domingo, 11 de diciembre de 2011

ADMITEN QUE FALLO ESTRATEGIA EN EL ISSSTE PARA SURTIR RECETAS MEDICAS

El programa de vales distorsionó el mercado y afectó finanzas del instituto: el director

El retraso en licitaciones provocó desabasto y se recurrió a la emisión de bonos, señala Sergio Hidalgo Monroy Portillo

Por los costos, en julio se determinó prescribir medicinas genéricas
 
Ángeles Cruz Martínez/  La Jornada
La estrategia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), para surtir la totalidad de las recetas médicas de sus derechohabientes no funcionó como se esperaba. A dos años y medio de su puesta en marcha, el director Sergio Hidalgo Monroy Portillo afirmó que el programa de vales generó una distorsión en el mercado y dañó las finanzas del instituto, pues los proveedores optaron por incumplir sus contratos para poder vender más caro el mismo medicamento al organismo de salud, pero en las farmacias privadas.
Esto se agudizó en los primeros meses de 2011, cuando por el retraso en los procesos de licitación, clínicas y hospitales reportaron elevados niveles de desabasto, los cuales se trataron de subsanar con la emisión de vales de medicinas. Más de 40 por ciento de las recetas se surtieron de esta forma, explicó Hidalgo Monroy Portillo.
Datos oficiales proporcionados con anterioridad indican que la erogación para cubrir la demanda de medicinas, en ese periodo de dos meses, ascendió a más de dos mil 500 millones de pesos, la cuarta parte del presupuesto del año para la compra de fármacos.
El recién nombrado director del Issste informó que ya evalúa la posibilidad de eliminar el programa. Indicó que otro aspecto de la distorsión que provoca la existencia de los vales es que algunos proveedores han optado por no participar en los concursos del instituto. Esto obliga a declararlos desiertos, lo cual explica el desabasto de ciertos productos.
También afectan las inconformidades que presentan proveedores cuando no resultan ganadores del concurso. La impugnación impide concretar los contratos. Significa que la atención de los derechohabientes está sujeta a procesos administrativos y eso no puede ser, advirtió el funcionario.
Es claro que al no contar con las medicinas, las clínicas y hospitales están obligados a recurrir a los vales, a fin de garantizar que los derechohabientes contarán con sus tratamientos clínicos completos, como lo ofreció el presidente Felipe Calderón en la ceremonia donde anunció la puesta en marcha del Programa Integral de Abasto de Medicamentos, en junio de 2009.
Se suponía que los vales no rebasarían 3 por ciento del total de medicinas prescritas. Sin embargo, en 2011 representaron más de 40 por ciento del abasto, sobre todo de las claves más costosas, explicó Hidalgo Monroy Portillo.
Debido a lo oneroso que resultó el programa Mediexpres para el Issste, en julio las autoridades determinaron modificar el esquema para que los vales únicamente cubrieran medicamentos genéricos, ninguno innovador, pues su costo es mucho más alto.
Conforme a esta disposición, las medicinas de patente faltantes –de las que no existen genéricos– tendrían que ser compradas por los directivos de clínicas u hospitales. Algunos pacientes aseguraron que esto no se cumple.
Hidalgo Monroy Portillo informó que está buscando otras alternativas para garantizar el abasto de medicinas, entre ellas establecer un convenio con la Secretaría de la Función Pública, por el cual se permita al Issste que, en caso de declararse desierta alguna licitación, pueda realizar compras directas a precios previamente definidos. Con ello se evitará la afectación a las finanzas del organismo, dijo.
También comentó que el grave problema de desabasto de medicinas que se registró en este año llevó a la Junta Directiva del ISSSTE a crear un órgano táctico de solución, pero luego de cierto tiempo no se había reunido. Esta semana tuvo lugar la primera sesión, donde sus integrantes empezaron a analizar el problema.

PROCURADURIAS ESTATALES NIEGAN DATOS PARA IDENTIFICAR CUERPOS DE NARCOFOSAS

 
Entregan cuatro de los cadáveres encontrados en San Fernando

Gustavo Castillo García/ La JornadaEn tanto el Ministerio Público Federal continúa los trabajos para la identificación de los restos de 120 de los 173 migrantes hallados en marzo pasado en San Fernando, Tamaulipas, las procuradurías estatales se han negado a entregar sus informes relacionados con denuncias interpuestas por la desaparición de personas, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
El Ministerio Público Federal informó ayer que la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros entregó los cuerpos de cuatro de los 120 restos que fueron trasladados de Tamaulipas a la ciudad de México para su identificación, luego de que su filiación fue plenamente corroborada.

Colaboración de familiares
Los restos identificados correspondían a habitantes de Guanajuato –tres– y otro a uno de Tamaulipas. Todos fueron localizados en marzo pasado en fosas clandestinas en San Fernando.

De esta manera ya suman 34 los cuerpos que se han devuelto en el Distrito Federal a sus familiares de los 120 que fueron trasladados.
Según la información proporcionada por la procuraduría, los familiares de personas desaparecidas que se acercaron a la SIEDO aportaron elementos para la identificación de los cuerpos, consistentes en fotografías, expedientes dentales, muestras orgánicas para la elaboración de perfiles genéticos, así como documentación con las huellas dactilares impresas de las personas desaparecidas, lo que permitió la confronta dactiloscópica, lo cual dio pie a la identificación de los restos ya entregados.

La integración del banco de datos y huellas genéticas y denuncias que la PGR se propone crear para poder identificar el tamaño del problema de personas desaparecidas en el país, no ha sido posible toda vez que más de 20 procuradurías locales no han aportado dato alguno, señalaron funcionarios de la PGR.

Las identidades genéticas que la PGR ha obtenido de los restos que fueron localizados en fosas clandestinas en Tamaulipas en 2010 y este año, forman parte de ese banco de personas posiblemente desaparecidas, señalaron las fuentes consultadas.

PIDEN ONG AL MANDATARIO ASUMIR SU RESPONSABILIDAD

Fernando Camacho Servín/ La JornadaLos siete puntos anunciados el viernes por el presidente Felipe Calderón para respetar los derechos humanos, en el marco de la nueva etapa de la guerra contra el crimen organizado, son un reconocimiento tácito de que la estrategia de seguridad pública ha atentado contra las garantías básicas de los ciudadanos y podría ser un buen punto de inicio para corregir algunos aspectos.
 
Así lo afirmaron activistas de organizaciones civiles, quienes llamaron al gobierno a no presentar dicho plan como un favor o una concesión especial, sino asumir que son su responsabilidad institucional y dar muestras de que verdaderamente piensa actuar en consecuencia.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la primera impresión que le causan los puntos anunciados por Calderón es buena, ya que coincide con muchas peticiones que han enarbolado las organizaciones de defensa de las garantías individuales.

Sin embargo, indicó, ese listado de acciones ya tendría que ser parte de la operación normal del Estado mexicano, y el hecho de enunciarlas ahora de esta forma es un reconocimiento implícito de que su política de derechos humanos no tiene claridad.
Leídos de forma general, corresponden en cierta medida con los planteamientos que se les han hecho para respetar las garantías básicas de los ciudadanos. El problema empieza en que no hay condiciones para cumplirlos, y así quedarían sólo como buenas intenciones, alertó.

Un ejemplo de lo anterior es que prácticamente ningún cuerpo de seguridad tiene reglamentos para limitar el uso de la fuerza. Mientras no haya condiciones estructurales para cumplir estos puntos, tendremos que esperar mucho para verlos en la realidad. No están mal, pero todavía tenemos que ver cosas mucho más concretas, apuntó.

David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, coincidió en que el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos no puede ser planteado por el gobierno como acción especial, sino como parte de su trabajo institucional normal.

Como punto de arranque me parecen bien, pero sigue siendo poco, porque el Estado los presenta como concesiones o como favores, cuando en realidad son su obligación. El gobierno ha sido omiso y laxo en el respeto a los derechos humanos, justificándolo por la guerra contra el narcotráfico, subrayó

EXAMENES DE CONFIANZA FACILITAN DESPIDOS MASIVOS: SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA PGR

Llama a ampararse contra el programa, pues se pretende disminuir 50% de la plantilla

Trataremos de ganar en definitiva el no a la aplicación de las pruebas, dice el líder Chico Méndez

Gustavo Castillo García
La JornadaLa Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a notificar la aplicación de exámenes de confianza a los servidores públicos sindicalizados y, en respuesta, la dirigencia del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de esa institución (SNITPGR), advirtió a sus agremiados que se pretende disminuir a 50 por ciento la plantilla, por lo que la única posibilidad de evitar un despido masivo injustificado es ampararse contra el programa, indicó Sergio Chico Méndez, presidente de esa organización.
En tanto, en la Policía Federal Ministerial (PFM) –también conocida como AFI– continúa el proceso de despido de agentes que presuntamente reprobaron las pruebas poligráficas, toxicológicas, de entorno social, médicas, físicas o sicológicas, y ya suman más de 600 los policías dados de baja, señalaron integrantes de esa corporación dependiente de la PGR.
Mediante comunicaciones internas, el SNITPGR ha advertido de esa situación a sus agremiados. En el oficio SNITPGR/020/2011 se menciona: “Se está tratando de acabar con el personal que más le estorba, y ése es el personal de base, por ello y como hemos mencionado en diversas ocasiones, los agremiados a esta organización sindical (…) trataremos de ganar de manera definitiva el no a la aplicación de los exámenes de control de confianza”, y se indica que cada empleado, al recibir la notificación, firme el documento bajo protesta y de inmediato tramite un recurso de amparo, y para evitar ser despedido inmediatamente o declarado no apto por no presentar las pruebas, acuda al centro de control de confianza.
De acuerdo con información obtenida de funcionarios de la PGR, en el SNITPGR han sido notificados nueve de 500 empleados. Según Chico Méndez existen versiones no confirmadas que indican que al menos 600 trabajadores que forman parte del Sindicato Nacional de la PGR, el cual dirige Humberto Nava Genera, ya concedió que 600 de sus agremiados sean sometidos a las pruebas, y en caso de que no las acrediten sean reubicados en otra dependencia.
De acuerdo con estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el pasado noviembre contaba con 16 mil 500 servidores públicos, 7 mil de ellos elementos de la Policía Federal Ministerial, de los cuales casi 33 por ciento fueron declarados no aptos por motivos que van desde el padecimiento de enfermedades –obesidad, tabaquismo, propensión a diabetes, incluso mal humor o estrés–, de acuerdo con documentos con los cuales los agentes fueron notificados de su proceso de baja.
Por lo que se refiere a los servidores públicos sindicalizados, el SNITPGR cuenta con 500 agremiados, mientras el SNTPGR suma 2 mil 200 miembros, que en su mayoría desempeñan labores de oficina.

DESCONOCIA MEXICO OPERACIONES DE "LAVADO" DE LA DEA: SOTA

No sabía el gobierno mexicano, por lo que ya hemos iniciado una investigación para deslindar responsabilidades, declaró la vocera a un programa de la cadena Univisión.

Notimex
 Washington. Alejandra Sota, portavoz del presidente Felipe Calderón, negó hoy que el gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA) como parte de la lucha contra el narcotráfico.

“No, no sabía el gobierno mexicano y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento”, dijo Sota al programa “Al Punto” de la cadena Univisión.

The New York Times reportó el pasado fin de semana que la DEA de Estados Unidos ha estado lavando o contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Según el diario, en algunos casos agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos acompañados por estadunidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México.

Al ser cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos, Sota reiteró que “definitivamente es algo que se tiene que investigar, pero de entrada nosotros negamos que haya habido conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza”.

La portavoz presidencial agregó que informarán los resultados de manera ”puntual y transparente”.

Sota reiteró por otra parte que a través de la inteligencia civil mexicana se tuvo conocimiento del intento del hijo de Gadafi de ingresar a México.

Agregó que gracias a la inteligencia mexicana pudo evitarse el ingreso de Saadi Gadafi al país porque –dijo- tiene una ficha roja emitida por la Interpol y “está siendo perseguido por los crímenes que se le adjudican” por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

Sota negó que hayan participado agentes de otros países y reiteró que fue “una operación exitosa de la inteligencia civil mexicana”.

Señaló que sólo hubo cooperación con el gobierno canadiense para intercambiar información.

Sobre la demanda ante la CPI sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y las fuerzas de seguridad, Sota negó que existan en México “violaciones sistemáticas” a los derechos humanos.

“La respuesta que hemos dado con contundencia es que es una acusación que no es válida”, recalcó.

Sota señaló que la demanda a nivel internacional no procede y serán los miembros de la corte quienes decidan. “Se acusa al presidente de algo que es su obligación constitucional, que es la protección de los ciudadanos”, enfatizó.

Sobre el tema de la próxima elección presidencial en México, la portavoz indicó que una de las preocupaciones principales del presidente Felipe Calderón es que los comicios se realicen en paz.

Sota dijo que “desde la Presidencia” la obligación es que se lleve a cabo un proceso y transición ordenados y con apego a la ley. “Para él es muy importante que la democracia continúe en México”, aseveró.

IMPUNES 98% DE LOS 67 MIL ASESINATOS DEL GOBIERNO DE CALDERON, SOSTIENE JAVIER SICILIA

Se suman Narro, Sicilia y Concha a la denuncia contra el presidente Calderón

Foto
Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, lamentó ayer, durante su participación en el congreso ciudadano, que el gobierno federal rehúse cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizado Foto Demián Chávez
Mariana Chávez/ La Jornada
Querétaro, Qro., 10 de diciembre. Al concluir el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, los participantes firmaron un manifiesto de 14 puntos, entre los cuales se encuentra uno en el que se suman a la denuncia de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón por incurrir en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y otro para demandar el retiro de las fuerzas armadas de las calles del país, porque violan las garantías elementales de los ciudadanos.
En el congreso participaron como ponentes José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Javier Sicilia, coordinador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, entre otros.

Suscribimos la denuncia que con valentía y entereza presentaron 23 mil personas ante la CPI de La Haya el 25 de noviembre de 2011 contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales contra la violación sistemática de sus derechos que se señalan en la Constitución mexicana, afirma el texto leído por Gonzalo Guajardo González, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

El documento plantea la urgencia de que los mexicanos recuperen su bienestar social, económico, cultural y político, que se asignen recursos económicos suficientes a las instituciones para evitar la corrupción y que las instituciones de educación asuman su tarea de formar personas en su integridad y no sólo capacitar a la fuerza laboral.

Al presentar la conferencia Seguridad y justicia sin democracia, Narro Robles indicó que los derechos y garantías individuales y sociales deben ser exigibles y no sólo aspirar a que ello suceda.

Destacó que la corrupción, la impunidad y la falta de impulso a la educación, el desempleo y la economía informal incuban grandes problemas en el país que deben ser atendidos de inmediato, pues no se puede continuar por esa vía.

Javier Sicilia, quien participó mediante un enlace virtual, indicó que primero están los deberes y después los derechos. Consideró que no existiría una Declaración Universal de los Derechos Humanos si cada ciudadano respetara esas garantías como un deber.

Indicó que 98 por ciento de crímenes cometidos en el país quedan impunes, y destacó que en total se han cometido 67 mil 700 asesinatos en el marco de las acciones de guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno federal.

Señaló que olvidar y no reconocer que se ha cometido determinado número de crímenes en el país, así como no castigar a los autores de esas muertes, representa un crimen de lesa humanidad.

En el tema Políticas públicas sobre seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, Concha Malo destacó que el gobierno federal ha hecho caso omiso a la petición ciudadana de cambiar la estrategia de combate al narcotráfico ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que se han cometido.

"LEVANTAN" A MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EN LOS MOCHOS, POR UN COMANDO ARMADO


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Luis Fernando Nájera   
José Esaú Vázquez Navarro, subdelegado C de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR) en Los Mochis, fue privado de la libertad esta tarde sábado, por un comando armado al llegar a su domicilio, en Culiacán.




Vázquez Navarro estaba habilitado en el cargo tras casi dos décadas de fungir como agente del Ministerio Público Federal en diferentes mesas investigadoras.

Su esposa, que lo acompañaba al momento de ser privado de la libertad, fue dejada libre momentos después del hecho.

Presuntamente otra persona que acompañaba a Vázquez Navarro se encuentra también desaparecida, pero la identidad de ésta no ha sido precisada por las autoridades.

En estos momentos se desarrolla un operativo de búsqueda del agente del Ministerio Público Federal.

En Culiacán se han reportado al menos cuatro ejecuciones. Vázquez Navarro no se encuentra entre ellas.

LUNA GARCIA, PARTE DE UN EQUIPO LIGADO AL NARCO: JUVENTINO CASTRO Y CASTRO

 Redacción 
 La "amnesia" de García Luna. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, miente dolosamente e incurre en injuria al responsabilizar a Alejandro Gertz Manero de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de Puente Grande y de haber desmantelado las estructuras policiacas del país, sostuvo Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El legislador manifestó que, desafortunadamente, García Luna siempre falla en sus precisiones. No sé a qué se deba, pero en este caso miente dolosamente. Su memoria lo ha traicionado una vez más.

Recordó que atrás del actual secretario de la SSP está su hechura: Wilfrido Robledo Madrid, quien fue el primer titular de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Él incurrió en innumerables irregularidades como responsable de esa instancia, las cuales lo pusieron al borde de la cárcel.

 “Por su parte, García Luna, como secretario de Seguridad Pública, no estaba infiltrado por la delincuencia organizada, sino era parte, junto con su equipo de trabajo, de una serie de funcionarios relacionados con los distintos cárteles de la droga (El Chapo Guzmán, Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, etcétera).

Tal es el caso de Édgar Bayardo y del propio secretario particular de García Luna, Mario Arturo Velarde Martínez, involucrado en cuestiones de narcotráfico, es decir, tenía vínculos con El Mayo Zambada”.

Según el ministro, García Luna se equivoca porque el responsable real de la fuga de El Chapo Guzmán fue Robledo Madrid. Por lo que se refiere a la imagen de la PFP y del sistema de inteligencia, efectivamente se encuentran destruidos, pero no por Gertz Manero, sino por García Luna, quien viendo su falta de pericia, capacidad, profesionalismo y seguridad se dejó manipular por quien en verdad maneja la secretaría: Robledo Madrid.


 Los resultados están a la vista: más de 50 mil muertos, no hay un sistema de inteligencia que los impida y tampoco un programa de prevención que los combata.

Para Castro y Castro, la libertad de expresión no es un derecho sin límites, sino, por el contrario, se encuentra restringida por el respeto a los derechos de terceros.

“Las aseveraciones de García Luna son imputaciones dolosas que atentan contra el honor, la intimidad y la buena fama de Gertz Manero, quien como titular de la entonces SSP federal mantuvo equilibrio en la seguridad pública de los ciudadanos de este país, que dista por mucho del fracaso de García Luna al frente de esa institución, la cual ha perdido toda credibilidad.

 En suma, las aseveraciones del titular de Seguridad Pública son una muestra más de su irresponsabilidad dentro y fuera de sus funciones, porque pretende justificar lo injustificable, como su fracaso durante los cinco años al frente de la SSP.

La Jornada