sábado, 12 de noviembre de 2011

INVESTIGAN A 15 AGUNDISTAS EN BCS

Falta el líder de la “banda” de invasores de Uzcanga
La captura de César Uzcanga es el inicio de las pesquisas para responsabilizar penalmente a los implicados en la invasión de “La Ballena” en San José del Cabo. Están sujetos a investigación Luis Armando Díaz, así como Narciso y José Antonio Agúndez Montaño. También cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos, dos ex titulares de la PGJE, tres subprocuradores de justicia, un ex AMPFC, un juez penal y el abogado que defiende al compadre del ex gobernador; además de 23 líderes políticos del PRD y del PT.

Gerardo Zúñiga Pacheco
 San José del Cabo, Baja California Sur. Definitivamente César Uzcanga no actuó solo. Detrás de la invasión del predio conocido como “La Ballena”, están embarrados líderes políticos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), directores municipales, ministerios públicos, jueces, ex subprocuradores, ex procuradores, ex secretarios de gobierno y por supuesto, el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, considerado desde un principio el autor intelectual y líder del llamado Grupo de Los Cabos que el 17 de noviembre de 2007, despojó alevosa y premeditadamente de un predio de 665 hectáreas al Ejido San José del Cabo.


En la investigación que sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no únicamente son responsables los autores materiales, sino todos aquellos que por negligencia o complicidad, permitieron y solaparon a quienes desde la cumbre del poder, consumaron la invasión más grande registrada en la historia del estado, con 6 millones 650 mil metros de tierra tomados, tras apoderarse ilícitamente del inmueble valuado en 2 mil 808 millones 214 mil pesos, mismo que fraccionaron para comercializar cerca de 16 mil lotes rústicos a familias de escasos recursos, según dicta la cartografía.

Los autores intelectuales y materiales calcularon llevarse por esta invasión una ganancia total de mil 360 millones de pesos, es decir, mil 144 millones 214 mil pesos menos del valor comercial, a razón de vender cada predio en 85 mil pesos en pagos mensuales de entre 2 mil y 4 mil pesos que eran depositados en una cuenta concentradora a nombre del compadre de Agúndez, César Uzcanga Amador, abierta en Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), bajo el número 0550242019. Hoy se sabe que desde ahí se repartía el dinero entre los principales cabecillas de este negocio.

Por eso el titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, adelantó el 9 de septiembre que la mira no sólo estaba centrada en Uzcanga, sino en más de 15 ex servidores públicos que, abusando de su fuero y poder, otorgaron todo tipo de facilidades al líder visible de esa invasión. Como ejemplos está el haber negado en dos ocasiones una orden de aprehensión girada en su contra, cuando se habría logrado acreditar que el acusado había fotocopiado, el 11 de julio de 2007, un legajo del expediente de denuncias de tierra 705/1883 del predio “La Ballena”, que obra en el archivo histórico de tierras de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de La Paz, con autorización de la encargada, Mirna Angélica Pérez Medina.

Las fotocopias fueron utilizadas después por el compadre de Agúndez como títulos de propiedad que demostraban que había “comprado” el predio de manera legal, en la ganga de un millón de pesos y en cómodos pagos de hasta 50 mil pesos. Dichas reproducciones fueron validadas por Francisco Karim Martínez Lizárraga, primero en su calidad de notario público número 22, y después como titular de la PGJE en el sexenio pasado.
Muchos cómplices
Datos recabados por ZETA refieren que entre la lista de ex servidores públicos están las siguientes personas:

1. Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador.

2. Luis Armando Díaz, ex presidente municipal de Los Cabos y actual director general de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Los Cabos.

3. José Antonio Agúndez Montaño, ex director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) y actual alcalde de Los Cabos.

4. Jorge Joel Cota Ruiz, ex director de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos; actual delegado municipal de Santiago.

5. Guillermo Marrón Rosas, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos; actual secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos.

6. José Manuel Curiel, ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos; actual director general del OOMSAPAS de Los Cabos.

7. José Luis Cortés González, ex titular de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos.

8. David Green Moreno, actual director de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos.

9. Manuel Valdés Rangel, ex director de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología de Los Cabos.

10. Fernando González Rubio Cerecer y Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex titulares de la PGJE.

11. Omar Barajas Amador y Hugo Mendoza Núñez, ex subprocuradores de justicia de la zona sur del estado.

12. Noé Leal Lizardi, ex subprocurador de Control de Procesos de la PGJE, y hoy abogado defensor de César Uzcanga Amador.

13. Carlos Vladimir Moyrón Echeverría, ex agente del Ministerio Público del Fuero Común de la PGJE.

14. Sergio Aguilar Navarro, ex juez primero penal y actual juez segundo de Primera Instancia del ramo penal.

Los nombres de los señalados figuran en la lista de los ex servidores públicos sujetos a investigación de una denuncia penal interpuesta originalmente el 22 de enero de 2008, bajo el número de averiguación SJC/025/PAT/2008 por el Ejido San José del Cabo, por los delitos de despojo, daños, asociación delictuosa, coalición de servidores públicos, fraude genérico y fraude específico.

En la lista de indiciados también están líderes políticos del PRD y del PT. Ellos son: Modesta de Jesús Chávez, Jacqueline Díaz Aulis, Pedro Méndez Lagunes, Dolores Ríos Torres, Concepción Merino Costa, Zoila Amador Davis, Marisol Méndez Paz, Juana Jiménez Hernández, Carmen Murillo, David Salas Lievano, Esperanza de Jesús Santiago, Juan Manuel Ojeda Higuera, Rosario Millán Ramírez, Germán Millán Hernández, Palemón Martínez Pacheco, Bonifacio Martínez Pacheco, Ramón Cota Camacho, José Luis Gutiérrez, Yolanda Ramón García, Ernesto Ceseña Márquez, Cipriano Ceseña Márquez y Martín Ceseña Cosío, hermano del ex secretario privado del ex gobernador Agúndez; así como Alberto Ceseña Cosío y Erick del Rosal Cosío, yerno de César Uzcanga Amador.

Las piezas clave en este caso que está por resolverse -a decir de algunos funcionarios la PGJE- son los hermanos Narciso y José Antonio Agúndez Montaño, Luis Armando Díaz, Jorge Joel Cota Ruiz y Erick del Rosal Cosío, yerno de Uzcanga.
El contrato
Tres meses previos a la invasión, César Uzcanga Amador comenzó a reunirse todos los domingos con líderes del PRD y del PT en su domicilio particular de San José del Cabo, Baja California Sur. Entre otras cosas, ellos tenían la encomienda de enlistar a gente necesitada de un terreno.

Los líderes políticos eran el contacto de Uzcanga con los clientes potenciales, los cuales iniciaron un proceso de cobro de enganches para apartar un terreno. Posteriormente y una vez soltando el adelanto, eran integrados a un expediente que constaba del talón original del depósito bancario y una copia de la credencial de elector.

En octubre de 2007, César Uzcanga se reunió justamente con el abogado y notario público de cabecera del ex gobernador Agúndez, Francisco Karim Martínez Lizárraga, en una residencia del exclusivo fraccionamiento de Fidepaz en La Paz. Ahí comenzaron a preparar las primeras acciones previas a la invasión. Ese día Uzcanga firmó un contrato simple de promesa de compraventa con Martín Ceseña Cosío, hermano del entonces secretario privado del gobernador, Alberto Ceseña Cosío.

El contrato de siete hojas elaborado por Francisco Karim Martínez Lizárraga -con fecha del 16 de octubre de 2007- describía que Martín Ceseña Cosío, apoderado legal de sus primos Ernesto y Cipriano Ceseña Márquez, vendía el terreno supuestamente heredado por Ramón Ceseña a su familia, el cual tenía su origen en un título de propiedad entregado el 31 de diciembre de 1859 en Palacio Nacional, por el entonces Presidente, Benito Juárez.

En el contrato, vendedor y comprador pactaron el precio de compra de un millón de pesos por el terreno, del que jamás establecieron sus dimensiones ni tampoco su ubicación; inclusive en la cláusula tercera, Uzcanga admite que “no conoce la ubicación exacta del bien inmueble” y “sólo sabe que se encuentra dentro de la demarcación del predio ‘La Ballena’, y del cual los vendedores gozan de un porcentaje indiviso”.

En la cláusula quinta, el vendedor entrega “la plena posesión física y jurídica del bien inmueble descrito en el contrato”, y a cambio -dice- “recibe un anticipo de 50 mil pesos, y el resto, ya que quede formalizado (sic) el contrato de compraventa”.

Sin embargo, lo que en realidad sucedió es que ciertamente -y según versión de testigos-, César Uzcanga Amador pagaría el millón de pesos a Martín Ceseña Cosío, bajo el acuerdo de que se sostuviera como el vendedor y heredero de ese predio, en caso de que lo mandaran llamar a declarar, si acaso los verdaderos propietarios interponían una denuncia penal por despojo.

Tal situación salió a flote en una discusión entre Uzcanga y Ceseña, cuando el segundo reclamaba al primero su pago, y en presencia de algunos líderes le increpó: “Si quiero te pago o no te pago, de todas formas, ya firmaste y ya te chingaste, y yo voy a invadir esas tierras, así me cueste la vida o sea lo último que haga, pues yo tengo el respaldo de mi compadre Narciso y de Luis Armando Díaz”.

A principios de noviembre de 2007, Uzcanga citó a toda su gente, entre ellas a Yolanda Ramos García, a fin de que entre todos consiguieran a un grupo de hombres, porque iban a tomar por la fuerza ese predio, custodiado por guardias de seguridad privada y ejidatarios, ya que los representantes legales habían obtenido información previa de que se estaba gestando la invasión.

La mañana del 17 de noviembre de ese año, Uzcanga dijo que ya no podía aguantar más esa situación y que esa tarde tomarían el predio. Por esa razón, regresó de un viaje que estaba haciendo de San José del Cabo a La Paz, cuando fue avisado de que ya tenían a la gente necesaria para cometer el fraude.

El líder visible de la invasión citó a los cabecillas a una reunión urgente en su casa, y cuando todos estaban ahí, hizo una llamada al entonces titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer, informándole que ese día perpetrarían la invasión, solicitándole su apoyo cuando hubieran tomado el predio. “Mi compadre ya sabe”, le anticipó.

Una vez que colgó el teléfono, explicó a su gente que ya había platicado con Luis Armando Díaz y Narciso Agúndez Montaño, y que le habían dado “luz verde” para apoderarse de ese terreno del Ejido San José del Cabo.

El compadre de Agúndez les dijo que no se preocuparan, que todo estaba arreglado para que la Policía no se metiera ni interviniera, y que a lo máximo, estarían presentes para evitar una gresca. Desde entonces, César Uzcanga se apoderó ilícitamente de las tierras y comenzó a fraccionarlas y venderlas.
Las irregularidades
Las 665 hectáreas invadidas son parte de una reserva territorial donada al Ejido San José del Cabo en una resolución presidencial publicada el 2 de mayo 1923 en el Diario Oficial de la Federación.
El 1 de mayo de 1937 se levantó un acta de posesión y deslinde relativo a la donación, mientras que el 19 de febrero de 1974 se hizo un plano de ubicación del terreno.

Las tierras del ejido eran para el malogrado Grupo de Los Cabos, un filón de oro, y la oportunidad esperada de agenciarse ilícitamente dinero fácil y de manera rápida. Tan sólo en la primera recaudación o cobro de anticipos, la cabeza visible de la invasión, César Uzcanga, logró llevarse a las bolsas más de 200 millones de pesos por concepto de la venta de 5 mil terrenos, según testimonios que obran en la averiguación previa de la PGJE.

Por eso cuando el comisariado ejidal del Ejido San José del Cabo, integrado por Ángel Salvador Ceseña Burgoin, Silvia Elena Olachea Ojeda y Gil Guadalupe Ceseña de la Peña, presentó el 22 de enero del 2008 la primera denuncia en contra del compadre del ex gobernador Agúndez, la acción no prosperó jurídicamente. Lo habían acusado de despojo, daños y asociación delictuosa.

“Era demasiado dinero e intereses en juego”, según explicó el propio Ángel Salvador Ceseña Burgoin, lo que -aseguró- lo llevó a interponer tres ampliaciones más en la denuncia penal, ya que el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Carlos Vladimir Moyrón Echeverría, y posteriormente el juez Sergio Aguilar Navarro, determinaron que “no se había acreditado el cuerpo del delito de despojo”; aunque en sus resoluciones reconocieron que “no existía un dictamen en materia de topografía que pudiera determinar el área invadida del predio” , ya que “cuando fue a hacer un levantamiento topográfico del terreno invadido, no se pudo accesar, porque los guardias de seguridad negaron el paso y, por tal motivo, tuvo que hacerse el levantamiento con un sistema de posicionamiento global conocido como GPS”.

Ante ese panorama y en virtud de la negligencia y evidente complicidad, el comisariado ejidal radicó una denuncia penal más el 1 de octubre de 2009 por los delitos de coalición de servidores públicos, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones y violación de garantías e impedimentos, previstos y sancionados en los artículos 147 fracción IV, 148 fracción V, 157 fracción I y 190 fracciones V y IX del Código Penal vigente en el estado.

No sólo eso. La complicidad fue tan evidente y burda que cuando César Uzcanga comenzó a desmontar y fraccionar el predio para poder venderlo, el ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos, José Manuel Curiel, no hizo nada en el ámbito de sus atribuciones para sancionar al invasor que carecía de un estudio previo de manifestación e impacto ambiental y cambio de uso de suelo, como establecen las normas municipales de la Ley de Fraccionamientos.

Tampoco actuó conforme a la Ley para que, una vez obtenidas las respectivas licencias, la cabeza visible de la invasión trazara calles y manzanas y construyera casas habitación.

El compadre del ex gobernador Agúndez pisoteó todo tipo de normas y reglamentos, sin que nadie se atreviera a hacer una observación o impedir y sancionar, hasta que el 2 de julio de 2008, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) abrió una investigación bajo el número de expediente PFPA/BCS/54/0047-08, la cual concluyó con una multa de 525 mil 900 pesos, equivalente a 10 mil salarios mínimos, como responsable de haber dañado y desmontado con maquinaria pesada una propiedad del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos -entonces a cargo de José Antonio Agúndez Montaño-, poco más de 300 hectáreas, y haber lotificado y trazado calles sin tener ninguna autorización en materia de impacto ambiental, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El 28 de mayo de 2008, el titular de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Cabos, Raúl Rodríguez Quintana, reconoció en el oficio DEMA/034/2008 que dentro de la institución “no estaba registrada ninguna solicitud de cambio de uso de suelo por parte de César Uzcanga”, lo que significa que sin más preámbulo, cambió de tierras de uso común a zona habitacional, sin ningún tipo de autorización y sin pagar un centavo de impuestos.
Lo más grave es que Guillermo Rosas Marrón, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, a sabiendas de que el predio era una invasión, registró las copias fotostáticas como originales del expediente de denuncias de tierras, bajo el número 705/1883 del predio denominado “La Ballena”, violentando flagrantemente las disposiciones de los documentos registrables y colocando a César Uzcanga en la insólita oportunidad de recibir las claves catastrales de los 16 mil predios que salieron del terreno.

Por lo anterior, Rosas incurrió en una responsabilidad penal al no aplicar el reglamento interno del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, así como el capítulo del Registro Público del Código Civil del estado, que entre otras cosas refiere que únicamente se registrarán las escrituras o actas notariales y otros documentos auténticos, las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica y los documentos privados que en esta forma fueran validados con arreglo a la Ley, siempre que al calce de los mismos, haya la constancia de que un notario, corredor público o juez competente, validó la autenticidad de las firmas.
Los amparos
Hoy por hoy, ya en la cárcel, el eslabón más débil de la cadena comenzó a romperse, y quienes protegieron a César Uzcanga en el sexenio pasado, desde el 8 de septiembre y al cierre de esta edición, habían recurrido al amparo de los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Baja California Sur.

La intención era evitar a toda costa su posible detención tras el anuncio del titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, respecto a que en los próximos días estarían deslindando responsabilidades contra otros implicados en la invasión del predio “La Ballena”.

El primero en solicitar un amparo fue el administrador de la Unión de Colonos Independientes (UCI), José Luis Gutiérrez Murillo, seguido del ex subprocurador de justicia de la zona sur del estado, Hugo Carlos Mendoza Núñez y de Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex titular de la PGJE, en contra de los actos del juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal.

Otros que también solicitaron protección de la justicia federal, son el ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos, José Luis Cortés González, y el actual titular de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos, Abel David Green Moreno.

Por lo pronto, César Uzcanga recibió el martes 13 de septiembre el auto de formal prisión por parte del juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Francisco Efrén Cabrera Trillas.

A partir de hoy, el compadre del ex gobernador Agúndez tendrá que librar una batalla legal desde adentro del reclusorio, bajo el proceso penal 202/2011, acusado por el delito de fraude específico -por el que no alcanza fianza-, dado a que está tipificado como grave.

Sin embargo, apenas es el primero de un grupo de mafiosos que por más de una década se escudaron en el PRD para enriquecerse impunemente y bajo el amparo del poder, apropiándose de la gubernatura, alcaldías y diputaciones, negocios turísticos, concesiones de taxis, pipas y camiones de acarreos, convirtiéndose en activos promotores de invasiones multimillonarias de tierras.

Como es el caso de las 115 hectáreas localizadas en el único terreno que queda libre sobre la Bahía de Cabo San Lucas, donde según una denuncia de directivos de la compañía Inmobiliaria del Cabo, S.A de C.V., un grupo de invasores y hasta el ex titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer, solicitaron 300 mil dólares a cambio de salirse de su propiedad, que a la fecha se encuentra en litigio por la doble expedición de claves catastrales entregadas de manera irregular en el gobierno de Luis Armando Díaz.

CINICOS; "AGUNDISTAS" EXIGEN INDEMNIZACION

Tres servidores públicos de primer nivel del sexenio de Narciso Agúndez Montaño presentaron una denuncia laboral exigiendo sean liquidados por seis años de trabajo.

El caso es polémico porque los demandantes están sujetos a investigación por saqueo, desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable, cuando encabezaron la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Dirección General de Comunicación Social y Coordinación Administrativa de la Oficina del hoy ex gobernador.

Gerardo Zúñiga Pacheco
Los principales responsables del saqueo, desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable de la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, hoy son protagonistas de un capítulo más de abuso, y de un hecho por demás insólito, en la historia de Baja California Sur.

Y es que resulta que tras haber dejado el poder después de la derrota del PRD, Jorge Alberto Vale Sánchez, Antonio Alcántar López y Benjamín de la Rosa Escalante, interpusieron por separado una denuncia por despido injustificado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios.

Los ejemplos de los ex titulares de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Dirección General de Comunicación Social y de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, forman parte de los entre 900 y mil casos que se están ventilando actualmente en este tribunal y que corresponden al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como ayuntamientos locales.
Durante una entrevista con ZETA, el presidente de este tribunal, Luis Fernando Salgado Miranda, confirmó que sí existen denuncias laborales interpuestas por ex funcionarios de primer nivel del sexenio pasado, sin embargo, se negó a proporcionar los nombres por “cuestiones de secrecía”.

Sobre estas denuncias dijo que “el tribunal habrá de resolver conforme a la Ley, porque los ex funcionarios al igual que cualquier trabajador o servidor público, tiene derecho a demandar y que sea un tribunal el que resuelva su caso”.

El tema ha generado bastantes suspicacias entre la barra de abogados, ya que, según la opinión de algunos integrantes, las denuncias laborales por despido injustificado de los ex funcionarios del PRD están más que nada encaminadas a buscar una negociación de tipo político, es decir, garantizar impunidad, a cambio de retirar la denuncia laboral.

Los litigantes recordaron que hay en puerta acciones legales en su contra porque no se comprobaron muchos recursos públicos, y dijeron que casos como el de Jorge Vale Sánchez y Antonio Alcántar López fueron de los más cuestionados en el pasado gobierno del estado.

— ¿Cuánto tarda en resolverse un caso de éstos?, se le preguntó al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado y Municipios.
“Depende de la disposición de las partes, como se puede resolver inmediatamente o puede durar el litigio más de dos años”.

—En cuanto a ex funcionarios, ¿podría decirnos, en caso de ganar, si se pagaría únicamente la liquidación o también salarios caídos?

“Bueno, es como marca la Ley y desde luego que estamos hablando de salarios caídos y de una liquidación por seis años de trabajo, obviamente sí llegarán a ganar el juicio que este caso, nosotros tratamos primero de conciliar a las partes y llegar a un acuerdo, y de no darse, bueno, el caso se resuelve conforme a Derecho”.

Las reacciones
Para los expertos en Derecho, el caso de los ex funcionarios está perdido de antemano porque la Constitución Política de Baja California Sur es bastante clara respecto a las facultades del Jefe del Ejecutivo.

En su artículo 79, fracción III, se establece que el gobernador en turno podrá “nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, y demás funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la Constitución o en las Leyes”.
Por lo tanto y considerando el cuestionable desempeño de los ex funcionarios, además de que provenían de un proyecto distinto, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, colocó en esos cargos a gente de su entera confianza.
“Como funcionarios que fueron del gobierno anterior están en todo su derecho, y si hay algo que pedir o reclamar que lo hagan, aunque no hayan salido en las mejores condiciones de sus cargos”, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso del Estado, Luis Martín Pérez Murrieta.
Durante una entrevista con ZETA, el legislador dijo que el gobierno de Narciso Agúndez Montaño no fue muy del agrado de la mayoría de los sudcalifornianos, y si el caso de los ex funcionarios estuviera en manos de la ciudadanía y del escrutinio público, tendría que ser en función de los resultados y el desempeño en su paso por la administración pública. Sin embargo, aclaró que hay una ley y los ex funcionarios están en todo su derecho de solicitar una indemnización.
— ¿De cuánto?
“No lo sé, me gustaría a mí que hubiera no sólo en Baja California Sur sino en México, un mecanismo para que nos ganáramos no sólo las indemnizaciones, según haya sido nuestro desempeño y productividad en el paso por la administración pública, sin embargo, desgraciadamente, no lo tenemos y la Ley establece que cuando a ti te liquidan debe haber un pago o una indemnización y ése es el derecho del trabajador, sea injusto o no”.
Para los abogados, el asunto de los ex funcionarios está sentando un precedente histórico en cuanto a que, independientemente de la resolución que pueda darse en un futuro, los legisladores deberían trabajar en la materia para renovar las leyes y obligar a los jefes de estado a que sus colaboradores firmen un contrato de trabajo, donde se establezcan claramente las condiciones laborales y la duración del contrato.
Así los funcionarios tendrían amarradas las manos y se evitarían casos desagradables y suspicaces como el de los ex servidores públicos ahora cuestionados, aunque desde el principio de la administración, y aún sin una reforma en la materia, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor se adelantó, y según una entrevista concedida a ZETA y publicada en su edición 1931, los elementos de su administración firmarían de arranque su renuncia “porque si en un momento dado, no estaban realizando su trabajo bien, o simplemente, no llenaban las expectativas, serían retirados”.
“Siento que es una herramienta indispensable”, consideró el gobernador del PAN.
Los nuevos ricos
Con Jorge Alberto Vale Sánchez y Francisco Antonio Alcántar López están en el centro del escenario, luego de haber formado parte de la élite del gobierno del estado en el sexenio en el que Narciso Agúndez Montaño se convirtió en el principal protagonista de un enriquecimiento impune e inexplicable.
Sin el antiguo disimulo, los funcionarios públicos de primera línea del gobernador perredista pasaron de vivir en modestas casas de interés social a ostentosas residencias. De empleados, se convirtieron en sujetos acaudalados, y las propiedades que hoy poseen, nunca pudieron ser justificadas con sus ingresos que percibieron en todo el sexenio.
La administración de Agúndez le dio a Vale y Alcántar, acceso a todos aquellos lujos que fuera del erario no tenían: viviendas de lujo en fraccionamientos exclusivos, pisos de vitro, finos acabados, muebles de primer mundo; estrenaron vehículos último modelo, que están a su disposición y de sus familiares más cercanos, todo esto lo disfrutaron apenas habiendo tomado posesión de sus cargos en marzo del 2005.
El desarrollo y el progreso que Narciso Agúndez Montaño dibujó en su plan de trabajo para los sudcalifornianos –cuando asumió la gubernatura–, llegó al menos a las casas de estos servidores públicos que se despacharon “con la cuchara grande”.

Ahora sus residencias no tienen punto de comparación con ninguna de las 15 mil casitas que el gobierno perredista entregó al cierre de la administración.

En febrero pasado –justo en plena época electoral–, el ex gobernador Agúndez entregó las llaves de 127 casas más para los nuevos colonos de “Lomas Altas” en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, porque estaba muy preocupado de que las familias de bajos recursos, se hicieran de una “vivienda digna”, construida en su mayoría por amigos y familiares del entonces gobernante en turno.

Cuando en abril Jorge Alberto Vale Sánchez y Francisco Antonio Alcántar López dejaron el poder, ya no tenían de qué preocuparse, salvo que fueran a ser investigados por el nuevo gobierno luego de que el PRD perdiera el poder.

Por si las dudas, tanto el ex Secretario de Promoción y Desarrollo Económico, como el ex Director General de Comunicación Social, pusieron a nombre de sus esposas, María Antonieta Carreño Moreno y Monserrat Pérez Robinson, algunas de sus ostentosas propiedades, mientras las humildes casas que alguna vez habitaron en el barrio bravo de la populosa colonia “8 de octubre” y del fraccionamiento “Los Girasoles” de La Paz está hoy en el olvido.

La riqueza de ambos ex funcionarios es de sobra conocida y quedó documentada en las páginas de ZETA.

22 CELULAS CRIMINALES EN BAJA CALIFORNIA NORTE Y SUR

Cárteles fraccionan sus estructuras para polarizar crimen. Autoridades en Baja California y Estados Unidos elaboran la nueva cartografía del crimen organizado en la zona costa de la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública ha logrado identificar más de una veintena de bandas de delincuentes al servicio del cártel de Sinaloa, del cártel Arellano Félix y de La Familia Michoacana.

 Entre los operadores destaca, por su actividad y área de influencia, “El Macho Prieto”, “El Gordo”, “Los Litos”, “Los Chamulas” y “El Tigre”.

Investigaciones ZETA
Se les identifica como líderes desechables. Integran la nueva tropa de los cárteles de narcotraficantes. Son cientos. Son carne de cañón. Son los narcomenudistas que sirven al crimen organizado. Integrantes de mini células delincuenciales que conforman la red de distribución de las drogas.

También secuestran, matan y extorsionan. Son anónimos jóvenes, fuereños, de escasa educación que en la zona costa de Baja California, se han ido integrando al crimen organizado. Los encuentran en las colonias. Primero son aprendices de ladrones, cobradores de droga al menudeo. Después narcomenudistas y finalmente, cuando en la guerra por las calles son asesinados sus jefes, inmediatamente ascienden en la estructura criminal.

Después de los enfrentamientos de 2008 en el cártel Arellano, a partir de los líderes de células que se empoderaron en la criminalidad, y de la escisión en el cártel de Sinaloa de los Beltrán Leyva o Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, la estructura de los cárteles fue modificada.

Obviaron el protagonismo de unos cuantos que controlaban zonas y regiones en ciudades y estados, y comenzaron a tomar control por calles y cuadras, utilizando a jóvenes inexpertos en la vida criminal, necesitados de dinero y presencia intimidatoria en su contexto social y habitacional.

Está fue la maniobra de los cárteles de la droga para evitar el éxito de la estrategia policiaca y de reacción, implementada por el Consejo de Seguridad Pública del Estado en Baja California:

Disgregarse en grupitos criminales, lo cual les ha permitido ampliar sus campos de influencia, incrementar sus capitales y disolver la posibilidad que los operadores a gran escala sean capturados. Pandillas encabezadas en la mayoría de los casos por adictos o delincuentes menores que de vendedores de droga al menudeo han sido ascendidos en la escala criminal a cabezas de pandillas integradas por 10 ó 20.

 Sujetos que apenas conocen a su jefe inmediato y sólo por su apodo, en algunas ocasiones apenas han escuchado sus órdenes por teléfono o radio.

Por ello al ser detenidos muchos no aportan información que permita llegar a sus jefes, menos a las verdaderas cabezas, a los distribuidores de mayoreo y medio mayoreo de droga, el desmantelamiento del cártel. Ni a Sinaloa, ni a “La Familia” o al CAF les afectan las capturas. Los consideran “líderes” desechables.

La mayoría empezaron vendiendo droga en las esquinas o “tienditas” al tiempo que robaban autos como “El Bóxer”, o los transformaban y robaban como “El Güicho”, estos vehículos eran usados en los operativos de secuestros y asesinatos. Después llegaron a halcones o banderas y cuando empezaron a caer líderes de relevancia, decidieron entregarles pequeñas zonas en las delegaciones, para administrar “tienditas”, vender droga, cobrar piso, y “ajustar” cuentas a los invasores, matar a vendedores del grupo opositor, eran “Teos” contra “Aquiles”.

El reordenamiento inició a partir de que el cártel Arellano Félix (CAF) decidió desmantelar a su brazo ejecutor, aniquilar en 2008 a la célula encargada de cuidar la plaza para todo el grupo mafioso; el encabezado por Teodoro García Simental, capturado en enero de 2011.

 Para entonces su rechazo a la disminuida autoridad criminal de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” le había valido la persecución y el destierro de Baja California.

Simental, en su pelea por sobrevivir, abrió las puertas al cártel de Sinaloa, que terminó acordando con Sánchez Arellano e implementando la estrategia de los grupitos.

Así, las denuncias ciudadanas convertidas en el principal instrumento para capturar criminales de rango considerable ahora sirven para capturar narcomenudistas y homicidas.

De acuerdo a informes de la Secretaría de Seguridad del estado, la ruptura que debilitó al CAF generó en la zona costa de Baja California, particularmente en Tijuana, la proliferación de grupos armados de otros cárteles que se están posicionando en la ciudad, particularmente el encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán” y “La Familia Michoacana”, situación que ha sido aprovechada por los grupos de narco-menudistas para expandir su zona de acción criminal.

Actualmente existe una red de distribución más compleja, que recluta a personas más jóvenes dedicadas al trasiego, elaboración, distribución de droga, principalmente cocaína y crystal.

 “La Familia” tiene presencia en Tijuana, pero sus centros de elaboración de crystal han sido detectados en Ensenada.

Los narcomenudistas
Acorde a los reportes de la Secretaría de Seguridad, en las ocho delegaciones de Tijuana tienen detectados por lo menos 22 grupos. Delegación Playas de Tijuana:

 Durante los primeros ocho meses de 2011, sólo la policía estatal detuvo a 29 personas, a las que remitieron como presuntos responsables de delitos del fuero federal.

Y en la misma zona aseguraron 28 armas de fuego y 735 mil dosis de enervantes. Ahí operan tres grupos identificados como “Los Litos”, “Los Aguacates” y la gente de “El Cuervo”.

Los dos primeros están disputando la venta de droga con el tercero. En esa zona se localizó un laboratorio de crystal el mes de julio y en el mismo mes fueron detenidos varios cómplices de “El Bóxer” en la colonia Lázaro Cárdenas. Delegación Centro:

Aquí “Los Litos” y “El Aguacate” asentados en la zona norte, les disputan las tareas criminales a “Los Chamulas”, que controlan todavía la colonia Hidalgo y la México.

 De enero a agosto la policía del estado remitió al Ministerio Público del fuero federal a 298 sujetos con 17 armas de fuego y 33 mil dosis de droga.

Como hechos relevantes destacan el decomiso de 900 kilos de mariguana en la colonia Cacho el 17 de febrero, y armas el 29 de junio. Delegación San Antonio de los Buenos:

 Hacia el este de la ciudad los delitos y enfrentamientos se complican por la presencia de por lo menos seis células.

Los de “El Tigre”, que delinquen en Residencial Santa Fe; la gente de “El Aguacate”, que controla las colonias Obrera, Loma Bonita y Salvatierra; operadores del “Cuervo”, que prevalecen en Cuesta Blanca; “Los Chamulas”, que dominan Ciudad Jardín, colonia Francisco Villa y Rancho La Cima; así como los vendedores del grupo del “Mostro” y el “Mongus”, que comparten el tráfico en el amplia zona de La Gloria, Campestre La Gloria, Tecolote y Ejido Lázaro Cárdenas.

Delegación La Mesa:
Aquí las autoridades detectaron la presencia de uno de los operadores principales de “El Chapo”, Gustavo Inzunza “El Macho Prieto”, encargado meses atrás del trasiego a gran escala de Sinaloa a Mexicali, pero que tuvo un problema con su jefe tras un asesinato no aprobado.

Situación por la que se trasladó a Tijuana. Conforme al análisis de la autoridad en Camino Verde y la colonia Emperadores operan “Los Chamulas”, mientras los traficantes al menudeo de “El Macho” distribuyen en Camino Verde, y parte de la delegación Sánchez Taboada, lo que abarca la zona de Produtsa (anexa y ampliación).

Justo en esa delegación, el 30 de mayo fueron detenidos miembros de “La Familia Michoacana” en el fraccionamiento Montebello en posesión de casi 38 kilos de cocaína.

Y el 29 agosto otro grupo de los “Caballeros Templarios” con 13 kilos de crystal en el fraccionamiento Durango. Delegación Los Pinos: Inzunza también controla la delegación de los Pinos desde el fraccionamiento Sánchez Taboada, ahí la SSPE ha detenido a 52 delincuentes del orden federal con 1 millón 460 mil dosis de droga y 48 armas.

Y detectado el tráfico de mariguana, ice y cocaína, principalmente en Lomas de la Presa, Loma Dorada, Los Reyes y Las Arboledas. También está detectada la comisión de secuestros.

Delegación Mesa de Otay:
Ahí, la PEP ha detenido a 118 personas por delitos federales, en total decomisaron en ocho meses 3 millones 519 mil 860 dosis de droga, 24 armas de fuego y 5 mil 613 cartuchos.

Tienen identificada la presencia mayoritaria de “Los Chamulas” en Altabrisa; y los operadores delictivos de “El Cuate” y “El Nito” en Libertad y Lomas Taurinas.

 Sin embargo también tienen actividad los narcomenudistas de Abraham Cuevas desde Otay Universidad hasta Jardín, Galería, Constituyentes y Garita; “El Tigre” en la colonia Postal y anexa Postal; y en el fraccionamiento Murúa están identificados dos distribuidores conocidos sólo como “Gaby” y “El Pipi”.

El hecho más relevante en 2011 hasta la fecha se dio el 11 de junio con el decomiso en la colonia Alamar de 213 kilos de crystal, y 96 kilos de cocaína.

Delegación La Presa: En esta zona, las principales colonias en operación tienen su grupo definido: “Tío Lucas” , “Javi” y “Coro” en El Florido; “Chuy” en el fraccionamiento Mariano Matamoros; “El Puma” en El Pípila; y “El Gordo” en Cerro Colorado.

Las fuerzas estatales remitieron de enero a agosto a 307 personas por delitos federales, en posesión de 1 millón 676 mil 421 dosis de droga, 44 mil armas de fuego y 1 mil 623 cartuchos.

Delegación La Presa Rural: El mismo “Gordo” que controla Cerro Colorado está posesionado de la Presa Rural, tiene su base de operaciones criminales en El Altiplano, pero registra mucha actividad en las colonias Xicoténcatl, Lázaro Cárdenas, incluso en Playas de Tijuana.

Actualmente la Secretaría de Seguridad Pública del estado se encuentra realizando trabajo de inteligencia para identificar a cada uno de los cabecillas de los 22 grupitos que generan la violencia e inseguridad en Tijuana.

LORETO BCS EN EL ABANDONO

.... Un destino turístico en peligro de desaparecer Las 600 habitaciones de este poblado están vacías por la pérdida de conectividad entre Loreto y el mercado nacional y extranjero. Los vuelos que había de Houston y Los Ángeles ya desaparecieron y la compañía Alaska Airlines sólo arriba una vez al mes. Tampoco hay vuelos desde México, Guadalajara y Tijuana. Más de 30 restaurantes han cerrado y la falta de circulante es notoria.

Alejandro Acuña Rivera
Loreto, Baja California Sur.- “La comida está lista señor”, dice un empleado del restaurantero Domingo Pérez, quien, con rostro de enfado e impaciente, mueve los dedos sobre la mesa y se da ánimos a medias:

“A ver cómo nos va hoy, porque no sé dónde se han metido últimamente los clientes, ya que por más rico que cocinamos, nomás no llegan o no quieren llegar”.

Es poco más de la 1 de la tarde del 27 de agosto, y el calorón golpea sin piedad a todos por igual: niños, jóvenes, ancianos, taxistas, trabajadores de todo tipo que deambulan por la Zona Centro, con la esperanza de encontrarse en el camino algún turista que quiera divertirse.

Rostros mojados de sudor, todos tratan de resguardarse entre la sombra de los árboles o de las casas.

La pregunta que todo mundo se hace es:
¿Dónde están los turistas? Bajo este clima, lo que menos importa a Domingo Pérez es el calor porque, de 2008 a la fecha, la crisis ha castigado como nunca a Loreto, y sobre todo a los prestadores de servicios que son testigos de cómo poco a poco se han ido cerrando negocios y tristemente las calles que antes eran recorridas por miles de turistas nacionales y extranjeros, ahora lucen vacías.

En este destino, que era considerado una potencia turística, últimamente el panorama ha cambiado y la percepción también.

 De los 56 establecimientos de alimentos y bebidas que había en la localidad –desde antojitos hasta restaurantes de comida internacional– 30 tuvieron que cerrar sus puertas.

Aunado a esto, la pésima administración que encabezó el ex alcalde perredista Yuan Yee Cunningham, quien después de terminar su gobierno salió de Loreto por el repudio popular y por temor a las denuncias penales en su contra por malversación de recursos públicos, terminó de dar el tiro de gracia, ya que algunos comercios se sostenían del circulante de los burócratas que en los últimos tramos de la administración ya no recibieron sus sueldos, y por consiguiente, no hubo dinero ni para “tomarse un café”.

Domingo Pérez es también presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) y dice que si muchos negocios no han cerrado, es por la buena voluntad de sus proveedores.

“Ellos, son muy conscientes de la crisis que estamos atravesando, y nos aguantan con los pagos, si antes los créditos eran de dos meses, hoy no los ponen por un lado y nos dan hasta otros dos meses de tiempo, algunos nos hemos visto en la necesidad de recurrir a financiamientos, que a lo mejor no son los más indicados, los más nobles en el sentido que tengan una buena tasa de interés, o que sean a largo periodo, pero a final de cuentas necesitamos de ese flotador para seguir dentro del mercado sosteniéndoles”, explica a ZETA.

El origen de la caída
En entrevista, el empresario restaurantero considera que la crisis comenzó hace prácticamente 3 años, a raíz del problema financiero en Estados Unidos –que es de donde prevenían la mayor parte de los visitantes— y continuó con el asunto de la influenza.

 Desde entonces Loreto no se ha podido reponer. “¡Créeme!”, exclama, después de decir que cada vez la situación económica en esta comunidad es mucho más difícil.

De hecho el empresario no se explica cómo Loreto, teniendo todo, no ha podido despegar y las pregonadas buenas intenciones del “ya merito” son de cierta forma la luz que ven al fondo del pozo.

— ¿De qué forma les afectó turísticamente hablando del cuestionable trabajo del ex alcalde Yuan Yee?

“Debo reconocer que la administración anterior sumó más para que nos hayamos hundido; honestamente no me siento mal al decirlo, porque es una realidad que estamos conscientes de que nos abandonó la administración anterior, hubo el momento que como iniciativa privada venía el periodo de Semana Santa y mirábamos que nuestro pueblo estaba en unas condiciones deplorables, no había alumbrado público, los servicios de recolección de basura quedaron parados, y, bueno, no nos quedó de otra que ponernos a organizar una campaña de recolecta de fondos para dar el mantenimiento, limpiar las guarniciones, barrer y darle mantenimiento a las palmas para poderle brindar una mejor imagen al turismo, aunque sabíamos que eso le correspondía a la administración municipal”.

— ¿O sea que hicieron limpieza por su propia mano?

“Así es, cuando vimos que el ex alcalde simplemente no podía, no hubo más remedio que ir a tocar puertas, aquí, allá en todas partes, iniciamos los más preocupados, y créeme, me sentí fortalecido cuando miré que la gente aún en la crisis que estábamos nos daba 100 pesos, 200 pesos, y con mucho gusto hubo personas que siendo empleados y personas de bajos recursos, también aportaban a la causa, me daba pena aceptarles el apoyo, cuando les platiqué de qué se trataba y la vergonzosa situación en la que estábamos de suciedad, sacaban desde 50 pesos y lo aportaban, salimos muy bien de esa actividad y tuvimos que hacer cosas que no nos correspondían, pero tuvimos que entrarle por el bien de todos”.

— ¿Y de dónde sacaron a la gente para realizar esas tareas? “A la gente que trabaja en ese entonces en el ayuntamiento no se le habían cubierto 4 ó 5 quincenas en aquel entonces, estaban en una situación muy crítica y decidimos apoyarlos con la colecta generada para que sacaran lo de la papa y les pusimos material, pinturas, brochas, ellos pusieron su tiempo, a veces nosotros mismos encalamos y participamos activamente.

Era una pena y una vergüenza pensar que podían venir a visitarnos turistas y se encontraran con la situación de abandono. Las autoridades van y vienen, nosotros aquí estamos, siempre al pie del cañón”.

—Hoy, después de este capítulo negro de la historia de Loreto, ¿cuál es su perspectiva y qué piden a las autoridades?

“Que sean honestas con nosotros y que nos digan cuál es la situación de como recibieron el municipio, sabemos que no recibieron bien y que hay un gran saqueo y desfalcos por todos lados.

Pero queremos que nos lo digan, cuándo empezarán ellos a recibir los apoyos de Ley, en qué se van aplicar y que nos tomen en consideración para también nosotros sugerirles cuáles son prioridades que vemos, y que a lo mejor, ellos no lo miran, o poder conjugar ideas y poder trazar un mejor objetivo”.

— ¿Ven alguna esperanza?
“Estamos muy entusiasmados, los empresarios de Loreto seguimos todavía con ganas de seguir adelante, yo tengo 25 años aquí, siempre he creído en Loreto, si por algún motivo ha fallado, no ha sido el destino, han sido circunstancias adversas que nos han sucedido por diferentes maneras, pero estamos de pie, le tenemos amor al pueblo.
Así como yo hay muchos empresarios que estamos todavía con la idea de ir adelante, hemos trabajado arduamente para que Loreto sea un pueblo mágico y poder tener ese plus dentro de la promoción turística, y ojalá que pronto tengamos una buena noticia, ya nos hicieron una evaluación y creo que salimos bien”.

El mismo buen ánimo de Domingo Pérez es el que refleja Pascal Peregrino, quien durante 7 años estuvo al frente de la Asociación de Hoteleros, la cual aglutina a 18 empresas y que tienen disponibles únicamente 600 habitaciones.

Ése es el tamaño del destino, ya que las promesas de inversiones y proyectos han quedado suspendidas en un hilo.

En una conversación con el reportero, Peregrino coincide en señalar que la crisis empezó desde el 2008 y dice –con números en la mano— que ya van para el mes número 43 que nada más no la ven llegar.

Incluso dice que es evidente que la situación económica está pegando de una forma dramática a todos los negocios por igual, ya que no hay turismo, y no hay para cuándo pueda atraerse.

— ¿Es grave?

“¡Gravísimo! Loreto nace como un destino de pescador con aviones privados, con poquitos hoteles, y poco a poco se convierte en un pueblo turístico, más bien en un centro integralmente planeado por parte de FONATUR, y así se queda por muchos años, con ambición de crecer y consolidar el destino como turístico, sin embargo, en el año 2005 una decisión repentina de FONATUR nos transforma en destino turístico residencial y ya no destino turístico tradicional, esto quiere decir, traen una compañía americano canadiense llamada Loreto Bay y le dan facilidad para construir 5 mil villas, como estaba planeado originalmente, y nosotros nos dimos cuenta que ésta no era la vía que se debería de tomar, y no fuimos escuchados, más bien fuimos regañados de manera sistemática y repetitiva, sin embargo, esto se hizo, tuvo los resultados que preveíamos y esta compañía se fue a la quiebra, y naturalmente, no se concretó el proyecto inicial de cinco mil villas.

“Hoy sabemos que únicamente se lograron construir 840 villas, pero aun así ese porcentaje es menor, si consideramos que cada villa, tiene 3 habitaciones y que más de la mitad de estas villas, exactamente 553 en promedio están en el pull de renta, estamos hablando de mil 500 habitaciones que de repente surgieron de la nada y con la salida de Loreto Bay, salieron la posibilidad de garantizar vuelos con frecuencia, por lo que desaparecieron los vuelos de Houston y de Los Ángeles hacia Loreto y la compañía Alaska Airlines redujo su único vuelo hasta cuatro semanas, y al día de hoy, no tenemos conectividad con el mercado nacional, no tenemos vuelo ni hacia México ni hacia Guadalajara ni hacia otra grande ciudad, ni siquiera a Tijuana, entonces quedamos totalmente aislados y totalmente dependientes del mercado norteamericano en una mínima parte”.

— ¿Y cómo le han hecho para salir adelante?

  “¡A puro puño! Con el dinero de las empresas, invirtiéndole dinero propio claro está que no hay empresa en Loreto que llegue al punto de equilibrio por la falta de clientela. 

Tenemos cerca de 600 habitaciones, ya contando con hotelitos y otras habitaciones, llegamos a las 800 habitaciones, pero con una oferta en residencial, rebasamos los dos mil 500, aun así, estas habitaciones residenciales, se rigen por su propia manera y los pocos vuelos que llegan, una mínima parte llegan a hoteles locales, aparte de esto, como en todo los destinos, hay algo de competencia desleal y hay algunos hoteles no declarados, algunas casas que fungen como hoteles, cuando no deberían, pero, bueno la grande problemática aquí es la conectividad ya que nos ha fallado no sólo con el mercado natural que es el americano, y cuando digo que nos ha fallado ¡nos ha fallado en cuanto a los números!

 Y esto nos ha puesto a temblar como hoja a la mínima brisa. “También hay que decir que Loreto ha sido un destino muy prometedor, aun con la crisis, la inversión no se ha parado. La parte positiva es que, tan pronto que saliera Loreto Bay por razón de quiebra, entró otra compañía que se llama HOMEX, muy reconocida a nivel nacional y entra con su propio proyecto, siempre en el sentido de turismo residencial, y en el hotel de esta compañía, están funcionando 255 habitaciones, naturalmente la parte esencial de ese desarrollo, es la parte residencial.

 Para bien o para mal, luego del cambio turismo tradicional a turismo residencial, hay que aceptarlo y hay que trabajar con esto, pensando que va a crecer”.

—Antes de buscar el nombramiento de pueblo mágico ¿cree que primero se deben solucionar los problemas de conectividad?

“¡Absolutamente! El nombramiento de pueblo mágico no solamente va a ayudar, es algo a la vez necesario y merecido para Loreto, el pueblo de Loreto está lleno de historia, de belleza, de cultura y de cosas mágicas, que se pueden ofrecer aunado a la misma naturaleza”. — ¿Qué opina sobre los intentos del alcalde y del gobernador por atraer turismo a Loreto? ¿Están funcionando?

“Creo que es la única nota positiva de este momento, hemos visto últimamente que el gobierno federal, estatal y municipal, junto con la sociedad civil y los empresarios están haciendo un gran esfuerzo dirigido en el mismo sentido.

Están hablando ya del rescate y de relanzamiento de reactivación. A ver si es cierto. Veo la intención del gobernador y del alcalde por enderezar el timón. Creo que hemos tocado fondo y ahorita es momento de sentarnos a planear y aterrizar los proyectos antes de que nos pueda caer otra crisis, porque habrá una próxima un día u otro y tenemos que tener el temple y la fortaleza para salir adelante”.

Ayuntamiento a punto del colapso Darío Davis, Oficial mayor del VII Ayuntamiento, molesto comenta que Loreto es un lugar sin empleo donde un gran sector depende del gobierno local y de la actividad turística. El detalle es que ni uno ni otro podían sostener a la población.

“La economía en el municipio está bastante golpeada, nos damos cuenta de que la gente está esperando la quincena para poder suplir sus necesidades, nosotros lo palpamos de esa manera, porque realmente al exterior del Ayuntamiento hay muy pocas fuentes de trabajo desarrollándose, apenas pagamos y de inmediato hay movimiento en el pueblo.

Tiene mucho que ver que los inversionistas que estaban interesados en participar en Loreto, debido a bloqueos con la administración anterior, no se desarrollaron, tenemos que reforzar con obra pública, inversión pública un poco para apalear la economía loretana.” declaró el funcionario a ZETA.

Desde el inicio la administración ha sufrido el golpeteo de ex trabajadores 11 millones de pesos en salarios dejó Yuan Yee, las deudas se han heredado, los ex trabajadores han ganado un juicio contra el ayuntamiento, y aunque ahora están al corriente con los empleados actuales, se arrastra con un pago semanal de cien mil pesos a una docena de trabajadores, que por acuerdo de la Junta estatal de conciliación y Arbitraje reciben puntualmente.

 Esto sólo es una secuela más de lo que dejó el gobierno anterior, que como un huracán categoría 5 arrasó con todo a su paso. El plan emergente de la Sectur Por su parte Rubén Riachi Lucho, Secretario Estatal de Turismo, ante la evidente crisis dijo que para mitigar el colapso que amenaza a la ciudad, trabajarán de manera inmediata una campaña de promoción Integral.

“No podemos vender un destino que no está definido, lo primero es vender a Loreto como un producto”, declaró el secretario vía telefonica a ZETA.

Como primer eje el proximo 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo, donde realizarán un ciclo magistral de conferencias con temas sobre actividad turística y los principales destinos, en este caso Loreto, como medida emergente en la reconstrucción de un destino definido.

Otra acción en coordinación con la sociedad civil es la propuesta del decreto de Pueblo mágico a Loreto.

Con relación al tema Amado Contreras Wong, Coordinador de los Programas México Norte y Mundo Maya, se reunió con los empresarios y pobladores loretanos para hacer un estudio respecto a qué tan viable puede ser esta propuesta y si la localidad reúne los requisitos para el decreto.

Finalmente la acción de mayor relevancia fue la reunión efectuada en Loreto donde Riachi Lugo reiteró que se debe presentar a Loreto como un producto turístico integral para enfrentar de manera más eficiente la situación que atraviesa el destino, coordinando acciones entre los 3 niveles de gobierno.

En dicha reunión quedó estipulado el inicio del plan de desarrollo turístico de Loreto, capacitación y fomento a la cultura local para atender a los visitantes, y la conformación del Comité de Rutas Aéreas. .

MARQUESINA POLITICA

LA MERCY FUERA DE CONTROL
Entrando ahora en terrenos pantanosos, sepa usted que quien sigue empeñada en dar mucho de qué hablar, aunque sea en su contra, es la señora María Mercedes “la Mercy” Corral Aguilar, titular del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora (Icees).

 El asunto es que no conforme con tratar al personal de confianza con la punta del pie para obligarlos a renunciar y así ofrecer dichas plazas a incondicionales suyos, esto ante la sospechosa complacencia de Luis Erasmo “el Tamo” Terán Balaguer, quien firma como jefe de la Oficina del Ejecutivo, ahora también ha dirigido sus misiles hacia el personal sindicalizado, lo cual ha encendido los focos de alerta ante un posible paro de labores.

 Pero mire usted qué tan soberbia podrá ser la señora Mercy Corral, que entre las personas a quienes hostiga para hacerlas tirar la toalla o de plano pedirles la renuncia está la mismísima delegada del SUTSPES ante Icees, Gabriela Llamas, de ahí que los ánimos entre el personal sindicalizado y la camarilla de incondicionales que protegen a la ex diputada local y federal están bastante caldeados.

 Ciertamente “la Mercy” presume a sus anchas la supuesta estrecha relación que lleva con el gobernador, Guillermo Padrés Elías, pero sucede que no vemos al cananense dispuesto a tolerar que alguien de su mismo equipo esté echando por la borda lo que con tanto esfuerzo y sacrificio ha alcanzado a la fecha, ofreciendo un gobierno diferente, un gobierno regido por ejes donde destacan la sensibilidad y respeto no sólo hacia quienes se acercan a realizar un trámite ante las ventanillas gubernamentales, sino también de trato digno y humano hacia la misma burocracia.

 “La Mercy” Corral debería verse en el espejo de otro personaje que igual presumía y presumía su amistad con Padrés Elías mientras cometía error tras error en el cumplimiento de sus deberes, como lo fue el efímero secretario de Educación y Cultura (SEC), el profe Óscar Ochoa Patrón, mismo que por muy amigo que fuera del number one terminó de patitas en la calle por no responder a las exigencias de humidad y responsabilidad que exige el Gobierno del Nuevo Sonora.

MARQUESINA POLITICA

YA SE SUPO, CONASUPO
Por cierto, demasiada burda la filtración de rumores de parte del coordinador de membrete de los diputados locales priistas, Roberto “Bob Constructor” Ruibal Astiazarán en el sentido de que el diputado federal por el distrito 05, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez presumiblemente ha declinado a sus intenciones de quedarse con la candidatura priista a la alcaldía hermosillense.

Lo que pasa es que como ya le quedó claro a Ruibal Astiazarán que nomás nunca lo tomarán en serio como presunto aspirante a la candidatura al Senado, ahora ha reenfocado sus baterías hacia la Presidencia Municipal de Hermosillo, y de ahí que le sea imperativo generar confusión entre el priismo local haciendo ver al Malorín como un político que no tiene bien definidas sus metas a corto, ya que supuestamente analiza la posibilidad de incorporarse al staff de colaboradores del futuro candidato Presidencial priista, el copetón Enrique Peña Nieto.


Sin embargo, insisto, no hay nada más alejado de la verdad que afirmar que Acosta Gutiérrez haya declinado a sus aspiraciones por la candidatura a la alcaldía hermosillense, meta sobre la cual tiene además todo el respaldo del ex alcalde capitalino, “el Borrego” Gándara Camou, así como de la dirigencia municipal priista a cargo del chaparrito de ojitos caidos, David Palafox Celaya.

COMANDANTE MARQUEZ CONOCIA A SUS ASESINOS


En lo que se considera un típico ajuste de cuentas hay cuatro vertientes que están investigando las autoridades en Cabo San Lucas: Las recientes capturas de los implicados en la cuádruple ejecución, compromisos incumplidos con el crimen organizado, no haber aceptado tratos con narcotraficantes, y estar en medio de la disputa del territorio de dos poderosos cárteles.

Investigaciones ZETA
La disputa por la plaza del narcomenudeo en Cabo San Lucas llegó esta vez hasta el comandante de homicidios de la Policía Ministerial del Estado, Martín Márquez Ruiz.

El jefe policiaco conocía a sus asesinos, los había visto y ya en un par de ocasiones habían sostenido pláticas en algunas zonas del principal destino turístico del estado, según las revelaciones de algunos testigos.

Hasta el cierre de esta edición, la principal hipótesis que los investigadores estaban manejando, es la siguiente:

1.- Ajuste de cuentas, en cuatro vertientes.

a).- Por las recientes capturas de los implicados en la cuádruple ejecución de Cabo San Lucas, y donde perdieran la vida los narcomenudistas, Eleazar García Gómez (a) “El  Belén”, Octavio Herrera López, Fidel Valenzuela Sánchez y Heriberto Enrique Cejudo.

b).- Por haberse comprometido con el crimen organizado y no haber podido cumplir cabalmente los acuerdos.

c).- Por no haber aceptado un trato con el crimen organizado.

d).- Por estar atrapado entre la lucha por la plaza entre los dos cárteles que se disputan el territorio: el de Los Beltrán Leyva o el de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Lo cierto es que las primeras indagatorias arrojaron que los asesinos, indudablemente, pertenecen al crimen organizado y que ya tenían en la mira al “Comandante Márquez”, porque justamente antes de su muerte, algunos testigos refirieron que observaron movimientos de vehículos que rondaban y supervisaban su casa localizada en la colonia “Jardines del Sol” en Cabo San Lucas.

Sin embargo, el comandante nunca pudo percibir el peligro, a pesar de que comúnmente portaba su armamento de cargo, hasta cuando la mañana del 25 de octubre fue levantado y subido a una camioneta color negra tipo Blazer por 4 sujetos encapuchados que portaban armas largas.

En una rápida e inusual operación, los sicarios ejecutaron al jefe policiaco de un tiro en la cabeza aparentemente arriba de la camioneta.

Cuatro cuadras más adelante tiraron su cuerpo en la parte trasera de unos edificios localizados en una colonia adjunta a donde vivía, de nombre Fraccionamiento “Celeste Residencial”.


Al cierre de esta edición, la camioneta de los criminales había sido localizada abandonada en una colonia conocida como “Lomas del Sol” de Cabo San Lucas por agentes de la Policía Ministerial del Estado.

Las pistas que tenía la Policía Ministerial del Estado es que en este crimen estarían implicados dos hombres y una mujer, pertenecientes al crimen organizado y cuya participación estaba tratando de ser acreditada a través de testigos.

La ejecución
Eran cerca de las 7 y media de la mañana del 25 de octubre, cuando el comandante de homicidios de la Policía Ministerial, Martín Márquez Ruiz, se disponía a salir a trabajar en eso una camioneta de color negro tipo Blazer frenó repentinamente, de la cual descendieron cuatro sujetos encapuchados con armas largas y lo obligaron a subir.

La unidad aceleró y desapareció, por lo que de inmediato se dio aviso a la policía, que implementó un impresionante operativo, donde participaron hasta soldados y marinos, encontrando el cuerpo tirado boca arriba del jefe policiaco a escasas cuatro cuadras de donde había sido levantado.

La zona fue acordonada de inmediato y hasta el lugar llegó el personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, levantando evidencias y huellas dactilares que pudieron llevar a los matones.

Por su parte, la Policía municipal, estatal, federales y militares iniciaron la búsqueda de la camioneta y taponaron las salidas hacia las carreteras de Cabo San Lucas a La Paz y de San José del Cabo a La Paz.

Hasta la escena del crimen llegó el subprocurador de la zona sur, Omar Quijano, quien encabezó las primeras indagatorias, practicándose el aseguramiento del lugar, así como la inspección y fe ministerial y ordenando el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense de esa localidad y determinar las causas de muerte.

La primera en presentarse a declarar fue la propia esposa del comandante asesinado que dio santo y seña de la unidad y la media filiación de los asesinos, y posteriormente, comenzaron a recolectarse más datos que habían permitido identificar a los presuntos responsables, y quienes eran buscados en Los Cabos, La Paz y Comondú.

Sobre este crimen, el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal, hizo un llamado a no claudicar en el combate a la delincuencia y no dejarse intimidar por este tipo de acciones que, dijo, son una reacción al “buen trabajo” que se ha estado efectuando en el esclarecimiento de los crímenes de alto impacto, como el caso del agente de la policía ministerial, Alberto Villela Rangel.

El funeral
El comandante Martín Márquez Ruiz fue asesinado justamente un día antes de su cumpleaños, por eso cuando, recibió los honores correspondientes en los patios de la PGJE, sus familiares le cantaron las mañanitas y exigieron el esclarecimiento de los hechos.
Por el número de gente y los rostros de los presentes, era evidente que el Comandante Márquez era una persona muy estimada, y quien durante doce años, había trabajado en la Dirección de la Policía Ministerial.
La banda de guerra de la dirección de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal de La Paz, tocó “La Marcha del Silencio” y “La Marcha de la Retirada”, en tanto, familiares y amigos, derramaban lágrimas y exigían justicia para el caído.

Los restos fueron inhumados y enterrados en el panteón del “Jardín de los Recuerdos” en La Paz, en donde vive la mayoría de su familia y amigos.
 

COMONDÚ: MINISTERIALES VENDEN DROGA DE NARCOS


Detenidos declaran en contra de agentes y comandantes corruptos.

Los presuntos asesinos de Manuel Isaac Hernández Payén, alias “El Terry”, de nombres Martín Ponciano Álvarez Espinoza, alias “El Güero”, Manuel Alexis Verdugo Peralta, alias “El Alexis”, y Luis José Ochoa Casares, alias “El Chana”, revelaron que al ser detenidos les incautaron 300 dosis de droga y una piedra de crystal de medio kilo, pero en el parte informativo que presentó el comandante Enrique Alejandro Willards Ramírez el dato fue omitido. Una línea de investigación señala que el enervante finalmente fue vendido a narcomenudistas de Cabo por el comandante de Ciudad Insurgentes, Juan María Flores Álvarez.

Investigaciones ZETA
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- La desaparición de tres centenares de dosis de droga y una piedra de crystal en un cateo, registrado el 12 de octubre, donde se detuvo a los presuntos cómplices de la ejecución del narcomenudista Manuel Isaac Hernández Payén, alias “El Terry” o “El Ojos”, es el parte aguas de la apertura de una investigación federal y militar en contra de agentes y comandantes corruptos de la Policía Ministerial de esta ciudad.
Lo anterior se deriva de la declaración de los tres detenidos de nombre Martín Ponciano Álvarez Espinoza alias “El Güero”, Manuel Alexis Verdugo Peralta alias “El Alexis” y Luis José Ochoa Casares alias “El Chana”, quienes en uno de sus testimonios revelaron que el día en que fueron detenidos “les incautaron un cargamento de 300 dosis de droga y una piedra de crystal de aproximadamente medio kilo”.

Sin embargo, en el parte informativo de la captura de los presuntos responsables, presentado por el comandante de la partida de Ciudad Constitución, Enrique Alejandro Willards Ramírez, no aparece ningún dato al respecto, por lo que de inmediato se abrió una línea de investigación.

Datos entregados a ZETA expusieron que la noche del crimen los agentes ministeriales a cargo del “Comandante Willards” detuvieron a uno de los involucrados que los llevó hasta otros los dos cómplices. Esto se derivó de un cateo en el domicilio localizado en las calles de Maíz Núm. 340, entre Frijol y Ávila Camacho, de la colonia Indeco, en donde, según los propios narcomenudistas, se había decomisado la droga”.

Las primeras indagatorias arrojaron que el cargamento fue ofrecido en venta a algunos delincuentes de Ciudad Constitución en la cantidad de 150 mil pesos, sin embargo nadie quiso comprarlo, hasta que el comandante de la partida de Ciudad Insurgentes, Juan María Flores Álvarez, logró hacer contacto con un grupo de traficantes de Los Cabos. Fue entonces cuando se cerró el trato.

La disputa
En el capítulo más reciente de la disputa por la plaza de Comondú, Manuel Isaac Hernández Payén alias “El Terry”, era el sucesor de Inés Zamudio Beltrán alias “El Zamudio”. Rogelio García Peralta alias “El Guapo” estaba tratando de quedarse con la plaza.

En las pesquisas se logró saber que la noche del crimen de “El Terry”, sus adversarios le tendieron una trampa, ya que agarraron a un integrante de su banda, le pidieron que le llamara y le dijera que fuera a resurtirlo porque “ocupaba más mercancía”.

Cuando el narcomenudista Manuel Isaac Hernández Payén se presentó en el sitio, le cerraron el paso dos vehículos. Ahí comenzó la persecución que terminó con su crimen en la gasolinera de “El Charro”.

La versión de los detenidos es que únicamente “pretendían darle un susto” por estar vendiendo droga en la que reclamaban como su plaza, pero, el homicidio se perpetró.

Hoy se sabe que la camioneta de color azul, tipo vagoneta, línea Expedition, marca Ford y placas de circulación 864-PMH-9, en la que pretendía huir de la ciudad, aparece a nombre de Martín Ponciano Álvarez Espinoza, uno de los tres cómplices y actualmente arraigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

A la fecha, los padres de “El Guapo” están solicitando a la PGJE revisar los videos de la gasolinera donde fue ejecutado “El Terry” e incluir esto en la investigación, ya que por versión de un testigo conocido como “El Pingui” –que esa noche andaba junto con la novia del narcomenudista— habría sido otra la persona que había disparado, a quien describieron de tez morena y bajo de estatura.

Se dice que Rogelio García Peralta ya habló con familiares de “El Terry” inclusive y solicitó que presenten el video para supuestamente “demostrar su inocencia”.