obtiene del siguiente desglose anual:

- En diciembre 2006, ZETA registró 62 muertes relacionadas con el crimen organizado.

- En 2007: 2 mil 826.

- 2008, 6 mil 837.

- 2009, 11 mil 753.

- 2010, 19 mil 546.

- En 2011, del 1 de enero al 31 de octubre, llegó a 19 mil 396.

La validez de las estadísticas de este Semanario se sustenta también en el discurso del gobierno federal. Cuando Alejandro Poiré informó el 12 de enero de 2011 que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado, de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en realidad el funcionario reconoció tácitamente que el 75.88 por ciento correspondía a crímenes relacionados con narcotráfico.

Ahora que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2011 el Sistema Nacional de Información da cuenta de 80 mil 107 homicidios dolosos, los 60 mil 420 crímenes relacionados con el crimen organizado registrados por ZETA corresponden al 75.42 por ciento del total de homicidios dolosos cometidos en cinco años de administración calderonista.

Los anteriores son los muertos oficiales, pero hay otros que las autoridades tanto estatales como federales prefieren ocultar ante la comunidad mexicana e internacional.

El ocultamiento de los muertos o los muertos incómodos
 No todas las ejecuciones ocurridas en los estados están siendo registradas por el Sistema Nacional de Información. Un ejemplo muy claro es Chihuahua. La Fiscalía de aquella entidad informó en noviembre de 2011 que entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de octubre de este año, ocurrieron 16 mil 456 “homicidios dolosos”, de los cuales 2 mil 549 tuvieron lugar en 2008; 4 mil 543 en 2009; 5 mil 898 en 2010 y 3 mil 466 de enero a octubre de 2011.

No obstante, el Sistema Nacional de Información, a través del Secretariado Ejecutivo, sólo reporta 11 mil 588 “homicidios dolosos”: 2 mil 030 en 2008; 3 mil 156 en 2009; 3 mil 806 en 2010 y 2 mil 596 en diez meses de 2011. Es decir, no da cuenta de 4 mil 868 muertos. Sólo hay dos opciones: O la Fiscalía Estatal de Chihuahua no reporta el 100 por ciento de los decesos al gobierno federal, o el Sistema Nacional de Información no registra la cantidad que las autoridades estatales le reportan.

De hecho, en la edición 1945 correspondiente a la semana del 8 al 14 de julio de 2011 (http://www.zetatijuana.com/2011/07/11/50-mil-ejecuciones/), ZETA dio a conocer que el 14 de marzo de este año la Fiscalía General de Justicia del Estado Chihuahua reportó 7 mil 209 homicidios dolosos ocurridos en 2010; pero en noviembre de 2011 sólo reconoció que el año pasado sucedieron 5 mil 898. Es decir, mil 311 homicidios dolosos no son reconocidos por la misma institución.

Entonces, si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua no reconoce mil 311 ejecuciones, más 4 mil 868 que no reporta el Sistema Nacional de Información, resulta que por lo menos 6 mil 179 cadáveres son desconocidos por ambas instituciones.

Lo único que informó en noviembre último la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue la cantidad de 9 mil 604 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada: mil 024 en 2008; mil 976 en 2009; 4 mil 138 en 2010 y 2 mil 466 durante los primeros diez meses de 2011.

En el transcurso del año, ZETA ha solicitado entrevista con el licenciado Carlos Manuel Salas, fiscal general del estado de Chihuahua, para que responda si existe ocultamiento de información al gobierno federal o si es este último el que no registra el 100 por ciento de homicidios dolosos reportados por las autoridades estatales. No se ha obtenido respuesta favorable.

Recientemente se le preguntó a un funcionario del Sistema Nacional de Información, a propósito de sus estadísticas a través de las cuales el gobierno federal reporta el total de ejecuciones, si las procuradurías estatales reportan el total de homicidios dolosos al Sistema Nacional de Información.

Contestó: “Nosotros registramos lo que las procuradurías nos mandan”. Para ilustrar un panorama de lo que ocurre a nivel nacional sobre el ocultamiento de los muertos, puso como ejemplo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz no había reportado ningún secuestro durante todo 2011 al Sistema Nacional de Información. El funcionario contestó a ZETA con una pregunta retórica: “¿Tú les crees? Yo no”.

Los muertos de la fosa común
 En las estadísticas del Sistema Nacional de Información existe una especie de fosa común virtual. Ahí están amontonados los muertos no identificados, muchos desaparecidos reclamados por familiares en las marchas, los que quién sabe de qué país centroamericano venían, los calcinados, los pedazos de los desmembrados, los cráneos encontrados por montones, los cuerpos putrefactos desenterrados como si fueran papas de las fosas clandestinas por todo el país, las cabezas sin cuerpo dentro de bolsas de plástico color negro.

De las 60 mil 420 ejecuciones registradas por ZETA durante cinco5 años de gobierno del Presidente Calderón, clasificadas como homicidios dolosos cometidos “por arma de fuego”, “por arma blanca”, “sin datos” y “otros”, 21 mil 768 corresponden precisamente al rubro de “otros”: En 2007 el Sistema Nacional de Información registró 4 mil 202 “otros” muertos; 3 mil 487 en 2008; 3 mil 946 en 2009; 5 mil 025 en 2010 y 5 mil 108 durante 10 meses de 2011.

Un funcionario del Sistema Nacional de Información aseguró que en el rubro de “otros” tienen su tumba virtual los decapitados y otros difuntos para los cuales no existe una categoría en el formato de incidencia delictiva del gobierno federal:

“Si es un decapitado, pues obviamente en ‘otros’, porque no está la categoría de decapitados. Tampoco hay un apartado que diga ‘ejecuciones’, ‘decapitados’, que estén específicamente y que tú digas, ‘bueno, ¿dónde está el descuartizado que encontraron hace dos semanas?’”, plantearía el funcionario del Sistema Nacional de Información.

Por si fuera poco, de las 60 mil 420 ejecuciones ocurridas durante cinco años, 6 mil 257 difuntos son clasificadas como “sin datos”.

En 2007 el Sistema Nacional de Información registró 746 muertos “sin datos”; 2 mil 302 en 2008; mil 043 en 2009; mil 275 en 2010 y 891 difuntos“sin datos” del 1 de enero al 31 de octubre de 2011.

Para acabar pronto, entre el rubro de “otros” con 21 mil 768 cadáveres y la categoría “sin datos” con 6 mil 257, suman 28 mil 025 difuntos en cinco años de gobierno. En otras palabras, de los 60 mil 420 crímenes cometidos en ese lapso, 46.38 por ciento son muertes clasificadas como “sin datos” y “otros”; es decir, el gobierno federal desconoce la identidad de 28 mil 025 muertos.

“El punto es que hasta no exista una investigación seria, creíble, que realmente son muy escasas en México, fundada, es imposible determinar quiénes han sido estas víctimas y quiénes son sus responsables”, explicó fehacientemente a ZETA el doctor José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch.

“Lo que ocurre en México es que no existen investigaciones creíbles”, sentencia Vivanco.

Asimismo, Diego E. Zavala, Especialista en DDHH de México para Amnistía Internacional con sede en Londres, explicó sobre la situación crítica de los derechos humanos en México:

“El gobierno (de México) ha reiterado a menudo su compromiso con la protección de los derechos humanos durante su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los casos de las personas desaparecidas, las fosas clandestinas, los secuestros y asesinatos ponen de relieve que la situación crítica de los derechos humanos en México”.

Amnistía Internacional coincide con Human Rights Watch sobre la nula investigación del gobierno federal para por lo menos determinar la identidad de las víctimas, menos para sentenciar a los culpables de las 60 mil 420 ejecuciones:

“Lo que urge es la investigación”, concluye el doctor Diego E. Zavala

BC, deshonroso cuarto lugar nacional
 Del total de 60 mil 420 muertes relacionadas con el crimen organizado durante los últimos cinco años, 48 mil 692 corresponden a 12 estados. Es decir, doce entidades federativas concentran el 80.5 por ciento del total de crímenes.

1er. lugar, Chihuahua. Se han registrado 12 mil 712 homicidios dolosos relacionados con  la delincuencia organizada entre el 1 de diciembre de 2006 y 31 de octubre de 2011.

2. Sinaloa.- 7 mil 003.

3. Guerrero. 5 mil 175.

4. Baja California. 4 mil 014.

5. Estado de México. 3 mil 215.

6. Nuevo León. 3 mil 035.

7. Durango.- 2 mil 880.

8. Jalisco. 2 mil 535.

9. Michoacán. 2 mil 408.

10. Tamaulipas. 2 mil 291.

11. Sonora. 2 mil 066.

12. Coahuila. 1 mil 358.

Los “daños colaterales”
El sexenio del Presidente Felipe Calderón también se ha caracterizado por las muertes de civiles que su propia administración llama “daños colaterales”: Niños, estudiantes, empresarios, periodistas, activistas sociales.

El gobierno reconoce: “90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada. Sólo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010.

Si ZETA ha documentado 60 mil 420 muertes producto de la guerra de Calderón contra el crimen organizado durante su sexenio, el 10 por ciento de “blancos civiles” serían 6 mil 042.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 5 mil 397 personas han sido reportadas como extraviadas nada más en el sexenio de Calderón, mientras 8 mil 898 cadáveres no identificados han sido de los “resultados” de su “guerra” contra el crimen organizado.

Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez, 120 mil personas desplazadas por la violencia, según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y más de 40 mil mexicanos piden asilo político, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Entre “los daños” colaterales se encuentran señores y señoras que al perder a sus familiares, se han convertido en activistas sociales blanco no sólo de la impunidad gubernamental incapaz de revolver sus casos, sino también del crimen organizado y del Estado mismo. No existe ninguna investigación si son algunas autoridades o el crimen organizado quien ha acabado con la vida de muchos activistas.

Entre algunos activistas sociales asesinados se encuentran, por mencionar algunos, la señora Marcela Escobedo, de Ciudad Juárez; Nepomuceno Moreno, de Hermosillo y Trinidad de la Cruz Crisóstomo, de Michoacán.

¿Cuál es su juicio respecto a los asesinatos de activistas sociales?, pregunta el reportero a la Hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey, Nuevo León, por cierto de las contadas organizaciones civiles a favor de los Derechos Humanos en la región que comprende al estado regio, Tamaulipas y Coahuila.

“Me parece que estos asesinatos enrarecen aún más esta ausencia de Estado de Derecho, y manifiesta la falta de capacidad de las autoridades de detener esta creciente impunidad.  Pero estos hechos que son muy dolorosos, nos convocan y nos unen para juntos seguir buscando, en este caso, a Ricardo Moreno,  hijo de Nepomuceno Moreno, por lo que junto con el Movimiento por la Paz, exigimos justicia, verdad y la investigación que nos permita dar con los verdaderos responsables de estos asesinatos. Entonces, lejos de debilitarnos, nos fortalecemos y nos unimos en estas exigencias”.

Calderón, “actitud irreflexiva y autoritaria”
 Por “crímenes de guerra y lesa humanidad”, el Presidente Felipe Calderón enfrenta ya una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Países Bajos. Motivada por 23 mil firmas y liderada por Netzaí Sandoval, la demanda incluye al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera; al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; al secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, entre otras autoridades del gobierno calderonista.

¿Qué opina Usted sobre la demanda interpuesta al Presidente Calderón por ONGs y 23 mil ciudadanos mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad?, se le cuestiona a la Hermana Consuelo Morales.  

“Me parece que ganas no faltan de verdaderamente juzgarlo por esta actitud tan irresponsable que nos ha llevado a una situación de violencia que supera los muertos de Afganistán, con las consecuencias emocionales, sociales, económicas, etcétera, y aunque me gustaría que fructificara ante la CPI, según nuestro análisis parece que no cubre lo estrictamente jurídico, aunque de hecho sabemos que Felipe Calderón es responsable de este baño de sangre y desolación”.

Luego de que fuera demandado ante la Corte Penal Internacional, ¿qué opinión le merece de que el Presidente Felipe Calderón haya respondido que su gobierno “explora todas las alternativas para proceder legalmente” al respecto?  
“Una vez más, manifiesta su intolerancia y cerrazón”.

Finalmente,  el doctor Diego Valadés, investigador titular “C” de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador nacional Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, expresa a ZETA sobre la lamentable intolerancia y amenaza de Calderón:

“El gobierno actuó con precipitación y sin fundamento en la Constitución. Las 23 mil personas que han llevado sus quejas y argumentos ante la CPI lo han hecho de manera institucional, respetuosa de los procedimientos y acogiéndose a derecho. La tesis de la declaración oficial, de que ocurrir ante un tribunal es un delito, carece de base jurídica e incluso de sentido común. Por eso un nutrido grupo de personas dirigimos un comunicado público al gobierno pidiendo que se retractara de la amenaza. El secretario de Gobernación ya rectificó, lo que indica que advirtieron la magnitud del error y evitaron lo que habría sido un grave atropello. Es deplorable que se registren excesos verbales como los contenidos en ese desplegado del gobierno mexicano, que denotan una actitud irreflexiva y autoritaria”.

La voz oficial: “Más víctimas que averiguaciones previas”
 Ante los miles de muertos e impunidad que prevalece en el sexenio del Presidente Felipe Calderón durante cinco años de gobierno, el licenciado Jaime López Aranda, director del Centro Nacional de Información, concedió -vía escrito- una entrevista. Nótese que tal vez dicen más las preguntas no respondidas por el funcionario federal.

Para empezar, cuando se le preguntó cuál es el total de homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre ó 30 de noviembre de 2011 en las 32 entidades federativas, reconoció: “80 mil 080 denuncias de homicidio doloso al 31 de octubre”.

Del total de homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2011 en las 32 entidades federativas, ¿cuántos corresponden a crimen organizado?

“La caracterización de ‘crimen organizado’ a la que se alude se denomina actualmente como ‘rivalidad delincuencial’ y se encuentra en la Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial, que se compila y publica por separado. En este momento aún no se cuenta con el dato de referencia hasta 2011. Los datos disponibles de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 se pueden consultar en http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos/.

“Sin embargo, como se refiere más adelante, la comparación no puede ser directa, debido a que en el reporte al Sistema Nacional de Seguridad Pública se contabilizan denuncias que se convierten en averiguaciones previas, y en la citada base, se contabilizan fallecimientos individuales registrados por distintas fuentes”.

Total de homicidios dolosos del 1 de enero de 2011 al 31 de octubre de 2011 en las 32 entidades federativas…

“18 mil 911 denuncias de homicidio doloso al 31 de octubre”.

La Fiscalía Estatal de Chihuahua reporta oficialmente 16 mil 456 “homicidios dolosos” del 1 de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011. Mientras tanto, el Secretariado Ejecutivo reporta oficialmente 11 mil 588 en el mismo periodo y en el mismo rubro de “homicidios dolosos”. ¿A qué se debe tanta diferencia? ¿La Fiscalía Estatal de Chihuahua no reporta la totalidad de homicidios dolosos, o los que reporta son solamente los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado?

(No contestó).

Al hacer la resta 16 mil 456 “homicidios dolosos” del 1 de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011 reportados por la Fiscalía de Chihuahua, menos 11 mil 588 en el mismo periodo y en el mismo rubro de “homicidios dolosos” reportados por el Secretariado Ejecutivo, da una diferencia de 4 mil 868 “homicidios dolosos” no reportados por el Secretariado Ejecutivo. ¿Por qué el Secretariado Ejecutivo no los incluye en sus estadísticas? ¿La Fiscalía de Chihuahua omite reportar los 4 mil 868 “homicidios dolosos” en ese periodo, o el Secretariado no los reporta?

(No contestó).

En todo caso, al haber tanta diferencia (4 mil 868), ¿lo que reporta el Secretariado Ejecutivo en sus estadísticas corresponde a “homicidios dolosos” nada más relacionados con el crimen organizado?

“El formato CIEISP (Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública), que se ha utilizado para compilar una estadística de incidencia delictiva desde 1997, no recopila el número de víctimas, sino el número de denuncias que se convierten en averiguación previa, a fin de aproximar tanto la incidencia denunciada en la entidad como el nivel de actividad en materia de procuración de justicia. Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento, por lo que es de esperarse que en algunos estados como Chihuahua, haya más víctimas que averiguaciones previas. Esta recopilación está en línea con la práctica a nivel internacional, incluyendo la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito y el Reporte Criminal Uniforme del FBI.

“Así, la diferencia que aprecia el Semanario ZETA se debe a que en un caso se están contabilizando averiguaciones previas y, posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua desglosa el número de víctimas por género y zona, como se hace en la Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial para casos específicos.

“Para el caso del homicidio doloso en general (incluyendo presunta rivalidad delincuencial) se está preparando a nivel nacional como un formato de reporte suplementario que el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzará a aplicar a partir del año próximo, como lo hace, por ejemplo, el FBI.

“Es necesario recordar también que el análisis del fenómeno delictivo y en particular del homicidio, requiere recurrir a múltiples fuentes de información que aproximan distintos aspectos de éste. Es por ello que el gobierno federal puso a disposición una base de datos de fallecimientos relacionados con presunta rivalidad delincuencial, que complementa y amplía algunos aspectos del reporte en casos específicos de homicidio doloso. De la misma forma, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ya publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), que permite estimar el número de delitos y víctimas que no necesariamente fueron denunciados”.

En sus estadísticas sobre homicidios dolosos, el Secretariado Ejecutivo los clasifica en cuatro categorías en el siguiente orden: “Por arma de fuego”, “por arma blanca”, “otros” y “sin datos”. ¿En cuál de las cuatro categorías entran los decapitados, enteipados, desmembrados, encobijados, enterrados en narcofosas?

(No contestó).

Entre el 1 de enero de 2007 y 31 de octubre, el Secretariado Ejecutivo registró 79 mil 059 homicidios dolosos  “por arma de fuego”, “arma blanca”, “otros” y “sin datos”. De ese total, 21 mil 756 corresponden a la categoría de “otros”. ¿A qué se refiere el Secretariado Ejecutivo con “otros”, tomando en cuenta que son 21 mil 756 “homicidios dolosos” en ese rubro?

“Las procuradurías de Justicia y fiscalías generales de las entidades federativas son las responsables de clasificar los delitos de acuerdo, entre otras cosas, al elemento utilizado para la comisión de éstos. En el caso del homicidio doloso, el elemento utilizado para la comisión se refiere al instrumento que causó la muerte, de acuerdo a lo que determine el Ministerio Público.

“Por ejemplo, si la causa de muerte es decapitación, el elemento sería arma blanca, pero si la decapitación es post-mortem, el elemento podría ser arma de fuego. Por ello en el reporte al Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se recogen categorías como las mencionadas.

“La categoría de ‘otros’ en los elementos permite a las procuradurías agrupar los homicidios que no encajan de manera precisa en las otras categorías. Puede referirse a otros elementos de comisión del delito o a una combinación de varios. Pero es necesario reiterar que sólo el Ministerio Público en cada entidad federativa y a nivel federal, tiene los elementos y la responsabilidad de clasificación. El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo no clasifica ni agrupa ninguna denuncia, sino que se limita a compilar y publicar los reportes de las entidades federativas”.

En total, y en cinco años, 60 mil 420 ejecutados.

Decomisos de la semana

1 de diciembre. Autoridades militares aseguraron en un predio de Navojoa, Sonora seis armas tipo AK-47, tres escopetas, tres fusiles AR-15, cinco pistolas, una granada, equipo de comunicación, material para empaquetar droga y tres vehículos.

En la misma entidad, pero en el poblado de Sonoyta, se incautaron 112 paquetes de marihuana con un peso de una tonelada 144 kilogramos. En el acto se detuvo a Patricio López “El Patricio”.

3 de diciembre. En Mexicali se detuvo a Luis Adolfo Amaya, de 35 años de edad, en posesión de un vehículo que en su interior contenía seis kilos 240 gramos de crystal.

4 de diciembre. En las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, Sonora, se confiscó una aeronave tipo Cessna con residuos de marihuana. Dos sujetos, Martín Aldas y Mario Alberto Ochoa, fueron detenidos.

7 de diciembre. Elementos del Ejército mexicano incautaron en Rosarito tres toneladas 146 kilogramos de marihuana confeccionadas en mil 222 paquetes. El General Gilberto Landeros dijo que presumiblemente el enervante pertenecía a “La Burrita”, narcotraficante de aquel municipio.

Otro hecho se registró en San Felipe, donde se aseguraron 3 mil 146 kilogramos de marihuana. No hubo detenidos.
PEP

Agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos sujetos en posesión de más de 15 kilogramos de marihuana repartidos en 30 mil dosis que, se presume, tendrían un precio en las calles de aproximadamente 600 mil pesos. El decomiso se llevó a cabo tras un recorrido de vigilancia de la corporación.

Por su parte, agentes de la Patrulla Fronteriza en la Garita de San Luis Colorado detuvieron a un hombre y una mujer que intentaban cruzar 34 kilos de cocaína a territorio estadounidense, a bordo de un vehículo. Fueron los perros entrenados por aquella corporación los que identificaron la droga. Los detenidos y la cocaína se encuentran bajo el control de las autoridades norteamericanas.

Homicidios
6 de diciembre. En el municipio de Ensenada, en la carretera de Ojos Negros, un hombre fue encontrado sin vida después de ser impactado por tres balas en le cabeza. Según reportes, autoridades estatales se encuentran investigando el homicidio, hasta el momento sin resultados.

7 de diciembre. De un impacto de bala en la cabeza, un hombre fue asesinado en el fraccionamiento Virreyes de Mexicali. Tras el reporte de un ciudadano que vio el cuerpo, autoridades se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones. El individuo no ha sido identificado; tampoco hay detenidos.